La joven fue notificada de la revocación de las medidas cautelares que le permitían seguir el caso en libertad
Aseguran que se han violentado los derechos de una mujer pobre e indígena
María Luna SemMéxico, Cd. de México, 11 de abril, 2022.- Colectivos feministas de Ciudad Nezahualcóyotl informaron que un juez y dos juezas del Tribunal de Texcoco revocaron las medidas cautelares que le permitían continuar su proceso en libertad, lo cual implica que regrese a prisión preventiva a Roxana Ruiz Santiago.
En su publicación señalan al juez Vicente Guadarrama García y a las juezas Ahelí Segura Rocha y Norma Angélica Delgado Chávez, del Tribunal de Texcoco decidieron revocar la resolución que modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa este domingo, por lo que nuevamente podría volver a prisión.
En redes sociales, las colectivas expresaron su profunda rabia, tristeza e indignación por esta acción de revocación de la resolución que significa un retroceso en el caso penal de Roxana, indígena oaxaqueña procesada y encarcelada tras el asesinato de su agresor sexual, hechos ocurridos en el municipio de Netzahuacóyotl del Estado de México.
Roxana Ruiz había obtenido su liberación, tras nueve meses en prisión acusada de haber cometido el homicidio en defensa propia y aseguraron que fue privada de su libertad sin un debido proceso en el que se cometieron múltiples omisiones.
Hasta el día de hoy, Roxana ha cumplido con todos los requerimientos que en estas medidas se le habían solicitado, ha acudido puntual y formalmente a todas sus audiencias y no ha buscado evadir la justicia, señala las activistas.
Consideran que la revocación de las medidas cautelares que le permitían llevar su proceso en libertad es actuar con “saña” contra la joven que es madre soltera y pobre, lo que no sucedería si ella fuera integrante de una familia rica.
Las colectivas feministas, como la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza llamaron a apoyar a Roxana Ruiz durante la celebración de la próxima audiencia que se realizará por la tarde del 18 de abril en los juzgados del Penal Neza-Bordo.
Consideran que con esta medida se violan los principios y tratados que México ha signado en torno a lo relativo en materia penal y repudiaron la revocación que carece de legalidad y soporte en dichos tratados internacionales.
De igual forma, señalan que con esa resolución se rechaza a las respuesta omisas, negligentes y violentas que la justicia del Estado de México impone a Roxana “una sentencia sin apegarse al debido proceso con perspectiva de género”.
En ese sentido consideran de suma importancia tomar en cuenta lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, manifiesta y citan:
“…la prisión preventiva oficiosa genera violaciones reiteradas a los derechos humanos de miles de mexicanas y mexicanos; es una condena sin sentencia que castiga en la mayoría de los casos la pobreza y estadísticamente afecta más a las personas de las capas más desprotegidas, a los sectores más pobres de la población y a las mujeres”.
SemMéxico, Cd. de México, 11 de abril, 2022.- Hace más de 10 años en plática reflexiva con la entonces, Directora General de Igualdad y Diversidad Social del Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Patiño Fierro, llegamos a la conclusión de que la “ayuda”, “beca “o “pensión” nacida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la capital del país, fue, sin duda, un reconocimiento al trabajo del hogar, no remunerado, de miles de mujeres mayores de 65 años.
Era la primera pensión de vejez, para hombres y mujeres sin historia laboral lo que indirectamente fue un reconocimiento para las amas de casa, cuyo trabajo es poco valorado todavía hoy, y todos los años de trabajo doméstico y cuidado de enfermos y ancianos.
Nos reímos mucho. Esa “ayuda” incluyó, sin discriminar, a cualquier mujer mayor. Y nos reímos porque el hoy presidente de la República, unos meses antes, en 2005, había vetado cualquier posibilidad para aprobar la Interrupción Legal del Embarazo ILE y, como ahora, desestimando al movimiento feminista y amplio de mujeres. Entre 2000 y 2006 nunca recibió a las feministas, intentó destruir los Centros de Mujeres y cegó programas tan importantes como el de estimulación temprana para los niños y niñas de la capital, impulsado por Clara Jusidsman durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.
Contradictoriamente 20 años después, como pudo observarse en todo México este domingo 10 de abril las personas mayores aportaron el voto duro para la consulta ciudadana llamada de Revocación del Mandato, en realidad renovación. Ellas llegaron hasta en silla de ruedas, tempranito, que, como un gesto de agradecimiento, enmarcada en la propaganda del partido en el poder, depositaron una opinión favorable al régimen. ¿Cómo no?, si además esa “ayuda” creció y se expandió en los últimos 3 años, aún exigua, garantiza como máximo la adquisición de una canasta básica mensual que libera, a muchas mujeres, de la dependencia, familiar cuando ya es difícil sobrevivir.
Viudas, enfermas, acompañadas de sus maridos o hijas/os, dieron entrevistas, hablaron de “su presidente”. Tardaremos en saber el porcentaje exacto. Pero son las mismas que acuden a los mítines que acostumbra López Obrador; contaron, en algunos casos con transporte y fueron bien tratadas por los funcionarios y funcionarias de casilla.
Este ejercicio de opinión nos dejó entre otras, esta lección. A la dádiva de buena intención, se responde con lealtad inquebrantable. Según el INEGI en México unos 15 millones de personas tienen más de 60 años. No digo que fueron las únicas en acudir el domingo, pero sí, las vi haciendo largas colas, las retrataron las y los periodistas.
Los resultados del domingo, -más de 17 millones votaron- dejaron en claro que se ratificó la confianza del proceso, de las y los morenistas, un ejercicio en el que, a pesar de los obstáculos políticos y económicos, evidenció que el Instituto Nacional Electoral INE es un árbitro confiable y da certeza a los resultados. El INE logró organizar y garantizar la votación, en paz, fue eficiente y transparente. La primera confianza fue de quienes atendieron las mesas receptoras, ciudadanos y ciudadanas elegidas al azar; opinión generalizada es que hubo confianza en que serían contados y bien contados los votos; que las quejas y denuncias serán procesadas, y eso fortalece al INE vilipendiado por el poder.
Ello debería hacer reflexionar al presidente López Obrador y a Morena. Sé que es pedir demasiado, pero el INE sigue siendo la institución autónoma mejor posicionada en la opinión pública, a la luz de todas las encuestas y como órgano colegiado es el árbitro mejor calificado internacionalmente. Sería razonable, si cabe, que López Obrador lo pensara y mágicamente dejara atrás su hostilidad y golpeteo. Veremos.
*Periodista, directora del portal informativo semmexico.mx
* Sienta precedente en la defensa de los derechos humanos
* A Digna la mataron, hubo una investigación deficiente y llena de prejuicios
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 11 de abril, 2022.- A 20 años de su asesinato Digna Ochoa y Placido sigue litigando y sienta precedente en la defensa de los Derechos Humanos con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del pasado 14 de enero del 2022, que obliga al Estado Mexicano por graves fallas en la investigación de la muerte de la activista a reabrir el caso; juzgar y sancionar a los responsables; efectuar un acto público de responsabilidad internacional y crear reconocimiento en derechos humanos que lleve su nombre.
Karla Micheel Salas Ramírez, la abogada feminista que llevó el caso en el Tribunal Interamericano y ha participado en otros casos relevantes como Campo Algodonero, enfatizó la importancia de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que “a través de una sentencia podemos decir esto es la verdad y no se puede cuestionar”.
“Después de un litigio bastante largo podemos afirmar que a Digna Ochoa y Plácido la mataron, que la investigación fue absolutamente deficiente, que no buscaban la verdad, llena de prejuicios, que no considero el contexto donde hubo un secuestro y amenazas a la integridad física de la activista y que estuvo mal de principio a fin”, dijo la abogada.
Al participar en el Taller “Las sentencias de los Derechos Humanos nos juzgan a todas-todos que lleva a cabo el Museo de la Mujer, cada mes, bajo la conducción de Ydalia Pérez-Fernández Ceja, asesora legal de la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU).
Destaca lo expresado por Salas Ramírez, “la violencia de género es el mejor recordatorio para las mujeres de que no nos consideran igual, aunque la ley lo diga. Digna Ochoa no es un caso es una causa”.
Explicó que cuandoasesinaron a Digna Ochoa en el 2001 ella todavía era estudiante, pero ahora acompaña en la reparación.
También dijo que las palabras durante el alegato de clausura en la audiencia, que se celebró de manera virtual en la CIDH, fue: “La sentencia que emita este Tribunal hará parte de su legado, porque hoy Digna florece en toda una generación de defensoras y defensores de derechos humanos, cuyas voces le piden a este Tribunal: Justiciadigna…”.
Digna Ochoa fue asesinada 19 octubre 2001, un crimen que sigue impune porque las autoridades no investigaron, estigmatizaron a Digna Ochoa, minaron su credibilidad con el objetivo de sostener una conclusión de investigación de que no la habían asesinado, sino que se había suicidado. Lo más terrible que previa a su muerte fue el argumento de que ella había fabricado toda una escena del crimen de tal manera para aparentar un asesinato.
Precisó que a fines de los noventa y principios de los 2000 en general las y los defensores de derechos humanos en México sufrían varias agresiones, pero en particular más si eran mujeres. Incluso uno de los argumentos de las autoridades era que “Digna se quería morir porque se dedicaba a una actividad riesgosa”.
A las mujeres defensoras de derechos humanos por su género las estigmatizaban, eran expuestas a comentarios de contenidos sexista misógino o las denuncias que presentaban no eran tomadas con seriedad.
“Este contexto de violencia contra las defensoras de derechos humanos continua en la actualidad”, acotó.
Es necesario, dijo que las nuevas generaciones sepan quien fue Digna Ochoa y Placido, nació en Misantla, Veracruz de familia numerosa, vivió el arresto injusto de su padre, líder sindicalista, primero lo desaparecieron y luego lo acusaron de homicidio por sus actividades, esto la llevó a querer se abogada, cuando antes quería ser maestra.
Asegura que Digna Ochoa litiga nuevamente, porque abrió la brecha en el sistema interamericano. Acompañó a víctimas de casos sumamente complejos en los estados de Guerrero y Chiapas; con especial relevancia los casos de las víctimas de la masacre de Aguas Blancas en 1995, en la que la policía del estado mataron a 17 campesinos y la masacre del Charco en 1998, en la que el Ejército ejecutó a 11 jóvenes, presuntos guerrilleros.
Se muda en 1991 a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar como abogada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, conocido como Centro ProDH.
Su trabajo y valentía incomodaron mucho y las amenazas no tardaron en llegar. El 9 de agosto de 1999 fue secuestrada durante varias horas por sujetos desconocidos, quienes la ataron en su casa, la torturaron y le sustrajeron pertenencias. Poco después, el Centro ProDH recibió en sus oficinas cartas con amenazas de muerte.
Ochoa se vio obligada a emprender una dura batalla por defender sus propios derechos y los de sus colegas del Centro ProDH, y solicitó a las autoridades medidas cautelares para su protección.
Ante la falta de investigación del Estado mexicano sobre los ataques y amenazas, la Corte Interamericana adoptó en 1999 medidas provisionales a su favor. Pero las amenazas persistieron, por lo que Ochoa se exilió en Estados Unidos entre 2000 y 2001, año en el que regresó a México, porque aparentemente era otro México.
Estábamos viviendo un proceso de transición democrática. Colabora en el despacho de su amiga Pilar Noriega en la colonia Roma, donde es encontrada asesinada, con dos tiros en el cuerpo, uno en la cabeza y otro en el muslo, en un principio se declaró un crimen de estado.
La Procuraduría declara que es un homicidio y se siguen tres líneas de investigación: la primera relacionada con Ejercito mexicano por los casos que había llevado; la segunda en Guerrero contra terratenientes, y en el tercero, su círculo cercano.
