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Controlar el estrés ayuda a prevenir la diabetes

  • El cortisol, también conocido como la hormona del estrés, impacta directamente en los niveles de azúcar en la sangre.

Redacción

SemMéxico/LabDO, Ciudad de México, 21 de septiembre del 2022.- El estrés, al activar el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal, provoca la liberación de hormonas como son el cortisol y la epinefrina, asociadas con la resistencia a la insulina, así como con niveles de glucosa en la sangre más altos, según señala un estudio publicado por la revista científica Nature, consultado por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO). (1)

De acuerdo con especialistas, las situaciones o conflictos estresantes para el ser humano se han ido modificando desde que aparecimos en el plantea, si antes eran el sobrevivir a ataques de animales, inundaciones, incendios o conflictos con otros humanos, hoy en día ese estado que se apodera del cuerpo y mente puede producirse a partir de situaciones cotidianas, como falta de trabajo, problemas laborales o económicos, discusiones familiares o de pareja o la necesidad de cuidar a un familiar enfermo. (2)

Un artículo publicado en el sitio web de la Escuela de Salud Pública de Harvard denominado “Estrés y Salud”, señala que hay tres tipos principales de estrés: 1. Agudo (un evento breve, como una discusión acalorada o quedar atrapado en un embotellamiento); 2. Episodios agudos (eventos agudos frecuentes, como fechas límites de trabajo) y 3. Estrés crónico (eventos persistentes como desempleo, abuso físico o mental, abuso de sustancias o conflicto familiar). Muchas personas pueden experimentar una combinación de estos tres tipos. (3)

Asimismo, refiere que el exceso de cortisol influye también en varias funciones del cuerpo, entre las que destacan las necesidades metabólicas al aumentar el uso y la excreción de muchos nutrientes. Es decir, si una persona bajo estas circunstancias de estrés no mantiene una dieta nutritiva puede incurrir en deficiencias alimenticias, ya que hay una imposición de mayor demanda de oxígeno, energía y nutrientes.

El estrés también crea una reacción en cadena de comportamientos que pueden afectar negativamente los hábitos alimenticios, lo que lleva a otros problemas de salud en el futuro. Los expertos afirman que durante el estrés agudo, la hormona de la adrenalina suprime el apetito, mientras que los niveles elevados de cortisol suelen causar antojos, particularmente de alimentos con alto contenido de azúcar, grasas y calorías, lo que puede provocar un aumento de peso.

Aunado a ello, otra investigación de la publicación oficial de la Sociedad Internacional de Psiconeuroendocrinología (Psychoneuroendocrinology) refuerza que el cortisol juega un papel perjudicial en quienes ya padecen diabetes, pues mientras la mayoría de las personas reconocen la importancia de hacer ejercicio regularmente, llevar una dieta saludable y descansar lo suficiente, ignoran lo relevante que es aliviar el estrés para controlar su padecimiento. (4)

Entre los consejos que ofrecen los especialistas para aminorar y atajar el estrés se encuentran: llevar una dieta saludable; alimentación consciente; ejercicio regular; meditación o técnicas de respiración profunda; ayuda psicológica; balance entre la vida y el trabajo; actividades recreativas al menos una vez a la semana, y buena higiene del sueño. (5)

Fuentes:

1.- The association between an increase in glucose levels and armed conflict-related stress: A population-based study https://www.nature.com/articles/s41598-020-58679-z 

2.- Stress. Harvard Health Publishing. Harvard Medical School. https://www.health.harvard.edu/topics/stress

3.- Stress and Health. Harvard. T.H. Chan School. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/stress-and-health/ 

4.- The longitudinal association of changes in diurnal cortisol features with fasting glucose: MESA. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306453020301177

5.- Stress and Health. Harvard. T.H. Chan School.  https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/stress-and-health/ 

SEM/MG

Tras la Puerta del Poder| ¿La volverá a hacer Monreal?

Roberto Vizcaíno 

SemMéxico, Ciudad de México, 21 de septiembre del 2022.- Todas y todos en México sabemos que Ricardo Monreal es el más efectivo negociador dentro del Congreso de la Unión.

Sus acuerdos con la oposición han sacado importantes reformas constitucionales enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un ejemplo fue que logró sacar por unanimidad nada más ni nada menos que la creación de la Guardia Nacional que hoy todos cuestionan. Así en los pasados 3 años se aprobaron unas 18 grandes reformas que hicieron una vez señalar a AMLO que casi había ya una nueva Constitución.

Hoy todos/as seguimos de cerca sus acercamientos con esa oposición que ha jurado no votar a favor de ninguna reforma constitucional del régimen.

En la mesa del zacatecano está la iniciativa priísta aprobada ya por los Diputados/as, a fin de prolongar la presencia del Ejercito en labores de combate a la inseguridad en México hasta 2028 y que es del mayor interés de López Obrador.

Casi como si fuese suya.

El lunes de esta semana la abrió Monreal indicando que no tenía los votos para sacar adelante esa iniciativa. Comentó además que nunca había visto tan definida a la oposición.

Ayer ya la situación había cambiado y Monreal –un tanto más confiado-, ya afirmaba que “todos los que hacen conjeturas, o los que hacen análisis político, no podrán saber los números exactos hasta en tanto no se vote”.

Ayer ya no habló de que no se juntaban los votos necesarios. En cambio afirmó, “soy optimista, nunca soy pesimista y siempre hago un esfuerzo extraordinario por lograr acuerdos y consensos”.

“Me parecería muy menor frente al interés del país, el que la oposición quiera rechazarla sólo porque el presidente del PRI fue quien la propuso y quien, a juicio de ellos, tiene un acuerdo con el gobierno”.

“No sé si hubo esos acuerdos, pero lo que debe llevarnos a la discusión es la racionalidad, la oportunidad y lo indispensable que pueda resultar la actualización normativa”, subrayó.

Reconoció que “ciertamente Morena, y sus aliados, no tienen la mayoría calificada en el Senado” y que por eso “estoy en el proceso de pláticas y conversaciones con coordinadores de otros Grupos Parlamentarios, senadores en lo individual viendo posibilidades de acuerdos”.

Pidió a reporteras y reporteros esperar una sesión prevista por la noche para darle una segunda lectura al dictamen en curso, “o mañana por la mañana dedicarnos con exclusividad al tema”.

Lo cierto es que urge avanzar en esos acuerdos a los que nos tiene acostumbrados Monreal para saber si esta iniciativa priísta que ha causado tantas conjeturas sale o no adelante.

¿La sacaría adelante con reformas de redacción?

Al parecer eso está en la perspectiva de Monreal y algunos opositores, se dice entre ellos.

Lo cierto es que Monreal avanzó el siguiente comentario ayer por la tarde… “estoy analizando redacciones de artículos distintos, para mejorar el propósito que se está planteando con la minuta que proviene de la Cámara de Diputados”.

Pero de inmediato aclaró, “no quisiera meterme a elementos extraconstitucionales sobre arreglos o componendas de políticos de distintos partidos, frente a esta reforma”.

Y agregó:

“Sólo hay dos alternativas: Esta tarde, después de la visita del Presidente de Alemania al Senado, convocar a una tercera sesión, iniciar entre seis y siete de la tarde, o bien hasta mañana”.

¿En serio logrará sacar adelante con cambios la iniciativa?, se le preguntó con cierta sorpresa.

“Lo que hago es mi trabajo con responsabilidad, y no estoy sometido a ningún tipo de acuerdos políticos que no convienen y que nunca he hecho”, subrayó.

En pocas palabras, algo hay de avance que nos llevaría de nuevo a extenderle el reconocimiento como el más afectivo negociador de acuerdos. Sin duda si lo logra hasta López Obrador se lo festejaría.

Pero ahora él fue quien fijó distancia:

“Con el Presidente de la República, sólo me une reconocimiento, respeto e identidad como parte de un movimiento social que él construyó”.

Renuncia al PAN y se une a Morena

Una muestra de hasta dónde pueden llegar las negociaciones, la dio ayer mismo el senador por Yucatán Raúl Paz Alonzo, del Partido Acción Nacional quien sorpresivamente abandonó a su partido para sumarse al Movimiento Regeneración Nacional.

Su renuncia a las filas blanquiazules se anunció este martes 20 de septiembre, día en que se dio lectura en el Pleno en la sesión del martes y en medio de las discusiones de la iniciativa que propone que la SEDENA siga siendo la responsable tanto operativa como administrativamente de la Guardia Nacional hasta 2028.

La periodista Leticia Robles de la Rosa subió a sus redes sociales un comentario que caló fuerte:

“La traición no fue del PRI sino desde el PAN. Raúl Paz Alonzo deja la bancada del PAN en el Senado y se va a Morena. Ahora a Morena le faltan 10… no 11 votos (para aprobar la iniciativa en relación a la Guardia Nacional)”.

O sea, ¿la hará de nuevo Monreal?

…rvizcainoa@gmail.com  / Twitter: @_Vizcaino / Facebook / https://www.facebook.com/rvizcainoa

Pide colectiva feminista 50+1 a periodista cesar el hostigamiento contra mujeres de la organización

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  • El reportero alega libertad de expresión y señala que órganos electorales no pueden sancionarlo por violencia política de género.

Gabriela Coutiño

SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 21 de septiembre del 2022.- La colectiva feminista 50+1 Chiapas, pidió al periodista Vinicio “N”, cesar el hostigamiento hacia las mujeres organizadas en la colectiva.

El comunicador, “insiste en denostar el trabajo y la trayectoria pública de reconocidas defensoras de los derechos humanos, y de la promoción de políticas públicas con perspectivas de género en Chiapas”, señaló en un pronunciamiento.

Explicó que desde hace días, el reportero ha insistido en que tiene derecho a decir y hacer público lo que piensa.

“No recuerda o no quiere recordar que, como comunicador, debería de ser de los primeros en saber que, de acuerdo a nuestra Constitución, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral”.

Señaló que por atacar la moral de una servidora pública, el reportero fue sancionado por las autoridades competentes, sin embargo insiste en el desacato.

