Nadie merece esperar horas por una consulta donde la revisión es precaria y con carencia de instrumentos y medicamentos.
¿Qué clase de sistema de salud es éste que te vulnera física y emocionalmente?
Los servicios de salud públicos están rebasados y, además, el desabasto de medicamentos ha generado una de las mayores crisis de nuestra historia, sin que el gobierno haya logrado encontrar solución, señala Jimena Cándano.
Jimena Cándano*
SemMéxico, Ciudad de México, 2 de noviembre 2022.-
Siempre ha existido la promesa de la mejora de nuestro sistema de salud. Sin embargo, gobiernos y sexenios han pasado y la realidad es que cada vez se vuelve menos funcional, más obsoleto y sobre todo más violento para los usuarios. Este sexenio en particular, ha sido en el que de forma más evidente se ha desarmado la poca y mala infraestructura que tenemos, a pesar de la promesa de un sistema como el de Suecia o Dinamarca.
Hay dos formas de acceder a nuestro sistema de salud, uno es a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE). En ambos casos, el patrón y el trabajador pagan para que se pueda recibir el servicio. El otro caso es el que provee el estado a través de hospitales y clínicas de primero, segundo y tercer nivel.
En todos los casos, los servicios están rebasados y, además, el desabasto de medicamentos ha generado una de las mayores crisis de nuestra historia, sin que el gobierno haya logrado encontrar solución. Y no solo tenemos una crisis de medicamentos, o de equipo también tenemos una crisis de capacitación del personal, con prácticas que incluso llegan a ser violentas hacia los pacientes.
Les compartiré mi experiencia personal: En días pasados fui a tramitar mi incapacidad por embarazo al IMSS. Desde hace varios años se realizaron cambios para que aquellas mujeres que quisieran llevar su revisión con un médico particular lo pudieran hacer, presentando solo ciertos documentos, a partir de la semana 34 para una valoración y así expedir la incapacidad. Este proceso tenía el objetivo de aligerar en este aspecto el trabajo de las clínicas y no saturarlas, lo cual hoy, que seguimos en medio de una pandemia suena todavía más lógico. Sin embargo, las cosas no suceden así…
Esta es mi experiencia: sacar cita por teléfono me tomó más de dos horas. El número telefónico señalado para tal efecto tardaba en ser contestado, o cuando lo hacían informaban que no se daban citas por este medio; que tenía que acudir personalmente a las 7:00 am, formarme y esperar a ver si me podían recibir; solo después de mucho insistir me dieron la cita a las 10:30 am. Llegué a las 9:40 para tener tiempo de cualquier imprevisto y, ¡oh sorpresa! ellos habían agendado mi cita a las 9:30, así que ya la había perdido y mi única opción era esperar a ver si alguien no llegaba y podían recibirme.
Esperé unas cuantas horas en las que llegaron sobre todo personas mayores a las que también les habían cambiado la cita sin avisarles y les pedían que regresaran al día siguiente o esperaran por horas. Las personas que atendían eran muy amables, pero obviamente las y los usuarios súper molestos gritaban y en muchos casos lloraban de desesperación. Gente que llevaba más de 6 meses esperando una cita o una derivación y ningún médico les hacía caso.
Por fin fue mi turno y, como en los embarazos anteriores, una doctora muy amable me hizo una revisión; únicamente me tomó la presión; con un estetoscopio escuchó mi panza y luego revisó las puntas de mis dedos, de lo que dedujo que me faltaba yodo. A partir de esta revisión me tocó un discurso muy largo y sumamente violento; cuestionó mi decisión de ser madre a mi edad; me preguntó si no conocía métodos anticonceptivos; y al decirle que se trataba de un embarazo deseado, me dijo que cómo se me había ocurrido poner en riesgo la vida de mi bebe y la mía. Fue muy explícita en todo lo que me podría pasar a mí y a mi bebé y en los múltiples riesgos que había de que mi bebe muriera y, claro, yo la culpable porque cómo se me había ocurrido esa insensatez.
Revisó todos los estudios que yo llevaba donde mi médico particular había dado un seguimiento puntual a mi embarazo y se detallaba que mi riesgo era el mismo que el de una mujer de 25 años debido a mi estado de salud. Ella misma reconoció que mis estudios estaban muy bien y aun así siguió diciéndome toda clase de cosas horribles que nos pudieran pasar.
Inmediatamente después me dijo que mi incapacidad empezaba ese mismo día, sin importar mi estado de salud y mi tipo de trabajo, considerando solo el riesgo que ella asumía que representaba mi edad. También determinó que necesitaba regresar a la semana siguiente a que me hiciera otra revisión. Cuando le dije que como yo les estaba dando seguimiento a mi embarazo con mi médico por lo que prefería no quitarle el lugar a alguien más, me volvieron a tocar una serie de regaños por ser irresponsable y no preocuparme por la salud de mi hijo. Repito, lo único que ella hizo fue tomarme la presión y escuchar mi abdomen con un estetoscopio.
De ahí empezó un tour a diferentes especialistas para que firmaran mi hoja y pudiera tramitar la incapacidad. El primer reto fue que los especialistas no estaban y nadie podía encontrarlos. Después de poco más de una hora logré que me revisara la enfermera, quien también dedicó gran parte de su tiempo a regañarme y una vez más, a tratar de hacerme sentir culpable y atemorizada de todo lo que le pudiera pasar a mi bebé. Después, tuve que ir a convencer a los administrativos para que me firmaran la incapacidad y me dejaran ir. ¡Ya llevaba más de 5 horas ahí, traía el azúcar baja y me sentía terriblemente mal!
Y ahí empezó otro viacrucis: ahora hay que cambiar el carnet, no obstante que en él no se determina tiempo de caducidad y que está en perfectas condiciones; además, hay que dar de alta una cuenta bancaria para que en ella se deposite la indemnización. Pero obviamente, como no tienes los documentos porque nadie te lo había advertido, no te queda más que regresar otro día.
Para no hacer más largo este relato, les comento que una vez que por fin logré hacer el cambio de carnet y dar de alta la nueva cuenta, me avisaron que tarda 10 días hábiles el dar de alta la cuenta y después, 10 días hábiles más para que se haga el depósito. En resumen, el empleador ya no paga el salario porque la indemnización empezó el día de la visita, pero se tiene que esperar un mes para recibir la indemnización.
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Y ahí me surgen muchas preguntas: ¿Cómo se supone que una mujer viva el mes en el que será su parto, sin recibir su sueldo o su indemnización? ¿Cómo pagará comida, servicios, medicamentos etc., sin contar con este dinero? ¿Cómo es posible que tramitar esta indemnización tarde 20 días hábiles?
La experiencia completa me ha frustrado y enojado muchísimo; primero, me costó darme cuenta de la violencia que había sufrido por parte de la doctora, la enfermera y la trabajadora social. Entiendo que su labor es concientizar, pero eso es en todo caso un trabajo de prevención; nadie tiene por qué asustar y angustiar a una mujer que ya está embarazada y próxima a tener un bebé. ¿Suponen acaso que con sus amenazas y miedos el embarazo va a desaparecer?
Me hicieron sentir culpable y, sobre todo, con mucho miedo y angustia. Por suerte, yo tengo el privilegio de poderme atender con un médico privado, quien me tranquilizó y me explicó, desde antes de mi embarazo, la valoración de riesgo y cómo se lleva a cabo caso por caso, siendo muy claro en el hecho de que la sola edad no define el riesgo.
Pero, ¿cuántas mujeres no cuentan con este privilegio?, ¿cuántas mujeres se quedan con la angustia y la culpa de haber elegido ser madres teniendo más de 35 años? Y genuinamente no creo que la doctora, la enfermera y la trabajadora social sean malas personas, simplemente no tienen la capacitación y la sensibilidad humana que se requiere; ello, aunado a la saturación de tener que atender a muchas personas en tiempo récord.
Las y los pacientes no nos merecemos esos tratos, el personal médico no tiene derecho a violentarnos, regañarnos, ni infundirnos miedo. Nadie merece esperar horas para una consulta donde la revisión es precaria. Hay carencia de instrumentos y de medicamentos. ¿Qué clase de sistema de salud es éste que te vulnera física y emocionalmente? ¿Por qué no se imparten las capacitaciones y se brindan los elementos necesarios para hacer su trabajo? ¿Qué pasa con las cuotas obrero patronales?
Nos falta muchísimo, pero lo primero que tenemos que aprender es a distinguir la violencia (no sólo la física) y hacerla notar, para que no siga sucediendo. También es necesario alzar la voz para exigir un trato digno como pacientes, acompañado del pago de indemnizaciones oportunas, pues el gobierno no puede suponer que es factible vivir sin cobrar incapacidad o sueldo durante un mes completo. Nos falta mucho, muchísimo, para tener un sistema digno de salud.
Nota del editor: Jimena Cándano estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de Maestría en Administración Pública con enfoque en Desarrollo Comunitario y Transformación Social en la Universidad de Nueva York. Actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra. Síguela en Twitter y en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
Según cifras oficiales, en México, cada día mueren 11 mujeres víctimas de asesinos feminicidas
Mar Grecia Oliva Guerrero
SemMéxico/La Costilla Rota, Ciudad de México, 2 de noviembre, 2022.- Según cifras oficiales, diariamente en México son asesinadas 11 mujeres, víctimas de asesinos feminicidas que las atacan precisamente por ser mujeres.
La violencia y la inseguridad en México viven niveles insospechados que, como históricamente ha sucedido, se ensañan con las mujeres quienes son víctimas de violencia feminicida no solamente en contextos desolados o inseguros como la vía pública, si no en lugares en los que los hombres suelen estar seguros como lo son los hogares, las escuelas y los lugares de trabajo.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), han ocurrido 711 feminicidios de enero a septiembre del presente año, los cuales tuvieron un incremento del 9 por ciento en el mes septiembre.
En cuanto a las cifras de octubre, el cual ya ha sido declarado como el mes más violento del presente año en México con 2 mil 481 asesinatos violentos, se espera que la cifra de feminicidios se fije también con un aumento respecto del mes anterior.
En el caso de homicidio doloso contra mujeres, el total de enero a septiembre, es de 2 mil 136 víctimas. En cuanto a los delitos de violencia familiar, tan solo durante septiembre se registraron 23 mil 144 casos, sumando un total de 206 mil 915 casos de violencia familiar de enero a septiembre, siendo la ciudad de México, el estado de México y Nuevo León las entidades que más casos registran, todo esto, sin considerar la cifra negra de los casos que no se denuncian o «se extravían» en la burocracia de las fiscalías.
Lamentablemente, de muchos de estos casos a cuyas denuncias no se les da el seguimiento adecuado, resultan muchos de los feminicidios consumados por agresores a quienes no se procesó, ni sancionó de manera alguna por las advertidas, pero indiferentes autoridades.
En este día de muertos, miles de familias en el país rememorarán la vida arrebatada de sus hijas, madres, hermanas, parejas, tías, abuelas o amigas en un contexto de abandono institucional que hasta no sentir la presión social de una denuncia pública o hasta no popularizarse algún caso de violencia feminicida, no se ocupa de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia o intenta al menos generar las condiciones para hacer saber a las víctimas o a sus familias que una denuncia a tiempo activará la protección de autoridades eficientes que impidan una escalada de la violencia contra nosotras. En ese contexto, hoy se celebra una tradición que nos da identidad como mexicanos y mexicanas, pero todos los días del año, padecemos un día más de muertas impunes por el sistema machista y patriarcal.
Las nombramos y exigimos justicia por todas.
Twitter: @mar_grecia
*Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
SemMéxico, Ciudad de México, 2 de noviembre, 2022.- Sí, Su Alteza Serenísima sufre amnesia selectiva y anda echando mano a sus fierros como queriendo pelear.
Solitario deambula por los pasillos de Palacio; rumia el fracaso de su sueño de poder absoluto y olvida que él es producto de lo que llama “sistema corrupto, antidemocrático que está –dice—en poder de los conservadores”. Canijos consejeros y magistrados electorales.
