La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, con estatus consultivo ante la OEA y ECOSOC, llaman a las autoridades a proteger a la defensora
Los ataques se dan en un contexto difícil para México
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 10 de abril, 2026.- La Red Solidaria Década Contra la Impunidad emitió una Acción Urgente en la que exige al Estado mexicano y a las autoridades del municipio de Coahuila y de Saltillo, garantizar de manera inmediata la seguridad e integridad física, psicológica y patrimonial de Jaqueline Campbell Dávila y emitir una comunicación pública rechazando los ataques en su contra.
La Acción Urgente ha sido promovida por actos de hostigamiento, difamación, amenaza implícita y violencia de género ejercida en contra de la defensora de Derechos Humanos y periodista.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad también pidió instruir a las autoridades municipales a responder formalmente las solicitudes de audiencia presentadas desde enero de 2026.
Ordenar una investigación independiente sobre la posible colusión entre funcionarios, operadores políticos y los actores que difundieron los contenidos difamatorios y revisar el litigio patrimonial en curso e investigar si constituye un acto de represalia contra la defensora.
La asociación civil con Estatus Consultivo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde 2009 y Estatus Consultivo Especial por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), desde 2021, hace en la Acción Urgente un recuento de los hechos que determinan los actos de violación a los derechos de Campbell.
Señalan que los días 3 y 4 de abril de 2026, período de Semana Santa, la defensora Campbell Dávila fue objeto de una campaña coordinada de difamación, desprestigio y ataques de género difundida a través de la red social Facebook.
Entre los ataques destacan acciones desacreditación directa de su trabajo como defensora y activista vecinal; agresiones personales con marcado contenido de violencia de género; difamación y desprestigio público.
El lenguaje utilizado coincide con otros ataques previos difundidos por un medio de comunicación presuntamente controlado financiera y editorialmente por el Gobierno del Estado de Coahuila.
Por ello, en la Acción Urgente se señala que, en el contexto estructural de impunidad, México cuenta con más de 132 mil personas desaparecidas, altos índices de feminicidio y zonas bajo control criminal.
La Relatora Especial de la ONU para Personas Defensoras, Andrea Bolaños, ha señalado que la región atraviesa “un momento en que las personas defensoras de derechos humanos se enfrentan a una presión sin precedentes y a un retroceso acelerado”.
Aunado a ello, Jackie Campbell enfrenta un litigio activo de más de cuatro años sobre su propiedad que aumenta su precariedad y exposición a represalias adicionales.
Las publicaciones agreden directamente su trabajo como activista vecinal en el Centro Histórico de Saltillo, Coahuila, donde encabeza una organización de vecinas y vecinos que exige al Ayuntamiento ser escuchada sobre el impacto de la proliferación de bares en una zona habitacional de alto valor patrimonial.
Sobre Jaqueline Campbell Dávila, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad expone que ella es defensora de derechos humanos con amplia trayectoria nacional e internacional, defiende mujeres víctimas de violencia vicaria, defendió en el caso Castaños, Coahuila, México, en julio de 2006, a mujeres que fueron víctimas de abuso sexual por parte de militares.
También ha defendido a personas privadas de su libertad y a comunidades indígenas, además de trabajar estrechamente con el obispo José Raúl Vera López. Actualmente, Jaqueline Campbell Dávila encabeza la protección del Centro Histórico de Saltillo y en la denuncia de irregularidades urbanísticas, administrativas y de corrupción en el municipio.
Esta labor comprende la organización y representación de vecinas y vecinos del Centro Histórico ante el Ayuntamiento de Saltillo; la denuncia de procesos de gentrificación, desplazamiento forzado de familias y destrucción del patrimonio histórico catalogado y la publicación de artículos de investigación sobre corruptelas relacionadas con la apropiación de propiedades en la zona centro.
Así como el ejercicio del derecho de petición ante el alcalde de Saltillo para obtener audiencia pública sobre el impacto de la proliferación de establecimientos de giro de bares en la zona habitacional del Centro Histórico.
16 de febrero de 2026, Jaqueline Campbell -en nombre de la organización vecinal solicitó por escrito una audiencia con el alcalde de Saltillo para abordar asuntos como el ruido desmedido y contaminación sonora generada por bares con decibeles fuera de norma.
Inseguridad, suciedad, tráfico, bloqueo de accesos residenciales, presencia de sustancias ilícitas y posibles conductas vinculadas a trata de personas; destrucción de patrimonio histórico catalogado o no catalogado, para instalar establecimientos comerciales y la falta de estacionamiento y mal estado de calles adyacentes.
El 3 de marzo de 2026 se amplió para señalar tres bares específicos y se hizo notar que, independientemente de si funcionarios municipales o sus asociados tuvieran interés económico en dichos establecimientos, la comunidad tiene pleno derecho a exigir su clausura por incumplimiento reglamentario.
A la fecha de emisión de esta acción urgente, la solicitud no ha recibido respuesta alguna, ni siquiera una negativa formal.
En la Acción Urgente, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad enumera seis normativas internacionales y nacionales que se violentaron en este nuevo ataque a Jackie Campbell:
Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (Declaración sobre Personas Defensoras, ONU, 1998), arts. 1, 2, 6 y 12.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), arts. 2, 6 y 7.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), arts. 1 y 2.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (México), arts. 6, 10 y 18 (violencia política y violencia digital).
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (México, 2012).
Directrices de la Unión Europea sobre Personas Defensoras de los Derechos Humanos (2008, revisadas 2019).
Las personas destinatarias que recibieron la Acción Urgente son la presidenta Claudia Sheinbaum; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos; Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres; Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Manolo Jiménez Salinas, Gobernador de Coahuila de Zaragoza; Oscar Pimentel González, secretario de Gobierno de Coahuila; Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado de Coahuila, y José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
Tras esta Acción Urgente se han pronunciado diversas organizaciones, entre ellas la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos que reconoce y respalda a Jackie Campbell, periodista y defensora de derechos humanos, integrante de nuestro Grupo Impulsor.
Los asesinatos de Leidy y Alexa ponen rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de la profundización de la política de despliegue militar
Pone a prueba a la fiscalía general de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación en su capacidad de garantizar una investigación diligente y un juicio justo,
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 10 de abril, 2026.- Tras 11 meses, 13 elementos del Ejército mexicano fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio de dos niñas de 11 y 7 años, Leidy y Alexa, así como por la tentativa de homicidio de una adolescente de 14 años, un adolescente de 12 y dos adultos, integrantes de una familia hechos ocurridos en Sinaloa.
El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de la política de despliegue militar, sin controles efectivos, en contextos de alta vulnerabilidad y violencia. También, es un reflejo de la necesidad de que, desde las más altas autoridades, se emitan mensajes claros de que este tipo de hechos no pueden volver a repetirse.
En un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, Centro Prodh, informó que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, fueron vinculados a proceso esta semana por el ataque a la familia, que se informó se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades.
El 6 de mayo de 2025, en la comunidad de La Cieneguilla, en el estado de Sinaloa, la familia transitaba en una camioneta por una carretera con dirección a la escuela. Al darse cuenta de que el camino estaba bloqueado, retornó hacia su casa, cuando sin previo aviso o justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército mexicano que circulaba en el otro carril abrió fuego en contra del vehículo en el que transitaban.
La familia de las dos niñas, desde el momento de los hechos, denunció el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza y han impulsado frente a las instituciones de procuración de justicia y jurisdiccionales –acompañadas por el Centro Prodh– que se tomen acciones para acceder a la justicia.
Cabe resaltar, que contrario a la demora en la justicia civil, la jurisdicción militar abrió una investigación paralela sobre los hechos, contrario a lo que dictan los estándares internacionales sobre la indebida extensión del fuero militar en casos de violaciones graves a derechos humanos –lo que actualmente se encuentra bajo litigio.
El 31 de marzo de 2026, las víctimas fueron notificadas de que se habían ejecutado diversas órdenes de aprehensión en contra de 13 elementos del Ejército Mexicano. Durante la audiencia las Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR presentaron diversos datos de prueba que acreditaban el uso letal de la fuerza de forma injustificada en contra de la familia, sin observar lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y estableciendo, adecuadamente, que se trató de una actuación dolosa.
Las defensas de los elementos –incluyendo una por parte la Defensa de Oficio Militar– entre otros argumentos destacó que los militares actuaron en un contexto de violencia en el estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo.
Dentro de la duplicidad del término constitucional, el Juez de Control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en los Mochis, dictó un auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura del dolo eventual.
Lo anterior, porque los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia, además de no actualizarse alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Los padres y madres de Leidy y Alexa estuvieron presentes en la audiencia y pudieron manifestar cómo este evento de uso arbitrario de la fuerza letal destruyó irreparablemente su proyecto de vida, así como su interés en que la justicia sea diligente y expedita.
La determinación conlleva nuevos retos por delante para que la FGR continúe fortaleciendo y perfeccionando la indagatoria en la siguiente etapa de investigación complementaria, y en tanto el Poder Judicial de la Federación debe llevar a cabo un proceso respetuoso de los derechos humanos, en el que demuestre su independencia en casos relacionados con Fuerzas Armadas.
La expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad.
Las familias continuarán denunciando y exigiendo justicia para estas dos niñas y para quienes han sido objeto de graves violaciones a derechos humanos derivadas de la profundización de la militarización, que se ha perpetuado a lo largo de las diversas administraciones.
Fue absuelta porque la Fiscalía no pudo comprobar ningún delito
IMDHD celebró su libertad, y aseguro que nadie debería ser acusado ni privado de su libertad sin pruebas.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 10 de abril, 2026.- El Tribunal Colegiado de Morelos absolvió a la activista Xóchitl Ramírez Velasco porque no se comprobó ningún delito.
La defensora de los derechos de las mujeres y las niñas en Morelos y Guerrero, durante más de dos años fue privada de su libertad, tras ser señalada como presunta responsable de un secuestro ocurrido en 2019, por la Fiscalía de esa entidad, cuando era el fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara.
El tribunal valoró de manera exhaustiva el caso y fue enfático: Xóchitl es inocente y la Fiscalía no logró acreditar ningún delito, luego de una audiencia que se llevó a cabo en los juzgados de Atlacholoaya en Xichitepec misma que se alargó 24 horas para conocer el fallo de las personas juzgadoras.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.(IMDHD) celebró su libertad, y recordó lo evidente. “Nunca debió ocurrir. Nadie debería ser acusado ni privado de su libertad sin pruebas.
La abogada Ximena Ugarte destacó durante la audiencia, que “se confirmó lo que siempre dijimos: no existían pruebas en su contra. Xóchitl pasó más de dos años en prisión preventiva injusta, en medio de un proceso marcado por irregularidades y fallas graves del sistema”.
“Este caso refleja cómo la prisión preventiva puede convertirse en un castigo anticipado, particularmente contra mujeres indígenas y defensoras de derechos humanos”.
La acusación en su contra se sostuvo durante años sobre elementos débiles y sin sustento suficiente. Durante el juicio oral han quedado en evidencia graves inconsistencias en la investigación, así como la ausencia de pruebas directas que acrediten su participación en los hechos.
Xóchitl Ramírez Velasco fue detenida el 3 de mayo de 2023, cuando era fiscal Uriel Carmona Gándara, en San Antón, Cuernavaca, acusada de estar involucrada en un secuestro ocurrido en 2019.
El acompañamiento del IMDHD demostró las fallas estructurales del sistema de justicia penal, ya que aportaron 11 testimonios que acreditan que Xóchitl se encontraba en distintos lugares los días 9, 10, 11 y 12 de marzo de 2019. Además de dictámenes periciales en informática, identificación humana, grafoscopía y psicología del testimonio.
Diversos juicios de amparo que permitieron, el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria en julio de 2025. También se admitieron todas las pruebas de la defensa, inicialmente excluidas por el tribunal.
Xóchitl Ramírez Velasco al salir de la audiencia comentó que el juez regañó a los agentes del Ministerio Público porque no hicieron ninguna investigación, violaron sus derechos sólo por el hecho de ser “una persona morena y robusta” como describió una de las víctimas del secuestro que se cometió en marzo de 2019.
Reconoció la labor de las abogadas del IMDHD y de otras defensoras. Dijo que aprendió mucho en la cárcel, porque hay muchas mujeres inocentes criminalizadas por haber tenido relación con alguien que estuvo involucrado en algún delito, por ser indígenas, por no tener quien las apoye y por falta de una buena defensa. Agregó que hay mujeres que llevan hasta cinco años esperando que sus expedientes sean llevados ante un juez y no las están defendiendo con perspectiva de género.
