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Opinión| Vivienda para todas y todos

Dulce María Sauri Riancho

SemMéxico, Mérida, Yucatán, 26 de enero del 2023.- Tuve la oportunidad de escuchar en forma presencial -como se dice ahora- los mensajes del gobernador y del presidente municipal en dos eventos realizados este mes.

El día 6, en la clausura de la sesión solemne del Ayuntamiento convocada para conmemorar el 481 aniversario de la fundación de nuestra ciudad capital, Renán Barrera trazó a grandes rasgos las acciones futuras para mantener y acrecentar la calidad de vida de la que disfrutamos quienes aquí vivimos.

Por su parte, el gobernador Mauricio Vila presentó el mensaje político que acompañó la entrega de su IV Informe en una modalidad audiovisual entretenida y didáctica, que le permitió destacar logros y avances de su administración, incluyendo algunas pinceladas para el futuro inmediato.

Ni uno ni otro mencionaron en sus respectivos mensajes uno de los desafíos más importantes del presente de Yucatán y en particular, de Mérida. Me refiero al crecimiento de la población, que en 2020 se acercaba a los 2.4 millones de personas, casi un millón viviendo entonces en el municipio de Mérida.

En el siglo XXI, Yucatán dejó de ser una entidad expulsora de población como lo fue buena parte del siglo XX, cuando se trasladaban a residir fuera del estado más yucatecos y yucatecas que los que nacían anualmente.

De 30 años a la fecha vivimos la transformación de esta dinámica, hasta llegar al Censo de 2020, el más reciente, que arrojó una tasa de incremento poblacional de 1.8 % anual para Yucatán, cuando el ritmo de crecimiento nacional fue de 1.2 %

No es que se hayan multiplicado los nacimientos de niñas o niños yucatecos en esta última década, sino que comenzaron a llegar familias procedentes de otras entidades del país y algunas del extranjero, en particular de pensionados de Estados Unidos y Canadá.

De ser una entidad federativa expulsora de población, Yucatán ahora es receptora. La mezcla virtuosa se ha dado entre apertura de nuevas opciones de trabajo productivo y la seguridad pública, en la que Yucatán destaca como ínsula de paz cuando en otras regiones, incluso cercanas, predomina la violencia criminal.

Esta nueva dinámica demográfica implica enormes retos para el estado y en especial para la capital, Mérida. Retos que no merecieron un renglón o diez segundos en las visiones de futuro que presentaron nuestro alcalde y nuestro gobernador.

Crecer rápidamente significa mayor demanda de todo tipo de infraestructura y servicios: vivienda, salud, educación, transporte, entre los más relevantes. Pero el desafío mayor estriba en lograr armonizar crecimiento y calidad de vida para las y los yucatecos nativos de esta tierra y para quienes libremente optan por hacer de Yucatán su hogar.

Veamos el tema de la vivienda, prioritario para quienes arriban buscando dónde asentarse y también para las familias originarias que demandan una casa.

En fecha reciente el Diario de Yucatán publicó una entrevista realizada a los presidentes nacional y local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) quienes coincidieron en que, para afrontar la falta de casas de interés social, habría que considerar “entre otras cosas, la construcción de este tipo de vivienda (de interés social, DMSR) en forma vertical, para bajar costos”.

El presidente nacional abundó en sus consideraciones: “Sabemos que a la gente de aquí le gusta tener casas en lo horizontal (sic), pero simple y sencillamente la tierra se ha encarecido y ya no les alcanza para comprar una. Necesitamos hacer vivienda vertical”.

Desde esa perspectiva (costos más bajos, más acceso a casas de interés social), hizo cálculos: “Si en una hectárea se pueden construir 60 casas (lote mínimo de acuerdo con la normatividad municipal vigente, de 160 m2) en la forma vertical se podrán obtener de 160 a 180”.

La solución aparente al problema de la falta de vivienda para la población más vulnerable sería pasar del hacinamiento horizontal al hacinamiento en un edificio con tres o cuatro pisos (máxima altura permitida para ahorrarse el elevador).

Ciudadanía y autoridades tienen que revisar cuidadosamente una política de vivienda popular cuyo eje fuera la construcción vertical, por lo menos, en lo que corresponde a Yucatán.

Adquirir una casa de interés social, de un solo piso, sala-comedor, baño y dos habitaciones, además de la cocina y un pequeño patio, asentada en un lote que respete el tamaño mínimo, representa la oportunidad de ampliarla “apenas se pueda”.

Las y los yucatecos nunca terminamos de construir nuestro hogar. Atestiguan este afán los montículos de material acumulado en los frentes de las casas que son, desde mi perspectiva, indicadores de la esperanza. Cercenar esta posibilidad condicionando el otorgamiento de un crédito de INFONAVIT o FOVISSSTE a ejercerlo en el pequeño espacio de un edificio, no es resolver el problema de la vivienda, sino generar otros más a mediano plazo. Además del calor, la dinámica de la convivencia cotidiana en departamentos divididos por delgadas paredes y techos bajos, con escaleras y áreas comunes insuficientes, son solo los más visibles.

Que los edificios altos, de muchos pisos, se vayan al norte de Mérida, donde familias con suficientes recursos económicos y costumbres de otras latitudes puedan adquirir departamentos amplios, con toda clase de “amenidades”, incluidos aire acondicionado, alberca, gimnasio y estacionamiento techado.

La autoridad, sin duda, tendrá que regular las construcciones verticales que están proliferando, sin que se sepa a ciencia cierta si habrá capacidad suficiente para proveerlas de agua potable, energía eléctrica y drenaje, cuando menos. Pero a las y los trabajadores, a las familias de menores ingresos que aspiran a una vivienda, los gobiernos tienen que facilitar su acceso en condiciones de dignidad.

Y en Yucatán, especialmente en la pujante ciudad de Mérida, eso solo es posible manteniendo el tamaño mínimo de los lotes, y encontrando nuevas fórmulas para que, como en el pasado, tras cada adquisición se abra una esperanza de ampliar y mejorar. No hay ríos ni barrancas que obstaculicen (y encarezcan) la ocupación de la tierra urbana.

Solo la falta de regulación adecuada y posiblemente, la miopía de las autoridades para no ver que una medida a tiempo puede garantizar la calidad de vida de la que estamos tan orgullos@s hoy.

dulcesauri@gmail.com

Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán

En 2022, se cometieron 947 presuntos delitos de feminicidio: SESSPC

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  • Estado de México la entidad con mayor número de feminicidios con un total de 138.
  • Juárez, Nuevo León, municipio que reportó 20 presuntos feminicidios.

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Ciudad de México, 25 de enero del 2023.- Durante 2022 se cometieron en México 947 feminicidios, apenas 33 menos que en 2021, considerada la cifra más alta de los últimos ocho años.

Así lo informó hoy el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su reporte mensual que cada 25 de mes da a conocer, que ubica al Estado de México como la entidad con mayor número de feminicidios ocurridos en 2022 con un total de 138, seguido de los 102 cometidos en Nuevo León.

Después con menos de cien feminicidios se ubican el resto de las entidades del país: Ciudad de México 73, Veracruz 68, Chiapas 44, Michoacán 43, Oaxaca 41, Chihuahua 38, Jalisco 34 y Morelos con 30, constituyen los 10 estados del país con más casos de violencia extrema de género contra mujeres.