Sorpresivamente en el 2002 da un giro la investigación con un planteamiento ridículo que ella se había suicidado sin soporte ministerial, lo que alerta a la familia. El 8 de marzo del 2002, la CIDH pide al Estado mexicano una audiencia y el servidor público que asistió dijo que probablemente era suicidio y no homicidio.
En julio del 2003 la Procuraduría del Distrito Federal a cargo de Bernardo Bátiz Vázquez y Margarita Guerra y Tejada anuncian que se había determinado el no ejercicio de la acción penal y no iban a actuar en contra de nadie por suicidio disimulado (sic).
La hipótesis fue sostenida a través de la desacreditación de la vida de Digna Ochoa, con el uso de estereotipos y prejuicios cuestionando su estabilidad emocional por sus relaciones afectivas, una supuesta interrupción de un embarazo, así como su gusto hacia actividades de riesgo que era la defensa de los derechos humanos.
También dijeron que usaba el cabello corto y vestía pantalones en lugar de vestidos con lo que desviaban su actividad como defensora de derechos humanos y con énfasis en su condición de mujer.
Salas Ramírez expresó que no es la primera vez que lo hacen las fiscalías que buscan criminalizar a las personas de derechos humanos y a las mujeres para responsabilizarlas o decir que no hubo crimen.
El derecho es patriarcal, mas si es penal, Salas Ramírez
Por lo que sostuvo que la sentencia en el caso de Digna Ochoa, a 20 años de su asesinato no solo la reivindica, nos da la razón. “El derecho es patriarcal y más si es penal”. Las mujeres tenemos que abrirnos camino a codazos. Tanto a Digna como a Pilar las conocían como “las fierecillas”.
En su momento, dijo la postura de la Procuraduría llevó a una ruptura en el movimiento de los derechos humanos, pues hubo organizaciones que, si le creyeron a la autoridad y otras no.
Señaló que el Tribunal Interamericano advirtió que la investigación estuvo sesgada desde un inicio. El uso de los estereotipos de género con el objetivo de desacreditar su credibilidad. Desconociendo su actividad de defensora y apelando a inestabilidad emocional relacionada con su condición de mujer. También le diagnosticaron una enfermedad psiquiátrica.
Al respecto, Ydalia Pérez Fernández Ceja, moderadora, reflexionó que en el acceso a la justicia hay que ubicar los tiempos. No porque ya pasó no se puede investigar. “No quiere decir que las personas lo vamos a olvidar y soltar”.
Aunque son contextos distintos, ambas abogadas, destacaron las coincidencias del Caso Digna Ochoa con el de Lesvy Berlín Rivera Osorio asesinada en Ciudad Universitaria por su novio, primero fue desacreditada por las autoridades por su condición de mujer, pero la diferencia fue que “no lo permitimos”, hubo reacción inmediata de la sociedad, y de las universitarias, un movimiento académico y sociedad acuerpando a la familia y está sentenciado el perpetrador.
Al respecto, señalaron, que es como un manual que tienen las autoridades de aludir a la condición de mujer y su comportamiento de las víctimas para desacreditarlas.
También se refirieron a otro argumento al que recurre la autoridad que es la prueba psicológica “post morten” donde investigan el entorno y la vida de las víctimas, con el objetivo de desacreditarlas.
Medidas de reparación
Destacó la abogada que es importante, aunque sea a 20 años, buscar la justicia, la verdad, y que se castigue a sus perpetradores.
Destacó las medidas de reparación como la redignificación de su memoria como defensora de derechos humanos.
El reconocimiento anual Digna Ochoa a defensoras/es de Derechos Humanos.
Con su caso se evidencia la falta de perspectiva de género en las pruebas periciales, pues siempre argumentan que es una perspectiva científica.
Se debe colocar el nombre de Digna Ochoa en Misantla y otra en la Ciudad de México.
Cómplices y víctimas de la cultura patriarcal, con frecuencia no ven los beneficios para su paternidad
No existe un manual sobre cómo ser buen padre
Redacción
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 11 de abril, 2022. – Visibilizar las dificultades de los hombres para reconocer las potencialidades que les brinda el proyecto de Código de las Familias con respecto al ejercicio de su paternidad, en corresponsabilidad y desde el afecto, ha sido uno de los aspectos positivos de la Jornada Maternidad y Paternidad responsables en Cuba, que concluyeron este 4 de abril.
Cómplices y víctimas de la cultura patriarcal, ellos con frecuencia no ven los beneficios para su paternidad y lo importante que es poder disfrutar de todo el proceso y compartir la responsabilidad desde el embarazo, remarcó la sicóloga Ana María Cano López en el grupo de debate en Telegram, Familia y Sexualidad.
El espacio de debate, desde el inicio de la actual edición de las jornadas, el pasado 14 de febrero, ha dedicado varias sesiones a abordar temas relacionados con la convivencia familiar en equidad.
Participantes en el foro coincidieron en que las jornadas propiciaron espacios de reflexión y diálogo con diferentes generaciones, lo que permitió acercarse a asuntos como la comunicación con los hijos y la crianza positiva.
No existe un manual sobre cómo ser buen padre, apuntó Cano López, pero sin duda educar desde la comprensión y los afectos garantiza un buen desarrollo emocional.
Arahazay Lami Hormaza, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), refirió que, sin embargo, la construcción sociohistórica del rol de hombre los expropió de la paternidad, sin que sean conscientes de ello, y se reforzó su papel como proveedores, de modo que muchas veces se asume la satisfacción de las necesidades materiales como sinónimo de ser padres. Dejan a la madre la responsabilidad de las tareas educativas y todo lo relacionado con el bienestar emocional y psicológico, añadió, y precisó que el proyecto de Código propone deconstruir estos patrones, al otorgarles iguales responsabilidades a madres y padres.
Otro participante, Danny Raicel, consideró que la propuesta legislativa es expresión de cómo han ido cambiando esas nociones culturales y hoy la figura del padre es un eje fundamental para el desarrollo pleno de la familia. Pero, para que esto se traduzca en realidad, debe interiorizarse y no solo estar en una normativa. Es necesario continuar educando, capacitando, enfatizó, y aludió en particular al trabajo con las nuevas generaciones, en las cuales hay una mayor predisposición a ver la crianza responsable de los hijos como una cuestión de ambos progenitores, a la vez que tampoco contemplan como obligación exclusiva del hombre la búsqueda de recursos económicos.
Lami Hormaza comentó que esta labor de educación debe comenzar desde la adolescencia, para que también asuman con responsabilidad las relaciones sexuales y no consideren que la protección y las acciones frente a un posible embarazo son cuestiones exclusivas de la muchacha.
Padres y madres son encargados de propiciar los espacios de potenciación y desarrollo y de estimular las capacidades que perciben en sus hijos, acotó Carla PS, para quien resulta esencial ese incentivo que los hace sentir seguros a la hora de actuar por sí mismos.
Ambos son esenciales en la crianza positiva, valoró, e insistió en que esto conlleva flexibilidad y una gran capacidad creativa para solucionar los conflictos que siempre van a surgir.
Por tanto, la labor de capacitación hacia los adultos debe propiciar la comprensión sobre la relevancia de la escucha activa y respetuosa ante las necesidades de sus hijos, pues es clave para conocerlos y atenderlos mejor, agregó.
Estos fueron elementos abordados por los adolescentes en las actividades durante las jornadas y, de acuerdo con Lami Hormaza, plantearon cuestiones asociadas al maltrato infantil, a la falta de confianza en los adultos primordiales y a la necesidad de ser escuchados.
Un aspecto positivo fue que los púberes consideraron que en el país existe un reconocimiento de sus derechos, trascendió en el debate.
Al menos dos jóvenes fueron detenidas, todas fueron gaseadas y otras más golpeadas
Exigen castigo por agresiones, la aparición de mujeres jóvenes y castigo por feminicidio de María Fernanda
María Luna
SemMéxico, Ciudad de México, 11 de abril, 2022.- En denuncias públicas a través de redes sociales, mujeres organizadas señalaron que han sido objeto de agresiones por parte de la policía municipal, cuando el pasado fin de semana realizaron una protesta por la desaparición de mujeres y exigir justicia para Fernanda asesinada y cuyo cuerpo fue localizado el pasado 7 de abril.
En un llamado de #AlertaDefensoras #NuevoLeón se explica que, durante la manifestación, además de que las manifestantes fueron gaseadas y golpeadas por agentes de la policía estatal, otras dos jóvenes fueron detenidas y aún no han sido puestas a disposición de autoridad competente. Se desconoce su paradero.
La exigencia fue hecha por redes sociales al gobernador de esta entidad, Samuel García Sepúlveda; al presidente municipal Luis Donaldo Colosio Riojas, y del Secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua, a quienes pidieron alto a la represión y criminalización de la protesta, la como la presentación con vida y liberación de las jóvenes detenidas, y que se investigue de forma diligente y se sancione a los responsables de la agresión a las manifestantes.
La manifestación fue organizada luego de que el pasado 7 de abril fue localizado el cuerpo de María Fernanda Contreras, joven de 27 años asesinada un día antes, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Nuevo León pero que llevaba al menos varios días desaparecida. La joven egresada de la carrera de Finanzas del Tec de Monterrey, presentaba una contusión profunda en el cráneo.
El pasado sábado por la tarde, varios cientos de mujeres realizaron la protesta en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde pidieron la renuncia del Secretario de Seguridad, luego del feminicidio de María Fernanda y la desparición de mujeres.
En el lugar, la Asamblea Feminista informó que en la entidad hay más de mil 800 mujeres desaparecidas y denunciaron que en la dependencia que dirige Fasci Zuazua se revíctimiza a las desaparecidas y sus familias.
Además de la Asamblea Feminista, acudieron a la marcha integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, quienes confirmaron la cifra de desaparecidas: mil 773 mujeres que no volvieron a casa. SEM/ml/sj
Gobernador de morena protege a delincuentes del crimen organizado
Luz Delia, 10 años esperando justicia de su feminicidio; July Raquel va a la cárcel a pesar de la tortura y abuso sexual
Ana Alicia Osorio y Alba Valadez
SemMéxico/TestigoPúrpura, Veracruz, Ver., 11 de abril, 2022.- En Veracruz la injusticia contra las mujeres, la falta de investigación y los absurdos en tribunales, hacen que feminicidios, procesos irregulares y autoridades indiferentes dejan en la indefección, sistemáticamente, a la población femenina.
En lo que va del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, según Alma Janitza Ruíz Villalobos, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Jamapa se recibieron alrededor de 22 casos de violencia contra las mujeres; hace más de 10 años que no se resuelve el feminicidio de Luz Delia Lagunes y declararon culpable a July Raquel, acusada de participar en el asesinato de la exrectora de la Universidad de Valladolid, a pesar de las torturas y abuso sexual que sufrió.
Estos casos y hechos, dejan en claro que, en Veracruz, las autoridades no resuelven, detienen o se equivocan y las veracruzanas viven y sufren un sistema de justicia que actúa al ritmo de la delincuencia, sistema descuidado y al margen de la ley. Los casos, son muestra de impunidad y mala administración pública.
JAMAPA, MÁS DE 10 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA POR SU FEMINICIDIO
La mataron por decir no, sentencia Elizabeth, mamá de Luz Delia Lagunes Damas; es la primera vez que habla del feminicidio de su hija desde hace muchos años.
Del otro lado de la cámara, en videollamada, sentada junto a sus nietas y su esposo, narra los momentos que pasaron, las irregularidades y sobre todo el miedo que intentaron provocarles para evitar que buscaran justicia. Decide hablar ahora, impulsada por la fuerza de sus nietas.