50+1 capítulo Chiapas, dijo que es una colectiva plural e incluyente, y está integrada por mujeres de diferentes ámbitos.

“No denostamos a nadie por su origen o condición social. Nos guiamos por la cooperación, la fraternidad y la solidaridad entre todas. Buscamos todas, que las políticas públicas nacionales y estatales reivindiquen a la mujer en el lugar que le corresponde”.

La lucha por la paridad de género y la justicia para las mujeres es histórica, mundial e identifica a todas las mujeres de distintos pensamientos, fe religiosa, estrato social u origen étnico. Somos mujeres y nos cuesta el doble demostrar nuestras capacidades en un mundo en donde reina el patriarcado, señaló la colectiva.

Por esa razón expuso, estamos en contra de las agresiones personales.

El periodista Vinicio «N», se negó a cumplir una sentencia emitida por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que confirmó también el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), donde se acredita que el reportero cometió violencia política en razón de género en contra de una servidora pública del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

En su defensa, el comunicador señaló que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el Tribunal Electoral del estado de Chiapas (TEECH), no pueden sancionarlo, porque en su artículo 269 del código de elecciones y Participación ciudadana en su artículo, “no entran los periodistas en el catálogo de personas que pueden hacer política en razón de género”.

Dijo que el proceso sancionador lo ha puesto en alta vulnerabilidad. Señaló también que no está obligado a acatar la sanción administrativa porque no es un político, sino un periodista que ejerce su libertad de expresión.

“Que me digan cómo me pueden obligar a acatar esta sentencia, porque no hay una forma que lo puedan hacer; no me pueden quitar derechos políticos porque no los he solicitado; ¿qué no podré participar en una contienda electoral? no la estoy buscando, como tampoco tengo prerrogativas”.

De acuerdo al comunicador, el IEPC ha estado engañando a los grupos feministas y a la sociedad, con una sanción que no existe para los periodistas.

Agregó que interpuso un amparo y se encuentra aportando pruebas a un colegiado para probar que el IEPC y el Tribunal Electoral no tienen ninguna jurisdicción sobre los periodistas.

“El IEPC y el Tribunal se niegan hacer una ponderación de derechos, ellos piensan que un derecho político, está por encima de un derecho humano que es la libertad de expresión”, expuso.

Añadió que no es responsable de violencia política en razón de género, porque lo que publicó, fue un mensaje de una tercera persona.

SEM/MG

Mirada Violeta| Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Mexico. Las Redes Salvan

*Guadalupe Ramos Ponce

SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 21 de septiembre del 2022.- Esta semana me encuentro en la Ciudad de México, en donde nos reuniremos en los próximos días quienes conformamos el Grupo Impulsor (GI) de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

La Red en México se formó en 2010, como un espacio necesario para la articulación de un número significativo de defensoras de derechos humanos de distintos estados del país, para hacer frente a la violencia de que son objeto las mujeres defensoras por nuestra labor y condición de género.

Esta red ha permitido reflexionar sobre las formas de violencia que se ejercen hacia las defensoras, las condiciones en las que desarrollamos nuestra labor y las necesidades de protección, seguridad y autocuidado, todo ello desde una visión de género. Además, ha permitido encontrarnos, conocernos y reconocernos para plantear algunas alternativas ante el panorama de creciente violencia en nuestro país.

La Red Nacional de Defensoras no podría entenderse sin Consorcio Oaxaca que ha logrado incidir y llevar sus propias líneas de acción a la Red Nacional. Por ejemplo, el Programa de Protección Integral Feminista a defensoras de derechos humanos, en donde se acompaña a mujeres defensoras de derechos humanos brindando herramientas de autocuidado, seguridad y seguridad digital que contribuyan al bienestar y sostenibilidad de los movimientos sociales en los que participan.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) tiene 10 años de tejer red, la cual actualmente está conformada por 309 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, que realizan su labor en 26 estados de la República Mexicana.

Es una Red de mujeres defensoras y periodistas con rostros diversos: mujeres urbanas, de comunidades rurales, campesinas, estudiantes, trabajadoras, profesionistas, indígenas, mestizas, jóvenes, mayores, feministas, lesbianas, transexuales, etc. Todas comprometidas en la defensa de los derechos humanos.

Actualmente la RNDDHM cuenta con 2 Grupos de Trabajo y 2 Áreas Estratégicas:

  • Autocuidado, Cuidado Colectivo y Sanación
  • Seguridad y Acción Urgente
  • Registro y Documentación
  • Comunicación

El Grupo de Autocuidado promueve la concepción de la seguridad y el autocuidado como dos elementos indisociables, a fin de promover la protección de las defensoras a mediano y largo plazo, abarcando no sólo la seguridad física sino también la estabilidad emocional, psicológica y espiritual de las defensoras; siendo así una estrategia política de protección integral.

El Grupo de Seguridad y Acción Urgente, contribuye a la protección de defensoras en situaciones de alto riesgo, realizando de manera conjunta análisis de la situación de riesgo, planes de protección, entre otras acciones. 

El área de Documentación, registra y sistematiza agresiones a defensoras y periodistas en México; y desde el área de Comunicación Estratégica, se ha consolidado una red electrónica para compartir información entre las integrantes, pero también se desarrollan acciones para visibilizar el aporte de las defensoras, denunciar los riesgos que enfrentan por su labor, impulsar respuestas colectivas a llamados de solidaridad y se delinean acciones en situaciones de emergencia.

De esta manera, se reafirma el trabajo conjunto y la respuesta articulada para afrontar las violencias y agresiones que viven las defensoras y periodistas en México, además se desarrolla una formación constante para ampliar la implementación de herramientas de protección, seguridad y acciones colectivas de protección desde y con las defensoras. Entonces, se contribuye a partir de un modelo que engloba estas estrategias denominándole Modelo de Protección Integral Feminista.

Es así, que la RNDDHM al incorporar el enfoque de protección integral desde la seguridad física y digital, además del autocuidado, cuidado colectivo y los procesos de sanación aporta a prevalecer nuestro principio de protección desde, para y con las compañeras defensoras y periodistas: Las Redes Salvan.

*Vicecoordinadora de CLADEM en México

Profesora Investigadora de la UdeG.

medium.com/dra-lupitaramos

@dralupitaramosp

lupitaramosponce@gmail.com

Canal de Youtube Dra. Lupita Ramos.

https://www.youtube.com/channel/UCQ_bKrt9f4rkb7VST7-sYrg

www.cladem.org

clademjalsc@gmail.com

El crimen gobierna zonas indígenas de Chiapas, denuncia el movimiento de mujeres por la defensa de la tierra

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  • La Guardia Nacional solo simula su función y generan miedo, aseguran.
  • Los usos y costumbres de la comunidad violentan a las mujeres y las despojan de sus tierras.

Gabriela Coutiño

SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 21 de septiembre del 2022.- Reunidas en una asamblea de dos días celebrada en el domo de la cabecera municipal de Chapultenango, en el norte de la entidad, las aproximadamente 80 mujeres, señalaron: “vemos el aumento de la venta y circulación de armas, drogadicción, prostitución y alcoholismo, en complicidad con un proceso de militarización que permite el despojo y control de nuestros territorios”.

El Movimiento de Mujeres por la Defensa de la Madre Tierra y Nuestros Territorios, con presencia en las regiones zoque, norte-Palenque, selva, costa y Altos de Chiapas, denunciaron que “en todos nuestros territorios está presente el crimen organizado gobernando”.

De acuerdo con el pronunciamiento, las asistentes de la zona tzotzil compartieron que en esa región existe “un incremento de cantinas, circulación de alcohol, drogas y armas; constantes desplazamientos en vehículos de grupos armados; aumento de la migración de jóvenes; y los que se quedan en nuestras comunidades ya no respetan a las mujeres y a las personas mayores”.

Mientras que en la región tseltal, abundaron, “las mujeres no somos tomadas en cuenta, no respetan nuestros derechos, principalmente existe desprecio hacia las mujeres viudas y/o madres solteras. Los usos y costumbres de la comunidad nos violentan y despojan de nuestras tierras sin tomar en cuenta que la tierra nos da vida y de ella nos alimentamos”.

Manifestaron que en San Cristóbal de las Casas, “se viven despojos a través de la invasión de tierras provocado por grupos armados, desde la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas”.

“Hay varios grupos de jóvenes armados llamados motonetos que hacen de las balaceras un cotidiano, y ponen en tensión la vida diaria de las mujeres, niños y niñas. Hay más presencia de la Guardia Nacional que se hace la que no ve, ni escucha”.

Las mujeres de la zona norte-Palenque, denunciaron que “con la construcción del mal llamado tren maya se ha incrementado el desmonte y destrucción de cerros, la contaminación del agua y despojo/desplazamiento de comunidades”.

“Se hace presente la mercantilización de la cultura maya favoreciendo la iniciativa privada empresarial. Está incrementando la prostitución y es visible la migración”.

Aseguraron que en la zona han aparecido grupos de motonetos vinculados al crimen organizado que están ejecutando asesinatos, “estando la Guardia Nacional simulando su función y generando miedo y terror con su presencia en la vida cotidiana de la población”.

En la zona costa, en tanto, persiste la “amenaza de construcción del gasoducto que viene del proyecto interoceánico de Oaxaca y que pasará por toda la costa hasta Guatemala; la construcción de la mega autopistas en conexión con el tren maya y tren interoceánico; incremento de proyectos mineros; venta de tierras a la especulación empresarial para proyectos hoteleros”.

“Desaparición de niñas, jóvenes y adultas que se vuelven la mayoría de las veces en feminicidios y trata de personas”.

Mientras que en la zona zoque, aseguraron “al ser cabeza de cuenca, está siendo amenazada por los megaproyectos relacionados con la minería, hidroeléctricas, proyectos de geotermia e hidrocarburos”.