¡Ay!, Andrés Manuel…
Y se rodea de una cohorte de súbditos cuya disputa doméstica por el gesto del emperador que los ascienda, aunque sus grados académicos sean de básica instrucción, erosiona al Movimiento que de Consorcio deviene en Corporativo de organizaciones tribales.
¡Recórcholis, Batman!
Sí, sí, tiene, incluso, a “periodistas” que perdieron el rubor, jóvenes, unos no tanto, que egresaron de las aulas y por convicciones propias dejaron en el baúl su compromiso profesional y salieron a hacer patria con el sello militante y de pesos y centavos.
Y lo mismo escupen consignas contra quienes califican chayoteros –aunque son neo chayoteros que cierran los ojos cuando los mendrugos del presupuesto caen en sus cuentas bancarias–, que siembran preguntas preparadas por el equipo del vocero que se asume cineasta, periodista, guionista, DJ y etcétera, etcétera.
“Perro no come perro”, reza la máxima entre la última generación de periodistas que se decanta y la nueva la toma como anécdota cuando es una lección de dignidad y respeto entre pares.
Hoy están al servicio de una causa dizque de transformación. Unos convencidos de que esa es su misión; otros asumen el papel oficioso y se montan en el desprecio anidado contra lo que desconocen.
¡Ah!, pinche PRI que gobernó durante tanto tiempo y fue la dictadura perfecta, calificada así por Vargas Llosa.
Y qué decir de la cabrona derecha que llegó al poder con Vicente Fox y se enlazó con Felipe Calderón en la llamada “docena trágica”.
Sí, sí, fueron los que le robaron a Su Alteza Serenísima el triunfo en 2006 y lo obligaron a cerrar el Paseo de la Reforma y presume que no rompieron ni un vidrio, mas no recuerda –amnesia selectiva, le digo a usted—que dejó a miles de mexicanos sin empleo y desmadró a comercios y servicios turísticos en la capital del país.
¿Recuerdas Andrés Manuel I?
Pero, pero…
¿Y las pruebas del fraude?
Horacio Duarte, en aquellos días de 2006 llegaba a Carlota Armero 5000, sede de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con cajas y cajas y cajas de cartón dizque repletas de pruebas.
–Horacio, Horacio, no procederá tu demanda de anulación de la elección—se lo dije porque sus actas eran un machote, es decir, todas señalaban lo mismo, el mismo argumento calcado. Pero el TEPJF les dio entrada. En fin.
Horacio, el texcocano leal sin reparo alguno al licenciado López Obrador sostenía que todo era legal; sí, pero la ley es la ley y lo aterrizó cuando los 7 magistrados electorales informaron, en estrados y mediante comunicado la tarde-noche del martes 05 de septiembre de 2006, que la causa SUP-JIN-212/2006 no había prosperado y…
“(…) se determinó que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa satisface los requisitos establecidos en el artículo 82 de la Constitución Federal, por lo cual procedió declararlo PRESIDENTE ELECTO de los Estados Unidos Mexicanos”.
¿Recuerda usted el estribillo “voto por voto, casilla por casilla”?
No quiero aburrir, sólo para recordarle al licenciado presidente qué ocurría en esos días que se asumía triunfador y calificaba espurio a Felipe Calderón.
El sábado 5 de agosto, la Sala Superior informó que se habían dictado 175 resoluciones interlocutorias para resolver igual número de incidentes de previo y especial pronunciamiento, que se formaron en 174 juicios de inconformidad promovidos por la coalición Poe el Bien de Todos, sobre el sentido de realizar, por una parte, nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en la elección presidencial y, por otra, el recuento de votación en casillas específicas correspondientes a distritos electorales impugnados. Todo ello respecto del juicio
¿Y?
“En consecuencia –informó el TEPJF–, el incidente de previo y especial pronunciamiento formado en el juicio de inconformidad SUP-JIN-212/2006, concluyó con lo siguiente:
“a) Se niega la petición de la coalición Por el Bien de Todos consistente en el recuento de la votación recibida en la totalidad de las casillas instaladas para la elección presidencial en los trescientos distritos electorales”.
¡Sopas, querido Solín!
Y desde el martes 5 de septiembre de 2006 –¿recuerda Su Alteza Serenísima? — sufrimos al “presidente legítimo”, investido como tal en acto celebrado el 20 de noviembre de ese año en el Zócalo del aún Distrito Federal.
Sólo para refrescar memoria y atender el pago de facturas, no debe olvidarse que fue doña Rosario Ibarra de Piedra quien impuso la singular banda tricolor al cincuentón Andrés Manuel, cuyas huestes ya le habían partido la madre a la coloquialmente conocida Ciudad de México, con el plantón en el Paseo de la Reforma.
Hoy, la chica del cabello colorado, Rosario Piedra Ibarra es la presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, ¡caray!, ¡vaya coincidencia!, se suma a la embestida contra el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
¡Nooo! Niega el licenciado presidente que quiera desaparecer a estos organismos autónomos.
¿No?
Será por esa memoria histórica de 2006 que el licenciado presidente odia, sí, odia del verbo odiar a Felipe Calderón Hinojosa, tanto que la instrucción a su paisano y brother Adán Augusto López Hernández, que cobra como secretario de Gobernación, es lograr que la Corte de Las Haya declare al michoacano responsable de delitos de lesa humanidad.
Mire usted, el tenor López Hernández, por aquello de que asumió no poder convencer a nadie con su voz, el lunes pasado corrigió sus declaraciones y resultó que siempre sí:
“Aquí les digo, porque después se malinterpretan las cosas, y a ustedes se los digo, sí hay, desde luego, una denuncia penal internacional presentada en La Haya, en los Países Bajos, en Holanda, en contra, entre otros, de Felipe Calderón Hinojosa”.
Y para no dejar duda del mimetismo con su brother Andrés Manuel I, López Hernández dejó salir de su pecho de tenor:
“Por eso nosotros hemos sostenido que el brazo de la justicia tarda en llegar, pero que llegará. Quienes la hicieron tengan la seguridad que la van a pagar, porque ya el número dos del gobierno (Genaro García Luna) está detenido, pues ahora tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias esta investigación”.
Vaya, vaya. ¡Qué bueno que el licenciado presidente no es rencoroso ni vengativo! Total, que tanto es tantito, en 2006 Felipe Calderón le ganó por 233 mil 831 votos.
¡Pa’ su mecha, Kailman!
Y entonces, entran en escena los periodistas militantes, estos de la barra mercenaria que niegan estar al servicio de la 4T. Va un ejemplo de la que quiso ser pregunta más fue exposición para que el Duce se luciera.
“PREGUNTA: Buen día, presidente.
El pasado viernes 28 de octubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó la recomendación general 46/2022, en la que hace un llamado público, respetuoso a las y los legisladores de la República para que, tomando como referencia las luchas democráticas del pasado y las que le siguieron, revisan la legislación electoral vigente, realicen un análisis honesto y serio que recoja las expectativas ciudadanas actuales y que construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos y sobre la designación de sus integrantes de manera insospechable de intereses partidistas o faccionales. Una demanda que, como se dice en esta recomendación general, data de hace muchos años y es una deuda histórica que ha llegado la hora de saldar.
Esta recomendación pues generó de inmediato una ola de agresivos ataques de la derecha y de sus adversarios contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sobre todo contra la presidenta de la misma, Rosario Piedra Ibarra.
Preguntarle, presidente, cuál es su postura sobre esta recomendación, si ya sabía de ella, pero sobre todo la postura de los ataques de la derecha en contra de la presidenta y de la comisión—expuso el joven y expertísimo reportero. Bien aprendido el guion.
—Pues es que –respondió el licenciado Andrés Manuel I, jefe de jefes–, como el mundo al revés, los defraudadores, los mapaches electorales ahora están convertidos en demócratas, lo cierto es que ellos dominan el INE y el tribunal.
Para información o para refrescar la memoria –aunque no la propia–, los del consejo del INE, los del consejo del tribunal, los nombran los partidos, los eligen en el Congreso, y se ponen de acuerdo los partidos: ‘tres para ti, tres para ti y uno para el más pequeño’, si son siete.
Y no es cierto que por el tribunal y por el INE haya democracia en México, no. Hay democracia en México o se avanzado para que haya una auténtica democracia en México por la gente, por el pueblo, no por ellos. Ellos siempre andan buscando favorecer a los potentados—palabra del Señor presidente.
¡Qué caray!
Fue la derecha conservadora la que arbitró su triunfo. Fueron los mapaches electorales, los 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes a las 12:05 del miércoles 08 de agosto de 2018 lo declararon Presidente electo.
El domingo 08 de julio de 2018 el Instituto Nacional Electoral había ratificado el cómputo final de los votos depositados en la jornada electoral del domingo 1 de julio. Y Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE. cantó el triunfo del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
¿Por qué el enojo, Su Alteza Serenísima? ¿Por qué buscar la desaparición del INE y el TEPJF, porque eso implica restarles funciones, dientes? No que muy demócrata y tolerante con las libertades de los mexicanos.
¿Quiere tener al árbitro electoral confeso morenista por aquello del no te entumas? Y ¿por qué persigue a los periodistas que no le aplauden ni loan ni preguntan a modo?
Será porque –acusa a cielo abierto y sin pruebas– “pertenecen al hampa del periodismo y la consigna que tienen es que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Y son muchísimos, es un sistema muy parecido al porfiriato, es una cúpula oligarcas, voceros, periodistas, intelectuales orgánicos y zalameros, que nunca faltan”. El que se ríe se lleva, licenciado presidente. Digo.
Confecciones Model es una cooperativa no agropecuaria radicada en la capital cubana. Foto: SEMlac Cuba
Mujeres en la nueva gestión económica sin normatividad
Dixie Edith
SemMéxico/SemCuba, La Habana, 2 de noviembre, 2022.- Los desafíos son enormes para las nuevas formas de gestión en Cuba, en general, pues los nuevos actores económicos que se han ido incorporando al panorama nacional desde mediados de 2021 generan una gran heterogeneidad en el tejido económico y empresarial del país.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y los trabajadores por cuenta propia (TCP), junto a las cooperativas y las más tradicionales empresas estatales, por solo citar algunos ejemplos, tienen el reto de funcionar como hilos independientes; pero, a la par, de articularse en función de los intereses colectivos del país.
La economista Camila Piñeiro Harnecker. Foto: Cortesía de la entrevistada
¿Cuál es el rol de las cooperativas en este escenario, sus ventajas y desventajas? La economista Camila Piñeiro Harnecker, estudiosa durante años de esta forma de gestión económica, considera que cuentan con “fortalezas o potencialidades que no tienen otras formas de gestión empresarial”; pero que es necesario potenciarlas aún más, precisó en entrevista a SEMlac.
¿Cómo se insertan las cooperativas, agropecuarias o no, en este nuevo escenario económico?
Las cooperativas se mencionan en la Constitución, puesta en vigor en 2019, como una forma empresarial “socialista” y «objeto de atención especial entre las formas no estatales». Por tanto, como también se ve reflejado en la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano y en los Lineamientos de la Política Económica y Social, queda claro que el modelo cooperativo está alineado con la visión de socialismo y país adoptado por la mayoría de los cubanos y las cubanas.
Sin embargo, estas aspiraciones legislativas y sociopolíticas todavía no se ven reflejadas en medidas concretas y están quedando como letra muerta.
Es cierto que en 2012 se pasó una norma experimental que permitía la creación de cooperativas de trabajo más allá de la agricultura y también que, finalmente, con la norma de 2021, cualquier grupo de personas que cumpla los requisitos puede crear de forma ágil este tipo de cooperativas. Igualmente, ambas normas establecen un trato preferencial a las cooperativas en relación con sus pares privadas: tienen una carga tributaria menor, no tienen límites al tamaño de sus membrecías y, supuestamente, deben recibir prioridad en licitaciones con el Estado.
