• Denominador común la discriminación por razones de orientación sexual
• No basta con la existencia de la voluntad política para garantizar los derechos

Redacción

SemMéxico/SEMlac, La Habana, 16 de mayo 2022.- La lucha por la igualdad efectiva de derechos para todas las personas, sin discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, es un denominador común en países tan diferentes como Colombia, Brasil y Cuba, se expuso en un panel, durante la XV Jornada cubana contra la homofobia y la transfobia.

Sobre las realidades y desafíos de las comunidades de lesbianas, gays, transexuales, intersexuales y queers (LGBTIQ+) en esas naciones dialogaron los activistas Nixon Padilla, del Colectivo León Zulueta de Colombia; Bruna Irineu de Brasil y Francisco Rodríguez Cruz (Paquito), de Cuba.

Las intervenciones mostraron cuán ardua es la tarea, pues no basta con la existencia de la voluntad política para garantizar los derechos de estos grupos: se necesitan leyes y tampoco es suficiente con las legislaciones, es preciso ponerlas en vigor y respetarlas.

Unido a ello es imprescindible continuar trabajando en el cambio cultural, de una sociedad patriarcal y heteronormativa a una sociedad plural y diversa, como única garantía de que no habrá retrocesos.

En Brasil, por ejemplo, pese a ser un territorio donde cada nueve horas una persona es asesinada por causas de homofobia o transfobia y tiene un movimiento LGBTIQ+ organizado desde hace 45 años, nunca han tenido una ley aprobada en el Congreso Nacional por el Parlamento brasileño que proteja a estos grupos, explicó Bruna Irineu.

«Lo que tenemos son decisiones del poder judicial que fueron a los tribunales superiores», precisó y detalló que por presiones internacionales y de los movimientos sociales y comunitarios lograron aprobar el matrimonio gay en 2013, el reconocimiento de la identidad de género en 2018 y en 2019 la criminalización de la homofobia, en tanto en 2020 fue permitida la donación de sangre por personas gay.

Sin embargo, muchas de esas políticas estuvieron vinculadas o tuvieron su raíz en los gobiernos del Partido de los Trabajadores, con Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y como no tuvieron fuerza suficiente para convertirse en ley, comenzaron a debilitarse con las administraciones posteriores, añadió.

En Colombia el fenómeno es otro, pues los cambios constitucionales de finales del siglo XX dieron lugar a un amplio reconocimiento de derechos. El problema radica, según apuntó Nixon Padilla, en que ni el Gobierno ni el Congreso, que son los llamados al desarrollo de políticas públicas y de legislaciones, permitieron avanzar en cuestiones asociadas a la discriminación y los derechos de las personas LGTBIQ+.

La Nueva Corte Constitucional, mediante una interpretación de la Constitución, garantizó el acceso a una serie de prerrogativas que pudieran dar la impresión de que Colombia es uno de los países con mejores condiciones en el continente, señaló Padilla. No obstante, la violencia contra estos grupos es una constante, además muy vinculada al conflicto armado que vive el país.

Comentó que, en los primeros cuatro meses del año, más de una docena de hombres gay y alrededor de cinco mujeres trans fueron asesinados en el país. «Hemos pasado de una etapa de esperanza, con el acuerdo de paz firmado — donde el movimiento LGBTIQ+ tuvo participación, donde se demostró que éramos víctimas de ese conflicto armado–, a una nueva etapa de violencia», significó.
Agregó que, en medio del proceso electoral, los temas relacionados con estos grupos y sus reivindicaciones se convierten en moneda de cambio.

«Los informes llanos pueden decir que Colombia es un país con un reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, que es por la vía judicial y no por la vía del Gobierno y el Congreso, pero eso no significa que podamos tener acceso al disfrute de esos derechos, porque el fenómeno de la violencia en Colombia hace que no sea posible en estas condiciones», sostuvo.

El problema no es legal, es de democracia, enfatizó el activista colombiano; «el problema es político y tiene que ver una sociedad que nos involucra en el debate político en una lógica de estigmatización».

En Cuba la realidad de las personas LGBTIQ+ está marcada también por la lucha por el reconocimiento de sus derechos, lo cual tuvo un punto de inflexión importante con la entrada en vigor de la Constitución de 2019, una de las pocas en el mundo que proscribe la discriminación sexual y por identidad de género de forma explícita.

Para Francisco Rodríguez Cruz, hay tres dimensiones fundamentales para evaluar lo que sucede en la isla caribeña. La primera es la política, pues el haber logrado llevar el debate al interior del Partido Comunista de Cuba ha sido clave en la comprensión sobre la diversidad sexual y el impulso de políticas públicas.

