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La impunidad se mete en tus entrañas y le quita el velo de normalidad a la vida

  • Cristina Rivera Garza sostiene que el Estado convierte a las víctimas de un feminicidio en parias
  • Habla en conferencia magistral de El Invencible Verano de Liliana

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Ciudad de México, 15 de abril, 2026.- “Una vez que su mano feroz te roza la piel o se mete en tus entrañas, la impunidad le quita el velo de normalidad a la vida de todos los días. Sabes y lo sabes a ciencia cierta, que la relación entre el Estado y el ciudadano, sobre la cual se asientan nociones y prácticas básicas de seguridad y pertenencia, se ha roto para siempre.

“¿Cómo se respira y se come o se desvela o se va a una fiesta al lado de la impunidad en su más implacable compañía? Algunas entre ustedes lo saben muy bien. Algunas de ustedes lo saben, incluso mejor que yo. La impunidad por principio de cuentas trastoca el principio de realidad”.

Es la voz emocionada de la escritora Cristina Rivera Garza, en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM, repleto, mayoritariamente de jóvenes mujeres y hombres, invitada dentro de la conmemoración de los 10 años de la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela para presentar la conferencia magistral “Cuando la mano feroz de la impunidad te roza la piel”, invitada por Marina Azahua, coordinadora de la Cátedra.

Sabemos de la impunidad por definiciones judiciales, por las cifras escalofriantes que la confirman y las protestas cada vez más numerosas que la impugnan, dijo.

Durante una hora, la escritora habló del libro El Invencible Verano de Liliana en el que relata el asesinato de su hermana menor, ocurrido la madrugada del 16 de julio de 1990, por su exnovio Ángel González Ramos, quien “hasta el día de hoy permanece fuera del alcance de la ley en ese limbo retorcido donde perviven los crímenes sin castigo a lo que llamamos impunidad”. 

Sobre el feminicida, a quien llama “el hombre impune”, reveló que, tras 30 años de silencio, le informaron que habría muerto ahogado en el mar de California. 

A lo largo de la charla en su Alma Mater, se adentra en su vida permeada por la impunidad y revela que el libro lo escribió para que Matías, su hijo, supiera lo que había sucedido con su tía, esa mujer joven que podía observar en pequeños retratos en las casas familiares y lo imaginó contando a sus hijos esa historia. 

“Pero si los hijos de mi hijo están destinados a pasar por la experiencia de contar la historia del feminicidio de Liliana, transmitiendo así el legado crítico del daño y de la pérdida, también deben estarlo los hijos de los hijos del feminicida y aún los hijos de sus hijos.

“Si quisieran olvidar, enterrando esa historia en el silencio pétreo del Estado, ahí está El Invencible Verano de Liliana para recordarles que eso ya no es posible. Si quisieran esconderse detrás del velo de la opinión pública que hasta el día de hoy culpa a la víctima y exonera a los perpetradores, ahí está la literatura. Esa ficción sin Estado, como lo describía Piglia, les dice que el velo se ha corrido”. 

Cristina Rivera Garza, de vez en cuento debía acomodar su cabello casi blanco o sus anteojos, mientras el público en silencio esperaba más de esa explicación sobre la impunidad que roza la piel y que se encarna en la vida diaria, -impunidad que, en delitos contra las mujeres, es del 99 por ciento- apuntó en otro momento.

La escritora explicó cómo se vive la impunidad y la ruptura con el Estado:

“A pesar de que un cúmulo de documentos confirman tu vinculación con el Estado, el acta de nacimiento, los certificados de la educación pública, tu número de seguro social, actas de matrimonio, sabes que el Estado no te quiere. Que tu seguridad y la de los tuyos no importa. Que no formas parte ya de esa relación.

“La impunidad te transforma en un paria y te marca la frente con el hierro candente del desterrado. En un inicio, la impunidad es una desterritorialización. Las leyes que protegen y dan sentido a la vida de los otros, no te competen. La legalidad que en apariencia rige toda forma de convivencia social, no te compete. La justicia que en principio previene o restaura disparidades del poder, no te compete. La figura de una mujer que grita, pero que no puede oír su propio grito, esta es la imagen de la impunidad que corre a toda velocidad junto a ti de tu mano sobre un campo minado. El silencio y la ira acuden juntas, después, puntualmente, a la cita con la impunidad”.

El Estado declara (a las víctimas) la ley del hielo, mientras que la sociedad civil avala con su indiferencia, incluso, a veces, con su indolencia, el sufrimiento de las mujeres.

Así, sostiene el lenguaje del patriarcado no deja contar tu lado de la historia y el lado que se cuenta te ata la lengua, el impulso, incluso la respiración.

El inicio de la impunidad

Rivera Garza expuso que en 2019 decidió buscar el expediente (hoy carpeta de investigación), un proceso turbio de “espera y lentitud”, que tras una queja en Derechos Humanos fue ubicada en el Reclusorio Norte, “ahí estaba, delgado y solo entre montañas de carpetas de hojas amarillas, finalmente lo tocamos”.

“El expediente que contenía las páginas relacionadas al asesinato de mi hermana era exiguo, minúsculo… me di a la tarea de tomar fotos de cada una de sus páginas…La impunidad se nota primero ahí, en el tamaño nimio de un expediente. Ahí queda encarnada la falta de seguimiento, la parálisis de los deudos y la derrota material y moral del sistema de justicia.

Lo que permanece sin castigo o no puede castigarse por falta de legislación se materializa en unas cuantas hojas mal redactadas, formatos repletos de tachones, rellenos a toda velocidad, pruebas periciales que se ordenan, pero no se llevan a cabo, descripciones entrecortadas del lugar de los hechos fotografías revueltas, resultados de laboratorio sin fechas, hipótesis sin confirmación, grapas carcomidas por el óxido del tiempo, dijo en relación con la “nimia carpeta de investigación”.

Merecedora del Premio Pulitzer 2024, Rivera Garza expuso que la presentación y sustracción del expediente en el libro obedeció desde el comienzo a esa relación orgánica y tensa con la impunidad. Reveló que esos años le interesaba que el presunto feminicida y su familia se enteraran de que le seguía el rastro. La motivaba participar de la justicia legal punitiva, encontrarlo y que finalmente se presentara ante el sistema judicial para comprobar su inocencia o enfrentar su castigo. “Mis decisiones, quiero decir, siendo como eran literarias, nunca dejaron de ser en su raíz políticas”.

El daño que deja la impunidad

Autora de novelas, ensayos, poemas se refirió al daño que provoca la impunidad y que sostuvo “vive en ti, atorado en algún lugar del cuerpo y ni siquiera el lenguaje que nos vuelve elegibles ante nosotros mismos resulta capaz de darle forma, identificar, echarlo a andar.

“El callar se vuelve doble callar y en medio del silencio multiplicado te empiezas a preguntar si esto es real, si hay algo real. ¿Quién siente? ¿Qué siente el que siente? La despersonalización es un efecto de la rabia que no puede descansar. Se llama soledad. Se llama el más puro aislamiento.

“Si no fuera porque somos muchas, porque somos tantas, sobreviviendo a la intemperie, inermes más que vulnerables ante la impunidad. Tal vez la historia terminaría aquí. En la rabia que no cesa ese animal encadenado.

“El daño deja de ser una falla individual, la ocasión de la vergüenza que solo el silencio interior pueden cubrir para convertirse en una condición que compartida nos vincula entre nosotras en ese abrazo con el que le damos la espalda tanto al Estado como a la indolencia civil”. Señaló mientras el público le respondió con aplausos y la exigencia de justicia para Liliana.

Contó cómo fue recibido El Invencible Verano de Liliana donde otras y otros se dejaron envolver por el abrazo de Liliana y convirtieron su feminicidio en una exigencia propia de justicia, se desmanteló “una de las piezas de ese muro que es el olvido y el silencio forzado”.

Ahora Liliana está presente en las marchas, en obras de teatro, performances, ofrendas, murales, cartas, Liliana y su invencible verano ha llegado tan lejos como los lectores lo han permitido. 

Con este libro, sostuvo, no se trataba de buscar la justicia legal, sino la justicia que nombra el daño y nos aproxima a la verdad. “Los crímenes violentos y la impunidad que la perpetua, alteran para siempre las vidas de los deudos”.

El rostro de Liliana

Cristina Rivera Garza dijo que insistió en que el rostro de su hermana figurara de manera central en la portada de la edición mexicana “porque quería interrumpir ese privilegio que el Estado y la indolencia les ofrece a los asesinos impunes”, quería que Ángel González Ramos, su asesino, su madre y hermanas, sobrinos y primos, y todos los que lo habían protegido “se enfrentaran ahora a la verdad, a nuestra verdad, a la verdad de Liliana”.

“Quería que todos ellos supieran que Liliana había sobrevivido, tanto al silenciamiento forzado del Estado como al acallamiento cobarde del feminicida y su círculo, incluso a la mudez perpleja de sus deudos. No me amparaban las leyes ni los ministerios públicos ni las sentencias judiciales, pero tenía lenguaje… Esta es la verdadera maldición para ellos, ser dichos por ella, encontrarse dentro de la narrativa de la víctima”.

Contó que alguna vez publicó la fotografía del feminicida en su muro de Facebook, por lo que eventualmente su cuenta fue cancelada sin mayor explicación, ahora usa esa red social. “Quise creer que esa acción era una respuesta poco velada de su familia intentando limitar la divulgación de los hechos” y señaló que tras la publicación del libro ha tenido más información sobre “El Chacal”, como le apodaban sus amigos.

“Poco a poco, a medida que la verdad surge a la luz, la narrativa se transforma. El silencio sólo beneficia el quehacer ininterrumpido de la impunidad, aliándonos de manera perversa con el patriarcado” y recordó a Gisele Pelicot, cuando señaló que “en efecto, la vergüenza debe cambiar de bando”.

Vengar, vindicar, desagraviar, maldecir

Recordó a la escritora Annie Arnoud al momento de recibir el Premio Nobel, que “aseguró que escribía para vengar a los suyos”, un sentimiento conocido por Rivera Garza, quien explicó que vengar significa tomar satisfacción de un daño o agravio, haciendo sufrir otro a la persona responsable. Satisfacción -que señala como- que los perpetradores del daño se vean obligados a encontrarse en las palabras de las víctimas, viéndose en sus ojos interpretados por ellas mismas.

Luego añadió que vengar está cerca de otro verbo: vindicar que significa defender especialmente por escrito a quien se haya injuriado, incluso recuperar lo que nos pertenece.

Presentó desagraviar como sinónimo del anterior, cuyo significado es reparar el agravio hecho, resarcir o recompensar el prejuicio causado. 

Y, finalmente, apuntó que vengar también comparte aliento y lenguaje con otro verbo insurrecto y perturbador: maldecir, cuyo horizonte está siempre en el futuro.

Por ello, sostuvo que, desde mayo de 2021, cuando se publicó El Invencible Verano de Liliana “los hijos del feminicida y los hijos de sus hijos no pueden no saber ya más. La escritura los ha condenado a no cerrar los ojos. Aún más, la escritura ha arrojado sobre ellos esta maldición. 

Las víctimas

Se refirió a lo común que resulta que a las víctimas de feminicidio se les culpe de manera hartera de vestir de forma provocativa o de ponerse en circunstancias vulnerables, de consumir alcohol o de encontrarse dónde no deberían estar, de venir de hogares donde no aprendieron a valorarse a sí mismas y propuso cambiar la narrativa, como lo hace Rosale O´Donnell, autora de la novela Nesting. Narrar con apego a la verdad, el antes y el después del feminicidio. Quizá ese día estemos cerca de subvertir la impunidad.

Anunció que ha realizado gestiones, gracias al consejo de la periodista Daniela Rea, la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco podría otorgar a Liliana la licenciatura post mortem en Arquitectura, así como la UNAM podría otorgar ese reconocimiento en Sociología e Ingeniería a Edna Reyes Gutiérrez y a Karen García Alemán, cuyas vidas fueron arrebatadas con violencia y con la consecuente impunidad. 