Cuatro de las entidades con mayor número de feminicidios son gobernados por Morena: Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Michoacán. Por el PRI Edomex y Oaxaca (hasta noviembre de 2022). Chihuahua por Acción Nacional. Dos por Movimiento Ciudadano, Nuevo León y Jalisco y Morelos por Encuentro Social.

Las entidades con menos feminicidios durante el 2022 son Nayarit con dos, Tlaxcala con tres, Yucatán con cinco, Baja California Sur con seis y Aguascalientes con 10.

En total 17 estados del país están por arriba de la media nacional de feminicidios que es de 1.43 por cada 100 mil habitantes y solo 15 están por debajo de esa medida. En ese sentido, Colima, Nuevo León, Morelos, Campeche y Chihuahua son las más cinco entidades con tasas más altas. Y con tasas más bajas se encuentran Nayarit, Tlaxcala, Yucatán, Puebla y Guerrero.

Desde 2015 y hasta 2022 ha prevalecido un número alto de feminicidios entre mujeres de 18 años y más.

El reporte del Secretariado ejecutivo también da a conocer los cien municipios con cifras más altas: son 16 los municipios del Estado de México, Ecatepec de Morelos con 10, Valle de Chalco con nueve, Tlalnepantla de Báez con ocho, Naucalpan y Toluca con seis feminicidios cada municipio.

Seguido de la Ciudad de México con 12 municipios con más presuntos delitos de feminicidios: Cuauhtémoc e Iztapalapa con 10 cada uno, Tlalpan con nueve, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero con siete y Xochimilco con cinco entre los más violentos.

La entidad con más municipios con este tipo de delito es Nuevo León con 10. Pero es el municipio de Juárez donde se reportó el mayor número de presuntos delitos de feminicidio con 20 casos en 2022. Después General Escobedo, Guadalupe y Cuauhtémoc con 12 el primero y 11 los dos segundos; Apodaca, Cadereyta Jiménez y Ciénega de Flores con siete presuntos delitos de feminicidio cada uno. Manzanillo, Colima con 10 y Ecatepec de Morelos, Ciudad de México con 10.

De esta forma se ubican los municipios donde se registraron el mayor número de estos delitos: Juárez, Nuevo León (20); Juárez, Chihuahua (15); Morelia Michoacán 13; General Escobedo 12, Guadalupe 11, Monterrey 11 estos últimos en Nuevo León.

Cuauhtémoc 10 e Iztapalapa 10 en la Ciudad de México; Manzanillo, Colima con 10 y Ecatepec de Morelos con otros 10 presuntos delitos de feminicidio.

En estos 10 municipios se cometieron casi el 13 por ciento del total de feminicidios reportados en 2022 según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

SEM/sj/MG

Congreso de Oaxaca elige a Bernardo Rodríguez Alamilla como nuevo fiscal

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  • Me respalda mi trabajo en la defensoría, señala y rechaza las críticas de organizaciones feministas.
  • Se confirma lo que había transcendido días antes, la diputación le da 38 votos.

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 25 de enero del 2023.- Integrantes de la LXV Legislatura local eligieron al hasta hoy presidente de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla como nuevo fiscal general de Oaxaca.

Tras la votación emitida por la diputación, Rodríguez Alamilla protestó cumplir con su responsabilidad ante la diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, presidenta de la mesa directiva.

Con la sesión extraordinaria esta tarde terminaron 23 días de suspenso, luego de que el pasado 3 de enero la Comisión de Administración y Procuración de Justicia diera a conocer la convocatoria respectiva, luego de la renuncia de Arturo de Jesús Peimbert Calvo a dicho cargo, el 24 de diciembre pasado.

Como si fuera un déyà vú, de nueva cuenta José Bernardo Rodríguez Alamilla ocupará un nuevo cargo público sustituyendo a quien fuera su mentor en la propia Defensoría donde empezó a trabajar años atrás, se trata de Arturo de Jesús Peimbert Calvo, quien ocupó ese puesto entre 2012 y 2019, desde entonces y hasta este día Rodríguez Alamilla ha ocupado el cargo. Ahora lo sustituye en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y esta misma tarde rindió la protesta de ley.

Con 38 votos a favor fue electo el hasta hoy defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, dejando sin votos a dos aspirantes más, Jesica Janine Rodríguez Robles y José Antonio Álvarez Hernández, quienes integraban la terna seleccionada por el gobernador Salomón Jara Cruz.

Antes de la elección, diputadas y diputados de las diferentes fracciones políticas de la LXV Legislatura local emitieron posicionamientos, destacando la deuda que se tiene con las mujeres oaxaqueñas en materia de justicia.

En entrevista posterior a rendir protesta, dijo que lo respalda su trabajo como defensor y que respeta las críticas que las organizaciones feministas hicieron a su trabajo, “hay otra línea de opinión que vio un trabajo distinto a eso y en función a eso estamos a la altura de las circunstancias”, dijo el nuevo fiscal.

SEM/sj/MG

En México niñas, niños y adolescentes viven en pobreza y violencia por incumplimiento de derechos  

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  • Presentación del Índice de los Derecho de la Niñez.
  • Es un panorama muy desalentador para la niñez mexicana, para su supervivencia ante un presupuesto insuficiente, y la  falta de atención del gobierno para atender los problemas, Yil Felipe Wood de ChildFund.

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 25 de enero del 2023.- La niñez y adolescencia mexicana viven un incumplimiento de derechos, exagerada violencia, pobreza, marginación y rezago educativo que hace urgente una nueva política de estado, señala el estudio “Índice de los derechos de la niñez mexicana” presentado por los investigadores Mario Luis Fuentes y Saul Arellano Almanza.

Presentado en el Instituto “Dr. José María Luis Mora”, la directora Gabriela Sánchez Gutiérrez, destacó la importancia del diagnóstico y mencionó que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en una encuesta en nuestro país, antes de la pandemia, encontró que el hogar es el lugar más peligroso para las niñas, niños y adolescentes; 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han enfrentado violencia en el hogar, lo cual se agravo con la pandemia.

De acuerdo con las cifras oficiales de enero a marzo del 2022 la situación de violencia cobró la vida de 595 personas de 0 a 17 años, a lo que hay que sumar el riesgo de reclutamiento, entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes, por parte de grupos delictivos organizados reportado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano. 

En términos de calidad de vida para 2020 más de la mitad de la población infantil y adolescente vivía en pobreza, una cuarta parte presentaba carencias de acceso a alimentación de calidad y una de cada 10 presentaba rezago educativo de acuerdo al CONEVAL.

La doctora Sánchez Gutiérrez destacó la importancia del diagnóstico como una radiografía para que las y los responsables de tomar decisiones sepan los avances y retrocesos de la acción pública en la materia, vean donde no está cumpliendo el Estado Mexicano y por qué, y se coloque en la agenda pública.

Mario Luis Fuentes y Saul Arellano, investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, destacan que México es un país inapropiado para la niñez y la adolescencia porque persisten condiciones generalizadas de incumplimiento a sus derechos a la vida, a la salud, a la educación y a ser protegidos de la violencia como establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Arellano Almanza, destacó que la situación de las niñas, niños y adolescente en cinco años no ha cambiado, “lo que es muy grave”, el 50 por ciento han vivido en la pobreza, además que las condiciones son diferentes territorialmente. Las peores condiciones para la niñez están identificadas en los estados con los rezagos históricos más importantes: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla.