Cuando le arrebataron la vida a Luz Delia, era marzo del 2011 y el estado de Veracruz (incluido el municipio de Manlio Fabio Altamirano, de donde es la familia) estaba en disputa entre dos grupos del crimen organizado y su feminicidio pasó como uno más de las notas rojas que ocupan las planas de los periódicos, así lo lamenta Elizabeth Damas Aceves, que, aunque pagaron abogados poco se pudo hacer ante las irregularidades de la Fiscalía General del Estado. Nadie miró ese feminicidio.
Pero exactamente 10 años después, ya siendo adolescentes, las niñas que dejó Luz Delia escucharon de las marchas para pedir justicia y a sus 17 y 19 años, pidieron salir a alzar la voz el 8 de marzo. Así, van dos marchas a las que acuden acompañadas de su abuelita para pedir que el caso se retome para evitar la impunidad.
VERACRUZ: DECIR QUE NO, CUESTA LA VIDA
“Eso fue porque ella dijo que no, le dijeron que querían una relación o tener sexo y ella dijo que no, pero como ella dijo que no, ahora le vamos a dar un escarmiento”, narra la mamá de Luz Delia.
Fue un largo rato de plática el que demoró en contar que el ‘líder’ de la delincuencia organizada en la zona le pidió a su hija que tuvieran una relación, pero ella se negó. Esa es la sospecha que tienen de quién la mató.
Luz Delia pasaba el rato haciendo manualidades de bordado, juegos de baño y de cocina, con los que obtenía dinero para sus gastos y los de sus dos hijas que tuvo con su exesposo, que por aquellos años eran unas niñas. También trabajaba con un despacho en el que hacía movimientos en el banco.
Luz Delia, más de 10 años esperando justicia por su feminicidio
El último día que la vieron con vida salió de la comunidad de Manlio Fabio Altamirano, donde vivía, rumbo al puerto de Veracruz. Lo último que supo su mamá es que iría a cobrar los cheques del despacho.
Cuando empezaba a anochecer, le llamaron y aunque nunca hubo respuesta, no sospecharon que algo fuera mal porque creyeron que se habría quedado con el novio que tenía en Veracruz.
Pero a las 3 de la mañana recibieron una llamada de la vecina que inició su tormento. Ella les dijo que en el lote baldío que está al lado de su casa se oían ruidos. Elizabeth y su esposo, Benjamín, salieron a revisar y se encuentran con una caguama llena afuera de su casa y en la entrada del terreno una bolsa y zapatos.
La primera en ver el cuerpo de su hija fue Elizabeth, aunque solo alcanzó a ver un pie porque el resto se encontraba cubierto. El siguiente en verla fue su papá.
“AHÍ EMPEZÓ LA PESADILLA”, CUENTA ELIZABETH.
Poco a poco Elizabeth y Benjamín empiezan a enumerar las irregularidades que se cometieron y poco a poco se les nota más la frustración en el rostro. Les arrebataron a su hija y les arrebataron la justicia.
Aunque en primera instancia detuvieron a cerca de 10 hombres que la vieron llegar en el taxi, los llevaron al Palacio Municipal y luego a la Fiscalía para declarar; demoraron más la mamá y el papá de Elizabeth en los papeleos que ellos en ser liberados.
Dos de ellos tenían arañones en la cara, como de alguien que intentó defenderse, pero nunca se les preguntó al respecto. El cuerpo de Elizabeth tenía huellas de violencia sexual, pero dijeron que los dos ADN encontrados eran insuficientes para cotejar.
“Un abogado que buscamos dijo, ya no hagan nada, ya no gasten su dinero, que porque la procuradora le había dicho que no se meta porque el caso tiene una letra”, contaron. El cartel que dominaba la zona eran las zetas, con el cual públicamente se vinculaban a quienes estuvieron detenidos y al líder que Luz Delia rechazó.
En aquel momento no existía ni siquiera el feminicidio, de hecho, el tipo penal fue creado el mismo año que el asesinato de Luz Delia, por eso el caso se persigue como homicidio.
LA BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA
Extrovertida, bailarina, amiguera, que con todas las personas hablaba y se llevaba mucho, así recuerdan a Luz Delia, su mamá y su papá.
“Un cascabelito” se ríe su mamá, quien acto seguido presume que era muy cariñosa y especialmente con su papá. A él se le humedecen los ojos.
Desde hace 10 años el papá, la mamá y las hijas de Luz Delia comenzaron terapia porque la pérdida ha sido difícil. Aún siguen en tratamientos porque “no es la misma cosa” según cuenta Elizabeth.
En su momento, cuando recién fue el feminicidio, contrataron a dos abogados (primero uno, luego otro). Ambos terminaron por decirles que la situación era mejor dejarla así.
El papá de Luz Delia es pensionado, la mamá se dedica al hogar y a vender las piezas que puede bordar (como hacía ella). El poco dinero que tenían prefirieron dejarlo para atender a sus dos nietas.
“Dejamos de contratar abogados porque dijimos, nos estaban robando, robando, esto (el dinero) le falta a las niñas”, dijo Elizabeth.
Luego, un par de años después (2014) tuvieron noticias del caso por parte de terceras personas, quienes les aconsejaron, de nueva cuenta, por seguridad dejar las cosas como estaban.
En 2021, las hijas de Luz Delia, Luz y Valeria, pidieron salir a marchar y así lo han hecho. Ahora son ellas quienes se han sumado a la exigencia para que se haga justicia por su mamá.
“Hubiéramos querido hacerlo antes, pero las niñas estaban pequeñas y han sufrido mucho, quería que ellas mismas lo hicieran por ellas mismas”, cuenta Elizabeth desde la sala de su casa sentada junto a sus nietas que organizaron la videollamada, justo unos cuantos días después de la marcha del 8 de marzo del 2022, cuando junto a una de ellas sostuvo la pancarta con el rostro de su hija exigiendo justicia.
DECLARAN CULPABLE A JULY RAQUEL A PESAR DE TORTURA Y AGRESIONES SEXUALES
De nada sirvió las evidencias de inconsistencias que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su recomendación, el pasado miércoles el juez local de Pacho Viejo declaró culpable a July Raquel de participar en el asesinato de la exrectora de la Universidad de Valladolid.
Las irregularidades, las marchas a su favor e inclusive las declaraciones de la hija de la exrectora, María Guadalupe, quien señalaba que July Raquel era inocente, fueron desechadas y el juez, Francisco Contreras Reyes, la condenó. Será el próximo 18 de abril cuando se lleva a cabo audiencia en la que se le dictarán la sanción correspondiente que podrían alcanzar hasta 30 años de prisión.
LAS PRUEBAS QUE NO CONTARON
En una entrevista que July Raquel y su familia le concedieron a Animal Político, explicaron que, el día en que asesinaron a la rectora, ella se encontraba realizando labores de jardinería en un kinder en el Estado de México.
La defensa de July Raquel presentó copias de los depósitos que la dueña del kinder le hizo ese día por sus trabajos y copia de los chats que July Raquel mantuvo ese día con la propietaria del centro educativo, sin embargo, fueron desechados.
Por otro lado, la Fiscalía sí utilizó como prueba principal un documento de una copia de un contrato que supuestamente acredita que el dueño del coche, que fue utilizado para el asesinato, le vendió el carro a July Raquel antes del homicidio.
La defensa de July Raquel alegó que se trata de una copia simple de las que se pueden bajar de Internet, donde además la firma que se plasmaba no coincide con la que July Raquel maneja en su documentación oficial.
Otro de las pruebas que la fiscalía sostiene es un video de una cámara de seguridad de una tienda de autoservicio cercano a la Universidad de Valladolid, en donde se muestra a una mujer con cubrebocas, de pelo oscuro y los brazos completamente descubiertos, donde no se le percibe ningún tatuaje, en cambio, July Raquel tiene hasta nueve tatuajes, cuatro de ellos visibles en brazos, antebrazos y muñecas.
LA CNDH FUE IGNORADA
El 29 de junio de 2020, María Guadalupe, rectora de la Universidad, fue asesinada en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Bugambilias del municipio de Emiliano Zapata, muy cercano a Xalapa.
July Raquel fue detenida el 6 de noviembre del mismo año de manera arbitraria por agentes ministeriales cuando transitaba junto a sus hijos y esposo en una calle de la alcaldía de Álvaro Obregón, en el Estado de México.
Después de su detención y en el traslado del Estado de México a Pacho Viejo, July Raquel fue agredida sexualmente y torturada por elementos ministeriales. Esto fue corroborado por la CNDH, y por ello emitió una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos en contra del gobierno de Veracruz y la fiscalía. Sin embargo, ninguno de estos organismos la aceptó.
A pesar de que la CNDH comprobó que hubo omisión en el peritaje que se le realizó al tomarle la declaración, y se le torturó para que se declarara culpable, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó la recomendación.
Por ello, tras haberla condenado el pasado miércoles, el gobernador opinó que la CNDH debería tener “más cuidado” al emitir sus recomendaciones.
“Se echa por tierra los señalamientos de la recomendación de la Comisión nacional de los derechos humanos (…) Ojalá que lo hagan con más cuidado”, dijo.
De esta manera, July Raquel, permanecerá recluida en Pacho Viejo hasta este próximo 18 de abril, cuándo se le dicten los años que permanecerá encerrada, a pesar de que organismos nacionales e inclusive la propia familia de la rectora asesinada ha asegurado que es inocente.
EN JAMAPA, POR DESCONOCIMIENTO Y TEMOR, MUJERES DESISTEN DE DENUNCIAR VIOLENCIAS
En lo que va de esta administración, el Instituto Municipal de las Mujeres de Jamapa ha recibido alrededor de 22 casos de violencia contra las mujeres, indicó la directora de dicho organismo, Alma Janitza Ruiz Villalobos.
Señaló que desafortunadamente la mayoría de las denuncias que llegan a sus oficinas no son continuadas por las víctimas, ya que, al tratarse de un municipio, en su mayoría rural, las mujeres víctimas desisten por temor o desconocimiento de las leyes.
“Hemos recibido un aproximado de 2022 casos, es lo que va a prácticamente hasta el mes de abril (…) Tristemente la mayoría de los casos desisten, no continuamos hasta llegar a instancias correspondientes, como es en este caso la fiscalía, únicamente se quedan los documentos y el registro en el instituto”, dijo.
La directora indicó que, a pesar de ser un instituto pequeño, han podido brindar atención psicológica y asesoría jurídica a estas mujeres en colaboración con el personal del DIF municipal.
Por ello, dijo que se trata de un gran trabajo que deberá realizar esta administración, con campañas de concientización para que de esta manera las mujeres sepan identificar las violencias en las que se encuentran inmersas y puedan acudir a denunciar.
“Si como instituto te puedo decir que los casos no llegan hasta la fiscalía, también te puedo comentar que de muchos ni siquiera nos enteramos, entonces es lamentable la situación”, añadió.
Entre 2018 a 2019, 9 millones 4 millones de mujeres en México sufrieron ciberacoso
Las más vulnerables a este tipo de violencia tienen entre 12 y 29 años: Frente Nacional para la Sororidad
Dafne García
SemMéxico/SemLac, Cd. de México, 11 de abril, 2022.- Tania* conoció a un chico a través de internet. Después de un tiempo se volvió su novio virtual, y durante tres meses solo tuvo interacción con él a través de redes sociales. En ese lapso, él logró ganarse su confianza y le solicitó fotografías de contenido íntimo. Inmediatamente después de mandarlas, él la sextorsionó y le pidió un depósito a una cuenta de Oxxo (que no necesitan tener registro ni nombre de quien las solicita para usarse).
Tania decidió depositarle pensando que con eso acabaría el conflicto; sin embargo, a lo largo de seis meses, él continuó con las amenazas, generándole terror psicológico y recibiendo por su extorsión unos 10.000 pesos (unos 450 euros).
