Francisco Ortiz Pinchetti

SemMéxico, Ciudad de México, 10 de abril, 2026.- El discurso oficial en México insiste prácticamente a diario en que los pueblos originarios son la prioridad ética y política del país. Sin embargo, los hechos documentados y los indicadores consolidados a este primer cuatrimestre de 2026 revelan una realidad persistente y contradictoria: la extinción de las lenguas y el deterioro de la vida comunitaria no se han detenido; por el contrario, se han profundizado bajo nuevas y complejas formas de abandono estatal que los discursos triunfalistas no alcanzan a ocultar.

Resulta cuando menos paradójica la energía diplomática y discursiva que los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación —porque ya son dos— han invertido en exigir a España una disculpa pública por los agravios de la Conquista. Mientras se busca una reparación simbólica por sucesos de hace cinco siglos, el Estado mexicano elude su responsabilidad presente ante el despojo que ocurre hoy mismo, en tiempo real, contra las comunidades indígenas. 

Y es que la retórica se concentra en las heridas del pasado para no tener que sanar las del presente; se reclama dignidad a la Corona española mientras se les niega justicia, seguridad y servicios básicos a los herederos vivos de aquellas civilizaciones.

El ejemplo más nítido de esta política de simulación lo tenemos hoy mismo frente a Palacio Nacional. Apenas este lunes, al caminar por el Zócalo capitalino, pude observar la instalación de las enormes carpas que albergan ya la jornada “Ciudad de México, Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas”. Del 5 al 14 de abril de 2026, la plaza principal del país se convierte así en una vitrina de color, danza y creatividad manual. Es la cara amable que el poder decide exhibir; sin embargo, esa escenografía de festivales y ferias artesanales funciona como un telón que oculta una realidad de marginación, violencia y despojo territorial que no cesa. 

El folclor, visto así, es la máscara de la omisión.

El caso del ixcateco en Santa María Ixcatlán, en la región de la Mixteca Alta, funciona hoy como el síntoma más visible de esta patología nacional. Con la reciente pérdida de sus últimos guardianes lingüísticos —hombres y mujeres de avanzada edad que resguardaban una cosmogonía única—, esta lengua se encuentra en un estado de muerte funcional. No es un proceso natural ni una evolución inevitable de la modernidad, no: es el resultado directo de una estructura de Estado que, mientras se ufana de traducir cartillas de derechos a 67 lenguas y montar eventos en el Zócalo, permite que los territorios donde esas voces nacieron sean fragmentados por la carencia económica más elemental y la violencia impune.

En Oaxaca, corazón de la diversidad cultural en el país, el 31.4 por ciento de los hablantes de lenguas originarias reporta haber sufrido algún tipo de discriminación sistemática en instituciones públicas. Esta cifra explica por qué las nuevas generaciones optan por el silencio o el abandono definitivo de su lengua materna. 

El español no se impone por una supuesta superioridad cultural, sino por una cruda necesidad de supervivencia ante un sistema judicial, de salud y administrativo que sigue siendo monolingüe en la práctica operativa. A pesar de las promesas de institucionalizar el bilingüismo, menos del 15 por ciento de la población indígena involucrada en procesos legales cuenta hoy con un intérprete certificado y conocedor de su variante dialectal específica.

El deterioro de la vida indígena es, ante todo, un problema de seguridad nacional y tenencia de la tierra. La vigilancia territorial de los pueblos originarios presenta actualmente 120 focos rojos activos en el mapa nacional, donde la presencia del Estado es nominal o inexistente. En entidades como Chiapas, Guerrero y Michoacán, la expansión y el control territorial del crimen organizado en estas regiones paupérrimas han forzado desplazamientos masivos que rompen el tejido social de manera irreversible. 

Cuando una comunidad es expulsada de sus tierras ancestrales por la fuerza de las armas, la lengua pierde su contexto vital: los nombres de las plantas medicinales, la toponimia de los cerros y la narrativa de los rituales desaparecen, porque el territorio ya no pertenece a la comunidad, sino a la lógica del extractivismo criminal.

Este uso político de la identidad indígena, por supuesto, no es nuevo; pero en el actual contexto resulta especialmente contradictorio. El despojo de sus tierras los ha convertido en la reserva de mano de obra más barata del mercado global. Son los jornaleros mixtecos, triquis y nahuas quienes terminan en condiciones de semi explotación en los grandes campos agrícolas del norte. Para ellos, la lucha por el trabajo digno está ligada a la defensa de un territorio que les ha sido arrebatado sistemáticamente, a menudo bajo la complacencia de las autoridades que prefieren debatir sobre la historia colonial o inaugurar ferias culturales que intervenir en los conflictos agrarios y de seguridad que marcan la gestión de estos dos gobiernos.