Pero el establecimiento de la norma es solo un paso de varios para que el sector cooperativo realmente pueda despegar y alcanzar el rol que se espera de él en nuestra economía y sociedad. Como he explicado en otros trabajos, es necesario al menos cumplir lo que ha estado previsto en los Lineamientos por casi una década: crear un ente especializado en la promoción de cooperativas (o Instituto de Cooperativas) y constituir las cooperativas de segundo grado.
Después, sin perder la urgencia, se debería de comenzar un proceso democrático para pasar una ley general de cooperativas que permita la creación de cooperativas de consumidores y participantes múltiples, un ente de representación, entre otros componentes claves para el desarrollo de este sector.
Desde la “pausa y evaluación” del experimento con las cooperativas no agropecuarias (CNA), que ocurrió en 2016-2017, el discurso subliminal que ha predominado entre muchos funcionarios y empresarios estatales es el de “cuidado con las cooperativas”.
Los motivos detrás de esta extrema cautela para apoyar o comercializar con cooperativas han sido varios: desde acomodamiento burocrático, hasta corrupción, pasando por los instintos de autoconservación de empresarios y funcionarios estatales que creen que el crecimiento de las cooperativas puede hacer innecesarios sus puestos.
Sean cuales sean los motivos, las señales que predominan –tanto en los medios de comunicación como en las oficinas de funcionarios y empresarios estatales–, es que resulta mejor organizarse como Mipyme, TCP o productor independiente. Así, la realidad sugiere que las cooperativas deberían continuar como actores marginales y no centrales de nuestra sociedad, mientras las Mipymes parecen estar de moda.
¿Cuáles son las principales fortalezas y desafíos de este modo de gestión?
Las cooperativas tienen fortalezas o potencialidades que no tienen otras formas de gestión empresarial y eso ha sido demostrado por varias investigaciones empíricas, como abordé en el artículo “Las cooperativas en el nuevo modelo económico”, publicado en 2012 en el libro Miradas a la economía cubana: El proceso de actualización.
En general, ellas logran mayor tasa de supervivencia que las Mipymes y tienen una mayor capacidad de adaptación ante cambios en el mercado, en comparación con las empresas grandes, estatales o privadas. Además, las grandes o de grado superior disfrutan de las fortalezas de una mayor productividad, con igual flexibilidad que las Mipymes.
También permiten un verdadero control directo de los medios de producción por parte de los trabajadores y de los procesos económicos, por productores y consumidores. Otra fortaleza importante es que son una fuente de empleo más digno y estable que sus pares privadas.
Pero, además, producen una mayor equidad y justicia en la retribución del trabajo y la distribución de los excedentes; están mejor preparadas para contribuir al desarrollo local; satisfacen necesidades sociales de forma más efectiva y justo donde los márgenes de ganancia no son atractivos al sector privado y son la única opción de emprendimiento factible para personas en situaciones de vulnerabilidad
En paralelo, cuentan con fuentes positivas de motivación ante el trabajo y de realización como profesionales y seres humanos en el espacio laboral y resultan escuelas de trabajo en equipo, democracia, equidad, solidaridad, responsabilidad social.
Es importante apuntar que los valores y principios cooperativos están totalmente alineados con los valores de una sociedad socialista. Si entendemos que la propiedad social no es equivalente a propiedad estatal solamente y que las cooperativas no maximizan la ganancia, sino la satisfacción de las necesidades de sus integrantes, entonces queda claro que es posible guiar este tipo particular de empresas no estatales hacia la satisfacción de necesidades y aspiraciones sociales más amplias. O sea, es posible lograr que sean socialistas.
Como toda forma empresarial, y sobre todo por los propósitos más ambiciosos que se proponen las cooperativas en cuanto a gestión democrática, equidad, solidaridad y responsabilidad social, tienen desafíos importantes.
Entre ellos, lograr la educación cooperativa de sus miembros y hasta cierto punto de la sociedad; balancear entre la gestión democrática y la eficiencia en la toma de decisiones; impedir que la competencia de mercado les lleve a violar sus valores y principios; atraer administradores y especialistas experimentados que estén dispuestos a recibir ingresos menores a los que pueda ofertar el sector privado y facilitar la entrada de mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.
La experiencia ha demostrado que estos desafíos pueden ser superados exitosamente si se construye un ecosistema o marco institucional, fundamental para que las cooperativas se desarrollen, se articulen con las comunidades y gobiernos locales y eviten los efectos negativos de la competencia en el mercado.
Las mujeres han sido minoría históricamente en las formas no estatales de producción. ¿Llegan también en desventaja al escenario cooperativo? ¿Resulta más difícil para las mujeres rurales?
Según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), las cooperativas, por sus valores de igualdad, equidad, solidaridad y sus principios de no discriminación, educación y gestión democrática, son organizaciones mucho mejor preparadas para alcanzar la equidad de género que las empresas privadas.
Según datos de su Comité de Igualdad de Género, actualmente en el mundo aproximadamente la mitad de 1,2 billones de miembros de los tres millones de cooperativas son mujeres y esto incluye no solo a cooperativas de producción y trabajadores, sino también de consumidores, que son las predominantes.
No obstante, las mujeres están aún subrepresentadas en sus juntas directivas o consejos de administración. En muchas cooperativas, sobre todo de producción agropecuaria, el problema está no solo en la baja participación de mujeres en el liderazgo, sino sobre todo en su membrecía: el trabajo y criterios de las mujeres no son tomados en cuenta, pues solo los dueños de tierra o ganado pueden ser integrantes de pleno derecho.
Durante la pandemia de covid-19 la cooperativa Dajo, dedicada fundamentalmente al lavado, el planchado, las confecciones y manualidades, debió reinventarse e incorporar nuevas dinámicas. Inaugurada en 2014, la mayoría de sus socios son mujeres. Foto: SEMlac Cuba.
En Cuba, dado que más del 85 por ciento de las cooperativas son de producción agropecuaria y el resto, en su mayoría, de actividades donde predominan los varones (construcción, mercados agropecuarios, transporte), es de esperar que las mujeres estén subrepresentadas. De hecho, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Información (Onei), la participación de las mujeres en las cooperativas en 2021 era de 17,2 por ciento, aunque la tendencia es al alza: hace solo cinco años era de 12,1 por ciento.
Lo interesante es que, en nuestras cooperativas agropecuarias, hay casi igual participación de mujeres que en las no agropecuarias: 17,7 por ciento frente a 18,3 por ciento, respectivamente. Esta tendencia hacia la convergencia también ha ido en aumento en los últimos cinco años: en 2016 era de 11,94 y 19,5 por ciento, respectivamente.
¿Cómo explicar esto? En Cuba, si una mujer trabaja en la actividad agropecuaria de su familia, puede integrar la cooperativa si así lo desea, lo cual no es común en otros países, pues la membrecía por lo general requiere de titularidad sobre un activo agropecuario y una contribución monetaria importante.
Es también resultado de décadas de trabajo educativo y de que, finalmente, en la última década se les haya permitido y facilitado a las cooperativas actividades de procesamiento en las que hay mayor participación femenina.
Debemos tener en cuenta que la participación de las mujeres en el empleo formal (total de ocupados) en Cuba es de 37 por ciento, y en el sector no estatal es aún menor (24,3 %), con tendencia al alza en los últimos cinco años.
En el sector privado, en tanto, es 10 puntos porcentuales mayor que en las cooperativas (27,7%), porque en él se cuentan a trabajadores por cuenta propia, una cifra que hasta finales de 2021 aun incluía a las personas contratadas y a titulares de negocios muy pequeños liderados por mujeres, como servicios de belleza o cuidados.
Para lograr una mayor participación de mujeres en el sector cooperativo, como ha ocurrido en otros países, deben permitirse otros tipos de cooperativas e implementarse programas de incubación de cooperativas entre las personas en situaciones de vulnerabilidad.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que las cooperativas no pueden superar del todo a la cultura, las circunstancias y condiciones de sus integrantes y entorno, por lo que van a reflejar en gran medida la división sexual del trabajo y los roles de género. No obstante, están mejor preparadas para superarlos, sobre todo si se articulan en movimientos sociales más amplios que satisfagan las necesidades diferenciadas de las mujeres y creen condiciones para la equidad al interior de las organizaciones empresariales.
Clase de ordeño demostrativa a mujeres en una Unidad Básica de Producción Cooperativa. Foto: SEMlac Cuba
Especialistas coinciden en que, ante la falta de miradas transversales de género al nuevo escenario económico, sería bueno incluir acciones afirmativas que permitan equilibrar las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Coincide? ¿Cuáles podrían ser, en su opinión?
Considero que nuestra sociedad está mejor preparada que otras en la región para acciones afirmativas, pues la igualdad de las personas es un valor generalizado y hay una red de servicios públicos que facilitan –si bien están lejos de ser suficientes- el cuidado. No obstante, dadas las sostenidas y agudas crisis económicas vividas en las últimas décadas, la vida cotidiana familiar se ha tornado muy desafiante y una gran parte del peso de la “reproducción social de la vida” recae sobre las mujeres.
Acciones afirmativas para aumentar la participación de las mujeres en la membresía y el liderazgo de las cooperativas han tenido resultados positivos en algunos países, pero en otros han tenido efectos negativos no esperados. Por tanto, pienso que más que imponer una cierta cuota de mujeres, lo más beneficioso sería sugerir metas gradualmente más ambiciosas y no ajenas a los límites de la actual división sexual del trabajo.
Para lograrlas, será necesario dotar a las cooperativas de facultades y herramientas para poder eliminar las barreras internas que impiden mayor participación de las mujeres, tanto en la membrecía como en el liderazgo.
Para el gobierno federal las mujeres no son prioridad, diputada Wendy González Urrutia
Quedó vacío el Anexo 13 para la igualdad entre hombres y mujeres, lo más grave quitar todo el dinero a la prevención de la violencia
Con votos en contra y abstenciones la Comisión de Igualdad de Género aprobó el Proyecto de Presupuesto 2023
Sara Lovera y Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 2 de noviembre 2022.- Como última estocada, la comisión camaral que debía velar por la igualdad avaló el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF 2023, a pesar del sistemático recorte de recursos a la política de género desde 2019.
Así, a pesar del señalamiento de que de los programas del Anexo 13 no reflejan la aplicación de la perspectiva de género, ni son destinados a los problemas específicos de las mujeres, como las violencias feminicidas o problemas de cánceres femeninos, en los que insistieron las diputadas de la oposición, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, que preside la diputada morenista Julieta Vences Valencia, aprobó con 21 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones, su opinión favorable al PPEF 2023.
Durante la semana que pasó, prácticamente todas las comisiones camarales aprobaron el proyecto del PPEF, con lo que se aproxima su aprobación “sin mover una coma”. En la Comisión de Igualdad, se realizó un parlamento abierto, donde las críticas y las opiniones, no fueron tomadas en cuenta. El Anexo 13, fue vaciado desde 2020, y ratifica lo que dicen las feministas, “se vació el anexo” y se ha eliminado la política de género en este sexenio.
La opinión de la panista, Wendy González Urrutia, que voto en abstención, sostuvo que para el gobierno federal no son prioridad las mujeres, ya que hay decrementos sobre todo en la atención de la salud de las mujeres como el tratamiento de diferentes cánceres, por lo que el Anexo 13 no abona al tema de la salud y la igualdad.
Por su parte, la diputada priista Montserrat Alicia Arcos Velázquez señaló que “si bien, nominalmente se contemplan algunos mínimos incrementos, hay una disminución en términos reales en casi todos los programas del Anexo 13”. Como el de prevención de la violencia contra las mujeres, al desaparecer el Paimef.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, también del PRI, se manifestó en contra de la opinión, al estimar que el PPEF 2023 sólo reparte dinero a programas clientelares del gobierno y pretende justificar el recurso transversal.
La diputada priista Melissa Estefanía Vargas Camacho mencionó que este es un presupuesto que solo sirve para repartir dinero, pero no para atender los problemas de violencia y salud de las mujeres. “Pese al impacto que pueden tener dependencias o áreas que se encargan de la atención a las mujeres, en incremento del PPEF es mínimo”.
