En un breve balance, esta red de mujeres de América Latina advierte de probables retrocesos

Los avances a 30 años, desiguales, con claroscuros y conflictos

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 17 de marzo, 2025.- La aparición y el fortalecimiento de los grupos “antiderechos” y “antigénero”, conspiran sobre los avances relativos  tras 30 años desde la Conferencia de Beijing , la democracias en crisis en América Latina, es el reto más  grande para el avance de las mujer, sólo queda resistir. Y los avances, más jurídicos que reales, además, no pueden concretarse por falta de recursos.

Así lo plantea este breve balance 30 años después de que se acordó la plataforma más  avanzada para las mujeres, y estos grupos  buscan socavarla desde dentro.

Hoy  estas acciones, conservadoras,  han generado significativos retrocesos en materia de derechos, afectando especialmente el acceso a derechos sexuales y reproductivos, así como a otras áreas clave como la educación sexual integral y la paridad de género. 

Desde la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, se han realizado cinco evaluaciones sobre su implementación: Beijing+5 (2000), Beijing+10 (2005), Beijing+15 (2010), Beijing+20 (2015) y Beijing+25 (2020), con la participación activa de los países y de los movimientos feministas.

Pero el balance de hoy, en la ONU,  parece no ser optimista. Habrá que ver.

Así considera el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM, que es una red de organizaciones y activistas de mujeres que trabajan por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

Texto del balance  íntegro de CLADEM

En 1995, durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, representantes de 189 Estados y cerca de 30.000 activistas feministas de la sociedad civil se reunieron para debatir, a lo largo de casi dos semanas, sobre los derechos y el papel de las mujeres en los ámbitos social, económico, cultural y político.

 Como resultado de este proceso, se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un compromiso global que estableció directrices en doce esferas clave: medio ambiente; poder y toma de decisiones; derechos de las niñas; economía; pobreza; violencia contra la mujer; derechos humanos; educación y formación; mecanismos institucionales para el avance de la mujer; salud; medios de comunicación y conflictos armados. 

Esta Plataforma se consolidó como un plan de acción de avanzada con directrices claras para que los Estados Parte, las organizaciones feministas y la sociedad civil situaran los derechos de las mujeres en el centro de las agendas nacionales.

 Además, integró los últimos acuerdos alcanzados a nivel global en materia de derechos humanos, incluyendo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993) y la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), entre otras (Quiroga, N. et al, 2021, p.5) 

Contexto regional en la década de los 90: 

La Plataforma de Acción de la IV Conferencia representó un gran desafío para América Latina y el Caribe considerando que gran parte de los países del sur habían recuperado recientemente la democracia tras décadas de regímenes autoritarios y/o dictatoriales, y aún contaban con instituciones democráticas frágiles o inestables frente a las crisis políticas, económicas y sociales de la época. 

Al mismo tiempo, países como Colombia y los de Centroamérica atravesaban procesos de negociación de paz tras años de conflictos armados. Asimismo, muchos países de la región afrontaron procesos de discusión y adopción de nuevas constituciones, entre ellos Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993), Venezuela (1999) y Brasil (1988). 

Mientras otros llevaron a cabo reformas constitucionales significativas, entre ellos Guatemala (1993), Argentina (1994), Panamá (1994) y Nicaragua (1995). A pesar de estos desafíos, la década de 1990 trajo avances significativos en el reconocimiento de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. En el ámbito regional, la Convención de Belém 1 El presente documento fue elaborado por CLADEM en el marco de la CSW-69 que conmemora el trigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). do Pará (1995) marcó un hito en la lucha contra la violencia contra las mujeres, mientras que diversos tratados internacionales comenzaron a incorporarse en las legislaciones nacionales e incluso en las constituciones. 

Entre estos instrumentos, el Convenio 169 de la OIT representó un avance fundamental para las mujeres indígenas, al reconocer sus derechos colectivos y su participación en decisiones sobre sus territorios. 

En un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales y exclusión histórica, este convenio fortaleció su liderazgo y les permitió organizarse para visibilizar sus demandas a nivel nacional e internacional. Al finalizar la década, las mujeres latinoamericanas y caribeñas habían logrado el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos en la mayoría de los países de la región. 

Estos derechos estaban consagrados en las legislaciones nacionales e incluían el acceso a la educación, el trabajo, la administración y disposición de propiedades e ingresos, así como derechos de asociación, divorcio, patria potestad, voto y participación política. 

Para entonces, su presencia en las universidades y en el mercado laboral era cada vez más evidente. En el ámbito político, las mujeres comenzaron a ocupar un lugar más activo, aunque con diferencias entre países. 

En aquellos donde el movimiento feminista y las mujeres dentro de los partidos políticos impulsaron las llamadas «leyes de cupo o cuotas», se establecieron porcentajes de participación femenina en las listas electorales, que variaban entre el 25% y el 40%, siendo el 30% el más común2 (ONU Mujeres, 2021, p. 12). 

Si bien estas leyes fueron un avance pronto se convirtieron en «techos» que limitaron la participación femenina más allá de los mínimos establecidos. Sin embargo, lograron aumentar la presencia de mujeres en espacios de toma de decisiones, especialmente en los parlamentos, donde no solo se incrementó el número de legisladoras, sino que también se logró incluir en la agenda política las necesidades e intereses de las mujeres, promoviendo cambios en las leyes y políticas públicas. 

En el ámbito económico, los países de la región emergían de la llamada «década perdida» (CEPAL, 2023, p. 9), caracterizada por bajo crecimiento, alta inflación y crisis de endeudamiento externo. 

A pesar de este contexto adverso, las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral y a los sistemas productivos. Sin embargo, su participación seguía marcada por profundas desigualdades en comparación con los hombres. La mayoría se concentró en sectores de servicios vinculados a su supuesto «rol natural», como educación, salud, asistencia social y atención al público. En contraste, su presencia en áreas estratégicas como ciencia, tecnología, informática y matemáticas (CTIM o STEM, por sus siglas en inglés) seguía siendo muy limitada. 

A medida que avanzaba la década, las mujeres se incorporaron con mayor fuerza al mercado laboral, pero en su mayoría en los niveles bajos de la jerarquía en empresas y sector público, enfrentando la persistente brecha conocida como «pisos pegajosos» (ONU Mujeres, 2017, citado en Quiroga et al, 2 Cupo de 30% en Argentina (1991), México (1996), Bolivia (1997), Ecuador (1997), Panamá (1997). Mientras que Brasil (1995) y Paraguay (1996) establecieron un cupo del 20%. República Dominicana (1997) el 25%, y Costa Rica (1996) alcanzó el 40%. 2022, p.19). 