“Así Liliana se podrá convertir en lo que iba a ser: una arquitecta”, dijo en dos tiempos y sosteniendo las lágrimas la reconocida escritora contemporánea mexicana y maestra de la Universidad de Houston.

Al terminar la conferencia magistral, Rivera Garza sostuvo una conversación con la también escritora Rosa Montero.

SEM/sj

Emergencia feminicida en Chiapas: crueldad contra Ana Luisa desata protestas y exigencia de justicia

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Emergencia feminicida en Chiapas: crueldad contra Ana Luisa desata protestas y exigencia de justicia

Colectiva 50 Más 1 y la Red de Mujeres denuncian el colapso de la Alerta de Violencia de Género tras el ataque que dejó a una joven con amputaciones en Cintalapa

Intento de feminicidio en Tuxtla Chico expone negligencia y deja a joven entre la vida y la muerte

Gabriela Coutiño

SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 15 de abril, 2026.– La violencia de género en Chiapas ha alcanzado un nivel alarmante. Este lunes, la comunidad de Cintalapa salió a las calles para exigir justicia por Ana Luisa, una joven de 27 años cuya vida pende de un hilo tras ser atacada con un machete por su esposo, Pablo “N”. La agresión, de extrema violencia, le provocó la amputación de partes de ambos brazos y graves heridas craneales.

Bajo la consigna “Si tocan a una, respondemos todas”, decenas de mujeres marcharon del Parque Guadalupe a la Presidencia Municipal. La movilización, convocada por la Red de Mujeres Cintalapa, no solo visibilizó el caso de Ana Luisa —madre de tres hijos—, sino que denunció la desprotección sistemática que enfrentan las mujeres en la región.

Isabela Zúñiga, vocera de la organización, informó que la víctima permanece en estado crítico en un hospital especializado de Tuxtla Gutiérrez. Añadió que su familia, de escasos recursos, ha recurrido a la solidaridad ciudadana mediante colectas para cubrir los gastos médicos.

La madre de la víctima, María Alejandra, señaló que su hija ya había denunciado previamente a su pareja ante la Fiscalía por agresiones constantes, las cuales ocurrían cuando él se encontraba bajo los efectos del alcohol. Indicó que incluso existía una orden de restricción.

A nivel estatal, la colectiva 50 Más 1 emitió un posicionamiento en el que calificó la Alerta de Violencia de Género (AVG) como un “protocolo de papel” incapaz de contener la violencia machista.

“Los hechos recientes en Cintalapa y el ataque armado contra la joven Beany, de 20 años, en el municipio de Tuxtla Chico, no son casos aislados; son el síntoma de un sistema que sigue fallándole a las mujeres”, señaló la organización.

Sobre este segundo caso, la colectiva manifestó su preocupación por el ataque ocurrido en el cantón Omoa, donde Beany, estudiante universitaria, fue agredida a balazos presuntamente por su novio, identificado como José Manuel.

De acuerdo con la información disponible, el pasado 6 de abril la joven fue atacada dentro de un vehículo. El proyectil ingresó por la parte inferior de la oreja izquierda y salió por el temporal derecho, dejándola en estado crítico en un hospital de Tapachula. Tras la agresión, fue abandonada en el vehículo y localizada hasta el día siguiente, aún con vida.

En una carta dirigida al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, los padres de Beany, Anahí Guadalupe García y Benigno Lozano Sánchez, exigieron intensificar la búsqueda de José Manuel Rubio Santini. Denunciaron que, pese a haber proporcionado desde el inicio pruebas fundamentales —videos, números telefónicos, contactos y testimonios—, las autoridades no actuaron con la rapidez ni la diligencia necesarias, lo que permitió la fuga del presunto agresor.

Ante este contexto, la colectiva 50 Más 1 exigió a la Fiscalía General del Estado dar prioridad absoluta a la captura de Pablo “N” y José Manuel, ambos prófugos y considerados una amenaza para la sociedad.

En el caso de Pablo “N”, ya existe una ficha de búsqueda y se solicita colaboración a nivel nacional para su localización. En cuanto al caso de Beany, sus familiares acusan una posible omisión grave por parte de las autoridades.

Por su parte, la presidenta municipal de Cintalapa, Eva Elia Guzmán Gutiérrez, condenó el ataque contra Ana Luisa y lo calificó como un “acto de barbarie”. Aseguró que su administración no será omisa y que la Dirección de Igualdad de Género ya brinda acompañamiento a la familia en el proceso legal.

“En este municipio, el machismo violento se topará con la fuerza de la ley”, afirmó la alcaldesa, al tiempo que llamó a la ciudadanía a romper el silencio y fortalecer la cultura de la denuncia.

Colectivas feministas advirtieron que no permitirán que el caso de Ana Luisa quede atrapado en la burocracia institucional. La exigencia de justicia busca sentar un precedente en un estado donde la violencia feminicida se ha convertido en “otra pandemia”.

Colectiva 50 Más 1 y la Red de Mujeres denuncian el colapso de la Alerta de Violencia de Género tras el ataque que dejó a una joven con amputaciones en Cintalapa

Intento de feminicidio en Tuxtla Chico expone negligencia y deja a joven entre la vida y la muerte

Gabriela Coutiño

SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 15 de abril, 2026.– La violencia de género en Chiapas ha alcanzado un nivel alarmante. Este lunes, la comunidad de Cintalapa salió a las calles para exigir justicia por Ana Luisa, una joven de 27 años cuya vida pende de un hilo tras ser atacada con un machete por su esposo, Pablo “N”. La agresión, de extrema violencia, le provocó la amputación de partes de ambos brazos y graves heridas craneales.

Bajo la consigna “Si tocan a una, respondemos todas”, decenas de mujeres marcharon del Parque Guadalupe a la Presidencia Municipal. La movilización, convocada por la Red de Mujeres Cintalapa, no solo visibilizó el caso de Ana Luisa —madre de tres hijos—, sino que denunció la desprotección sistemática que enfrentan las mujeres en la región.

Isabela Zúñiga, vocera de la organización, informó que la víctima permanece en estado crítico en un hospital especializado de Tuxtla Gutiérrez. Añadió que su familia, de escasos recursos, ha recurrido a la solidaridad ciudadana mediante colectas para cubrir los gastos médicos.

La madre de la víctima, María Alejandra, señaló que su hija ya había denunciado previamente a su pareja ante la Fiscalía por agresiones constantes, las cuales ocurrían cuando él se encontraba bajo los efectos del alcohol. Indicó que incluso existía una orden de restricción.

A nivel estatal, la colectiva 50 Más 1 emitió un posicionamiento en el que calificó la Alerta de Violencia de Género (AVG) como un “protocolo de papel” incapaz de contener la violencia machista.

“Los hechos recientes en Cintalapa y el ataque armado contra la joven Beany, de 20 años, en el municipio de Tuxtla Chico, no son casos aislados; son el síntoma de un sistema que sigue fallándole a las mujeres”, señaló la organización.

Sobre este segundo caso, la colectiva manifestó su preocupación por el ataque ocurrido en el cantón Omoa, donde Beany, estudiante universitaria, fue agredida a balazos presuntamente por su novio, identificado como José Manuel.

De acuerdo con la información disponible, el pasado 6 de abril la joven fue atacada dentro de un vehículo. El proyectil ingresó por la parte inferior de la oreja izquierda y salió por el temporal derecho, dejándola en estado crítico en un hospital de Tapachula. Tras la agresión, fue abandonada en el vehículo y localizada hasta el día siguiente, aún con vida.

En una carta dirigida al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, los padres de Beany, Anahí Guadalupe García y Benigno Lozano Sánchez, exigieron intensificar la búsqueda de José Manuel Rubio Santini. Denunciaron que, pese a haber proporcionado desde el inicio pruebas fundamentales —videos, números telefónicos, contactos y testimonios—, las autoridades no actuaron con la rapidez ni la diligencia necesarias, lo que permitió la fuga del presunto agresor.

Ante este contexto, la colectiva 50 Más 1 exigió a la Fiscalía General del Estado dar prioridad absoluta a la captura de Pablo “N” y José Manuel, ambos prófugos y considerados una amenaza para la sociedad.

En el caso de Pablo “N”, ya existe una ficha de búsqueda y se solicita colaboración a nivel nacional para su localización. En cuanto al caso de Beany, sus familiares acusan una posible omisión grave por parte de las autoridades.

Por su parte, la presidenta municipal de Cintalapa, Eva Elia Guzmán Gutiérrez, condenó el ataque contra Ana Luisa y lo calificó como un “acto de barbarie”. Aseguró que su administración no será omisa y que la Dirección de Igualdad de Género ya brinda acompañamiento a la familia en el proceso legal.

“En este municipio, el machismo violento se topará con la fuerza de la ley”, afirmó la alcaldesa, al tiempo que llamó a la ciudadanía a romper el silencio y fortalecer la cultura de la denuncia.

Colectivas feministas advirtieron que no permitirán que el caso de Ana Luisa quede atrapado en la burocracia institucional. La exigencia de justicia busca sentar un precedente en un estado donde la violencia feminicida se ha convertido en “otra pandemia”.

Mirada Violeta | Querida Fátima: cuando la memoria rompe el silencio

 Guadalupe Ramos Ponce

SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 15 de abril, 2026.- En un país donde la violencia contra las mujeres se ha vuelto paisaje cotidiano, hay historias que se niegan a desaparecer. Historias que no caben en las estadísticas, que no se diluyen en informes oficiales y que, sobre todo, no aceptan el silencio como destino. Querida Fátima es una de ellas.

No es solo un documental. Es una interpelación.

En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2026, esta obra documental de la Colectiva Varinia coloca en el centro algo profundamente incómodo para el Estado y para la sociedad: el dolor que no se resigna, la ausencia que se convierte en denuncia y la memoria que se vuelve acción política.

Fátima no es solo un nombre. Es la representación de miles de niñas y mujeres en México cuyas vidas han sido arrebatadas por la violencia feminicida o por la desaparición. Pero también es el nombre que encarna a quienes las buscan, a quienes las nombran todos los días, a quienes se niegan a aceptar que la impunidad sea la última palabra.

La imagen que acompaña este llamado: Un abrazo sostenido en medio de la oscuridad, no es solo afecto: es resistencia. Porque en México, abrazar también es un acto político. Es sostener la vida en un contexto donde el Estado ha fallado sistemáticamente en garantizarla.

 El Festival Internacional de Cine en Guadalajara, lo deja claro: no se trata únicamente de ver una película, sino de construir comunidad. El “Círculo que Escucha”, con madres y padres de víctimas de desaparición y feminicidio, es una práctica profundamente feminista. Escuchar, en este contexto, no es pasivo: es un acto de reconocimiento, de legitimación y de ruptura con la indiferencia estructural.

Porque lo que está en juego no es solo la memoria de quienes ya no están. Es el derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición.

En México, las cifras de feminicidio y desaparición siguen creciendo, pero más grave aún es la normalización de la violencia. Frente a ello, las familias, especialmente las madres, han asumido una tarea que no les corresponde: buscar, investigar, documentar, exigir. Han convertido el dolor en organización y la ausencia en lucha. 

Querida Fátima se inscribe en esa genealogía de resistencia.

Pero también nos confronta: ¿qué hacemos quienes miramos? ¿Nos limitamos a la emoción momentánea o asumimos la responsabilidad política que implica escuchar estas historias?

El riesgo de estos espacios es convertir el dolor en consumo cultural. El desafío es otro: transformar la indignación en acción colectiva.

Escuchar nos da vida, dice el llamado.

Y es cierto. Pero escuchar también obliga. 

Obliga a no mirar hacia otro lado.

Obliga a cuestionar las estructuras que producen esta violencia.

Obliga a acompañar las luchas que las familias sostienen todos los días.

Porque mientras haya una Fátima sin justicia, no hay paz posible.

El próximo domingo 19 de abril, estará en la cabina de radio universidad de Guadalajara, en Sórico Sin Género de dudas, la mamá de Fátima, te invito a que sintonices la radio por el 104.3 de FM y dialoguemos con ella y con su dolor, pero también con su exigencia de justicia. Después, acompañémosla a la premier en el Conjunto Santander. Abracemos a nuestra Querida Fátima.  

