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Ucrania y México

 Dulce Ma. Sauri Riancho*

SemMéxico, Mérida, Yucatán, 2 de marzo, 2022.- Medido en kilómetros, Ucrania está muy lejos de México. Casi 11 mil km en línea recta separan sus capitales. Tierra de cosacos, Ucrania fue parte de Rusia cuando por la fuerza de las armas zaristas se incorporó al imperio. Sin embargo, idioma, cultura y tradiciones se mantuvieron vivas, pero no lograron hacerlas prevalecer cuando reclamaron su independencia al constituirse la URSS, en 1919, ni después de la II Guerra Mundial.

En la tercera década del siglo XXI México y Ucrania comparten el destino común de ser territorios con amplias fronteras hacia dos potencias nucleares: Estados Unidos (México, casi 3,000 km) y Rusia (Ucrania, casi 2,000 km, incluyendo 320 km marítimos).

La proximidad geográfica implica “convivir con el elefante”, en estos casos, asumir que los territorios vecinos de las naciones independientes al sur de sus fronteras son considerados por estos paquidermos como parte de su zona de seguridad.

Nuestro país tuvo que sufrir la guerra expansionista estadounidense del siglo XIX, después de la cual la línea divisoria se ha mantenido prácticamente inalterable. No así Ucrania, que en este siglo registró la separación de Crimea (2014) y de Donetsk y Lugansk, conformadas como estados autónomos pro-rusos. El arsenal nuclear instalado en el territorio ucraniano era el mayor de toda la Unión Soviética, por lo que es necesario destacar que en 1994 la nueva nación independiente suscribió el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares entregando a Rusia más de 5,000 misiles con sus lanzaderas.

En 1996 pudo declararse a Ucrania como territorio libre de armas nucleares. De esta manera, Rusia quedó sin razón para aducir que Ucrania era una amenaza a su seguridad, pues sin armas nucleares quedaba prácticamente a merced de quien sí las tenía —y las tiene—: su poderoso vecino del norte.

Si no es el arsenal, si no son sus ejércitos fuertemente armados, ¿qué suscitó la determinación rusa de invadir Ucrania? ¿Apoyar a las poblaciones de origen ruso en los territorios separatistas? ¿Comenzar a reconstruir el imperio soviético a partir de la recuperación de los territorios ucranianos? Me parece que la movilización de tanques, aviones y militares para alcanzar la capital, Kiev, e iniciar la destrucción de sus alrededores, tiene más vinculación con los intentos del gobierno ucranio de acercar —y alinear— su economía a la dinámica de la Unión Europea (UE).

El punto de quiebre fue justamente en 2014, cuando el gobernante entonces electo desechó la suscripción del acuerdo de asociación económica con la UE, que habían venido trabajando por varios años, y a cambio comenzó los trámites para el ingreso al bloque encabezado por Rusia.

Un movimiento popular rechazó el intento, inaugurando un periodo de inestabilidad que se ha prolongado hasta estos días.

La mayoría del pueblo de Ucrania quería acercarse al modelo de desarrollo de Europa, alentada sin duda por el éxito de sus vecinos de Polonia, Hungría y Eslovaquia al este; y Rumania, al sur, desde que forman parte de la Unión Europea. Entonces, tal parece que la verdadera amenaza para Rusia radicaba en la posible prosperidad de un vecino que había vivido desde el siglo XVIII bajo su égida.

Rusia tiene un poderoso garrote para esgrimir en contra de la intervención de los países de la UE en defensa de Ucrania. Es el gas natural que corre por los ductos desde territorio ruso y alimenta las plantas de energía eléctrica y los calefactores de los hogares europeos azotados por los fríos invernales. No es casual que las movilizaciones de las fuerzas armadas rusas ocurran ahora, antes de que llegue la primavera y se desgaste temporalmente la amenaza. Anticipando el retiro de pedidos de suministro, Rusia acaba de suscribir un contrato con China para entregarle gas natural por los próximos 30 años. Geopolítica y energéticos otra vez se hacen presentes en los conflictos del siglo XXI.