La representación femenina en puestos de liderazgo y toma de decisiones era escasa en los sectores empresarial, estatal y sindical, debido a la barrera de los «techos de cristal». Además, muchas mujeres estaban —y siguen estando— insertas en la economía informal, desempeñándose en negocios y emprendimientos no registrados (CEPAL, 2024, p.20). 

Aunque estos empleos suelen ofrecer condiciones laborales precarias y carecen de protección de derechos, en muchos casos permiten mayor flexibilidad para compatibilizar el trabajo con las responsabilidades domésticas, que continúan recayendo mayoritariamente sobre ellas. 

En todos los casos, la incorporación de las mujeres al mercado laboral no estuvo acompañada de una redistribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado, lo que dio lugar a que experimentaran lo que se conoce como doble jornada laboral. 

Esta fue una de las principales demandas impulsadas por los movimientos feministas de la región en los años 90. 

La necesidad creciente de las mujeres de generar ingresos para sostener a sus familias, sumada a la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, sentó las bases de la crisis de los cuidados (ONU Mujeres, 2021, p.14), que se agudizó durante la pandemia de COVID-19. 

Para las mujeres de barrios populares, la inserción laboral significó una triple jornada, ya que, además del empleo y las responsabilidades domésticas, muchas participaban activamente en organizaciones comunitarias. 

Durante los años 90, ellas desempeñaron un papel crucial en la reproducción de la vida y en estrategias de supervivencia tanto familiares como colectivas. Estas acciones fueron una respuesta a las políticas neoliberales adoptadas por la mayoría de los gobiernos de la región, que profundizaron la exclusión, el desempleo y la precarización laboral, afectando especialmente a las clases populares.

 Las políticas neoliberales y el modelo económico basado en la explotación de recursos naturales y la dependencia en las exportaciones hacia las economías del norte (Brown, C. et al, 2024, p. 22) han tenido un impacto desproporcionado en las mujeres, especialmente en aquellas pertenecientes a comunidades rurales y étnicas. 

La extracción de tierras y recursos no solo ha vulnerado sus medios de vida, sino que también ha invisibilizado su cosmovisión y prácticas ancestrales. En este contexto, los movimientos feministas comenzaron a incorporar las demandas específicas de mujeres en toda su diversidad —rurales, indígenas, afrodescendientes, entre otras—, generando conocimiento desde sus propias perspectivas e intereses. 

Durante este período, los movimientos feministas también alzaron su voz contra la violencia hacia las mujeres, especialmente contra su manifestación más extrema y cruel: el femi(ni)cidio. Exigieron a los Estados recursos y medidas concretas para su erradicación. En 1994, la mayoría de los países miembros de la OEA firmaron la Convención de Belém do Pará, el primer tratado internacional en reconocer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, estableciendo la responsabilidad de los Estados en su prevención, sanción y eliminación.

 Contexto actual: avances y retrocesos en la agenda de Beijing 

Desde la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, se han realizado cinco evaluaciones sobre su implementación: Beijing+5 (2000), Beijing+10 (2005), Beijing+15 (2010), Beijing+20 (2015) y Beijing+25 (2020), con la participación activa de los países y de los movimientos feministas. 

Gracias al esfuerzo sostenido y a la organización del movimiento feminista y de mujeres, tanto a nivel regional como global, las agendas de la Plataforma de Acción de Beijing han sido incorporadas en la Agenda de Desarrollo Sostenible, adoptada por los Estados en 2015 en el marco de Naciones Unidas. En este contexto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen un objetivo específico sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ODS 5), lo que refleja su importancia en la agenda global. 

A 30 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, resulta fundamental realizar un balance del período 2020-2025. Este análisis permitirá capitalizar los avances, sistematizar los logros en las distintas áreas de acción, identificar nuevos desafíos y, al mismo tiempo, examinar los retrocesos que enfrenta la región en el contexto actual. 

Uno de los eventos que marcó significativamente este período fue la pandemia de COVID-19. Según el Informe de OXFAM “Econonuestra” (Brown, C., 2024), la crisis sanitaria afectó especialmente a América Latina y el Caribe, exacerbando las desigualdades entre los sectores más ricos y los más pobres (Econonuestra, 2024). A pesar de los esfuerzos de varios gobiernos—como la implementación de ayudas económicas para familias de bajos ingresos, impuestos a los “superricos” y reducciones impositivas para la ciudadanía—, la concentración de la riqueza en manos de unas pocas personas y corporaciones no se revirtió. 

Además, la suspensión prolongada de actividades económicas para contener el virus provocó una caída del PIB en todos los países de la región, lo que llevó a un aumento significativo de la pobreza y profundizó aún más las brechas de desigualdad (CEPAL, 2024). 

En este contexto, los recursos gubernamentales resultaron insuficientes para hacer frente a las crisis, y fueron las mujeres quienes asumieron la mayor carga para sostener la reproducción de la vida, tanto en sus hogares como en sus comunidades. 

En los territorios más golpeados y donde el Estado estuvo ausente, las mujeres se convirtieron en protagonistas clave, organizándose en redes vecinales y espacios comunitarios para enfrentar la crisis. La salida de la crisis provocada por el COVID-19 ha sido posible, en gran medida, gracias a los esfuerzos de las mujeres (Quiroga Díaz, N. et al, 2022, p. 65). 

Durante el confinamiento, fueron ellas quienes asumieron la mayor parte de los cuidados en los hogares, especialmente tras el cierre de los sistemas educativos, lo que las obligó a desempeñar nuevos roles de acompañamiento educativo y contención emocional para sus hijas e hijos. Todo esto ocurrió mientras continuaban trabajando en modalidades flexibles como el «home office» o en sectores esenciales, como la salud y la asistencia social, exponiéndose al contagio en la primera línea de la pandemia. 

Vale la pena destacar que, durante las primeras décadas del siglo XXI, los países de la región, especialmente en el Cono Sur, vivieron una nueva primavera democrática, lo que permitió avances significativos en el reconocimiento de los derechos humanos, particularmente en lo referente a los derechos de las mujeres, niñas y diversidades.

 Estos avances fueron más notorios en países gobernados por fuerzas progresistas, conocidas como «la marea rosa» (Brown, C. et al, 2024, p. 26), aunque no se limitaron exclusivamente a ellos. A partir de 2010, los movimientos feministas y LGBT lograron una incidencia notable en las agendas públicas y gubernamentales, promoviendo cambios normativos que dieron lugar a la conquista de derechos fundamentales, como el matrimonio igualitario, la identidad de género, la legalización del aborto en distintas modalidades, la paridad de género y la erradicación de la violencia por motivos de género. Asimismo, se implementaron políticas públicas orientadas a garantizar estos derechos. 

En este contexto, la mayoría de los Estados de la región, que ya contaban con Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM), fortalecieron estas instancias, ampliando sus mandatos y funciones para garantizar una mayor efectividad en la implementación de políticas de igualdad. 