Xóchitl es originaria de Oaxaca, la intención de ayudar a las personas de su comunidad, particularmente a niñas y mujeres, provocó que se mudara a Tlamacazapa, una comunidad náhuatl en el municipio de Taxco, en Guerrero, donde conoció a la Organización Atzin Desarrollo Comunitario, A.C., que la apoyó a terminar sus estudios.
Tiempo después, Xóchitl consiguió una beca de estudios, y cuando terminó su carrera regresó a colaborar con Atzin para apoyar a las niñas, niños y mujeres de Tlamacazapa. Se mudó a Cuernavaca, Morelos.
Celebra Red Nacional de Defensoras de DH México
Con alegría, esperanza y dignidad la Red Defensoras de DH México recibió la noticia de la absolución de Xóchitl y señalaron que es ejemplo de la fuerza del acompañamiento colectivo y la importancia de la solidaridad organizada al reconocer el acompañamiento del IMDHD, así como la solidaridad y el compromiso de todas las personas, colectivas, organizaciones y comunidades que estuvieron cerca del proceso con Xóchitl.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México con 15 años de integrada es un tejido feminista que protege, acompaña y transforma, formada por 434 defensoras, 143 organizaciones, presentes en 27 estados y articuladas en cinco territorios.
Roberto Vizcaíno SemMéxico, Ciudad de México, 10 de abril, 2026.- Decía mi sagrada abuela que lo que mal comienza, mal termina.
Y -afortunadamente para la vapuleadísima y muy endeble, asediada democracia mexicana- eso ha ocurrido con el ya largo y muy engorroso y frustrado intento de Andrés Manuel López Obrador -heredado a su sucesora Claudia Sheinbaum- de imponernos una reforma electoral que destruiría libertades y la Democracia en México.
Este ya largo e insistente intento inició el martes 15 de junio de 2021 luego de que dos semanas antes, en las intermedias del domingo 6 de junio de 2021 Morena, PT y Verde no alcanzaron a obtener la mayoría de los diputados para realizar cambios constitucionales.
Ese martes 15 de junio de 2021, frustrado y muy molesto, AMLO anunció que presentaría una reforma electoral que buscaría -se sabría meses después-: eliminar el INE al pasar sus atribuciones a la Secretaría de Gobernación como existía en los 70 del siglo pasado; disminuiría de 11 a 9 el número de Consejeros los cuales surgirían del voto popular; lo mismo ocurriría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial y además disminuiría en dos tercios el gasto electoral, “porque el costo de las elecciones en México era el más alto en el mundo”, y eliminaría a 64 senadores pluris y a 200 diputados pluris, al tiempo que igual eliminaría a los organismos y tribunales electorales estatales porque al final de cada proceso todo se concentraba en los organismos federales.
Entre 2021 y 2024 presentó y tramitó sus planes A, B y C sin lograr sus objetivos unos porque fueron votados en contra en el Senado o en la Cámara de Diputados o porque la Suprema Corte se los echó abajo.
El 5 de febrero de 2024, previo al fin de su mandato, anunció una veintena de reformas constitucionales que incluía de nuevo una electoral.
Esta la heredó a su sucesora Claudia Sheinbaum quien no logró tampoco que el Congreso la aprobara.
Ayer, luego de 17 largas horas de un debate ríspido y lleno de injurias y hasta cuestiones personales entre los diputados de Morena, PT y Verde en alianza con MC, y los opositores PAN y PRI, poco después de las 3 de la madrugada se aprobaba el Plan B de la presidenta Sheinbaum.
De este Plan se eliminó -por presiones de su aliado el PT- a su paso por el Senado, el tema de la revocación de mandato que había sido incluido por Sheinbaum lo que le hubiera permitido hacer tres meses de campaña dentro del proceso electoral de 2027.
Sin lo de la Revocación el Plan B sólo limitará el número de regidores en los ayuntamientos, pondrá tope al presupuesto que pueden ejercer los Congresos estatales y obligará a los altos funcionarios electorales a bajarse el sueldo y renunciar a prestaciones.
Deja intocado todo lo que quería afectar López Obrador, es decir: completas las prerrogativas a partidos políticos, completas las bancadas pluris en Senado y Diputados, igual el número de consejeros del INE y de magistrados en el Trife y vigentes las Oples estatales.
Así el proceso intermedio de junio de 2027 correrá como estaba previsto para renovar 500 diputaciones federales -200 pluris y 300 de mayoría-; 18 gubernaturas, alcaldías en 30 estados y 31 nuevos Congresos locales, así como la segunda parte de los cargos del Poder Judicial pendientes.
El Plan B muy disminuido de Sheinbaum fue aprobado luego de las 3 de la madrugada de ayer por 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención.
Ahora falta que al menos 17 congresos estatales la ratifiquen.
Para reposicionar socialmente al ejercito
Luego de años de un maltrato propiciado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó no responder a injurias y agresiones de grupos delincuenciales vía organizaciones ciudadanas o de autodefensas, esta semana en Coahuila, estado en el que en 1913 surge el Ejército Constitucionalista, hoy Ejército Mexicano, se inauguró la exposición militar «La Gran Fuerza de México”, en el Centro de Convenciones de Torreón.
Una muestra que enaltece las tareas y responsabilidades de las Fuerzas Armadas y rescata su origen popular.
Esta exposición fue inaugurada por el gobernador priista Manolo Jiménez acompañado por el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, y el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda.
“La coordinación entre gobierno estatal y las fuerzas armadas no es una casualidad sino parte esencial de nuestra historia, no hay que olvidar que aquí en Coahuila nace en 1913 el Ejército Constitucionalista”, afirmo el mandatario estatal. Hoy este trabajo coordinado, agregó, hacen de Coahuila el segundo estado más seguro del país y el más seguro del norte de México
El general Fernando Colchado agradeció al gobernador Jiménez por hacer posible esta exposición que dijo, representa una oportunidad para con capacidades operativas, equipo y tecnología avanzada, adiestramiento de personal y las misiones orientadas a garantizar la seguridad nacional, estrechar los lazos entre la sociedad y las fuerzas armadas mexicanas.
Edgar González Martínez SemMéxico, Ciudad de México, 10 de abril, 2026.- El mundo debe prepararse para un «dolor económico inevitable”: FMI.
Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, FMI, advirtió que la IA podría afectar hasta el 60 por ciento de los empleos en economías avanzadas y que el mundo debe prepararse para un «dolor económico inevitable”, debido a los choques de oferta y la destrucción de infraestructura por la guerra. La jornada del jueves, estuvo marcada por gran fragilidad en el sentimiento de riesgo, donde la euforia diplomática chocó con la cruda realidad operativa en Oriente Medio.
La jornada comenzó con una revisión a la baja del PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre de 2025 al 0.5 por ciento, evidenciando una economía que se enfriaba justo antes de entrar en el conflicto actual, mientras que las solicitudes de desempleo subieron a 219,000, su nivel más alto desde febrero. Sin embargo, el centro de atención fue el mercado energético: Arabia Saudí confirmó ataques a instalaciones críticas, incluyendo el oleoducto este-oeste y las plantas de Manifa y Khurais, lo que ha retirado del mercado aproximadamente 1.3 millones de barriles diarios.
Esta interrupción de suministro ocurrió en paralelo con el discurso del Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien advirtió que la gestión del Estrecho de Ormuz entra en una «nueva fase», elevando el tono de represalia pese a las señales de optimismo de Donald Trump sobre un acuerdo inminente.
Al respecto, Alfredo Marentes, Analista de VT Markets, nos recuerda que la tensión en el Estrecho de Ormuz genera de manera inmediata una prima de riesgo sobre el precio del crudo. No es casualidad: por ese corredor estratégico -dijo- circula cerca del 20 por ciento del suministro petrolero mundial. Aun cuando no se produzca un cierre efectivo, la incertidumbre prolongada encarece los fletes, los seguros y las expectativas de abastecimiento, consolidando un piso de precios estructuralmente más elevado en el sector energético.
Pero los efectos no se detienen en el petróleo. El alza del gas natural, insumo esencial en la fabricación de fertilizantes nitrogenados, desencadena una reacción en cadena que suele subestimarse: mayores costos en fertilizantes se traducen en presión sobre la producción agrícola y, con ello, en un encarecimiento progresivo de los alimentos. El fenómeno se intensifica en sectores como la ganadería, cuya cadena productiva depende directamente de esos fertilizantes. El resultado es un traslado gradual de costos hacia el consumidor final que retroalimenta la inflación.
En América Latina, la exposición es notable, aunque varía según el país. México, a pesar de ser productor de petróleo, depende en gran medida del gas natural importado. El desenlace apunta a presiones inflacionarias, volatilidad cambiaria y mayor tensión fiscal, sobre todo si los gobiernos deciden recurrir a subsidios para amortiguar el impacto.
La experiencia reciente de Europa con incrementos de casi 70 por ciento en gas y 50 por ciento en petróleo, confirma que estos no son escenarios teóricos, sino eventos con consecuencias macroeconómicas inmediatas y de gran alcance. Frente a esa realidad, la respuesta para economías como Argentina, México y Perú no puede limitarse a la gestión reactiva. Se requieren estrategias anticipatorias: diversificación de fuentes de suministro, fortalecimiento de la matriz energética y mecanismos de cobertura que reduzcan la vulnerabilidad ante choques geopolíticos.