Señaló que no se puede proteger a un grupo etario y descubrir otro, pues si bien el índice de pobreza para las y los mayores de 65 años se redujo, el de las niñas, niños, adolescentes se incrementó.

También señaló que la primera causa de muerte en niñas, niños y adolescente son las muertes violentas por accidentes, suicidios y homicidios lo que da cuenta del maltrato y agresividad que padecen, que incluso es triple a la violencia feminicida. Cuestionó al respecto que vemos movilizaciones por los feminicidios, pero no hay una movilización por las niñas, niños y adolescentes.

El estudio abarca el periodo 2016-2020 (antes de la pandemia), los hallazgos de la investigación muestran cómo, al menos desde 2008 (cuando el PUED llevó a cabo la primera medición multidimensional de la pobreza) y hasta 2020, de forma constante, 50 por ciento o más de la población menor de 18 años en el país se identificó con esta condición.

Se expone, además, que en una escala de cero a uno, de 2016 a 2020 hubo un promedio de 0.558 en las condiciones de incumplimiento del mandato constitucional de garantizar el Principio del Interés Superior de la Niñez.

Mario Luis Fuentes destacó el hecho de que 40 millones de niñas, niños ahora no van a desarrollar habilidades y capacidades porque se les acaba el tiempo, cuando tengan 19 y 25 años habrán crecido sin haber podido desarrollar sus capacidades. Es necesario poner en el centro de atención a las niñas, niños y adolescentes, toda vez que no se ha garantizado una infancia digna ni se ha logrado una estrategia de desarrollo.

Por parte de ChildFund, la maestra Yil Felipe Wood destacó el esfuerzo para conocer el desarrollo del país y expresó que es un panorama muy desalentador para la niñez mexicana, para su supervivencia ante un presupuesto insuficiente, y la  falta de atención del gobierno para atender los problemas. Parafraseo a Gabriela Mistral “el futuro de las niños/as es hoy, mañana será tarde”.

Patricia López de Save the Children mencionó que sólo el 27.5 % de las niñas y niños de un año cuentan con vacunación completa, lo que pone a la población sin vacunar en riesgo de contagios y enfermedades prevenibles. Mencionó que su organización en informe sombra levantaron un testimonio de una niña en Chiapas que les dijo “me enfermo frecuentemente y no me quieren atender”. También se encuentran con que las acciones de salud no están integradas o no se cuenta con los programas.

Consideró que se debe asegurar un presupuesto suficiente para la salud infantil y tener una estrategia nacional.

SEM/MG

Continuará en prisión preventiva Juan Antonio V.C. determinó una jueza

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  • El presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista seguirá en el penal varonil de Tanivet.
  • Consejero Jurídico del gobierno de Oaxaca descartó desacato para cumplir la primera resolución.

Patricia Briseño / Soledad Jarquín

SemMéxico, Oaxaca, 25 de enero del 2023.- Juan Antonio V.C., presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio contra María Elena Ríos Ortiz, deberá permanecer en prisión preventiva, para evitar su evasión de la justicia, determinó una jueza quien emitió un nuevo acuerdo en contestación a un escrito girado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca al juez Teódulo Pacheco Pacheco.

Geovany Vásquez Segrero, consejero jurídico del gobierno del Estado, dijo a SemMéxico, que el nuevo acuerdo emitido por la jueza Martha Santiago, del que no se dio su nombre, determina que debe continuar en prisión preventiva en el penal varonil de Tanivet y no en sujeción domiciliaria, “hasta que haya condiciones para cumplir con la anterior determinación”.

No se trata dijo “de una revocación de la resolución emitida por Teódulo Pacheco Pacheco sino una suspensión del anterior acuerdo, estaremos atentos a la última determinación”.

El pasado sábado 21 de enero, el juez Pacheco Pacheco resolvió en una audiencia de revisión de la medida cautelar a favor de Juan Antonio V.C., para que siguiera el proceso judicial en prisión domiciliaria, lo que abría la posibilidad de que saliera del penal varonil de Tanivet donde está interno desde 2020 cuando el mismo Juan Antonio V.C. se entregó.

El gobernador Salomón Jara dijo el pasado lunes en un audiomensaje que había solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca que evaluara si había condiciones para evitar la evasión de la justicia del presunto autor intelectual de la agresión a María Elena Ríos, mismas que no se cumplían.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también se inconformó con la resolución del juez de control Teódulo Pacheco Pacheco, mientras hubo cientos de pronunciamientos de mujeres y feministas en todo el país, algunas de ellas exigiendo la renuncia del juez Pacheco Pacheco y del titular del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca Eduardo Pichacho Sánchez.

Cuatro días después, el consejero Jurídico del gobierno de Oaxaca informó que una jueza emitió un nuevo acuerdo en contestación por lo que Juan Antonio V.C. deberá permanecer en el penal de Tanivet hasta que se resuelvan las medidas necesarias para evitar que evada a la justicia.

Al mismo tiempo, Vásquez Sagrero descartó que el gobierno estatal haya desacatado el ordenamiento judicial dictado en la víspera, del cambio de la medida cautelar de prisión preventiva a arraigo domiciliario, impidiendo que se cumpliera la medida y explicó que la

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca “notificó al juzgado que no había condiciones para garantizar que el imputado se diera a la fuga, además tampoco se cuenta con los elementos para la custodia del imputado”.

El funcionario apuntó que desde anoche el juzgado suspendió la orden y por lo tanto continuará interno en el centro penitenciario varonil de Tanivet.

SEM/pb/sj/MG

Denuncian abuso sexual en reciente detención de seis mujeres en CDMX

  • Las mujeres se encuentran presas en el penal de Santa Marta Acatitla, fueron acusadas “por un delito que no cometieron”, declaran familiares.

Mercedes Martínez
SemMéxico, Ciudad de México, 25 de enero del 2023.- Este miércoles familiares, amigas y amigos de seis mujeres y un hombre que se encuentran presos y acusados de secuestro agravado en la Ciudad de México, protestaron sobre la avenida de Eje Central y Fray Servando para exigir la liberación de Mildred, Ixchel, Hilary, Fernanda, Ireetzy, Denis y Octavio.

De acuerdo a Luis Salvador Pineda, padre de tres de las mujeres que se encuentran presas en el penal de Santa Marta Acatitla, sus hijas y familiares son acusadas “por un delito que no cometieron”.

El pasado 25 de noviembre las jóvenes acudieron al llamado de una mujer identificada como Tracy, quien les aseguró que les devolvería el dinero correspondiente a la venta de boletos para conciertos que no entregó. “Al llegar a la colonia Doctores ella les comentó que tenía el dinero en otra ubicación, en donde llegaron seis patrullas y se los llevaron acusados supuestamente de secuestro agravado”, relató el familiar de las víctimas.

“Nos hemos presentado a tres audiencias, el juez ha sido muy duro. No tenía porqué vincularlas a proceso. Desde el principio la detención fue ilegal: fueron policías varones quienes hicieron la detención”. Familiares de las jóvenes acusaron que existió abuso sexual durante la detención, pues los elementos policiacos “tocaron, manosearon y abusaron de ellas”. “A una de ellas le metieron la mano en el pantalón, cuando ella reacciona el policía saca su arma, corta cartucho y le dice ‘copera pendeja si no te vas a morir’”, dijo Pineda en entrevista. “Nunca hubo mujeres policías durante la detención”.