Señalaron que “otro ejemplo es el caso del poblado El Platanar como territorio de sacrificio, donde provocaron un derrame de hidrocarburos que afecta al Río Grijalva, debido a la negligencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la complicidad del gobierno, ocasionando desplazamiento forzado y que 5 mil habitantes no tengan agua potable”.

Las mujeres manifestaron: “estamos convencidas del vínculo de intereses corporativos, de la Comisión Federal de Electricidad e instituciones del mal gobierno junto con el crimen organizado para la ejecución de proyectos, y un ejemplo es el Estudio para la Gestión Integral de las Cuencas que representa el despojo y destrucción de nuestras tierras”.

Por lo que ante la imposición de megaproyectos y el incremento de la violencia, el narcotráfico, la prostitución y el alcoholismo, las mujeres expresaron  su decisión de articularse y solidarizarse entre pueblos, redes, colectivas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

Las aproximadamente 80 mujeres acordaron también seguir “defendiendo a la madre tierra con organización y dignidad”.

Advirtieron que “defenderemos a nuestra madre tierra del mal llamado tren maya, de los proyectos de hidrocarburos y geoparques, del gasoducto y de los agrotóxicos, del acaparamiento y contaminación del agua”.

En el encuentro participaron:

Defensoras de Nasakobajk

Tsijilba Bij

Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía

Antsetik Tz’unun

Mujeres organizadas de Acteal

Mujeres del Colectivo Jomenäs

Mujeres Productoras

Mujeres del Colectivo Kallpolli

Mujeres a título individual

SEM/MG

Iniciativa para fomentar el lenguaje incluyente no sexista en Guerrero, diputada Espinoza García

  • El lenguaje incluyente y no sexista es un medio para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres, prevenir la violencia y discriminación contra cualquier persona.

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 21 de septiembre del 2022.- Presentó la diputada local Angélica Espinoza García, una propuesta de iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Guerrero, para incluir y fomentar el lenguaje incluyente no sexista y se integren denominaciones como: gobernadora, regidora, sindica, presidenta municipal, entre otras.

En la sesión de este martes, la legisladora local, expuso que una de las formas más sutiles de transmitir esta discriminación es a través de la lengua, ya que ésta no es más que el reflejo de los valores, del pensamiento, de la sociedad que la crea y utiliza. 

“Nada de lo que decimos en cada momento de nuestra vida es neutro: todas las palabras tienen una lectura de género. Existe un uso sexista de la lengua en la expresión oral y escrita -en las conversaciones informales y en los documentos oficiales- que transmite y refuerza relaciones asimétricas, inequitativas y jerárquicas que se dan entre los sexos en cada sociedad y que es utilizado en todos los ámbitos de la misma”, señaló la legisladora.

Dijo que a pesar de los avances legislativos y jurídicos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en México aún se tienen serios rezagos para lograr la garantía y el pleno ejercicio de dichas garantías, y una causa de ese rezago ha sido en muchos sectores y ámbitos de la vida cotidiana, el lenguaje sexista, excluyente y discriminador que se sigue utilizando, sin identificar que es el lenguaje la herramienta en la que se asienta la violencia. 

Desde hace algunos años se han ido modificando y elaborando leyes, reglamentos y normas en general, para incluir, como condición obligatoria en la construcción de la igualdad sustantiva, el uso incluyente y no sexista del lenguaje, considerado como el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo, señaló que el lenguaje no es sexista en sí mismo, pero sí su utilización, si se utiliza correctamente, puede contribuir a la igualdad y a la visibilización de la mujer.

“El lenguaje incluyente y no sexista es un medio para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres, y prevenir la violencia y discriminación contra cualquier persona. Utilizar lenguaje incluyente y no sexista no va eliminar inmediatamente la desigualdad entre mujeres y hombres, pero México y en particular el Estado de Guerrero tendría un avance considerable en el lenguaje inclusivo en cuanto al género, para efectos de que se atienda la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género”, puntualizó Espinoza García.

Destacó la necesidad de aclarar los falsos argumentos y afirmaciones sobre la confusión  entre género gramatical y sexo de las personas, a fin de no seguir ocultando y subordinando a las mujeres, ya que insistió, el uso de un lenguaje sexista, reproductor de la asignación de valores y capacidades o roles diferentes a hombres y mujeres en función de su sexo, desvaloriza las actividades de las mujeres respecto a la de los hombres en relación con lo que está bien o mal; expresado ello en cualquier palabra.

Resaltó la importancia de la inclusión de género y no menospreciar a las mujeres. Recordó que Guerrero es conducido por una Gobernadora, quien debe de ser tomada en cuenta y no ser excluida la palabra Gobernadora, así como legisladora, presidenta, sindica, regidora, entre otras. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

SEM/MG

Transporte público en Guerrero se viste de “Violeta” para uso exclusivo, seguro y sin acoso para las mujeres

  • Pone en marcha Evelyn Salgado el programa de “Transporte Violeta” como parte de una estrategia integral para la seguridad de las mujeres y niñas de Guerrero.
  • Con operadores capacitados se puso en operación la primera fase con 50 taxis, 18 urvans de Chilpancingo, así como otras unidades en Acapulco.

Redacción

SemMéxico/Ceprovysa, Chilpancingo, Guerrero, 21 de septiembre del 2022. – Para fortalecer y garantizar la seguridad e integridad de las mujeres en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, puso en marcha la primera fase del programa “Transporte Violeta”, con el servicio de 50 taxis preferentes, 18 urvans de las nueve de las principales rutas de Chilpancingo, además de cuatro unidades de Acabús y cuatro camiones urbanos de Acapulco, que serán de uso exclusivo, seguro y sin acoso para niñas y mujeres.

“Nuestra convicción y compromiso con todas las mujeres de Guerrero es absoluto, no es a medias tintas, no es nada más en el papel, no es nada más en el discurso, se ha demostrado con hechos y acciones contundentes por su seguridad, por su tranquilidad y su integridad en todo momento y en todos los espacios, es por eso que, damos el banderazo de salida a la primera fase de implementación del Transporte Violeta, exclusivo, seguro y sin acoso para las mujeres”, afirmó la gobernadora.

Estas unidades del Transporte Violeta público serán espacios seguros para las mujeres con operadores capacitados y certificados con exámenes toxicológicos y psicométricos, que son parte de los componentes del Protocolo “Violeta”, que se instauró por el gobierno de Guerrero como una estrategia integral para prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

En el evento realizado en la Casa del Pueblo, con el gremio transportista, así como representantes populares y la sociedad civil organizada, Evelyn Salgado, firmó el decreto para la creación del programa de “Transporte Violeta en Guerrero”, con la Coordinadora para la Erradicación de la Violencia Feminicida del Gobierno de México, Flor Dessiré León Hernández, como testigo de honor.

La mandataria estatal, explicó que se trata de una estrategia integral para garantizar un transporte exclusivo y seguro para mujeres, que incluye, además, una campaña permanente de comunicación con el mensaje de paz y seguridad para las mujeres e implica la designación de unidades seguras con video vigilancia y geolocalización vinculados a los centros de monitoreo del C4 y C5 para la tranquilidad de las usuarias del transporte público.

En el marco del Protocolo Violeta, la gobernadora, también entregó tres patrullas para reforzar las capacidades de la Policía Estatal, durante el banderazo de salida de las unidades de transporte público Violeta en Chilpancingo y Acapulco con cromáticas identificables para las usuarias, garantizando un orden en estricto apego a la Ley.

“Este es un compromiso que va más allá, también existe esta gran revolución de conciencias en el estado con perspectiva de género y con la seguridad de todas las mujeres como prioridad”, afirmó la mandataria estatal a tiempo de reconocer el trabajo de los colectivos de mujeres feministas en Guerrero, abrazando y luchando por los derechos de todas las mujeres.

En el evento, Yesenia Valdez Sotelo, operadora de transporte público, a nombre de los transportistas, reconoció el trabajo de la gobernadora por emprender acciones y programas contra los constantes abusos que día a día viven las mujeres, así como promover la cultura de protección para resarcir el acoso, siendo un ejemplo a seguir en el país.

Por su parte, la Coordinadora para la Erradicación de la Violencia Feminicida del Gobierno de México, Flor Dessiré León Hernández, destacó que la ola violeta en Guerrero es una propuesta integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y cuenta con el respaldo de la federación por la vida libre de violencia contra las mujeres y niñas y por una movilidad con perspectiva de género, haciendo de esta entidad, un estado donde toda mujer y niña pueda caminar tranquilamente.

Asistieron el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; el senador Félix Salgado Macedonio; la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón; la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón; la presidenta del Congreso del Estado, Yanelly Hernández Martínez; el comandante de la Décima Segunda Región Naval, Julio César Pescina Ávila; el comandante de la 35 zona Militar, Enrique Martínez López; el secretario Técnico de la Gobernadora, Pablo Gordillo Oliveros y la Directora de Proyectos Estratégicos de la SEDATU, Mabel Almaguer Torres, entre otros funcionarios estatales y federales.

FGE participa en el Banderazo de Salida y Presentación de “Transporte Violeta”

La Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón participó en el Banderazo de Salida y Presentación de “Transporte Violeta” exclusivo, seguro y sin acoso, que se llevó a cabo en la explanada del Recinto Oficial del Poder Ejecutivo Estatal.

“Transporte Violeta” es un proyecto que impulsa el Gobierno del Estado que se suma al programa “Protocolo Violeta” y que tiene como principal objetivo garantizar la movilidad segura de las mujeres y niñas guerrerenses; es una estrategia que concentra esfuerzos para prevenir, alertar, atender y erradicar la violencia de género en todos los niveles y en todas sus dimensiones.

En este importante evento, se llevó a cabo la Firma del Decreto de Creación del Programa Transporte Violeta, acto en el que participaron la Gobernadora Constitucional del Estado, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda y como Testigo de Honor, la Arq. Flor Dessiré León Hernández, Coordinadora para la Erradicación de la Violencia Feminicida del Gobierno de México (CONAVIM).

La FGE se suma y participa en proyectos encaminados a fortalecer, garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres guerrerenses.