Lamentablemente, ella no fue la única víctima de este modus operandi. Varias chicas de la misma universidad a la que Tania asistía también fueron extorsionadas de esa manera. Y aunque muchas pagaron bajo amenaza, estas imágenes terminaron en recopilaciones (packs) que se vendieron a través de internet. Y si una de las chicas lograba contactar a los administradores del sitio para que bajaran sus fotos, les decían que lo harían solo a cambio de que ellas les proporcionaran fotografías o videos de otra chica.
Este testimonio ejemplifica cómo este tipo de cibercriminales hacen uso de internet, de las redes sociales y de las herramientas digitales para crear redes de explotación sexual que violentan a las mujeres, incluso sin retenerlas físicamente, para lucrar con su cuerpo y su intimidad.
Una evolución del fenómeno de la trata de personas que pasó de lo físico a lo virtual, al terreno de lo online. Si bien no hay estadísticas específicas al respecto, Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México) da una pista del tamaño del problema: de julio 2018 a agosto 2019, 9,4 millones de mujeres de ese país sufrieron ciberacoso; y las más vulnerables a este tipo de violencia tienen entre 12 y 29 años.
El impacto de la tecnología en la trata sexual de mujeres y niñas Diversas investigaciones revelan cómo la tecnología también se usa para facilitar la captación de mujeres y niñas, a través del enganche por enamoramiento en redes sociales o con ofertas de trabajo falsas, para después trasladarlas de su lugar de origen al lugar donde serán explotadas sexualmente.
Sin embargo, es importante destacar que el impacto de la tecnología en este delito también ha permitido la existencia de nuevas formas y medios de cometerlo (como las sextorsiones o la venta de packs), de las cuales hay poca investigación y datos oficiales por parte de las autoridades, lo que dificulta su atención y prevención, a pesar que su existencia se ha señalado desde hace varios años principalmente por parte de las organizaciones no gubernamentales.
Si bien gracias al trabajo de organizaciones feministas como Luchadoras y el Frente Nacional para la Sororidad, al menos desde hace seis años se ha visibilizado e investigado más el tema en México, hay antecedentes documentados que datan de 2005.
Como la investigación de la especialista australiana Kathleen Maltzahn: Peligros Digitales: Las tecnologías de información y comunicación y la trata de mujeres, donde enfatiza que el uso de la tecnología no solo se limita al reclutamiento y captación de víctimas, sino que también es un gran mercado donde conseguir clientes a través de las diversas plataformas. Internet es un canal perfecto y rápido para que los mismos usuarios compartan los lugares donde pueden acceder a mujeres de forma física o sitios de intercambio y venta de fotos y videos. La especialista plantea que, aun cuando a una mujer no se le traslade físicamente, en tanto se generen ganancias a partir de imágenes de su cuerpo que se ponen a disposición del público en el mundo entero -y por el daño que las imágenes virtuales causan a estas mujeres-, habría que replantear si ese fenómeno pudiera tratarse de un nuevo tipo de trata.
El mismo texto se señala que, uno de los desafíos para hacer la conexión entre la tecnología y la trata es ligar las imágenes y videos de contenido íntimo que hay en internet con casos concretos de mujeres y niñas víctimas de trata, para después buscar y ubicar a las personas que salen en las fotos y crear los casos penales contra los tratantes. Por otra parte, considera que quienes defienden los derechos humanos de las mujeres deben tener conciencia de que las imágenes y videos que circulan en internet están causando daño a personas reales, ya que se podría caer en la minimización e invisibilización de las consecuencias que esto tiene en la vida de las mujeres involucradas.
La violencia digital y su relación con la explotación sexual En México, la investigación de esta modalidad de trata, y en general de la violencia digital de género, la han llevado a cabo las organizaciones feministas, quienes nombran a la difusión y venta de contenido íntimo de mujeres en internet como trata virtual. De acuerdo con la investigación La violencia en línea contra las mujeres en México, realizada por la organización Luchadoras MX, la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología se refiere a: “Los actos de violencia de género cometidos instigados o agravados, en parte o totalmente por el uso de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), plataformas de redes sociales y correo electrónico; y causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y pueden conducir a formas de violencia y otras formas de violencia física”.
En esta investigación se identificó una tipología de agresiones digitales en contra de las mujeres que considera 13 tipos distintos de ataques. Uno de esos ataques se denomina abuso y explotación sexual relacionada con las tecnologías, y se define como un ejercicio de poder sobre una persona a partir de la explotación sexual de su imagen y/o cuerpo contra su voluntad. En este tipo de agresión la tecnología es intermediaria y fundamental para llevar a cabo la explotación y puede implicar la obtención de un beneficio lucrativo o no. Por otra parte, las modalidades de ataque van desde el enganche con fines de trata, al enganche con fines de abuso sexual, o al grooming (uso de redes sociales para cultivar deliberadamente una conexión emocional con menores de edad con fines de abuso o explotación sexual).
Olimpia Coral Melo, del colectivo Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales, explica en entrevista que de todas las violencias de género digitales, la trata virtual es la más grave: “Para nosotras, cuando hablamos de que lo virtual es real, nos referimos justo a que la violencia sistemática tiene una extensión en el espacio digital, y ya no es necesario tener a las mujeres, por ejemplo, encerradas en un cuarto, privadas de su libertad, explotadas sexualmente… ya no es necesario ni siquiera que las penetren para violarlas. Ya por medio de los espacios digitales lo que se tiene es una compilación de diferentes packs, videos de mujeres con fines de lucro y de explotación sexual”.
La vulnerabilidad en el ciberespacio De acuerdo con la teoría criminológica de la actividad rutinaria, la combinación de agresores motivados con objetivos al alcance y la ausencia de guardianes o autoridades capaces, da la oportunidad a que aumenten los delitos u ofensas.
Esto aplica también al ciberespacio. Si bien en México no se cuentan con cifras oficiales de las personas víctimas de trata y explotación a través de las plataformas de redes sociales y páginas de internet, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó un estudio llamado Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA), el cual da un panorama de las conductas de ciberacoso.
De acuerdo con la última versión de este estudio, las mujeres son quienes más sufren de ciberacoso. En el periodo de julio de 2018 a agosto de 2019 hubo 9,4 millones de mujeres en el país que sufrieron de este tipo de violencia. Las tres situaciones de ciberacoso que más se experimentaron fueron: insinuaciones o propuestas sexuales con un 40,3 por ciento, contacto mediante identidades falsas con 35,3 por ciento y mensajes ofensivos en un 33,9 por ciento. Sobre los agresores, en su mayoría no fueron identificados por las víctimas (53,2 por ciento).
El estudio también identificó que el 24,2 por ciento de las mujeres en el país con acceso a internet y un teléfono móvil han vivido ciberacoso en los últimos 12 meses. Los grupos de edad que lo sufrieron en un mayor porcentaje fueron de 12 a 19 años con un 32,7 por ciento y de 20 a 29 años con 36,4 por ciento. Esto obtiene mayor relevancia ya que, de acuerdo con Olimpia Coral, el Frente Nacional para la Sororidad ha identificado, a escala nacional y de acuerdo con los casos que han atendido, que el rango de edad de la mayoría de las víctimas de explotación sexual digital (es decir, en la que hay un lucro por la imagen de su cuerpo desnudo) tiene de 14 a 22 años (aunque también consideran que puede haber víctimas de otras edades).
Enamoramiento como forma de captación y la utilización de perfiles falsos El caso de Tania no es un hecho aislado, sino una metodología establecida que utilizan estos cibercriminales. “Hay un modus operandi como en la trata que se da en el estado de Tlaxcala: enamoran a las chicas [en línea], se ganan su confianza, se hacen novios virtuales y su único objetivo es sacar contenidos íntimos de ellas para sextorsionarlas.
Y ellos ganan doblemente: con el dinero de la extorsión y porque tienen packs ofertados […], ganan ellos de manera personal con todas las aportaciones que cada persona hace en internet viendo el pack de sus víctimas”, explica Olimpia Coral. Según un estudio criminológico de 2015, una de las ventajas para los agresores al usar redes sociales es que así puede conocer e investigar más acerca de la persona objetivo a través de lo que esta ha publicado en su perfil. Además, el uso masivo de las redes sociales y la facilidad con la que se puede crear una identidad falsa, obstaculiza que las autoridades identifiquen y persigan a estas personas.
En esta investigación, se descubrió que el modus operandi al que usualmente recurren los cibercriminales es, una vez establecido el primer contacto con su objetivo, dirigir la comunicación a un canal externo a estas plataformas (como WhatsApp, mensajes de texto o llamadas).
Posteriormente los mensajes y llamadas se hacen con mayor frecuencia para ganarse la confianza de la víctima y establecer un vínculo más profundo. En algunos casos el estafador llega incluso a presentarle a familiares para presionarla a cumplir con sus demandas (como mandar dinero, ir a algún lugar en específico, o comprarle cosas). De acuerdo con una investigación del Simposio Argentino de Informática y Derecho, Facebook es una herramienta de uso habitual para aquellos cibercriminales que buscan cometer delitos como extorsiones, amenazas, corrupción de menores y grooming. En este texto los investigadores establecen que los perfiles falsos en Facebook pueden ser realizados de forma manual por una sola persona o de forma masiva y automatizada por medio de bots.
También hay casos en los que los perfiles falsos en redes sociales son utilizados por parejas o exparejas para difundir el contenido íntimo de las mujeres; en este caso, aunque es otro tipo de violencia digital, podría llegar a convertirse en trata virtual, pues el contenido íntimo compartido por venganza puede caer en manos de estas personas que se dedican a recopilar y vender packs. Yuteita Valeria Hoyos Ramos, integrante de la Red de Abogadas Feministas de Puebla y de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, dice que, en su experiencia, los casos de violencia digital relacionados con difusión de contenido íntimo son comunes y que por lo general es la pareja o la expareja quienes comparte (o amenazan con compartir) las fotos y videos.
Los problemas con este tipo de casos son, en primer lugar, que cuando solo existen amenazas, no se puede denunciar. “[Cuando solo amenazan] en este delito no podemos ni siquiera decir que hay una tentativa, solamente se puede denunciar cuando [las imágenes íntimas] ya son publicadas, compartidas o distribuidas”. En segundo lugar, cuando las imágenes ya fueron compartidas, las cuentas que las comparten son falsas, entonces no hay forma de saber quién es la persona que ha cometido el delito.
*El testimonio de Tania fue compartido a LADO B por el Frente Nacional para la Sororidad, y se cambió el nombre para proteger la identidad de la víctima.
Los retrasos ponen en riesgo la operación de 75 centros, que en el primer trimestre atendió a más de 10 mil mujeres
Recuerdan que en México se han incrementado las violencias machistas
María Luna
SemMéxico, Cd. de México, 11 de abril, 2022.- Un llamado de emergencia hizo este día la Red Nacional de Refugios para que se libere el presupuesto destinado a Refugios y sus Centros Externos, “es urgente pasar de las palabras a las acciones contundentes en pro de los derechos humanos de las mujeres, sus hijas e hijos” y explican que es inadmisible que sigan los retrasos y la reducción de los meses financiados de un presupuesto aprobado y etiquetado.
Así lo señalan en un pronunciamiento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim),así como legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos y de los ámbitos locales y federal, en el que advierten que de continuar esta situación no podrán atender, proteger y brindar servicios a mujeres y niñas.
En el primer trimestre del año, explican en el documento, la Red Nacional de Refugios ha atendido a más de 10 mil mujeres, más de tres mil casos por mes en 75 centros.
Por ello, manifiestan su profunda preocupación por el estatus en el que se encuentra actualmente el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y que no ha sido ministrado.