La paradoja económica en las zonas indígenas es igualmente aguda en este abril de 2026. Según los datos más recientes, el 70 por ciento de esta población persiste bajo la línea de pobreza extrema, una cifra que apenas se ha movido en la última década. Si bien en muchos casos las transferencias directas de efectivo alivian el consumo inmediato, estas medidas asistencialistas no han logrado revertir las carencias estructurales. En regiones aisladas, como la Sierra Mixe, el acceso a una clínica requiere todavía trayectos de hasta ocho horas por caminos frecuentemente intransitables.

La soberanía alimentaria también se erosiona. La degradación de los suelos y la presión de los monocultivos industriales están desplazando la milpa tradicional, provocando una crisis sanitaria silenciosa: el aumento de enfermedades crónicas en poblaciones que anteriormente tenían dietas autosustentables. 

El Estado llega, cuando llega, con programas de apoyo económico, meramente asistencia; pero no con políticas de salud preventiva ni con la infraestructura necesaria para tratar estas complicaciones en las propias comunidades.

El actual marco institucional, encabezado por el INPI, ha priorizado la gestión de símbolos y la entrega de bastones de mando sobre la protección real de derechos. Las consultas para grandes proyectos de infraestructura se mantienen como procesos de validación formal más que como ejercicios reales de autodeterminación. Se privilegia la ejecución de obra pública sobre el presupuesto destinado a la preservación lingüística de base comunitaria.

Un país cuyos gobiernos, que se autoproclaman «de izquierda», exigen disculpas al pasado mientras permiten que sus herederos vivos pierdan la voz, la salud y la tierra, está incurriendo en una contradicción histórica que la propaganda ya no alcanza a cubrir. La extinción de una lengua es la confirmación fehaciente de un fracaso de Estado en su deber primordial de proteger la pluralidad. La voz de los pueblos se apaga no por falta de voluntad, sino por la ausencia de condiciones mínimas para la vida digna en sus propios territorios. Válgame.

Saúl Escobar Toledo

SemMéxico, Ciudad de México, 10 de abril, 2026.- Hace unos días, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el documento llamado “precriterios” el cual, según la oficina gubernamental, ofrece “el marco preliminar de las perspectivas macroeconómicas y fiscales del Gobierno de México, que servirán de base para la elaboración del Paquete Económico correspondiente al ejercicio fiscal 2027”. 

No se trata, entonces, de los proyectos definitivos que se entregarán al Congresos para aprobar el Presupuesto y la Ley de Ingresos de 2027. Son propósitos y cifras iniciales, que deben ser interpretar como señales de lo que se propone hacer el gobierno y la visión que sostiene en materia de política económica. Su importancia no es menor, aunque los lineamientos planteados pueden sufrir modificaciones importantes.

El documento analiza la situación internacional subrayando su “volatilidad” por los conflictos geopolíticos, las disrupciones del comercio global y los cambios en la política comercial de Estados Unidos en momentos en que se negocia la revisión del T-MEC.

Frente a estos retos, dice Hacienda, el país cuenta “con fundamentos sólidos gracias a una deuda pública baja y sostenible, un sistema financiero resiliente, niveles de inversión extranjera históricamente altos» y, sobre todo, subrayamos nosotros, a “una posición estratégica dentro de las cadenas de valor de América del Norte”.

No obstante, Hacienda va más allá y afirma que “el modelo de desarrollo con bienestar” se sostiene en tres pilares: el primero, el fortalecimiento de los ingresos de los hogares mediante el aumento del salario mínimo y las “trasferencias directas y políticas”. El segundo, la “inversión en infraestructura estratégica” el cual servirá para aumentar el crecimiento y elevar la capacidad productiva, cerrar brechas regionales y detonar la inversión privada. El tercero pilar es “la responsabilidad fiscal” para preservar la estabilidad.

El modelo expuesto en el documento tiene varias virtudes: se propone redistribuir el ingreso; acelerar el crecimiento mediante la inversión pública; mantener la estabilidad de precios y evitar una posible crisis por la magnitud de la deuda pública y un empeoramiento de los conflictos mundiales.  

Hay que destacar la importancia que le otorga a la inversión ya que ha sido, desde hace décadas, una falla estructural. El año pasado, ésta se desplomó. El documento reconoce que la inversión pública disminuyó en 19 por ciento y la privada en cuatro por ciento Hay que destacar que la inversión en maquinaria y equipo cayó 8.1 por ciento, lo que indica que la capacidad productiva se achicó y por lo tanto también las fuentes de empleos en el sector industrial. 

Hacienda parece reconocer este problema y afirma que “el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar y el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 permitirán acelerar proyectos prioritarios en transporte, energía, puertos, agua y salud”.

El documento da cuenta, asimismo, de los problemas del empleo. Señala que, al cierre de 2025, el número de puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 22 millones 517 mil, lo que representó un incremento de 279 mil plazas respecto al cierre de 2024.