SEM/MG

Bellas y Airosas| Laura Addad recupera las voces de periodistas veracruzanas ante la violencia

Elvira Hernández Carballido

SemMéxico, Pachuca, Hidalgo, 21 de septiembre del 2022.- Voces que hacen apretar los puños, la indignación llega al corazón, la impotencia quiebra el alma. Los fríos números estadísticos delatan que hay violencia laboral e institucional en la vida de las reporteras del estado de Veracruz. El asombro y la rabia contenida se desbordan al atisbar que pueden ser los mismos compañeros de trabajo quienes puedan tener una actitud violenta. Hasta el momento son pocos los estudios que dan voz en primera persona a las periodistas, que a través del cuestionamiento las sensibilizan sobre el tema al persuadirlas a observar en qué momento se sintieron amenazadas y vulnerables, en peligro total y, pese a todo, han resistido, no dejan de informar a la sociedad.

Solidaria y sensible, comprometida y preocupada, apasionada y solidaria, Laura Addad decidió que en su tesis de maestría tenía que dar voz a las colegas de los medios de comunicación de su estado para aproximarse a la violencia diaria que ellas enfrentan y partió de una pregunta muy representativa: ¿Han sido las periodistas veracruzanas resistentes ante las violencias que sufren por su labor informativa y de manera específica, ante las agresiones sufridas durante el periodo gubernamental de Javier Duarte?

La labor no fue sencilla, entre la prudencia y el temor, la duda y la inquietud, logró convencer a 13 mujeres para que, a través de la entrevista, respetando el anonimato, compartieran los momentos difíciles que vivieron en esa época. Algunas aceptaron la propuesta, otras no quisieron por diferentes aspectos que la tesista respetó y no insistió. Fue así como nos dio a conocer las experiencias de ocho reporteras, dos jefas de información, una columnista, una fotoperiodista y una editora, la mayoría de ellas corresponsales de espacios periodísticos nacionales. Además de especificar su cargo, señaló las fuentes que cubrían y el medio en el que laboraban. Para guardar su identidad y cuidar su seguridad, decidió numerar sus voces y así, con más libertad, cada una va detallando algún momento, una acción o una actitud, donde la violencia estuvo latente en sus vidas profesionales.

En un puntual cuadro estadístico, Addad nos permite notar los tipos de violencia que ella y sus entrevistadas fueron advirtiendo a través de los relatos y cuál fue la más constante, la que más padecieron y sus propias estrategias para sobreponerse, para resistir.

Tipo de violenciaNúmero de periodistas que la padecieron
Violencia Laboral11
Violencia institucional10
Difamación/calumnia7
Violencia por parte de compañeros6
Intimidación6
Descalificación por ser mujer6
Violencia Verbal6
Violencia Física6
Violencia Digital5
Hostigamiento5
Desplazamiento4
Hostigamiento judicial4
Amenazas extendidas4
Amenazas4
Violencia patrimonial4
Violencia sexual2
Violencia psicológica2
Violencia económica1

Si bien los datos estadísticos son muy reveladores, lo es también el testimonio. Laura tuvo mucho cuidado de construir un cuestionario que no exhibiera y menos aún revictimizara, tampoco que causara lástima o creara un escenario para exhibir y no para denunciar.  Para ello, se auxilió de trabajos con perspectiva feminista, aplicó la categoría género y construyó un contexto puntual, apoyada por su asesora, una de las mejores investigadoras sobre el tema de violencia y periodismo en el país, la doctora Celia del Palacio. Addad señaló la ausencia de datos estadísticos donde se distingan los casos de violencia que viven los hombres y que viven las mujeres, y entre los trabajos pioneros que destacó para advertir la violencia que viven las periodistas está el trabajo de Sara Lovera publicado en 2018, “Mujeres y hombres por la verdad en la prensa nacional. Reflexiones en torno a la actuación y discurso de la CNDH 2009-2016”.

A través de algunos testimonios se exponen las situaciones de violencia y el motivo de la agresión:

-	Denunciar que un equipo de futbol había hecho trampa para ganar un torneo. A la periodista se le descalificó por su labor periodística y sufrió agresiones verbales de los involucrados. Fue acusada y difamada por su jefe. A esto le suma que no era aceptada por los reporteros de la fuente deportiva, la veían como un adorno y no respetaban su trabajo.
-	La periodista confío que, por cubrir eventos policiacos, algunos casos de desapariciones, empezó a ser agredida. Recibió llamadas para amenazarla y dos veces su domicilio fue allanado. Lamentó que en su trabajo sufrió un despido injustificado, su nuevo jefe consideró que por ser mujer no podía cumplir con el puesto que ya ejercía desde hacía tiempo: “Cuando este señor vino me dijo que tenía que hablar conmigo en privado y allí me dijo que lo sentía, pero que no podría continuar en la empresa porque a él no le gustaba que una mujer estuviera a cargo de noticias, que necesitaba a un hombre pues le daba más presencia y ellos necesitaban posicionarse mejor. Y al día siguiente me negaron la entrada a la estación”.
-	Una reportera por cubrir asuntos políticos, empezó a ser amenazada, no solamente le dijeron que la matarían por su labor, se refirieron a su físico y vida personal: “Hoy saldrás y alguien te dará una madriza”, “¿Ya viste cómo estás? Por eso te engaña tu marido”. Escuchó terribles comentarios en torno a la muerte de la periodista Regina Martínez en voz de sus propios compañeros de trabajo, quienes las descalificaban constantemente en torno a la calidad de su labor periodística. La entrevistada se animó a denunciar al Gobierno de Veracruz ante la ONU cuando la amenaza fue en contra de la vida de su hija.

El resumen de cada testimonio va desenredando momentos y actitudes que pusieron en riesgo la integridad y hasta la vida de las entrevistadas. Algunas decepcionadas señalaban la ausencia de justicia, así como la impunidad constante:

“Yo seguía un poco a la expectativa porque era la primera vez que me pasaba algo así, ya tenía contacto con organizaciones que conocemos como Periodistas de a pie y Artículo 19… Ellos me jalaron y empezaron a asesorarme y me dijeron: Tienes que hacer una denuncia federal”. Fui a ponerla y te quiero decir que después un Ministerio Público regresó para decirme que “no hubo delito”, ¿qué? ¿Se cerró el caso? “Sí, se cerró porque no hubo delito” ¿Y las amenazas que recibí? “Es que a usted le hicieron una evaluación psicológica y no salió mal” Ah, o sea, ¿tengo que estar loca o me tienen que dar de tiros para que haya un delito? Miren qué chingón. “Pues eso dijo el juez, que no hay delito”. Pues… ¡chinguen a su madre con su pinche justicia cagada! Nada más para que te des cuenta…”

Y en cada uno de los trece casos que recuperó Addad para su tesis se van trazando estas situaciones de injusticia e indignación, de dolor y de coraje. Las voces narran con absoluta sinceridad lo que les ha ocurrido, pero con más fuerza advierten todo lo que no se ha hecho para protegerlas, la forma en que se minimiza lo ocurrido, no se quiere ver que una descalificación, un apodo o una burla dentro del ámbito laboral también es violencia. Entre algunas observaciones que la autora de la tesis va haciendo, podemos mencionar:

-	Se puede advertir esa normalización de ciertas conductas que predominan en el gremio periodístico que normalizan actos violentos contra ellas y ellos, justificándolos como gajes del oficio y como cuando una mujer denuncia, se le considera “escandalosa”, mientras que a un hombre casi siempre se le pondrá atención sin desacreditarlo por su condición de género.
-	Se denunció que algunos compañeros y compañeras incurrieron en malas prácticas que consistían en ser aliados del gobierno que les reprimía y así, se dedicaban a hostigar a quienes realizaban su labor periodística de forma ética.
-	Si bien, la entrevistada no padeció una violencia de género mediante amenazas como producto del contexto de agresiones que padecía el gremio periodístico en esos años del duartismo, llama la atención cómo sí fue agredida por su condición de género dentro de la empresa donde laboraba y por su jefe de redacción, lo que la vuelve un caso de ejemplo de cómo las periodistas además de tener que soslayar con las violencias que su profesión les acarrea fuera de las redacciones, se ven también en la situación de tener que lidiar con las que surgen en sus lugares de trabajo y en las relaciones laborales con sus pares.
-	Cabe destacar que en este testimonio se nota cómo una carga de trabajo que no va en correspondencia con el sueldo que se percibe ni la responsabilidad que le corresponde, va de la mano con la naturalización o normalización de esta violencia, al grado de que quien la padece, la justifica incluso la asume como un reto profesional. Esto también puede tener una lectura de género ya que las mujeres suelen sentir una mayor responsabilidad por demostrar que son competentes y capaces en comparación con sus colegas hombres.
-	La entrevistada comenzó a sentir temor por su integridad física en momentos donde se encontraba fuera de su lugar de trabajo y domicilio, donde vivía sola, y debido no sólo a la llamada intimidante que había recibido, también por el contexto violento que ya se respiraba en la entidad veracruzana del cual, Xalapa no se escapó, “por aquel tiempo pues ya la violencia estaba palpable”.
-	Se considera que esta periodista también padeció de Violencia laboral ya que su empresa a través de jefes, directores de medio y compañeros o compañeras de redacción se desentendieron de los posibles riesgos que podrían implicar que la información se hubiese publicado, pese a la llamada intimidatoria y a que la nota informativa apareció con firma de la periodista.

El trabajo académico realizado por Laura Addad tuvo que cumplir con los elementos de construir un marco teórico y partir de un proyecto sustentado en objetivos, planteamiento del problema e hipótesis, pero su vena periodística destaca al aprovechar la entrevista y al ofrecer un panorama desde la experiencia y la solidaridad. Su investigación representa un punto de partida para que este tipo de cuestiones tan preocupantes se trabajen desde esta perspectiva, con estas técnicas, con esta metodología que nunca perdió de vista el lado humano de estas graves situaciones que han traído terribles consecuencias al gremio periodístico con la muerte de tantos periodistas en México. 