Paradójicamente, fue en este período cuando comenzaron a organizarse los movimientos antiderechos y antigénero, conformando alianzas que, aunque con particularidades en cada país, comparten ciertos rasgos comunes. Estas alianzas incluyen grupos sociales y políticos ultraconservadores, y sectores fundamentalistas de diversos credos religiosos presentes en la región, principalmente católicos, pero también evangelistas, y neopentecostales, financiados en algunos casos por parte de una élite económica de la región. Su objetivo principal ha sido generar fuertes retrocesos (backlash) en derechos humanos, sociales, feministas y de diversidad en la región (ONU Mujeres, 2022, p. 8-9) .

 Para ello, han recurrido a la construcción del concepto de “ideología de género” como una herramienta de movilización social y política que les permite enfrentar y deslegitimar las conquistas alcanzadas por los movimientos de derechos humanos y feministas. Desde inicios de la década de 2010, estas coaliciones conservadoras, de derecha y fundamentalistas han ganado espacios de poder, logrando representación en los parlamentos de distintos países de la región. 

Desde allí, han desplegado estrategias para revertir avances en materia de derechos humanos, con especial énfasis en la restricción de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT (Correa, S. et al, 2022). 

Pocos años antes de la pandemia de COVID-19, algunas de estas coaliciones lograron acceder al poder ejecutivo a través de elecciones, en algunos casos con un amplio respaldo popular. Una vez en el gobierno, impulsaron medidas para restringir el espacio cívico, limitando la libre asociación y reprimiendo protestas populares mediante el uso de la fuerza. 

Hasta la actualidad, estas acciones han generado significativos retrocesos en materia de derechos, afectando especialmente el acceso a derechos sexuales y reproductivos, así como a otras áreas clave como la educación sexual integral y la paridad de género. 

En los países donde estas fuerzas han llegado al poder (Brasil, Argentina, Costa Rica, Ecuador, entre otros), los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) han sido desjerarquizados, eliminados o fusionados, o bien han visto reducidos drásticamente sus presupuestos. 

Como consecuencia, muchas de estas instituciones han quedado vacías de contenido, sin recursos ni liderazgo efectivo para garantizar la implementación de políticas públicas de igualdad. En algunos casos, incluso han sido utilizadas para resignificar los derechos de las mujeres y niñas bajo un enfoque tradicionalista, promoviendo estructuras familiares patriarcales que refuerzan desigualdades históricas (Correa, S. et al, 2022, p. 72). 

Desde entonces, el contexto político en la mayoría de los países de la región se ha polarizado, profundizando una nueva versión de la dicotomía entre izquierda y derecha, donde los proyectos políticos progresistas y conservadores se enfrentan sin puntos intermedios. 

Esta polarización ha radicalizado el panorama político, haciendo inviables las posturas conciliadoras y desincentivando cualquier alternativa de tercera vía. 

En este clima de confrontación, la violencia política ha ido en aumento, erosionando democracias que, en muchos casos, ya eran frágiles o inestables. Aunque la institucionalidad democrática es clave para el reconocimiento y garantía de los derechos humanos — pues sin democracia no hay derechos—, en la última década ha perdido legitimidad ante la ciudadanía. 

Según datos del Latinobarómetro (2023, pp. 18-23), un número creciente de personas se muestra indiferente ante el modelo democrático o cualquier otra forma de gobierno, mientras que una proporción cada vez mayor expresa su preferencia por un régimen autoritario sobre uno democrático. 

Si bien la desafección democrática atraviesa a todos los sectores sociales, las recientes experiencias de ascenso de coaliciones de derecha populista y fundamentalismos en América Latina —y también en Europa— sugieren que hay un grupo social al que estos proyectos han dirigido un especial interés: los varones jóvenes (Morán Faúndes, J.M., 2023, p.3). 

Este sector juega un papel clave en la construcción de los modelos sociales promovidos por estos movimientos. Se trata, en muchos casos, de jóvenes sin anclaje histórico en la política, que buscan forjar su identidad ideológica dentro de una «revolución» que, aunque conservadora, incorpora elementos misóginos, homofóbicos, xenofóbicos e incluso supremacistas. Estos discursos de odio han sido amplificados en la esfera regional y global, con un impacto significativo en las redes sociales, donde han encontrado un espacio de legitimación y expansión. 

En una región como América Latina y el Caribe, marcada por una historia trágica de golpes militares, gobiernos autoritarios y la consecuente pérdida de la democracia y los derechos humanos, es fundamental reconocer la importancia de preservar la institucionalidad democrática. 

Solo a través de esta institucionalidad es posible garantizar la participación de la ciudadanía en la definición de su destino, brindar oportunidades de desarrollo, fortalecer el progreso social y permitir que cada persona ejerza su derecho a decidir sobre su propio proyecto de vida en un entorno de bienestar y libre de violencias. 

DESAFÍOS 

A treinta años de la Declaración y la creación de la Plataforma de Acción de Beijing, los avances en derechos de las mujeres han sido significativos, aunque desiguales. Sin embargo, el panorama actual exige no solo defender lo alcanzado, sino también asumir nuevos desafíos frente a un mundo en constante transformación. 

La democracia ha sido clave en la conquista de estos derechos, pero hoy enfrenta el reto de resistir a quienes buscan socavarla desde dentro y, al mismo tiempo, fortalecerse para avanzar hacia una democracia verdaderamente paritaria. 

Garantizar la igualdad real requiere transformar las estructuras políticas y económicas, colocando el bienestar, la equidad y la corresponsabilidad en el centro del pacto social. Este es quizá uno de los principales desafíos de nuestro tiempo: transitar hacia sociedades de cuidado que pongan la vida en el centro y permitan construir un futuro más justo y sostenible.

 Algunos desafíos específicos de las esferas clave de la Agenda de Beijing. Educación y economía: Es fundamental seguir impulsando la participación de mujeres en áreas CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en la educación superior y garantizar su acceso a oportunidades laborales en estos sectores estratégicos para el desarrollo económico. La acelerada evolución de la inteligencia artificial y otras tecnologías exige que las mujeres participen activamente en la toma de decisiones sobre su desarrollo y aplicación, evitando la perpetuación de sesgos de género. Sistema integral de cuidados y economía:

 La creación de sistemas integrales de cuidados (SIC) es una demanda central del movimiento feminista, ya que el actual modelo económico invisibiliza y sobrecarga a las mujeres con estas tareas. La redistribución de las responsabilidades de cuidado entre el Estado, el sector privado, la comunidad y los hogares es clave para lograr una economía del cuidado con empleos dignos y bien remunerados. 

Esto permitirá la inserción y permanencia de más mujeres en el ámbito laboral, el acceso a espacios de toma de decisiones y el cierre de brechas de género. Erradicación de la violencia: En un contexto de creciente violencia gen sexual, la violencia facilitada por las tecnologías y la exposición a embarazos forzados en la infancia y adolescencia. 