Hasta el momento la defensa no ha tenido acceso a las pruebas que se hallan en las cámaras de video, y la Fiscalía no ha solicitado los comprobantes de pago donde consta que Tracy recibió depósitos a cambio de boletos para diversos conciertos, mismos que no entregó. La cifra asciende a medio millón de pesos.

“Pedimos justicia para ellas, son mujeres que trabajan y que son madres. Octavio es ingeniero en sistemas en un banco, pero ya hasta perdió el empleo”, lamentó Pineda. Este miércoles, las siete personas cumplieron dos meses privados de la libertad en los penales de Santa Martha Acatitla y el Reclusorio Oriente.
SEM/MG

Violencia ácida debe ser tipificada como tentativa de feminicidio, pide María Elena Ríos

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  • Desde la Cámara de Diputados pide renuncia del presidente del TSJ de Oaxaca.
  • La diputada Irma Juan Carlos dijo que por “tráfico de influencias”, le dieron un cambio de medida cautelar.

Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 25 de enero del 2023.- María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente a un ataque de ácido en septiembre de 2019, se pronunció porque la “violencia ácida” sea tipificada como feminicidio, no como tentativa de lesiones.

También exigió la renuncia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, así como el inicio de una carpeta de investigación contra el juez Teódulo Pacheco Pacheco, quien cambió la medida cautelar a favor de Juan Antonio V. C., presunto autor intelectual del ataque, para que éste siga su proceso en prisión domiciliaria.

Esto durante una conferencia realizada en la Cámara de Diputados, donde la acompañaron las diputadas Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN), Jaqueline Hinojosa Madrigal (PRI) Elizabeth Pérez Valdez (PRD), entre otras, así como de la activista Olimpia Coral Melo Cruz.

Ante las y los representantes de la prensa, la saxofonista Ríos Ortiz dijo: “Digan, Eduardo Pinacho Sánchez y Teódulo Pacheco Pacheco cuántos millones les pagó Juan Antonio Vera Carrizal para que lo liberaran”.

Advirtió que no está tranquila, que el cambio de medida cautelar -de prisión preventiva a domiciliaria- pone en riesgo su vida y la de su familia, por lo que responsabilizó al presunto autor intelectual de cualquier agresión que pudiera sufrir.

Tráfico de influencias

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Irma Juan Carlos, dijo que aceleran un pronunciamiento en contra de la resolución que otorga prisión domiciliaria a Juan Antonio V.C. a quien se le concedió prisión domiciliaria el pasado jueves en una resolución del juez Pacheco Pacheco.

La diputada Irma Juan Carlos dijo que por “tráfico de influencias”, le dieron un cambio de medida cautelar al exdiputado local priista.

El impulsor de la propuesta, Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI), dijo que al tratarse de una mujer indígena esta Comisión debe tener un punto de vista sobre este asunto que es de la mayor gravedad.

Del PT, la diputada Esther Martínez Romano resaltó la importancia del documento en donde se condena la resolución del juez, por lo que, sospechosamente, se debe pedir también su destitución o remoción pues la decisión alienta la impunidad y la indefensión de las mujeres.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC) destaca que “se trata de un acto condenable a todas luces y una franca violación a los derechos humanos, pues exime de otros cargos con los que el autor intelectual debería purgar su condena en prisión. No se puede excluir y aplicar la ley de forma discrecional”.

Pedro Sergio Peñaloza Pérez, diputado de Morena, apuntó que la Comisión está obligada a no quedarse llamada “ante esta provocación que se está haciendo desde el Poder Judicial en contra de una hermana”, por lo que este pronunciamiento no debe quedar solo en condena, sino que el funcionario debe dejar de estar en un espacio donde vulnera los derechos humanos.

La diputada Sayonara Vargas Rodríguez (PRI) coincidió en que se debe pedir que el responsable intelectual siga en la cárcel, se haga mención que las cicatrices son evidentes y permanentes, y que se manifiesta que no solo se está abogando por María Elena Reyes, sino que será un precedente ante cualquier agresión hacia una mujer.

A su vez, la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez (PVEM) pensó que deben ser cuidadosos en el pronunciamiento visto desde el aspecto legal, ya que no se debe exceder diciendo que fue el Poder Judicial, sino que debe ser respetada la situación expuesta por la ley y se requiere ser puntual.

Por Morena, la diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez subrayó que esta Comisión estará pendiente del tema con un seguimiento puntual y pidió que en la primera sesión se haga un posicionamiento en tribuna.

SEM/sj-pb/MG

Violentadores y deudores sin espacios en cargos públicos, avanza Ley 3 de 3

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  • Esta mañana los grupos parlamentarios de oposición y Movimiento Ciudadano se comprometieron a legislar para las elecciones de 2024 la ley 3 de 3 contra la violencia.

Sara Lovera

SemMéxico, Ciudad de México, 25 de enero del 2023.- En una reunión con los grupos Las Constituyentes, Nosotras Tenemos Otros Datos y Todas México, informaron que acelerarán cambios constitucionales para que ningún violentador o deudor de pensión alimenticia ocupe cargos de representación popular o sean designados funcionarios públicos. Lo anterior apegado a la 3 de 3 que ya es un lineamiento del INE y se ha formado un directorio de violentadores.

Ello apegado a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN del 17 de enero pasado en el caso de Yucatán.

Según Yndira Sandoval Sánchez recalcó que este es el comienzo de un proceso de cambio en la cualidad de las candidaturas en México.

Estuvieron en el compromiso las y los dirigentes partidarios, En algunos estados ya se avanzó. El compromiso significa reconocer que la violencia contra las mujeres debe ser realmente combatida.

SEM/MG

Plan B, anticonstitucional y retroceso a los derechos de las mujeres, Mujeres en Plural

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  • Los derechos políticos son fundamentales para que las personas puedan ejercer todos sus derechos humanos.
  • La igualdad es posible cuando existen leyes, voluntad política y autoridades que cumplan y hagan cumplir sus mandatos.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 25 de enero del 2023.- Desde Mujeres en Plural se manifiestan en contra de las reformas electorales con fundamento en el análisis de las mismas, enfatizando aquello que afecta la participación política y electoral de las mujeres, su igualdad de trato y oportunidades ante la ley, así como la paridad en todo. El Plan B, atenta contra la democracia, menoscaba los derechos de la ciudadanía y amenaza los avances que han construido las mujeres.

Hoy, la paridad es un principio Constitucional y un derecho de las mujeres, lo que ha permitido a las instituciones autónomas y jurisdiccionales como el INE y el TEPJF proponer las medidas necesarias para asegurar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad, eliminar paulatinamente los obstáculos que impiden o dificultan su participación y asegurar que cuenten con los recursos y los apoyos necesarios para su inclusión, además del papel que han jugado las sentencias fundadas en la perspectiva de género para ejercer sus derechos políticos.

Los derechos políticos son fundamentales para que las personas puedan ejercer todos sus derechos humanos; sin la libertad de reunión, de expresión, de asociación y de participación en la vida pública de nuestro país, resulta imposible ejercer el conjunto de derechos civiles y económicos de los cuales todos y todas somos titulares.