Entre los hallazgos, Laura Addad nuevamente da voz a sus entrevistadas y elige la declaración ideal para aproximarnos a este complejo contexto y atisbar una luz de fuerza y esperanza:

-	Yo creo que no puedes sustraerte de esa pasión que te da por hacer algo y hacerlo bien, tú tienes que reportar y dar detalles, si no les parece, pues allá ellos. He tenido ciertas restricciones pero no por mí, sino por el medio porque me dicen “oye ya no le pegues al gobernador porque ya es amigo”, entonces yo no los molesto con eso ni les mando notas, sí les mando todo lo que sucede alrededor, si ellos lo quieren publicar, que lo publiquen, y si no, para eso están las redes sociales, y yo con eso soy feliz porque ahí he enterado de muchas cosas, esa es mi válvula de escape y lo que he procurado ahora, eso sí, no es mofarme tanto del personaje si no de lo que hacen, para que no digan que es personal, sino de la dinámica de la administración pública y de cómo la están manejando pero no me meto en lo personal con ellos sino en su trabajo. Y es algo diferente, se llama madurez y de alguna manera no dejo de hacer lo que hago porque eso es parte de una esencia que uno trae, no te puedes sustraer de decir “esto es injusto”, “esto no me parece porque está fuera de la ley”. No me gustaría quedarme callada nunca.
“Voces Resilientes: Periodistas veracruzanas durante el periodo gubernamental de Javier Duarte de Ochoa, 2010- 2016” de Laura Estela Addad Rodríguez es una investigación que debe conocerse, que marca pauta para futuros trabajos, que nos advierte la violencia en el mundo periodístico y las diferencias significativas de ser mujer y ser hombre. Gracias Laura por tu sensibilidad, por tu compromiso e importante estudio. 

Opinión| Pinzas en la nariz

Dulce María Sauri Riancho

SemMéxico, Mérida, Yucatán, 21 de septiembre del 2022.- “Sin 2023 no habrá 2024”. Sentencia categórica que ronda en las negociaciones para construir una coalición electoral opositora al presidente López Obrador y a su movimiento-partido Morena.

Esta frase condensa el significado de un resultado adverso en las elecciones de gobernador/a de Coahuila y el Estado de México, a celebrarse el 4 de junio del año próximo, es decir, en poco más de ocho meses.

Hasta el 2 de septiembre pasado, todo parecía marchar en la dirección correcta, con los naturales escarceos de los partidos que habían demostrado en 2021 y 2022 que, unidos, se puede vencer en las urnas al oficialismo. Ese día el PRI presentó una iniciativa de reforma constitucional para prolongar la presencia de los militares en funciones de seguridad pública, es decir, continuar desempeñándose como policías hasta 2028. Podemos comentar la pertinencia o no de aumentar el plazo y del riesgo de volver indefinido el auxilio que actualmente prestan las fuerzas armadas a la Guardia Nacional y, sobre todo, los escasos por no decir nulos, resultados de la política de “abrazos, no balazos”.

Pero ahora me concentraré en el efecto desestabilizador que causó el incumplimiento del PRI de la “moratoria” de reformas constitucionales en materia electoral y de presencia de los militares en funciones de seguridad.

¿Recuerdan cuando PRI, PAN y PRD, a través de sus presidentes nacionales, la hicieron de conocimiento público? Pues ahora, el PRI retrocedió en la Cámara de Diputados. Su dirigencia nacional —presidente y secretaria general— son simultáneamente diputados. Por tanto, lo que sucede o deja de suceder en la bancada priista cuenta con su anuencia.

¿Por qué ese súbito cambio? Las causas posibles han sido objeto de múltiples comentarios y especulación. No abundaré en ellos, pero sus consecuencias pueden ser descritas con el castizo verbo de “recular”. Por hoy sólo me limitaré a señalar que, una vez aprobada por una mayoría —con los votos de casi toda la bancada del PRI, con honrosas excepciones— pasó al Senado. Con esta votación se regresa al escenario de los primeros tres años de este gobierno, cuando los números de las oposiciones en Diputados no alcanzaban para vetar las reformas a la Constitución, que requería de 167 legisladores, si estuvieran todo/as presentes. Y sólo éramos 164… Ahora, aunque las oposiciones cuentan con 223 diputados, volvimos a la misma situación, gracias a que el PRI cedió 64 votos al bloque oficialista.

Otra vez, la determinación descansará en 11 senadores que pueden impedir que Morena alcance la mayoría de dos tercios. El grupo parlamentario del PRI tiene 13, por lo que, al igual que en la Cámara de Diputados, son el fiel de la balanza legislativa. Y también tienen el poder de lograr prolongar la posibilidad de formar una coalición electoral para 2023. O de “reventarla”.

Compás de espera

Con una prudencia consciente de la responsabilidad política que acompaña las decisiones futuras, las dirigencias nacionales de PAN y PRD dieron un compás de espera a la coalición en tanto se realiza la votación en el Senado de esta reforma tan controvertida. Si, como todo parece indicar, es desechada, habrá materia para reanudar las pláticas. En el poco probable caso de que avance, es decir, que reúna Morena los votos suficientes, entonces ya no habrá futuro coaligado y cada partido irá por su lado.

Este escenario daría un triunfo seguro a Morena que, con una coalición enfrente, podría ser disputado incluso con éxito para las oposiciones.

Estado de México y Coahuila tienen organizaciones partidistas del PRI, del PAN y del PRD que pueden aportar al triunfo de su candidata y candidato (una mujer, un hombre). Ambos gobiernos del PRI han tenido un buen desempeño y gozan del aprecio ciudadano. Una postulación tersa, sin turbulencias internas, ayudaría considerablemente a realizar una campaña de suma, no de polarización y enfrentamiento.

Por parte de Morena, ganar la plaza del Estado de México sería la culminación de su control territorial, después de haberse impuesto en un plazo de 5 años en más de 20 gubernaturas. Un año después, el 2 de junio de 2024, se efectuaría la elección presidencial, junto con las de 9 gubernaturas, congreso federal y estatal, además de ayuntamientos y alcaldías de 30 entidades federativas.

Para las oposiciones, ganar el Estado de México es condición necesaria para poder competir en la federal del año siguiente. La experiencia de 2017 muestra que no sería suficiente para lograr el triunfo en la justa presidencial, pero sí representa la oportunidad de demostrar que Morena no es la fuerza invencible que semeja ser.

Posibilidad

Desde mi perspectiva, lo más importante no es siquiera el triunfo electoral de las oposiciones en el Estado de México y Coahuila. Es la posibilidad que la ciudadanía de esas dos entidades conozca y vote por una opción distinta a la que ofrece el partido del presidente López Obrador.

Para quienes rechazan el retroceso autoritario; para los que se resisten a perder la esperanza de lograr la prosperidad de su familia; para las mujeres que reclaman igualdad y cese de la violencia en su contra; para la juventud que exige oportunidades laborales dignas y un medio ambiente sano; para el cuidado de la niñez y de las personas adultas mayores; para todas y todos los habitantes de Coahuila y Estado de México, una opción distinta significa buen gobierno para los próximos seis años de su vida. No es cosa menor, ¿verdad?

Por todas esas razones, señoras y señores dirigentes opositores, incluyendo a Movimiento Ciudadano: ¡póngase las pinzas de lavar en la nariz! Sé que nuestra dirigencia nacional no exhala precisamente aromas de democracia y confianza, pero quienes militamos en el PRI queremos un rumbo distinto para México.

Podemos discutir las diferencias y acordar los consensos que hagan posible presentar una verdadera opción opositora…en 2023. Porque sólo entonces habrá 2024.

Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán

dulcesauri@gmail.com

Dominicana: situación parturientas extranjeras en el país preocupa ante aguda crisis en Haití

Mercedes Alonso

SemMéxico/Semlac, Santo Domingo, República Dominicana, 20 de septiembre del 2022.- La crisis que vive el vecino pueblo de Haití se ha agravado en los últimos días, debido a los conflictos territoriales entre bandas y la incapacidad de la Policía Nacional para lograr el orden, en una sociedad donde el terror que acunan los secuestros, violaciones y asesinatos ha provocado el desplazamiento de familias enteras, que intentan por todos medios escapar de esa terrible realidad.

Y aunque se trata de una verdad contemplada a través de los años, la inestabilidad, ingobernabilidad y extrema violencia que se vive actualmente, agudiza la vulnerabilidad de niños y niñas, adolescentes y mujeres en general; sobre todo las embarazadas, quienes intentan cruzar la frontera para ser atendidas en hospitales dominicanos y poder salvar al bebé que traen en sus vientres, hecho que las sitúa a merced de inescrupulosos e inhumanos traficantes.

El mayor porcentaje de madres extranjeras no residentes en la República Dominicana, que arriban a los hospitales del país para recibir los servicios médicos en ese periodo final de la gestación son haitianas, tal y como subraya un estudio del Observatorio Político Dominicano, adscrito a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (OPD-FUNGLODE).

Según la publicación, titulada: “Situación de las parturientas extranjeras en el Sistema de Salud Pública de República Dominicana 2010-2021”, que se presentó en agosto pasado, entre esos años “la cifra aumentó a 23 por ciento, si se compara con la primera edición de dicho informe publicado en 2019, en el que se establece que el 18 por ciento de los partos realizados entre 2010 y 2017 en los centros seleccionados correspondió́ a extranjeras”.

Plantea, además, que en ese período (2010-2021), de 1,277,378 partos y cesáreas realizados, más de 292,081 fueron a extranjeras, y resalta que la cifra pasó de 13 a 51 por ciento en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, y de 13 a 46 por ciento en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, dos de los más importantes y concurridos centros asistenciales gineco- obstétricos de la capital; no obstante, la autora del estudio, María Teresa Morales, aclara que también hubo una situación similar en el resto de las provincias del país.