Para ello, es esencial garantizar su acceso a información y al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. Educación sexual integral: La educación sexual integral (ESI) debe implementarse en todos los niveles del sistema educativo para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir información sobre salud sexual y reproductiva. 

Esto no solo contribuye a prevenir el abuso sexual, la violencia intrafamiliar y los embarazos forzados, sino que también fortalece su autonomía y capacidad de decisión sobre sus cuerpos y proyectos de vida.

Decenas de análisis y reuniones: sigue la violencia, las guerras, la pobreza y la exclusión: urge un Pacto para el Futuro 

En Nueva York muchas mexicanas, festejando la paridad y reconociendo violencia contra la mayoría y censura a la libertad de expresión  

Redacción

SemMéxico/Agencias de noticias y medios digitales, Cd. de México,17 de marzo 2025.- La exclusión de las mujeres del progreso económico, la violencia feminicida, la pérdida de los derechos en países con democracias débiles, los efectos del cambio climático en las mujeres y el atraso de las mujeres indígenas, son los grandes pendientes de la condición de las mujeres, según el avance del recuento que estos días se hace en Nueva York y que terminará el próximo  21 de marzo.

Miles de participantes de todo el mundo, especialmente de la sociedad civil, se cimbraron, según los reportes de Naciones Unidas, y de las feministas en sus redes  cuando el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que  estos son  momentos peligrosos para los derechos de las mujeres por lo que “tenemos que aunar esfuerzos en torno a la Declaración de Beijing.” 

Guterres llamó a   la comunidad internacional a hacer más por las mujeres y las niñas a nivel global. Se trata de logar el Pacto para el Futuro, un acuerdo multilateral de las Naciones Unidas que busca construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible.

Hasta el cierre este día, se desconocen los informes puntuales de los gobiernos que firmaron la plataforma en Beijing, China en 1995 y se desconoce el informe o el posicionamiento oficial de México, pero ya se perfila una estrategia de empujar  a la agenda de Beijing con 6  acciones clave: cero violencia, paz y seguridad, inversión contra la pobreza de  niñas y mujeres, justicia climática, más poder a las mujeres y  transformación en el contenido de los medios.

Algunos atisbos  de las discusiones, tanto de información oficial de la ONU, como las redes sociales o comunicados de las feministas asistentes:

Datos del informe del Secretario General de la ONU sobre el 30 aniversario de la Declaración de Beijín señalan que casi el 10% de las niñas y mujeres del mundo viven en pobreza extrema, lo que tomara 137 años erradicarla. Asimismo, ellas tienen ocho veces mayor probabilidad de vivir en la pobreza que sus compañeros en contextos estables.

Laís Wendel Abramo, Secretario Nacional de Atención y Familia de Brasil, resaltó el papel central de los sistemas de atención en el levantamiento de personas de la pobreza. Y compartió que el 83% de las mujeres en Brasil con niños pequeños no pueden ingresar al mercado laboral debido a su carga de atención no remunerada, así que pidió sistemas integrados de protección social inclusiva y señaló la política de atención nacional como parte de la solución.

En diferentes paneles y discusiones se tocó el significado Revolución digital, libertad de pobreza, violencia, toma de decisiones igualitarias, paz y seguridad, y justicia climática , que se perfilan como las seis acciones clave a ejecutar para hacer avances más rápidos en el cumplimiento de los compromisos de la Plataforma Beijing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se abordaron en la reunión denominada o «Para todas las mujeres y niñas: la agenda de acción de Beijing+30» durante CSW69.

Se reconoció que  el progreso en las últimas tres décadas ha sido lento y frágil , y  existe la amenaza  del  retroceso de derechos humanos de las mujeres en gobiernos autoritarios.

Se advirtió que actualmente se disparó la violencia doméstica, como uno de los efectos de los confinamientos instaurados en la pandemia del COVID, y los conflictos y la emergencia climática también afectan de manera desproporcionada a millones de mujeres y niñas en todo el mundo. 

Hadja Lahbib, Comisionada de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad de Crisis de la UE, abordó el compromiso de la Unión Europea en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y subrayó que la igualdad de género está siendo amenazada en el contexto político actual. La Comisión Europea recientemente presentó una «hoja de ruta para los derechos de las mujeres», con una visión a largo plazo en la que la erradicación de la violencia de género es una prioridad central.

Por su parte, Kemi Dasilva-Arbu, fundadora de la Fundación Internacional Mujeres de Riesgo en Nigeria y defensora de la Ley de la Iniciativa de las Mujeres de la Sociedad Civil de Nigeria, expresó su preocupación por el aumento de la violencia en la región de África Occidental y Central. «He sido testigo de los graves desafíos que enfrentamos en el avance de la igualdad de género en los últimos años, con un preocupante aumento de la violencia, que está erosionando los sistemas de apoyo cruciales en los que los sobrevivientes confían», afirmó.

Además, destacó la necesidad urgente de financiamiento para las organizaciones de derechos de las mujeres, las cuales juegan un papel clave en liderar estos esfuerzos. En Nigeria, estas organizaciones han sido fundamentales en apoyar al gobierno para desarrollar un plan de acción que implemente la Ley de Violencia contra las Personas (Prohibición).

La Ola Violeta

En los numerosos salones donde se reúnen las mujeres la presidenta de Ola Violeta se refirió a datos del Foro Económico Mundial que estiman que se necesitarán 131 años para cerrar la brecha económica global de género, una brecha muy vinculada con la representatividad política de las mujeres. 

En este sentido, subraya que el hecho de que hasta ahora solo haya 17 jefas de estado a nivel internacional ilustra la magnitud del camino por recorrer para alcanzar la paridad en las posiciones de poder.

María Elena Esparza Guevara también enfatizó cómo las tareas de cuidado no remuneradas, que siguen recayendo principalmente en las mujeres, generan pobreza de tiempo y menor competitividad femenina en diversos ámbitos.

«Para una mujer, pues va a seguir siendo más difícil en la medida en que sigue siendo su obligación asignada social y culturalmente, la atención y el cuidado de todo lo que está en el terreno»  dijo la mexicana María Elena Esparza Guevara, fundadora y presidenta de Ola Violeta

Un informe divulgado  a propósito de la 69  CSW revela que las mujeres han logrado un progreso limitado en las áreas políticas más influyentes, con solo un 13% como ministras de Defensa o Interior, un 17% como cancilleres y un 16% como ministras de Finanzas.

El informe también indica que, a principios de 2025, los hombres superaban a las mujeres en más del triple en puestos ejecutivos y legislativos. Al respecto, Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, ha señalado que «treinta años después de la Declaración de Pekín, la promesa de la igualdad de género en el liderazgo político sigue sin cumplirse. El progreso no solo es lento; está retrocediendo».