El gobierno de nuestro país vecino se desplaza en aguas pantanosas: si interviene militarmente, galvanizará un fuerte rechazo del pueblo estadounidense a participar en guerras allende su territorio. Si no lo hace, reforzará la imagen de debilidad y abandono de un compromiso, cuando fue Estados Unidos el que atestiguó la entrega del arsenal nuclear de Ucrania a Rusia, en el marco de un nuevo orden mundial del cual Estados Unidos surgía como potencia hegemónica.

No han transcurrido ni 30 años en los cuales se ha desvanecido el espejismo de un mundo sin amenazas MAD (Destrucción Mutua Asegurada, por sus siglas en inglés), que significaba que cualquier uso de armamento nuclear por cualquiera de dos bandos opuestos (Estados Unidos y la Unión Soviética) podría resultar en la completa destrucción de ambos. El peligro resurge, la tentación de activar el “botón del diablo” está presente.

Esta semana se aplican sanciones económicas más severas, como la “expulsión” de los bancos rusos del sistema internacional de pagos, lo que evitará la realización de todo tipo de transacciones, incluyendo importaciones y exportaciones desde Rusia. ¿Será suficiente?

Economía, energéticos, soberanía, zona de seguridad, etc. ¿Y el pueblo? Las mujeres, hombres, niñas y niños víctimas de la violencia, obligados a dejar sus hogares, a desplazarse por el mundo, ¿quién los protege? Hoy es Ucrania, mañana podría ser cualquier otro país, incluyendo México, si en algún momento Donald Trump vuelve a ocupar la presidencia, adelantando que “sería genial” enviar tropas estadounidenses a la frontera, como lo ha hecho su amigo Putin.

Por eso es tan importante que, sin ambages, México condene con firmeza la invasión de Ucrania. Tenemos, es cierto, muchos y graves problemas en nuestro país: violencia, inseguridad, carestía y un gobierno que no atina a responder con eficacia para combatirlos. Pero esta situación no puede ser excusa ni pretexto para la indiferencia. Parafraseando al clásico: “Pobre Ucrania, tan lejos de Dios y tan cerca de Rusia”. A Dios rogando y con el mazo de la diplomacia, dando.

Centenario. La Universidad Autónoma de Yucatán cumplió 100 años de su fundación como Universidad Nacional del Sureste el 25 de febrero de 1922. Recién comenzaba el gobierno de Felipe Carrillo Puerto cuando tomó la determinación de crear una institución para ganar el futuro. Existían graves necesidades; pocos (y menos mujeres) podían cursar educación superior. Pero lo hizo sin excusas ni pretextos vanos. Vaya lección para el presente cuando urge un programa de emergencia para resarcir el rezago educativo de la pandemia del Covid. ¡Felicidades, Uady! —

*dulcesauri@gmail.com  Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán

Tras la puerta del poder| Cárdenas y Monreal exigen revisar la estrategia de Seguridad Pública de AMLO  

 Roberto Vizcaíno

SemMéxico, Cd. de México, 2 de marzo, 2022.- Tras la ejecución videograbada de quizá 17 personas en San José de Gracia, Michoacán para luego subirla a redes sociales y de que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas exigiera una urgente revisión de la estrategia de seguridad que de acuerdo a su percepción ha sido rebasada ya ampliamente por todos los grupos delincuenciales en México, Ricardo Monreal no sólo coincidió sino que dijo deben ser revisadas todas las otra estrategias gubernamentales para ir no sólo a el abatimiento de la violencia y las ejecuciones, sino para ir a una reconciliación nacional.

Anteayer Monreal advertía que México podría estar ingresando a un terrorismo marcado por una estrategia delincuencial en la que se videograbó lo mismo cuando se arrojan los cuerpos de los ejecutados que los fusilamientos que luego son subidos a redes sociales para general terror entre la población.

