Manual de capacitación policiaca para contar con un servicio digno, eficiente, seguro, de calidad y libre para las mujeres, adolescentes y niñas.

Clara Luz Flores Carrales dijo que la coordinación es clave para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres

Libertad López

SemMéxico, Ciudad de México, 5 de octubre, 2023.- Ayer se realizó la Segunda reunión de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública, para reforzar la lucha contra la violencia de género.

Encabezada por  Clara Luz Flores Carrales,  Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y  por Rosa Icela Rodríguez, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), participaron las diferentes áreas que tienen que ver con el trabajo oficial para atender la violencia de género en el país.

En  la reunión estuvieron  funcionarios estatales,  donde se ratificó la aprobación del Manual para capacitación del Protocolo Nacional para Actuación Policial.

Ello, ante casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidio, que en el país cobra al menos 13 vidas diariamente; y miles de otras mujeres sufren acoso, abuso sexual y tratos violentos. La idea, de una reunión policial, se dijo, es que tomen conciencia de la problemática.

Además, las secretarias y secretarios reconocieron la importancia de atender las manifestaciones más frecuentes de las violencias contra las mujeres y las niñas.

La Secretaria Ejecutiva dijo que “Es fundamental que todos nuestros policías, tanto estatales como municipales, cuenten con las habilidades necesarias.

”No sólo para completar eficazmente el Informe Policial Homologado, sino también para llevar a cabo todo lo relacionado con las puestas a disposición ante el Ministerio Público”.

Incluyendo, agregó, la custodia de evidencias, con respeto absoluto de los derechos humanos y con perspectiva de género.

La funcionaria federal  en la tercera sesión ordinaria del Gabinete de Género, del gobierno federal,  se analizó la situación de las mujeres en municipios como Juárez y Monterrey, Nuevo León, de manera particular.

Ante ello, se comprometieron a difundir entre los elementos policiacos y todo el personal a su cargo, los Lineamientos para la Prevención y Atención del Acoso Sexual contra las Mujeres en el Transporte Público Colectivo.

“La finalidad es contar con un servicio digno, eficiente, seguro, de calidad y libre para las mujeres, adolescentes y niñas.

”Si es que son víctimas de algún delito como acoso sexual, feminicidio o algún tipo de violencia,”.

Pero, sobre todo, dijo, para prevenir, y que este tipo de casos ya no sigan ocurriendo.

“El objetivo sigue siendo claro: que ninguna niña, adolescente, que ninguna mujer mexicana sufra de violencia.

“Hemos tenido avances importantes, pero, no nos conformamos, porque la meta es que ninguna mexicana padezca de ningún tipo agresión física, psicológica, emocional, o de cualquier índole”.

Agregó que es una prioridad para el gobierno federal combatir la violencia de género.

Ahí se brindó un informe de resultados y se anunciaron nuevas acciones y estrategias en el tema.

También se realizó la presentación del Manual de Capacitación del Protocolo Nacional para la Actuación Policial ante casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidio.

El cual será socializado en las corporaciones de toda la República Mexicana.

“Para el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo el Gobierno de México es una prioridad que todas las mujeres del país podamos vivir con la paz y tranquilidad que anhelamos y nos merecemos”.

Además, fue evaluada a realidad que persiste en el rubro en otras ciudades como Juárez y Chihuahua, Chihuahua; Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Así como León e Irapuato, Guanajuato; Ecatepec, Estado de México; Morelia, Michoacán; Puebla, Puebla y San Luis Potosí, San Luis Potosí, entre otras.

Lo más importante es  prevenir para que la violencia contra las mujeres  no siga ocurriendo. Así dijo ayer , y que este tipo de casos ya no sigan ocurriendo.

En representación de sus compañeros, Sergio Hernando Chávez, Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, agradeció a la Secretaria Ejecutiva por el apoyo a las entidades que conforman la región noreste.

Incluido Nuevo León y le solicitó que continúe con el impulso que ha dado a la justicia cívica en el país.

La zona noreste abarca Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Encabeza Clara Luz lucha contra violencia de género en la zona noreste del país.

En representación de sus compañeros, Sergio Hernando Chávez, Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, agradeció a la Secretaria Ejecutiva por el apoyo a las entidades que conforman la región noreste.

Incluido Nuevo León y le solicitó que continúe con el impulso que ha dado a la justicia cívica en el país. La zona noreste abarca Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Todos acordar  reforzar lucha  contra violencia de género.

Patricia Briseño

SemMéxico, Oaxaca de Juárez,  Oax., 5 de octubre, 2023.-  María Teresa Quevedo Sánchez, jueza del Tribunal Unitario del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO) negó tener un conflicto de interés en el caso de la saxofonista y sobreviviente de feminicidio, María Elena Ríos Ortiz.