En el documento refieren que en México se han incrementado las violencias contra las mujeres: 10 mujeres y niñas son asesinadas al día; diariamente más de 10 mujeres son víctimas de violencia de género y cada día se han realizado más de 590 denuncias por violencia familiar de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Frente a esas violencias contra las mujeres y niñas, dice el pronunciamiento de la Red Nacional de Refugios, es indispensable no retrasar más el presupuesto para refugios, ya que estos son mecanismos de prevención de feminicidios y restitución de derechos, las mujeres e infancias sobrevivientes de violencias no pueden esperar trámites burocráticos, por ello reclamamos la liberación del presupuesto y la agilización del proceso.
En la explicación que ofrece la Red Nacional de Refugios señalan que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se etiquetó la partida presupuestal del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos por 420 millones 203 mil 440 de pesos en la Secretaría de Bienestar.
Sin embargo, con la intención de articular los servicios de primer, segundo y tercer nivel para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres, la Secretaría de Gobernación buscó trasladar este programa a la Conavim, lo cual se realizó apenas a finales del mes de marzo, trayendo lamentables retrasos en el proceso de liberación del PEF2022.
El retraso se traduce en vulneración a los derechos humanos de las mujeres y sus hijas e hijos sobrevivientes que se encuentran dentro de estos espacios así como de las profesionales que brindan las atenciones y acompañamientos especializados y por ende que hacen posible su operación, sin dejar de mencionar las deudas en los servicios y renta de los espacios de acogida.
Hacemos un llamado a todas las autoridades competentes para que se materialicen los compromisos expresados por el gobierno en curso a favor de los derechos humanos de las mujeres e infancias, a recordar que haber declarado en 2020 a los Refugios como servicios esenciales implica garantizar su presupuesto todo el año, así como priorizar la vida, dignidad y seguridad ante cualquier proceso administrativo e interés institucional.
Los Refugios y sus Centros de Atención Externa del país se han mantenido operando durante los meses de este año sin recursos federales y/o estatales, su sostenimiento está siendo cada día más complejo, tan solo en el primer trimestre del 2022 en la Red Nacional de Refugios han brindado atención y servicios a 10 mil 31 personas, de las cuales se les brindó acompañamiento integral y resguardo a seis mil 948 mujeres, niñas y niños en 75 espacios de atención y protección, así como orientación especializada a tres mil 83 personas a través de nuestras líneas de atención telefónica y redes sociales.
Y advierten que si sigue ampliando el tiempo con el que no se cuenta con los recursos etiquetados en el PEF2022 será imposible continuar con las atenciones, protección y servicios para las mujeres y en su caso, sus hijas e hijos sobrevivientes, en un país donde más de 10 mujeres y niñas son asesinadas al día es inadmisible estos retrasos y la reducción de los meses financiados de un presupuesto aprobado y etiquetado.
El llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es para que transfiera de forma inmediata los recursos destinados al Programa de Apoyo para Refugios Especializados, así como acelerar los procesos convenientes para que el presupuesto sea entregado apremiantemente a los Refugios y sus Centros de Atención Externa.
A la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres agilizar los procesos correspondientes a la transferencia del programa de refugios, garantizando el financiamiento de 10 meses de operación y entregando el presupuesto a cada Refugio a más tardar el 30 de abril de 2022.
Y, finalmente, a las y los legisladores a garantizar el ejercicio y entrega urgente del PEF2022 del Programa de Refugios y, por lo tanto, el derecho a una vida libre de violencias.
SemMéxico, Pachuca, Hgo., 11 de abril, 2022.- Hola queridas y queridos lectores, retomo en esta columna el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) que se dio a conocer el pasado 30 de marzo y según el cual concluye que cerca de la mitad de todos los embarazos que se registran en el mundo noson deseados.
¡El dato, por sí mismo es asombroso!
El organismo señala que él estudió evidencia el estrepitoso fracaso en el respeto a los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas. La UNFPA indica que al año se registran 121 millones de embarazos, eso quiere decir que casi 50 millones de mujeres no querían embarazarse, pero que de una u otra manera se los impusieron.
Esos embarazos no deseados que se registraron, no son sólo aquellos productos de una violación, abuso sexual o engaño, también porque no se les permite a las mujeres usar métodos anticonceptivos modernos y seguros.
Así también, y hago énfasis en ello, porque una cuarta parte de las mujeres en el planeta, se sienten incapaces de decir que no a las demandas de sexo y sobre todo de sexo seguro. Otros factores son la falta de atención médica sexual y reproductiva.
La UNFPA enfatiza en las normas dañinas que rodean a las mujeres y controlan sus propios cuerpos, la coerción reproductiva y el sentimiento de vergüenza en los servicios de salud.
Y yo añado aquí un fenómeno que va al alza: los vientres de alquiler. También hay que contabilizar aquí a aquellas mujeres en situación de vulnerabilidad a quienes no les queda de otra más que gestar un bebé para que se lo apropien quienes pueden pagar.
Por su puesto no quieren embarazarse, pero quedan cooptadas tanto ellas como sus hijas e hijos por el crimen organizado. Claro que la riqueza que genera este crimen sólo una pequeña cantidad va para las madres, la mayoría de las ganancias se las quedan principalmente aquellos que han hecho de esto una industria totalmente deshumanizada, el negocio de moda.
Convertir a las mujeres y sus bebés en mercancías, es totalmente inhumano y criminal, es quitarles su estatus de seres humanos para que pasen a ser cosas, productos con las cuáles algunos se enriquecen.
Vean lo que ocurrió en Ucrania ante el estallido de la guerra, decenas de bebés que quedaron desamparados en las “granjas” donde encierran a las mujeres embarazadas para que den a luz. Porque por supuesto nadie se ha hecho cargo de ellos, los criminales ya están perdiendo dinero ante la imposibilidad de entregar la mercancía, esa es la lógica del mercado.
Con lo que pasa en Ucrania queda totalmente descubierta la triquiñuela y falso argumento de que las mujeres que alquilan sus vientres lo hacen de manera altruista. Al haber intercambio de dinero para ellas o para otros, eso lo hace en automático un negocio, no nos engañen.
Ante esta cruel verdad no me queda más que pensar en la distopía que escribió Margaret Atwood y que aterradoramente se está convirtiendo en una realidad.
En este marco, la semana pasada la Corte Superior de España al resolver un caso consideró que los vientres de alquiler entrañan “una explotación inaceptable” para el niño y la madre.
El tribunal rechazó que una mujer que contrató la gestación de un bebé en México lo pueda inscribir en el Registro Civil como su hijo, pero admite la posibilidad de que lo adopte, aunque advirtió que lo hace para proteger “el interés superior del menor”, que consideran ya se ha visto seriamente “dañado” por el contrato de gestación subrogada, que “cosifica” tanto al niño como a la madre biológica.
¡El eurocentrismo en todo su poder! Personas de aquellos lares, cual conquistadores pueden venir a violentar los derechos de un no nacido y su madre, en territorio mexicano ¡porque se puede! Y aquí están los resultados.
Ese bebé, debió haber sido concebido en Tabasco o en Sinaloa, los dos únicos estados que permiten esta barbarie. Pero bien podría haber nacido en cualquier lugar de la República Mexicana, porque el dinero, es el dinero y acá con eso, ¡todo se vale!
Los magistrados de la Sala Civil hicieron notar que “Ambos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad”.
Por cierto, ojalá que los senadores mexicanos tomen esto en cuenta y no se convierta en cómplices del crimen organizado. Estoy segura que por supuesto les han ofrecido dinero y prebendas para legalizar en todo el territorio nacional los vientres de alquiler, ¡que las y los senadores no se vendan!
Deseo sinceramente que el congreso de este país no les niegue su condición de seras humanas con derechos a las mujeres y a los bebés por nacer, que tomen el ejemplo de España.
SemMéxico, Cd. de México, 11 de abril, 2022.- Frente a la futilidad de si Andrés Manuel López Obrador ganó o perdió ayer en su Consulta de revoca-ratificación de mandato, México se enfrenta hoy a un muy predecible hundimiento económico derivado del adelanto del mandatario de iniciar la inmediata la revisión y revocación de contratos de producción independiente y permisos de abastecimiento de energía eléctrica para ser renegociados o cancelados.
Así mientras AMLO y su entorno festejaron el fallo del 4-7 de la Corte como un supertriunfo, ello a pesar de que expertos advierten que esa muy polémica decisión no va más allá de derivar a tribunales de segunda instancia la resolución de amparos -no anulados- sino en pleno curso, el único que dentro de la 4T advirtió el desastre de actuar con triunfalismos fue Ricardo Monreal.
“Lo que me preocupa, independientemente del resultado esta votación, de esta decisión de la Corte, son la posible presencia de demandas internacionales de las empresas que invirtieron y que ahora pueden sentirse agraviados con esta resolución”.
Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, precandidato único abierto a suceder a AMLO en 2024, indicó que los inversionistas seguramente reclamarán con grandes perspectivas de éxito indemnizaciones ante tribunales internacionales.
Por ello sugirió bajarle a la euforia del triunfalismo e ir a acuerdos negociados con inversionistas, en su mayoría extranjeros, y evitar así una sangría para México de miles de millones de dólares.
“Ojalá se pueda resolver, pero es inevitable, esperamos que no, pero por eso hay que tener cuidado con todo el contenido de la reforma constitucional”, agregó para referirse a lo que hoy se discute en San Lázaro.
AMLO decidido
En la otra orilla de esta reflexión, Andrés Manuel López Obrador afirmó que la decisión de la Corte le garantizó una base de acción que aun cuando la oposición lograra rechazar su iniciativa de reforma de la Industria Eléctrica, él ya podría irse a fondo a reorientar todo en favor de la CFE y de Pemex.
«Nuestro máximo tribunal fue claro y preciso al declarar la constitucionalidad de diversos artículos con las siguientes consecuencias favorables para el Estado y la CFE: Se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley”.
Recordó que existen 234 autoabastecimientos, 110 de ellos presuntamente ilegales, con 77 mil socios-clientes, que se compra-venden energía eléctrica y capacidad.
«Se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales, en su caso, deberán ser renegociados o terminados anticipadamente. A estas centrales de producción independiente se les paga el 100 por ciento de la energía por parte de CFE, aunque no se entregue…
«Las hidroeléctricas tendrán un despacho prioritario, son 60 hidroeléctricas con 12 mil 125 Mega watts que aportan un 10 por ciento de energía en el sistema eléctrico, antes del inicio de esta administración se utilizaban sólo para respaldo y no representaban más del 3 por ciento del mercado», indicó.
Reclamos y advertencias
Frente a estos adelantos presidenciales, empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros, especialmente los de Estados Unidos, advierten graves conflictos y un freno automático del flujo de inversiones de dentro y fuera de México.
La representante Comercial de EU, Katherine Tai habló la semana pasada de una afectación directa e inmediata a inversiones que llegan a los 10 mil millones de dólares que si se abren a todo el abanico de capitales privados en energía en México podrían sumar más de 30 mil millones de dólares.
En las recientes visitas de funcionarios de la administración Biden a México, se dijo al presidente López Obrador que el previsible costo de arbitrajes internacionales e indemnizaciones quizá podría duplicarse si se toman en cuenta afectaciones a compañías mexicanas y europeas.
«Desafortunadamente, aunque hemos tratado de ser constructivos con el Gobierno de México al abordar estas preocupaciones, no ha habido cambios en la política (energética) de México», se quejó Tai.
Viene lo del TMEC
La hebra, dice el muy popular dicho, se rompe por lo más delgado. Eso es lo que estamos viendo con la cuestión energética.
En los hechos la decisión de la Corte no estuvo exenta de presiones y arreglos desde la Presidencia de México hacia la Corte a pesar de que desde meses antes se le explicó al propio mandatario mexicano que continuar con esta línea y con el impulso a una reforma constitucional hoy en curso en el Congreso, afectaría a 9 capítulos del TMEC, lo que podría afectar a otros muchos rubros de la relación comercial de México-EstadosUnidos y Canadá.