“… sin duda, es una estrategia bien diseñada… no minimicemos lo que está pasando..no son hechos aislados, es una acción generalizada… el crimen organizado avanzó tanto en base social pero también en capacitación, adiestramiento y uso de armas letales sofisticadas, que podríamos estar ya en eso (el uso y promoción del terrorismo)”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado -único precandidato presidencial abierto para el 2024-  dice que durante los últimos dos meses “se han presentado hechos concatenados extraños” en Michoacán, Zacatecas, Colima, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas y en otros más.

“Por eso es que hay que revisar, insisto, la estrategia, para no generar ninguna tregua ni ningún espacio a que continúen fortaleciéndose estos grupos criminales en el país.

“Nos afectan a todos en nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestro ejercicio de libertades y lo más conveniente es que no haya tregua en contra de los, de estos grupos criminales que han azotado al país y que a últimas fechas generan actos de terror en contra de la población civil”, subrayó;

El zacatecano consideró que la inseguridad y la violencia configuran la principal asignatura y promesa incumplida, pendiente, del presidente Andrés Manuel López Obrador.  

Recordó que desde inicio de 2024 pidió la presencia de todo el Gabinete de Seguridad -integrado por los titulares de Defensa, Marina, Guardia Nacional, y los centros que forman parte de este grupo- a fin de una revisión de todos los programas y acciones, políticas y recursos que se aplican contra la inseguridad y la violencia en México.

Es facultad Constitucional del Senado atender estas áreas, indicó.

OTROS COMENTARIOS

En conferencia de prensa, Monreal consideró que la petición del presidente López Obrador a Nemesio Oseguera, líder del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación para que le cambie el nombre a su organización y dejar de afectar la buena imagen del estado de Jalisco, no deja de ser un comentario casual sin mayor connotación.

Igual consideró que una vez decretada la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, y una vez que la Suprema Corte lo notifique al Congreso estatal, deberán ser liberados todos quienes hoy sufren cárcel por ese delito promulgado en marco de hace un año.

Y si el gobernador pretende enviar otra iniciativa, con otro nombre, pero con las mismas penalidades, Monreal dijo que eso significará otro proceso que no afecta a los ahora detenidos en Veracruz por el delito anulado por la Corte. No podrían ser retenidos por el Gobernador.

Serían dos procesos distintos, indicó el zacatecano.

….rvizcainoa@gmail.com / Twitter: @_Vizcaíno / Facebook / https://www.facebook.com/rvizcainoa

La CNDH califica de estigmatizante y sin perspectiva de Género lo que responde el gobierno de Veracruz

Sobre la forma en que July “N” fue detenida

 Alba Valdez

SemMéxico/Testigo Púrpura, 2 de marzo, 2022.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó como estigmatizante y sin perspectiva de género, la respuesta que dio el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, a la recomendación emitida por este organismo por el caso de July “N”, señalada como una de las personas responsables del asesinato de la Rectora de la Universidad de Valladolid. 

El gobernador, recientemente rechazó aceptar la recomendación 51VG/2022, en la cual la CNDH daba constancia a que July “N” fue víctima de tortura y abuso sexual por servidores públicos veracruzanos, por lo que pedía la intervención del Gobierno del Estado para qué su caso fuera reconsiderado. 

“Este organismo lamenta la postura y declaraciones estigmatizantes y sin perspectiva de género de las autoridades del estado de Veracruz, involucradas quién es dentro de su ámbito de competencia tienen el deber de realizar las acciones conducentes para que tales conductas no vuelvan a repetirse en un marco de respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución Inma los más altos instrumentos nacionales e internacionales en la materia”, señaló la CNDH en un comunicado. 

El organismo autónomo indicó que ellos no buscan intervenir en la responsabilidad penal que tenga o no July “N” en los hechos, sino, que también se conozcan las graves violaciones que sufrió desde el momento en que fue detenida. 

Una de las violaciones a los derechos humanos que acreditó este organismo nacional fue qué July “N” fue víctima de violación y tortura por parte de los elementos de la policía ministerial al ser trasladada de la Ciudad de México a Xalapa. 