Al respecto, Esparza Guevara señala que está edición de la CSW69 ha resaltado la creciente importancia de abordar la brecha digital como un nuevo desafío para la igualdad. Esta falta de acceso y conocimiento tecnológico para las mujeres está siendo planteada desde la ONU en este 2025 como un umbral de desarrollo hacia el futuro.

«Hay un dato que nos señala que las mujeres tienen 21% menos de probabilidades de saber cómo se usan los aparatos digitales que los hombres, sobre todo de nuevo en las regiones más vulnerables de África y de Asia. Y eso pues está implicando que se crea una nueva segregación» (María Elena Esparza Guevara, presidenta de Ola Violeta)

Los Antiderechos como una sombra

Otra de las preocupaciones de las organizaciones que asisten a la CSW69, es el auge de gobiernos con tendencia ultraconservadora, que están retirando financiamientos a políticas de igualdad e inclusión.. Esta situación genera inquietud sobre el futuro de las luchas feministas y el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres.

Uno. Revolución digital

De acuerdo con Doreen Bogdan-Martin, Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se necesita cerrar la brecha digital de género atendiendo primero a los países menos desarrollados donde menos del 29% de las mujeres están en línea a comparación con el 41% de los hombres.

De esta manera, los países de bajo y mediano ingreso podrán ahorrar 500 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Tambien destacó que, las mujeres necesitan estar presentes en el diseño y gobernanza de las tecnologías como la inteligencia artificial.

Por otro lado, Huang Xiaowei, ministro y subdirector del Comité Nacional de Trabajo de Niños y Mujeres en el Consejo de Estado, República Popular de China, habló sobre los esfuerzos nacionales para llevar a más mujeres al sector de la tecnología, como los proyectos para mejorar la alfabetización digital de las mujeres en las áreas rurales y aumentar las habilidades digitales de las empleadas femeninas.

Tenemos que reafirmar nuestro compromiso con el programa de acción y actuar con firmeza para que el respeto de los derechos y la igualdad sean una realidad para todas las mujeres y niñas en todo el mundo, insistió  Guterres .

El diagnóstico  de la ONU sobre igualdad de género, que concluirá el 21 de marzo en su sede en Nueva York, urge  a la necesidad de movilizar 300 millones de dólares para las mujeres y las niñas afectadas por conflictos.

Mujeres en el poder 

Un tema que allá discuten muchas mexicanas e la paridad política 30 años después de Beijing, ¿cuánto hemos avanzado?

A tres décadas de la histórica Conferencia de Beijing, la igualdad en el ejercicio del poder político para las mujeres sigue siendo una meta lejana, según se desprende de la CSW69.

A tres décadas de la implementación de la Declaratoria de Beijing, María Elena Esparza Guevara describe el panorama actual como «agridulce», si bien reconoce avances en la lucha por la igualdad de género, hay  una preocupación ante el posible retroceso que podrían generar agendas conservadoras a nivel mundial.

Nuevos compromisos

Durante la CSW69, se ha reiterado que la agenda de Beijing sigue vigente y se ha destacado la necesidad de transformarla en acciones concretas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Se ha reconocido que, a pesar de los avances, permanecen obstáculos.

En relación a lo que se espera lograr en esta conferencia, lo más importante es renovar los acuerdos de Beijing, pero con una mirada fresca y actualizada que incorpora la dimensión tecnológica, reconociendo tanto los desafíos como las oportunidades que presenta la inteligencia artificial para la inclusión de las mujeres y las niñas.

México no dice nada 

Aunque hasta el momento el gobierno federal no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los acuerdos y compromisos que asumirá en el marco del 30 aniversario de la Declaración de Beijing, Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, sostuvo un encuentro bilateral con Sima Bahous, directora Ejecutiva de ONU Mujeres, en el marco de la CSW69. 

En la reunión Sima Bahous enfatizó que, con su primera presidenta mujer y la primera Secretaría de las Mujeres, se han iniciado cambios significativos en México, con mujeres desempeñando roles de liderazgo clave.

“En el contexto global actual, países como México desempeñan un papel fundamental en la promoción de la igualdad de género, manteniendo el impulso frente a cualquier retroceso que pueda surgir” (Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres)

Medios no han respondido

Respecto del llamado Capítulo J, relativo a los Medios de Comunicación en dos paneles se dijo que la desigualdad de género en los medios atraviesa la gestión, la propiedad y el empleo. Las mujeres enfrentan discriminación en posibilidad de ascenso y enfrentan techo de cristal.

En todo el mundo la libertad de expresión de las mujeres está siendo amenazada. Y en esos paneles se abordó la responsabilidad de los medios para enfrentar situaciones que persisten como la precariedad de los medios independientes, la censura, discriminación y violencia, en la vida cotidiana de  las periodistas en el mundo

La autorregulación de medios, la inteligencia artificial, la brecha digital, precariedad laboral, discriminación de género, censura y vigilancia, y la violencia al interior de las redacciones ponen en peligro la libertad de expresión de las mujeres en el mundo, según concedieron mujeres periodistas y expertas en comunicación durante el foro “Sección J: Salvaguardar los derechos digitales y de comunicación de las mujeres en Beijing+30”.

Paralelo al 69 periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW69) que se lleva a cabo en esta Nueva York, en un foro especial se compartieron los resultados del Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, por sus siglas en inglés) como evidencia del poco avance en el capítulo J La mujer y los medios de difusión a 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing (PAB).

En la discusión, representantes del Asia, África, Medio Oriente y América, coincidieron en la amenaza permanente en la que las mujeres ejercen la libertad de expresión.

Amie Joof- Col, coordinadora del GMMP en África, quién estuvo presente en Beijing durante la creación de la Plataforma de 1995, reconoció que ahora hay una mayor incorporación de las mujeres en los medios; sin embargo, aún prevalece el mito de que el trabajo técnico es para los hombres y se encuentran nuevas amenazas como los que involucran el uso de la inteligencia artificial.

En relación, Vietnam, Hang Pham, coordinadora del monitoreo en Asia, destacó las posibilidades y nuevas oportunidades que brinda la tecnología para el trabajo periodístico de las mujeres, no obstante, la brecha digital de género, la precariedad laboral y, ahora, la discriminación de género se mantiene como una realidad algorítmica de las plataformas.

La representante de Women Media and Development (TAM) cuyo trabajo radica en Palestina y participante del GMMP en Oriente Medio, denunció el uso de los medios para cubrir el genocidio y controlar la narrativa sobre el conflicto, así como herramientas de control al censurar los testimonios de las mujeres y usarse para la vigilancia de las periodistas, por lo que llamó a responsabilizar a cada país por el genocidio y romper con el silencio respecto al conflicto.