Esto en respuesta a que ayer  en el Senado se presentó la saxofonista y sumó a su causa el apoyo de congresistas, como  César Cravioto Romero quien exhortó al Poder Judicial de Oaxaca que revise las acciones de la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, en las decisiones que tome respecto al caso de María Elena Ríos Ortiz, víctima de un ataque con ácido.  

La respuesta de Quevedo Sánchez está en el documento con Causa 533/2019 y Folio 87/2023 y fechado el pasado dos de octubre, en el municipio mixteco de Huajuapan de León, la juzgadora respondió a los señalamientos que la música oaxaqueña hizo a través de sus cuentas en redes sociales.

Con base en los supuestos establecidos por el 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Quevedo rechazó haber intervenido como ministerio público, defensor, asesor jurídico, denunciante o querellante en este y en ningún otro asunto de naturaleza penal, “ni tengo interés directo en el procedimiento, ya que no conozco a ninguna de las partes intervinientes (imputados ni víctima)”.

En su respuesta, la integrante del PJEO dijo actuar con imparcialidad en sus distintas actuaciones, “sin tener interés en ninguno de los asuntos que le han sido turnados, durante el tiempo que he desempeñado el cargo”.

La funcionaria insiste que nunca ha dado ventaja alguna a las partes, “cumpliendo hasta este momento con su obligación como juez, con imparcialidad, aplicando los principios rectores y sin violentar derechos humanos”.

En relación a la demanda de la saxofonista quien le requiere excusarse del caso, respondió “no tengo motivo para excusarme de conocer del presente asunto” –el caso de Ríos Ortiz contra los presuntos autores intelectuales y materiales de rociarle ácido-   pues, no cae en alguno de los nueve supuestos establecidos por el 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ante la respuesta de la jueza, la sobreviviente de feminicidio insistió, “existe un conflicto de interés y se violentan mis derechos como víctima al ignorar sus peticiones y no contestar a mi abogada sobre las opiniones extrajudiciales que esta jueza emitió indebida e ilegalmente”.

 Ríos Ortiz ofreció ayer miércoles una conferencia de prensa en el Senado de la República donde denunció presuntas inconsistencias en su caso, incluido el supuesto conflicto de interés de la jueza Quevedo Sánchez, señalando que conoce y departe con la defensa de su agresor, el imputado Juan Antonio V. C.

Según la saxofonista, por la relevancia de caso debió de turnarse a un Tribunal de Alzada, pero inexplicablemente lo asignaron a un Tribunal Unitario, cuya titular es Quevedo Sánchez, quien Ríos acusa de ser responsable de la liberación de tres feminicidas.

Denunció que la jueza que tiene su caso mantiene una relación de amistad con los abogados de su agresor, incluso, dijo, existen videos en redes sociales donde aparecen en fiestas.  

“El 29 de septiembre del presente año hubo una fiesta, hubo una bacanal, en la que, entre borracheras, discutieron mi caso y de cómo se debe llevar a cabo la prisión preventiva oficiosa”.  

Señaló que María Teresa Quevedo Sánchez tiene antecedentes de otorgar fallos en favor de agresores de mujeres, porque absolvió a los responsables de la desaparición de Shaira Leticia Morales Loyola, además de otros casos.  

En tanto, Marcela Fuentes Castillo, diputada local por Morena, se sumó al llamado de remover a la jueza y adelantó que promoverán exhortos en el Congreso de Oaxaca, para que la jurista sea removida de este asunto y se investigue sus relaciones con los abogados señalados. 

Cristal González Obregón, abogada de la víctima, dijo que después de cuatro años y 25 días, de esperar el juicio sobre esta tentativa de feminicidio, se les negó el derecho a tener un órgano colegiado para resolver este caso. 

• Acusan a jueza María Teresa Quevedo Sánchez de tener amistad con abogados de agresor 

El senador César Cravioto Romero exhortó al Poder Judicial de Oaxaca que revise las acciones de la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, en las decisiones que tome respecto al caso de María Elena Ríos Ortiz, víctima de un ataque con ácido.  

En conferencia de prensa, acusó que la jueza tiene cercanía con los abogados del agresor, “esto nos preocupa mucho, porque hay indicios suficientes para pensar que esta relación de amistad puede desencadenar en resoluciones a favor del violentador y en contra de la víctima”.  

Cravioto Romero también hizo un llamado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, para que ejerza la facultad de la SCJN para atraer el caso y le den continuidad.   

“Es un caso relevante, es una mujer de carne y hueso, que sufrió una tentativa de feminicidio y parece que, en esos temas, la Suprema Corte no tiene prisa. Ya van cuatro años, y qué dice la Constitución, que la justicia tiene que ser expedita, pero todavía no resuelven y no hay para cuando”. 

Por ello, exigió al Poder Judicial de esa entidad que resuelva conforme a derecho. “Aquí no hay otra víctima más que María Elena Ríos, estamos exigiendo que hagan su trabajo, esto no es político”.  