En la reunión extraordinaria realizada de forma telemática, el pasado 31 de octubre, Vences Valencia dijo que la Comisión tenía claro la relevancia que tienen las instituciones que atienden a las mujeres, adolescentes y niñas a prevenir la violencia, generar programas y reglas de operación, con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad”. Pero no fueron tomadas en cuenta las opiniones, ni las críticas en Parlamento Abierto.
Aseguró que se tomaron en cuenta todas las opiniones de las diputadas, se estudiaron y se evaluaron e incorporaron en la opinión, por lo que reflejaba el consenso y la voluntad de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.
La morenista “aseguró” que la opinión recoge las sugerencias de foros y de integrantes de esta instancia legislativa, que solicitan la ampliación de recursos por 2 mil 333 millones para 2023 para este rubro.
Vences Valencia dijo que es necesario construir un presupuesto integral y suficiente, (sic) que permita atender las necesidades y problemáticas a las que se enfrentan las mujeres y adolescentes de México, y que, sobre todo, sea el medio idóneo para construir una sociedad de derechos en igualdad de condiciones.
Las diputadas de Morena dijeron que con esta opinión a favor se busca trabajar a favor de las mujeres que han sido invisibilizadas y contribuir a la lucha contra la violencia. Como refirió la diputada María Clemente García Moreno, “no es la mejor política pública en la que más dinero se gasta, sino la que cambia realidades y los indicadores”.
La diputada Alma Delia Navarrete Rivera a favor de la opinión de la Comisión, resaltó que se deben impulsar los programas que no son atendidos. Mientras la diputada Judith Celina Tánori Córdova se refirió a las mujeres mayores que no tienen ningún apoyo o pensión de ningún tipo y el programa de adultos mayores las beneficia.
Las morenistas Erika Vanessa Del Castillo Ibarra dijo que “buscamos es que el PPEF 2023 sea transversal, garantice derechos y disminuya las brechas de desigualdad”. Mientras Claudia Alejandra Hernández Sáenz indicó que el objetivo del presupuesto es lograr bienestar e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, lo que implica financiar programas y acciones públicas que entiendan y atiendan las especificaciones de género y, además, se enfoquen en eliminar las expresiones de violencia, discriminación y desigualdad por motivos de género.
Se requiere contar con instituciones públicas capaces de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y acompañar a las víctimas: Feministas
Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 2 de noviembre, 2022.- Feministas y familiares de mujeres víctimas de feminicidio colocaron un altar en memoria de quienes murieron víctimas de la violencia machista, en las ciudades de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, donde colocaron velas, cruces, flores y mensajes de protesta.
“En México, todos los días, son días de muertas”; “En México, cada 2 horas y media, asesinan una mujer”; “Nos faltan todas”, fueron parte cedé las cartulinas que se exhibieron para visibilizar el fenómeno que en Chiapas ha ido en aumento.
El altar fue colocado a los pies de un mural con el rostro de las víctimas que se ubica en la 7a sur entre 4a y 5a poniente de la capital Tuxtla Gutiérrez.
Maricruz Velasco, madre de Karla Gómez Velasco, asesinada en 2018, dijo que desde el día que asesinaron a su hija, ella, su esposo y su hijo, han vivido un calvario, no han podido acceder a la justicia, porque la fiscalía aseguró, favoreció al asesino.
Exigió que la Fiscalía reclasifique al agresor como feminicida, porque por sus inconsistencias en las investigaciones, el agresor fue procesado por el delito de homicidio doloso por el cual le dieron 11 años de prisión, por lo que podría alcanzar su libertad, aseguró.
“Nosotros estamos muertos en vida, pero vamos a seguir luchando y pedir la pena máxima al feminicida de mi hija al que le dieron 11 años de prisión por homicidios”, manifestó.
En un pronunciamiento, las colectivas feministas manifestaron que, desde el 18 de noviembre de 2016, cuando se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en siete municipios, “desde entonces hemos pasado de un centenar y medio de casos en 2016 a superar los doscientos casos de homicidio, feminicidio y muerte violenta de mujeres en el estado”.
Afirmaron: “Hasta octubre de este año 2022, 40 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Chiapas, 40 familias son forzadas a la pena de la pérdida y de la impunidad”.
Señalaron que “de enero a mayo de 2022, la incidencia delictiva según la Alerta de Violencia de Género del gobierno de Chiapas, se registraron mil trescientos cincuenta y cinco delitos contra las mujeres denunciados en carpetas de investigación”.
Las colectivas feministas manifestaron que para afrontar la violencia contra las mujeres se requiere contar con instituciones públicas capaces de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y acompañar a las víctimas directas e indirectas en los desgastantes procesos judiciales.
Las mujeres víctimas destacaron requieren de oportunidades de vida dignas para que puedan abandonar sus hogares donde viven con el agresor.
Finalmente demandaron establecer el fenómeno de la violencia contra las mujeres, como una prioridad en las estrategias de seguridad pública
SemMéxico, Querétaro, Qro., 2 de noviembre, 2022.- El proyecto denominado 4t de Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado por un clientelismo político que atenta contra la verdadera democracia y la representación política. *
El uso discrecional de poder y el servilismo de instituciones y partidos políticos ponen en riesgo la democracia, al dejar de lado la voluntad de la ciudadanía y ejercer a forma de dominación política la imposición reformas que solo benefician los intereses de un gobierno en turno.
La insistencia de eliminar los contrapesos que evitan el abuso de poder y la intromisión en los procesos democráticos, valiéndose del uso de instituciones para amedrentar a dirigentes de partidos y obtener el apoyo en las Cámaras del Congreso, es el reflejo de un gobierno que camina hacia un régimen autoritario.
Por ello, resulta reprobable que ahora se utilice a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para pronunciarse sobre un tema en el cual no tiene competencia, resultando absurdo que el propio órgano autónomo se preste a emitir una supuesta “recomendación” que carece de relevancia. **
Si bien, la CNDH reconoce que en el pasado la falta de limitación al poder de partidos políticos y el manejo faccioso de instituciones en los procesos electorales trajo consigo la creciente deslegitimación de las instituciones y de la política en general.
A la titular, se le olvidó que los órganos constitucionales autónomos fueron creados para fungir como contrapesos ante la falta de esa limitación. Y que estos órganos técnicos de control, no se pueden guiar por intereses partidistas o coyunturales, pues su funcionamiento no solo debe ser independiente de los poderes tradicionales, sino de los partidos o de otros grupos o factores reales de poder.
Función que claramente no está llevando a cabo, ya que su posicionamiento como titular de la CNDH se ve inclinado al actual sistema político obradorista, por lo que resulta incongruente.
De ahí que, tales acciones pongan en evidencia la intolerancia y la desbordante convicción personal con la que dichos políticos y funcionarios ejercen su labor legislativa e institucional, sometiendo a una constante tensión lo amparado por la constitución, al provocar una contradicción que afecta a los derechos fundamentales tutelados.
Si bien, el cambio en los modelos políticos, económicos y democráticos en los gobiernos, atienden a una forma de legitimar su ideología política y el poder, estos deben estar fijados por límites para que sus fines u objetivos políticos no trastoquen la democracia y soberanía.
Las actuales reformas constitucionales y la errática ejecución de políticas públicas solo devalúan los derechos de las y los ciudadanos, sometiéndolos a las reglas de su mercado político.
El ejercicio del poder político otorgado a los representantes en la toma de decisiones no debe ser absoluto ni permanente, las democracias representativas precisamente se caracterizan por la división del poder.
Depositar un poder limitado en el gobernante y establecer vigilantes, ayudará a resolver el conflicto que existe entre la necesidad de dotar de poder a un individuo para la toma de decisiones y la posibilidad de que este sobreponga sus intereses a los de la mayoría.
* El término de clientelismo se refiere al reparto de favores, bienes materiales, utilización de recursos públicos o dinero a cambio de votos o apoyo político.
** Artículo 102 constitucional. Los organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, que violen estos derechos. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.
Hoy es el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
SemMéxico/NoticiasONU, Ciudad de México, 2 de noviembe 2022.- México es uno de los países del mundo más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas es apremiante para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de la sociedad.
En el contexto de este Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas visitamos 6 estados en México que están identificados como algunos de los sitios de más riesgo por la violencia contra periodistas y escuchamos cómo las y los periodistas enfrentan esta situación.
Ni siquiera la muerte basta: Patricia Monreal. Morelia, Michoacán
Patricia Monreal Vázquez es periodista dese 1996. Desde entonces ha desarrollado su trabajo cubriendo temas relacionados con derechos humanos, género, temas electorales y políticos en diversos periódicos y medios digitales. Es coautora del libro “Los Gritos de Morelia, memoria del terrorismo en Michoacán” publicado en 2011.
De acuerdo con Patricia Monreal la violencia contra periodistas se ha exacerbado desde 2006 cuando se dieron los primeros casos de desapariciones de periodistas.
“Y esto empezó a inhibir, empezó a silenciar, a generar autocontroles en los medios de comunicación. Tenemos el corte de 14 compañeros asesinados de 2006 a la fecha, 6 compañeros desaparecidos; de ese universo, solamente en un caso hubo una persona detenida aquí en Michoacán”.
Ella asegura que esta situación, aunada a las condiciones laborales y la falta de condiciones óptimas para el desarrollo han afectado la calidad periodística porque se privilegia sobrevivir.
“Sí hay un efecto inhibidor, sobre todo a nivel regional, y se están cerrando medios por las amenazas. Es una situación muy compleja porque involucra a las familias. Por ejemplo, con el asesinato del periodista Salvador Adame, ya lo habían enterrado y todavía el año siguiente su familia fue expulsada de su casa. Ni siquiera la muerte basta”.
Sobre las consecuencias de las agresiones y violencia contra el gremio, Patricia explica el costo que tiene para la sociedad. “Somos el puente para el ejercicio de derechos de la sociedad y en la medida en que callan a los periodistas, la sociedad pierde la posibilidad de ejercer esos derechos, el derecho a la información, a saber, al conocimiento.”
Los periodistas desplazados somos una carga para el gremio: Maricarmen Aguilar. Tejupilco, Estado de México
Maricarmen Aguilar Franco es una periodista con 38 años de experiencia, la mayoría de ellos en la denominada “Tierra Caliente”, en los municipios de Tejupilco, Tlatlaya y Luvianos, en el límite entre el Estado de México, Michoacán y Guerrero. Ha dado cobertura a temas sociales, políticos, culturales y es activista por la defensa de los derechos de periodistas.
“La zona sur del Estado de México históricamente ha sido catalogada como una zona violenta y mi trabajo como periodista me llevó a involucrarme en causas sociales y me convertí en activista”.
Maricarmen ha trabajado en diversos medios; fundó una radio comunitaria que tuvo que cerrar por el asesinato de uno de los periodistas que colaboran ahí. Hace un par de años entró a colaborar al diario El Observatorio del Sur, pero luego del asesinato de Nevith Condés Jaramillo, director del medio, ella fue sacada de esta zona por el Mecanismo de Protección para Periodistas por poco más de dos años.
“Permanezco desplazada, más de dos años y medio después, y cuál ha sido mi sorpresa que ahora cuando regreso al pueblo, las cosas están peor que nunca. Ahora sí estoy realmente en riesgo porque continúo haciendo investigación periodística, porque no me he cansado de pedir justicia por mi vida y por todos los periodistas asesinados y me doy cuenta de que ya no tengo nada, ya no tengo trabajo, ya no tengo casa, ya no tengo amigos. La mayoría de los periodistas desplazados terminamos en un punto de precarización muy lamentable. Terminamos siendo una carga muy pesada para el propio gremio”.
Maricarmen no pierde la esperanza y asegura que la fuerza del periodismo está en los medios locales y regionales que son los más cercanos a la gente.
Lo único que podemos hacer es exigir justicia:Sonia de Anda. Tijuana, Baja California.