Por otro lado, el avance de América Latina, también es resultado de los aportes de las mujeres periodistas. De acuerdo con el GMMP, las noticias producidas por mujeres cuestionan dos veces más los estereotipos de género, la desigualdad y la violencia que viven las mujeres, es decir que son las periodistas las defensoras de la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.

Blessing Oladunjoye, originaria de Senegal, presentó los hallazgos del análisis sobre misoginia en los contenidos de redes sociales, compartió que las violencias en línea tienen un alto impacto en la vida de las víctimas como la depresión, ansiedad e incluso el suicidio y preocupa aún más el silenciamiento de las mujeres periodistas al saberse amenazadas.

Para cerra la discusión, Aimée Vega Montiel, representante de la Alianza Global de Medios y Género (GAMAG) concluyó sobre la urgencia de tomar acciones en esta agenda, para ello, GAMAG está colaborando en la elaboración de una Ley Modelo de Violencia Digital para América Latina.

Poder de toma de decisiones completa e igualitaria

Las mujeres en la política y en la vida pública se enfrentan a amenazas adicionales, y el espacio para que las mujeres y niñas denuncien y exijan que quienes ostentan cargos de liderazgo rindan cuentas se está reduciendo a un ritmo alarmante.

En 2024, casi una cuarta parte de los gobiernos en todo el mundo reportó una reacción violenta sobre los derechos de las mujeres. Ana Peláez Narváez, ex presidenta y miembro de CEDAW, y vicepresidenta del Foro Europeo de Discapacidad enfatizaron la necesidad de garantizar que las mujeres tengan un lugar en la mesa de decisiones como la clave para contrarrestar esta reacción violenta.

En particular, señaló la reciente recomendación general de CEDAW sobre la participación igual e inclusiva de las mujeres en todos los sistemas de toma de decisiones. El principio de 50-50 paridad de género es la fuerza impulsora dentro de esta recomendación para garantizar la igualdad en la toma de decisiones.

Paz y seguridad

En 2023 se registraron más de 170 conflictos armados, se traduce a 612 millones de mujeres y niñas viven a menos de 50 kilómetros de esas zonas, más del doble que en 2010.

El laureado de la paz Nobel, Leymah Gbowee, habló sobre la importancia de centrar las voces de las mujeres en la construcción de la paz. «Me siento aquí como un testimonio de un grupo de mujeres sin experiencia en el trabajo de paz y seguridad, que salieron cuando su nación estaba en el punto de destrucción e hizo todo lo que pudieron para traer de vuelta a Liberia», dijo. “Y 22 años después, Liberia no ha retrocedido en el militarismo. Eso es lo que sucede cuando las mujeres están involucradas en los procesos de paz y seguridad..”  

Haifa Abu Ghazaleh, Subsecretario General y Jefe de Asuntos Sociales de la Liga de los Estados Árabe, destacó los esfuerzos para avanzar en la agenda de paz y seguridad en la región, citando iniciativas como la Red de Mediadores de las Mujeres Árabes, en colaboración con las mujeres de la ONU, para reunir a los embajadores de los Ministerios de Asuntos Exteriores, a mejorar el papel de las mujeres en los procesos de paz en la región y proporcionar herramientas para implementar las herramientas de la ONU para implementar a los embajadores de la ONU. 1325.

Justicia climática

Katie Tobin de Wedo recordó cómo el movimiento global de justicia climática feminista «luchó por el género para ser entendido como fundamental para la justicia ambiental y también por las experiencias y contribuciones únicas de las mujeres, las niñas y las personas con diversos de género».

La construcción de movimiento y las alianzas fueron el único camino a seguir, agregó.

Todos los panelistas pidieron asumir y apoyar el papel del movimiento de las mujeres como un paso crítico para la igualdad de género, y trabajar juntos para impulsar un cambio duradero.

Como encapsulado en las palabras de Stephanie Pacheco, el poeta juvenil de EE. UU. Laureado: “La hermandad entiende que ninguna conversación está completa a menos que incluya a todos nosotros.”

El feminismo mejora las democracias: feministas reunidas en CSW69

Líderes de la sociedad civil expresaron su preocupación por la reducción del espacio cívico, la falta de financiación de los movimientos feministas y el aumento de la violencia de género debido al avance de la ultraderecha en varios países de Latino América y Europa Occidente.

Pese a que ha habido un progreso en materia de salud, educación materna y de otros derechos para las mujeres en los últimos años gracias al trabajo de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, Guterres advirtió que estos logros corrían riesgo de retroceder.

«Las organizaciones de mujeres y la sociedad civil desempeñaron un papel importante en la consecución de esos logros. Aplaudo sus esfuerzos. Sin embargo, las mujeres y las niñas todavía se enfrentan a una espantosa variedad de errores» -António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.

Existe una preocupación por las amenazas que enfrentan las defensoras de derechos de las mujeres como el acoso y violencia que puede terminar en su asesinato: «Se enfrentan a la reducción del espacio civil y de los fondos. El resultado: la erosión de los derechos y un déficit de rendición de cuentas», advirtió.

En adherencia a este panorama, persisten estructuras que perpetúan la desigualdad desde la toma de decisiones. El secretario general de la ONU puso como ejemplo a la organización donde las mujeres ocupan el 53% de los puestos directivos superiores y 47% de los puestos gerenciales. Se busca que, en 2028, se logré llegar a la paridad superando el promedio global de 44%.

Asimismo, una de las representantes de la sociedad civil cuestionó al secretario sobre ¿Cuándo la ONU tendrá una primera secretaria general? A lo que, Guterres destacó que trabajará para promover un mecanismo efectivo de paridad de género para las Naciones Unidas.

«Compartimos una visión común: un mundo de igualdad, en el que los derechos humanos de las mujeres y las niñas se hagan plenamente efectivos. Sigamos trabajando juntos para hacer realidad esa visión» -António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.

Por otro lado, existe una déficit en la financiación sobre todo de jóvenes feministas que viven en zonas de conflicto. Esto en parte se debe a que, el Fondo Humanitario y de Paz de las Mujeres ha recaudado 100 millones de dólares desde 2023, pero no resulta suficiente para apoyar adecuadamente a la sociedad civil.

Debido a esto, lideres de la sociedad civil explicaron la necesidad de asumir compromisos concretos instando a la ONU y a los Estados miembros a revitalizar la CSW descentralizando consultas, mejorando la accesibilidad y garantizando una financiación sostenible para las organizaciones.

El secretario general reconoció que existe una regresión en los derechos humanos de las mujeres, “hay una sola forma de responder:  golpearla para delante, hacer avanzar y mover a las sociedades, la igualdad es un interés vital para las sociedades”.