La progresividad de los derechos políticos y humanos de las mujeres es sin duda una prueba de que la igualdad es posible cuando existen leyes, voluntad política y autoridades que cumplan y hagan cumplir sus mandatos. Todo ello, sin embargo, está en riesgo por las reformas legislativas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, a las que se han sumado el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

En México, la participación política de las mujeres ha sido un proceso paulatino y gradual que logró un gran avance con la reforma constitucional en 2014, que mandata la paridad en los cargos de elección popular y, en 2019, con la conquista de la paridad en todos los espacios de la vida política del país.

Al establecerse los derechos humanos de las mujeres en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, se reafirma que el derecho a la participación de las mujeres en todos los espacios de decisión y ser electas en todos los espacios sujetos al voto popular es una obligación del Estado, por lo que debe promover, proteger y garantizar a través de todas las medidas necesarias la incorporación en condiciones de igualdad de las mujeres a la vida pública y política del país, de la misma manera llama a los Estados a realizar las acciones necesarias para eliminar todos los obstáculos, entre ellos la violencia y la pobreza, a fin de asegurarlos.

Si bien la reforma electoral reconoce la paridad de género como igualdad política entre mujeres y hombres, asegurada a partir de la asignación del cincuenta por ciento de mujeres y cincuenta por ciento de hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación, plantea a la vez graves retrocesos:

  • Prohíbe expresamente que la autoridad electoral intervenga en el cumplimiento del principio de paridad en la postulación de candidaturas y dirigencias partidistas, así como en la emisión de reglas para garantizar dicho principio, razón por la cual su cumplimiento queda a la discrecionalidad de los partidos políticos.
  • Las autoridades electorales no tendrán competencia para rechazar candidaturas de personas que han cometido violencia política en razón de género contra las mujeres, como resultado de sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales. Así como otros tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.
  • No se reconoce la posibilidad de cancelar candidaturas a hombres que se encuentran en situación de deudores alimentarios o que han ejercido violencia familiar o violencia sexual contra las mujeres, contempladas en la 3 de 3 contra la violencia, a pesar de que esa medida ya ha sido declarada constitucional por la SCJN en diversos asuntos.
  • No se consideran importantes medidas introducidas por las autoridades electorales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad, ni la jurisprudencia emitida por los tribunales electorales para tutelar dichos derechos, entre ellas:

> La obligación de postular igual número de mujeres y hombres en distritos o municipios de alta, media y baja competitividad para sus respectivos partidos, reduciéndolo a solo dos bloques de alta y baja competencia, lo que disminuye sus posibilidades de ganar.

> El acceso equitativo de las candidatas al financiamiento público para campañas y tiempos en radio y televisión, a fin de garantizar que las mujeres no solo sean postuladas, sino que compitan en igualdad de condiciones.

> La proporcionalidad y reglamentación de acciones afirmativas en favor de grupos tradicionalmente discriminados, que disminuyen en número y quedan al arbitrio de los partidos políticos al negarse a la autoridad la posibilidad de regular la asignación de candidaturas.

> Juzgar con perspectiva de género es un tema que desaparece con las nuevas disposiciones, pese a estar en sentencia de la SCJN.

  • Se privilegia la autodeterminación de los partidos políticos sobre los derechos políticos de las mujeres.
  • Restringe la facultad interpretativa y de control de convencionalidad de las autoridades electorales.
  • Limita al TEPJF en la aplicación de los principios pro-persona y de progresividad de derechos humanos en el ámbito político y electoral.
  • Faculta a los partidos políticos para emitir en sus documentos básicos criterios que el TEPJF no puede juzgar, aun cuando contravengan los preceptos constitucionales, convencionales y legales en materia de derechos humanos.
  • Viola Tratados internacionales que México ha aprobado y ratificado en materia de derechos humanos de las mujeres.

SEM/MG

Implicaciones de la reforma electoral, Córdova Vianello

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  • Algunos de los riesgos son, que no se instalen casillas y que el personal sea capacitado de manera adecuada como hoy lo hace el INE.
  • El conocido “Plan B” de reforma electoral implica una constelación de violaciones constitucionales.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 25 de enero del 2023.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, criticó la aprobación del llamado “Plan B”, cuya entrada en vigor es inminente y advirtió que serán impugnadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el INE, así como por diversos institutos políticos que ya lo han anunciado, con lo cual pueden ocurrir dos cosas: que sean validadas o revocadas por la Corte.

El conocido “Plan B” de reforma electoral implica una constelación de violaciones constitucionales que podría poner en riesgo la organización del proceso federal 2024, ya que altera el método para la instalación de casillas y su integración ciudadana, con el cual se mantiene el riesgo que el conteo de los sufragios genere incertidumbre, sostuvo el consejero presidente del INE.

Desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, señaló que la modificación de las leyes en materia electoral y de comunicación social implican la transgresión a tres elementos: uno, la intervención del poder en los órganos electorales, vulnerando su autonomía e independencia; dos, la eliminación del Servicio Profesional Electoral Nacional que da garantía a la organización de las elecciones y la estructura permanente del INE que permite día a día conocer a la población y al territorio, “porque todo el tiempo está en contacto con el entorno del país” y; en tercer lugar, las condiciones de equidad en la contienda.

Destacó que la presencia territorial es indispensable porque se requiere que el personal sea de la zona y “una elección no se construye de la noche a la mañana” como lo pretende la reforma electoral, por lo que se pone en riesgo que no se instalen casillas y que el personal sea capacitado de manera adecuada como hoy lo hace el INE.

Al impartir la conferencia magistral “Evolución y riesgos de la democracia”, dentro de la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, subrayó que actualmente el Servicio Profesional Electoral se compone de  2,571 integrantes que, con la entrada en vigor de la reforma, desparecería el 85 por ciento de esas plazas, quedando sólo 600 de ellas, puntualizó ante Mauricio Merino y estudiantes de la Universidad de Guadalajara.

Aunado a ello, el cambio en materia de comunicación social confunde libertad de expresión con propaganda política, ya que se permite que las y los gobernantes se entrometan en las elecciones, retrocediendo 15 años luego de la aprobación de reforma electoral en 2007, que les impuso candados.

Lorenzo Córdova lamentó que los cambios no se aprueben como fruto del consenso político, ya que hubiera sido pertinente que las reglas de acceso al poder se hayan pactado, que sirvieran para mejorar el actual modelo electoral y que haya partido de un diagnóstico con cifras y datos duros sobre el sistema.

Córdova realizó un recorrido de la vida democrática en México, la cual se erigió sobre un régimen autoritario hasta convertirse en una democracia que, en nuestros días es reconocida en todo el mundo.

La transición de la democracia en México es muy particular y específica, porque se desarrolló en un modelo único de gobierno autoritario hasta pasar a una democracia efectiva.

El federalismo y la división de poderes siempre estuvieron en la Constitución de 1917; sin embargo, -añadió- eran instrumentos que estaban ahí pero no operaban. El Congreso era oficialía de partes de las iniciativas que venían del Ejecutivo y el Poder Judicial no se oponía al poder presidencial, por lo que el gran problema era como activar la democracia como mecanismo de control.