SemMéxico, Mérida, Yucatán, 08 de abril, 2026.-En México, hay muertos que siguen desaparecidos Algunas tragedias se viven en silencio. Y otras, aunque se cuenten, no terminan de asumirse. México lleva años intentando dimensionar el horror de sus desaparecidos. Las cifras han crecido hasta superar las ciento treinta mil personas. Hoy se discute cómo depurar el registro: clasificar, ordenar, distinguir entre casos con indicios suficientes y aquellos que no los tienen. Se habla de consistencia de datos, de metodologías, de depuración estadística. Pero mientras se ordenan las cifras, persiste una pregunta incómoda: ¿en dónde están? Y junto a ella, otra aún más perturbadora: ¿quiénes son los que ya están… pero no tienen nombre? Muertos sin nombre La crisis de las desapariciones tiene un espejo silencioso y estremecedor: la crisis forense. Hay decenas de miles de cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado. Se acumulan en servicios médicos forenses, en resguardos provisionales, en panteones ministeriales. Algunos permanecen en cámaras frigoríficas durante meses o años; otros han sido sepultados como “desconocidos”. Pero no sabemos con precisión cuántos son, dicen que 70 mil. No sabemos exactamente dónde están. Este desconocimiento no es un dato técnico. Es, en sí mismo, parte del problema. Porque revela que el país no sólo ha perdido a miles de personas. Ha perdido también la capacidad de reconocer a sus muertos. Hay algo profundamente perturbador en esta coexistencia. Por un lado, miles de familias buscan. Por otro, miles de cuerpos esperan. Unos no aparecen. Otros ya están… pero no han sido identificados. Entre ambos extremos se abre un vacío que no es administrativo. Es moral. Porque la desaparición no termina con la muerte. Termina —si es que lo logra— con la identificación. Mientras esto no suceda, la desaparición continúa. Se prolonga en la incertidumbre, en la espera, en la imposibilidad del duelo. Límites del lenguaje El Estado ha construido categorías jurídicas para entender el fenómeno: desaparición forzada, desaparición cometida por particulares. Son necesarias para investigar, para sancionar, para delimitar responsabilidades. Pero hay un punto en el que ese lenguaje deja de alcanzar. Para las familias, no hay tipologías. Hay ausencia. No importa quién se llevó a la persona. Importa que está desaparecida. Por eso inquieta la idea de depurar cifras a partir de “datos insuficientes”. Porque se corre el riesgo de convertir personas en folios y expedientes incompletos, y las desapariciones en números manejables, como los códigos de las marcas y los almacenes comerciales. Pero un expediente incompleto no es una vida inexistente o que se pueda borrar. Es más: puede ser una vida que se extinguió y un cuerpo que espera en la plancha de una morgue. Decisión, no sólo ciencia La crisis forense expone con crudeza los límites del Estado. Identificar un cuerpo mediante ADN es, en términos técnicos, un procedimiento conocido con certeza científica. Puede realizarse en días. Su costo es acotado. Los protocolos existen. Lo que falta no es ciencia. Es capacidad. Y sobre todo, decisión. México enfrenta un problema de escala: miles de cuerpos sin identificación, sistemas fragmentados, laboratorios insuficientes, bases de datos que no dialogan entre sí. El resultado es devastador: restos humanos que se acumulan; muestras que no se procesan; registros que no se cruzan. El Estado busca a los desaparecidos. Pero al mismo tiempo administra cadáveres sin nombre. La magnitud de ambos universos —el de los desaparecidos y el de los cuerpos sin identificar— no es distante. No son cifras equivalentes, pero su cercanía plantea una posibilidad inquietante: que una parte de quienes son buscados ya fue encontrada… sin ser reconocida. No es una afirmación. Es una pregunta. Y basta para entender la gravedad del problema. Ellas no se detienen En medio de este vacío, hay quienes no han dejado de buscar. Más de doscientos colectivos recorren el país. Están integrados, en su mayoría, por mujeres: madres, esposas, hermanas. Son ellas quienes han sostenido la búsqueda cuando las instituciones han sido insuficientes o se han dado por vencidas. Las mujeres buscadoras han tocado una y otra vez las puertas de los servicios forenses. Llegan con fotografías, con expedientes improvisados, son memoria viva. Y, muchas veces, con hallazgos: restos humanos que ellas mismas ayudaron a encontrar en entierros clandestinos. Pero del otro lado encuentran un muro. La burocracia administra la espera. Responde con trámites, con oficios, con turnos. Y, casi siempre, con la misma explicación: no hay presupuesto suficiente, no hay capacidad técnica. Así, lo que las familias encuentran en la tierra queda atrapado en el aparato del Estado. Y lo que podría convertirse en una respuesta vuelve a diluirse en la incertidumbre. Frente a esta realidad, la discusión no puede reducirse a la depuración de registros. Ordenar cifras es necesario. Pero no es suficiente. México necesita empezar a reconocer a sus muertos. Primer paso posible Esa decisión puede tomar forma concreta. Una Jornada Nacional de Identificación permitiría enfrentar el rezago forense: integrar una base nacional de ADN de familiares de personas desaparecidas; sistematizar registros; realizar cruces masivos de información genética y devolver identidad al mayor número posible de personas. Es técnicamente viable. Su costo, estimado entre 500 y 1,000 millones de pesos, cubriría la toma de muestras, el procesamiento en laboratorios especializados y la integración de bases de datos interoperables. Frente a la magnitud de la tragedia, es un costo ínfimo. Porque identificar a una persona no es un procedimiento técnico o estadístico. Es devolverle su nombre. Y, con ello, darle a alguien la posibilidad de dejar de buscar. Es “volverte a casa”, como le dijo Ceci Flores a los restos de su hijo. No hacerlo tiene consecuencias. Cada cuerpo sin identificar es una historia interrumpida. Cada registro incompleto es una búsqueda prolongada. Cada fosa sin trazabilidad es una forma de olvido institucionalizado. Y cada día que pasa sin resolver esta brecha amplía la distancia entre el Estado y la sociedad. Hay, además, otra dimensión que debería inquietarnos. La indiferencia ¿Cómo se normaliza que haya decenas de miles de personas desaparecidas? ¿Cómo se acepta que existan miles de cuerpos sin nombre bajo custodia pública? ¿Cómo se asume que no sepamos cuántos son ni dónde están con exactitud? La repetición de la tragedia ha generado resignación. Se empieza por tolerar la incertidumbre. Se termina por convivir con el horror como si fuera parte de un paisaje inevitable. Pero no lo es. Y no debería serlo. En un país que aspira a ser democrático, ninguna persona debería desaparecer sin dejar rastro. Y ningún cuerpo debería permanecer sin nombre. Esa es una línea básica de civilización. México no enfrenta solo una crisis de seguridad. Enfrenta una crisis de reconocimiento. No sabemos cuántos nos faltan. No sabemos cuántos ya están. Y lo más grave: estamos empezando a aceptar que esa incertidumbre es inevitable. Porque un país que no nombra a sus muertos no solo pierde a sus desaparecidos: aprende poco a poco, a convivir con lo intolerable.
dulcesauri@gmail.com Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
A pesar de mejora en atención y los servicios médicos en 2018, disminuyeron hasta en 70 por ciento para 2024
En esta edad se amplía la brecha laboral hasta 33.5 puntos porcentuales
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 8 de abril 2026.- El envejecimiento en México avanza con un aumento en la esperanza de vida (75 años promedio), pero enfrenta una alta carga de enfermedades crónicas como hipertensión (41.5%) y diabetes (25.5%) en personas mayores de 50 años, que aumentaron en 2024. A esta etapa se suman desafíos sociales como el abandono, la falta de seguridad económica, exclusión y violencia.
Por ejemplo la depresión, hasta con 5 o más síntomas caracteriza a hombres y mujeres mayores de 50 años y de más de 70 que ya no ven que su vida sea ideal; además las personas adultas mayores de 50 años, casi la cuarta de la población nacional, vive más pero con menos calidad de vida, más del 9 por ciento reportó tener limitaciones en sus actividades diarias.
La alarma es que : 41.5 por ciento de 32 millones de más de 50 años , padecen hipertensión y 25.5 por ciento diabetes. Más mujeres que hombres. En la mayoría de las categorías analizadas son más mujeres que hombres las que sufren los estragos de la vejez.
En cuanto a la depresión o insatisfacción con las vida, aparecen porcentajes mayores en las mujeres adultas, que en los hombres. Y queda claro que a partir de los 50 años, hombres y mujeres sufren caídas recurrentes.
A pesar de que había mejorado la atención y los servicios médicos en 2018, éstos disminuyeron hasta en 70 por ciento para 2024.
Estas son las revelaciones de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México, ENASEM del INEGI que fueron conocidas este 8 de abril.
De toda la población mexicana 52.8% son mujeres y 47.2% hombres. El grupo de 50 a 59 años es el que concentra la mayor proporción dentro de este rango. El 41.5% de este grupo sufre de hipertensión y el 25.5% padece diabetes.
Cabe destacar que esta cifra de 32 millones engloba a la población de 50 años o más (que incluye a adultos mayores de 60 años), reflejando un acelerado proceso de envejecimiento demográfico en el país.
Los datos duros
De los 32 millones de personas de más de 50 años que había en el país en 2024, casi 17 millones son mayores de 50 años.
En 2012, 16.0% de las personas de 50 a 59 años tenía diabetes y aumentó a 28.1% en 2024, cuando tenían entre 62 y 71 años. En 2024 las mujeres presentaron la mayor prevalencia en hipertensión.
Las mujeres de 60 años y más presentaron la mayor prevalencia de diagnóstico de hipertensión, esta fue de 56.2 %, mientras que en el caso de los hombres de 50 a 59 años fue de 26.6 por ciento. El mayor incremento sucedió en los hombres de 60 años y más, con 4.9 puntos porcentuales en comparación con 2012. (En los hombres, el aumento fue de 35.7 a 40.6 %, del 2012 al 2024).
En 2024, con diagnóstico de diabetes 28.8 % correspondió a mujeres y 21.8 %, a hombres. Entre 2012 y 2024 aumentó la prevalencia de diabetes tanto en mujeres como en hombres y en ambos grupos de edad. En el grupo de 50 a 59 años, la prevalencia creció de 19.7 a 27.6 % en mujeres y de 14.5 a 17.7 % en hombres.
Síntomas depresivos descendió en mujeres
En 2024, se registró una disminución en los síntomas depresivos entre la población de 50 años y más. En las mujeres, cuya prevalencia ha sido históricamente mayor que entre los hombres, el porcentaje con cinco o más síntomas descendió de 41.2 en 2012 a 33.1 en 2024. En los hombres, estos valores se situaron en 17.1 % para 2024, tras haberse mantenido en 21.5 % para 2012 y en 21.9 % para 2018. Los datos de 2024 confirman que, en ambos sexos, la presencia de cinco o más síntomas depresivos incrementó conforme a la edad. El mayor aumento se presentó en el grupo de 80 años y más para los hombres: este fue 13.3 puntos porcentuales más alto en relación con las edades de 50 a 59.
En 2024, las enfermedades más comunes, después de hipertensión y diabetes, fueron artritis (13.7 % en mujeres y 5.3 % en hombres) y los problemas cardiacos (6.1 y 5.8 %, respectivamente).
Asimismo en 2024, 38.5 % de personas de 50 años y más sufrió alguna caída en los últimos dos años: 43.7 % correspondió a mujeres y 32.7 %, a hombres. En 2024, de las personas que sufrieron alguna caída en los últimos dos años, en el caso de mujeres, 83.2 % no tuvo fractura, 2.2 % sufrió fractura de cadera y 14.7 % se fracturó otros huesos. En el caso de los hombres, 85.7 % se cayó sin fractura; 2.4 %, con fractura de cadera; y 11.9 % sufrió caída con fractura de otros huesos.
Conforme al autorreporte de peso y talla, en 2024, con respecto a 2012 y 2018, aumentó la población de 50 años y más con obesidad. En el caso de las mujeres incrementó 6.6 puntos porcentuales de 2012 a 2024; en los hombres el aumento fue de 4.1 puntos.
En 2024, la mayoría de las personas adultas realizó algún tipo de cuidados preventivos para su salud. En todos los tipos de cuidados, el porcentaje de mujeres que los realizaron fue mayor que el de los hombres. El cuidado preventivo más común fue prueba de hipertensión, con 70.4 % para mujeres y 57.0 % para hombres. Siguieron prueba para diabetes (68.8 y 55.9 %, respectivamente) y vacunación contra influenza (con 64.8 % para mujeres y 60.0 % para hombres).
Acceso a servicios de salud
El acceso a servicios de salud en las personas de 50 años y más aumentó 3.2 puntos porcentuales de 2012 a 2018. Para 2024, el acceso declarado directamente disminuyó a 70.5 por ciento. Al incorporar el reconocimiento de acceso, el porcentaje ascendió a 89.8, lo que correspondería al crecimiento que se observó en las ediciones anteriores.
Al considerar el tipo de institución o fuente del acceso a los servicios médicos de las personas, la mayor parte se concentró en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La cobertura de esta institución fue mayor para las mujeres (50.8 %) que para los hombres (48.2 %). De igual manera, el porcentaje de mujeres (13.7 %) superó al de hombres (12.5 %) en relación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La mayor diferencia entre mujeres y hombres se observó en el reconocimiento de acceso a instituciones públicas de salud (18.6 % frente a 24.9 %).
En cuidados preventivos, en 2024, 79.3 % del total de personas de 50 años y más asistió a algún tipo de servicio de salud en los últimos 12 meses: 84.8 % correspondió a mujeres y 73.0 %, a hombres. De manera generalizada, las mujeres usaron más los distintos tipos de servicios de salud en comparación con los hombres. Visita al médico fue el servicio más frecuente, con 76.4 % entre mujeres y 63.3 % en hombres. Siguió visita al dentista: las mujeres asistieron más que los hombres, con una diferencia de 11.2 puntos porcentuales
Según grupos de edad, visita al médico fue el servicio más utilizado. Este incrementó de manera gradual conforme avanzó la edad: pasó de 65.1 % en el grupo de 50 a 59 años a 77.4 % en el de personas de 80 años y más. En cambio, visita al dentista presentó un comportamiento inverso: este disminuyó conforme aumentó la edad: pasó de 41.7 % en el grupo de 50 a 59 años a 23.3 % en el de 80 años y más
Aumentaron las mujeres en condición de viudez.
En 2012, el porcentaje de personas viudas de 50 a 59 años fue de 5.6. Para 2024 incrementó 10.5 puntos porcentuales y se ubicó en 16.1 %, cuando ya tenían entre 62 y 71 años. Este crecimiento con respecto a la situación de viudez fue mayor en el caso de las mujeres que en el de los hombres (14.8 y 4.7 puntos porcentuales, respectivamente). La misma situación se presentó en las personas de 60 a 69 años en 2012. El porcentaje de mujeres viudas pasó de 21.7 a 42.8 en 2024. Para los hombres, pasó de 4.4 a 14.8 %, cuando tenían entre 72 y 81 años
De acuerdo con el estado conyugal de las personas de 50 años y más, 68.0 % era casada o estaba en unión libre; 15.4 % era viuda; 9.4 % dijo estar separada o divorciada; y 7.2 %, soltera. Según sexo, la cantidad de hombres casados o unidos fue 20.4 puntos porcentuales mayor que el de mujeres. (78.8 % hombres, 58.4 % mujeres).