Dra. María Guadalupe Ramos Ponce, Coordinadora Regional de CLADEM , Profesora Investigadora de la UdeG. @dralupitaramosp, lupitaramosponce@gmail.com

Participación ciudadana, presupuesto y cero manipulación piden senadoras al aprobar reforma constitucional para combatir el feminicidio

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El proyecto de decreto, remitido a la Cámara de Diputados, faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio

Luego deberá aprobarse en 17 estados de la República, y la nueva ley discutirse en los próximos 6 meses

 Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 15 de abril, 2026.- Senadoras de todos los partidos políticos advirtieron que una nueva ley sobre feminicidio debe construirse colectivamente, con diálogo y escuchando a las víctimas, oyendo a las madres buscadoras y del feminicidio; consultando a especialistas, fuera del escritorio y con  presupuesto. Aunque dictamen asegura no  será necesario.

La futura  ley general prefigurada por el debate ayer en el Senado, según los discursos y muchas palabras deberá resarcir todos los vacíos para atender, prevenir y sancionar el feminicidio, “sin simulaciones”, con responsabilidad,  acabar con la impunidad, la debilidad de las fiscalías y la falta de valoración del problema.

“Llegamos tarde” dijo la priista Karla Toledo Zamora.

En una  sesión con  más de 10 intervenciones, todas para apoyar  la reforma Constitucional que da facultades al Congreso para expedir una ley general sobre feminicidio,  el dictamen se votó por  unanimidad de 109 votos. Tanto en lo general como en lo particular.

Los discursos, algunos amplios, otros didácticos, afirmaciones sorpresivas, todas de apoyo reconociendo que antes, lo que ha habido son fallas, pocos resultados, mucho dolor e ineficacia, durante  casi 20 años, desde que se legisló sobre violencia feminicida y se crearon herramientas e instituciones. 20 años de estudios, cifras, y 20 años de inoperancia e impunidad. 20 años donde las cifras oficiales han doblado las que existían en el año 2000 y que investigó la Cámara de diputados.

Se habló de vacíos, de indiferencias, de incapacidades para coordinarse y se dijo que en 10  años 8 mil 500 vidas se han perdido según la senadora panista  Imelda Sanmiguel Sánchez.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el morenista Enrique Inzunza Cázarez,  criticó el diseño actual de la política para “combatir” al feminicidio.  Y afirmó que “ahora si” se va avanzar.

Una nueva ley sobre feminicidio podrá ser expedida por el Congreso , eso fue lo acordado. Se reformó la Constitución, en el Senado, pero  deberá convalidarla primero por  la diputación federal  y luego por al menos 17 congresos estatales. 

Una vez vigente el Congreso de la Unión deberá expedir la nueva ley general en materia de feminicidio, dentro de los 180 días siguientes a la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial. 

Se aproxima un duro  debate  

La senadora Toledo Zamora, insistió: Que no sea una simulación, que no sea un instrumento diseñado desde el escritorio del poder para ser manipulado o utilizado políticamente y para lograrlo tiene que construirse escuchando a las víctimas, no imponiéndose desde una mayoría tiene que poner en el centro a las mujeres y no al gobierno.

La legisladora panista  Verónica Rodríguez Hernández, por su parte, resaltó que de poco sirve presumir reformas si las mujeres siguen enfrentando abandono, indiferencia, omisión y tardanza por parte de las autoridades

La también panista Laura Esquivel Torres afirmó que el país tiene un grave problema de impunidad respecto al feminicidio. “No es solamente que le falte una ley, a México le falta y tiene un grave problema de impunidad, de investigaciones deficientes y de instituciones que llegan demasiado tarde o que nunca llegan”, indicó.

En comunicado oficial explica el esquema de la futura ley. El establecimiento de un  tipo penal homogéneo  y las sanciones para este delito;  adecuada articulación de acciones desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones;  acceso a una vida libre de violencias contra mujeres y niñas y fortalecer al Estado mexicano para prevenir investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

Las intervenciones fueron críticas.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, dijo que  la impunidad ha generado tanto dolor que  ”se requiere una acción pública, ordenada, firme y con visión de largo plazo”, lo que no se ha hecho.

Toledo Zamora, originaria de Campeche, dijo que ahí se ha perdido la tranquilidad, hoy se vive con  miedo, la paz “nos fue arrebatada desde la llegada de Morena a gobernar”, y advirtió “si realmente queremos una ley de feminicidio que marque un antes y un después, lo primero que tenemos que exigir es veracidad en los registros, porque estamos hablando de vidas humanas, porque no se puede combatir lo que se oculta”  y agregó “ basta de cifras maquilladas desde el poder.. ajustar números para construir una narrativa que no corresponde con la realidad que viven millones de mujeres en este país”

Otras cosas que se dijeron:

La senadora morenista  Martha Lucía Micher Camarena, dijo  que el Estado debe asumir una respuesta articulada, integral, coherente y sin vacíos frente a la violencia feminicida, pues el feminicidio no es un delito más, es una grave violación a los derechos humanos.

Verónica Rodríguez Hernández, del PAN dijo que la justicia no se proclama, se construye y se cumple. Cuando el Estado discute el feminicidio no está frente una disputa ordinaria de técnica legislativa, sino frente a una de las expresiones más crueles, dolorosas e indignantes de la violencia que viven las mujeres.

 Virginia Magaña Fonseca, del PVEM, dijo que el Senado no vota cualquier reforma, sino que vota con la memoria de aquellas niñas y mujeres que ya no están, y con la responsabilidad de que ya no haya ni una más, además de que esta propuesta no surge del vacío, llega como respuesta a los movimientos feministas y a exigencias concretas, pues el feminicidio no es un asunto privado.

 Del PRI, Paloma Sánchez Ramos dijo que esta reforma es un paso importante porque obliga al Estado a actuar ante la impunidad. Dio que es urgente construir el andamiaje legal capaz de intervenir antes de la muerte de una mujer. Prevención pidió a gritos.

 Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, dijo que una nueva ley de establecer reglas claras, homólogas y obligatorias en todo el país, para que ninguna muerte violenta de una mujer vuelva a ser interpretada desde el prejuicio, para que toda investigación se realice con perspectiva de género y para eliminar los vacíos legales que hoy permiten la impunidad.

Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano,  dijo que  la reforma representa un paso positivo para las mujeres y las niñas, “pero se requiere de acciones más profundas, porque este problema no se va a resolver simplemente con este proyecto”.

El dictamen 

El dictamen, que surge de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destaca que esta reforma no tiene impacto presupuestario adicional para el presente ejercicio fiscal ni en subsecuentes.

 Refiere que es indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, pues el delito se encuentra tipificado de manera diversa en las legislaciones penales de las entidades federativas de la República.

 Con  esta reforma, destaca el documento, se dota al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan la generación de la legislación general orientada a establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes, homologar estándares de investigación con perspectiva de género; fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas.

Además de garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daños y fortalecer la coordinación de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, además de contemplar la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

Esta población, señala el texto, enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen el ejercicio pleno de sus derechos, de ahí que el Estado debe reforzar la protección y garantizar atención integral, acceso a servicios de salud física y mental, acompañamiento psicológico, acceso a educación y mecanismos de reparación integral del daño.

Muchas palabras

La senadora panista Imelda Sanmiguel Sánchez destacó que se calcula que cada año se perpetran alrededor de 66 mil feminicidios en el mundo.  En México, el feminicidio representa una crisis de seguridad con más de 8 mil 500 casos registrados entre 2015 y 2025.

Estamos frente a  una crisis que no logramos superar y que por ello nos obliga a seguir buscando la forma de combatirla.

Pidió reflexionar sobre:” si la creación de leyes especializadas por delito es realmente la herramienta más útil para el entramado que previene investiga y sanciona los delitos.

Ejemplificó: sobre desapariciones forzadas, el problema radica en la impunidad derivada de la militarización de la seguridad pública, de fiscalías deficientes, del debilitamiento del Poder Judicial como consecuencia de la perversa reforma del 2025 y de comisiones de derechos humanos cooptados por el gobierno.

“Requerimos que esta ley general esté a la altura de las necesidades nacionales, que respete el federalismo, que atienda la realidad de inseguridad que vivimos en nuestro país”.

Pidió “ una corrección en la estrategia de combate a la inseguridad, una rectificación a la militarización de las policías, la recuperación de la autonomía de las comisiones de derechos humanos y la voluntad política para terminar con la impunidad que nos está carcomiendo a todas y a todos”

La senadora Rocío Corona Nakamura, del partido verde dijo que en  en pleno siglo 21, el machismo sigue vigente. Aún hay espacios donde las mujeres son tratadas como objetos, donde su voz se minimiza y su dignidad se pone en duda; esa realidad no puede normalizarse. Nunca más: “Calladita, te ves más bonita”. 

El feminicidio es odio, es misoginia, es desprecio hacia las mujeres. Qué triste que para algunos estados, y óigalo bien: Baja California, Michoacán, Coahuila, Hidalgo, Querétaro y Yucatán, las mujeres valemos menos, con penas por feminicidio menos severas.

 Todos los estados deben tener una Fiscalía especializada de delitos contra las mujeres y valorar y legislar la tentativa de feminicidio.

“La justicia nos ha fallado a las mujeres durante años; ha llegado tarde, ha sido insuficiente y, en muchos casos, ha decidido no ver. Inclusive cuando es evidente un feminicidio, lo catalogan como otros delitos menos graves.”

Ya basta de cifras maquilladas desde el poder, ya basta de ajustar números para construir una narrativa que no corresponde con la realidad que viven millones de mujeres en este país, no podemos cerrar los ojos ni taparnos los oídos cuando organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas alertan sobre la magnitud de este problema.

Los colectivos, a las madres buscadoras, a quienes todos los días levantan la voz porque les den respuestas, en mis recorridos por Campeche y por muchas partes del país, he visto de frente esta realidad, la violencia cotidiana, el machismo persistente, el silencio forzado de muchas mujeres que creen que no tienen salida. Ese silencio es producto de violencias que llegan hasta el feminicidio. 

El PAN presentó en conjunto un posicionamiento.

Hablamos tanto de feminicidios que hemos dejado de asombrarnos y de mirar el significado más profundo que representa esta tragedia.

“Nos recordamos hasta el cansancio que en México todos los días matan a 11 mujeres, 11, todos los días”,

Laura Esquivel Torres sostuvo que el feminicidio no es una estadística, sino que representa sueños que nunca se van a cumplir y familias que jamás volverán a estar completas, y representa cumpleaños que dejaron de celebrarse con fiestas y ahora se recuerdan con misas.

Eso es el feminicidio, acotó, historias rotas de la mujer a la que le quitaron la vida y la de sus seres queridos, a quienes les arruinaron para siempre la suya.

“Y, por si esta tragedia no fuera por sí dolorosa, nos enfrentamos a un sistema de justicia que está muy lejos de estar a la altura”, lamentó.

“Lo decimos con toda claridad: necesitamos y exigimos una ley que le dé presupuesto suficiente a las fiscalías y a todas las instancias involucradas; una ley que garantice investigaciones con perspectiva de género desde el primer momento y eso no se logra con discursos. Se logra con capacitación, con personal especializado y, sí, con mucho presupuesto”, puntualizó.

Necesitamos, continuó, una ley que rompa el círculo de impunidad que protege hoy a los agresores y, por supuesto, una ley que considere la reparación del daño para que todas y todos nuestros niños que quedan huérfanos por ser hijos de una víctima de feminicidio tengan una pensión mensual, atención médica y psicológica, becas educativas, protección especial en temas de tutela y custodia, y una vivienda digna y segura.

“¿Por qué?: la razón es muy sencilla, si hoy a esa niña y a ese niño le falta su madre es porque el Estado les ha fallado”, mencionó.

“No podemos crear leyes en partes. A veces, la comodidad de estar aquí nos hace olvidar que no estamos hablando sólo de normas jurídicas, sino de personas, de historias reales. No podemos permitirnos volver a llegar tarde”, enfatizó.