En esta advertencia incluso ha participado directamente sin ningún éxito el primer ministro de Canadá Justin Trudeu en sus conversaciones con Andrés Manuel López Obrador.
Este punto entonces viene a ser ya un tema de conflicto más entre las administraciones de Biden-AMLO que ya representa quizá el mayor número de desacuerdos nunca antes enfrentado por los dos países.
Las administraciones de Joe Biden y López Obrador difieren fuertemente en sus políticas de Migración, en los temas de violencia, inseguridad y ejecuciones en México; en sus políticas y programas, acuerdos de lucha contra crimen organizado y contra cárteles narcotráfico; políticas de medio ambiente; ni que decir que difieren gravemente en cuanto a cuestiones de derechos humanos -caso especial de periodistas-; tienen fuerte desacuerdo en la baja de calificación en materia de aviación en México -especialmente con el aeropuerto actual y Felipe Ángeles-; en cuanto a programas en Frontera norte-sur; en lo correspondiente a la Frontera sur de México-centroamerica y otros muchos como la veda al camarón o las cuestiones de la intervención del crimen organizado en las exportaciones del aguacate.
¿Y la consulta?
¿Qué cree? ¡Pues ganó AMLO! ¡Se queda hasta el 2024!
Contesta El Abogado, Académico y Notario Morales Lechuga
SemMéxico, Cd. de México, 11 de abril, 2022.- Durante las últimas semanas, sobre todo en las dos iniciales de abril, hemos presenciado, leído y escuchado noticias relacionadas con actos, eventos y declaraciones que son, sin argumento en contra, violatorias a la Constitución Política y a las Leyes que de ella emanan, así los funcionarios públicos abandonan sus funciones, marginando los reglamentos aprobados por ellos mismos, para dedicar el tiempo a promover una “consulta popular” ordenada por el Presidente de la República.
Emulando a los gobernantes de Venezuela y de Bolivia, el tabasqueño que vive, no paga renta y despacha en Palacio Nacional, dispuso reformas constitucionales para crear “la revocación de mandato”. Esta debió ser acción emprendida por la ciudadanía y organizada, realizada y calificada por el Instituto Nacional Electoral y, en su caso, conocida por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, empezando por el Presidente de la República, funcionarios federales, estatales, municipales, legisladores y, por primera vez en la historia, hasta los militares han participado en mítines –“asambleas informativas”—para invitar a mujeres y a hombres para que este Domingo 10 de Abril por escrito opinen si el hijo de Macuspana debe o no seguir en el mandato presidencial.
Hasta ahora nadie le ha dicho “vete”, simplemente porque fue electo en julio de 2018 y el 1 de diciembre, de ese mismo año, asumió el poder, plenamente consciente, para gobernar por 6 años. Con toda premeditación, alevosía y ventaja, desde su sexta campaña (dos para gobernador, una en el D. F. y tres presidenciales) habló de que a la mitad del sexenio procedería a “la consulta”, de si continuaba o no. Los culpables de una violación, clara y concreta, a la Constitución, son los integrantes del Congreso de la Unión que aprobaron el capricho u ocurrencia.
Angustia y desesperación
A tres años de que en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen relacionado con “la revocación de mandato”, a instancia y petición personal del Presidente de México. Ell equipo del tabasqueño está sudando la gota gorda. No hay un solo funcionario que no esté en la calle llamando, invitando, a la gente para que acuda a cualquiera de las 57,517 casillas que instalará el INE. Morena por su parte pondrá “mesas receptoras”, por orden de ya saben quién.
Desde el comienzo de esta campaña, sacudir al país es la prioridad número uno para el inquilino de Palacio Nacional, En su programa televisivo “La Mañanera”, en sus recorridos semanales por los Estados y en todo espacio que encuentra solo habla de que todos “participen en este ejercicio democrático”. Las manifestaciones en contra aumentaron, el domingo pasado, en las ciudades capitales de casi todo el país. A los que protestaron en las calles y convocaron a no ir a las casillas, los chairos afirmaron que se trata de “gente pagada”.
La pregunta obligada: “las manifestaciones a favor del mandato, la colocación de espectaculares con la foto del tabasqueño, las mantas convocando a votar y los cartelones impresos, quién o quiénes los pagaron? En la Ciudad de México trascendió que un contratista del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, es el mecenas. El acarreo de “simpatizantes” también tiene un costo.
La desesperación y la angustia están a simple vista. Necesitan conseguir el 40 por ciento de participantes, del Padrón Electoral. 37 millones de ciudadanos, mujeres y hombres, deben de dar su opinión, pues no es voto; se trata de una consulta; no se va a elegir a una persona. En las fotos periodísticas y en los videos de noticias, siempre, en los templetes, aparecen las mismas personas. Son colaboradores del gobierno, funcionarios de medio pelo y legisladores. Además “del pueblo espontáneo”..
Hasta los militares entran
Hace ya un largo trecho que en la política mexicana los militares no figuraban. Hoy su participación es en todos los campos, no hay actividad que esté en mejores manos que las de soldados y marinos, de acuerdo con el Presidente de México. El mismo general de 4 estrellas, el secretario de la Defensa Nacional, se ha declarado abiertamente soldado de la llamada cuarta transformación.
Fue utilizado un avión de la Guardia Nacional para trasladar a un grupo encabezado por el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández para asistir los mítines en Torreón y en Hermosillo. El encargado de la política interior del país, después los eventos, al ser entrevistado por la prensa, se mofó de los consejeros del INE, y dijo que no le preocupan las sanciones porque “al fin ya se van a ir”. Después en Palacio Nacional lo justificaron, argumentando que “andaba en asuntos de la seguridad, que son de su competencia”. ¿Por qué no acude a donde siguen las masacres?
Las versiones periodísticas revelaron con nombres y apellidos, además de sus cargos en el gobierno, a los jefes militares que también andan en la campaña pro mandato de revocación. El subdirector de Seguridad Pública, de apellido Mejía pidió licencia go para entrar a la tarea política y de paso iniciar su precampaña para gobernador. Los problemas de la seguridad nacional casi están resueltos y doña Rosa Icela puede solita con los de Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y anexas.
Loret de Mola y su publicista
Abuelo, padre y nieto. Tres generaciones en el periodismo mexicano. Dos de ellos estuvieron activos en la política. De este trío, el nieto está en la mente del inquilino de Palacio Nacional. A partir del momento en que se reveló la vida de lujo de José Ramón López Beltrán, su poderoso papá aumentó los ataques a Carlos Loret Mola Álvarez. Nada más que sus “orejas” no recaban los datos que apunten hacia la corrupción del periodista.
Conocí a Loret de Loma Mediz, director del noticiero cinematográfico, producido en el Distrito y difundido internacionalmente, titulado España-México-Argentina, Noticiero EMA. En Radio Fórmula (970) compartí créditos con su hijo Rafael, en el noticiero “Seis en Punto”. Al nieto solo una vez lo he visto, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Carlos Loret de Mola Mediz, que me fue presentado por don Fernando Marcos, murió en un accidente automovilístico. Rafael Loret de Mola Vadillo, escritor, analista político, autor de libros sobre sucesos políticos y magnífico amigo. Carlos Loret de Mola Álvarez, reportero diarista, columnista, crítico periodístico y “cliente” del Presidente de México, cuya publicidad jamás pensó tener el yucateco de 45 años de edad.
El pleito que inició el tabasqueño contra el reportero y conductor de noticieros, creo que tiene su origen en las entrevistas que tuvieron en el programa televisivo “Tercer Grado”. Le preocupa al Presidente de México cuánto gana mensualmente Carlos, qué bienes tiene, además de calificarlo con todos los epítetos que se le ocurren. No mide sus difamaciones y dispara contra todo lo que considera es un conservador, un fifí, un neoliberal, un enemigo del pueblo. Luego se disculpa, como con los banqueros.
Hace unas semanas en un video, escuché a Rafael interviniendo en defensa de su vástago y fue certero al afirmar: “Recuerda que tu dejarás de ser presidente y nosotros seguiremos siendo periodistas”.
El pasado miércoles en su programa televisivo “La Mañanera”, el de Macuspana, la emprendió contra Carlos porque “se dice” que es dueño de un departamento por el que pagó 24 millones de pesos y tiene un extenso terreno en Valle de Bravo de México. Salió a relucir el nombre del jurista, académico, exrector de la Escuela Libre de Derecho, Ignacio R. Morales Lechuga, por su intervención como Notario Público en los asuntos jurídicos y legales de su cliente Carlos Loret de Mola Álvarez.
Ante la imposibilidad de revelar datos sobre los negocios que atiende el Notario Público, el exprocurador de justicia en el Distrito Federal y en la General de la República, manifestó el mismo miércoles: “La Ley de Notarías de la Ciudad de México exige atender con imparcialidad, probidad y legalidad en el marco constitucional de derechos de la legalidad, misma que el presidente, día a día, desconoce, viola y vulnera”.
El AIFA sin servicio nocturno
Lo que vivió una pasajera al llegar de Guadalajara al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la noche del miércoles pasado, es digno de una enérgica protesta y llamada de atención, por el peligro, molestia y terror por el abandono de servicios para los viajeros. La denunciante dijo haber padecido angustia y desesperación al no encontrar transportación para salir del AIFA (hay quien lo llama CAIFAN, Central Avionera Felipe Ángeles).
Los turistas, a horas de la noche, arrastrando y cargando maletas, encontraron a un trabajador de la construcción y él les orientó para ir a la terminal del “mexibus” o viajar en una combi. También ese albañil les dijo que tuvieran cuidado porque los asaltos, por esos rumbos, son frecuentes.
“Entre empujones, dimes y diretes, llegamos a la Estación Ciudad Azteca, del Metro”, comentó la viajera. Después de muchas peripecias, comentó (plenamente identificada): “salté de alegría cuando vi, Metro dirección Universidad”. Cuatro horas tardó en llegar a su casa.
Otro señalamiento que hizo la atormentada pasajera fue que no se permite que haya servicio de Uber u otras compañías de transportación. Los taxis que daban servicio, fueron ocupados inmediatamente. La tarifa: 1,000 pesos a la Ciudad de México. En la terminal de la central avionera no hay cajeros y el pago a los choferes debe ser en efectivo.
La pregunta es muy simple: ¿Quién es la autoridad en ese aeropuerto? La administración está a cargo de los militares, pero también los civiles de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones tienen injerencia en la terminal.
Amenazan a deportistas
Sin duda que las redes sociales, un medio donde hay absoluta libertad de expresión, se cometen delitos y deseo que los policías investigadores encargados de esa rama cibernética, pongan un alto a los sinvergüenzas que no reparan en lanzar amenazas de muerte e insultos a las personas. Uno de los casos fue publicado, el pasado viernes 8, en la sección deportiva del diario Reforma.
Tres víctimas de los malandrines son los jóvenes clavadistas olímpicos que, a raíz de su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, por no clasificar, a través de las redes sociales reciben todo tipo de insultos y amenazas.
Arantxa Chávez, Joanna Jiménez y Diego Balleza, relataron lo que les tiene preocupados. Temen por sus vidas y las familias intranquilas ante tal situación, demandan la intervención de las autoridades correspondientes.
Arantxa declaró que recibe “ataques, memes y tik toks relacionados con no clasificar en la prueba y eso fue mucho impacto en mí”. Meses antes del evento, murió el papá de la clavadista y eso también influye en su desánimo.
Joanna es una medallista panamericana que ha superado mucho la discriminación que sufre desde pequeña. Logró que su esfuerzo la lleve adelante, esperando no ser blanco de comentarios negativos ni memes. Diego quedó en cuarto lugar en plataforma de 10 metros y eso motiva a sus adversarios a lanzarle amenazas de muerte.