Además, la CNDH aclaró que las recomendaciones fueron emitidas al gobierno veracruzano porque las autoridades de la Ciudad de México únicamente participaron en colaboración para llevar a cabo la detención en este lugar, pero después de su detención y que fuera certificada por el personal médico de la Fiscalía de la Ciudad de México fue entregada a los elementos de la policía ministerial de la fiscalía del Estado de Veracruz, quienes se encargaron de su traslado, y fue ahí cuando July  fue víctima de tortura y violación. 

“Cómo fue advertido en el instrumento recomendatorio por este organismo nacional quedó acreditado que la persona agraviada fue víctima de tortura sexual por parte de elementos de la policía ministerial de esta fiscalía por lo que la falta de evidencias médicas o certificaciones adecuadas no realizadas a la víctima no deben constituir un elemento primordial para demostrar qué tal exacto sucedieron y tampoco debe pesar la negativa de dichas autoridades responsables y los prejuicios sostenidos relacionados con su situación jurídica”, señaló. 

Otra de las violaciones a los derechos humanos que se detectaron fue que al ingreso al CERESO no se contaba con personal médico de guardia para certificar la integridad física de la mujer, por lo que solo fue valorada por una enfermera que no tenía autoridad facultativa para certificar a la víctima al momento del ingreso. 

Otra irregularidad importante es que la víctima contó al personal de psicología del Centro Penitenciario los actos de tortura y violencia sexual de los que había sido víctima, pero estos no denunciaron a la ante la autoridad competente violando de esta manera los derechos humanos de July “N”. 

Por último, la CNDH indicó que los instrumentos recomendatorios emitidos por ellos, buscan contribuir a que se conozca la verdad de los hechos ocurridos y no se continúe alimentando la cadena de impunidad, obteniendo confesiones a través de la tortura por las autoridades veracruzanas.

EN ALTOTONGA EXIGEN JUSTICIA POR FEMINICIDIO DE MENOR DE EDAD

Relato de la ex diputada local Ivonne Trujillo Ortiz oriunda de la zona

Alejandro Ávila

SemMéxico/TestigoPúrpura, Veracruz, 2 de marzo, 2022.- Ciudadanía de la localidad de San Miguel Tlalpoalan perteneciente al municipio de Altotonga, exigieron justicia tras el lamentable feminicidio de una menor de edad, este lunes.

Según los reportes, la pequeña Santa Cecilia, de apenas 13 años de edad, fue violentada y presuntamente abusada sexualmente, por sujetos que ingresaron a su hogar y quienes posteriormente le quitaron la vida.

«Al parecer ella estaba por culminar su primaria, sus papás salieron temprano a la cabecera municipal, que es Altotonga, a comprar porque tienen una tienda, entonces la niña se quedó sola en su casa y posteriormente entraron estos agresores, al parecer también fue violentada de manera sexual, fue torturada y fue asesinada», relató la ex diputada local Ivonne Trujillo Ortiz oriunda de la zona.

Cuando los padres regresaron y vieron a su hija caída, llamaron a las autoridades municipales, y tras confirmarse su muerte, se solicitó la presencia de los peritos de la Fiscalía General del Estado, quiénes iniciaron una carpeta de investigación sobre el caso.


«Lastimosamente, está pequeña suma de lista de, una víctima más, como ya no decimos, 10 mujeres son asesinadas diariamente nuestro país, y lamentablemente Santa Cecilia es una víctima más que estará sumada a esta lista. Pido que se hagan las investigaciones correspondientes, que la Fiscalía actúe de forma inmediata, que se dé con los responsables, y qué bueno, este atroz suceso, que tal parece es muestras de feminicidio, que no quede impune, que realmente se haga justicia, porque en Altotonga exigimos eso, no más impunidad, y justicia para Santa Cecilia», remató la expresidenta de la comisión de Equidad de Género en el Congreso de Veracruz.