No obstante, precisa que esa cifra incluye los 217 mil trabajadores que forman parte del programa piloto de trabajadores en plataformas digitales. Excluyendo estos registros, ya que se trata de empleos que ya existían, el año pasado sólo se crearon 72 mil nuevos puestos de trabajo formales. En cambio, agrega, hubo un aumento de 630 mil personas en el sector informal, lo que implicó un incremento en la tasa correspondiente, la cual que llegó hasta el 54.9 por ciento de la ocupación total.

Aumentar la inversión, particularmente la púbica, es indispensable para mejorar los niveles de bienestar, alentar el crecimiento y el empleo.  Como subraya el documento, “la meta no es únicamente crecer más, sino crecer mejor”. 

Sin embargo, estos propósitos no se ven reflejados en los números: según el documento, el gasto público se verá de nueva cuenta afectado. Calcula que, para 2027, el gasto neto presupuestario tendrá una reducción real de 4.1 por ciento respecto al de 2026 y el gasto programable pagado sufrirá una disminución real de 6.8 por ciento.

No se logra apreciar cómo se lograrán los propósitos señalados, sobre todo en materia de inversión, si se seguirá ajustando el gastó del gobierno.

La caída del gasto que vislumbra Hacienda se explica porque los ingresos presupuestarios del gobierno federal serán menores en 2027 en comparación con lo estimado para 2026. Al mismo tiempo, se propone disminuir el déficit público y mantener los niveles actuales de la deuda pública. Entonces, la rebaja del presupuesto es la única opción, es decir, más austeridad.

Las reducciones del gasto que el documento prevé para 2027 se ven reflejados en lo que Hacienda llama “programas prioritarios”. Por ejemplo, la pensión de adultos mayores, la pensión para mujeres y las becas Rita Cetina tendrán incrementos moderados de alrededor del cuatro por ciento. Más importante aún: los incrementos previstos para salud serán menores, 3.4 por ciento, y los servicios educación media 3.3 por ciento.

Por su lado, las inversiones, por ejemplo, en vivienda social aumentarán apenas en 3.9 por ciento: las carreteras y caminos 3.2 por ciento, la infraestructura ferroviaria 3.4% y el rubro operación y mantenimiento energía eléctrica 3.3 por ciento.

Es difícil pensar, con estos aumentos, en una expansión de la inversión pública de acuerdo con la importancia y el papel que les asigna el modelo anunciado. Tampoco se pueden imaginar los beneficios para incrementar la producción. 

Hacienda calcula que en 2027 se alcanzará un crecimiento del orden de 1.9-2,9 por ciento, superior al previsto para 2026, entre 1.8-2.8 por ciento, y muy por encima del que ocurrió en 2025, apenas del 0.8 por ciento, pero la reducción del gasto público apuntada deja en duda estos números.

Más bien, parecería que el objetivo principal sigue siendo reducir la inflación: el documento calcula que ésta disminuirá a un nivel inferior al previsto para 2026, 3.7 por ciento; para 2027 sería de tres por ciento.

De esta manera, el optimismo de Hacienda para calcular un mayor crecimiento económico se basa en la inversión extranjera: El documento presume que: “a pesar del entorno de incertidumbre, en 2025 México registró un máximo histórico en IED de 40 mil 871 millones de dólares, con un incremento anual de 10.8 por ciento, de acuerdo con cifras preliminares”.

Aunque reconoce que las actividades industriales disminuyeron el año pasado en 1.3 por ciento anual, y que la producción de equipo de transporte, fundamentalmente destinada a la exportación, registró una contracción de 5.6 por ciento, destaca los crecimientos en la fabricación de equipo médico no electrónico, productos derivados del petróleo y equipo de cómputo. Este último, agrega Hacienda,” fue impulsado por niveles elevados de exportaciones hacia EE. UU., asociados con la expansión de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial”.

El documento de Hacienda admite que las exportaciones de manufacturas han sido el principal motor de crecimiento de la economía mexicana. Expone que, el año pasado, las exportaciones crecieron en siete por ciento y el consumo interno en 1.1 por ciento.  

Sin una expansión sustantiva del gasto y la inversión pública, Hacienda sigue confiando en que las exportaciones a Estados Unidos, ahora principalmente de productos de cómputo y ya no tanto de las automotrices, será la fuente más importante de la aceleración de la economía mexicana. 

No obstante, la experiencia de las últimas décadas ha demostrado que ese impulso aporta un crecimiento muy bajo, debido a que no se producen en el país muchos componentes del bien final. El valor agregado de nuestras exportaciones es reducido: México ensambla los bienes que adquiere el consumidor final, en un alto porcentaje, con piezas y refacciones importados de Estados Unidos. Lo anterior afecta el consumo interno: aunque los salarios aumenten (principalmente los mínimos y en menor medida los contractuales), el empleo formal crece poco y, por ende, aumentan las ocupaciones informales.  

Los buenos propósitos de Hacienda requieren menos retórica y más contundencia en los hechos. Los números anunciados en los “precriterios” en materia de gasto e inversión pública no anuncian un “cambio verdadero” en la conducción de la política económica. Ojalá corrijan. 

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