Que sea discutida.

De ahí que enumeró exigencias precisas como el que la futura ley general sea socializada y consensada, a fin de establecer con claridad bases homogéneas sobre el tipo penal, razones de género, agravantes, sanciones y estándares de investigación.

Juanita Guerra del Partido Verde pidió actuar con claridad jurídica, con un alto grado de responsabilidad institucional y con una profunda sensibilidad humana.

Recordó que México es un Estado que asumió la obligación de adoptar medidas eficaces para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como asegurar su derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, obligación que está en la Constitución y en compromisos firmados. 

La danza de las cifras                                                                   

Las cifras son brutales, en una década se denunciaron 330 mil delitos sexuales, es decir, cuatro agresiones sexuales cada hora contra las mexicanas, 28 Mil obtuvieron sentencia condenatoria, es decir, el 91% quedó impune. En feminicidio el número no mejora, el 76% de los casos no termina en condena y esas cifras, que ya son inaceptables, solo reflejan lo que se denuncia, porque el INEGI reporta que el 92% del total de delitos no fue ni siquiera investigado.

 Esos números son escandalosos,  cifras que son la evidencia de algo más preciso, son el resumen de cada expediente archivado de cada fiscalía que interrogó a la víctima en lugar del agresor, de cada peritaje mal levantado, de cada carpeta que no avanzó.

Se trata de un sistema que fue diseñado desde el principio sin pensar en las víctimas, porque gracias a las investigaciones y al trabajo de mujeres valientes sabemos que el feminicidio no comienza con el asesinato, sino mucho antes, comienza con el primer acoso que nadie sancionó, con la primera violación que quedó impune, con el primer expediente archivado porque nadie le creyó a la víctima.

 La ineficiencia  es un mensaje para el  agresor que puede seguir y a la víctima que está sola, tenemos que construir el andamiaje legal que le permita al Estado intervenir en esta cadena antes de que culmine en la muerte. 

Virginia Magaña sin adjetivos

La senadora Virginia Magaña expresó su respaldo a la iniciativa que busca facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Feminicidio, al señalar que en estados como Guanajuato la violencia contra las mujeres persiste y la respuesta institucional ha sido insuficiente.

Durante su posicionamiento en el Pleno del Senado, advirtió que en Guanajuato la realidad ha evidenciado un problema de fondo en la clasificación e investigación de estos delitos, lo que ha generado una brecha preocupante entre la violencia que enfrentan las mujeres y la respuesta institucional.

“En 2025, Guanajuato encabezó las cifras de muertes violentas de mujeres en el país, pero apenas el 1.6% de esos casos fue tipificado como feminicidio. En 2026 la tendencia continúa, somos primeros en la lista, pero solo alrededor del 1% se investiga como lo que es. Esto es impunidad sistematizada”, afirmó.

La legisladora subrayó que esta problemática no es reciente, sino resultado de años de omisiones institucionales que urge corregir desde la ley. “Cuando el delito no se nombra correctamente, la investigación falla. Y cuando la investigación falla, la justicia no llega”, enfatizó.

“Esta iniciativa no nace en el vacío. Es resultado de décadas de lucha feminista y de una deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres”, señaló.

Entre los principales alcances de esta iniciativa que fue votada a favor por unanimidad , se contempla:

•⁠  ⁠Garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio, evitando errores de clasificación.

•⁠  ⁠Establecer sanciones de hasta 70 años de prisión, fortalecer fiscalías especializadas y mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

•⁠  ⁠Colocar al centro a las víctimas y sus familias, con medidas de protección, atención integral y reconocimiento de la orfandad por feminicidio.

•⁠  ⁠Crear registros nacionales que permitan contar con información confiable y diseñar mejores políticas públicas.

La senadora Magaña reiteró que esta reforma representa una respuesta institucional a una exigencia social que ya no admite postergaciones, y subrayó que desde el Senado se está avanzando para que los derechos de las mujeres no dependan del estado en el que viven.

Igualdad sustantiva en México: entre el discurso y la vida cotidiana

IMAGEN: Generada con ChatGPT

La igualdad sustantiva en México avanza con reformas y decretos que buscan cerrar brechas históricas.

 El reto está en transformar esos marcos legales en cambios reales en la vida cotidiana de las mujeres. 

La construcción de un país más justo requiere diálogo, participación y compromiso colectivo.

 Rubí Peniche Cetzal*

SemMéxico, Cd. de México, 15 de abril, 2026.- En México, la igualdad sustantiva ha dejado de ser un concepto reservado a los círculos académicos o a los movimientos feministas. Hoy forma parte del lenguaje político y se ha convertido en una meta que el gobierno federal actual coloca en el centro de sus reformas. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia en 2024 abrió un nuevo capítulo: por primera vez, una mujer dirige el país y lo hace con la convicción de que la igualdad no debe quedarse en la ley, sino reflejarse en la vida diaria.

La diferencia entre igualdad formal y sustantiva es significativa. La primera reconoce que hombres y mujeres tienen los mismos derechos en el papel; la segunda busca que esos derechos se ejerzan de manera efectiva, que las condiciones sociales, económicas y culturales permitan que las mujeres vivan libres de violencia, participen en política, accedan a la justicia y tengan autonomía económica. En otras palabras, la igualdad sustantiva aspira a que la letra de la ley se convierta en experiencia cotidiana.

En los últimos años, México ha dado pasos importantes. En 2025, el Congreso aprobó una reforma que actualizó 17 ordenamientos legales para incorporar la perspectiva de género en educación, salud y cultura. Ese mismo año, la presidenta firmó un decreto que garantiza la igualdad sustantiva en la Constitución, reforzando el marco jurídico nacional. Organismos como ONU Mujeres han reconocido estos avances, señalando que México ha construido una arquitectura institucional sólida para la igualdad de género, en colaboración con sociedad civil y organismos internacionales.

No obstante, la pregunta que surge es si estos cambios legales se reflejan en transformaciones reales en la vida de las mujeres. La respuesta no es sencilla.

La violencia de género sigue siendo una preocupación constante. Aunque existen fiscalías especializadas y protocolos, muchas mujeres enfrentan un sistema de justicia lento y poco sensible. En el ámbito económico, la brecha salarial persiste y las mujeres continúan cargando con la doble jornada: el empleo remunerado y el trabajo doméstico no pagado. Las políticas públicas han intentado aliviar esta carga, pero los cambios culturales avanzan con mayor lentitud.

La educación también enfrenta retos. Se han incorporado contenidos con perspectiva de género en los planes de estudio, pero las aperturas sociales y políticas aún avanzan lentas. Sectores conservadores se oponen a la educación sexual integral y a iniciativas que cuestionen los roles tradicionales. La igualdad sustantiva, en este sentido, se enfrenta tanto a obstáculos institucionales como culturales.

Un aspecto que merece atención es la interseccionalidad; no todas las mujeres viven las mismas desigualdades. Las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales o con discapacidad enfrentan barreras adicionales que las políticas generales no siempre contemplan; la igualdad sustantiva requiere reconocer estas diferencias y diseñar acciones específicas que atiendan la diversidad de experiencias.

El contraste entre discurso y realidad es claro. El gobierno federal ha colocado la igualdad sustantiva en el centro de su narrativa, pero la vida cotidiana de muchas mujeres sigue marcada por desafíos. La pregunta, entonces, no es si México ha avanzado —porque lo ha hecho—, sino cómo lograr que esos avances se traduzcan en cambios profundos y sostenibles.

La respuesta pasa por fortalecer la implementación local, garantizar acceso efectivo a la justicia, reducir las brechas económicas y, sobre todo, impulsar un cambio cultural que desmonte estereotipos y resistencias. Ningún decreto, por sí solo, puede transformar la manera en que una sociedad entiende y vive el género.

La igualdad sustantiva en México es, hoy, una construcción en proceso. Una construcción que necesita la participación activa de la sociedad civil, de los movimientos feministas y de cada persona que cree en un país más justo. Porque la igualdad no se mide únicamente en reformas o discursos, sino en la posibilidad real de que todas las mujeres vivan con libertad, seguridad y dignidad.

Llamado a la acción

La igualdad sustantiva en México representa un avance histórico, pero aún enfrenta retos profundos. El gobierno federal ha colocado la perspectiva de género en el centro de su agenda, pero la verdadera transformación dependerá de:

  • Fortalecer la implementación local.
  • Garantizar acceso efectivo a justicia y seguridad.
  • Reducir brechas económicas y laborales.
  • Impulsar un cambio cultural que desmonte estereotipos y resistencias.

La sociedad civil y los movimientos feministas seguirán siendo actores fundamentales para vigilar que la igualdad sustantiva no se quede en el papel, sino que se traduzca en vidas más libres y dignas para todas las mujeres y diversidades. La igualdad sustantiva no es un destino fijo, sino un camino que se construye día a día. Cada voz que se suma, cada acción que cuestiona la desigualdad y cada esfuerzo por transformar la cultura contribuye a que la igualdad deje de ser una promesa y se convierta en una realidad compartida.

https://www.muxed.mx/blog/igualdad-sustantiva-mexico

Rubí Peniche Cetzal* Integrante de MUxED. Doctora en Investigación Educativa por la Universidad de Granada, España. Investigadora titular del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, México. Sus líneas de investigación se enfocan en la eficacia escolar, el bachillerato y la transición a la educación superior. Correo: rubi.peniche@uabc.edu.mx X: @peniche_rubi 

Sin diagnóstico, ni paridad  ni  acciones afirmativas y experiencia  se implementó la reforma judicial del 2024

En el diseño e implementación de la reforma judicial del 2024 no fue una preocupación mantener la paridad de género

Es muy temprano para documentar las implicaciones de la controvertida reforma judicial: si hay perdida de capital humano, cero acciones afirmativas  y  desaparición de  categorías 

Elda Montiel 

SemMéxico. Cd. de México. 15 de abril 2026.- Sin un diagnóstico técnico, sistemático y verificable de prácticas de nepotismo o corrupción y sin especificar acciones afirmativas para mantener la paridad se implementó la reforma judicial de 2024. 

El “Informe Académico sobre la Reforma Judicial de 2024 en México” del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM * describe una transición institucional compleja, marcada por la pérdida de capital humano, la disolución de las estructuras de carrera judicial, los efectos en la paridad de género y la incorporación de nuevos funcionarios electos sin experiencia previa en la judicatura.

La sustitución masiva de personal judicial provocó discontinuidad en los procesos jurisdiccionales, rezagos en la resolución de asuntos y una disminución temporal en la calidad técnica de las decisiones. 

El Informe advierte que es muy temprano para documentar las implicaciones de la controvertida reforma judicial pero reporta las primeras consecuencias como la perdida de capital humano, ausencia de acciones afirmativas que garanticen la paridad, y la desaparición de las categorías de juez y magistrado de la carrera judicial.

La iniciativa de reforma judicial presentada el 5 de febrero es la más radical en la historia reciente de México. Su propósito declarado fue “acercar la justicia al pueblo” y erradicar la corrupción dentro del Poder Judicial. La propuesta planteó la elección popular de todos los jueces, magistrados y ministros, tanto federales como locales, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y la creación de dos nuevos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ). Asimismo, modificó las reglas de integración de la Suprema Corte, redujo sus facultades de control constitucional y ajustó los procedimientos de amparo y controversias. La iniciativa implicaba destituir a todos los jueces en funciones y establecer un modelo electivo sustentado en la elección popular directa.

Sin acciones afirmativas para garantizar la paridad

En el diseño e implementación de la reforma judicial del 2024 no fue una preocupación mantener la paridad de género, porque de serlo habría buscado mantener al menos el número de mujeres juzgadoras existentes o avanzar hacia un equilibrio en la integración.  Según el Anexo estadístico 2025 del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la proporción de juzgadores hombres alcanzaba el 68.0 %, frente al 32.0 % de mujeres. 