Hoy el país atraviesa por una pluralidad política indiscutible, lo cual se puede ver en la alternancia existente, así como gobiernos divididos y parlamentos plurales que se dieron a través de una serie de reformas electorales: 1978, 1990, 1994, 2007 y 2014.

Al explicar dónde estamos con el actual sistema electoral, el Consejero Presidente externó que el INE ha organizado 330 procesos electorales -federales, locales y extraordinarios, al que se sumará uno más con la elección por una Senaduría en Tamaulipas en febrero próximo- con lo que se ha dado paz y estabilidad política al país en los últimos años.

En su intervención, Mauricio Merino, comentó que Lorenzo Córdova terminará su gestión en el INE rodeado de respeto y legitimidad. “Si bien es difícil llegar a los cargos, es excepcionalmente difícil, dejar los cargos con el nivel de reconocimiento y credibilidad con que dejará el Instituto”.

Está dando la batalla desde la Presidencia del Consejo General que nació con el INE en 2014, porque “hoy la reforma electoral pone riesgo lo construido por muchos años, a pesar de las 330 elecciones organizadas en el país en apego a la letra de la Constitución y el respaldo a la democracia”, mencionó.

SEM/MG

Quita munícipe a tres regidoras en Zenzontepec, Oaxaca, las sustituyen sus esposos

  • Para “evitar conflictos al interior del hogar que perturben la relación familiar”, dicen en una carta mujeres de la población.
  • Ganaron en la elección, pero las ausentaron en la toma de protesta el 1 de enero.

Patricia Briseño

SemMéxico, Oaxaca, 25 de enero del 2023.- Tres regidoras electas de Santa Cruz Zenzontepec fueron reemplazadas por sus esposos en el cabildo encabezado por el presidente municipal, Pedro López Sánchez, sin argumento aparente, violentando el principio de progresividad y los derechos políticos-electorales de las mujeres.

Un grupo de mujeres de esta comunidad indígena, asentada de la región Sierra Sur, expusieron que el pasado 1 de enero en la ceremonia de relevo de autoridades municipales, Macrina Andrea Celio Jiménez, María Robles Juárez y Maura Gutiérrez Santiago, “extrañamente” se ausentaron en esa fecha cuando debían rendir protesta al cargo conseguido por un amplio número de votos.

Conforme al sistema normativo indígena (usos y costumbres) cuatro mujeres fueron electas para dirigir igual número de concejalías por un periodo de tres años, 2023-2025, mientras que cinco hombres ocuparían otras carteras -las más relevantes- presidencia municipal, sindicatura, regiduría de hacienda, obras públicas y educación.

En tanto, ellas ocuparían las regidurías de salud, mercados, asuntos agropecuarios y asuntos indígenas, pero el día de transmisión de poderes, únicamente rindió protesta Aurelia Merino Sarmiento como concejal de salud, las otras carteras fueron ocupadas por Magdiel Ruiz Martínez, Giovanny Ortiz Rodríguez y Celestino Cruz Cavero, esposos de las mujeres electas.

De tal manera que hoy, Merino Sarmiento es la única mujer en un cabildo en el que predomina el sexo masculino, incumpliendo las diversas disposiciones relativas al principio de paridad.

En una carta de denuncia refieren que sus compañeras de la comunidad chatina aceptaron ‘cederle’ el cargo a sus compañeros y padres de sus hijos/hijas para “evitar conflictos al interior del hogar que perturben la relación familiar”, dicen vecinas de ese municipio.

Señalaron al presidente municipal, Pedro López Sánchez, de simular en papel un cabildo que garantiza a las mujeres el acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad, pero en los hechos las violenta.

La primera elección ordinaria de Santa Cruz Zenzontepec, celebrada el 9 de octubre de 2022 fue invalidada por el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) debido a la exclusión total de las mujeres en ese proceso.

El órgano emplazó a la comunidad a celebrar una elección extraordinaria (antes del 31 de diciembre) en la que “garantizara a las mujeres su derecho a votar y acceder a cargos de elección popular en condiciones de igualdad”.

El proceso extraordinario se realizó el 28 de diciembre y resultaron electas cuatro mujeres propietarias y dos suplentes. Dos días después, el órgano electoral lo dio por valido el proceso local del pueblo chatino al “atender” las diversas disposiciones al principio de paridad de género.

Consumada la calificación, el 1 de enero pasado el alcalde López Sánchez rindió protesta junto con sus concejales, incluyendo a los esposos de las tres regidoras “ausentes”.

SEM/MG

Mirada Violeta| Día Internacional de la Educación

Guadalupe Ramos Ponce

SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 25 de enero del 2023.- De acuerdo a lo señalado por Naciones Unidas, la educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo.

El derecho a la educación está consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración exige la educación primaria gratuita y obligatoria. La Convención sobre los Derechos del Niño/a, adoptada en 1989, va más allá al estipular que los países deberán hacer que la educación superior sea accesible para todas y todos.

La educación es clave para el desarrollo sostenible, cuando se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional reconoció que la educación es esencial para el éxito de sus 17 objetivos. El Objetivo número 4 de Desarrollo Sostenible tiene, concretamente, como objetivo “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas” para el año 2030.

La educación ofrece a los niños y las niñas una oportunidad de salir de la pobreza y un camino para alcanzar un futuro prometedor. Sin embargo, 244 millones de niñas, niños y jóvenes están sin escolarizar, 617 millones de niñas, niños y adolescentes no pueden leer ni tienen los conocimientos básicos de matemáticas; menos del 40 por ciento de las niñas del África Subsahariana completan los estudios de secundaria de ciclo inferior y unos 4 millones de niñas, niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela. El derecho a la educación de estas personas se ve afectado y eso es inaceptable.

Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todas y todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niñas, niños, jóvenes y adultos.

De acuerdo con REPEM (Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe), la educación a lo largo de la vida, es un derecho humano habilitante del ejercicio de los otros derechos humanos. Debe aportar a reducir la pobreza de voz, de oportunidades y de recursos de las personas. Y especialmente en las mujeres, aportar para construir un proyecto de vida que las habilite vivir en un mundo en el que persisten las desigualdades de género y romper los ciclos de violencia, de discriminación, de subordinación y exclusión en los que todavía se encuentran, desde una perspectiva diversa para las mujeres empobrecidas, de pueblos originarios, mujeres jóvenes, afrodescendientes y de las diversidades sexuales, una mayor concentración de recursos y servicios.

De acuerdo con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, todos los Estados de la región de América Latina y el Caribe, deben garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad humana, además señala “que la educación es un Derecho Humano universal, inalienable, irrenunciable, inherente a todas las personas, basado en principios de igualdad y no discriminación. Es un derecho habilitante para el ejercicio de los demás derechos humanos, y por tanto es indispensable para la promoción de la dignidad humana”.

Sin duda, hoy más que nunca se hace necesario defender el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la vida, como responsabilidad del Estado. Una educación que responda a las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que reconozca las diversidades, promueva la ciudadanía y la realización de los derechos humanos, así como la superación de todas las formas de discriminación.

Dra. María Guadalupe Ramos Ponce

Vicecoordinadora de CLADEM en México

Profesora Investigadora de la UdeG.