Las discusiones en el ámbito político favorecieron el camino hacia la segunda dimensión, la legislativa, donde tras la Constitución corresponde su aplicación e instrumentación en otras leyes, algunas ya en discusión, como el Código de las Familias, explicó.

«Para nosotros esto es un momento importante, que obliga al activismo cubano a trazarse metas en colaboración con todas las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil», dijo y se refirió a aspectos contenidos en la propuesta normativa, como el respaldo al derecho de todas las personas a constituir una familia y la aparición de figuras como el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo, además de la posibilidad de adoptar o acudir a vientres solidarios.

El proyecto legislativo concluyó en abril una consulta con toda la ciudadanía y en los próximos meses debe someterse al análisis del Parlamento, antes de su aprobación definitiva mediante referendo popular.

Sin embargo, es la dimensión cultural quizá la más importante de la triada, según comentó el activista cubano. Consideró que, a partir del debate en la agenda pública, se avanzó en la comprensión y respeto hacia la libre orientación sexual y de género de las personas, pero quedan aún prejuicios, resistencias y fuerzas que se oponen a los avances en materia de derechos, acotó.

El enfrentamiento a los sectores conservadores que buscan revertir los logros de la comunidad LGBTIQ + es igualmente un asunto común a estos tres países participantes en el panel.

En lo individual, Colombia tiene expectativas de un cambio político con la posibilidad de elección de Gustavo Petro a la presidencia. Esto podría dar lugar a un gobierno que, por primera vez, desarrolle políticas públicas que busquen el acceso a los derechos a la población LGTBIQ+ y que abra una nueva etapa del desarrollo de estas prerrogativas, valoró Padilla.

En este sentido, mencionó que la coalición que promueve la candidatura de Petro logró el 20 por ciento del congreso colombiano, un alcance significativo que, con ayuda de aliados, podría colocarlos en capacidad de iniciar procesos legislativos sobre aspectos aún no regulados.

La participación política también se sitúa en el centro de los desafíos para los brasileños, que de acuerdo con Bruna Irineu tienen la urgencia de sacar a Jair Bolsonaro del poder, un presidente bajo cuyo mandato cerraron las áreas de diversidad e inclusión en el ministerio de Educación, y de VIH en el Ministerio de Salud, por solo mencionar algunas acciones.

Otros retos son la promoción de políticas de salud y por el fin de la violencia, llevar los avances fuera de las grandes urbes y la aplicación efectiva de disposiciones como la de criminalización de la LGTBIQ fobia, pues en muchas provincias es imposible denunciar o registrar ese tipo de hechos, además de que existen dificultades en la rectificación del nombre de las personas trans.

«Creo que el desafío mayor es elegir un congreso, un parlamento, con una postura más laica en sus decisiones», reflexionó Irineu y compartió que muchos gays, trans y lesbianas comenzaron su carrera política en los últimos cuatro años, lo cual pudiera dar frutos en las próximas elecciones.

Cuba, por su parte, tiene por delante la necesidad de avanzar en el diálogo con la sociedad, indicó Rodríguez Cruz. A ello se une, a partir de la nueva Constitución, el proceso de revisión de las leyes para llevar el espíritu de la carta magna a todas y en particular a las nuevas que surjan, como el Código Penal y la ley de Salud, agregó.

«Es importante seguir preparando al pueblo para que estas leyes no sean letra muerta», enfatizó.

SEM-SEMlac

• Ucranianas han encabezado esfuerzos humanitarios en sus comunidades desde el inicio de la invasión.

• Estudio de ONU Mujeres y Care reveló los retos y las dificultades a las que se enfrentan las mujeres

Redacción

SemMéxico/IPS, Naciones Unidas, 16 de mayo 2022.-  Un informe conjunto de ONU Mujeres y la organización humanitaria internacional Care sobre las disparidades de género en la crisis de Ucrania demanda a donantes y aliados asistenciales que se preocupen más por promover las voces de las mujeres y de las comunidades marginadas en el esfuerzo para atender a la población.

El Análisis Rápido de Género, elaborado por de ONU Mujeres y Care, se publicó el 4 de mayo y sus conclusiones se debatieron en un encuentro especial el martes 10. El estudio reveló los retos y las dificultades a las que se enfrentan las mujeres y los grupos minoritarios en Ucrania.

Para elaborarlo, representantes de las dos instituciones realizaron entrevistas a más de 170 participantes para determinar el impacto de la guerra estallada hace más de dos meses en sus necesidades y preocupaciones.

