* Reconocen activistas que el asesino de Hugo se entregó gracias a la presión ciudadana
* Chimalhuacán la muestra de la desatención de Alfredo del Mazo y del fiscal José Luis Cervantes Martínez
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Cd. de México, 7 de abril, 2022.- Lorena Gutiérrez e Irinea Buendía sostienen que en el Estado de México hay un trato diferenciado, clasista, para las víctimas de un delito, pero está se ahonda más cuando se trata de mujeres.
Ambas madres de víctimas de feminicidio y activistas por los derechos humanos de las mujeres, ha sido una victoria que el asesino de un menor de 15 años se entregara, luego de la presión que ejerciera la familia, amigos y medios de comunicación, luego de un bloqueo en el periférico norte de la capital mexicana.
Queda claro, coinciden, que no fue una acción de la Fiscalía General del Estado de México, sino una acción ciudadana la que obligó al presunto asesino a entregarse. Eso estuvo bien, apuntan cada una por separado y a su manera. Lo que no está bien es el trato diferenciado entre quienes tienen poder y quienes no lo tienen, afirma.
“Somos seres humanos todos y merecemos las mismas atenciones, el mismo acceso a la justicia, no se vale el clasismo”, afirmó de manera contundente Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, niña de 12 años cuyo feminicidio conmocionó al país en 2015 en Lupita Casas Viejas, Estado de México.
Lorena Gutiérrez sostiene las víctimas han de pasar por un segundo suplicio, amargo e inexplicable, la búsqueda de justicia, apunta mientas que recuerda que uno de los tres asesinos de su hija fue condenado a prisión vitalicia apenas el año pasado.
Lo que hizo la familia de Hugo Carbajal fue la correcto, tomar una medida extrema para exigir justicia, pero hay un trato abismal entre la gente humilde y las personas que están fuera de la precariedad por parte de las autoridades del gobierno del Estado de México, explica la madre de Fátima a quien la tragedia la volvió a alcanzar en noviembre del 2020, cuando su hijo pequeño, Daniel de 16 años murió por negligencia médica en cuatro hospitales, uno de ellos el Hospital Universitario de Nuevo León, “para mi hijo no hubo tantos reflectores en los medios, él era una víctima colateral del asesinato de Fática, el siendo pequeño la encontró semienterrada y contaba con medidas de protección”.
Ver al fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, acudir al lugar del plantón me hico recordar que llevamos mucho tiempo pidiendo justicia para nuestras hijas, porque somos muchas las familias que exigimos el derecho a la justicia, a la verdad, a la no repetición, a la digna memoria de nuestras hijas, pero no obtenemos una respuesta.
Por eso hay un vacío abismal en el trato que hemos recibido.
El privilegio de la justicia es para los hombres y los que tienen dinero
En ello coincide con Irinea Buendía, quien recuerda que el 28 de junio se cumplirán 12 años del feminicidio de su hija Mariana Lima Buendía. Ambas recuerdan la respuesta violenta que dieron a poco más de 10 mujeres que exigieron justicia para Irene y a quienes golpearon y gasearon con fuerza desmedida unos 300 policías en Chimalhuacán el pasado fin de semana y donde al menos tres manifestantes resultaron heridas de gravedad.
Irinea Buendía reitera: las autoridades demuestran con sus acciones diferencia entre quien tiene dinero y quien no lo tienen, la igualdad no existe, pese a los discursos y las leyes de vanguardia las autoridades hacen la diferencia. Ya lo vimos claramente.
Mientras el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo se pronunció por el caso de Hugo Carbajal de nosotras dice que destruimos y pintamos, “la diferencia es que nosotras somos mujeres, no valemos nada”.
Buendía -quien consiguió la sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Mariana Lima Buendía, la cual establece que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada de inicio como feminicidio EN 215-, refiere que las mujeres, las madres que luchan por la justicia por el feminicidio de sus hijas, “hemos luchado porque esas leyes se cambien para que nos respeten, pero las autoridades se encargan de seguirnos poniendo el pie en el cuello para decirnos que los que valen y tienen el privilegio (de la justicia) son los hombres y los que tienen dinero. Tenemos claridad: las leyes no se cumplen solas”.
Como lo señala Lorena Gutiérrez, en entrevista para SemMéxico, Irinea Buendía refiere que el fiscal Cervantes Martínez “inmediatamente” se presentó en el periférico norte, la diferencia también está en la zona, nosotras nos manifestamos en Chimalhuacán, tierra de nadie, donde todo es sálvese quien pueda” y ahí no llegó el nuevo fiscal.
De igual forma, Lorena Gutiérrez explica que en días pasados presentaron un escrito en el palacio del gobierno del Estado de México dirigido a Alfredo del Mazo, misma solicitud se entregó en el Poder Judicial y en la Cámara de Diputados y Diputadas. La exigencia es que dejen de simular y nos den respuestas.
“En el palacio (del gobierno de Edomex) con trabajos nos recibieron. Claro no el gobernador Del Mazo. Los funcionarios menores nos dijeron que nos darían una respuesta. Les dimos tres días, tampoco nos han respondido en el Poder Judicial y hoy estaremos en una reunión con las y los diputados”.
A nosotros no han recibido ni el gobernador ni el fiscal, recalca, molesta y agrega que a las autoridades del Estado de México “no les importan llegar a esos niveles de revictimización e indolencia. Nosotras, las madres tenemos que hacer ese peregrinar, llevar nuestras lonas y somos ignoradas por el gobernador”.