@dralupitaramosp

lupitaramosponce@gmail.com

Canal de Youtoube Dra. Lupita Ramos.

https://www.youtube.com/channel/UCQ_bKrt9f4rkb7VST7-sYrg

 www.cladem.org

clademjalsc@gmail.com 

Liberan a Juan Paulo “N”, presunto feminicida de Frida Santamaría

  • Juan Paulo “N”, es hijo del expresidente municipal de Sahuayo, Alejandro Amezcua Sánchez y cuñado de Alfredo Anaya Orozco exdiputado federal y exsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Michoacán.
  • Frida fue asesinada en junio pasado presuntamente por su expareja, quien aceptó la culpa y reconoció haber cometido el delito, fue reclasificado por la Fiscalía Regional de Jiquilpan, la familia de Frida señala, su vida no vale 500 mil pesos.

América Juárez Navarro

SemMéxico, Morelia, Michoacán, 25 de enero del 2023.-  Tras celebrarse la audiencia por el asesinato de Frida Santamaría, ayer martes a las 15:00 horas en Jiquilpan, Michoacán, contra Juan Paulo “N”, presunto feminicida de la joven, este finalmente por decisión del juez de la causa, obtuvo una sentencia con libertad condicional que habrá de cumplir durante tres años, bajo las medidas cautelares, así lo confirmó, Sofía Blanco representante de la Colectiva Mapas.

Juan Paulo “N”, es hijo del expresidente municipal de Sahuayo, Alejandro Amezcua Sánchez y cuñado de Alfredo Anaya Orozco exdiputado federal y exsecretario de Desarrollo Económico, las Colectivas feministas habían alertado del caso, al presumir el tráfico de influencias a los más altos niveles, por tratarse del presunto responsable de un hijo de un político sahuayense, tomaría un rumbo distinto señaló en su momento Sofía Blanco representante de Mapas que dejaría sin acceso a la justicia a la familia de Frida.

Samantha prima de la joven asesinada, aseguró que tienen temor, porque han sido acosados/acosadas, y también amenazados/as por las y los integrantes de la familia del presunto responsable, “no sabemos qué va a pasar a partir de que logró su libertad, no tiene ninguna restricción, puede pasearse por todo el país, tienen muchas libertades, no están considerando los derechos de Frida, tememos por nuestra seguridad”, expuso.

Indicó que las amenazas han escalado y van desde amenazas de muerte a través de redes sociales, llamadas telefónicas y ruptura de cristales de sus carros, y todo comenzó desde que fue vinculado a proceso Juan Paulo “N”.

Expresó que sienten impotencia y coraje, porque no solo nos dejaron solas y solos, sino que lo apoyaron a él (el presunto asesino), frente a la impunidad que se vive y que se confirma que está en la Fiscalía y en el Poder Judicial, en lugar de apoyar a las víctimas y solo tomaban como una verdad absoluta, “hay mucha tristeza e impotencia”.

Agregó que esta una apelación en proceso, ante la reclasificación del delito, y nunca se aceptó la reparación del daño, “la apelación se presentó el 13 de enero en el juzgado de Sahuayo, son cinco días hábiles para que llegue a Morelia, y se debió notificar el 23 de enero, no se sabe que magistrado la tiene y no ha llegado a Morelia, pero el juez acepta hacer la audiencia en menos de 24 horas y no les importó que estuvieran los padres de Frida ni el abogado victimal”, dijo.

La Colectiva MAPAS también expresó su temor que las medidas acordadas, pongan en riesgo tanto a la familia de Frida, como al proceso en sí, ya que aún se encuentra en apelación y los riesgos de fuga por los recursos económicos, materiales y políticos del imputado son elevados.

“La corrupción e impunidad permitieron la liberación de Juan Paulo “N”, presunto feminicida de Frida Santamaría. Lamentamos la decisión del juez Mario Sotelo pues no permitió se agotaran las vías de prueba necesarias y suficientes para determinar su efectiva responsabilidad frente al delito de feminicidio, del cual se le acusaba. Asimismo, reprochamos que, a sabiendas de que se determinó que hay indicios suficientes para investigar, en un acto de cinismo, la fiscalía de Jiquilpan no las usó, ni presentó para favorecer en la reclasificación del delito de feminicidio por el delito de Homicidio Culposo”, señaló el Colectivo Mapas en un comunicado.

Exigieron a las autoridades que cumplan con su papel de ser garantes de los Derechos Humanos de las mujeres y en particular de su derecho a acceder a la justicia digna, así como a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para que cumpla con sus obligaciones conforme a protocolos que garantizan el derecho de las víctimas a obtener justicia, dado que hasta el momento la fiscalía no se ha apegado a estos y ha permitido que el día de hoy el feminicidio de Frida quede impune.

También demandaron al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, al juez de Control, Mario Sotelo, al fiscal general Adrián López Solís y al fiscal regional de Jiquilpan, Alberto Padilla Ontiveros, así como a sus subordinados/as, ministeriales y policías de investigación que den la cara frente a la violación a derechos que el día de hoy, con obscenidad, se consolidan frente a Frida Santamaría y su familia.

E hicieron responsables a las autoridades señaladas, a la familia del feminicida y al feminicida frente a cualquier atentado posible a la integridad de la familia de Frida Santamaría.

Agregaron que este es un mensaje contundente de que la vida de las mujeres michoacanas no importa, y lo ocurrido, sostuvieron se sostendría como una burla para las víctimas directas e indirectas de feminicidio, por lo que señalaron que estarán atentas a las decisiones que se tomen en el curso de este caso, que aún se encuentra en estado de apelación, bajo el principio de que las víctimas tienen derecho a acceder a una justicia plena, digna y verdadera.

SEM/MG

Tras la Puerta del Poder| La JUCOPO, espacio plural y democrático de diálogo y acuerdos: Monreal

Roberto Vizcaíno

SemMéxico, Ciudad de México, 25 de enero del 2023.- En México quizá no se ha dado un cambio democrático tan profundo y contundente como ha ocurrido en, por ejemplo, España con el acuerdo pluripartidista de La Moncloa, pero desde la aparición del Frente Democrático Nacional encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, se han dado transformaciones que han derivado en nuevos arreglos, creación de instituciones y aprobación de normas que han derivado en espacios de diálogo y acuerdo plural que han fortalecido la democracia.

Uno de esos espacios fue reconocido ayer por Ricardo Monreal al inaugurar en la sede del Senado en Xicoténcatl la Galería de Coordinadores/as de la Junta de Coordinación Política en la cámara alta.

El zacatecano estuvo acompañado por un grupo de políticos y políticas impensable de ver juntos/as en otros espacios del actual régimen de la 4T. Ahí, a un lado de Monreal, estuvieron Santiago Creel Miranda -actual presidente de los diputados y diputadas-, Manlio Fabio Beltrones, José González Morfín, Jorge Luis Preciado Ramírez y Ana Lilia Herrera Anzaldo, ella y todos ellos, expresidentes de la JUCOPO senatorial.

Monreal aseguró que, desde su creación, la Junta de Coordinación Política ha sido un espacio de un diálogo plural, democrático, y de construcción de acuerdos, por ello, “es un privilegio hacer honor a la memoria de quienes han compartido esta importante y trascendente función dentro del Senado de la República, en la más reciente historia del parlamento mexicano”.

Ha sido la JUCOPO, precursora de la Gran Comisión del largo régimen priísta, donde desde este espacio, indicó Ricardo Monreal, en el cual se ha generado durante los últimos 24 años, un marco jurídico que permite la convivencia con libertad y democracia en el país.