Uno de los principales señalamientos en la implementación de la reforma judicial de 2024 se refiere a la ausencia de acciones afirmativas en la convocatoria emitida por el Senado de la República. Aunque el régimen constitucional transitorio dispuso que la elección judicial debía garantizar la aplicación de los principios electorales —incluido el de paridad de género—, en la convocatoria no se establecieron previsiones específicas para asegurar su cumplimiento. 

En el Informe Académico se señala que los artículos transitorios o la convocatoria a elecciones debieron establecer que la insaculación recayera únicamente en cargos ocupados por hombres y que se fijaran reglas de postulación con criterios paritarios. 

Durante el proceso de determinación de resultados, conviene destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en cumplimiento de sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reconoció el triunfo de candidatas a magistraturas de circuito que habían quedado en segundo lugar en las votaciones respectivas. El TEPJF argumentó que el INE debió prever que “la regla de alternancia tendría una excepción cuando su implementación condujera a colocar en el cargo a un hombre que hubiese obtenido menos votos que una mujer”

Precisa el Informe  Académico que en el último quinquenio, el CJF implementó concursos de oposición dirigidos exclusivamente a mujeres, con el propósito de incrementar su presencia en los espacios de toma de decisiones dentro del PJF.

En congruencia con este antecedente, se planteó que los órganos jurisdiccionales encabezados por mujeres juzgadoras debían quedar excluidos del procedimiento de insaculación destinado a determinar qué personas juzgadoras cesarían en su encargo para ser sustituidas mediante elección popular en el proceso extraordinario 2024-2025. 

El método utilizado no consideró las condiciones diferenciadas de las personas juzgadoras. Un ejemplo de ello es que entre las juzgadoras insaculadas para participar en la elección de 2025 se encuentra una persona con diagnóstico de cáncer y otras dos con responsabilidades de cuidado familiar. Ante esta situación, a través de dos asociaciones civiles, estas juzgadoras solicitaron me didas de ajuste para permanecer en su cargo hasta 2027. La Sala Superior del TEPJF argumentó la falta de interés legítimo y desechó sus pretensiones sin entrar al fondo del asunto. Como consecuencia de esta negativa, fue materialmente imposible que tales juezas participaran en igualdad de condiciones.

Esta medida habría asegurado una mayor continuidad en la participación de mujeres en la judicatura. No obstante, tales consideraciones tuvieron una incorporación limitada en el diseño final de la reforma. En el marco normativo, su reflejo fue marginal, por lo que los efectos del cambio en materia de género presentan un balance de claroscuros

Hasta este punto se ha mostrado que el esfuerzo dirigido a consolidar una judicatura paritaria enfrentó resistencias tanto en el diseño como en la implementación de la reforma. No obstante, el número significativo de candidaturas de mujeres que se registraron en el proceso electoral, así como el respaldo que recibieron desde diversas estructuras políticas y gubernamentales, derivó en un desenlace que incrementó la presencia femenina en los cargos judiciales. 

De esta manera en el Proceso Electoral Extraordinario, 2024-2025, quedaron un total de 386 mujeres y 346 hombres dando un total de 886 cargos a elegir entre ministras y ministros en los distintos cargos del Poder Judicial, incluido la Suprema Corte de Justicia y el TEPJF.  

Pérdida de capital humano

Respecto a la perdida de capital humano con experiencia y especialización, se produjo una reducción anticipada de 112 personas juzgadoras que renunciaron a su cargo o solicitaron su retiro anticipado, de agosto a diciembre de 2024. 

Hay que recordar que el Consejo de la Judicatura informó el 10 de octubre de 2024 al Senado que el total de plazas ascendía a 1,699, de las cuales 139 se encontraban vacantes. Se determinó que en las elecciones de 2025 se someterían a votación 850 cargos, y un número equivalente en las elecciones intermedias de 2027.

De acuerdo con estadísticas del CJF, en este lapso, el número total de impartidores de justicia del PJF se redujo de 1,655 a 1,543.

Este fenómeno se debió a que se redujo la edad mínima de jubilación de 65 a 55 años y se estableció como requisito contar con al menos seis años en funciones jurisdiccionales y 25 años de servicio público para recibir una pensión vitalicia y conservar los servicios médicos del ISSSTE. Las personas juzgadoras que no contaban con 25 años de servicio, pero sí con pensión conforme a la Ley del ISSSTE y seis años como titulares de órgano jurisdiccional, podrían solicitar la jubilación anticipada con un porcentaje decreciente de pensión complementaria conforme al tiempo de servicio.  

Durante los primeros meses de 2025 se registraron 436 solicitudes de jubilación y retiro: 97 por cesantía en edad avanzada, 54 por vejez y 285 por seguro de retiro. Para mayo de 2025, de dichas solicitudes habían sido aprobadas 410 y solamente 26 se encontraban en trámite. 

En el caso de la Suprema Corte, ocho de los once ministros en funciones anunciaron su decisión de no participar en el proceso electoral: Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Luis María Aguilar Morales (este último concluyó su encargo en noviembre de 2024). Por su parte, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa participaron en la elección, fueron incluidas en materiales de propaganda no autorizada (los denominados “acordeones”), obtuvieron la mayoría de votos y actualmente integran la SCJN. Es importante señalar que este proceso afectó no sólo a las personas titulares, sino también a sus equipos de trabajo, los cuales estaban con formados por personal seleccionado mediante concursos de oposición y otros mecanismos técnicos, y que representaban un componente relevante del capital institucional del PJ.

Pérdida de personal jurisdiccional altamente calificado 

A partir de la entrada en vigor de la reforma judicial, el personal jurisdiccional del PJF también se vio afectado en cuanto a su permanencia laboral. En algunos casos, las personas servidoras públicas decidieron separarse del cargo por razones de carácter personal o por discrepancias con los nuevos lineamientos institucionales. En otros casos, su salida se produjo de manera inmediata a partir de septiembre de 2025, fecha en que las nuevas personas juzgadoras electas asumieron sus funciones en los órganos jurisdiccionales correspondientes. 

El Informe destaca que no se tiene una estimación del número de funcionarios que dejaron sus cargos de manera previa, o de aquellos que lo están haciendo una vez que las nuevas personas juzgadoras han asumido el encargo.

Porque a pesar de que la reforma judicial advertía que  “los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”, lo cierto es que de inmediato comenzaron a producirse despidos injustificados en distintos órganos jurisdiccionales federales, a pesar incluso del llamado del nuevo ministro presidente, en la clausura del curso de actualización 2025, donde conminó a las personas juzgadoras a “no desechar” o “despedir” a los trabajadores del Poder Judicial , quienes cuentan con formación y experiencia que “hay que aprovechar”.

El 17 de septiembre de 2025 el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Fede ral, A. C., y un día después, el 18 de septiembre, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, denunciaron ante el OAJ y ante el TDJ del PJF, respectivamente, el requerimiento de renuncia injustificada de trabajadores de base adscritos al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz. El mismo 17 de septiembre, la agrupación 32 Circuitos Unidos del PJF, realizó una denuncia pública en la que expuso la violación de los derechos humanos de los trabajadores de base de distintos órganos jurisdiccionales federales.

Carrera Judicial 

La narrativa para la reforma judicial de prácticas de nepotismo y corrupción al interior del Poder Judicial se realizó sin un diagnóstico técnico, sistemático o verificable. La sustitución generalizada de los titulares de los órganos jurisdiccionales implico perder no sólo experiencia acumulada en el ejercicio de la función jurisdiccional sino también de personal altamente especializado adscrito en los juzgados y tribunales federales y estatales.

Ley Orgánica del PJF de 2025 no establece un marco de acción efectivo para erradicar el amiguismo y el nepotismo no demostrados. En vez de señalar que los órganos jurisdiccionales deberían conformarse mayoritariamente con personal proveniente de la carrera judicial, la Ley establece que la mitad de los equipos de las personas juzgadoras y magistradas podrán ser designados directamente por ellas. Esto representa un riesgo adicional en el contexto en el que estamos, sobre todo si tomamos en cuenta que muchas personas juzgadoras que resultaron electas tienen cercanía con el partido en el poder o conflictos de interés, por lo que no es difícil suponer que las designaciones del personal subalterno sigan una dinámica similar, señala el Informe Académico.

La carrera judicial constituía un mecanismo altamente especializado dentro del servicio público en México y representaba un elemento central para la profesionalización de la judicatura. De acuerdo con información del CJF, para julio de 2024 de las 49,159 personas que formaban parte del personal adscrito al CJF, cerca del 78 % laboraba en juzgados, tribunales o centros de justicia, desempeñándose en la impartición de justicia.

Con la reforma se modificaron los requisitos de acceso a la judicatura. En lugar de reconocer la formación de posgrado y la experiencia acumulada en trayectorias jurisdiccionales, se establecieron criterios centrados en los estudios de derecho (en licenciatura, maestría o doctorado, sin distinguir entre ellos), con promedios generales de 8 o 9 y con exigencias reducidas de práctica profesional de cinco o tres años, o incluso sin experiencia en el caso de los jueces de distrito. 

El discurso oficial señaló reiteradamente que los integrantes del PJF conformaban una élite distante de la ciudadanía. Sin embargo, investigaciones recientes han cuestionado esa narrativa. En particular, Azul A. Aguiar Aguilar ha documentado que los perfiles de quienes integraban la judicatura no respondían necesariamente a los estereotipos de élite ni a orígenes ajenos a la sociedad en general.

De acuerdo con estos hallazgos, las personas titulares que integraron las generaciones de juzgadores tras la reforma de 1994 accedieron al cargo mediante el esfuerzo individual y el mérito, en el marco de un proceso de ascenso social sustentado en los concursos de oposición. La evidencia disponible muestra que el ingreso de personas juzgadoras no estuvo determinado por prácticas de compadrazgo o nepotismo, sino por mecanismos institucionalizados de selección.

Las categorías de juez y magistrado desaparecen de la carrera judicial. 

Una vez constitucionalizada la elección popular de las personas juzgadoras, la nueva Ley de Carrera Judicial del PJF dejó de contemplar como categorías de ésta los puestos de juez y magistrado. Los cargos de ministro y magistrado del TEPJF nunca formaron parte de la carrera pues eran designaciones políticas.

La reforma constitucional de 2024 alteró de manera sustancial el modelo de carrera judicial, al excluir las categorías de personas juzgadoras y magistradas federales y quedar su designación sujeta al mecanismo de elección popular.

En otras palabras, la carrera judicial sólo comprende las categorías de oficial judicial, actuario, secretarios (de diferentes niveles), asistentes de constancias, secretarios de estudios y cuenta, subsecretarios y secretario general de acuerdos.

*López Ayllón, Sergio y Valadés, Diego (coords. y edits.), Informe académico sobre la reforma judicial de 2024 en México. Enclave de Jurídicas, núm. 12, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2026. DOI: https://doi.org/10.22201/iij.9786076425909e.2026

Entresemana | ¿De qué se ríe, señora presidenta?

“Nos hizo falta tiempo, para que te convenciera, que eras tú mi vida entera…” Armando Manzanero

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

No voy a descubrir el hilo negro. A usted que va al súper, al tianguis, a la tiendita de la esquina, a la gasolinería, nadie lo puede engañar: la carestía está en pleno galope desde hace rato.

Tanto que hasta la Princesa Caramelo entendió que sí, en efecto, los alimentos que le sirven en Palacio tienen insumos que se han encarecido. Pero, vaya, como ella no abre el monedero para las compras del mercado, pues lo toma a chunga.

Y encabrónese como Dios manda porque usted y usted y usted sabe cómo se encarecen, en presente no en pasado, los 24 alimentos de la canasta básica cuyo precio se ha incrementado en 110 por ciento, es decir, en menos de un año pasó de costar mil 200 pesos mensuales a dos mil 600 pesos, promedio.

Mire usted, la canasta básica cuesta, en la zona rural, mil 940.37 pesos y, en la urbana asciende a dos mil 571.8 pesos

Incluso, de acuerdo con el INEGI, en marzo de este año el costo de los productos de la canasta básica aumentó 7.9 por ciento en la zona rural y 8.1 por ciento en la zona urbana.

¡Recáspita, doctora Sheinbaum!, en un mes.

