En su primer informe de labores y tras los embates del ejecutivo agradeció el apoyo de la sociedad a la independencia del Poder Judicial
Hizo un llamado al diálogo no a la obstinación y al protagonismo e informó que su presupuesto se redujo en 23 por ciento en 5 años
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 14 de diciembre, 2023.- La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández en su primer informe de labores reafirmó la defensa de la independencia del Poder Judicial en apego a la Constitución y se comprometió a defender los derechos de las y los trabajadores, más de 53 mil en el país.
Fue muy enfática al señalar que no era personal, que no busca aplausos, sino honrar y preservar la justicia, que se trabaja con honestidad y convicción y reconoció que son tiempos difíciles para el Poder Judicial en alusión a los embates del poder Ejecutivo.
Su primer informe de labores lo hizo en sesión solemne, ante los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); así como de las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reconoció que el PJF ha enfrentado retos sin precedentes y la respuesta ha sido “la solidez y fortaleza, tanto de las instituciones que lo conforman, como de las personas que lo integran”.
Insistió en la división de poderes, en el respeto a la Ley, en la necesidad de la rendición de cuentas para garantizar que no hay cabida a la corrupción. Hizo alusión diferentes momentos de su alocución a la honestidad de las y los servidores del poder judicial, lo que mereció aplausos cuando expresó, “la mayoría somos gente honesta con compromiso”. También mando un mensaje a quienes participan en actividades corruptas quienes enfrentarán consecuencias severas.
Hizo un llamado a los tres niveles de gobierno, para trabajar por la unidad sin obstinación, sectarismos ni protagonismos sino con el dialogo, participación y colaboración.
Ante representantes de los otros dos poderes de la unión: la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, en representación del Presidente de la República, y Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la Ministra Presidenta afirmó que “la situación que se nos presenta en el futuro inmediato no sólo pone a prueba al Poder Judicial, sino a los propios cimientos de una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto por la ley.
La independencia judicial no sólo es una aspiración sino una responsabilidad de Estado. Se pronunció porque prevalezca la justicia y que el imperio de la ley sea la piedra angular.
Las Acciones en cifras
Después de referirse a las cifras estadísticas en el sistema penal del país de haber recibido un millón 493 mil asuntos a los que se sumaron 500 mil que ya existían, dio un total de 2 millones de asuntos, de los que se han resuelto cerca del 70 por ciento, aseguró.
Mencionó que a través de las más de 3 mil resoluciones del pleno y las dos salas que integran el tribunal constitucional se ha brindado protección a todas las personas, especialmente a grupos de atención prioritaria como son las mujeres, mediante la protección del derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a ser incluidas en los espacios de toma de decisiones.
Se trabajó con las personas migrantes, en su seguridad durante el tránsito por el país; niñas, niños y adolescentes protegiendo su acceso a una vida libre de violencia y de no discriminación, así como las personas con discapacidad y las personas adultas mayores asegurándoles una vida digna.
Se refirió a las sentencias que no han sido del agrado del gobierno federal, como la de divulgar los datos de identificación de los frascos de la vacuna contra el virus del COVID 19 y los equipos de refrigeración del plan nacional de vacunación porque no ponen en riesgo la seguridad nacional.
Invalidar el decreto que ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Así como invalidar el Acuerdo mediante el cual el Poder Ejecutivo Federal emitió la declaración de interés publico y seguridad nacional de proyectos y obras a cargo del gobierno de México.
Y mencionó que el pleno invalidó dos decretos porque la mayoría del Congreso de la Unión incurrió en múltiples y graves violaciones al procedimiento legislativo. Pero reitero que se respeta al Poder Legislativo.
Asimismo, el pleno validó que el Instituto Nacional de Información y Transparencia INAI pueda sesionar con menos de cinco personas comisionadas presentes.
Desde el año del 2018 el presupuesto del Poder Judicial Federal se ha reducido mas del 23 por ciento en términos reales.
Resaltó la decisión de las y los trabajadores de salir a protestar por sus derechos y agradeció a “quienes de distintos ámbitos del variado mosaico nacional han abogado incansablemente por la importancia de defender la independencia del Poder Judicial Federal.
Refirió que “la defensa de la independencia judicial surge no solo del interior, sino también de quienes, con el debilitamiento de la judicatura, con la deslegitimación de nuestra función social, ven amenazada la defensa de sus derechos, de su dignidad”.
Dijo que el poder judicial no solo imparte justicia sino que se convierte en catalizador de cambios sociales y culturales. Que están conscientes que los expedientes no son papeles de archivo sino representan la vida de las personas. Que se ha puesto en el centro el derecho de las personas.
Destacó las unidades de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, y la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género.
Inmenso el sistema
El sistema de justicia federal, constituido por Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación, Juzgados de Distrito, Centros de Justicia Penal, tribunales federales y por el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación y explicó que del 1 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de La Corte, ingresaron 16,405 asuntos, de los cuales 8,217 corresponden a amparos directos en revisión; 2,724 a expedientes varios; 994 a amparos en revisión; 934 a solicitudes de facultad de atracción; 837 a recursos de reclamación -del Pleno y Salas-; 547 a controversias constitucionales; 406 a contradicciones de criterios; 231 a acciones de inconstitucionalidad, y 222 a solicitudes de reasunción de competencia, entre otros.