Sonia de Anda tiene 30 años de trayectoria periodística. Ha colaborado en diversos medios; es fundadora del medio Esquina 32; es integrante del colectivo “Yo sí soy periodista”; es presidenta de la Fundación Periodistas en Tijuana, integrante de la Fundación Pro Periodistas de Baja California y consejera del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas. Ha cubierto diversidad de temas políticos, sociales, migración, entre otros.
“Como en todas las zonas fronterizas, el periodismo se vuelve de alto riesgo, pero el periodismo en México en general es riesgoso porque hay impunidad y no hay una marcada persecución hacia los delitos contra periodistas. Eso alienta a que cualquiera pueda obstaculizar el trabajo periodístico”.
Sonia señala que recientemente los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado ocurridos en 2022 marcaron un antes y un después. Hacía 16 años que no ocurría un asesinato de periodistas en Tijuana.
“Uno creía que a los periodistas no nos tocaban ya porque se les calentaba la plaza. Lo llegamos a pensar. Yo soy beneficiaria incluso del mecanismo y fue a raíz del crimen de Margarito y Lourdes, y te puedo decir que no es un tema solo de voluntad, esto requiere una verdadera manifestación del estado de persecución hacia los delitos contra los periodistas”.
“Realmente creo que hoy estamos más conscientes de que el día que vienen por uno de nosotros no hay nada que hacer. Lo único que podemos hacer es exigir justicia y generar la presión necesaria para que quien atente contra un periodista, quien amenace a un periodista, quien se atreva a volver blanco a un periodista, enfrente toda la presión de los medios”.
Ya no existe la exclusiva: Iván Sánchez. Veracruz, Veracruz
Iván Sánchez, es reportero desde hace casi una década en el estado de Veracruz, enfocado en temas de políticas públicas, seguridad y derechos humanos, en busca de contar historias que den un rostro humano a los datos duros. Ha incursionado en diversas ramas del periodismo, como fotografía, periodismo digital, medios escritos, radiofónicos y la televisión. Escribe para diversos medios digitales.
Iván cuenta que llegó a Veracruz en 2001, el año más violento que se tiene registrado contra periodistas. Para él existen diversas causas de la violencia contra las y los periodistas: “Creo que viene sobre todo de la impunidad. O sea, no es que alguien esté matando periodistas, no es una persona, no es un grupo que está matando periodistas, es la impunidad. Además, hay condiciones laborales terribles. Hay compañeros que fallecieron y que sus familias nos cuentan que no recibían un salario, que les pagaban con periódicos para que ellos los vendieran y eso comían”.
Iván explica que la violencia ha cambiado la forma en la que trabajan los periodistas. “Vamos tres o cuatro reporteros, la exclusiva ya no existe. Además, es muy necesario que exista apoyo psicológico para los periodistas, con todo lo que nos toca ver, con todo lo que sabemos que ha pasado”.
Señala que esta misma violencia ha generado que las y los periodistas estén cada vez más lejos de la sociedad.
“Deberíamos estar más cerca de la gente, deberíamos estar con ellos, escribiendo sus historias, contando lo que les pasa, explicando fenómenos. Y no lo estamos haciendo porque nuestra seguridad está en riesgo y eso nos aleja de la sociedad y entonces a la sociedad le dejamos de importar”.
El periodismo debe ser más humano: Sergio Ocampo. Chilpancingo, Guerrero
Sergio Ocampo Arista es un periodista con más de 30 años de trayectoria en el estado de Guerrero. Ha dado cobertura a temas políticos, electorales, pero principalmente a temas sociales. Es conductor de un programa de noticias matutino en la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero y corresponsal de La Jornada. En 2021 recibió la presea «Sentimientos del pueblo».
Para Sergio actualmente el periodismo se ejerce en medio de agresiones que han tenido como consecuencia que muchos periódicos, medios o estaciones de radio comunitarias haya tenido que cerrar en diversas partes del estado de Guerrero, situación especialmente preocupante en aquellos lugares en donde no hay un fácil acceso o infraestructura.
“El periodismo es aquí un factor importante. Es la única forma que tienen los pobladores de enterarse de lo que pasa. Podríamos decir que vivimos en una situación de incomunicación total, en donde los que pierden son los ciudadanos que ahora nada más tenemos como opción las televisoras nacionales e internacionales, los cables, pero que no reflejan lo que sucede en Guerrero, que es uno de los estados más conflictivos del país”.
Sergio es uno de los periodistas que más ha dado cobertura a la situación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, desde la primera noche en Iguala. Pero además ha recorrido el estado llegando a zonas alejadas y peligrosas. Y esto lo ha hecho más humano.
“El hecho de ser un periodista que ha cubierto la problemática social me ha hecho más humano, menos egoísta. Y con esto de Ayotzinapa, pues yo lloré, me imaginaba a mi hijo, a mis hijos, no puede ser que maten a los muchachos, me decía. Influyen muchas cosas, pero, sobre todo para el quehacer periodístico, hay que tener compromiso”
Para él lo importante es que exista un periodismo cercano a la gente. “Mi sueño es que hubiera muchos periódicos, que cada municipio tuviera sus periódicos, para que la gente se informe y se haga una opinión”.
Él asegura que hasta la fecha no ha sido amenazado y esto lo atribuye al hecho de haber acompañado los diversos movimientos sociales. “La gente me cuida”, explica, “Pero eso me lo he ganado con trabajo, haciendo un buen trabajo como periodista”.
Las cifras no mienten: Priscila Cárdenas y Elizabeth Campbell. Hermosillo, Sonora.
Priscila Cárdenas y Elizabeth Campbell son periodistas con más de 17 años de experiencia. Ambas trabajan en Proyecto Puente. Priscila Cárdenas es la encargada del área de Investigación y Acceso a la Información Pública en Proyecto Puente y Elizabeth Campbell es Jefa de Información. Proyecto Puente tiene 11 canales de comunicación en Sonora, México y más allá de la frontera. Han sido merecedores del Premio Nacional de Periodismo 2014 y 2019 por la cobertura del Río Sonora, entre otros galardones.
Priscila Cárdenas explica que ella siempre quiso hacer periodismo de investigación pero que era un tema inaccesible porque algunos decían que no tenía caso arriesgarse.
“En Sonora teníamos el antecedente de lo que pasó con Alfredo Jiménez Mota del reportero de El Imparcial. Él desapareció y nunca localizaron su cuerpo, entonces veníamos arrastrando una herida y decíamos: pues puedes reportar la nota diaria pero no puedes hacer periodismo de investigación”.
Priscila señala que las cifras no mienten. “Llevamos para este este año 15 periodistas asesinados en México y documentadas más de 300 agresiones a periodistas, entonces es un riesgo que está en todo el país no solamente en Sonora. Es saber que tienes que realizar tu trabajo con cautela y ahí no solamente influye el reportero, porque mira yo he llegado con muchos temas, pero hacemos un análisis de riesgo”.
Para ella, la información es fundamental porque le dan al auditorio diferentes puntos de vista y fuentes para que tengan de un mismo tema una radiografía completa de qué es lo que está pasando.
Elizabeth Campbell señala que las y los periodistas “somos el puente para el ejercicio de derechos de la sociedad y en la medida en que acallan a los periodistas, la sociedad pierde la posibilidad de ejercer esos derechos, evidentemente el derecho a la información, al saber, al conocimiento”.
La libertad de prensa es fundamental para la democracia, el desarrollo y el diálogo, y es básica para la protección y la promoción del resto de los derechos humanos.
Alarmante que, en México, sólo 3 de cada 10 niñas y niños menores de 3 años con esquema de vacunación completa.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 1 de noviembre del 2022.- El colectivo Pacto por la Primera Infancia hace un exigente llamado a las y los legisladores a poner un alto a la eliminación de vacunas y servicios de cuidado de la primera infancia en el Presupuesto de la Federación 2023, cuando en el país sólo 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes cuentan con esquema de vacunación completa y solo 2 de cada 10 niñas y niños menores de 3 años tienen acceso a los cuidados y educación inicial.
En México, más de dos millonesde niños y niñas menores de 6 años están en riesgode no alcanzar su pleno potencial, casi la mitad de niños y niñas no tienen completas sus vacunas, y alrededor de 7 millones de niños y niñas menores de 6 años viven en condición de pobreza, refieren.
En una carta abierta dirigida a las y los legisladores les exigen acciones para corregir la falta de recursos públicos para garantizar vacunas y servicios de cuidados y educación inicial en lo etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023.
Exigen que se incremente a 304 millones de pesos los recursos asignados para avanzar en el Plan de implementación de la Política de Educación Inicial, etiquetados en el Ramo 11, clave del Programa P001 Diseño de la Política Educativa o Ramo 11, clave de programa S312 Expansión de la Educación Inicial de la Secretaria de Educación Pública.
Restituyan los recursos para primera infancia del Programa de Vacunación, Ramo 12, clave de Programa EO36, al menos al mismo nivel que tenían en 2022; es decir, reponer la disminución de -54 por ciento, y mandatar que ese recurso (el excedente de recurso a vacunación Covid-19 previsto en el Ejercicio 2022) se destine a abatir la brecha en la cobertura de vacunación en primera infancia.
La falta de recursos públicos para garantizar vacunas y servicios de cuidados y educación inicial representa un riesgo para la supervivencia y el desarrollo de las niñas y niños en México, sostienen.
Les recuerdan que México firmo la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 en donde se comprometió a impulsar políticas para el interés superior de la niñez, así como de acuerdo a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el artículo 3º Constitucional tienen obligación de proteger y garantizar el desarrollo integral de la niñez mexicana desde el enfoque de los derechos humanos.
Precisan que resulta alarmante que el Presupuesto de Egresos de la Federación asignado para el 2023 destine 0.1% al programa de vacunación con un recorte de 54 por ciento, y una reducción del 35 por ciento a las estancias infantiles del ISSSTE y -25 por ciento al presupuesto de apoyo a las madres e hijas, hijos de menos de 3 años.
Observan con profunda preocupación que estas reducciones presupuestales son a programas que son indispensables para garantizar el derecho a la salud y a la educación de las niñas y niños menores de 6 años.
Cuestionan cómo es posible que un país que fue referencia mundial en cobertura de vacunación del esquema básico, actualmente las familias tengan que pasar una tortura para conseguir los biológicos como la triple viral (sarampión, rubeola y parotiditis o paperas) y la BCG (tuberculosis) para recién nacidos.
En el tema de los cuidados de la primera infancia precisaron que el -2 por ciento al presupuesto destinado a los apoyos a las madres con hijas e hijos menores de 4 años de edad, apenas si alcanza para llegar a 250 mil 331 beneficiarios/as, lo que produce un retroceso en el avance del equilibrio en las tareas de cuidados y crianza.
Exigen que las y los diputados usen sus facultades exclusivas para corregir las vulneraciones al derecho a la salud, la alimentación, a los cuidados y a la protección de la infancia de la temprana edad con lo asignado en el Presupuesto de la Federación de Egresos para el 2023.
El colectivo reitera que una desus prioridades es lograr una mayor y mejor inversión en primera infancia. Sostiene quelas inversiones en esta etapa de la vida son una forma costo efectiva de abatir las brechas de desigualdad y romper el ciclo intergeneracional de la pobreza; razón por la cual deben privilegiárseles frente a otras alternativas, máxime en contextos de escasez.
El proyecto define que la entidad se guiará por la democracia participativa, deliberativa representativa y el gobierno abierto.
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 1 de noviembre del 2022.- Incorporar presupuesto para acciones a los pueblos originarios y reconocer a Chalcas, Alcohuas y Tepanecas, así como la necesidad de que el Servicio Civil de Carrera incluya mecanismos para que la juventud acceda al servicio público fueron planteados por las legisladoras y legisladores en el marco del Parlamento Abierto que analiza la reforma a la Constitución Política del Estado de México.