Y para redondear el tema, fíjese que cuando el licenciado Andrés Manuel llegó a la Presidencia de la República en 2018, el kilo de tortilla costaba 11 pesos, hoy se expende hasta en 32 pesos, mínimo en 22 y 24 pesos por kilo. Y está la advertencia de aumentar hasta 4 pesos.

Bueno, bueno, ni qué decir de aquella patraña de campaña relativa a que en cuanto tomara posesión del cargo y se fuera a vivir al austero Palacio Nacional, el litro de gasolina costaría ¡10 pesos!

No se ría, porfis. Usted lo sabe, el diésel ya se vende hasta en 31 pesos y ni qué decir de la gasolina premium que supera los 27 pesos por litro.

¡Ajajá!, pero la inteligente doctora presidenta dice que, bueno, pues para gastar menos, hay que consumir de la verde, es decir, la magna.

Seamos serios, aunque… Lea usted lo que dijo la doctora presidenta hace dos días, el lunes 13 de abril:

“Ayer, hablando con el secretario de Hacienda, le digo: oye, ¿por qué no te das una vuelta al mercado, ¡je, je, je!, para que veas cómo están los precios? Y sí, en efecto, Edgar (Amador Zamora) se fue a distintos lugares personalmente, aparte de lo que tiene Profeco.

“Y me dijo: ‘No… Sí, en efecto, en algunos lugares está muy alto el precio del jitomate, el precio de la carne, el precio de la calabacita’”.

Y, como pateando un bote, ayer martes, se refirió al caso de la tortilla. Veamos.

Por cierto, ayer hubo —no sé— una persona ahí que dijo que “iba a aumentar el precio de la tortilla”. No es cierto.

“No tienen ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia. No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla.

“Ayer, cuando vi esta declaración, le hablé al secretario Sader y le dije: “comunícate, no solo con esta persona, sino con todos los que tenemos el Acuerdo Maíz-Tortilla”, porque no hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla, ni de otros productos.

“O sea, ¿cómo es posible que el kilo de jitomate en las tiendas del ISSSTE esté a 20 pesos y en Walmart esté a 80? Pues algo raro hay, ¿verdad? porque en todo caso en todos lados debería estar alto”.

¿Qué le parece? La carestía galopa desde hace rato, pero apenas le pegó en los aparejos porque se trata del principal alimento que consumimos los mexicanos: la tortilla. Pero, pero…

Será el sereno, porque a quien se refirió es Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, que le respondió y rechazó la medida emprendida por el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, de instalar mantas en tortillerías con el mensaje de “no cargue saquí, se vuelan la barda con los precios”, como ya comenzó a hacerlo en gasolinerías que venden por arriba de los precios acordados.

“Sería un error muy grande”, advirtió López García y recordó qué ocurrió cuando en el gobierno de Felipe Calderón se aplicó una medida similar. Simplemente bajó la preferencia electoral del panista.

Y es que, como citó, “somos 110 mil oportunidades de negocios que elaboramos tortillas para 123 millones de consumidores”.

Aceptó que, como dijo la Princesa Caramelo, el precio del grano de maíz está bajo, pero, sostuvo, parece que a la presidenta no le informan bien y hay que tomar en cuenta que para la elaboración de tortilla se requiere de electricidad, maquinaria, gasolina, pago de salarios, seguridad social y todo, todo ha elevado su precio. O sea.

¡Vaya!, en escena irrumpieron la Secretaría de Agricultura y la Profeco y negaron que vaya a aumentar el precio de la tortilla.

¡Zambombazo!, quien quita y mañana la Princesa Caramelo nos receta un sustituto de la tortilla, como lo hizo el 29 de marzo del año pasado,2025, cuando declaró: “Nuestro objetivo es que baje más el costo de la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si se consume menos electricidad se va a pagar menos”.

Y apenas el pasado 28 de marzo de 2026, cuando ante protestas de productores de frijol, en Zacatecas, tuvo un detalle digno del premio al nutricionista del año:

“El frijol es un alimento bendito: tiene proteínas, si se combina con un cereal como el maíz, como el arroz es casi como si uno comiera carne en términos de proteínas”, declaró la ingeniera Sheinbaum y de inmediato invité a mi compadre Efraín Salazar para chutarnos unos frijolazos a las brasas con una salsa molcajeteada y media hora de tortillas.

Y nomás para su conocimiento le comparto un párrafo del análisis del primer informe bimestral sobre la Finanza Pública y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda, elaborado por el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico de la bancada albiazul. A saber:

“El informe bimestral del año 2026, revela números completamente alarmantes. La inversión física se cayó en los dos primeros meses, comparado con el mismo periodo de 2025 en un 45%, es decir, que pasó de 152 mil 200 millones de pesos en inversión a tan sólo 87 mil millones de pesos; 65 mil millones menos, peor aún, la inversión física directa que hace el gobierno en hospitales, carreteras, en infraestructura, cayó un 70%”.

¡Por cierto!, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y el secretario de Movilidad, Héctor García dicen que hay recursos y le han dado mantenimiento al Metro.

El mantenimiento siempre ha sido permanente, dijo don Héctor e incluso informó que, “para la línea elevada B ha tenido recursos por más de 12 millones de pesos, hay recursos disponibles y hay posibilidad de que esos puedan ejecutarse en tiempo y forma.

“Incluso, expuso, para mantenimiento de vías hay más de 290 millones de pesos, hubo una inversión para las escaleras por más de 300 millones de pesos. Hay refacciones para trenes y vías por 500 millones y adquisición de llantas por 180 millones”.

¡Vientos, Drakko! ¿Entonces por qué el servicio del Metro está de la chingada, a reserva de empeorar? Digo.

sanchezlimon@gmail.com   www.entresemana.mx   @sanchezlimon1

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Un archivo adjunto  •  Analizados por Gmail

Magistrada regional advierte abuso de denuncias por violencia política de género

Nereida Berenice Ávalos Vázquez, magistrada del TEEMich / Foto: Cortesía TEEMich

Nereida Ávalos, presidenta de la Sala Toluca, impartió una conferencia magistral desde Morelia

Omar Ángel

SemMéxico/El Sol de Morelia, 15 de abril, 2026.- La magistrada Nereida Berenice Ávalos Vázquez dijo advertir un abuso de las denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMG) en periodos electorales. A su juicio, hay indicios de que son utilizadas como recursos para despejar el camino en la ruta por las candidaturas.

La presidenta de la Quinta Sala Regional (Toluca) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo expresó durante una conferencia que impartió en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con sede Morelia.

No hablemos de casos complejos, sino de casos en los que se denuncia que entró el diputado a un edificio y yo sentí que me miró feo y, como está muy alto, me sentí intimidada y eso es violencia política. No, discúlpenme. No podemos caer las mujeres en el abuso de ese término, porque lo desgastamos, porque cuando todo es violencia, nada lo es.

Nereida Berenice Ávalos Vázquez, presidenta de la Sala Toluca del TEPJF

Aseguró que el planteamiento —“incómodo“, según anunció— no es un distanciamiento del feminismo, sino una forma de preservar sus conquistas; para que no se retroceda, añadió, en la “lucha que ha costado sangre” para las mujeres que se han abierto espacios en la participación política.

Comentó que, desde su punto de vista, hay un fenómeno que se repetiría cada ciclo electoral: previo a la selección de las candidaturas, aumentan las denuncias. Además, agregó, una vez en el cargo, algunas mujeres usarían la VPMG como escudo para blindarse de cuestionamientos legítimos.

“Podemos recibir críticas de nuestro actuar. Si yo actúo con nepotismo, por supuesto que me lo pueden restregar, no porque yo sea mujer ya es violencia de género, no. Mujer u hombre, si hay nepotismo, se va a hablar, se va a criticar; si estás haciendo un mal ejercicio, se te va a cuestionar”.

Mujer u hombre, si estás haciendo un mal ejercicio del cargo público, se te va a cuestionar. Eso no es violencia política de género. También debemos tener conciencia en ese aspecto. Nereida Berenice Ávalos Vázquez, presidenta de la Sala Toluca del TEPJF

La ponente no hizo un posicionamiento general sobre lo que significó la tipificación de la VPMG para la lucha de las mujeres por su derecho a la participación política, y tampoco refirió una estadística que permita saber en qué medidas hay falsas denuncias por esta conducta.

En análisis, denuncia de Grecia Quiroz contra Fernández Noroña

Magistrada advierte desafíos de la participación política sin violencia de género

La conferencia se llamó “Participación Política sin Violencia: Criterios y Desafíos Actuales“. Uno de los primeros desafíos que prevalecen, expuso, es el hecho de que los hombres que se dedican a la vida pública aún ven a las mujeres políticas como usurpadoras de un espacio que no les correspondería.

Otros, añadió, tienen que ver con los medios de información: la reproducción de estereotipos de género en las notas, el sesgo positivo para los hombres y negativo para las mujeres, y el entorno virtual que algunos suelen crear, y en el que los comentarios misóginos encuentran espacio para publicarse.

“Cada uno de los comentarios que se generan a partir de las notas, en perjuicio de esa mujer o de esa candidata, porque muchos usuarios escriben cobijándose en el anonimato de las redes sociales. Ése es uno de los grandes desafíos; ahí ¿de quién responsabilizamos de esos comentarios?”.

Lee también: Giulianna Bugarini denuncia violencia de género ante la FGE, tras agresiones en redes sociales

Otro de los desafíos actuales sería, en su opinión, la mala fe en la que una persona sancionada emite disculpas públicas, o la falta de voluntad de los tribunales para perseguirlos cuando no han acatado las sanciones impuestas: “No podemos dejar que nuestra agenda sea marcada por los infractores“.

La conferencia se dio por organización del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Michoacán, creado con el objetivo de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, así como, entre otros, prevenir la VPMG.

Los capitales | El FMI revisa al alza el crecimiento de México; el PIB crecerá 1.6&

Edgar González Martínez

SemMéxico, Cd. de México, 15 de abril, 2026.-En medio de los escenarios bélicos en medio oriente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus perspectivas económicas para el mundo, y en especial para México. El documento titulado “La economía mundial se enfrenta a una nueva prueba: la guerra en Oriente Medio amenaza el crecimiento y la desinflación” sustenta la revisión a la baja de la proyección de crecimiento mundial para 2026, de 3.3% a 3.1%, mientras que la estimación para 2027 se sitúa en 3.2%.

En efecto, el organismo anuncia que el PIB mundial baja a 3.1% FMI baja PIB mundial, pero para México lo sube a 1.6% en 2026. El FMI señala que, durante el año, la economía mundial enfrenta un encarecimiento de las materias primas derivado del conflicto, lo que propiciaría un leve repunte de la inflación general hasta 4.4%, antes de retomar su trayectoria descendente en 2027. Si el conflicto se prolonga y persiste el cierre del estrecho de Ormuz, el FMI prevé un aumento más pronunciado en los precios de la energía durante 2026, lo que elevaría las expectativas de inflación y reduciría aún más el crecimiento económico, estimado en 2.5%, con una inflación general de 5.4%.

En el peor escenario -dice el FMI- si las perturbaciones derivadas del conflicto se extiendan a lo largo de todo el año, implicaría un crecimiento mundial de apenas 2.0%, acompañado de una inflación general superior a 6.0%. Sin embargo, los efectos del conflicto serán diferenciados. Los países importadores estarán más expuestos a los riesgos geopolíticos, en particular aquellos de ingreso bajo y en desarrollo con reservas limitadas. Por su parte, los países del Golfo Pérsico enfrentarán secuelas derivadas de los daños a la infraestructura y de las interrupciones en la producción, con procesos de recuperación lentos y con altibajos, que dependerán en gran medida de la concreción.