Amplia brecha laboral
Entre 2012 y 2024, la participación en el trabajo remunerado de los hombres de 50 años y más se mantuvo (más de 60.0 %). La participación de las mujeres registró un aumento de 3.8 puntos porcentuales al pasar de 26.1 a 29.9 % en el mismo periodo. No obstante, la brecha fue amplia en 2024: la proporción de hombres que trabajaban superó al de las mujeres por 33.5 puntos porcentuales: 29.9 mujeres y hombres 63.4. En trabajo doméstico del hogar 47.2 % las mujeres y los hombres apenas un 1.8 %
Escolaridad
Entre 2018 y 2024 se identificó un incremento en la escolaridad de las personas de 50 años y más, tanto para mujeres como para hombres. No obstante, las brechas de género persistieron. En 2024 fue mayor el porcentaje de mujeres sin escolaridad (11.5) con respecto al de hombres (8.0). Además, la cifra de mujeres con algún grado de media superior o más fue 8.6 puntos porcentuales menor al comparar con el dato de hombres: 17.7 % mujeres y en hombres 26.3 % .Donde las mujeres tuvieron mayor escolaridad respecto a los hombres fue en algún grado de secundaria con 27.6 % mujeres y 24.9 % hombres.
Cuidado y el uso del tiempo
En 2024, 35.0% de las personas de 50 años y más cuidaba a menores de 12 años o a personas adultas enfermas o con alguna discapacidad. Para las mujeres el porcentaje fue 43.8 y para los hombres, 25.1.
Además, las actividades que realizan las personas de 50 años y más mostraron cambios en el tiempo. En 2024, 84.6 % participó en actividades relacionadas con la comunicación digital, hablar por teléfono, enviar mensajes o usar internet. Asimismo, ver televisión aún es una de las actividades más frecuentes entre personas adultas, aunque presentó un descenso de 6.1 puntos porcentuales en 2024 con respecto a 2012. Actividades como leer libros o revistas, hacer crucigramas y realizar mantenimiento en el hogar también mostraron altos niveles de participación, aunque con variaciones en los años que se observaron.
Actividades de la vida diaria
De las personas de más de 50 años, 9.3% tenía al menos una limitación para realizar actividades de la vida diaria, como hacer compras, preparar alimentos o manejar su dinero.
La limitación para realizar actividades básicas, entre las personas de 50 años y más, presentó mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres, con un incremento generalizado de 2018 a 2024. Tanto en mujeres como hombres, las mayores dificultades en 2024 se registraron en acostarse o levantarse de la cama (9.8 y 6.1 %, respectivamente) y en caminar (8.1 y 5.4 %, respectivamente).
En 2024, 9.3 % de las personas de 50 años y más afirmó tener al menos una limitación para realizar actividades instrumentales de vida diaria, como hacer compras, preparar alimentos, manejar el dinero, entre otras. Para las mujeres el porcentaje fue 12.4 y para los hombres, 5.8 Entre 2018 y 2024, la mayor diferencia se observó en hacer las compras o ir al mercado: las mujeres pasaron de 7.9 a 10.3 %; y los hombres, de 3.6 a 4.2 por ciento. También un ligero incremento para las mujeres en preparar una comida caliente. En el resto de las actividades se mantuvieron datos similares.
Consumo de tabaco y alcohol
En 2024, 11.6 % de las personas de 50 años y más fumaba. Con el paso de los años disminuyó la prevalencia de personas fumadoras. Para las mujeres, la cifra pasó de 7.6 % en 2012 a 5.0 % en 2024. Por otro lado, en el grupo de los hombres, quienes presentaron los mayores porcentajes en el periodo, asimismo hubo una reducción gradual (de 20.6 % en 2012 a 19.0 % en 2024).
El consumo de tabaco fue mayor en hombres que en mujeres, independientemente del grupo de edad. Entre las mujeres, los niveles fueron bajos y disminuyeron ligeramente conforme incrementó la edad (de 4.7 a 3.6 %). En los hombres, el mayor porcentaje de fumadores se presentó en el grupo de 50 a 59 años (24.2 %) y disminuyó progresivamente hasta 5.2 % para personas de 80 años y más.
En lo que respecta al consumo de alcohol, 29.8 % de las personas de 50 años y más declaró que actualmente consume bebidas alcohólicas. Con el paso de los años, los hombres registraron porcentajes más altos que las mujeres. Además, entre 2012 y 2024, el consumo incrementó de 39.4 a 46.0 %, respectivamente. En el caso de las mujeres, el aumento fue de 13.9 % en 2012 a 15.3 % en 2024.
Satisfacción con la vida
Las personas de 50 años y más mostraron altos niveles de satisfacción con la vida, con prevalencias ligeramente más altas para los hombres en las distintas frases indagatorias. Más de 80 % de las personas dijo sentir satisfacción con su vida y haber conseguido cosas importantes en la vida. Un porcentaje menor calificó sus condiciones de vida como excelentes y no cambiarían casi nada de su vida, y 7 de cada 10 mujeres y hombres en estas edades dijeron que su vida está cercana al ideal.
Al analizar la frase mi vida está cerca del ideal, según grupos de edad y sexo, se identificó que, en 2024, el grupo de 50 a 59 años registró el porcentaje más bajo de población que estuvo de acuerdo. En el total de la población, el nivel aumentó conforme avanzó la edad, al pasar de 73.6 % en el grupo de 50 a 59 años a 79.5 % entre quienes tenían de 70 a 79 años, con una ligera disminución en el grupo de 80 años y más (77.6 %). Según sexo, las mujeres presentaron los porcentajes más bajos en todos los grupos de edad, especialmente en el de 80 años y más.
SemMéxico. Cd. de México. 8 de abril 2026.- Un programa piloto para la reclamación de los derechos humanos en la industria automotriz, que reunió a empresas automovilísticas alemanas y organizaciones de la sociedad civil de México y Alemania dio como resultado que se sensibilizarán a más de 100 mil personas trabajadoras en 15 estados de la república sobre sus derechos laborales fundamentales.
Aunque no se concretó su continuación se aceptaron 17 denuncias, que se agruparon en diez casos, siete de los cuales se resolvieron, por lo que el concepto de un mecanismo de reclamación interempresarial demostró su eficacia en la práctica.
Su objetivo era facilitar el acceso a la reparación de quejas de violación a derechos laborales más allá de las empresas y las complejas cadenas de valor globales.
La experiencia ha proporcionado lecciones concretas y transferibles para el diseño de futuros sistemas de reclamación que busquen centrarse en las personas trabajadoras, ser operativamente eficaces y resistentes en entornos políticos adversos.
Permitió identificar factores como fortalecer la autonomía operativa, asegurar financiamiento sostenible, integrar actores locales, abordar simetrías de poder y generar incentivos claros para las empresas.
Se identificaron aspectos como una gobernanza compleja, falta de claridad en roles, limitada transferencia empresarial y escasa integración en contextos locales.
Se concluye que estos mecanismos tienen potencial para fortalecer la rendición de cuentas empresarial, siempre que sean resilientes, inclusivos y centrados en los derechos humanos.
El proyecto piloto del Mecanismo de Reclamación de Derechos Humanos (MRDH) extrae lecciones para futuros sistemas de reclamación con múltiples partes interesadas. El MRDH se creó en un contexto de creciente impulso internacional a favor de la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y la ampliación de la responsabilidad empresarial más allá de los proveedores de primer nivel.
Se reconoce que no se comunicó de manera convincente el valor añadido del mecanismo en comparación con otras vías disponibles, como la resolución de conflictos a través de los sindicatos y los procesos relacionados con el T-MEC. Esto fue especialmente relevante en el ámbito sindical, donde persistían las dudas sobre cómo el MRDH podía complementar de manera significativa los mecanismos existentes en lugar de duplicarlos o competir con ellos.
Durante la última década, México ha emprendido ambiciosas reformas de la legislación laboral con el objetivo de desmantelar la protección de empleadores, reforzar la libertad de asociación y promover el sindicalismo democrático. Estas reformas están estrechamente vinculadas a los compromisos de México en el marco del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC/ USMCA/CUSMA), que introdujo herramientas como el Mecanismo de Respuesta Rápida Laboral (RRM), que permite adoptar medidas relacionadas con el comercio, como la prohibición de importar productos de una fábrica específica o la imposición de aranceles punitivos en casos de violación de los derechos laborales colectivos.
El MRDH llegó a su fin en un contexto de retroceso político y disminución de la intención de poner en práctica la responsabilidad corporativa en Alemania y Europa, agravado por una participación insuficientemente proactiva de los actores corporativos, así como por importantes debilidades estructurales en el diseño institucional y la compleja gobernanza del mecanismo.
El proyecto piloto reunió a empresas automovilísticas alemanas (BMW, Mercedes-Benz, ZF1 ), organizaciones de la sociedad civil de México y Alemania (ProDESC, Fundación Avina, Centro de Empresas y Derechos Humanos, INKOTA, Germanwatch y WEED) y un sindicato alemán (IG Metall), y otros actores para comprobar si un mecanismo interempresarial multiactor de reclamación podía complementar las obligaciones de debida diligencia empresarial y ayudar a subsanar las deficiencias en materia de reparación para las personas trabajadoras y las comunidades.
Exigen que se cumpla de forma inmediata el amparo y que termine la criminalización del pueblo mazateco. Amparo definitivo, un hito en la lucha por la libre determinación de los pueblos originarios.
Redacción SemMéxico, Oaxaca, 8 de abril de 2026.- Un amparo definitivo contra las 200 órdenes de aprehensión emitidas ilegalmente contra 50 personas defensoras de la autonomía y del territorio fue anunciado hoy por la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, cuyos integrantes calificaron este hecho como “un acto de justicia que marca un hito en la lucha por la libre determinación de los pueblos originarios”.
En conferencia de prensa, esta mañana Argelia Betanzos, una de las voceras y defensora, demandó el cumplimiento inmediato del amparo definitivo, por lo que solicitó que la Segunda Sala Penal de Oaxaca cancele las órdenes de aprehensión contra las 50 personas mazatecas.
También pidieron el cese de la criminalización, por lo que llamaron a la Fiscalía General de Oaxaca a desistirse de todas las acusaciones restantes, tras la rotunda demostración de la fabricación de delitos.
Reiteraron la exigencia de “destitución” de la diputada Elisa Zepeda y que se detenga la complicidad del gobernador Salomón Jara en las violaciones a los derechos humanos de la comunidad.
Asimismo, advirtieron que no descansarán hasta que todas y todos sus integrantes estén totalmente libres, recordando que «Eloxochitlán no es del cacique Manuel Zepeda ni de los gobernadores de Oaxaca», sino de sus habitantes y de sus ancestros.
«Hemos logrado ganar, luchando desde el corazón, desde las calles y desde la solidaridad. No vamos a descansar hasta que estemos totalmente libres». Agradecieron la representación jurídica del Instituto Federal de la Defensoría Pública, un derecho que las mujeres mazatecas ganaron en el año 2022, tras establecer un plantón de dos años y medio y demostrar ante las autoridades federales la serie de violaciones al debido proceso y la fabricación de delitos.
Por ello, Betanzos sostuvo que el amparo directo que ganaron se celebra con mucha alegría, ya que han enfrentado una década de persecución y fabricación de delitos.
Esta victoria jurídica ocurre tras más de diez años de recrudecimiento de la persecución política. El 31 de marzo de 2025, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca libró estas órdenes de aprehensión vinculadas al expediente 16/2016, ignorando al menos nueve resoluciones previas que ya habían establecido la inexistencia de los delitos imputados.
Señalan que la comunidad y observadores de derechos humanos han identificado que el trasfondo de esta criminalización es el saqueo de los recursos naturales, específicamente la extracción ilegal de piedra y arena del río por parte del cacique Manuel Zepeda, padre de la ya dos veces diputada morenista y exsecretaria de la Mujer, Elisa Zepeda Lagunas, en el gobierno de Salomón Jara Cruz, “quien lleva saqueando el río durante los mismos años de la persecución contra la comunidad”.
El amparo directo los absuelve de acusaciones que incluían robo calificado e incendio, las cuales han sido expuestas por expertos legales como logísticamente irracionales e imposibles. Del análisis lógico y racional se concluye que es físicamente imposible para un grupo de personas sustraer más de 2.7 toneladas de mercancía (incluyendo más de una tonelada de lácteos y granos) sin certeza de cómo fueron transportadas o almacenadas en un lapso de 80 minutos, para luego, supuestamente, incendiar distintos lugares y además cometer otros delitos de alto impacto.
Betanzos explicó que, para las familias de Eloxochitlán, esta persecución no ha sido solo legal, sino un intento de etnocidio y una «tortura psicológica» constante. Señaló: «Comemos, vivimos pensando en el caso… es una tortura psicológica. Ya es una línea intencional [del gobierno] para el saqueo de nuestro territorio; la idea no es exclusiva de Elisa, es del gobierno, porque ellos le pagan… se coluden para la compra de voluntades tanto de autoridades como de las comunidades de la región».