Buendía como Gutiérrez tienen claro, la acción de la familia de Hugo dio resultados. No fue la fiscalía “el infeliz se entregó”, dice Lorena, quien advierte que antes el presunto homicida publicó en sus redes sociales que contaba con la protección de “amigos en la fiscalía”, luego el propio fiscal lo entregó en el reclusorio de Tlalnepantla.
Queremos el mismo trato, puntualiza mientras recuerda que una de las manifestantes en la represión sufrida en el Centro de Justicia de Chimalhuacán tiene un brazo fracturado y la cabeza rota, para ella “no estuvo ni el fiscal ni los medios”, recrimina.
Para muestra un botón: Chimalhuacán
Las dos entrevistadas coinciden en que el nivel de impunidad y corrupción son alarmantes y que en ello están involucrados policías, médicos legistas, personal de psicología y Ministerios Públicos en el Estado de México
Como ejemplo de sus dichos, Irinea Buendía cita los casos de Irene, el de la hija de ésta y el de otra mujer que conoció esa misma noche del sábado en el Centro de Justicia.
A Irene la detuvieron arbitrariamente por un supuesto hecho de tránsito. La golpearon cuatro mujeres policías y un comandante, la humillaron, le robaron su celular y le quitaron su motocicleta.
No era una “supuesta infracción de tránsito, detrás de ello, está la persecución que ha vivido desde 2019, luego de que denunció la violación sexual de su hija menor por parte de policías de ese municipio (Chimalhuacán), explica la activista quien esa noche, como lo hicieron otras acudió para “acuerpar” a Irene, a ella, los policías la gasearon, pero a otras las golpearon de forma brutal, narra.
Irinea dice que en total se encontraban ahí 17 personas adultas y tres menores. Pedían que los cinco elementos de seguridad vial fueran puestos a disposición y no sólo tres de las cuatro mujeres policías y faltaba aún el comandante.
Bajo el pretexto de que estábamos vandalizando el lugar, explica, llegaron más y más policías quienes nos agredieron, “eran más de 300 machos violentos, perversos, que se ensañaron con las jovencitas”, dice esta mujer reconocida por su lucha por la justicia par a las víctimas de feminicidio.
Ahí, reitera, no llegó Alfredo del Mazo ni el fiscal José Luis Cervantes Martínez.
Irinea Buendía, quien acompaño a Irene desde que desapareció por varios días su hija, secuestrada por policías municipales de Chimalhuacán, narra aquel episodio ocurrido en 2019. La niña de 12 años y su padre pasaron por un retén, el padre –quien arreglaba teléfonos celulares- fue detenido porque uno de los teléfonos que llevaba supuestamente tenía reporte de robo, dijeron los policías, quienes con soldados habían instalado el retén.
Se llevan al papá y prometen hacerse cargo de la niña. Quien es interceptada cuando seguía la patrulla de su padre. Al menos tres policías prometen llevarla con su papá. Ella accede se sube a la patrulla y se da cuenta minutos más tarde que han enfilado con rumbo diferente. Durante varios días es retenida en una casa a las afueras de Chalco.
Esa misma noche, Irene llega al Centro de Justicia de Chimalhuacán. para preguntar por su esposo y su hija. El padre señala a los policías que habían prometido llevarse a la niña. Cuando Irene pregunta por su hija solo le responden: “No, al señor no lo conocemos, no sabemos de qué está hablando”.
Volvió al lugar donde estaba el operativo, ya no había policías solo militares. Preguntó por su hija y éstos dijeron no saber nada. De inmediato levanta un acta por la desparición de su hija. Cuando finalmente suben la Alerta Amber, la abuela de la menor recibe una llamada en la que le indican que su hija está por Cuautla. Uno de los policías dijo “ya sé por dónde es”. La encontraron en la carretera entre Cuautla y Chalco, todavía en el tramo correspondiente al Estado de México. Estaba golpeada, drogada y violada sexualmente. El médico legista dijo que la niña no tenía nada.
La niña, la madre e Irinea hicieron el recorrido hasta llegar a la casa acompañadas de elementos de investigación. “Era una casa enorme quizá de una cuadra”, recuerda Irinea quien también señala que en esa casa había escuchado a otras mujeres quejarse. La fiscal de género del Estado de México, Dylcia García prometió hacer las investigaciones, pero nunca hizo nada.
Lo que siguió durante todo este tiempo fueron actos de hostigamiento en contra de Irene y su familia, por eso la noche madrugada del sábado para domingo, cando llegó la Fiscal de Género y preguntó ¿qué querían? Irene pidió justicia sin respuesta de nueva cuenta.
Creemos que la detención por una supuesta infracción de tránsito contra Irene tiene que ver con los hechos ocurridos en 2019, cuando su hija fue violada por policías, refiere la entrevistada, quien señala que lamentablemente de Irene los policías han dicho en repetidas ocasiones que “es la pinche verguerita mitotera”, como sucedió esa misma noche cuando “la cazaron”.
Pero ese no es el único caso donde hay acciones de corrupción que generan impunidad.
Conocemos de otro, de una señora, quien narró que ha tenido que abandonar su casa junto con sus tres hijas, luego de que sus vecinos, drogadictos, golpearon a su hija. Una de las hermanas de esos muchachos es novia de un policía. Cuando quiso interponer su denuncia, dos policías sacaron a la muchacha lesionada y le apuntaron con sus armas largas, le dijeron que tenía que darles el perdón a sus victimarios. Entraron de nuevo, detrás de ella, uno de cada lado, que seguían apuntando con sus armas, no tuvo otra opción tuvo que otorgarles el perdón.
El grave problema es que para nosotras las mujeres no hay quien responda. Reiteran ambas.
SEM/sj