En el Tercer Periodo de Sesiones que preside Montserrat Ruiz Páez, presidenta de la Mesa Directiva del Parlamento Abierto, las y los parlamentarios revisaron los títulos relativos a la población, ejercicio democrático y régimen interior, la forma de gobierno y las instituciones.
En el tema de población se pidió incorporar los principios de pluriculturalidad, interculturalidad y pluralidad jurídica como ejes transversales de los pueblos originarios.
La ciudadanía expuso la necesidad de que el servicio civil de carrera incluya mecanismos para que la juventud acceda al servicio público; dejar abiertas las modalidades de participación ciudadana; reconocer los derechos de elementos de seguridad y que estas corporaciones sean organismos descentralizados.
En esta jornada, Rubén Islas Ramos, secretario Técnico de la Comisión de Seguimiento al Secretariado para el Análisis de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (SECTEC), destacó que bajo el término de población se distinguen a las y los habitantes del territorio estatal, a las y los mexiquenses por nacimiento y a los vecinos/as como residentes.
De aquí, dijo, deriva la noción de ciudadanía, que se integra por sus derechos políticos que pueden suspenderse por diversas causas.
También se considera el reconocimiento y derechos de pueblos originarios e indígenas, residentes y afromexiquenses, que conlleva el reconocimiento de la composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la entidad y los derechos culturales de todas las comunidades que han migrado al territorio mexiquense.
El texto prevé incorporar derechos y obligaciones cívicas como fomentar el comportamiento fraternal y solidariamente entre sí, rechazar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, reconocer y respetar los derechos y libertades de los demás, y satisfacer las justas exigencias éticas y de convivencia, del orden público y del bienestar general en la sociedad democrática del Estado de México.
Por otra parte, refirió que el proyecto define que la entidad se guiará por la democracia participativa, deliberativa representativa y el gobierno abierto, incorporando como sus mecanismos el referéndum, plebiscito, revocación de mandato, consulta popular, iniciativa ciudadana, parlamento abierto, cabildo abierto, presupuesto participativo, acción colectiva por omisión legislativa y solicitud popular de auditoría y que la información, propaganda y publicidad gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
En cuanto al régimen interior se agrega que el estado será democrático y municipalista, que el Estado atenderá estrictamente a los principios de celeridad, legalidad, austeridad, mejora continua, eficiencia, eficacia, máxima publicidad, equidad, ética, coherencia, transparencia y gobierno abierto y que las instituciones del Estado se guiarán bajo los principios de coordinación interinstitucional, transparencia y rendición de cuentas, interoperabilidad de sistemas de información, respeto a la seguridad jurídica y al debido proceso, igualdad de trato, descentralización y participación ciudadana.
Con la presencia de la subcoordinadora y subcoordinadores del SECTEC, Palmira Tapia Palacios, Carlos Alberto Pérez Cuevas y Óscar Silva Macedo, participaron Ausencio Valencia, Máximo Allende, Elías Velázquez, Francisco Gómez, Pablo González, Roberto Sánchez, Víctor Mara, Ruperto Retana, Ángel Reina, Roberto Contreras, Ángel Castillo y Antonio Espinal. SEM/MG
El Senado esta para defender a las instituciones no para destruirlas, en relación al INE.
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 1 de noviembre del 2022.- Combatir a la delincuencia organizada requiere de reforzar, enriquecer y coordinar una estrategia de seguridad en coordinación con los tres niveles de gobierno, expresó el senador Ricardo Monreal Ávila.
Explicó que el Senado esperará a que la mayoría de los congresos estatales aprueben la reforma electoral, que amplia hasta 2028 la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, para revisar los planes y programas de las fuerzas armadas.
Monreal Ávila consideró que “la inseguridad pública es uno de los reclamos sociales del país, por lo que se debe actuar en coordinación y colaboración con los tres niveles de gobierno, no aisladamente, en labores de coordinación, de inteligencia, y de eficacia en el combate a la delincuencia organizada”.
El Senado actuará como lo establece la Constitución, para la revisión de los planes y programas no sólo de la Guardia Nacional, sino de las Fuerzas Armadas que realizan labores de seguridad pública de manera temporal en las regiones, estados y municipios del país.
Por otra parte, y en relación a la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al Instituto Nacional Electoral (INE), expresó que ese debate está en la Cámara de Diputados, pero de aprobarse, al pasar al Senado se revisara escrupulosamente para fortalecer a las instituciones no para destruirlas, sino para darles posibilidades de defender la democracia y defender el Estado de Derecho.
Ricardo Monreal invitó a las y los ciudadanos a visitar la ofrenda que, con motivo del “Día de Muertos”, instaló el Senado de la República en la escalinata principal de dicho recinto legislativo.
Destacó que desde su apertura al público, la noche de ayer, la han visitado alrededor de mil 600 personas. Además, dio a conocer que el altar se podrá apreciar de las 10 de la mañana a las 10 de la noche y hasta el próximo 4 de noviembre.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida para los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Guadalupe y Calvo del estado de Chihuahua está empezando a rendir frutos.
*Dora Villalobos Mendoza
SemMéxico, Chihuahua, 1 de noviembre del 2022.- Flor Alejandra Corral Requejo, directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado, enumera las acciones que ha realizado esta institución para cumplir con la Alerta de Violencia de Género.
“Sin duda alguna, un factor de relevancia ha sido la voluntad política y el compromiso por parte de la magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a quien agradezco infinitamente el hacer personal esta causa, así como la lucha para la erradicación de las violencias, a través de la prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral, mediante la procuración y administración de una justicia de carácter restaurativa”, resalta la funcionaria y detalla algunas de las acciones que ha instrumentado el Poder Judicial para cumplir con la Alerta de Violencia de Género:
Tribunal especializado en violencia de género en contra de las mujeres y niñas
Una de las acciones más importantes ha sido el fortalecimiento del Tribunal Judicial Especializado en Atención a la Violencia de Género que opera en Ciudad Juárez bajo un enfoque de género e inclusión social.
El propósito del Poder Judicial es ampliar esta figura en los diversos distritos judiciales, priorizando en un primer momento a los cinco municipios donde se emitió la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género.
En Ciudad Juárez, el Tribunal Judicial Especializado opera con siete jueces y juezas, personal de apoyo, equipo de cómputo y salas de audiencias necesarias para ejercer la sensible función que realiza.
Al ser un Tribunal Especializado, conlleva que las juezas y jueces únicamente conozcan de asuntos o casos en esta materia, lo que ha permitido la profesionalización y especialización con la finalidad de que su función se concentre en este tema tan delicado e importante.
El Poder Judicial reconoce el impulso y apoyo que ha tenido por parte de la sociedad civil para la creación de este órgano de justicia, particularmente de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
En aras de mejorar y ampliar la operatividad de este Tribunal, el Poder Judicial contempla que en los años 2023 y 2024 cuente con un órgano jurisdiccional en el Centro de Justicia de la Mujeres de Ciudad Juárez, a fin de evitar actos de revictimización y con ello las personas denunciantes no tengan un proceso complejo, transitando en diversas instancias para su atención y solución a los procedimientos que enfrentan, ya que es en dicho Centro en donde acuden en un primer momento a denunciar los actos de violencia de los que son víctimas. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, comprometido con la ciudadanía, implementa los mecanismos necesarios para administrar e impartir justicia dentro del marco legal.
Tribunal especializado en medidas de protección
El fortalecimiento del Tribunal Especializado en Medidas de Protección, ubicado en el Distrito Judicial Morelos, en el municipio de Chihuahua, es otra de las acciones que lleva a cabo el Poder Judicial para atender las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género.
Este Tribunal facilita la justicia para mujeres, adolescentes y niñas, mismas que, ante una situación de violencia, requieren de la protección del Estado, por lo que, al acudir a dicho Tribunal, el cual opera los 365 días del año, las 24 horas del día, obtienen medidas de protección a fin de salvaguardar su integridad física y emocional.
Las medidas y órdenes de protección o restricción se dictan atendiendo a los principios rectores de buena fe y lealtad procesal, ante la urgencia y necesidad de protección y salvaguarda de su integridad, por lo que se otorgan estas medidas con una simple comparecencia y, de ser necesario, pueden llevarse a cabo de forma telemática.
En dichas diligencias se procura resolver la situación jurídica de las hijas e hijos de la compareciente, proveyendo la guarda y custodia, así como pensión alimenticia a favor de este grupo etario y, de ser necesario, a favor de la compareciente, ambas con carácter provisional, a fin de resolver, aún y cuando sea provisional, de manera integral aspectos mediante la ponderación de derechos, basados en el principio del interés superior de la infancia y adolescencia, así como el derecho humano alimentario y a una vida libre de violencia.
En febrero del 2021 el Poder Judicial firmó una serie de compromisos interinstitucionales en materia de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES), la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género (FEM) y el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), a fin de establecer mecanismos de articulación para optimizar el trámite relativo a las solicitudes de medidas de protección en el estado de Chihuahua.
De igual forma, el Poder Judicial cuenta con la colaboración del Registro Civil del Estado, instancia que en caso de ser necesario informa los datos necesarios relativos al acta de nacimiento o del estado civil de las personas, proporcionando, incluso a través de un oficio, actas de nacimiento para cumplimentar el objetivo de dicho Tribunal, generando con ello relaciones interinstitucionales con la finalidad de colaborar de la mano para la eliminación de violencias.
Bases y lineamientos para investigar y sancionar la violencia laboral, el hostigamiento y el acoso sexual
Otra acción que está realizando el Poder Judicial para cumplir con la Alerta de Violencia de Género es mejorar la aplicación de las Bases y Lineamientos para Investigar y Sancionar la Violencia Laboral, el Hostigamiento y el Acoso Sexual.
Estas Bases y Lineamientos fueron creadas para llevar a cabo procedimientos de responsabilidad administrativa de carácter interno, en los que se investiga, sustancia y resuelve sobre las probables faltas o responsabilidades administrativas de servidores y servidoras públicas.
El órgano investigador denominado Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas se encarga de llevar a cabo actos para recabar datos de prueba de una presunta o probable responsabilidad en la materia.
La Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género, en aquellos casos que tratan temas relativos a violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, coadyuva en las investigaciones, ofrece acompañamiento jurídico y psicológico a las personas denunciantes y víctimas, así como asesoría en el proceso, lleva a cabo periciales en psicología por parte de personas expertas en la materia para contar con elementos suficientes que permitan determinar según cada caso en particular el programa de atención que debe brindar.
Estas Bases y Lineamientos abonan a la erradicación de las violencias en los centros de trabajo, avanzando con ello en el cumplimiento de la NOM 025 y NOM 035, así como en las recomendaciones internacionales y nacionales realizadas al Estado mexicano.
Centro de personas traductoras e intérpretes
La creación del Centro de Personas Traductoras e Intérpretes es una acción más que lleva a cabo el Poder Judicial para atender la Alerta de Violencia de Género.
Chihuahua, al ser un estado fronterizo, cuenta con una diversidad cultural muy amplia, lo que ha permitido que su población tenga diferentes orígenes. Por ello el Poder Judicial creó el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes como parte de la necesidad de juzgar con perspectiva intercultural, para contar con intérpretes que no solo conozcan las variantes lingüísticas, sino también tengan conocimiento en los procesos jurídicos, así como con personas traductoras en los diversos idiomas, para cualquier tipo de procedimientos jurisdiccional, incluso actos preparatorios a juicio. Con ello cumple con la transversalización de la perspectiva de género y con la inclusión social.
Capacitación
Para el Poder Judicial es fundamental la capacitación, eje indispensable para cumplir con la Alerta de Violencia de Género.
El Instituto de Formación y Actualización Judicial (INFORAJ) tiene a su cargo la capacitación, formación, actualización y profesionalización del funcionariado del Poder Judicial, incluyendo en ocasiones al personal de otros Poderes del Estado.
La Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género, de igual forma, lleva a cabo capacitación interna y externa a los diversos Poderes del Estado en materia de derechos humanos, violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, así como en aquellos temas en los que dada la naturaleza de dicha Dirección se pueda llevar a cabo la capacitación constante, impulsado programas formativos y de profesionalización en materia de juzgar con perspectiva de género e inclusión social, a través de un enfoque interseccional y diferenciado.
El Poder Judicial cuenta con diversas maestrías y un programa de doctorado que se imparten en el INFORAJ con el fin de mejorar y ampliar la profesionalización del funcionariado jurisdiccional. En dichos programas educativos se ha incorporado la perspectiva de género y la inclusión social, ampliando con ello la visión derecho humanista de las y los servidores públicos.
Estos programas de maestría y doctorado han sido debidamente autorizados por la Secretaría de Educación, cuya matrícula implica temas de protección de derechos humanos y aplicación de una amplia perspectiva de género.
También, de manera constante, lleva a cabo capacitación a través de talleres, conferencias, cursos, diplomados, entre otros, a todo el funcionariado judicial.
Emplea como herramienta los diversos protocolos en materia de acceso a la justicia emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como toda aquella legislación aplicable en la materia.
“Recientemente se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del presente año en el Comité Académico del Poder Judicial, del cual soy parte como titular de la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género, habiendo sugerido la implementación de diversas materias que abonen no solo al cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Género, sino, sobre todas las cosas, a la erradicación de violencias procurando un cambio cultural y estructural tanto del personal como de la institución, así como la amplitud en los conocimientos que nos ocupan”, enfatiza Corral Requejo.
Anuncia que, en próximos días, en el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, el 25 de noviembre, se llevarán a cabo diversas acciones que abonarán a dicho fin.
Mesas técnicas
Flor Alejandra Corral Requejo reconoce que el Poder Judicial está cumpliendo con la Alerta de Violencia de Género gracias al acompañamiento que recibe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en la Mesa Técnica que instalaron de manera conjunta, donde se reúnen de manera periódica, por lo menos una vez al mes.
“Contar con el apoyo, acompañamiento y conocimientos del GIM ha sido de gran valía, ya que es a través de esta Mesa que se da el seguimiento a la implementación de las acciones realizadas”, indica la directora Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial.
Sus observaciones y recomendaciones, afirma la funcionaria, abonan para cumplimentar la Declaratoria y no solo eso, sino para ampliar la visión en la mejora de la función jurisdiccional.
Corral Requejo dice que los programas instaurados y otros que el Poder Judicial está proyectando a corto y mediano plazo, tienen la finalidad de avanzar en políticas públicas para garantizar una justicia con perspectiva de género, aplicando los diversos ordenamientos internacionales, nacionales y locales, con base en los protocolos que ha emitido por la Suprema Corte de Justicia y mediante el análisis de derecho comparado, que sume a la actividad jurisdiccional.
Como ejemplo, menciona la creación del Tribunal Especializado en Violencia de Género que surge como una alternativa para atender las obligaciones del Poder Judicial, misma que tiene como fin primordial que el sistema de justicia en materia penal y familiar aborde adecuada e integralmente las necesidades de las víctimas en los casos de violencia de género en contra de mujeres y niñas, procurando en todo momento la reparación del daño integral y la impartición de una justicia de carácter restaurativa.
La declaratoria
Erika Mendoza García, integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida para los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Guadalupe y Calvo del estado de Chihuahua, recuerda que la AVGM es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El Gobierno Federal declaró la Alerta de Violencia de Género para Chihuahua en agosto del 2021, después de que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) realizó el Estudio y Análisis de la Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua en 59 sesiones de trabajo.
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género es un conjunto de acciones de emergencia que deben cumplir los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Chihuahua, así como los cinco municipios mencionados, para erradicar la violencia feminicida y la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
El objetivo fundamental de la Alerta de Violencia de Género es garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado.
La Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género tiene como finalidad detener la violencia y erradicarla a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios, en este caso con los tres Poderes del Estado de Chihuahua y los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Guadalupe y Calvo.
Erika Mendoza aclara que la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia no nace únicamente de la solicitud de AVGM, sino de las responsabilidades constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos a las que todas las autoridades, en sus distintos ámbitos de competencia, están sujetas.
El informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) identificó las violaciones concretas a los derechos humanos de las mujeres que se presentan en los cinco municipios de Chihuahua y tales violaciones identificadas fueron la base para la consolidación de sus conclusiones.
El GIM analizó las causas y consecuencias de las violaciones a los derechos humanos que identificó.
A partir de la definición de tales causas y consecuencias estableció sus conclusiones sobre las acciones concretas que deben realizar los cinco municipios para cumplir con sus obligaciones y las reparaciones que deben recibir las víctimas de tales violaciones, de conformidad con la Ley General de Víctimas.
El GIM, a partir de las conclusiones que formuló en su informe, establece las propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida y, en su caso, el agravio comparado.
Integración del grupo de trabajo
Además de las instituciones públicas como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Instituto Nacional para las Mujeres (INMUJERES), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Chihuahuense para las Mujeres (ICHMUJERES), también integran el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) cuatro académicas, dos de Chihuahua y dos de índole nacional.
A nivel nacional participan Gloria Ramírez Hernández, representante de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y Andrea Medina Rosas, quien cuenta con el respaldo del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De Chihuahua colabora Sandra Bustillos Durán, representante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Rosa Verónica Terrazas Aragonez, representante del Instituto de Psicología Forense.
Participan también representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua.
Como invitadas especiales participan dos integrantes del Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua: Imelda Marrufo y Erika Mendoza García.
La sociedad civil de Chihuahua
Si bien de manera formal la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género parte de las solicitudes que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentaron ante el INMUJERES para que se investigaran los probables hechos que constituyan violencia feminicida en cinco municipios del estado de Chihuahua, para el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) fue necesario reconocer la amplia, persistente y propositiva participación social y ciudadana que ha tenido el estado de Chihuahua.
En el curso de las dos últimas décadas, diversos organismos internacionales de protección y defensa de derechos de las mujeres han formulado 518 recomendaciones para atender y prevenir la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua.
Dichas recomendaciones contemplan el abanico de violencia familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional y feminicida. Estas recomendaciones están dirigidas hacia los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los niveles municipal, federal y estatal.
Flor Alejandra Corral Requejo, directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género, afirma que el Poder Judicial del Estado, ha mantenido las puertas abiertas a las organizaciones de la sociedad civil y de diversas colectivas feministas, así como de personas de la comunidad LGBTQ+, en aras de trabajar en conjunto mediante la instalación de mesas de trabajo, observatorios y capacitaciones en todos los temas relacionados a los derechos humanos y sobre todo en tema de acceso a la justicia con perspectiva de género e inclusión social.
Considera que este vínculo es prioritario, abona a la labor jurisdiccional, su operatividad, así como al trabajo directo con aquellas personas que han sufrido alguna violencia o acompañan durante los procesos correspondientes.
Asegura que, mediante la cosmovisión de este sector, el análisis y comprensión es distinto, dado que tiene una radiografía más amplia y completa del cómo se viven las violencias, logrando una mayor sensibilización en las personas operadoras de justicia.
Los pendientes del poder judicial
La directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado reconoce que una de las recomendaciones que queda por consolidar es la capacitación en mecanismos de evaluación en los términos que establece el sistema de indicadores del Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belem Do Pará (MESECVI).
El Poder Judicial está buscando la manera de gestionar una capacitación por expertas en este tema, para ello el GIM se encuentra realizando un proyecto a fin de apoyar al respecto a este Tribunal, indica Flor Alejandra Corral Requejo.
Otra de las recomendaciones pendientes es la de armonizar la normatividad interna y la operación de las obligaciones en materia de la producción de datos e información, la cual debe cumplir con perspectiva de género, multiculturalidad e interseccionalidad.
Para ello se creó la Mesa de Trabajo Interdisciplinaria de Diseño, Implementación y Mejora de Bases de Datos, que permitirá dar un debido cumplimiento respetando en todo momento lo relativo a la protección de datos de carácter confidencial de las personas.
Esta Mesa generará estadística, debidamente desagregada, para provocar un impacto positivo en la creación e implementación de programas y políticas públicas, así como en la norma jurídica, asegura la funcionaria.
Principales retos
Para Flor Alejandra Corral Requejo, el principal reto es la erradicación de todo tipo de violencias, el cambio de paradigmas y la reeducación cultural de las personas y de quienes integramos el Poder Judicial del Estado, labor de toda la ciudadanía y de los Poderes del Estado.
“El trabajo en conjunto, sin duda, abonará para que pronto, la Declaratoria quede sin efecto porque estaremos en una situación que implique que no resulte necesaria”, señala la directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial.
Confía en que, con la voluntad política de las personas actoras principales, con el perfil idóneo para la atención de dicha Alerta de Violencia de Género y con el presupuesto indispensable, sin duda, se avanzará en la prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño causado por cualquier tipo de violencia.
La deuda histórica
“La deuda histórica sigue, no cabe duda de que hemos avanzado, se considera que sí, pero aún falta mucho por hacer”, admite Corral Requejo.
No obstante, dice que, pese a su preocupación y ocupación por abonar para la erradicación de las violencias y desigualdades por razón de género en perjuicio de las mujeres y niñas, se siente tranquila porque observa un Poder Judicial interesado y ocupado en saldar ese adeudo.
“Tengo la firme convicción que con la voluntad política que no solo he visto, sino también que he sentido por parte de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta, se ha dado un cambio con impacto positivo, por lo que considero que con el liderazgo de la presidenta continuaremos avanzando en la materia y en esta nuestra causa”, enfatiza.
Recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la nueva edición del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, documento elaborado en su primera edición para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos González y otras (Campo Algodonero), Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos contra México, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en el país.
Este Protocolo constituyó un primer ejercicio de reflexión sobre cómo investigar y en su momento juzgar, aquellos casos en los que el género y por razón de éste, tiene un papel trascendente en la controversia para originar un impacto diferenciado en las personas que participan en ella, particularmente mujeres y niñas.
El objetivo final de este instrumento es acelerar la modificación y la eliminación de prácticas culturales, actitudes y comportamientos individuales, sociales e institucionales que discriminan a las personas por su género.
La funcionaria sostiene que el INFORAJ y la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género han difundido este Protocolo y han capacitado a quienes imparten justicia para el uso de todos los protocolos que emite la SCJN.
Además, han llevado a cabo talleres en materia de atención a víctimas de violencia al personal de primer contacto y talleres para brindar primeros auxilios psicológicos, cursos y talleres en materia de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, entre otros.
Importancia de la alerta
La directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial no duda en señalar que la Alerta de Violencia de Género es un importante mecanismo para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra, así como para eliminar las desigualdades derivadas de los agravios comparados en materia de derechos humanos.
“Permite visibilizar la situación real que enfrentamos las mujeres y niñas en los ámbitos político, social, económico, cultural y geográfico, y en el caso particular, en lo que es y corresponde al acceso, procuración e impartición de justicia”, indica Flor Alejandra Corral Requejo.
Sin duda, agrega, representa un área de oportunidad para que se realice una coordinación con los tres Poderes y niveles de Gobierno, con el fin de que las acciones de emergencia y urgencia realmente logren un impacto positivo que lleve a la eliminación de las violencias y mejora del sistema de justicia en el estado.
Considera que, como autoridad, la Alerta de Violencia de Género viene a activar y a profesionalizar al personal del Poder Judicial para mejorar los perfiles de personas operadoras de justicia y conocer las realidades, más allá de un escritorio, que atraviesan las mujeres y niñas, analizando el contexto que viven de manera integral, para llevar a cabo acciones que tengan un efecto positivo en aras de abonar a la igualdad sustantiva, en la identificación de las relaciones de poder y asimetría, en la aplicación del trato diferenciado, en la interseccionalidad, en la diversidad cultural y sexual, en la erradicación de las violencias, en la aplicación de una amplia perspectiva de género y derechos humanos, con un enfoque de inclusión social.