La guerra ha afectado a múltiples ámbitos de la vida, desde la educación y el acceso a la sanidad hasta sus medios de vida. Desde que Rusia invadió a Ucrania y comenzó su agresión bélica, el 24 de febrero, las mujeres han asumido más autoridad en los hogares y en la comunidad, incluidas las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil.

“Las mujeres han estado al frente de los esfuerzos humanitarios, revela el informe. Sin embargo, no han sido incluidas en el liderazgo ni en el proceso de toma de decisiones”, indica el informe conjunto.

El riesgo es que los esfuerzos humanitarios actuales no aborden plenamente las necesidades más complejas de los civiles afectados, como los discapacitados, las personas que ya se habían desplazado antes de la crisis actual y las minorías étnicas, como los romaníes, aduce el documento.

Entre las principales conclusiones del análisis, destaca que las mujeres, los hombres, los niños y las niñas tienen necesidades diferentes que deben tenerse en cuenta en la respuesta humanitaria.

Sin embargo, los marcos actuales de la ayuda humanitaria deben mejorar para atender mejor sus complejas necesidades.

Las mujeres, las minorías y otros grupos infrarrepresentados se enfrentan a una mayor presión con el impacto agravado e interseccional de la crisis que puede dejarlos más vulnerables en el conflicto o la pérdida de ingresos, se alerta en el informe.

A pesar de que están al frente de los esfuerzos humanitarios en sus comunidades, se insiste, a las mujeres no se les incluye en el proceso de toma de decisiones sobre cómo se difunde la ayuda humanitaria incluso a los grupos más vulnerables.

Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, dijo:  “Es fundamental que la respuesta humanitaria en Ucrania tenga en cuenta y aborde las diferentes necesidades de las mujeres y las niñas, los hombres y los niños, incluidos los más rezagados”.

“Las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la respuesta humanitaria de sus comunidades. También deben participar de forma significativa en los procesos de planificación y toma de decisiones para asegurarse de que se satisfacen sus necesidades específicas, especialmente las relacionadas con la salud, la seguridad y el acceso a los medios de subsistencia”, añadió.

En un encuentro organizado por el Pacto de Medios de ONU Mujeres, celebrado el martes 10, se debatieron las conclusiones del informe y las experiencias de los medios de comunicación al informar sobre la guerra en Ucrania a través de la lente del género.

Felicia Dahlquist, analista de programas de la oficina de ONU Mujeres en Ucrania, y Siobhan Foran, coordinadora de género en emergencias de Care, presentaron en ese marco los detalles del informe.

Las ponentes coincidieron en la necesidad de una respuesta humanitaria con perspectiva de género y socialmente inclusiva. Esta respuesta podría abordar las necesidades de diferentes sectores, desde el suministro de refugio y artículos no alimentarios, hasta la educación y la disminución de la carga de cuidados de las madres, tanto las que se quedan en el país como las que huyen.

Dahlquist y Foran reconocieron que, en una crisis humanitaria como la ucraniana, es necesario abordar múltiples ámbitos a la vez. Un grave problema en ese contexto es que se corre el riesgo de que otros factores, como el género y la diversidad, compitan por la atención.

Otra recomendación fue aumentar las comunicaciones para garantizar la responsabilidad ante las poblaciones afectadas. Esto significaría poner en marcha mecanismos de retroalimentación y quejas para garantizar procedimientos eficaces y diversos canales de comunicación para difundir información sobre la ayuda humanitaria a diversos grupos.

Un tema clave de debate fue el papel que podrían desempeñar los medios de comunicación a la hora de informar sobre las historias de mujeres, hombres y grupos minoritarios en el frente humanitario.

Las ponentes afirmaron que los medios de comunicación tienen la capacidad, y por tanto la responsabilidad, de abordar los problemas actuales a los que se enfrentan las mujeres y las minorías, de presentar el matiz y la complejidad de sus experiencias en el contexto de sus experiencias interseccionales.

Los medios de comunicación, se subrayó, tienen el potencial de reflejar las voces de estas comunidades al público en general, pero también de llamar la atención de los donantes y de las agencias humanitarias para que aumenten sus esfuerzos para apoyar a las organizaciones dirigidas por mujeres.

Aunque se espera que los donantes y las agencias humanitarias sean pragmáticos en la planificación y ejecución de sus programas, Dahlquist dijo que es esencial recordar la humanidad de las personas que necesitan esta ayuda.

Los medios de comunicación, adujo, podrían desempeñar un papel fundamental a la hora de mostrar ese elemento humano, especialmente entre los grupos que reciben menos cobertura en las noticias, como las minorías étnicas y la comunidad LGBTI+.