Además, en el escenario base, el FMI asume un conflicto de corto plazo donde los precios se normalizarían en la segunda mitad de 2026. En este caso, el precio promedio de barril de petróleo será de 82.22 dólares en 2026 y de 75.97 dólares en 2027, lo que contrasta con su estimación de enero, donde proyectaban una caída del precio a 62 dólares para 2026. Sin embargo, para los analistas de Citibanamex, el precio del barril Brent, el precio promedio anual para 2026 será de 80 dólares, con una reducción al cierre de 2027 a 61 dólares por barril. Asimismo, nuestra estimación de crecimiento mundial se encuentra en 3.2% para 2026 y 2027.

loscapitales@yahoo.com.mx

Twiter: @Edgar4712

Bellas y Airosas | Cuando tenga 64 años

Elvira Hernández Carballido

SemMéxico, Pachuca, Hidalgo, 15 de abril, 2026.- Este miércoles 15 de abril cumplo 64 años y no puedo evitar que a cada rato llegue a mi mente aquella vieja canción de los Beatles donde la voz de Paul McCartney preguntaba a su amada si lo seguirá amando al llegar a esa edad. 

Si bien, no cumplo para nada con el panorama dibujado en la letra de esa melodía ya que todavía tengo cabello, no tengo nietos, ni tampoco tejo junto a la chimenea, al igual que el cantante también elaboro preguntas que justo por esta edad, 64 años, respondo a mi conveniencia, esperanza y locura, por ejemplo, ahorita me veo al espejo y la primera interrogante que surge es:

  • ¿Qué ha pasado con mis canas? Y respondo gozosa: 

Me gustan, las luzco orgullosa imaginando que decenas de luciérnagas quieren alumbrar mis ideas, cada historia que convierto en cuento o cada columna periodística donde me delato tal cual soy, bella y airosa. Aunque, otra veces, juego a colorear estos destellos de luna en mi pelo, lo he pintado de morado, rosa y ahorita de negro azulado. No es que intente ocultar mi edad, tal vez al pintarme el cabello dejo que la Elvira niña regrese a esos tiempos cuando coloreaba sus cuadernos con crayolas brillantes que delataban su ingenuidad. Posiblemente evoco esos lápices de la marca Prismacolor que me permitían imaginar un mar tranquilo o un cielo prometedor mientras esperaba la hora de salida en la primaria. Regreso al taller de artes plásticas y creo escuchar las risas de mis cinco adoradas amigas de esa época de la secundaria mientras hacíamos acuarelas. 

  • ¿Aún me gusta jugar? 

Todavía juego con mis muñecas, visto a la moda a mi adorada Victorina -regalo de los reyes magos en 1965-, hoy ella luce hermosa con ese gorro que me compré en Nueva York. Emilia y Artemia, dos muñecas de trapo nacidas en Oaxaca, regalo de mi madre, reciben a cualquier visitante que llega a mi hogar pues están sentaditas en los sillones de la estancia recibiéndome todos los días con una sonrisa. Sigo comprando peluches, hace poco una vaca de orejitas canosas, más que jugar, son mi compañía en las noches de insomnio. 

  • ¿La música sigue siendo mi mejor compañía? 

Delato a qué generación pertenezco cuando me niego a suscribirme a Spotify, tolero un poco YouTube y me aferro a mi vieja grabadora para poner los cd con esas voces que se han convertido en el soundtrack de mi vida. Angélica María y Rocío Dúrcal recuperan mi voz infantil. Janis Joplin y Joan Báez siguen alentando mi rebeldía. Yuri sacude mis pecados de amores que ya no se tocan o la Trevi elabora algún recuento de los daños que ya no me duelen. Nina Galindo me sigue enseñando a regalar mi sombra mientras Tere Estrada insiste en que soy una sirena al ataque. Natalia Lofourcade me muestra cómo sacar espinas de mi corazón y Mon Laferte sabe que a veces me aburre la vida, pero que siempre hay alguien que hace bellos mis días.

  • ¿Qué colecciono? 

Chamanas personales que no dejan de hacinarse en la pared. Mil fridas reposan en sus cuadros prometiéndome darme alas para volar y todas mis sirenas naufragan en los muros de mi casa jurándome que aún en la profundidad de mil mares seguirán aconsejándome cómo resistir. Rosario Castellanos sigue recitando poemas a mi oído y Elena Garro me convence de que todo es culpa de los tlaxcaltecas. Sigo oscilando entre el pánico o peligro como me enseñó María Luisa Puga y le rezo a nuestra señora de la soledad porque me contagió su fe Marcela Serrano. 

  • ¿Por qué sigo escribiendo a los 64 años? 

¿Y por qué no? Las palabras apapachan, caen como cascadas para nombrar todo lo que amo, se acurrucan para soñar con las personas que quiero y sigo necesitando ahora que tengo 64 años. 

Revictimizan a  mujeres con términos ambiguos o mal enfocados 

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Karla García

SemMéxico/ Diario de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, 15 de abril, 2026.- El uso del término “desaparición por voluntad propia” en casos de mujeres no localizadas fomenta la revictimización y refuerza estereotipos de género, advirtió la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Katy Aguiar.

En entrevista, la legisladora lamentó que en redes sociales se haya generado un debate en el que incluso se pide sancionar a mujeres que son reportadas como desaparecidas cuando posteriormente se conoce que su ausencia fue voluntaria.

“Es muy lamentable leer comentarios donde las personas piden sanciones para una joven en específico o para quienes desaparecen. Creo que detrás de cada desaparición hay contextos que muchas veces en nuestro entorno propio no logramos ni vamos a lograr entender”, señaló.

Aguiar explicó que muchas de estas discusiones se alimentan de prejuicios que terminan culpando a las mujeres por su propia desaparición. Comentarios que aluden a supuestas relaciones sentimentales o decisiones personales, dijo, reproducen estereotipos que históricamente han afectado a las mujeres.

“Regresamos a estos discursos de que las mujeres desaparecen porque se van con el novio, porque están poniendo el cuerno o porque andan de fiesta. Son estereotipos que terminan revictimizando a las mujeres que desaparecen bajo contextos que desconocemos y que no nos corresponde juzgar”, expresó.

La diputada consideró que revelar detalles sobre si una desaparición fue voluntaria o no también puede ser problemático, pues detrás de esos casos pueden existir situaciones de violencia u otras circunstancias personales que no necesariamente son visibles para la sociedad.

En ese sentido, reconoció la labor de las autoridades encargadas de las investigaciones, al señalar que lo importante es que se atiendan las denuncias y se logre la localización de las personas.

Asimismo, destacó que durante los últimos días se registraron varios reportes de desaparición en el estado, de los cuales muchas personas fueron localizadas con vida, lo que calificó como un resultado positivo del trabajo de búsqueda.

Finalmente, la legisladora hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y empatía ante estos casos.

“Lo más importante es agradecer que las mujeres aparezcan vivas, sanas y salvas. Las explicaciones no se las deben a la sociedad; esos asuntos corresponden a la familia y, en su caso, a las autoridades”, concluyó.

Tras la puerta del poder | Verde inicia en San Luis su desprendimiento electoral de Morena

Roberto Vizcaíno 

SemMéxico, 15 de abril, 2026.-La ruptura y fin de la alianza oficialista Morena, PT y Verde -advertida desde el rechazo al Plan B-, ocurrió formalmente ayer con el lanzamiento de la senadora Ruth González Silva, como candidata del PVEM al gobierno de San Luis Potosí.

Con el destape electoral de la esposa del gobernador potosino Ricardo Gallardo los dirigentes del Verde dieron el banderazo para el arranque de aspirantes propios a gubernaturas en al menos Nayarit, Nuevo León, Colima y Tamaulipas, donde sus precandidatos tienen fuerza para alcanzar triunfos.

Al señalar a la senadora González Silva como su propuesta única a la gubernatura de San Luis Potosí, la dirigente Karen Castrejón, dejó en claro que su partido no irá en coalición con Morena en ese estado en los comicios electorales del 2027.

Ese lanzamiento supone que el Verde irá igual con candidatos propios a alcaldías, diputaciones locales y las federales en esa entidad.

Y como lo hiciera hace un par de meses antes el senador Manuel Velasco, ahora Castrejón reiteró que la virtual postulación de la senadora González Silva es apenas uno de los estados donde su partido irá solo “ya que eso es lo que les ha pedido la gente”.

En los hechos el lanzamiento de antier de Karen Castrejón es la reiteración de una postulación que había hecho el senador del Verde Manuel Velasco al recibir hace unas semanas en el pleno del Senado a la senadora González Silva con el grito de “mi gobernadora”.

A partir de entonces Velasco ha dicho:

“Tenemos mujeres, hombres preparados, con energía, con trabajo y, sobre todo, con pasión, pero, sobre todo, listos para ir solos, y esto es lo más importante, para competir en el próximo proceso electoral (en 2027), y para ganar, que es lo que nos ha pedido la gente.

“Y que eso es lo que viene para el Partido Verde en el proceso electoral que se avecina y en las elecciones del próximo 2027, que ganaremos sin duda muchas más de las presidencias municipales que hoy tenemos.

«Tenemos proyectos donde el Verde puede competir y ser competitivo… Si podemos coincidir vamos a tener alianza, y si no hay coincidencia, pues habrá que ir solos.

“Que vamos nuevamente por la gubernatura aquí en San Luis Potosí. Que vamos por algunas otras gobernaturas en otras de las circunscripciones, por supuesto, y que daremos a la gente lo que nos ha pedido, un partido fuerte, un partido joven”, dijo.

Karen Castrejón por su parte afirmó que en el Verde cuidarán a sus candidatos y lo harán con paridad de género.

“Un partido que tiene en sus filas a grandes mujeres representándonos en los congresos, en las diligencias estatales, en el trabajo que hacemos todos los días para dar resultados también hacia los temas de género, y que lo seguiremos haciendo con temas de paridad y que es lo que cuidaremos a nuestras candidaturas, que lo haremos también con un trabajo muy importante y cercano siempre a la ciudadanía”, afirmó.

Es, pues, el avance de una desbandada electoral en la alianza oficialista, que apunta a un reposicionamiento en el reparto del Poder, y el fin del dominio absoluto de Morena y la 4T en el país.

 SIGUE EN PIE EL VIAJE DE SHEINBAUM A BARCELONA

El pleno del Senado conoció ayer formalmente el aviso del viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum que por 4 días realizará este fin de semana a Barcelona, España, para participar en la «IV Cumbre en Defensa de la Democracia» junto a Pedro Sánchez -presidente de España-, Luiz Inázio Lula da Silva -de Brasil-, Gustavo Petro -presidente de Colombia- y con Yamandú Orsi -de Uruguay-.

El denominador común entre todos ellos es su desacuerdo con las acciones y pronunciamientos del presidente de los EU Donald Trump.

Una vez de regreso, se indicó, la mandataria enviará un informe con los principales resultados y acuerdos alcanzados, en los términos del propio artículo 88 de la Constitución,

En el documento que compartió la senadora en sus redes sociales, se especifica que una vez concluido el viaje de la Presidenta de la República se enviará un informe de los resultados y acuerdos alcanzados, de conformidad con lo dispuesto en el propio artículo 88 constitucional.

MC PROPONE ACUERDO DE ACERCAMIENTO CON LA ONU

El coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, propuso ayer al pleno del Senado convocar un encuentro del Senado de México con el Comité contra la Desaparición Forzada, perteneciente a la ONU, a fin de analizar juntos la situación de desapariciones en México.

Se daría así paso a conocer a plenitud, y poder responder al informe emitido el 2 de abril de 2026 que considera de suma gravedad el fenómeno de desapariciones forzadas en México.

Castañeda indicó que el Senado no puede ser omiso ante un señalamiento internacional de esta magnitud y debe propiciar un espacio de diálogo serio, técnico y constructivo que permita revisar los alcances del informe, así como fortalecer la cooperación internacional en la materia.

“El objetivo no es confrontar, sino entender la dimensión del problema y construir soluciones. México necesita abrirse al escrutinio internacional y, sobre todo, garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas”, señaló.

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Susan Coyle fue designada como la primera mujer, en 125 años, para encabezar el Ejército de Australia

Susan Coyle sustituye al almirante David Johnston, quien dejará el cargo tras casi dos años al frente de las fuerzas armadas australianas. (13.04.2026)Imagen: Mick Tsikas/AAP Image/REUTERS

El cargo lo ocupará a partir de julio, tras una larga carrera y estudios de ciencias 

Redacción

SemMéxico/DW, Australia, 15 de abril, 2026.- Australia designó a la primera mujer jefa del ejército Susan Coyle fue designada como la primera mujer en encabezar el Ejército de Australia, en una decisión calificada como histórica por el gobierno australiano. El anuncio se produjo en un contexto de creciente tensión geopolítica en la región del Indo-Pacífico.