«Dicen que somos el Auschwitz mexicano, el infierno en la tierra, la herida abierta de la humanidad, y no, Teuchitlán no es el asesino ni el culpable de este horror».

Mientras no lo encuentre “no voy a descansar” Rosalba Magaña

Daniel Pardo Vegalara/Corresponsal de BBC Mundo en México

SemMéxico, 17 de marzo, 2025.- En una inmensa sabana forrada de cultivos de caña, en el estado de Jalisco, México, destaca un pequeño predio rectangular con muros de concreto, dos precarias edificaciones y un portón negro de madera, con dos caballos pintados, que da a conocer el nombre del lugar: Rancho Izaguirre. 

Un lugar que para los vecinos del municipio de Teuchitlán solía pasar desapercibido, hasta que en septiembre de 2024 la Guardia Nacional allanó el terreno entre tiroteos, arrestó a 10 personas, rescató a dos secuestrados y encontró un cadáver.

Después de que la Fiscalía local dijo que no encontró más cosa tras los allanamientos, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que ahí, además de un campo de adiestramiento del Cartel de Jalisco Nueva Generación, había hornos crematorios para desaparecer los cuerpos de las víctimas de una de las empresas criminales más poderosas de México.

La misma fiscalía jalisciense descarta los hornos, aunque el grupo de buscadores mantiene su versión. Los vecinos los califican de «cómplices», que «están quemando al pueblo», que son «maña».

Camionetas de las fiscalías local y nacional llegan diariamente a los predios para realizar investigaciones.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha pedido «esperar a los resultados». Mucho de su gestión depende del tema seguridad.

Al predio llegan cada mañana, bajo un sol punzante y una oleada de polvo, una decena de camionetas de las fiscalías local y nacional, así como de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, que en Teuchitlán no tiene más de 30 oficiales. Por la tarde se van y el predio en la noche queda solo, como si no fuera un foco de atención nacional y mundial.

Que lo es porque los buscadores, con su denuncia, dieron a conocer las fotos de sus hallazgos, donde se veían los zapatos corroídos, las playeras agujereadas y las mochilas polvorientas de los jóvenes que pasaron por este otro epicentro de la crueldad humana.

«El nombre de Teuchitlán está en el ojo del huracán del mundo», me dice Jaime Gustavo Nabel, el párroco del municipio, mientras suenan niños hablando y riendo como en cualquier tarde calurosa de catequesis en la parroquia.

«Dicen que somos el Auschwitz mexicano, el infierno en la tierra, la herida abierta de la humanidad, y no, Teuchitlán no es el asesino ni el culpable de este horror».

Pie de foto, El municipio de Teuchitlán no es culpable de este horror, asegura el párroco Jaime Gustavo Nabel.

«Está canijo»

Teuchitlán está a 50 kilómetros de Guadalajara, una de las tres ciudades más grandes de México, y su gran riqueza, además de las industrias cañera y agavera, es una pirámide cilíndrica, conocida como Guachimontones, que construyeron las culturas prehispánicas antes de esta era.

Una atracción turística a la que cada domingo, reporta el recepcionista, llegaban un promedio de 100 turistas, y ahora, después de que el pueblo se convirtió en noticia mundial, llegan poco más de 20.

Pero la sensación en el municipio no es la de una emergencia: los niños juegan en las calles, los campesinos se reúnen en plaza a compartir el atardecer y las madres llevan a sus hijos a tarde de catequesis.

Sol Rivera es una de ellas. «No es que haya negación o falta de empatía —dice, sonriente—, sino que nosotros no somos eso y más bien queremos seguir mostrando a las madres que estamos con ellas, que les tenemos respeto y admiración por todo lo que han hecho».

Pie de foto, Los lugareños de Teuchitlán, como Sol Rivera, no quieren que se les asocie con las atrocidades reportadas en el Rancho Izaguirre

El domingo el pueblo hospedó una vigilia, a la que llegaron  cientos de madres buscadoras de todo el país.

Rancho Izaguirre está en la zona rural del municipio: convenientemente, tan cerca y tan lejos del pueblo y la gran metrópoli.

A dos predios de distancia, un campesino regando un cultivo de caña me dice, en condición de anonimato, que «ahora esto da miedo, esto antes era tranquilo, pero imagínese cuando la caña esté alta, de dos metros, y este desierto se convierta en un laberinto de callejones».

Otro campesino de la zona, también reacio a darme su nombre, añade: «Esto está canijo (abusivo), yo vivo en Estados Unidos y mi hijo también, por esto nomás, por esta violencia».

En Guadalajara, donde Rancho Izaguirre también parece estar en todas las conversaciones, muchos se preguntan por la interacción de los vecinos con el predio: ¿cómo no iban a saber, me dicen, o haber visto, o incluso abastecer de tortillas a esta presunta academia paramilitar?

Pie de foto, El domingo habrá una vigilia por los desaparecidos.

Academia militar

David Saucedo, un experimentado consultor en seguridad, tiene una explicación: «Estos centros logísticos están aislados de los entornos urbanos porque en ellos hay detonaciones, gritos por las prácticas de tortura, explosivos, necesitan privacidad, necesitan una barra perimetral de seguridad que los aísle».

Al tiempo, «están cerca de la ciudad porque es ahí donde necesitan a los reclutas (…) En Guadalajara en este momento hay una batalla entre dos carteles que necesitan nuevos soldados y estos centros se suelen usar para abastecer la batalla».

«El reclutamiento voluntario o forzado es una práctica común de la estructura criminal de los carteles, sirven para formar halcones (vigilantes), sicarios y narcomenudista, y son gestionados por exmilitares y mercenarios», señala Saucedo.

Fuente de la imagen,EPA. El rancho está ubicado a una distancia conveniente de la zona urbana, como para que sus actividades pasaran desapercibidas.

Si algo se puede deducir de las imágenes de dron que los medios locales han podido sacar del predio es que en él había varios espacios típicos de una academia militar, como un camino de obstáculos hecho de llantas o huecos en la tierra que sirven como piloto de trinchera.

Para Saucedo, estas academias muestran el carácter organizado del crimen, cuya estructura incluye hospitales, bodegas y centros de monitoreo.

El criminólogo añade que la mayoría de los prospectos narcos entran a este tipo de academias por voluntad, pero un 40% —estima— llegan de manera forzada.

«La fe para sanar»

Carlos Eduardo Amador Magaña desapareció a sus 19 años un martes de junio 2017 en un momento en el que, como ahora, el Cartel de Jalisco había sufrido una escisión y sus nuevas ramas estaban en guerra y en busca de soldados.

Rosalba Magaña —vestida de rojo, cargando su foto, de verbo preciso y rebelde— es su madre, una jubilada soltera que crió a tres hombres; y lo sigue buscando.