SemMéxico, Ciudad de México, 11 de abril, 2022.- Sí levantó bullicio entre periodistas el anuncio del presidente que se destinarán 750 millones de pesos en 2022 para financiar un esquema de seguridad social para periodistas que lo necesiten. Fue buena noticia para muchos colegas altamente precarizados y vulnerables. En otros excitó la sospecha de que será una especie de soborno –“chayo” se dice— “solo para quienes sean afines al gobierno federal.” Otros, pocos, reprueban el trato especial por encima de millones de necesitados.
A quienes expusieron preguntas e inconformidades directamente a este reportero les ofrecí argumentar. Y sostengo que, resulta más que buena la decisión presidencial al ponerla en el contexto de vulnerabilidad y agravios contra periodistas, porque en el fondo reconoce la importancia social de esta actividad y porque abrió un tercer proceso de amplio alcance hacia un sistema de protección integral para quienes cumplen esta función de interés público.
Me explico:
Uno. Es buena noticia porque el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para salud de periodistas y sus familias, más el ingreso al sistema de pensiones para jubilación alcanzaría a más de la mitad de quienes trabajan de tiempo completo como periodistas.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del cuarto trimestre de 2021, registró un total de 41 mil 113 trabajadores que se identificaron como periodistas, averiguó el reportero Roberto Fuentes Vivar. Y de ese total alrededor de 22 mil carecen de seguridad social aseguró el Director General del IMSS, Zoé Robledo citando datos del INEGI de 2020.
Habrá quienes no quieran beneficiarse de ese esquema de seguridad social porque le cause conflicto ético. Ya veremos.
Dos. El mero anuncio presidencial formalizó un tercer proceso hacia la construcción del sistema de protección integral de esta actividad de interés público, como se ha solicitado desde 2012.
Un proceso lo abrió el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez al convocar a los diálogos para perfilar una nueva ley general de protección y prevención ante agravios para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Esta ley sería general, obligatoria para los tres niveles de gobierno y crearía un sistema nacional de protección cautelar ante agravios. En los cinco foros realizados de enero a marzo se ha ofrecido que la iniciativa se presentará en el segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Los diálogos seguirán. Insistiremos en ellos que la ley sea más preventiva y reconozca derechos para ejercer el periodismo con seguridad.
Otro proceso se encuentra en el Senado de la República donde se dictamina en comisiones la iniciativa del Senador Emilio Álvarez Icaza para adicionar la Ley Federal del Trabajo con un capítulo para periodistas como trabajo especializado y protegerles derechos laborales, derechos abatidos en quienes les han reducido salarios y prestaciones por las crisis empresariales, para quienes trabajan para empresas como corresponsales, como independientes, por honorarios y hasta quienes tienen planta, pero contratados con segundas empresas, muchas fantasmales.
La iniciativa del senador independiente incluye reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para facilitar los pagos de impuestos como personas físicas a los periodistas y la creación de pequeñas empresas de servicios informativos. Allí las y los periodistas tendremos que insistir en el reconocimiento jurídico de miles de empresas pequeñas de servicios periodísticos pero que sean de carácter no lucrativo y autorreguladas éticamente.
En resumen, ya son tres los procesos encaminados a un sistema de protección integral para periodistas: reforma constitucional para reconocer la actividad como del interés público y con una ley general de alcance nacional para reconocerles el derecho a protección de su integridad con medidas preventivas tanto cautelares como sociales cuando sean víctimas; adiciones a la ley respectiva que proteja sus derechos laborales como profesionales de la información y como pequeños empresarios y un fondo financiero para protección social en salud y pensiones para quienes carezcan de ello y lo requieran.
Son tres procesos para reducir vulnerabilidades a quienes son más susceptibles de padecer agravios de todo tipo.
¿Qué es un sistema de protección integral?
Entre periodistas de los estados se reiteran demandas de programas de salud, vivienda, educación, seguros de vida, etcétera como se ha visto en los cinco diálogos promovidos por la Segob.
Frente a estas peticiones siempre discrepan otros colegas porque –dicen– las empresas de prensa deben ser las que cumplan con mejores salarios y prestaciones sociales, porque cuando las ofrecen los gobiernos se vulnera la independencia de criterio. Algunos rechazan que el Estado conceda más importancia al periodista que a otras actividades.
Frente a eso yo refrendo los que comunicólogos, sociólogos y periodistas de otros países reivindican del ser periodista.
La esencia de esta actividad la define su relación con sus sociedades y su labor principal es informarla para facilitar vínculos entre comunidades, empoderarlas con el instrumento de la información para que puedan tomar mejores decisiones para su bienestar, para sus relaciones con políticos y con otros poderes. Ninguna otra actividad tiene esta alta responsabilidad social.
Por eso en muchas naciones existen leyes e instrumentos para proteger al periodista y reconocerles derechos para que cumplan mejor su esencia de hacer que fluya la información del interés público.
Y para el caso de México, donde la estructura económica, comercial y política ha provocado que miles de periodistas padezcan una tremenda precarización, laboren con muchas vulnerabilidades y padezcan agresiones cotidianamente y un sinfín de asesinatos, se hace indispensable un sistema de protección integral para que realicen su función con seguridad y dignidad.
En marzo de 2017, Raúl Trejo Delarbre, a nombre del Programa Universitario de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM me solicitó un ensayo sobre qué hacer para frenar las agresiones contra periodistas. Le entregué propuestas de carácter estructural.
Las medidas que reiteré en el escrito son para disminuir las seis grandes vulnerabilidades que padecen miles de periodistas, sobre todo los muy precarizados que son más susceptibles de sufrir agravios. Estas medidas conformarían un sistema de protección integral más allá de la protección cautelar ante agresiones.
Dos de estas eran para instrumentar políticas públicas contra la precariedad social y los bajos índices de profesionalidad.
El Fondo alcanzaría para capacitación
En ese contexto es que inscribo como buena noticia el fondo anunciado por el Presidente de la República porque ayudaría a enfrentar las vulnerabilidades sociales y hasta profesionales de muchos periodistas porque carecen de protección pública para la salud y para jubilaciones. Y alcanzaría hasta para capacitación continua.
El monto del 25 por ciento del presupuesto anual para gasto federal en publicidad en 2022 será de aproximadamente 750 millones de pesos, en un solo año. De esa cantidad sobraría más de la mitad si se inscribieran, masivamente y en seis meses, los 22 mil periodistas que se calcula carecen de un esquema de seguridad social de salud y pensiones.
Hay datos en ese sentido que probablemente sean indicativos de cómo se instrumentará el anuncio presidencial. En septiembre de 2020 la entonces diputada federal Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, propuso reformar la Ley del Seguro Social para incorporar a personas periodistas.
Lo primero positivo de aquella propuesta fue afinar la definición de periodista, ya sin incluir a los medios y colaboradores periodísticos como si lo hace la ley federal de protección. La legisladora definió:
“Periodista. Persona física que en el ejercicio de la libertad de expresión que otorgan los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dedica habitual, profesional o laboralmente a informar a la población, a través de los medios de comunicación impresos, radio, televisión y cibernéticos, obteniendo su principal ingreso de esa actividad.”
Precisó que el esquema de aseguramiento comprendería: “las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro y vejez, en los términos de los capítulos respectivos.”
Informó que el pago de la cuota anual para acceder a los servicios otorgados por este seguro entonces ascendía a 11 mil 857 pesos por asegurado. En consecuencia, propuso que por ley se estableciera un subsidio del 50 por ciento en el pago de la cuota anual, equivalente a 5 mil 542.88 pesos, para quienes tuvieran ingresos mensuales menores a los 5 mil pesos.
Y en el supuesto de que los 22 mil periodistas obtuvieran ese subsidio del 50 por ciento en la cuota anual el costo directo final ascendería a 121 millones 943 mil 360 pesos al año, cantidad que al restarla de los 750 millones anunciados dejaría un remanente de un poco más 628 millones solo en 2022 y si se inscribieran los 22 mil periodistas referidos.
Por eso se afirma que el fondo anunciado alcanzaría para disminuir otra vulnerabilidad que ha prohijado la precarización del trabajo de miles de periodistas: la falta de capacitación continua.
Contra la vulnerabilidad profesional
En aquel ensayo que entregué para el libro de análisis de la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también reflexioné de otra de las necesidades más sentidas entre más de 700 colegas del país que habían concurrido a las acciones de capacitación de la Casa de los Derechos de los Periodistas (asociación civil hoy inactiva por falta de apoyo público), la necesidad de elevar las capacidades académico-profesionales de quienes las entienden como la primera condición para la autoprotección del ejercicio.
Es fuerte la percepción –no aceptada por todos los colegas– de que las insuficiencias en la formación profesional y la falta de capacitación continua producen la primera gran vulnerabilidad de los periodistas. Quien tiene las suficientes fortalezas profesionales y puede sustentar todo lo que difunda disminuye algunos riesgos de reacciones violentas.
Y por otro lado la capacitación profesional continua facilita la obtención de otras fortalezas como contrataciones laborales más aceptables, salarios y prestaciones decorosos, prestaciones sociales y, como consecuencia mayor autonomía de pensamiento y de ejercicio incluso hasta para evitar las malas prácticas de corrupción con fuentes informativas, gobernantes y otros.
Propuse entonces un programa nacional de profesionalización, encabezado por la Secretaría de Educación Pública y avalado por la UNAM como paso ideal. Un programa así requiere tantos programas estatales como sea posible, en los que universidades estatales o privadas instituyan programas permanentes de actualización profesional para periodistas, como ya los tienen cuatro o cinco centros de educación superior.
Con los posibles remanentes del fondo anunciado alcanzaría para iniciar un programa masivo y nacional de titulación y actualización continua para varios cientos de colegas en todo el país que lo requieran.
Aún más. Hay propuestas elaboradas para que el financiamiento de un programa así no recaiga totalmente en los recursos públicos, sino que sea tripartita: del ramo educativo del sector público, de empresas que cumplan con las obligaciones de capacitación o quieran mejorar la profesionalidad de sus plantillas y de periodistas beneficiarios al inscribirse.
Colegas empujemos la consolidación de esos tres procesos, participemos en los diálogos, en el Congreso de la Unión y para que el Comité de Administración para el fondo del esquema de protección social sea de personas probas. Creo que la ciudadanía se beneficiará con periodistas que trabajen con más seguridad, más protección social y más profesionalismo.
SemMéxico, Querétaro, Qro., 10 de abril, 2022.- El entorno histórico, social, cultural y jurídico del país, es un factor determinante que interviene de forma impactante en la administración de justicia, especialmente cuándo se trata de asuntos en los que las mujeres son víctimas de la violencia misógina, en dónde al victimario, en ocasiones -no tan evidentes- se le considera como un sujeto pasivo, que se ve forzado a despertar sus instintos lascivos ante las provocaciones de las mujeres.
Es preciso aclarar que, cuando indico -no tan evidentes-, me refiero a los casos en que las víctimas, no muestran lesiones físicas de gran impacto para los administradores de justicia y que solo pueden ser acreditadas a través de periciales psicológicas.
Aclarado lo anterior, me atrevo a decir que tal argumento es usado por algunas autoridades encargadas de la administración e impartición de justicia, cuándo al tratar de justificar los hechos denunciados por las mujeres, estas son culpadas y estigmatizadas, negándoles con ello el acceso a la justicia y convirtiéndolas en personas manipuladoras incapaces de sentir sufrimiento alguno.
Quizás mis palabras puedan interpretarse de forma drástica; sin embargo, algunas mujeres que han pasado por contextos violentos y que han compartido sus experiencias, han coincidido en que al momento de acudir a las Fiscalías o a los Organismos no jurisdiccionales, han pasado por la dolorosa revictimización y criminalización de los actos denunciados.