SEM-IPS

• Mariela Castro Espín solicita que se tipifique el femicidio
• Daría una mayor coherencia del cuerpo legislativo con la voluntad política del Estado

Sara Más

SemMéxico/SEMlac, La Habana, 16 de mayo 2022.- La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el pasado 15 de mayo un nuevo Código Penal que por primera vez hace mención a la violencia por motivos de género, aunque no incluye la figura de femicidio.

«Se incorporan nuevas sanciones accesorias, circunstancias agravantes y reglas de adecuación para enfrentar la discriminación en todas sus manifestaciones, la violencia de género y familiar, hechos contra personas menores de edad o en situaciones de discapacidad», afirmó Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, al presentar algunos aspectos novedosos de la nueva ley.

Durante los debates, la diputada Mariela Castro Espín reconoció que la nueva norma transversaliza la violencia de género y solicitó tipificar el femicidio, propuesta que finalmente no fue incluida.

Con mención al menos en las legislaciones de 18 países de América Latina, sea como femicidio o feminicidio, el término ha servido para tipificar y sancionar los hechos de asesinatos cometidos hacia ellas por su condición de ser mujeres o por la suposición de propiedad sobre las mujeres, refirió la diputada.

Luego esclareció algunas diferencias entre el femicidio o asesinato de mujeres y el feminicidio, este último para denominar el conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que conllevan crímenes y desapariciones y que permiten considerarlos como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con los conceptos desarrollados por la feminista mexicana Marcela Lagarde.

Al citar datos públicos, precisó que en el primer informe nacional sobre la implementación de la Agenda 2030 se consigna la incidencia, en 2016, de 0,99 femicidios por 100.000 adolescentes y mujeres cubanas de 15 a más años de edad.

En tanto, la Encuesta Nacional de Igualdad de Género, realizada en 2016 por la Oficina Nacional de Estadística e Información, arrojó que en los 12 meses previos a la indagación 26,7 por ciento de las mujeres sufrió violencia en el seno de la pareja y 39,6 por ciento en algún momento de su vida.

Al proponer incluir la figura de femicido en el artículo 345 del Título II Asesinato, Castro Espín argumentó que ello apuntaría a una mayor coherencia del cuerpo legislativo con la voluntad política del Estado, para fortalecer la respuesta de protección y diseñar protocolos de prevención respecto al femicidio.

Agregó que sería, además, «un mensaje claro de la relevancia que le concede el Estado cubano a la protección de la vida de las mujeres, desde el entendido de que este tipo delictivo constituye un problema público que se diferencia de otros homicidios a mujeres y que adquiere relevancia desde la constitución de las mujeres como sujetos políticos».

Como tercer argumento, aludió al reconocimiento que supondría a las investigaciones que dan cuenta de la existencia del fenómeno y de la permisividad y/o justificación de la violencia contra las mujeres, así como el impacto de esas formas de violencia sobre niñas, niños y adolescentes.

La diputada Castro Espín consideró que, además, no acoger la denominación de femicidio afectaría el registro y seguimiento de los casos que, por demás, tributan al diseño de programas para su atención y prevención.

Concretamente, propuso configurar el delito de feminicidio, con sanción de privación de libertad de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte cuando, de propósito, alguien mate a la mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación conyugal o de pareja de hecho afectiva. También cuando dé muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género o la prive de la vida por motivos de género.

Otros criterios

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, sostuvo que el nuevo Código Penal busca mantener la tradición y la coherencia con respecto a las figuras delictivas, por lo cual no se incluyen otras como parricidio, fratricidio e infanticidio, llevadas todas en la nueva propuesta a la figura de asesinato.

Aseguró, no obstante, que en el artículo 345 está contenida la descripción del delito de femicidio y que los tribunales han elaborado estrategias de género y un protocolo de actuación que incluye la captación, dentro de la impartición de justicia, de datos estadísticos sobre violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como por orientación sexual e identidad de género.

La inclusión del término femicidio fue uno de los más tratados y debatidos en la comisión que elaboró el proyecto de ley, confirmó la diputada Mayda Goite, presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Goite defendió que la ley penal tiene que guardar sistematicidad, coherencia y tradición, preservando a la vez en el delito de asesinato esa nueva tendencia. Puntualizó que hay 36 modificaciones en el Código Penal relacionadas con la violencia de género, que tratan de cubrir todo el respeto y garantía de los derechos y son transversales a todas las figuras delictivas, no solamente al asesinato, precisó.