Dos días después de la desaparición, me dice, ya le había dado a las autoridades videos, transcripciones de llamadas y pruebas que «permitían hacer un plan de búsqueda, y hoy es fecha que eso no se agota», que no le dan información.

Pie de foto,Rosalba Magaña sigue buscando a su hijo desaparecido en 2017.

La madre buscadora —así les llaman en México a un creciente símbolo del valor y la esperanza— añade: «Yo he trabajado y peleado con las autoridades, he buscado en basureros, he gritado y llorado en mi casa, porque yo cometí el error, quizá porque tenía una vida relativamente feliz, porque no sabía que esto pasaba, de confiar en que las autoridades iban a responder ante esto de manera organizada, y no».

Lo que más le «da coraje», afirma, es que las desapariciones aumenten.

«Cuando mi hijo desapareció, en 2017, eran 3.700 los desaparecidos, y ahora son 16.000», asegura, sobre una cifra que genera polémica en México, pero que, si se toman los números históricos, puede llegar a 120.000.

«Claro que tengo fe de encontrarlo», insiste, a pesar de que no cree en las autoridades. «En el campo de exterminio, o como indigente, pero la fe la necesito para sanar».

Luego repite una frase que se ve en las camisetas y afiches de los familiares de desaparecidos que por estos días vuelven a protestar en Guadalajara y sus municipios aledaños: «Mientras no lo encuentre, no voy a descansar».

FCM denuncia los retrocesos y violaciones graves y sistemáticas de los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo

Redacción 

SemMéxico, Cd. de México, 17 de marzo, 2025.- La Fundación CERMI MUJERES denuncia los retrocesos y violaciones graves y sistemáticas de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad en todo el mundo, como la práctica nociva de la esterilización forzada o no consentida. 

El marco ha sido el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que se celebra hasta el 21 de marzo en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York,  y fue acordada en 1995 por 189 países.

Así lo dice  Ana Peláez Narváez, Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y experta del Comité CEDAW de Naciones Unidas, y Marta Valencia Beltrán, Patrona de la entidad y Presidenta de CEMUDIS, en las distintas  reuniones y eventos en los que están participando estos días en Nueva York; entre ellos destacan: la intervención como ponentes en 4 eventos paralelos; la asistencia a eventos de interés temático para la entidad; reuniones con organizaciones de mujeres; fortalecimiento de alianzas con organizaciones de la discapacidad; y una reunión informal con la Fundación Chanel.

Hace treinta años, líderes mundiales hicieron una promesa durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: igualdad de derechos, oportunidades, poder y seguridad para las mujeres y niñas en todo el mundo. Desgraciadamente esta promesa no se ha cumplido para las mujeres y niñas con discapacidad.

Basándose en las pruebas del examen del trigésimo aniversario de los progresos de la Plataforma de Acción de Beijing, incluidos los informes nacionales de 159 Estados miembros, y en consultas con los socios, ONU-Mujeres ha definido una Agenda de Acción Beijing+30, que comprende seis acciones clave para avanzar más rápidamente:

• 1. Para todas las mujeres y niñas: una revolución digital. Un notable 70 % de los países están impulsando la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las habilidades digitales entre las mujeres y las niñas, pero siguen siendo lentos en traducir los avances educativos en mejores empleos. Garantizar que las mujeres y las niñas puedan cosechar los beneficios económicos de la revolución digital, accediendo a nuevas habilidades, oportunidades y servicios, cerrando la brecha digital de género y proporcionando igualdad de acceso a la tecnología digital, los servicios financieros, los mercados y las redes.
• 2. Para todas las mujeres y niñas: Liberación de la pobreza Los programas de protección social han crecido en el 79 % de los países. Sin embargo, persisten las disparidades de acceso entre las mujeres más marginadas, incluidas las que realizan trabajos informales. La proporción de países que promueven empleos decentes en el sector asistencial está aumentando, pero lentamente. Abordar la pobreza de las mujeres invirtiendo los presupuestos nacionales en protección social y servicios públicos de alta calidad, incluyendo la salud de las mujeres, la educación de las niñas y la asistencia. Estas inversiones también pueden crear millones de empleos decentes y ecológicos.
• 3. Para todas las mujeres y niñas: cero violencias. Aunque el 79 % de los países cuentan con planes de acción nacionales y el 90 % tienen leyes para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, la mayoría no proporciona ni de lejos suficiente financiación, aplicación o protección. Adoptar, aplicar y financiar legislación para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y desarrollar planes de acción nacionales integrales, incluido el apoyo y la coordinación con organizaciones comunitarias para ampliar el alcance de los servicios.
• 4. Para todas las mujeres y niñas: poder de decisión pleno e igualitario. Aunque el 52 % de los países cuentan con medidas especiales temporales para impulsar la participación de las mujeres en la política, su cumplimiento limitado ralentiza el progreso hacia la representación igualitaria. También socava la calidad de la formulación de políticas y la rendición de cuentas ante las mujeres y las niñas. Acelerar el logro del poder de decisión pleno e igualitario de las mujeres en los ámbitos público y privado y en todos los niveles de gobierno, incluso mediante la aplicación de medidas especiales temporales.
• 5. Para todas las mujeres y niñas: paz y seguridad A medida que se multiplican las crisis, 112 países y territorios han adoptado planes de acción nacionales sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Pero solo el 28 % ha aumentado los fondos para implementarlos, a pesar de los efectos devastadores de las crisis en las mujeres y las niñas y de su demostrado papel en la resolución de estas. Impulsar la rendición de cuentas en la agenda de mujeres, paz y seguridad y la acción humanitaria con perspectiva de género mediante la adopción de planes de acción nacionales totalmente financiados y la financiación de las organizaciones locales de mujeres que lideran las respuestas a las crisis y los conflictos.
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• 6. Para todas las mujeres y niñas: justicia climática Mientras que el 53 % de los países han integrado el género en las leyes y políticas sobre desastres y clima, solo el 34 % han tomado medidas para garantizar el acceso de las mujeres a los empleos verdes. Esto socava el potencial de incorporar la igualdad en las transiciones hacia el desarrollo sostenible. Dar prioridad a los derechos de las mujeres y las niñas, incluidas las de las comunidades rurales e indígenas, en la transición hacia la sostenibilidad medioambiental, centrándolas en la acción climática y la conservación de la biodiversidad, asegurando que puedan desarrollar nuevas habilidades para conseguir empleos verdes y garantizando su acceso a los activos productivos y a los derechos sobre la tierra.

Fundación CERMI Mujeres hace un llamamiento global a los Estados, al sector privado, a la sociedad civil y a otras partes interesadas, para asegurar la inclusión efectiva de las mujeres y niñas con discapacidad en todos los programas y medidas que se establezcan en la Agenda de Acción Beijing+30 de ONU Mujeres.

Fuente: Fundación CERMI Mujeres