En su testimonio, la maestra Eusebia señaló: «Nos ven como estorbos, quieren que dejemos todo y nos vayamos. Somos estorbos para ellos y por eso nos están torturando ya más de 10 años… pero se equivocaron, porque teniendo a nuestros familiares, ¿poco nos íbamos a quedar con los brazos cruzados?».
Fernando Gavito apuntó: «Desde hace 12 años venimos arrastrando esta situación… el propio gobernador nada más se hace tonto… utilizan nuestros recursos para hacernos daño». Por su parte, el profesor Jaime relató: «Este es un caso inédito, pasa a la historia de la persecución irracional contra una comunidad».
El amparo ganado: el fin de la mentira jurídica
La resolución del juicio 941/2025, emitida por la jueza Sexta de Distrito de Boca del Río, Veracruz, Alba Lorena Barrales Oviedo, ha concedido la protección de la justicia federal al reconocer que las órdenes de aprehensión carecían de sustento, al establecer que la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca culpó a las y los mazatecos sin lograr demostrar que realmente existieran los delitos que la Fiscalía consignó.
Esta decisión es congruente con la reciente sentencia histórica a favor del antropólogo Miguel Peralta, donde se demostró que los señalamientos en su contra eran genéricos, vagos y carentes de fiabilidad probatoria. Los magistrados federales han confirmado que no se pueden sostener condenas basadas en relatos inverosímiles, testimonios contradictorios y en la falta de individualización de las conductas.
Llamó a la presidenta de la República y a la Secretaria de la Mujer a transformar de fondo esta situación” que a 8 millones de trabajadoras en México
El amparo que logró, es una esperanza para todas las mujeres, piensa que no hay que callarse
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 8 de abril, 2026.- Víctima de acoso laboral, despido y amenazas por pedir protección Alejandra Soriano Ruíz, ex jefa de la Unidad de Género del Instituto Mexicano del Seguro Social, logró un amparo para que los tribunales laborales emitan una nueva sentencia contra ese instituto, tras 4 años de batalla en juzgados y muchas audiencias para que se cumpla con la perspectiva de género.
La sentencia del Tribunal Laboral, se resolvió en su contra. Así que fue por el amparo, y lo ganó.
Alejandra sostiene que la protección a las trabajadoras contra el acoso laboral, el abuso sexual y la discriminación, no son atendidas, ni siquiera se salvan las responsables de las Unidades de Género, porque en el gobierno federal nadie las protege, por ello “llamo a la presidenta de la Republica y a la Secretaria de la Mujer a transformar de fondo esta situación” que según INEGI afecta a 8 millones de trabajadoras en México.
“Lo que me pasó, fue terrible, por eso acudí -en 2022- al órgano interno y al comité de ética del IMSS para denunciar a mi jefe, y no pasó nada, una y otra vez el agresor fue absuelto, protegido por las autoridades, liberado de toda responsabilidad. He vivido 4 años de desgate físico, emocional y psicológico”.
El acuerdo para rehacer la sentencia, con un amparo para la víctima fue concedido por la magistrada Lluvia Jasmín Ávila Villegas, el 2º. Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, que para Alejandra es una “esperanza” para todas las mujeres,
“Yo me sostuve porque soy feminista, porque he tenido recursos económicos para sostener la denuncia, ha contado con una red familiar y de amistades. Ahora pienso que esta tozudez mía, puede servir a todas las mujeres acosadas que deben denunciar y continuar”.
Similar, con el agravante de abuso sexual por su jefe, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNdH, es el caso de Gabriela Ramírez Hernández, quien sufrió el desaire institucional, ya pasaron 12 años, y el responsable sigue impune.
En el caso de Alejandra, la resolución del 2º. Tribunal no incluye el fondo del asunto, el acoso mismo y sus consecuencias individuales y colectivas, solamente obliga a emitir una nueva sentencia conforme a los parámetros constitucionales y convencionales, considerando que no se aplicó la perspectiva de género en el proceso, ni en la investigación, denuncia que fue desairada por el IMSS, en los tribunales laborales, tampoco se consideraron las pruebas, por ser mujer.
La denuncia por acoso laboral que hizo como funcionaria en 2022 , a los órganos creados para protegerla, no tuvo consecuencias a su favor, pero sí en su contra, “ fui la despedida, rechazada, acosada y revictimizada. Al acosador no sólo lo protegieron sino que voltearon en mi contra incluso a mis colaboradoras en la Unidad”.
Desde entonces se quedó sin empleo y empezó su batalla por la justicia. Hoy declara que continuará trabajando por la justicia por muchas compañeras. A raíz de que habló de su caso en Redes Sociales le han llamado trabajadoras del IMSS que viven las mismas circunstancias, una de ellas en el IMSS de Chiapas, donde ahora vive.
“Me tomé mucho tiempo porque no estaba preparada, tuve que acudir a terapia, me sostuve por mi red familiar, el apoyo de mi abogada y muchas amigas y amigos que me dieron ánimo, pero muchas mujeres no cuentan con ello”
De acuerdo con el INEGI, apenas unas 600 denuncias se hacen cada año por acoso laboral que según la Red de Mujeres Sindicalistas afecta a 8 millones de trabajadoras. Estos acosos sucede en todas las instituciones públicas, es la causa principal por la que, anualmente más de 66,000 mujeres renuncian a sus empleos. Se estima que una de cada cuatro mujeres que trabajan ha sido víctima de violencia o acoso laboral, a menudo de tipo sexual, señala la Red.
Alejandra se sostuvo, “creí que quedaría impune el IMSS y el acosador, pensé en algún momento que no valía la pena seguir, si no nos creen, si no nos escuchan” y esto afirma, sucede incluso a las responsables de las Unidades de Género del gobierno, con quienes, contó, se reunía periódicamente cuando fue asignada a esa responsabilidad en 2021. Narra que vivió un año terrible, su jefe administrativo no dejó de presionarla durante meses, de descalificar su trabajo e intimidarla.
“En las reuniones mis colegas contaban cosas similares, terribles que les sucedía a ellas, que les siguen sucediendo, sin que la secretaría o la institución donde trabajamos nos proteja”,
Alejandra se fue de la ciudad de México, luego que la había nombrado y llamada a laborar en el IMSS su director general y paisano Zoe Robledo Aburto, quien ante los hechos no le creyó, ni la apoyó. Incluso la cambió de dependencia. Ella no se calló, en aquel entonces contó cómo se sintió decepcionada por lo que se regresó Chiapas, su estado natal.
Cuatro años después se inicia la segunda batalla, ir al fondo del asunto que es el acoso laboral que vivió. La revisión de la sentencia que emitió el Tribunal Laboral que exculpó a su ex jefe JorgeX en 2019 titular de la Unidad de Asuntos Consultivos y Atención a Órganos Fiscalizadores de la Dirección Jurídica del IMSS y posteriormente coordinador normativo de esa Unidad, como si nada sigue siendo funcionario directivo del Instituto. Hoy en la judicatura, como si nada.
Todo el juicio ha sido sostenido económicamente por Alejandra Soriano Ruíz, quien ahora estará en el proceso de una nueva sentencia, pero afirma que lo hace mucho más fortalecida, porque piensa en todas las demás mujeres en su circunstancia. Explicó que no se respeta la NOM-035-STPS-2018 creada para prevenir riesgos psicosociales y violencia en los centros de trabajo. Y dará la batalla para que los órganos de control interno funcionen. Lo hará desde varias organizaciones feminista de las que forma parte de diversos como la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE), 50 más uno y Pacto de Sororidad, entre otros.
¿Por qué internamente no se actúa?
Según Gabriela Ramírez Hernández, quien hizo una denuncia por acoso y abuso sexual hace casi 13 años, quien ha hecho una investigación sobre denunciar en el servicio público, afirma que en México, denunciar acoso u hostigamiento laboral y sexual dentro del servicio público no es un mecanismo de justicia. Es, en muchos casos, una exposición innecesaria al daño.
Las cifras oficiales dicen que en la Administración Pública Federal se registran entre 300 y 600 denuncias al año, en 2021, pero esos números no hablan de la realidad. Hablan de lo que logra sobrevivir al miedo, denunciar, dentro del Estado, sigue siendo una apuesta riesgosa.
La simulación institucional
Las instancias encargadas de atender estos casos —oficialías mayores, órganos internos de control, comités de ética— operan bajo una lógica de simulación. Simulan investigar. Simulan proteger.
¿Qué pasa cuando comparas con el sistema penal?
El registro más sólido y público sobre delitos sexuales en México no está en los órganos internos de control, sino en el sistema penal nacional, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Ahí se reportan denuncias formales por delitos, no por faltas administrativas. En la administración pública federal se registran 300–600 denuncias administrativas al año por hostigamiento o acoso sexual o laboral. El reconocimiento administrativo no alimenta automáticamente el proceso penal. La denuncia penal no necesariamente activa mecanismos internos de protección. Hasta ahora los órganos internos procesan casos como faltas administrativas, mientras el sistema penal los procesa como delitos. Pero no existe una articulación efectiva entre ambos.
Entonces ocurre esto: Una institución puede sancionar administrativamente. Pero eso no se traduce en justicia penal. Y tampoco garantiza reparación para la víctima. Por ello ante un asunto de acoso, se recurre a tribunales de justicia, como hizo Gabriela y también Alejandra.
“Que la propia institución acepte que hubo este tipo de conductas no determina el camino de la vía penal.”
Cuando cruzas los datos, queda claro que:
• La violencia es mucho más extendida de lo que muestran las cifras administrativas.
• El Estado no está capturando ni procesando adecuadamente estos casos.
• Y las víctimas quedan atrapadas entre sistemas que no dialogan.
Una lectura más incómoda (pero honesta). Si hay decenas de miles de denuncias penales por violencia sexual al año, pero solo unos cientos de denuncias internas en la administración pública, eso no habla de menos violencia en el gobierno. Habla de miedo, silencio y desconfianza institucional.
Respuestas Institucionales en este gobierno:
En 2026, la respuesta al acoso laboral generó algunas reforma, incluyendo cambios en la Ley Federal del Trabajo (LFT) publicados el 15 de enero de 2026, enfocados en la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género. Se han endurecido las obligaciones patronales para prevenir y sancionar el hostigamiento y la violencia laboral.
Reformas Legales (2026): Se reformaron diversas leyes, incluyendo la LFT y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para prevenir, sancionar y erradicar el hostigamiento y acoso, especialmente hacia mujeres.
Responsabilidad Patronal: Los empleadores deben implementar protocolos, capacitar al personal y realizar diagnósticos de riesgos psicosociales según la NOM-035 para prevenir el acoso.
Violencia Laboral como Falta Grave: Los proyectos de reforma buscan reconocer nuevas formas de acoso, incluyendo el ciberacoso, y establecer la responsabilidad patronal de reparar el daño. Además, se dictaminó el hostigamiento sexual laboral como una falta administrativa grave.
Contexto de Género: El acoso laboral y sexual persiste como una forma de violencia de género, afectando el desarrollo profesional de las mujeres. En 2026, el Senado aprobó reformas para erradicar el acoso laboral contra mujeres.
Dónde Denunciar: Las víctimas pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET
* El trabajo se realiza en coordinación de Oaxaca y el diputado Zeferino García Jerónimo
* Se trató de un viaje de trabajo con la comunidad migrante
Redacción
SemMéxico, Oaxaca, 8 de abril, 2026.- Tras la difusión de fotografías tomadas en el aeropuerto de Los Angeles, California, la diputada Tania Caballero Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena, aclaró que fue un viaje de trabajo y aseguró que se reunió con la comunidad migrante oaxaqueña para fortalecer acciones conjuntas que permitan generar mayores beneficios para este sector de la población,
En entrevista con diversos medios de comunicación, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado señaló que durante su estancia, que tuvo una duración de tres días, se reunió con el presidente de la Comisión Permanente de Migración y Asuntos Internacionales de la LXVI Legislatura, diputado migrante Zeferino García Jerónimo, a fin de diseñar un plan de trabajo para la atención de las y los oaxaqueños radicados en el país del norte.
“Se trató de un viaje de trabajo con la comunidad migrante para atender sus necesidades y buscar mayores beneficios para este sector de la población. No fue una salida secreta, aprovechamos estos días de descanso sin descuidar nuestras responsabilidades legislativas, ya que en ningún momento faltamos a los trabajos del Congreso”, indicó la legisladora por el Distrito V, con cabecera en Asunción Nochixtlán.