Lamenta la senadora que en 2023 las mujeres que trabajan y son activas en el ámbito público, padezcan violencia política por razón de género 

Se modificó la redacción de la norma para referirse como “cónyuges” a los matrimonios, en lugar de sólo “marido y mujer” 

Redacción
 

SemMéxico, Ciudad de México, 5 de octubre, 2023.- La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, lamentó que, en 2023, las mujeres que trabajan y son activas políticamente padezcan violencia, porque, a pesar de que se  han roto  “muchos techos de cristal”, el ataque, la descalificación y la minimización de su trabajo en el ámbito público, es constante. 

Consideró que el trabajo de este género en el ámbito público es violentado, porque “quieren regresarlas al sistema patriarcal de género, de roles y estereotipos, sin permitir que lleguen a los espacios de poder, simplemente porque, muchas veces, su desempeño es mejor que el de los hombres.    

Al participar en el ciclo de conferencias “Mujeres por una vida libre de violencia política”, que semana a semana se realizan en el Senado de la República, la ministra en retiro explicó que la violencia política contra las mujeres busca impedir, obstaculizar, restringir, vulnerar y evitar que ellas participen o accedan a cargos públicos.  

“Ejemplos hay muchos como cuando los partidos ‘cumplen’ con el principio de paridad, en las candidaturas, al proponer a mujeres en los lugares donde saben que no les favorecerá el voto, cuando exigimos a las mujeres comportamientos y reacciones políticas que no se les piden a los hombres, entre otros”  

Agregó que este tipo de agresión también se ha extendido a las nuevas tecnologías, donde la violencia se da de forma verbal y psicológica, y se ejerce a través de las redes sociales, pues el impacto es mucho más amplio. 

Opiniones adicionales 

Luz del Carmen Jiménez Portilla, investigadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, mencionó que la violencia política contra las mujeres en razón de género es muy compleja.  

Ello, porque no se trata de violencias directas, que pueden ser eliminadas a través de sanciones a personas específicas, sino que las violencias que se ven en el mundo de la política se fundamentan en la existencia de un entramado institucional y en un orden social que está estructurado para producir y reproducir la desigualdad de género. 

Indicó que la violencia política sirve para “devolver” a las mujeres al espacio al que se considera que pertenecen, y para señalar que no tienen las habilidades o las aptitudes y los intereses legítimos para formar parte del ámbito político. 

Este tipo de violencia agregó, funciona para mantener el sistema de sexo-género, para mantener un ordenamiento de un mundo desigual, para sostener la opresión y la discriminación. 

Sol Cárdenas Arguedas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, afirmó que la violencia política es un reflejo de siglos de la naturalización del poder en la masculinidad hegemónica, por lo que consideró que, frente a esta situación, las mujeres tendrán que “hacer feminismo”, que implica conceptualizar, priorizar, politizar, cuestionar y reconstruir el mundo en el que vivimos.   

Alma Lilia Campos Espíndola, analista de políticas con perspectiva de género, calificó como grandes avances las reformas legales que han permitido identificar y sancionar la violencia política.  

Estos cambios, enfatizó, marcaron un punto de partida para determinar nuevas tendencias y hacer uso de estas fuerzas de cambio para la construcción, consolidación y puesta en marcha de escenarios más promisorios para la participación igualitaria de las mujeres en el ámbito político. 

Acuerdo no discriminatorio

Por otro lado, el Senado  aprobó este miércoles  una reforma al Código Civil Federal para cambiar en su redacción los términos “marido y mujer” por el de “cónyuges”, en los apartados de esa norma que se refieren a las obligaciones emanadas del matrimonio. 

El dictamen, que se aprobó con 67 votos a favor y que fue turnada a la Cámara de Diputados, modifica los artículos 168, 172, 177, 216, 217 y 218 del Código.  

En el documento se destaca que, si bien en la mitad del Siglo XIX sólo se podía efectuar un matrimonio entre un hombre y una mujer, éste ha cambiado en la actualidad, pues varias entidades del país ya permiten la unión conyugal a las parejas del mismo sexo. 

Por ello, argumentaron las y los senadores, la redacción en el Código Civil Federal que menciona a “hombre y mujer” cuando se refiere a personas que contraen matrimonio, incurre en una discriminación a las parejas del mismo sexo y las deja legalmente indefensas ante futuros inconvenientes. 

“El marco jurídico existente debe ofrecer una protección adecuada contra cualquier tipo de práctica discriminatoria, de este modo garantizamos el respeto a todas las personas y damos cumplimiento a los principios de igualdad y no discriminación, los cuales son básicos en las normas internacionales de derechos humanos”, enfatizaron en el dictamen.     

Asimismo, concluyeron que toda persona debe tener acceso, en igualdad de condiciones, a la máxima protección, trato ante la ley y acceso a la justicia, disfrutando de todos los derechos humanos que nuestra Constitución nos otorga.