No solo haitianas

Desde principios del actual año, el Gobierno dominicano declaró que se observaba un significativo aumento de los partos que se hacían en hospitales, correspondientes a madres haitianas, y señaló que dicha situación representaba una gran carga para el gasto de las autoridades en el área de salud. Un segundo lugar lo ocupan las parturientas venezolanas, seguidas de las españolas, estadounidenses, y finalmente las de origen chino, refleja el texto, cuyos datos ofrece la Junta Central Electoral.

En relación con la proyección del gasto del presupuesto del Ministerio de Salud Pública, se refleja que cada parto vaginal practicado a extranjeras, le costó al Estado dominicano, en 2019, un promedio de $8,200 pesos (unos 43 mil dólares aproximadamente); en tanto que cada cesárea ascendió a $16,700 pesos (alrededor de unos 80 mil dólares). Añade que estas cifras no reflejan las complicaciones y tiempo promedio de asistencia a la paciente, lo cual podría encarecer dichos servicios médicos.

Recomendaciones y opiniones

Las recomendaciones finales de la investigación, llevada a cabo por el OPD-FUNGLODE acerca de la “Situación de las parturientas extranjeras en el Sistema de Salud Pública de República Dominicana 2010-2021”, concluyen que resulta “indispensable revisar y evaluar de forma integral los programas de vigilancia y fiscalización destinados para el control de las inmigraciones irregulares, además de reforzar los controles en la frontera dominico-haitiana, que es la vía utilizada comúnmente para las y los indocumentados acceder al territorio dominicano”.

Para Senén Caba, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), la situación que viven las embarazadas haitianas y su arribo al país, se debe a una verdadera  “mafia” que opera entre los dos países: «Las extranjeras haitianas llegan aquí porque son traídas, y es de conocimiento público de las autoridades, porque lo saben, y de toda la población, que existen cárteles, mafias, para ser un poco más ríspido, mafias haitianas que operan con sus pares de este lado”, dijo el facultativo, opinión que predomina en la sociedad dominicana.

Unido a ello, preocupa el alto riesgo obstétrico de las madres haitianas y el estado en que llegan a los hospitales al final del embarazo. En un trabajo publicado por Diario Libre el pasado 25 de febrero, la  directora del hospital Materno Infantil de la provincia La Altagracia (ubicada en la parte más oriental de la República Dominicana, a unos 145 km al este de la capital), Bélgica Méndez, narró: “A veces llegan al centro sin sangre, la mayoría tenemos que estar transfundiéndolas, algo que se puede evitar con la consulta prenatal y muchas vienen sin saber que su bebé ya no vive”.

Por su parte, el director de Emergencia de la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, del Distrito Nacional, Justo José Nicasio, mencionó las altas cifras de la mortalidad materna infantil que sostiene el país. La tasa de mortalidad materna y neonatal en República Dominicana aumentó en el 2021. Según el presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, Francisco Thevenin, el porcentaje de mujeres fallecidas durante el estado de gestación subió un 23 por ciento, al pasar de 137 decesos en el 2020 a 169 en 2021. Hasta este noveno mes del actual año, las cifras continúan siendo preocupantes.

El defensor de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, considera que “la República Dominicana no puede sola con el problema de las parturientas haitianas, que es fruto de la falta de servicio en la vecina nación”, e invitó a las grandes potencias a no dejarlas solas ante la situación.

¿Soluciones?

La situación de la inmigración haitiana hacia el país ha sido tratada indistinta y multifactorialmente durante lustros. En tal sentido el Gobierno dominicano ha adoptado regulaciones a través de la resolución 04-2021 emitida por el Consejo Nacional de Migración,  a fin de evitar el ingreso de extranjeras embarazadas de seis meses o más de gestación y a limitar solo a casos de emergencia el acceso a los hospitales públicos de inmigrantes indocumentadas.

Entre las posibles soluciones, el Gobierno ha planteado la posibilidad de construir hospitales en la frontera dominicohaitiana; pero hasta la fecha, nada ha sucedido al respecto, pese a que el mundo entero conoce de la carencia de centros asistenciales en Haití.

La Dirección General de Migración en la República Dominicana, a raíz de la crítica situación presentada con el vecino país, aplicó los controles migratorios establecidos y la frontera ha recibido contingentes militares para fortalecer las líneas fronterizas.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha recomendado a la República Dominicana ponerle fin de inmediato a las deportaciones de mujeres embarazadas de origen haitiano y llamó a “asegurar su protección contra la violencia de género y la discriminación, así como que se otorguen permisos permanentes de residencia a mujeres haitianas cuyos hijas e hijos nacieron y se criaron en el país, con el fin de mantener su derecho a la vida familiar, de acuerdo a las convenciones internacionales”, plantea el documento.

En tal sentido, la ministra de la Mujer en República Dominicana, Mayra Jiménez, enfatizó: “El Estado dominicano ha realizado grandes esfuerzos para fortalecer los mecanismos de acceso a justicia por parte de las mujeres desde una mirada interseccional, priorizando grupos en mayor situación de vulnerabilidad, como mujeres con discapacidad, mujeres de ascendencia haitiana y mujeres adultas mayores. Estos esfuerzos comprenden varios programas, proyectos y ampliación de servicios”. 

A su vez,  el entonces ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, aclaró que las parturientas que llegan a República Dominicana no son maltratadas, “porque se les ofrece atenciones que no se les brinda en su país de origen”.

Otra opinión al respecto fue la del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, quien aseveró que en los hospitales dominicanos se les da asistencia a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, preferencia sexual o condición religiosa. Añadió que anualmente los centros asistenciales prestan atenciones médicas a más de 30 mil gestantes de procedencia extranjera, cuya mayoría es de Haití.

“Estamos hablando que de cada diez, tres fueron extranjeras haitianas, eso representa una gran carga (…), a pesar de eso nuestro sistema de salud está comprometido a dar servicio y así lo está haciendo con todas y  todos los seres humanos que acuden a nuestros hospitales”, concluyó Lama.

Lamentablemente, las potencias que durante decenios sacaron de lo más profundo de la tierra haitiana recursos y riquezas, permanecen hoy en silencio total, volteando el rostro y dejando que sea la vecina nación quien se ocupe de algo que, potencialmente, deben ayudar a resolver también, y cuanto antes, los países más poderosos comprometidos, sin duda alguna, con la historia y la realidad haitiana.

SEM/MG

Se cumplen dos años de feminicidio de Jessica Villaseñor, no hay aún sentencia

  • Se calcula se han presentado más de 100 pruebas durante esta etapa del proceso.
  • El proceso ha rebasado la temporalidad de dos años, lo que consideró el Poder Judicial, no es atribuible a ellos, sino a las pruebas que se ofrecieron e incidencias.

América Juárez Navarro

SemMéxico, Morelia, Michoacán, 20 de septiembre del 2022.- El 21 de septiembre se cumplen dos años del feminicidio de Jessica González ocurrido en Morelia, Michoacán, y aún no se dicta sentencia contra el presunto responsable Diego “N”, a esta distancia Verónica Villaseñor mamá de Jessica, señaló que no llega la justicia y ha persistido la indiferencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Poder Legislativo y Judicial.

Verónica Villaseñor, reconoció que el tiempo le ha pasado la factura a su cuerpo y ha querido soltar la toalla, pero sabe que su hija le diría que no debe parar. “Lo que quiero es que no existan más familias que tengan que enfrentarse a este proceso y que este martirio ya termine, dedicarme a mi familia, necesito tiempo para dedicarme a mis hijos, a mi duelo”, dijo.

Confía que las acciones que ha realizado para pedir justicia sirvan a quienes toman las decisiones y están en posibilidad de modificar este entorno, cambien esta realidad que enfrentan las familias que han padecido como ella, la pérdida de un ser querido.

Este miércoles 21 de septiembre se realizará una protesta en el marco de la audiencia del caso Jessica González, bajo la causa 1404/2020 que tendrá lugar en la Sala 3 del Poder Judicial de Michoacán, para exigir justicia.

De acuerdo con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Jorge Reséndiz García, el proceso penal ha sido largo debido a que se han ofrecido varias pruebas y eso ha originado que el tiempo para emitir una resolución aumente.

“El proceso ha rebasado la temporalidad de dos años, pero ese exceso para su resolución no es atribuible al Poder Judicial, es por el número de pruebas que se ofrecieron, las incidencias que se han presentado, la naturaleza de las pruebas, en las audiencias el juez ha tenido que ejercer sus facultades y su autoridad”, argumentó.

Afirmó que hay la certeza de que la sentencia se producirá de manera legal, sin embargo, indicó que el fallo esté sujeto al desahogo de pruebas y no se puede hablar de que habrá resolución este año o el que sigue; “no podemos decir que este año o el próximo, eso no podemos predecir”, comentó.

El magistrado presidente, pidió a la familia de Jessica González confianza en que el Poder Judicial va a resolver apegado a derecho.

Sin duelo, revictimizada, el saldo de dos años de espera para familia de Jessica

La causa 1404/2020 del feminicidio Jessica y la larga espera de justicia, dejó para su mamá, depresión y la imposibilidad de vivir un duelo por la pérdida de su hija; el sistema les ha dejado en claro lo mal que está el sistema de justicia, porque no se tendría que llegar a dos años para recibir una sentencia, aseveró, Verónica Villaseñor.

“El Poder Judicial y el Congreso del Estado no se quieren dar cuenta que esta situación está mal, no tendría porque revictimizarme y este proceso debió terminar, debería estar asumiendo mi duelo y ni siquiera puedo hacer eso”, señaló al recordar que su experiencia se repite con otras familias que temen enfrentarse a este largo camino de búsqueda de la justicia, porque se resisten a la apatía, indiferencia y revictimización del Estado.

Verónica Villaseñor aseguró que, afrontado la falta de justicia, aunque está puesta la mesa para poder aplicar la ley, no ha ocurrido, solo se busca aplazar el dictar un veredicto para que continúe la impunidad. Recuerda que presentó una iniciativa de ley ante el Congreso de Michoacán en materia de feminicidio, pero ni siquiera la quisieron escuchar, “es la realidad que se vive y hay mucha impunidad”.