Mujeres, pilares fundamentales para lograr un campo sustentable: Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz

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Los procesos de innovación en el campo también implican cambios socioculturales

El desarrollo de las mujeres en ámbitos como la Agricultura Sustentable impacta positivamente en la sociedad y, en particular, en el desarrollo de otras mujeres 

Libertad López

SemMéxico/Ceprovysa, Guanajuato, 2 de marzo, 2022.- Hace algunos años, para el imaginario social, todavía era difícil concebir que las jóvenes eligieran una carrera como Agronomía que, históricamente, había sido un campo con participación mayoritaria de varones. Hoy, de acuerdo con el anuario 2021 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de cada 100 estudiantes del área de agronomía y veterinaria, 47 son mujeres. 

Estephany Itzel Flores Franco estudió Agronomía en el Instituto Tecnológico de Roque, en Guanajuato. Ella es una de las jóvenes que, gracias a su elección para buscar su desarrollo profesional a través de la agricultura, está afianzando el relevante papel de las mujeres en el desarrollo del campo mexicano.

“En el lugar donde vivo la mayoría de las personas son agricultores. Desde pequeña se me hizo interesante todo lo que tenía que ver con el campo, mi mayor motivo para estudiar Agronomía fue el amor con que miraba que trabajan mis abuelos y mi papá en el campo. Además, tuve la dicha de tener el apoyo de mi familia para estudiar Agronomía”, comenta Estephany, quien forma parte equipo técnico de MasAgro Guanajuato, programa impulsado por el gobierno de ese estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).

“Mi primera experiencia profesional fue en la división hortícola de una empresa de la agroindustria en donde fui supervisora del proceso de germinación de plántula de varios vegetales. En 2019, decidí participar en una convocatoria para incorporarme como agente técnico al programa MasAgro Guanajuato y luego de aprobar el proceso de evaluación y selección, inicié mi asignación de trabajo en marzo de 2020 y ahora coordino diversas tareas relacionadas con los gestores de innovación”, comenta Estephany.

“Mi trabajo como agente técnico me ha permitido desarrollar estrategias e implementar innovaciones en el semidesierto guanajuatense —donde, por ejemplo, con innovaciones sustentables logramos incrementar el rendimiento del frijol de 600 kilos a dos toneladas y media por hectárea— y, a partir de ello, tener experiencias muy enriquecedoras en el sentido humano con los productores. Quiero apoyar, fortalecer la calidad de vida de los productores con los que intervenimos, siempre en el marco de la sustentabilidad”, menciona Estephany.

Con respecto a los prejuicios que aún existen en el ámbito rural, tanto para la innovación, como para los nuevos roles de la mujer, Estephany comenta que “a veces hay un poco de recelo de las personas mayores acerca de cambiar lo que han venido haciendo desde ya hace mucho tiempo, y más si es una mujer quien se los sugiere porque antes eso no era tan bien visto. Ahora, a pesar de algunas situaciones, ya hay más aceptación para que una mujer incursione en este ámbito. En lo personal, son los hechos y los resultados los que me han facilitado la aceptación de los productores”. 

Estephany considera que conocer puntos de vista diferentes ha enriquecido su carrera profesional, comprometiéndola a fortalecer sus habilidades y conocimientos, particularmente para impulsar el desarrollo de las mujeres en el campo: “he trabajado con algunas agricultoras y es una gran experiencia porque sientes la emoción con la que te cuentan sus logros, el sentirse parte de un trabajo en el campo y que las tomen en cuenta. Por eso considero que la mejor forma de fomentar su participación es haciendo capacitaciones o divulgación, en donde mostremos lo mucho que pueden lograr, invitándolas a formar grupos de productoras que les guste innovar”. 

Finalmente, Estephany Flores se dirige a las niñas y las jóvenes: “El trabajo en campo es la mejor forma de valorar todo lo qué hay detrás de un alimento, es el sustento principal de cualquier nación porque de la alimentación parte todo, y qué mejor forma que ser partícipes del proceso de crearlos. Es importante retomar y fomentar el amor por el campo, hay mucho qué hacer, innovar y cambiar, pero sobre todo hay mucho que aprender, muchas experiencias y momentos muy agradables que, a pesar de los obstáculos, al final cuando ves tu cosecha y ves que tú generaste un alimento de calidad desde el inicio es una experiencia sin igual”. 