Destacó que estas acciones forman parte de una agenda conjunta que se impulsa en coordinación con el Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, con quien se ha venido trabajando desde el año pasado en favor de la comunidad migrante en Los Ángeles, ciudad que concentra una de las poblaciones de oaxaqueñas y oaxaqueños más numerosas con alrededor de 180 mil personas.
Asimismo, informó que como parte del seguimiento a esta agenda de trabajo, se tiene previsto realizar un segundo viaje a finales del mes de mayo, con el propósito de dar continuidad a los acuerdos y fortalecer los vínculos institucionales con las y los oaxaqueños en el exterior.
La diputada enfatizó que este viaje no se realizó con recursos del Congreso del Estado, y desmintió categóricamente la información que ha circulado en torno al uso indebido de recursos públicos. Subrayó que actualmente el Poder Legislativo ya no cuenta con privilegios como vuelos privados, hospedajes de lujo o apoyos económicos discrecionales, por lo que calificó como falsa cualquier versión en ese sentido.
Funciona la violencia política del patriarcado sin OSC ni prensa independiente
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 8 de abril 2026.- Se estima que alrededor de 400 mil mujeres feministas nicaragüenses viven en el exilio por alzar la voz contra la dictadura de Daniel Ortega, muchas de ellas porque al salir por cualquier situación del país, ya no se les permitió la entrada, y otras por seguridad. Se estima en 800 mil las personas en el exilio por seguridad. Existen tres presas políticas de las cuales no se sabe su paradero.
En una charla con la periodista Sara Lovera López en el Podcast “Feminismo desde Cero” de la Organización Editorial Mexicana (OEM), Vanessa y Violeta que están en algún lugar, relatan cómo es la vida de una mujer en la dictadura en pleno siglo XXI donde las mujeres carecen de derechos por un dictador patriarcal que accedió al poder por un mito de heroísmo de izquierda, violador de su hijastra y que modificó la Constitución en 2025 para simular una equidad en el poder al nombrarse junto a su esposa Rosario Murillo que era vicepresidenta, copresidentes de Nicaragua.
Invitadas por el Comité Mexicano por la democracia y las Libertades en Nicaragua que trabajan en México, Violeta precisa que gran parte del movimiento feminista está en el exilio después del estallido social de abril de 2018 cuya violenta represión dio como resultados medio millar de asesinados, centenares de personas en el exilio. El cierre de más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil incluidas las feministas. Allanamiento a las oficinas, procesos judiciales, estigmatización y desvinculación de las organizaciones feministas de cualquier esfuerzo institucional en la lucha de los derechos de las mujeres, el cierre de las Comisarías de la Mujer. La salida del liderazgo feminista del país, incluye el haber arrebatado la nacionalidad a 300 nicaragüenses entre las que hay feministas.
Actualmente realizan una campaña desde el exilio para la localización de tres presas políticas de las cuales no se sabe su paradero porque lo ha ocultado el régimen, pero también hacen campaña para las mujeres trabajadoras públicas que reciben chantaje si quieren conservar su trabajo. “Sabemos que la dictadura también realiza persecución transnacional”.
El ataque a las organizaciones feminista comienza desde que acuerparon a Zoilamérica Narváez cuando hizo pública en mayo de 1998 una denuncia formal contra su padrastro Daniel Ortega acusándolo de abuso sexual, violación y hostigamiento desde que ella tenía 9 años. Las cuotas de poder de Rosario Murillo tienen que ver con este ataque sexual, señalan.
Detallan que en su momento la denuncia fue un terremoto, pero no es ajeno al mundo que los cuerpos de las mujeres se vuelven objeto de negociación. Tiene que ver con las cuotas de poder de Rosario Murillo. Hoy en Nicaragua hay un Rey y una Reyna para lo cual se reformó la Constitución en 2025.
Escucha el pod cast de la Lovera:
La denuncia se hizo en 1998, la investigación judicial no prosperó debido a que Daniel Ortega gozaba de inmunidad parlamentaria, la cual fue ratificada por la Asamblea Nacional de Nicaragua en ese entonces, archivando el caso. Zoilamerica Narváez enfrentó una fuerte persecución política y mediática por parte del gobierno de Ortega. Posteriormente, se exilió en Costa Rica.
Mencionan que la persecución es un componente misógino de la estructura del estado, además de las campañas de desprestigio a las organizaciones feministas, que incluye insultos de los medios oficiales, no existe una prensa independiente desde 2019.
También existe otro tipo de persecución a las poblaciones indígenas y las campesinas. En el caso de las indígenas miskistas son desplazadas de su territorio por grupos de colonos con el aval de la dictadura, que son personas que manejan armas que funcionan como grupos paramilitares. Las barreras lingüísticas afectan a las mujeres que tienen que exiliarse en Costa Rica porque no hablan español. También hay persecución a mujeres trans, las encierran con los hombres.
Señalan que las voces más beligerantes han sido las feministas que advierten al mundo del mito de la izquierda de los 80s en el que se arropa la dictadura, que incluyo llego a encarcelar a líderes sandinistas como en el caso del general Hugo Torres Jiménez preso por órdenes de Daniel Ortega en junio de 2021 y que falleció a los 73 años, tras más de dos meses en que la dictadura mantuvo oculto su paradero. Torres era el único ex guerrillero sobreviviente que participó en las dos operaciones militares más emblemáticas efectuadas por el FSLN en la lucha contra la dictadura de Somoza. Se trata de la toma de la casa de José María Castillo, conocido como “Chema” Castillo en 1974.
Las feministas en el exilio siguen dando la lucha piden respaldo fuerte para el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, que ha solicitado diversas acciones tanto al Gobierno de Nicaragua como a la comunidad internacional debido a las graves violaciones documentadas desde abril de 2018.
Estas son: Cese a la represión contra opositores, periodistas, defensoras de derechos humanos tanto dentro como fuera del país.
Restablecimiento de libertades, como garantizar la seguridad, la libertad de expresión, la autonomía universitaria y revertir el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil. Liberación de presos y presas políticas.
Nota: La entrevista se llevó a cabo el 6 de marzo, el 8 de marzo en El Día Internacional de la Mujer como hace siete años, las mujeres exiliadas se manifestaron en Ciudad de México, en San José, Costa Rica y en Madrid, Barcelona denunciando la violación de los derechos humanos en su país.
Entre el “síndrome del preso” y el exilio, Magdalena Alonso, Marcela de Jesús Natalia y Teresa Montaño encarnan la cara más cruda del periodismo en México: el desplazamiento forzado. Mientras el Estado maquilla las cifras bajo el eufemismo de “refugios temporales”, las comunicadoras enfrentan una muerte social que busca silenciar sus investigaciones sobre corrupción y violencia, dejando a sus familias fracturadas y sus hogares en el abandono
Este reportaje forma parte del proyecto Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México
Texto e imágenes: Patricia Monreal / Regia de Tres
SemMéxico, Cd. de México, 8 de abril, 2026.- “Dios mío, me están matando, ¡ayúdame!”, pensó Marcela al sentir quemar su piel por el fuego del arma que pretendía arrancarle la vida. Era sábado y cumplía 54 años. Fue la última vez que estuvo en cabina transmitiendo para su raza Ñomndaa; fue la última vez que pisó su tierra: Guerrero.
Marcela de Jesús Natalia es una periodista desplazada desde 2017. Forma parte de los cientos de comunicadores que han tenido que huir de sus territorios en México a causa de la violencia. En un país que carece de estadísticas oficiales precisas sobre la magnitud del desplazamiento, la realidad de las mujeres periodistas es invisibilizada por el Estado rebasado y carente de políticas públicas integrales.
El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) y Aluna Psicosocial, advierten en el estudio Personas y comunidades defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México que el desplazamiento forzado interno forzado es cada vez más común, y de la falta de instrumentos oficiales que impiden dimensionar cuántas han sido obligadas a abandonar su lugar de origen.
Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), explica que este fenómeno tiene más de 15 años. No comenzó con los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez en 2017, sino que tuvo uno de sus primeros focos en Veracruz hacia 2010 “cuando la violencia generó oleadas de comunicadores que huyeron en grupo”. Luego se sumó Morelos, y desde entonces, estados como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo se acumulan en la lista de zonas de alto riesgo.
“Cuando hablamos de la violencia estructural en México debemos preguntarnos qué causas llevan a las periodistas a abandonar su labor y cuál de ellas podría implicar mayores costos políticos para el Estado Mexicano en términos de atención. Sin duda, una de las principales tiene que ver con el desplazamiento”, apunta Adriana Ramírez Vanegas, del área de seguridad y protección de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
La activista coordinó los trabajos del diagnóstico Dejar Todo, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) sobre mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México y de las obligaciones del Estado en materia de atención, prevención y protección, presentado en 2022.
Ella subraya que el desplazamiento forzado es una de las grandes deudas en acceso a la justicia y reparación del daño, así como una omisión en la creación de una ruta institucional de atención, ya que implica la salida no planeada de periodistas que huyen por violencia. No es una decisión propia, ni por oportunidades, sino una situación forzada por supervivencia.
Marcela, marcada por la resistencia
La historia de Marcela de Jesús es un compendio de violencias: por ser indígena, por ser mujer, por ser activista y por ser periodista. Pese a ello, a sus 62 años, su palabra es cálida; abraza y conforta, como si buscara sacudirse el dolor acumulado.
Desde niña enfrentó la discriminación contra su pueblo Ñomndaa, del que se siente orgullosa. A los ocho años, al saber que su familia planeaba casarla, huyó de su comunidad, Los Lirios, municipio de Xochistlahuaca, para poder estudiar. “En 1972 fui la única niña del lugar que escapó para terminar la primaria”, comenta al ubicar que, con esa acción, inició su labor como activista y defensora. La decisión le costó el rechazo de su madre, quien debido a los usos y costumbres de su comunidad la consideró una deshonra.
Su labor periodística la inició en 1994 en la XEJAM, La Voz de la Costa Chica, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Su voz en lengua ñomndaa tuvo un impacto inmediato en su natal Guerrero, hasta donde llegaba la señal. “Escuchar nuestro idioma en un medio de comunicación y sobre todo yo siendo mujer, fue impactante. Tuve mucha audiencia porque no había otro medio donde se hablara nuestro idioma”. A los pocos meses, al visitar su tierra, fue recibida como una celebridad, con danza y fiesta. Sin embargo, su labor incomodó a los poderosos.
Marcela de Jesús Natalia, periodista, activista y defensora, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero | Imagen: Patricia Monreal
La cárcel como mordaza
El 8 de marzo de 1998, Día Internacional de la Mujer, Marcela fue detenida arbitrariamente junto con uno de sus hijos, entonces menor de edad. Ambos fueron torturados uno frente al otro, ella recibió una sentencia de 40 años en prisión por delitos fabricados, incluyendo homicidio. Fue trasladada al Centro Penitenciario de Villa de Etla para dificultar su localización, ahí permaneció tres años y cinco días.
“La persecución judicial es una de las formas de violencia para silenciar periodistas”, señala Sara Mendiola Landeros, directora de Propuesta Cívica, asociación que da acompañamiento a personas defensoras y periodistas en riesgo. “Antes era el daño moral por la vía civil; ahora se recurre al derecho penal, con acusaciones como terrorismo, delincuencia organizada o fraude, e incluso se crean nuevos delitos en las leyes, como el de ciberasedio”, lo que según la experta, es una crisis que amenaza el derecho a informar.
Con apoyo de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Marcela fue absuelta el 13 de marzo de 2001. Lo primero que hizo fue buscar al hijo que habían detenido con ella y ya se encontraba en libertad, él casi se desmaya al verla, pensó que su madre se había escapado de prisión. Luego buscó a sus hijos menores y enfrentó su rechazo ya que su padre les había dicho que ella los abandonó. “Mendigue muchos años su cariño, es la fecha en que todavía no hay buena relación”, confiesa.
Adriana Ramírez, de Serapaz, refiere que las mujeres periodistas, siempre anteponen a su familia, y generalmente se sienten culpables. “Muchas de las relaciones sobre todo con sus parejas, son puestas ahí, en un tema de desplazamiento, porque además, si hay violencia de pareja por ejemplo, eso se viene a reflejar en el desplazamiento, se agudiza”.
Estas contradicciones, que va teniendo la sostenibilidad de la vida de las periodistas desplazadas se ponen en juego, y derivan en que la violencia se vaya incrementando, remarca la activista.