El nombramiento fue confirmado por el ministro de Defensa, Richard Marles, quien destacó la trayectoria de tres décadas de la teniente general y su experiencia en operaciones internacionales.

Coyle reemplazará al almirante David Johnston, quien dejará el cargo tras casi dos años al frente de las fuerzas armadas australianas, en medio de un proceso de modernización militar.

El primer ministro Anthony Albanese también respaldó la designación y subrayó que se trata de un hito sin precedentes en la historia militar del país, con más de 125 años de existencia.

Según el gobierno, el Ejército australiano atraviesa una transformación estratégica que incluye la incorporación de drones, sistemas de largo alcance y capacidades de guerra cibernética.

Coyle, con experiencia en conflictos como Afganistán y misiones en Oriente Medio, afirmó que su trayectoria en ciberdefensa y operaciones conjuntas será clave para asumir el mando de la institución.

Susan Coyle cuenta con más de 30 años de experiencia en el Ejército australiano, donde ha desempeñado varias funciones clave desde su ingreso en 1987. En la actualidad, actúa como jefa de capacidades conjuntas, cargo crucial para la organización y operación de las fuerzas. 

La teniente general Susan May Coyle , nació el 21 de mayo de 1970, es una oficial superior del Ejército australiano, que se convertirá en Jefa del Ejército en julio de 2026. Se unió al ejército como reservista en 1987 y, tras formarse en la Academia de las Fuerzas Armadas Australianas , fue comisionada en el Real Cuerpo Australiano en 1992. 

Ha comandado el 104.º Escuadrón de Señales (2003-04), el 17.º Regimiento de Señales (2009-10), el Grupo de Tareas Afganistán (2015) y la 6ª. Brigada de Apoyo al Combate (2017-19), y ha participado en operaciones en Timor Oriental , las Islas Salomón y Afganistán .

 Fue nombrada Comandante de la Fuerza de Tarea Conjuonta 633 , con responsabilidad sobre todas las operaciones australianas en Oriente Medio, de enero a noviembre de 2020.

 Fue la primera mujer en comandar la fuerza de tarea, que supervisaba a 1200 personas en el marco de la Operación Acordeón 

. Coyle fue Jefa de Guerra de la Información de enero de 2021 a noviembre de 2022, Comandanta del Comando de Fuerzas de noviembre de 2022 a junio de 2024, y asumió el cargo de Jefa de Comando Conjunto  en julio de 2024. En abril de 2026 fue seleccionada como la próxima Jefa del Ejército, convirtiéndose así en la primera mujer en dirigir una rama de las Fuerzas de Defensa Australiana. .

Primeros años de vida

Coyle nació el 21 de mayo de 1970 en Kyogle , un pequeño pueblo en la región de Northem Riverse de Nueva Gales del Sur.

 Coyle tiene una hermana mayor, Alice, y tres hermanos. Alice se unió a la Reserva del Ejército y sirvió en el Real Cuerpo de Señales Australiano en la década de 1980, lo que inspiró a Susan a hacer carrera en el Ejército .

 Durante sus últimos años en la Escuela Secundaria de Oxley en Tamworth, Coyle fue patrocinada por el programa de becas de la Academia de las Fuerzas de Defensa (ADFA) y se unió a la Reserva del Ejército Australiano, sirviendo con los  12th/16th Hunter River Lancers . 

Se graduó de Oxley High en 1988 y, en enero del año siguiente, ingresó en la ADFA como cadete oficial . Se graduó de la ADFA con una Licenciatura en Ciencias en 1991 y, después de una formación adicional en el Real Colegio Militar de Duntroon, fue comisionada en el Real Cuerpo Australiano de Señales en 1992.[ 5 ] La carrera temprana de Coyle estuvo marcada por una

 variedad de nombramientos en comunicaciones, antes de ser seleccionada como ayudante de campo del Comandante del Teatro Australiano de 1998 a 1999. Luego recibió un puesto de intercambio en los Estados Unidos en 2000, sirviendo como Ingeniera de Satélites de Brigada

 Coyle recibió la Medalla de Encomio del Ejército de los Estados Unidos por su desempeño en este cargo. Regresó a Australia en 2001 y fue destinada al Cuartel General  del Comando Terrestre como SO2 de Comunicaciones.

 En 2002, se desplegó en la Operación Citadel, la contribución de Australia a la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas a Timor Oriental , como J6, la oficial de estado mayor responsable de las comunicaciones. 

México avanza hacia una democracia paritaria, pese a los desafíos en el combate a la violencia política de género 

La consolidación de la reforma de 2020 enfrenta retos estructurales en el ámbito municipal y el entorno digital

Actualmente estamos en una etapa de transición crítica, sin una efectiva aplicación de mecanismos que den garantía a las mujeres 

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 15 de abril, 2026.- Un informe del INE sobre paridad y violencia política, fue difundido ayer, como un balance. Señala que a seis años de la publicación de la reforma contra la violencia política de género, el Estado mexicano, por conducto del Instituto Nacional Electoral (INE), se encuentra en una etapa de transición crítica: de la creación de normas de vanguardia hacia la implementación efectiva de mecanismos que garanticen a las mujeres una participación libre de agresiones. 

Este periodo ha permitido identificar escenarios y buenas prácticas, pero también ha expuesto la persistencia de conductas que obstaculizan la construcción de una democracia paritaria y segura para las mujeres. 

Bajo esta premisa, el mayor desafío actual reside en la sofisticación de las conductas violentas, en las que se advierte que la resistencia al avance político femenino ha generado nuevas formas de exclusión, las cuales trascienden el marco legal establecido, demandando una vigilancia institucional más estrecha en todos los niveles de competencia, particularmente en los entornos donde el escrutinio es menor. 

En este contexto, la apariencia de los partidos políticos aparece como una de las principales alertas, pues la práctica de registrar candidatas para cumplir formalmente con la paridad, para después presionarlas a renunciar en favor de suplentes varones, representa un retroceso que se busca erradicar mediante criterios de asignación y supervisión de mandatos que aseguren la permanencia de las mujeres en los cargos electos. 

Asimismo, la implementación de la denominada Ley 8 de 8 contra la Violencia se posiciona como el estándar ético indispensable para el servicio público, en virtud de que prohíbe el registro de candidaturas a personas con sentencias firmes por delitos que incluyen violencia familiar, delitos sexuales y morosidad alimentaria, al establecer un filtro riguroso para asegurar que quienes ocupen espacios de decisión cumplan con el requisito constitucional de un modo honesto de vivir. 

Más allá de los filtros de registro, se observa que la vulnerabilidad persiste en el ámbito municipal, donde la violencia se manifiesta no sólo en agresiones verbales, sino también en obstrucciones administrativas, como la retención de salarios y la exclusión de sesiones de cabildo, situaciones que requieren de una articulación más ágil entre las autoridades federales y los Organismos Públicos Locales para brindar oportunas medidas de protección. 

Por otro lado, la evolución tecnológica ha trasladado el conflicto al terreno digital y el uso de Inteligencia Artificial, ya que el despliegue de campañas de desprestigio automatizadas y la creación de contenidos falsos para dañar la reputación de las contendientes representan retos técnicos inéditos para la fiscalización y la aplicación de medidas cautelares y obligan a una actualización constante de los protocolos de atención y retiro de contenido. 

El fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género —que con corte a marzo de 2026, acumula un total de 476 registros que incluyen a 432 personas inscritas, 354 hombres y 78 mujeres— se ha consolidado como un referente mundial para transparentar el historial de los agresores. No obstante, para potenciar su alcance, es fundamental robustecer la interconectividad con los poderes judiciales estatales, asegurando la verificación en tiempo real de sentencias firmes que inhabiliten a quienes pretendan postularse bajo los ocho supuestos de la ley. 

Para concluir, el compromiso institucional se encamina a reducir la carga de la prueba para las víctimas y evitar procesos de revictimización durante las quejas. El objetivo central es transitar de una paridad meramente numérica a una disputa por el poder real, donde el costo de la participación política para una mujer no sea su integridad personal ni su tranquilidad, a fin de consolidar así un modelo de justicia electoral preventivo y reparador. 

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Las mujeres en los medios periodísticos: México en el GMMP 2025

El único tema en el que las mujeres aparecen en más del 60% de las notas es la violencia de género

Dorismilda Flores-Márquez

12 de abril de 2026

Para cerrar la trilogía de comentarios sobre el Global Media Monitoring Project / Proyecto de Monitoreo Mundial de Medios 2025, hoy me enfocaré en los resultados correspondientes a México. Como les contaba en los dos domingos más recientes, lo que hacen es, cada cinco años, recuperar y comparar las noticias de un día que, en este caso, fue el 6 de mayo de 2025. El proyecto global estuvo a cargo de WACC, la parte de Latinoamérica estuvo a cargo de CIMAC, mientras la parte de México fue co-coordinada por Etius, el Observatorio de Medios del ITESO, con el apoyo de ROM-CONEICC, la Red de Observatorios de Medios del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación.

Para el caso de México, se analizaron 966 notas periodísticas publicadas en 33 espacios informativos, entre periódicos, noticieros de radio y televisión, así como portales de internet.

En México, el tema con mayor espacio mediático fue la violencia, con el 26% del total de las notas. Sin embargo, la violencia de género apenas alcanza el 1% de las notas, pese a la gravedad del tema.

Las mujeres aparecen en el 32% de las noticias, exactamente igual que en el informe de 2020. Sin embargo, más allá de la cantidad, importa cómo. El único tema en el que las mujeres aparecen en más del 60% de las notas es la violencia de género. El tema en el que menos aparecen es el deporte. En cuanto a participación, las mujeres son consultadas como opinión popular en el 52% de las notas, o como voceras en el 42%, pero como expertas en el 34% y como sujetas en el 28%. Como señala el informe:

En temas políticos las mujeres no aportan su experiencia personal ni son referidas como testigas de los hechos. En la fuente de economía, ninguna mujer es consultada como experta. En los temas de salud y en la fuente deportiva, no figuran mujeres como fuentes de información. En los temas sociales, las mujeres no son voceras (p. 31).

Por otro lado, en cuanto a la presencia de mujeres periodistas, se mantiene el 46% que se había alcanzado desde 2020. Su trabajo abona a la representación de otras mujeres y grupos racializados, así como a la incorporación de temas clave, como la violencia de género. Esto coincide con los resultados globales y latinoamericanos.

Contando con los resultados en esos tres niveles, cuyos enlaces les comparto al final del texto, vale la pena reflexionar sobre por qué es importante que se equilibren las cosas en los medios. De entrada, no es un asunto sólo de números, sino de representación. Si las mujeres somos alrededor del 50% de la población y la tendencia, sobre todo con medidas afirmativas, es que ocupemos más espacios en las legislaturas, los gobiernos, los órganos judiciales, la empresa y más, lo lógico sería que en una proporción similar hubiera mujeres en los titulares, pero no ocurre así, más bien se sigue dando prioridad a lo que digan y hagan los hombres. Es cultural.

La cobertura de los temas, las acciones y la participación de las mujeres es importante para reconocer las aportaciones en vez de mantener los estereotipos que nos silenciar e invisibilizan. Además, se ha comprobado que la presencia de mujeres periodistas contribuye a un periodismo más plural.

Finalmente, recordemos que esta iniciativa de monitoreo está ligada a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de la Organización de las Naciones Unidas, que busca promover los derechos de las mujeres y que una de sus premisas ha sido que se requiere de la participación plena de las mujeres, en condiciones de igualdad, en todas las esferas de la sociedad, lo cual incluye los espacios de toma de decisiones.

Global Media Monitoring Project 2025 – México

Global Media Monitoring Project 2025 – América Latina

Global Media Monitoring Project 2025

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