La paz nunca más regresará a su casa, aseguró, y es lo que nadie entiende, porque cuando se está en la última etapa es que los responsables del feminicidio se ríen, evaden la justicia con artimañas de la defensa, se burlan del sistema.

Finalmente, Verónica Villaseñor pidió a quienes sufren su misma situación, luchar por todos sus hijas e hijos estén o no estén “es nuestra obligación”, porque si no la impunidad seguirá creciendo.

SEM/MG

Tribunal popular emite inédita condena a México

  • Desde La Haya se declara a México, culpable del asesinato de periodistas y de la impunidad persistente, país que comete graves violaciones a los derechos humanos.
  • Entre 2000 y 2022, 156 periodistas fueron asesinados, entre ellos 12 mujeres: Marina Forti.

Libertad López

SemMéxico, Ciudad de México, 20 de septiembre del 2022.- Una inédita sentencia del Tribunal Popular sobre el Asesinato de Periodistas decretó a México, así como a Siria y Sri Lanka, como culpables de omisiones y “violaciones graves” a derechos humanos que mantienen en la impunidad el asesinato de 156 comunicadores y comunicadoras.

En la audiencia realizada este 19 de septiembre en La Haya, Países Bajos -luego de seis meses de sesiones- el tribunal señaló la responsabilidad de México por el asesinato de Miguel Ángel López Velasco, Milo Vela -como se le conocía- periodista y columnista del periódico Notiver en Veracruz, asesinado junto con su esposa e hijo, el 20 de junio de 2011.

De México, Marina Forti, destacó que el asesinato de 156 periodistas en México, entre ellos 12 mujeres en 22 años, lo que dijo, evidencia la falta de protección y advirtió que las amenazas, directas e indirectas, la crítica para denigrar a las y los comunicadores, refuerza la impunidad y permite la represión a la libertad de expresión, en un “peculiar sistema”.

“La impunidad debe cesar”, urgió el juez Gill Boehringer, al reiterar la incapacidad de los países para proteger la vida de sus periodistas, se ve en la trasmisión en vivo que promovió el grupo Reporteras en Guardia el lunes pasado.

Para consultar: https://www.youtube.com/watch?v=402J2hSPi3g&ab_channel=ReporterasEnGuardia

El Tribunal examinó 3 casos. Pero durante sus deliberaciones tocó aspectos que son muy parecidos en los países examinados, como las relaciones corruptas entre las empresas y los gobiernos, la impunidad y la falta de leyes efectivas de protección. Países donde la convivencia entre los poderes y los grupos criminales, es preocupante, para la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos humanos.

Condena a México

La condena a México es por omisiones en cuanto a la falta de investigación, la ausencia de reparación y de garantías de no repetición para las víctimas, las evidentes “graves violaciones” a derechos humanos y la impunidad persistente en el asesinato de periodistas. Así México fue declarado culpable por el Tribunal Popular sobre el Asesinato de Periodistas.

La sentencia en el caso del Estado mexicano fue por el caso del periodista veracruzano, Miguel Ángel López Velasco Milo Vela, quien fue asesinado junto con su esposa y su hijo, durante la administración del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Para Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras (RSF) en México, la sentencia del tribunal popular marca un precedente en busca de seguir evidenciando a los Estados responsables de garantizar la protección del gremio periodístico, por lo que se abre una ventana de oportunidad para seguir documentando e investigando crímenes en contra de periodistas que puedan presentarse ante un tribunal internacional.

En entrevista con Eje Central, Balbina Flores informó que RSF presentará a la Fiscalía General de la República (FGR), las conclusiones y recomendaciones de la sentencia a fin de que se integre a la carpeta de investigación que sigue abierta sobre el caso de Milo Vela, al considerar que la resolución es un llamado de atención que debe ser atendido por los gobiernos federal y estatal.

“La sentencia en sí es un llamado de atención a los estados, en este caso a México, Siria, y Sri Lanka ante la impunidad que prevalece en los asesinatos de periodistas, pero también es una sentencia que exhibe a los gobiernos de estos países, que no han retrocedido de ninguna manera en la impunidad; y es una forma de decirles que sí se puede investigar, que sí se puede avanzar y se pueden sacar conclusiones de quién mató a Milo Vela y a su familia”, subrayó Balbina Flores.

En medio de la reiterada afrenta que ha evidenciado el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de organismos internacionales, la representante de RSF señaló que, en la sentencia, los jueces señalaron “de manera explícita que el Estado mexicano cometió graves violaciones en el caso de Milo Vela”.

En ese sentido, Balbina refirió que, si bien se busca una mayor apertura y atención por parte del gobierno, también debe ser vista como una oportunidad más para trabajar de manera conjunta en favor del gremio. “Queremos ofrecer nuestra cooperación técnica y colaboración, que lo hemos hecho siempre, pero hoy más que nunca queremos decirle (al gobierno de México) que lo podemos hacer de manera conjunta”.

Se informó en el Tribunal que en abril 26 y 27, de 2022, testificaron 11 periodistas de México, y 4 familiares que les dejaron en claro cómo está funcionando desde el poder, como amenazas y desacreditación a periodistas, que colocan en riesgo su vida. En el momento del Tribunal, Marcela Turati dio testimonio de lo que ha sucedido en Veracruz, donde dos mujeres periodistas fueron asesinadas, Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, el 9 de mayo y para ocultar la situación, el celular de la camarógrafa fue manipulado por autoridades para revictimizarla. Son como este, los casos que seguirán examinando en el Tribunal de los Pueblos.

Igualmente, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) de México, en un comunicado, «acusa al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a los poderes legislativo y judicial de haber sido rebasados por la delincuencia y el crimen en México, y de ser incapaces de hacer prevalecer el Estado de Derecho, la aplicación de las leyes y la Constitución, al no garantizar la vida, las libertades y los derechos humanos en el país».

El SNRP sostiene que la violencia contra el gremio periodístico en México tiene una particularidad que debe investigarse bien, además de aplicar la perspectiva feminista, pues es claro el aumento de los ataques contra mujeres que trabajan en los medios. El primero de este año, cegó la vida de Lourdes Maldonado, en Tijuana, que permanece en la impunidad.

Retrato de una injusticia internacional: Estos son los casos de periodistas asesinados que fueron estudiados por el Tribunal Popular sobre el Asesinato de Periodistas.

Lasantha Wickrematunge. Periodista y activista fundador del periódico The Sunday Leader y Leader Publications. Fue un influyente comunicador, férreo crítico del gobierno, fue asesinado a golpes el 8 de enero de 2009 en plena calle de Colombo, Sri Lanka. Organizaciones como la Asociación de Jóvenes Periodistas (YJA) de Sri Lanka señalan al expresidente Gotabaya Rajapaksa por graves violaciones a derechos humanos, incluyendo evidencias que lo vinculan con el asesinato de Lasantha.

Miguel Ángel López Velasco, Milo Vela. Periodista y columnista del periódico Notiver en Veracruz. Fue asesinado junto con su esposa e hijo, el 20 de junio de 2011, durante el gobierno del hoy preso, Javier Duarte de Ochoa. La representante de Reporteros sin Fronteras subraya que el caso de Milo resulta “emblemático” porque reúne todos los patrones de impunidad y violencia que implica el asesinato de periodistas en México.

Nabil Al-Sharbaji. Periodista y activista sirio, fue asesinado mientras estaba detenido como preso político en el régimen de Bashar al-Assad, en la prisión militar de Saydnaya, el 3 de mayo de 2015. Nabil fue arrestado desde el 26 de febrero de 2012 en Daraya, durante los tres años que estuvo privado de su libertad fue trasladado a diversas prisiones. Su caso fue escuchado en el Tribunal Popular sobre el Asesinato de Periodistas el 16 y 17 de mayo de 2022 en La Haya.

SEM/MG

Exhortan al Pleno a tener un país civilista, NO militarista, Organizaciones Civiles y Grupo Plural

  • El problema de la inseguridad persiste, pero la solución no debe ser la militarización, señalan.
  • El futuro del país está en manos de las y los senadores del bloque de contención.
  • Frente Cívico Nacional, Sí por México, UNE, Unidos por México, Sociedad Civil por México y Poder Ciudadano, se unieron a pronunciamiento.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 20 de septiembre del 2022.- En conferencia de prensa en el Senado de la República, organizaciones de la sociedad civil y el Grupo Plural emitieron un pronunciamiento enérgico en contra de prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Su visión de país es civilista y no militarista. Niegan avalar que la seguridad pública dependa de la sumisión de las autoridades civiles a las militares. Por ello, se refrenda el compromiso de respaldar una política de seguridad que promueva que los cuerpos policíacos sean civiles, estén debidamente capacitados y cuenten con el presupuesto suficiente para realizar eficazmente sus funciones.

Por su parte, Ana Lucía Medina, representante de la sociedad civil, expresó que las fuerzas militares merecen el respeto de todas y todos, pues su función es primordial para salvaguardar la seguridad del país. Sin embargo, también se considera que estas labores se deben circunscribir a los límites constitucionales. Si éstos se sobrepasan, la salud de la República está expuesta a graves riesgos.

Y señaló que es de conocimiento que las fuertes presiones para que el Senado apruebe la minuta de la Cámara de Diputados que implica un cambio constitucional con el fin de que las Fuerzas Armadas prolonguen labores que le corresponden a policías civiles más allá de lo autorizado en 2019 por todas las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión.

“Esto sería un grave error. Por experiencias históricas se sabe que cuando se extiende una autoridad extraordinaria en el tiempo, ésta termina por imponerse como práctica normal”, señala Ana Lucía Medina.

Y reiteró,  la sociedad civil hace un contundente llamado a las senadoras y a los senadores del Congreso de la Unión, a que actúen con responsabilidad y en favor de la causa mayor de la República y no aprueben un cambio constitucional que consolidaría el militarismo en el país por los próximos lustros. El problema de la inseguridad persiste, pero la solución no debe ser más militarización.