El atentado: “Fue por informar a mi raza”
Tras recuperar su libertad, Marcela regresó a Guerrero en 2003 y se integró al Sistema de Radio y Televisión del Estado, primero como honoraria, luego escaló hasta ocupar la gerencia de la Radio, de donde salió tiempo después debido a presiones ejercidas por afectar intereses de poder que existían en el lugar.
Hizo activismo en Xochistlahuaca, en donde la división en su pueblo crecía. “Como defensora siempre de mi raza, me opuse y empecé a apoyar las escuelas paralelas, les decía que no era justo, que podíamos tener diferencias ideológicas los adultos, pero era cruel que a los niños se les pintara una uña para ver quién pasaba a desayunar y quién no; eso era inhumano”.
Tras dejar la gerencia de la Radio, recobró su espacio de locución, de 5 a 9 de la mañana, hasta que llegó el 3 de junio de 2017. Al salir del trabajo, un sicario le disparó en tres ocasiones.
“La primera bala iba a mi frente; metí la mano, entró y salió por mi muñeca derecha. La segunda bala me despedazó la mandíbula. El chico me dio el tiro de gracia en la sien derecha, pero falló. La bala entró rozando mi cerebro y me destruyó el oído derecho”, narra con una calma sobrecogedora.
Desde entonces vive desplazada. En el hospital, incluso escuchó a un médico conspirar por teléfono para “acabarla en el quirófano”. Marcela sostiene que una política de su municipio pagó 50 mil pesos por su asesinato. Gracias a la presión de sus colegas periodistas y a un traslado de emergencia al Estado de México, logró sobrevivir.
Hoy Marcela duerme tranquila porque sabe que su “pecado” fue garantizar el derecho de su pueblo a estar informado. Sin embargo, las cifras no ceden: desde el año 2000 a la fecha, más de 176 comunicadores han sido asesinados en México, una docena son mujeres, dejando tras de sí una estela de exilios invisibles y justicia pendiente, según la organización Artículo 19.
Magdalena, síndrome del preso
Acostada sobre la cama del refugio que le proveyó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Magdalena Alonso Ríos pasa hasta ocho horas viendo el techo, perdida en la impotencia de no sentirse libre. “Esta soledad no está bien; es forzada. Estoy en una casa que nunca se calienta, siempre tengo frío. He dado hasta diez mil pasos dentro, tengo el síndrome del preso: me la paso caminando de un lado a otro”, se duele.
Tras 35 años de ejercer el periodismo en Zitácuaro, Michoacán, Magdalena tuvo que dejarlo todo el 16 de marzo de 2022, un día después del asesinato de Armando Linares, director de Monitor Michoacán. Entre lágrimas dio la noticia en Al Aire Zitácuaro, su noticiero que estaba por cumplir 17 años, jamás imaginó que sería su última transmisión.
Ese día supo que la buscaban; dos hombres en motocicleta preguntaban por ella. Los retratos hablados coincidían con los agresores de Linares. Apoyada por el Colectivo #NiUnoMás Michoacán, presentó su denuncia y le otorgaron protección.
La llamada de Alejandro Encinas, entonces Subsecretario de Derechos Humanos fue definitiva: “Usted es foco rojo. Al Gobierno de México no le conviene otro periodista muerto en Zitácuaro”.
Al día siguiente fueron por ella, apenas alcanzó a abrazar a su hija para despedirse. “Pensé que podían no ser quienes decían; no pedí identificaciones y, diabética, empecé a sentirme mal. En la carretera creí que me matarían, pero solo dijeron que no podían hablar conmigo y que podían detenerse si lo pedía. No quise parar. Tras horas de noche y miedo, finalmente llegué”.
Al refugio arribó en estado de shock, se repetía que no había hecho nada malo y que en sus noticias siempre evitó mencionar grupos delictivos o nombres. Era su cumpleaños, amaneció con los ojos hinchados y sin agua ni para un café.
Hoy, a cuatro años de aquel destierro, Magdalena es una cifra invisible: el Estado aún no la reconoce legalmente como “periodista desplazada”.
Natalia, periodista, activista y defensora, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero | Imagen: Patricia Monreal
Lo que no se nombra, no existe
La SEGOB no cuenta con cifras sobre periodistas en condición de desplazamiento, ejemplo de ello, es la respuesta a la solicitud de información que para este trabajo le fue formulada: “Se comunica que luego de una búsqueda con criterio amplio en todos los archivos físicos y electrónicos que conforman la Dirección General de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no se encontró información relacionada con lo expuesto”.
Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, denuncia que el Mecanismo de Protección usa el término “refugio temporal” de forma maliciosa: “Ellos han querido minimizar esta problemática porque no quieren reconocer el problema. Hay que recordar que lo que no se nombra, no existe, y entonces se ha querido hacer este jugueteo de palabras para invisibilizar la gravedad de que están desplazando periodistas de sus regiones y para minimizar también la responsabilidad que recae sobre la institución”.
Entre 2014 y octubre de 2025, 247 periodistas han estado sujetos a la medida de refugio. Aunque las cifras oficiales muestran un descenso en 2024 y 2025, las organizaciones alertan que esto no se debe a una baja en la violencia, sino a una mayor resistencia institucional para otorgar protección.
Mendiola señala que el desplazamiento es desgarrador: de un día a otro deben dejar familia, trabajo y entorno para mudarse a estados desconocidos y hostiles. En este contexto, la Ciudad de México se volvió principal refugio para defensores y periodistas, considerada “ciudad refugio” por ofrecer mayor seguridad frente a la violencia en entidades como Guerrero, Tamaulipas o Michoacán.
El Mecanismo rara vez gestionó desplazamientos de forma adecuada, explica Mendiola: los refugios tenían malas condiciones y fallas de seguridad, incluso intrusiones y robos. Los periodistas no contaban con la protección suficiente, lo que agrava el daño psicoemocional y los obligaba a vivir en precariedad, evidenciando la debilidad institucional.
Magdalena agradece el refugio al que de inicio se resistía. Acepta que la sacaron del riesgo que enfrentaba y le dieron apoyo, pero con el tiempo se sintió juzgada: “No me siento protegida, me siento acusada”.
En reuniones de evaluación del Mecanismo minimizaron el robo de las cámaras de seguridad que hubo en la casa de su hija que permanece viviendo en Zitácuaro, le dijeron que no podían hacer nada porque no era periodista. “Me molesté mucho, pegué en la mesa y les dije que se nota que no saben lo que es tener cerca al crimen organizado, les dije que lo ocurrido significa que, como no me encuentran a mí, me están diciendo que saben dónde está ella”.
En vísperas de cumplir cuatro años desplazada, teme que le sean retiradas las medidas de protección, pese a que las condiciones de riesgo que las propiciaron sigan vigentes.
Teresa, la palabra que no calla
Era verano y la lluvia caía inclemente sobre Toluca, Estado de México, cuando Teresa vio acercarse un vehículo que pensó era el taxi que estaba esperando; se apresuró a subir para evitar empaparse con el chubasco. Pronto se dio cuenta del error involuntario: dentro del automóvil viajaban tres hombres que iban por ella.
Teresa Montaño Delgado nunca planeó ser periodista. Por una situación familiar a los 21 años, con la preparatoria terminada, comenzó a trabajar como asistente de una comunicadora de sociales, con el tiempo se profesionalizó: hizo la licenciatura, realizó una maestría y tomó diversos cursos de especialización. Se enganchó al periodismo, le apasionó y hoy suma más de 30 años ejerciéndolo.
Para ella, el desplazamiento fue la única opción tras sobrevivir a un secuestro en Toluca en agosto de 2021. Fundadora de The Observer, Teresa apostó por el periodismo de investigación en un Estado de México acostumbrado a la línea oficialista.
Su labor le costó sufrir en carne propia una realidad común en México, las autoridades son las grandes violentadoras de los derechos de periodistas. La estadística del Mecanismo así lo demuestra: de 905 agresores detectados entre 2012 y octubre de 2025, 371 (40.99%), eran servidores públicos; 289, particulares (31.93%); y 245, personas no identificadas (27.07%).
En su informe Las Formas del Asedio, violencia contra las mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) da cuenta “de 1,189 casos de agresiones contra mujeres periodistas –un incremento del 117% respecto al periodo de Enrique Peña Nieto-, lo que representa un patrón sostenido de hostilidad institucional y sociopolítica”.
Adriana Ramírez Vanegas recuerda que al documentar en CIMAC las causas del desplazamiento, veían que había una impunidad total.
“Era una impunidad rodeada de una serie de desatenciones frente a agresiones que se habían prolongado durante mucho tiempo; es decir, la mayoría de las periodistas que salen lo hacen porque ya enfrentan una cadena de violencias extremas que incluso involucran atentados directos contra su vida e integridad. Y aunque muchas veces presentaban denuncias y hablaban públicamente de estas agresiones, no había respuesta”.
Lo vivido por Teresa da cuenta de ello. Tras publicar investigaciones sobre corrupción y contratos millonarios de renta de autos por el Gobierno del Estado de México, fue despedida de El Heraldo de México, donde laboraba como corresponsal. Tiempo después descubrió que una de las empresas involucradas pertenecía al mismo grupo del diario.
Siguió con su labor en The Observer, hasta el 13 de agosto de 2021. Ese día tenía una cita médica en el centro de Toluca alrededor de las cuatro de la tarde, poco después vino su secuestro que se prolongó por horas que le parecieron eternas. La liberaron cerca de la medianoche.
Con los ojos vendados, escuchaba a sus captores insistir en que era reportera; ella lo negaba y decía ser contadora y maestra, intentando explicar los documentos y fotos en su teléfono. Mientras el auto daba vueltas bajo la lluvia, la interrogaron y vaciaron sus tarjetas en cajeros, incluida la que usaba para administrar The Observer. Fueron por su auto y la amenazaron con matar a su hijo si estaba en casa, por eso al saber que no había nadie sintió alivio.
Su preocupación se centró entonces en las cajas con documentos de sus investigaciones y de The Observer que ahí tenía; hoy se sorprende al recordar su apremio por preservar esos papeles, y de cómo les pedía a sus captores que le dejaran algunos. Escuchaba cómo revisaban y movían todo; prometieron dejar las cajas, pero no fue así, una desapareció y la otra quedó vacía, con folders regados por el suelo.
Más tarde, una nueva angustia le sobrevino cuando, una vez más en marcha, sintió que salían de la ciudad; encañonada pensó que la asesinarían, finalmente, la abandonaron en un municipio cercano a Toluca. Cuando se quitó la venda, lo primero que hizo fue checar si con ella habían dejado las cajas con sus documentos, pero no había nada.
Caminó entre calles y milpas hasta llegar a un centro comercial en San Mateo Atenco. Pidió un teléfono prestado para avisarle a su hija que la habían secuestrado y liberado. Luego vino la impunidad: la ministerio público que le asignaron tres presentar su denuncia, intentó fabricar culpables y ella exigió una investigación real.
Su caso nunca fue registrado en las cifras de ataques a la prensa por el Gobierno del Estado de México, borrándola como periodista y víctima de la estadística oficial.
La decisión de desplazarse fue casi inmediata, salió hacia España con una beca que le proveyó RSF por tres meses, luego prolongó su estadía en ese país a invitación de la organización La Taula per Mèxic. Por un tiempo retornó a su hogar, pero se vio nuevamente obligada a salir, actualmente permanece en Alemania.
Teresa Montaño Delgado, periodista exiliada del Estado de México | Imagen: Patricia Monreal
“Siempre hemos manejado dos conceptos: desplazamiento y exilio”, señala Balvina Flores, de RSF. Explica que al inicio los periodistas no solo se desplazaban dentro del país, sino que se exiliaban; los primeros casos fueron de Veracruz y Morelos, la mayoría se fue a Estados Unidos, algunos obtuvieron permiso humanitario y aún permanecen allá, otros fueron a Canadá.
A pesar de la violencia que las atraviesa, la determinación de continuar con su labor, persiste en la mayoría de las periodistas desplazadas
Adriana Ramírez, destaca que el desplazamiento de las periodistas no es solo movilidad forzada, sino una forma de represión política contra el periodismo mexicano. Agrega que además de tener una marca de género, el fenómeno implica un ataque a la libertad de expresión, pues busca silenciar su trabajo. “En el 70% de los casos acompañados por CIMAC, el origen estaba en investigaciones sobre corrupción, transparencia y vínculos con el crimen organizado, así como en graves violaciones a derechos humanos”.