Esto, al tener que declarar ante personal no capacitado de manera repetitiva y en infinidad de ocasiones los actos violentos de los que fueron objeto, reviviendo una y otra vez los eventos traumáticos; quienes además, al momento de pasar por un tamiz psicológico inadecuado, han sido criminalizadas por las autoridades, quienes al no identificar supuestamente rasgos o síntomas que sugieran daño emocional o signos traumáticos de violencia típicos, desacreditan su denuncia y las desvalorizan como personas.
Es en ese momento, donde la capacidad de resiliencia se transforma en una barrera entre la cuál tienen que luchar por la obtención de justicia o por preservar la dignidad, teniendo que tolerar no solo la agresión sufrida, sino el hecho de ser señaladas como responsables de los actos de sus agresores o calificadas como mentirosas.
Acciones que en consecuencia genera fuertes impactos psicosociales, ya que, remueven las situaciones traumáticas generadas por la violación a su dignidad y sus derechos, atentando contra su reputación y honor, lo cuál repercute en su calidad de vida y bienestar.
Generando dos situaciones; la primera, que tiene que ver con la desconfianza para denunciar y / o seguir una denuncia o proceso; y la segunda, que se convierte en impunidad al no ser sancionados los delitos y actos que atentan contra sus derechos humanos.
A las mujeres nos ha quedado claro que, en México el acceso a la obtención de la justicia sigue siendo diferenciado, colocándonos no solo en un plano de desigualdad sino, en una posición que nos minimiza e incrimina.
Pero, además nos ha quedado claro, cómo las instituciones encargadas de impartir justicia, simulan la atención a la víctima y la perspectiva de género, ya que no cuentan con un enfoque diferencial y especializado con el cuál puedan reconocer las características particulares y el grado de vulnerabilidad que nos coloca a las mujeres en situaciones de riesgo.
Si bien es cierto, el Estado Mexicano ha reconocido a través de sus legislaciones la igualdad de derechos, sin hacer distinciones entre hombres y mujeres y ha modificado sus leyes discriminatorias; lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo, aún resulta imposible alcanzar una igualdad de facto.
Debido a que las circunstancias de violencia contra las mujeres dimanan esencialmente de pautas culturales que, de forma omisa o arbitraria son insertadas por algunos operadores de justicia, ocasionando con ello que, se siga perpetuado la condición inferior de las mujeres.
De ahí que, se requiera de las instituciones encargadas de administrar justicia, el compromiso de dejar de ser omisos e indolentes ante los problemas sufridos por las mujeres, obligando a que todos los operadores se capaciten en temas de género, que les permita evitar entrar en aspectos que justifiquen los actos violentos y eximan de responsabilidad al agente de la agresión.
Además de evitar culpar y poner en duda las versiones de la víctima (con preguntas o aseveraciones que transmitan dudas acerca de la veracidad de su experiencia y que agraven su sufrimiento), pero sobre todo que, les permita brindar el apoyo necesario a las víctimas.
En definitiva, las mujeres no necesitan que las autoridades especulen sobre su calidad de víctimas y las traten como responsables de la comisión de los hechos que denuncian, ellas requieren que el Estado a través de sus instituciones cumplan con el principio de máxima protección y remuevan los obstáculos que impiden el acceso real y efectivo de las mujeres al momento de exigir justicia.
SemMéxico, San Luis Potosí, 10 de abril, 2022.- ¿Qué significa en un tiempo y territorio determinado la muerte violenta de una mujer? ¿Qué tiene que pasar para llegar a ese momento? Para responder a ello, será importante saber la reacción social causada por estos hechos, así como la respuesta jurídica y política que dé un Estado, aunque, al cabo de casi tres décadas desde los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez sabemos que el camino de la violencia feminicida está poblado de omisiones, negligencia, corrupción y misoginia.
Precisamente, en el peritaje sobre el feminicidio sexual sistémico aportado ante la Corte Interamericana por la Dra. Julia Monárrez para el caso de Campo Algodonero, se elaboró un retrato de las circunstancias de ese momento y de la participación de los políticos que gobernaban Chihuahua. Cuando comenzaron en 1993 las denuncias por asesinatos violentos y desapariciones, las víctimas habían sido secuestradas y torturadas, agredidas sexualmente y mutiladas para luego dejar sus cuerpos expuestos en espacios públicos, elementos todos que hoy forman parte del delito de feminicidio pues esta es su raíz.
Sin embargo, la otra característica notoria de este primer estado de violencia feminicida fue que esas niñas y mujeres asesinadas fueron luego denostadas a raíz de su propia muerte, se hicieron presentes alusiones de asuntos “pasionales”, se expusieron sus fotografías en medios de comunicación, se culpó a sus familias por no haberlas educado y por querer lucrar con los asuntos.
En cuanto a la respuesta del Estado, se produjeron campañas “preventivas” que limitaban la movilidad de las jóvenes cargadas de estereotipos misóginos, ante los casos concretos de víctimas la autoridad se evadió de toda responsabilidad, minimizando el fenómeno e intentando normalizarlo como parte de una criminalidad cotidiana, “tolerable” en aras de no afectar la economía de la ciudad, lo que de acuerdo al análisis de Monárrez, incidió en que la comunidad se desligara de los crímenes, desdeñando las demandas de acceso a la justicia. Cabe decir, entre 1993 y 2010 Chihuahua estuvo dirigido por tres hombres, Francisco Barrio, Patricio Martínez y José Reyes de diverso origen partidista, pero ninguno hizo la diferencia en la política criminal del Estado, de ahí que las investigaciones deficientes son un ejemplo vergonzoso para la procuración de justicia exhibido ante el mundo.
Cuando en 2007 arribó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los feminicidios de Juárez habían trascendido a nivel internacional y configuraron el concepto de Violencia Feminicida que es:
La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
Así, cuando una Alerta de Violencia de Género se decreta en un territorio lo que se declara con o sin la voluntad del gobierno en turno es que la violencia feminicida existe, es una emergencia y se debe resolver mediante acciones inteligentes, eficaces y medibles. En esa condición México tiene vigentes 25 declaratorias y una de ellas está en San Luis Potosí, su contexto lo vamos a abordar en la siguiente entrega de esta columna.
Y es que no es lo mismo tener una Alerta vigente a una que esté “activa”, ni tener una que podría llegar a resolverse, que estar en posición de tener dos, la comunidad en donde se decreta una AVG debe contar con información para tomar decisiones en tanto la situación de riesgo que develan estos mecanismos constituye un problema grave. Así que vamos a entrar a ello poniendo atención, porque no es el silencio sepulcral en torno a un fenómeno de esta categoría lo que lo resuelve, como se ve en el caso de Ciudad Juárez, eso cuesta en la integridad y la vida de las mujeres de manera permanente hasta que ocurre otro feminicidio.
FAO/Giuseppe Bizzarri Trabajadores en el puerto de Dar Es Salaam, en Tanzania, cargan sacos de trigo en un camión
Los precios internacionales del trigo, el maíz y los aceites vegetales han subido por conflictos y la guerra en la región del Mar Negro
El índice de precios de los alimentos alcanzó un promedio de 159,3 puntos en marzo, un 12,6% más que en febrero, su nivel más alto desde 1990.
Redacción
SemMéxico/NoticiasONU, Cd. de México, 10 de abril, 2022.- Los precios mundiales de los alimentos han alcanzado «un nuevo máximo histórico», dijo el jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), «golpeando más duramente a los más pobres».
«Hace ya más de dos años que la pandemia del COVID-19 continúa afectando negativamente a nuestras vidas, nuestra salud y nuestras economías», afirmó el responsable de la FAO, QU Dongyu.
Tras explicar que los más necesitados «se enfrentan a una mayor exposición a la pandemia y son los más afectados por el aumento de los precios de los alimentos y el combustible», señaló que los precios de los alimentos básicos como el trigo y los aceites vegetales se han disparado, «imponiendo costes extraordinarios a los consumidores mundiales, en particular a los más pobres».
Repercusiones de la guerra
Los precios internacionales del trigo, el maíz y los aceites vegetales han subido debido a conflictos como la guerra en la región del Mar Negro, que ha propagado las perturbaciones en los mercados que comercian con estos productos básicos.
El índice de precios de los alimentos de la FAO alcanzó un promedio de 159,3 puntos en marzo, un 12,6% más que en febrero, cuando ya había alcanzado su nivel más alto desde su creación en 1990.
El Índice de Precios de los Cereales de la FAO sigue la evolución mensual de los precios de una cesta de productos alimentarios comúnmente comercializados. Los precios del mes pasado fueron un 33,6% más altos que en marzo del año pasado y un 17,1% más alto en marzo que el mes anterior.
En los últimos tres años, Rusia y Ucrania juntas, representaron alrededor del 30% y el 20% de las exportaciones mundiales de trigo y maíz, respectivamente.
La cosecha se queda corta
El Informe sobre la oferta y la demanda de cereales de la FAO, publicado recientemente, estima que al menos el 20% de los cultivos de invierno de Ucrania que se plantaron, podrían no ser cosechados.
Pero también señala una producción mundial de cereales de 2799 millones de toneladas, ligeramente superior a la de 2020, con la producción de arroz alcanzando un máximo histórico de 520,3 millones de toneladas.
Y se prevé que el uso mundial de cereales en 2021-22 alcance los 2789 millones de toneladas, incluyendo un nivel récord para el arroz, con aumentos también previstos para el maíz y el trigo.
Se prevé que las existencias mundiales de cereales aumenten un 2,4% a finales de este año, con respecto a sus niveles iniciales, debido en gran parte a las mayores existencias de trigo y maíz en Rusia y Ucrania, a causa de las menores exportaciones previstas.
La FAO redujo su previsión para el comercio mundial de cereales en la actual campaña comercial a 469 millones de toneladas, marcando una contracción respecto al nivel de 2020-21, en gran parte debido a la guerra en Ucrania y basándose en la información disponible actualmente.
Las expectativas apuntan a que la Unión Europea e India aumentarán sus exportaciones de trigo, mientras que Argentina, India y Estados Unidos enviarán probablemente más maíz, compensando en parte la pérdida de exportaciones de la región del Mar Negro.
IFAD/Joanne Levitan Tayikistán siguen un plan de rotación de pastos.
Aceite y azúcar
El índice de precios de los aceites vegetales de la FAO subió un 23,2%, impulsado por el aumento de las cotizaciones del aceite de semillas de girasol, del que Ucrania es el principal exportador mundial.
Los precios de la palma, la soja y la colza también subieron notablemente como resultado de la subida de los precios del aceite de girasol y del petróleo crudo, con los precios del aceite de soja aún más apuntalados por la preocupación por la reducción de las exportaciones sudamericanas.
El índice de precios del azúcar de la FAO subió un 6,7% desde febrero, invirtiendo los recientes descensos para alcanzar un nivel más del 20% superior al de marzo de 2021.
El aumento de los precios del petróleo crudo fue un factor impulsor, junto con la apreciación de la moneda del real brasileño, mientras que las perspectivas favorables de producción en la India impidieron un mayor aumento mensual de los precios.
Carne y lácteos
Mientras tanto, el aumento de los precios de la carne de porcino, relacionado con la escasez de animales para el sacrificio en Europa occidental, hizo que el índice de precios de la carne de la FAO subiera un 4,8% en marzo, alcanzando un máximo histórico.
Los precios internacionales de las aves de corral también se fortalecieron debido a la reducción de los suministros de los principales países exportadores tras los brotes de gripe aviar.
En medio de un aumento de la demanda de importaciones para entregas a corto y largo plazo, especialmente desde los mercados asiáticos, las cotizaciones de la mantequilla y la leche en polvo subieron mucho, impulsando el índice de precios de los productos lácteos de la FAO en un 2,6%, lo que hace que sea un 23,6% más alto que en marzo de 2021.