SEM/MG
*Titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos – CEDH Chihuahua
SemMéxico, Ciudad de México, 1 de noviembre del 2022.- Ante el desdén del presidente Andrés Manuel López Obrador y el menosprecio de los miembros de su Gabinete de Seguridad, quienes una y otra vez han ignorado los llamados a reunirse o a comparecer a la cámara alta, Ricardo Monreal insiste desde hace meses en señalar que es responsabilidad constitucional del Senado revisar y reorientar políticas y programas de seguridad pública.
Así, el coordinador de las y los senadores de Morena, igual afirma es necesario reforzar las labores de inteligencia, como una coordinación entre los tres niveles de gobierno para combatir de manera eficaz a la delincuencia organizada.
El Senado esperará, dijo el zacatecano, a que la mayoría de los congresos estatales aprueben la reforma constitucional -que amplía hasta 2028 la presencia el Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública-, para adentrarse en los planes y programas de las Fuerzas Armadas en esta materia.
Esa reforma, recordó, nos faculta para llamar a comparecer a los titulares de las Fuerzas Armadas, y para requerirles explicaciones sobre los programas de seguridad.
Monreal subrayó que es justamente la inseguridad pública en el país uno de los reclamos sociales:
“Creo que la estrategia de seguridad pública se debe reforzar, se debe de enriquecer y debemos actuar en coordinación y colaboración con los tres niveles de gobierno, no aisladamente; en labores de coordinación, de inteligencia, y de eficacia en el combate a la delincuencia organizada”.
La Constitución, insiste es la que indica que es el Senado el que deberá revisar planes y programas no sólo de la Guardia Nacional, sino de las Fuerzas Armadas que realizan labores de seguridad pública en las regiones, estados y municipios del país.
A ver si ahora sí les hacen caso, digo yo.
Descomposición política
Luego, al dar una nueva explicación sobre su denuncia vs Layda Sansores, el zacatecano dijo que su intención no es ir a una venganza personal contra la morenista sino atajar la descomposición política que vive su partido y su entorno por el adelantado proceso de sucesión.
Al aclararlo, Monreal dijo que nadie se debe ofender porque él busque una continuidad con cambio, cuyo eje sea la reconciliación nacional.
Y menos aún por pretender consolidar la transición política en México desde la Presidencia de México.
Aseguró que no le sorprenden los intentos de frenar sus aspiraciones a ser sucesor de Andrés Manuel López Obrador.
El asunto, agregó, es que esta vez las injurias y los intentos por destruirlo provienen del interior del movimiento que él ayudó a fundar.
Lejos de amedrentarse, todo ello lo alienta a sentar las bases para alejarse de estas malas prácticas y hacer valer el Estado de derecho.
Las comunicaciones privadas obtenidas de manera ilegal por la gobernadora, advirtió, son un delito, no sólo su intervención, sino su utilización y difusión.
El respeto a la intimidad y la privacidad son derechos que se deben garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas según lo determinó la Suprema Corte, recordó.
Por todo ello, afirmó, su denuncia tiene bases sólidas, pues, ante confesión de parte de la propia Gobernadora de Campeche en el programa “Martes del Jaguar” -que se realiza y difunde con recursos públicos- se podría configurar, entre otros, el delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracciones I y II del mismo ordenamiento federal.
La difusión de información manipulada en ese programa constituye una abierta violación a los principios jurídicos contenidos en el artículo 134 constitucional, y evidencia el montaje orquestado por la gobernadora, dijo.
Monreal recordó que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas constituye un valor fundamental del ser humano, cuya tutela ha sido elevada a rango constitucional, según lo establece el párrafo 12 del artículo 16 de la Constitución.
Además, agregó, existen disposiciones internacionales, con jerarquía constitucional, como el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 1 prevé que los Estados miembros se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
O sea, que según Monreal, Layda no tiene hacia dónde huir.
SemMéxico, Ciudad de México, 1 de noviembre del 2022.-
López Obrador
Hemos visto con asombro
y con ira contenida,
que los que hoy ocupan puestos
donde lucrar sin medida,
son los que entregaron sobres
con el cash bien escondido.
Y el que decía no había sido
ni malandrín ni corrupto,
y jamás había tocado
el dinero mal habido
porque vivía protegido
por su pueblo tan querido,
en todito eso mintió;
porque nadie lo acusó,
de vivir desprotegido
sino de robar millones
y hacerse el desentendido.
¿Y de dónde inventaría
ese tipejo indecente
que puede hacer testamento
y heredar lo que no es suyo?
No por vivir en palacio
que mucho a todos nos cuesta,
puede sentirse monarca
y disponer del asiento
que tranzó con otro abyecto
que se largó para España.
Pero por fin le llegó,
el final que nadie quiere
y antes de irse a la Chingada,
prefirió brincar a un hoyo
donde rechina los dientes,
por el temor a que sigan
las guacamayas hablando
de cómo los militares,
han violado gente y leyes;
y de que esos generales
a los que consiente tanto
por lo que tanto le saben,
se decidan a entregarlo.
Claudia Scheinbaum
Sigue pelando los dientes
pero desde otro lugar.
La muerte ya la mató,
por flaca y sobregirada
y hoy reposa contrariada,
en tumba muy cochambrosa.
Marcelo Ebrard
De un entripado murió
con la carita pintada
de ridícula catrina,
Marcelito el tramposito.
Pese a disfraces y poses,
se fue todo embardunado
de jitomates podridos,
que la gente le aventó
por barbero y por corrupto;
porque dinero robado,
al candidato entregó;
porque a los gringos barbeó
y a Putin agasajó.
Encinas
Ese pobre hombre no supo,
ni cómo fue su morir.
Por tratar de descubrir
lo que algunos ocultaban,
pero todos ya sabían,
inventó chats y mentiras
que lo llevaron de panza
al panteón de Ayotzinapa.
Legisladoras
Son tan tontas
y vulgares,
tan léperas
e ignorantes,
tan corrientes
y chocantes,
que a los de insultos soeces
no se les dice ya más,
habla de carretoneros
sino de… legisladoras.
Oposición
Ya se ha muerto tantas veces
y de tantos malestares,
que el sepulcro tiene
listo con diferentes cajones.
Está el azul del borracho
que no se queda callado;
el deslucido amarillo,
de esos chuchos tan vendidos
y el verde con blanco y rojo
que apenas ya se distinguen
por la venta que hizo Alito
para cumplirle a su am(L)o.
Nosotros
Y lo más grave de todo
es que estamos como muertos
y que vemos ya normal,
grabaciones y mentadas
mentiras y detenciones
cochupos y cachetadas;
que pretenden nada más,
distraer nuestras conciencias
para ocultar nuestro mal,
y que cuenta no nos demos
de nuestra inseguridad
y que los narcos dominan
el Estado y la ciudad.
*Teresa Gurza es una periodista mexicana multipremiada que distribuye actualmente sus artículos de forma independiente
Los dos tipos de violencia que afectan profundamente la integridad de las personas: Acoso y hostigamiento sexual.
La entrega completa y precisa de datos oficiales sobre las sanciones que se imputan a quienes cometen estos delitos propicia la responsabilidad institucional de generar información oportuna que contribuya a fortalecer una mejor toma de decisiones en la generación de políticas públicas, comisionada.
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 1 de noviembre del 2022.- Acoso y hostigamiento sexual, dos tipos de violencia que afectan profundamente la integridad de las personas, por lo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) exige a la Secretaría de Marina (SEMAR) cuentas de procesos y sanciones específicas contra acosadores y perpetradores de hostigamiento sexual dentro de la institución.
Josefina Román Vergara, comisionada, al presentar el asunto ante el Pleno expresó la relevancia del caso, no solo por los alcances de la ley, en relación con la materia de solicitud de información, sino por el tipo de información solicitada, esto es, el marco normativo que regula el acoso y hostigamiento sexual.
“El hostigamiento y el acoso sexual son conductas de carácter lascivo, indeseadas e indebidas, que se ejercen, entre otros, en el ámbito laboral y humillan, ofenden, intimidad y atentan contra la salud, la integridad, la dignidad, las oportunidades profesionales y los derechos humanos; así, se constituyen como expresiones de violencia”, aseguró Román Vergara.
En su opinión, “la violencia y el acoso en el trabajo constituyen una transgresión a los derechos humanos que pone en riesgo la igualdad de oportunidades y son inaceptables e incompatibles con un trabajo digno. En tal tenor, debe promoverse un entorno general de cero tolerancia frente a dichas conductas”.
En el caso concreto, una persona solicitó a la Secretaría de Marina, en relación con los casos de hostigamiento y acoso sexual que se presentan dentro de dicha institución: primero, conocer el número de protocolos internos o externos que se activan cuando se presentan dichas acciones; segundo, cuáles son las sanciones que se aplican a los agresores y, tercero, el órgano encargado de sancionar.
En respuesta a la solicitud, el sujeto obligado informó que el protocolo interno que se activa lleva por nombre “Protocolo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de esta Secretaría de Marina Armada de México, para la Atención de Denuncias por Incumplimiento al Código de Conducta de esta Dependencia”, por lo que proporcionó el vínculo electrónico para que el solicitante pudiera consultarlo.
Asimismo, indicó que de manera externa se observa lo establecido en el “Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual”; además, precisó que se da vista al Órgano de Control Interno quien es el encargado de imponer las sanciones correspondientes.
Inconforme con la respuesta incompleta a su solicitud, el particular acudió al INAI y presentó un recurso de revisión, únicamente por lo que se refiere a la identificación de las sanciones que se aplican en los casos de hostigamiento o acoso sexual.
De conformidad con el análisis realizado por la ponencia a cargo de la Comisionada Josefina Román Vergara, se determinó que el agravio del particular es fundado en razón de que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que no turnó el requerimiento a la totalidad de las unidades administrativas, como puede ser la Unidad de Inspección y Contraloría General, así como la Unidad Jurídica, las que cuentan con facultades para conocer acerca de lo requerido por el particular, pues se encargan de la imposición de sanciones y la representación del personal adscrito por conductas tipificadas como delitos o infracciones.
Además, se indicó que la respuesta proporcionada no cumple con el principio de exhaustividad, toda vez que el sujeto obligado omitió informar sobre la sanción que se les puede imponer a los responsables como consecuencia de una denuncia por hostigamiento o acoso sexual.
“Si bien la Secretaría de Marina modificó su respuesta primigenia, lo cierto es que sigue sin atender lo solicitado, ya que únicamente hizo referencia a los ordenamientos sobre sanciones administrativas que contempla la Ley General de Responsabilidades, pero sin especificar en qué concepto encuadran las conductas tipificadas como acoso y hostigamiento sexual”, puntualizó.
Román Vergara añadió que, en este punto, es donde radica la relevancia de conocer con exactitud el marco regulatorio de este tipo de conductas, ya que vinculado con la generación de registros estadísticos permitirán visualizar fenómenos sociales específicos para diseñar acciones que promuevan su prevención, atención y sanción.
Asimismo, señaló que el Informe estadístico sobre el registro de casos de hostigamiento y acoso sexual en la administración pública federal indica que en 2020 se presentaron 255 denuncias en 57 instituciones por presuntas vulneraciones ocasionadas por estos delitos. El 48 por ciento de los casos registrados se concentró en tres instituciones: el IMSS, con 52 denuncias; la SEMAR, con 51; y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con 20. Además, se destaca, respecto de la distribución por sexo de los casos, que el 92 por ciento de las víctimas fueron mujeres y el 7 por ciento, hombres.
La comisionada advirtió que dichos datos nos llevan a la necesidad de continuar trabajando en acciones de sensibilización y capacitación en materia de prevención y atención de la violencia, así como de generar acciones para fortalecer la cultura de la denuncia en las instituciones.
En razón de lo expuesto, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la SEMAR, a fin de que realice una nueva búsqueda de la información requerida en las unidades administrativas competentes e informe al recurrente las sanciones específicas que se imponen a los responsables de acoso y hostigamiento sexual -al interior de la institución- tal como fue solicitado.