De ahí que muchas periodistas no solo informaban: acompañaban procesos de justicia y se volvían actoras clave; al desplazarlas, no solo se acallaba su voz, sino también los procesos que impulsaban. El efecto de acuerdo con la activista, era multiplicador: silenciar a una periodista significaba silenciar comunidades enteras y borrar temas de la agenda pública.
El desplazamiento entonces sostiene, no solo refleja violencia estructural; implica perder el derecho ciudadano a la información y evidencia patrones con consecuencias personales, políticas y para la libertad de expresión.
Desde el exilio, Teresa retomó la investigación sobre contratos de empresas fachada que detonó su salida; contó con el apoyo de la red Forbidden Stories, que en 2023 armó un equipo para verificar y fortalecer su trabajo durante cuatro meses. El reportaje se publicó en The Guardian, El País, y en medios nacionales en vísperas de la elección por la gubernatura mexiquense. Para ella fue una reivindicación profesional.
El día de la elección en que ganó la morenista Delfina Gómez Álvarez, en el Instituto Electoral del Estado se le impidió el acceso al área de prensa, mientras en el aire, un dron empezó a seguirla. Después se suscitaron otros episodios de violencia: policías municipales acudían a preguntar a sus vecinos sus horarios, pretendiendo ingresar a su casa.
En noviembre de 2023, el jefe de prensa de Morena en el Congreso del Estado, a quien ella conocía, le marcó por teléfono: “En la plática me dijo, ‘oye, tú tienes un hijo, ¿no?’, ¿qué edad tiene?’, en ese tiempo tenía 23 creo, y me contestó: ‘ah, ya está en edad de que le pase algo, ¿verdad?’, así me dijo, y le colgué”.
Una vez más tuvo que huir, aunque no fue la única, también lo hicieron sus dos hijos; hoy los tres viven en lugares distintos. Desde Europa, Teresa asume con mayor claridad su condición de periodista desplazada y bajo riesgo.
El costo de la “muerte social”
Marcela de Jesús Natalia, Magdalena Alonso y Teresa Montaño sueñan con volver a su lugar de origen para retomar la vida que construyeron y seguir ejerciendo el periodismo. En las tres, pesa la conciencia de saber que las condiciones para el retorno no están dadas, que no hay certeza de que lo puedan hacer, y de que sus proyectos de vida tomaron rutas dolorosas que jamás imaginaron.
Sara Mendiola y Balvina Flores coinciden en la necesidad de una política integral para atender el desplazamiento interno forzado: prevención, protección durante el desplazamiento y planes de retorno, el mayor reto tras salvaguardar la vida.
En términos políticos, al Estado Mexicano le cuesta más un periodista asesinado o desaparecido, pero en términos económicos, el costo mayor es de uno desplazado.
Adriana Ramírez lo explica con base a los cálculos que en su momento realizaron en CIMAC. Apunta que mantener un año a una periodista desplazada costaría en promedio, 1.2 millones de pesos anuales, una inversión que el Estado prefiere omitir.
“Muchas periodistas desplazadas viven una crisis profunda: les cuesta asumirse víctimas, enfrentan culpa, depresión y pérdida de autonomía”. Subraya Ramírez que el desplazamiento implica una muerte social. Busca silenciar su pluma y romper su autonomía.
Mientras el Estado Mexicano siga nombrando “estancias temporales” a los que son exilios forzados, la justicia seguirá siendo una promesa rota para quienes, como Teresa, aún se preguntan si vale la pena decir la verdad. Su respuesta, pese a todo, sigue siendo sí.
Eufrosina Cruz Mendoza advierte que la falta de sanciones mantiene prácticas como el matrimonio infantil y el abuso sexual de niñas bajo el argumento de “usos y costumbres”. / Foto: Romina Solís/ El Sol de México
La activista reprochó que en el país mejor se castigue tener una mascota exótica que obligar a una niña a casarse con un hombre de 60 años a quien ni conoce
Roxana González
SemMéxico/El Sol de México, Cd. de México, 8 de abril, 2026.- “De nada sirve la prohibición de matrimonios infantiles en México o la cohabitación forzada si no hay una sanción para quienes los permitan y los fomenten”, advierte Eufrosina Cruz Mendoza, fundadora de la organización Todas y Todos.
En entrevista para el podcast De la Lovera: feminismo desde cero, la activista indígena zapoteca consideró que en México se sigue justificando el abuso sexual de niñas en los usos y costumbres de las comunidades indígenas, pero también de grandes ciudades.
“Nadie me lo cuenta porque es la historia de mi madre, de mis abuelas, de mi hermana. Es la historia de miles de niñas, hoy en 2026, en un país que sigue justificando en la costumbre, en la cotidianidad, en la desigualdad, lo que en la realidad se llama abuso sexual infantil. Mi hermana se convirtió en mamá a los 13 años y a los 31 años ya era mamá de nueve hijos, y la sociedad y el sistema le dijo es que es la costumbre, es lo que le tocaba”, afirmó en la charla con la periodista Sara Lovera.
Eufrosina, quien a los 13 años se rehusó a casarse como lo indicaba la tradición en su pueblo natal, Santa María Quiegolani, en la sierra de Oaxaca, agregó que aunque ha habido un avance —pues “ya se menciona el asunto y se ha puesto el tema en el centro del debate”— el mundo ha disfrazado la prohibición de matrimonios infantiles desde año 2013, cuando varios países, incluido México, la aprobaron, pero no la tipificaron como un delito.
“Desde el año 2013 la prohibición está en los códigos civiles de este país, pero si no está sancionada esa prohibición en el Código Penal Federal como un delito, perdón, pero de nada sirve y vamos a pasar otros 100 años hablando de lo mismo, porque van a seguir traficando con las niñas, porque puede seguir casando a una niña, porque nada más se prohíbe”, explicó.
En cinco años, 807 niñas y adolescentes en CDMX fueron embarazadas por mayores de 30 años
La activista reprochó que en el país mejor se castiga tener una mascota exótica que obligar a una niña a casarse con un hombre de 60 años a quien ni conoce.
¿Cuáles son tus justificaciones para hacer el castigo necesario?, le preguntó Sara Lovera.
“Primero porque vivo en un país donde tener a una mascota exótica sí está tipificado como delito en el Código Penal Federal, pero no la cohabitación forzada, los matrimonios infantiles, porque son niñas, porque es la costumbre. Es más importante para ti sancionar a quien tenga una mascota exótica que a quien trafique con el cuerpo y la vida de una niña, entonces ¿de qué país me estás hablando? de un país de doble moral”, respondió la activista.
De acuerdo con Cruz, todavía hay autoridades que no son conscientes de que los padres entregan a sus hijas a cambio de algún bien y cuestionó por qué “sí reciben la vaca, el terreno, el galón de mezcal que bien que se toman sin hacer conciencia que eso se llama trata”.Aquí estamos todo el equipo que hace posible el podcast
“Cuando hay un intercambio, un objeto en especie o dinero por la vida de una niña es trata, por qué me lo vas a interpretar de otra forma, porque son niñas indígenas, porque son niñas que están en colonias con desigualdad”, subrayó.
La activista, quien impulsa que la cohabitación forzada se castigue con entre 15 y 22 años de prisión para quien lo permita y lo fomente, destacó que esta situación no sólo ocurre en las comunidades indígenas, también en entidades como Nuevo León, donde se registra el mayor indicador de cohabitación forzada y embarazos infantiles de todo el país.
“Son muchos delitos escondidos en esta permisión de una sociedad porque dicen: ‘me lo permitió su papá, me lo permitió su mamá’. Somos el tercer país en el mundo en la trata de niños y niñas porque hay un tema de fondo, la permisión de los adultos en traficar, en que una niña se convierta en mamá sin tener la capacidad natural de su cuerpo, ¿y lo vamos a seguir llamando uso y costumbre?”, subrayó.
Por último, consideró que ni siquiera con la llegada de una mujer a la Presidencia de la República se puede pensar en un verdadero cambio a favor de las niñas y las mujeres en México.
“No es cierto que llega una y llegan todas porque todavía vivimos en un país donde 36 niñas son obligadas a casarse todos los días, 12 mujeres son asesinadas a diario, lo que tenemos que hacer es que los que podemos llegar tomemos esa agenda porque de nada sirve que estemos llegando y no provoquemos que las cosas sucedan”, finalizó Eufrosina.
Roxana González, periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios
SemMéxico, Cd. de México, 8 de abril, 2026.- Orillado por los acontecimientos bélicos de EU e Israel, el mundo está dando señales claras de estanflación: un PMI ISM 54% por debajo de lo esperado, un desplome del empleo a 45.2 —su peor nivel desde 2023— y un repunte de precios al 70.7%, refuerza la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga tasas elevadas durante todo 2026. En este contexto, la amenaza de ataques a infraestructura energética iraní y la fragilidad del tránsito en Ormuz elevan el riesgo de que el petróleo supere los 125 dólares, mientras organismos como el Fondo Monetario Internacional advierten sobre un escenario de mayor inflación y menor crecimiento global. Si ayer el inversionista estaba situado en niveles de “Miedo Extremo”, ahora está en total angustia al conocerse los datos del sector servicios en Estados Unidos, que reflejan señales claras de estanflación, y por otra parte la amenaza de ataques a infraestructura energética iraní y la fragilidad del tránsito en Ormuz, lo que elevan el riesgo de que el petróleo se dispare a niveles estratosféricos.
Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional advirtiendo sobre un escenario de mayor inflación y menor crecimiento global. Con las señales de estanflación y el riesgo energético, el mundo se encuentra en un punto de inflexión crítico, donde la geopolítica de alta intensidad en Oriente Medio ha comenzado a dictar la dirección de los flujos de capital y las expectativas de crecimiento. Esta combinación de tensiones militares y datos de servicios muestran una preocupante estanflación subyacente, que ha forzado a los analistas a reevaluar no solo el cierre de la jornada, sino la estructura de tipos de interés y el suministro de energía para el resto del año. En efecto, la narrativa geopolítica -no hay duda- ha sido dominada por Donald Trump, quien ha establecido plazos para Irán. El mandatario fue enfático al declarar que, de no alcanzarse un acuerdo aceptable, Irán enfrentará la destrucción de sus puentes y centrales eléctricas, asegurando que «todas las centrales eléctricas estarán fuera de servicio antes de la medianoche» de mañana. Trump detalló que Estados Unidos está intercambiando notas con Teherán y que, aunque considera la reciente propuesta iraní de 10 puntos, transmitida a través de Pakistán, como un «gran paso», no la considera suficiente. El presidente vinculó el acuerdo a la libre circulación en el Estrecho de Ormuz, manifestando su preferencia por que sea Estados Unidos quien cobre peajes en la zona. A pesar de la severidad de las amenazas, Trump mencionó que las personas con las que negocia son «razonables» y que Estados Unidos podría incluso ayudar a Irán a reconstruirse en el futuro, subrayando que «al vencedor le pertenecen las riquezas» al referirse al control del petróleo.
En el ámbito militar y operativo, el Secretario de Guerra, Hegseth, anunció que hoy se registraría el mayor volumen de ataques contra Irán, advirtiendo que las operaciones de mañana serán aún más intensas. Por su parte, el alto general Caine prepara una sesión informativa detallada para las próximas horas. Mientras tanto, la actividad en el Estrecho de Ormuz muestra signos de una tregua técnica; fuentes informadas indican que dos petroleros de GNL de Catar pudieron transitar el lunes bajo un acuerdo alcanzado la semana pasada vía Pakistán. No obstante, la tensión sigue al límite tras el anuncio de la televisión estatal iraní sobre lanzamientos de misiles hacia Israel, un ataque coordinado con los hutíes de Yemen, el IRGC y Hezbolá. Los hutíes confirmaron haber atacado Israel y anunciaron una nueva declaración de alto impacto para las próximas horas.
Por su parte, Felipe Mendoza, Analista de mercados EBC Financial Group nos recuerda que la Directora General del FMI, Kristalina Georgieva, lanzó una advertencia sombría: la guerra en Oriente Medio conducirá inevitablemente a una mayor inflación y a un crecimiento global más lento. Georgieva subrayó que incluso una resolución rápida de las hostilidades obligará a revisar a la baja las previsiones de crecimiento mundial. En Europa, Trump expresó su decepción con la OTAN, llegando a decir que la organización «debería avergonzarse» y señalando que el Reino Unido aún tiene «un largo camino por recorrer». En Asia, el mercado de renta fija dio señales de alerta máxima; el rendimiento de los bonos a 10 años de Japón alcanzó su nivel más alto desde 1999, reflejando el endurecimiento de las condiciones financieras globales y la presión sobre el Banco de Japón ante el entorno inflacionario externo.