También hizo uso de la palabra, Amado Avendaño y expresó que como organizaciones de la sociedad civil  están pidiendo al Bloque de Contención que vote en contra de esta iniciativa que viene de la Cámara de Diputados porque no se quiere que este país se militarice. Esta reunión ha sido posible porque hay preocupación de muchas organizaciones que han manifestado públicamente, no de ahora, sino desde sexenios anteriores, el riesgo de la militarización del país. Se estará al pendiente de la votación.

Y respondió a pregunta expresa de periodistas, “el día de hoy las organizaciones presentes se han constituido para entablar encuentro y diálogo con los distintos grupos parlamentarios con el ánimo de compartir esta reflexión y de expresar la posición con respecto a un tema fundamental para el presente y el futuro del país”.

Continuó, “Se tiene la convicción de que la decisión que hoy se tome, sea una decisión que involucre a toda la ciudadanía; que no puede quedar solo al interés de las y los gobernantes o de las y los legisladores actuales”.

Ello tiene que ver con escuchar, tomar en cuenta y responder las inquietudes que hay en la sociedad plural, que hoy es cada vez más participativa.

El deseo de este pronunciamiento es que se difunda a las y los legisladores, especialmente para quienes a esta hora tienen la duda o están sometidos/as a alguna presión más allá de este espacio legislativo, puedan reflexionar por el bien del país, señaló Amado Avendaño.

Por su parte el grupo parlamentario del PAN manifestó que como Bloque votarán contra la iniciativa. El Grupo Plural también. Se buscaran reuniones con los otros grupos parlamentarios en función de su agenda.

SEM/MG

Opinión| Principios en tensión: El caso de la prisión preventiva oficiosa

Andrés Pérez López

SemMéxico, Querétaro, 20 de septiembre del 2022.- Los derechos humanos constituyen un límite infranqueable al actuar del poder público, estos emanan de la dignidad humana que todas las personas poseemos por el hecho de ser personas; así, todas las autoridades están obligadas a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos en pro de un trato digno mínimo a todas y todos.

Por su parte, el poder público que es uno solo, emanado del pueblo e instituido en beneficio de este, se divide para su ejercicio en tres funciones esenciales: legislativo, ejecutivo y judicial. En términos simples, el primero crea la ley, el segundo la aplica y hace cumplir, mientras que el tercero resuelve las controversias respecto a su aplicación e interpretación.

De esa manera, la propia Constitución define la interacción entre los poderes de la Unión manteniendo un equilibrio institucional, que tiene como finalidad última, la de controlar al propio poder público y, en consecuencia; garantizar las libertades de las y los ciudadanos.

Estas premisas son las que de fondo se mantienen en tensión en la discusión que se ha llevado a cabo por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se discute el tema de la prisión preventiva oficiosa.

La prisión preventiva oficiosa es una de las varias medidas precautorias o cautelares que contemplan nuestras normas de índole penal. En la práctica consiste en que la persona juzgadora en un proceso penal está obligada a decretar prisión para el o la persona señalada como probable responsable de delitos como: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito, delitos en materia de desaparición forzada de personas, entre otros señalados por la propia Constitución en su artículo 19.

Lo anterior significa que la persona señalada como responsable de uno de los delitos anteriormente mencionados permanecerá en prisión durante su proceso, sin importar si es culpable o no de la comisión de dicha conducta, pues esta se determinará luego de valoradas las pruebas y una vez dictada la sentencia que le condene o absuelva.

Lo anterior vulnera el derecho humano de presunción de inocencia, que consiste en que toda persona deberá ser tratada como inocente hasta que se le compruebe su culpabilidad, principio consagrado en la Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya que, se  restringe de manera desproporcionada este derecho, pues existen otras medidas que son igual de eficaces para limitar válidamente la libertad de la persona inculpada.

Como ejemplo tenemos la prisión preventiva justificada. Esta consiste en que la persona juzgadora deberá argumentar, caso por caso, si existen o no elementos para que la persona señalada como presunta responsable de un delito deba permanecer en prisión o en libertad durante su proceso.

Lo controvertido del tema es que el proyecto presentado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone la no aplicación de una parte del artículo 19 establecida en la propia Constitución.

Si bien es cierto que la SCJN teniendo como parámetro la Constitución, puede declarar inconstitucional una norma o ley (jerárquicamente inferior a la Constitución), no está facultada para desacatar una norma de rango constitucional, más bien ninguna autoridad puede hacerlo. En todo caso, la potestad para modificar una norma de rango constitucional la tiene de manera expresa las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes del Senado y mayoría de los congresos de los estados, (Constituyente Permanente).

De esa manera el tema se perfila para que al plantearse así, exista otra disputa, pero esta vez entre los propios poderes del Estado por determinar si hay una invasión de esferas de competencia, que como se dijo con anterioridad, mantiene un equilibrio institucional que controla el actuar al propio poder público, pues no esta definida la potestad del Poder Judicial para revisar la constitucionalidad de la Constitución.

La sociedad mexicana representada por el Congreso de la Unión como poder creador de las leyes, estableció en la Norma Suprema el catálogo de delitos a los que se le deberá imponer prisión preventiva oficiosa, ya que la situación en materia de seguridad es grave.

De ahí las declaraciones públicas del Poder Ejecutivo quien le compete hacer cumplir las leyes, y que manifestó que puede ser contraproducente invalidar la prisión preventiva oficiosa, pues dejaría en manos de las y los jueces y fiscalías (parte acusadora en un proceso penal), justificar la procedencia de la prisión preventiva en el caso que se estime necesario, poniendo en riesgo el aumento de la ya delicada situación de impunidad en la comisión de delitos.

Finalmente, la postura del Ministro Presidente de la SCJN sostiene que no hay invasión de competencias y que la Constitución si puede declararse inconstitucional porque el eje central de su revisión parte de los derechos humanos, que son Constitución; de no hacerlo, se está anulando de facto el artículo 1 relativo a los derechos humanos.

De manera inusual se retiraron los proyectos previo a su votación, esto con el objetivo de conciliar las posturas de las y los ministros, pues en estas discusiones se vislumbra su forma de interpretar el derecho, sus concepciones diversas y hasta encontradas en cuanto a la manera de ver los derechos humanos, el sistema jurídico en su conjunto y hasta los elementos políticos en juego. En consecuencia, tendremos para más rato este tema sobre la mesa, tal vez con mejores elementos para su análisis y sabiendo el impacto que la resolución traerá a nuestro sistema constitucional de equilibrio de poderes públicos y de derechos humanos de todas y todos. Aun no se acaba

Juego de Palabras| Transgresiones constitucionales de la 4T

Yaneth Tamayo Avalos

SemMéxico, Querétaro, 20 de septiembre del 2022.- Las recientes propuestas de reforma constitucional presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha traído consigo un profundo debate entre la apelación al consenso de un poder político de mayoría y el diálogo de la comunidad defensora de derechos humanos.

La búsqueda de un proceso de justicia compatible a los tiempos actuales mantiene a una asamblea bicameral en constante enfrentamiento por defender sus intereses y utilidades.

La falta de limitación al poder político y la omisión por parte de las y los legisladores para hacer frente a los compromisos establecidos por organismos internacionales respecto de la protección de los derechos humanos, pone en tensión lo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al provocar una serie de contradicciones que afectan a los derechos humanos.

El uso indiscriminado de la prisión preventiva oficiosa, así como de la militarización de la seguridad pública, es el resultado de las ínfulas de los constituyentes que intentan elaborar disposiciones constitucionales irresponsables “en favor” del Estado, creyéndose inimputables por las situaciones que aquejan al país.

Olvidaron que, desde hace varios años, la militarización en las tareas de la seguridad pública ha recrudecido la violencia y su relación con los altos niveles de impunidad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas y familiares.

Los altos niveles de violencia, así como las políticas de seguridad ineficaces, han evidenciado a un gobierno que no le interesa las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y tortura; la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos.

No se ha entendido que, la falta de controles al exceso de poder crea situaciones de impunidad de carácter estructural que tienen el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.

Las barreras en el acceso a la justicia y la inoperancia, en muchos casos con la impunidad resultante, han debilitado el Estado de Derecho y constituyen desafíos urgentes.

Realizar este tipo de reformas trae como resultado la inercia, el silencio y la permanente pasividad del legislador, provocando que la norma que se crean mantenga situaciones jurídicas no queridas por la constitución.

Como lo ha referido Néstor Sagües “el Estado puede pecar de inconstitucionalidad no solamente dictando normas inconstitucionales, sino también no dictando aquellas normas generales que la Constitución le manda promulgar”.

La constitución afronta siempre el riesgo de ver socavada su fuerza directriz a manos de actores particularmente poderosos, y con tendencia a presentar resistencia a la vocación encauzadora de toda norma.

Los grupos políticos que hoy dominan en el Congreso de la Unión, han olvidado que el Estado se encuentra en una relación sometida al ordenamiento jurídico con sus gobernados y que, por esa razón están al servicio de estos, por ello, son responsables sin excepción alguna de los perjuicios que ocasionen en el desarrollo de su actividad. 

Legitimar la prisión preventiva oficiosa y la militarización de la seguridad pública provocará que el Estado incumpla con su responsabilidad de adoptar una política de seguridad ciudadana que responda a las obligaciones internacionales en derechos humanos.

En conclusión, si el Estado no cumple con su misión de brindar seguridad a sus gobernados/as, se torna ineficaz, y si además se niega a reconocer y reparar las consecuencias de un ejercicio deficiente, inadecuado o arbitrario del poder, estará sujeto a acrecentar sus niveles de deslegitimación.

El Estado tiene sentido y razón legítimos de ser, en la medida en que cumple con estos propósitos que se resumen en la noción del bien común.

Podemos afirmar que la responsabilidad estatal, se constituye en el contrapeso jurídico establecido a favor de las personas para hacer frente al ejercicio inadecuado del Estado.

* Sexto Informe de Seguimiento de Recomendaciones Formuladas por la CIDH en el Informe Sobre Situación de Derechos Humanos en México. https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2021/capitulos/IA2021cap5.MX-es.pdf