Sobre los términos femicidio y femicidio hay mucho debate en la actualidad, internacionalmente, reconoció la diputada Teresa Amarelle Boué, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas. Explicó que en los intercambios sobre el tema se ha insistido en que no haya impunidad ni espacio a la equivocación en la interpretación de la ley ante los delitos de violencia contra las mujeres, incluidos esos casos de violencia extrema.

«Lo que no está definido es el término femicidio, pero el hecho en sí está recogido», señaló Amarelle Boué y consideró que se ha avanzado suficientemente en reflejar todo lo relativo a la violencia de género.

En esencia, se recoge cómo sancionar esos casos, se incrementa la sanción cuando quien comete el delito es la pareja y ex pareja de la mujer, además de que se incorpora la acusación obligatoria cuando no hay denuncia, señaló.

«Lo más importante es que no haya impunidad y que la ley, en toda su dimensión y familias delictivas, pueda sancionar en un marco regulador que sea justo con este término», reiteró.

Luego de manifestar que comprende y respeta esos argumentos, Castro Espín mantuvo su propuesta y significó que los crímenes violentos contra las mujeres son un problema histórico, que se identifica conceptualmente dentro del universo del poder patriarcal y que no está solucionado con el proceso revolucionario y el socialismo.

«Todos estos elementos simbólicos del poder patriarcal se erosionan, se modifican, pero todavía están muy latentes», afirmó y dijo que cuando se comparan esos hechos dentro del homicidio, los de las mujeres no son pocos realmente.

Por eso, explicó, hay una tendencia desde el punto de vista teórico, desde los movimientos feministas y de mujeres, de intencionarlo de forma más específica en los códigos penales, en coherencia con todas esas iniciativas políticas y de programas muy concretos, para enfrentar esta situación que no se irá rápidamente y que hay que trabajar desde la educación y la comunicación.

Aunque su propuesta no fue incluida, la diputada insistió en la necesidad de visibilizar un fenómeno que existe, es complejo y se comete en una forma impactante, que demuestra un ejercicio de poder sobre la mujer desde la discriminación e inferiorización, desde aprendizajes históricos de la posición patriarcal de dominio sobre las mujeres.

Violencia de género en nuevo Código penal

De acuerdo con la propuesta disponible en el sitio de la Asamblea Nacional de Poder Popular, la nueva ley establece que en los delitos cometidos como resultado de la violencia de género o la violencia familiar, el tribunal puede incrementar en un tercio el límite máximo del marco legal de la sanción que corresponda para ese hecho delictivo.

Además, incorpora la posibilidad de imponer la nueva sanción accesoria de prohibición de acercamiento a la víctima o persona perjudicada, sus familiares y personas allegadas, que se contempla como medida cautelar en la nueva Ley del Proceso Penal y el Código de Procesos, para la solución de los conflictos familiares.

También considera como circunstancias atenuantes cometer el delito como consecuencia de la violencia de género y familiar, o por motivos discriminatorios de cualquier tipo.

En tanto, se valora como atenuante de la responsabilidad penal cometer el hecho como consecuencia de haber sido objeto, de manera continua y persistente, de violencia de género o de violencia familiar, proveniente de la víctima del delito.

La nueva norma incorpora el delito de acoso laboral, incluido el que se comete como consecuencia de la violencia de género u otros motivos discriminatorios.

En cuanto a las lesiones, contempla el incremento en un tercio de los límites mínimos y máximos de la sanción si son resultado de la violencia de género o la violencia familiar ejercida contra un ascendiente, descendiente o pariente hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad, o contra la persona con la que mantiene o ha mantenido una relación conyugal o de pareja de hecho afectiva.

Igualmente, si las lesiones ocurren por motivo de discriminación de género, religión, orientación sexual o identidad de género, u odio por el color de la piel.
Respecto al asesinato, el Código Penal establece las sanciones más severas (privación de libertad de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte) a quien, de propósito, mate a un ascendiente o descendiente, o a la persona con la que mantiene o ha mantenido una relación conyugal o de pareja de hecho afectiva.

También a quien dé muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género o ejecute el asesinato por odio por motivo de origen étnico, color de la piel, religión, género, identidad de género u orientación sexual de la víctima.

Otro de los cambios es que los anteriores delitos de «violación» y «pederastia con violencia» se funden en uno denominado «agresión sexual», al que traslada las modalidades graves del de «abusos lascivos» y adiciona otros actos que deben ser considerados como delito de esta naturaleza. De ese modo se despoja del tratamiento sexista y discriminatorio esas figuras de la actual norma penal.

SEM-SEMlac/sm