Esta Galería fue propuesta por el expresidente de la Mesa Directiva del Senado, el chiapaneco morenista Eduardo Ramírez.

Desde su creación hace casi 24 años, recordó Monreal, la Junta de Coordinación Política ha sido el espacio de diálogo y construcción de acuerdos legislativos que le han permitido al país dirigirse hacia mejores estadios de vida, afirmó.

Monreal inició el acto con un minuto de silencio en memoria del y de la priísta María de los Ángeles Moreno y Enrique Jackson Ramírez dos expresidentes de la JUCOPO senatorial que ya fallecieron.

También envió un saludo al panista Diego Fernández de Cevallos, quien no asistió por motivos de salud.

“Quienes integramos, quienes integraron y presidieron este órgano de dirección política, honraron la función del Senado, en tanto que la Cámara alta del Federalismo Mexicano siempre ha cumplido o ha intentado cumplir con su responsabilidad histórica”, señaló.

Agregó:

“Queremos que quienes pasen por esta sede histórica, puedan llevarse en la memoria a hombres y mujeres que han formado parte de este Senado de la República”.

Ese muro contiene desde ayer fotos de María de los Ángeles Moreno, Diego Fernández de Cevallos, Enrique Jackson Ramírez, Santiago Creel Miranda, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Gustavo Madero, José González Morfín, Jorge Luis Preciado Ramírez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera Ávila y Ricardo Monreal Ávila.

Directo a exigir la inconstitucionalidad del Plan B

Senadores de PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural afirmaron ayer que cuentan ya con los votos suficientes, el 33 por ciento de los 128 senadores y senadoras, así como el documento listo, para presentar una acción de inconstitucionalidad, contra la reforma electoral, o plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La priísta Claudia Anaya, recordó ayer que todos ellos y ellas ya votaron en contra de ese Plan en el Senado y ahora todos ellos/as van ante la Suprema Corte a exigir se declare su inconstitucionalidad.

Hoy solo requieren las y los senadores de la oposición, que el presidente López Obrador publique la ley para poder presentar la acción ante la Corte.

Recordó que la reforma fue presentada en dos minutas, una que tenía que ver con la parte de comunicación y la otra que tenía que ver con parte de la función organizacional electoral.

“La parte de comunicación logró salir en la Cámara de Diputados el año pasado, pero toda la parte organizacional electoral necesita todavía la ratificación del Senado, porque le hicieron movimientos, entonces como está en el mismo paquete necesitamos que se apruebe en el Senado de la República para que esté publicado y entonces podamos presentar nuestra acción de inconstitucionalidad”.

“Está hecha, porque finalmente ya conocemos el documento, ya sabemos de qué trata, pero queremos esperar los tiempos para poder hacer las cosas de la manera pertinente”.

La senadora por Zacatecas, explicó que la parte jurisdiccional tiene que seguir un tiempo y un momento, que no se pueden adelantar o retrasar, porque se pierden los tiempos jurídicos para hacer las cosas, todo tiene que ser en los periodos y las pautas en los que marca la legislación.

Hoy solo esperan que se agote el proceso legislativo para continuar con las acciones de inconstitucionalidad.

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Entrega Red nacional por la paridad reconocimiento a la primera mujer en presidir la SCJN

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  • Nombramiento de Norma Lucía Piña, logro de la paridad de género: Meza Espinosa.
  • Llama la red a juzgar con perspectiva feminista en favor de los derechos de las niñas y mujeres mexicanas.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 25 de enero del 2023.- La Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo entregó un reconocimiento a la recién electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien, con su nombramiento, lleva la paridad al Poder Judicial y hace historia como la primera mujer en presidir este máximo tribunal.

En nombre de la Red, su presidenta, Josefina Meza Espinosa, indicó que se confía en que su gestión signifique una oportunidad para impartir justicia con perspectiva feminista en favor de los derechos de las mujeres y niñas en México. Agregó que la designación como presidenta de la SCJN es un hecho histórico.

De las integrantes de la Red, la abogada Vanina Hernández Villegas, del capítulo Michoacán, mencionó el caso de la saxofonista María Elena Ríos, cuyo agresor intelectual Juan “N” quedó libre. En ese caso, la ministra Piña indicó que hay una diferencia entre los jueces federales y locales, y aunque no se pueda incidir de manera directa, buscarán la capacitación para evitar este tipo de casos.

Mencionó que buscará que se haga a través de la Asociación Internacional de Juzgadores, capítulo México, aunque reconoció que es difícil “llegarle” a los hombres.

Elizabeth Alfaro Leal, rectora de la Universidad Magno Americana e integrante de la Red, capítulo Michoacán, hizo énfasis en la importancia del aparato teórico feminista en la impartición de justicia. El feminismo nunca se convertirá en partido político, pero del feminismo van a salir mejores mujeres políticas, subrayó.

Araceli Catalán, abogada litigante, del capítulo Guerrero de la Red y quien litigó el primer caso en México y en Latinoamérica en donde hubo nulidad de una elección por violencia política contra las mujeres en razón de género en el estado de Guerrero, alertó que la reforma electoral que se está discutiendo representa un retroceso para los derechos adquiridos de las mujeres y que desde la Red se acompañará con amicus curiae.

Verónica Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que en la SCJN es en donde se defiende la Constitución mexicana. De igual forma, advirtió que la reforma electoral puede atentar contra los derechos de las mujeres. Aplaudió la decisión de la SCJN en validar la iniciativa 3 de 3 en Yucatán contra la violencia de género contra las mujeres.

Mar Grecia Oliva Guerrero, directora del periódico virtual feminista La Costilla Rota y del capítulo Durango de la Red, expuso la situación de las y los periodistas en México y pidió a la ministra que acompañe la iniciativa 3 de 3 y que se juzguen estos casos con perspectiva de género, con el fin de cerrar el paso a violentadores impunes en el poder. Al invitar a la ministra Piña colocarse los “lentes violeta”, ella respondió que nunca se los quita.

Guadalupe López García, colaboradora de SemMéxico y Mujeresnet.info señaló que la SCJN debe hacer una revisión sobre el uso de un discurso que borra el sexo como la categoría jurídica de los derechos humanos de las mujeres. Llamó al diálogo y a que se escuchen todas las voces respecto de este tema, al igual que lo que tiene que ver con los llamados vientres de alquiler y la regulación de la prostitución.

Mencionó los casos de agresiones y amenazas de muerte contra feministas que se han opuesto al borrado de las mujeres, como Marcela Lagarde, Alda Facio, Carol Arriaga, Aimée Vega, Andrea Medina, Sara Lovera, Laura Lecuona, Gudelia Meza y Angélica de la Peña, estas dos últimas integrantes de la Red. De igual forma, entregó un escrito del Frente Feminista Nacional, en el que saludan su nombramiento y señalan los temas de su agenda, como lo que tiene que ver con este asunto.

Por último, Mar Barragán, secretaria de la Red Nacional, mencionó la importancia de ejercer liderazgos de las mujeres colaborativos, cálidos y humanos, diferentes. Y propuso establecer mesas de trabajo para tener un diálogo abierto con la SCJN. De igual, forma, manifestó la importancia de “acuerpar” a la ministra Piña.

SEM/MG