Sem/sl

Ocho momentos que celebrar gracias a la lucha feminista en Iberoamérica

Aborto en México, la Suprema Corte despenalizaba el septiembre pasado la interrupción voluntaria del embarazo

Para recordar y fortalecer, pero también para celebrar, las reivindicaciones de este 8M

Cecilia Barba Arteaga

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 2 de marzo, 2022.- El 8 de marzo es un día de lucha, de reivindicación. Es un momento de poner sobre la mesa debates como la precarización laboral de las mujeres, la violencia sexual a la que estamos sometidas, las distintas opresiones que, dependiendo de tu género, clase social o racialidad, nos doblegan… Pero también es un momento para conmemorar los distintos hechos que hemos conseguido gracias a la lucha feminista. Celebrar es importante, no solo por el festejo, sino porque la presencia social y las movilizaciones deben recordar y seguir reivindicando también los logros.

Y para ello, contamos con ocho logros este último año para revindicar y celebrar este 8 de marzo.

Aborto en México, la Suprema Corte despenalizaba el septiembre pasado la interrupción voluntaria del embarazo

Los ministros del pleno invalidaron por unanimidad la legislación del estado de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel a las mujeres que interrumpieran su embarazo o a la persona que realizara el aborto.

Es cierto que este fallo solo obliga a Coahuila a modificar su Código Penal, es decir, no supone que el aborto sea legal y no este penalizado en todo México… ¡pero esta decisión sienta un precedente judicial para su aplicación en todos los estados!

Aborto en Colombia, despenalización del aborto hasta la semana 24 el pasado febrero

La Corte Constitucional de Colombia despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, lo que supone un paso «histórico para América Latina» y para la protección de la vida, la salud y la libertad de las mujeres.

Un logro muy significativo para Colombia por ser el plazo más amplio por ahora de toda la región latinoamericana, pero también un logro enorme para el movimiento feminista por seguir luchando y ganando derechos en la revolución de los pañuelos verdes.

MeToo venezolano: músicos, actores, directores de teatro, escritores, políticos, periodistas… fueron señalados por cometer abusos y otras violencias

La poeta venezolana Yolanda Pantin lo ponía en su twitter: «todas las mujeres tenemos algo que contar». Cuatro años más tarde, después del MeToo en Hollywood, Venezuela vivió el pasado mes mayo numerosos señalamientos, en las redes sociales, y de denuncias de víctimas de abusos y acosos sexuales a numerosas personalidades masculinas del mundo del teatro, cine, política, periodismo.

Alrededor de 70 mujeres venezolanas artistas se organizaron y publicaron un manifiesto a raíz de las publicaciones en redes sociales. “Nosotras, las mujeres venezolanas miembros del gremio artístico, de la prensa y comunicaciones, nos levantamos hoy en contra del acoso sexual. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y nos negamos a que los asuntos de género sigan siendo postergados de la agenda pública”.

La gimnasta Simone Biles se retiraba de los Juegos Olímpicos de Tokio por salud mental

Simone Biles supo reconocer que la salud mental le estaba afectando en su rendimiento y supo decir no. La brillante gimnasta puso la salud mental en el centro del debate público y deportivo.

«Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental es más importante en los deportes en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos, y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos», declaró.

También dentro del deporte, las jugadoras noruegas de balonmano protagonizaron otro logro al negarse a jugar con bikini. El equipo femenino de balonmano playero de Noruega fue multado por usar pantalones cortos durante un partido en el mes de julio, pero en noviembre se puso fin a la polémico cuando la Federación Internacional de Balonmano (IFH) cambió la normativa de vestimenta: ya no estarán obligadas a jugar en bikini.

Liberia suspende la mutilación genital femenina por tres años

El gobierno liberiano anunció la suspensión de la ablación de forma temporal una vez más. En la firma, el gobierno se compromete a detener las actividades de la sociedad secreta Sande, quien es responsable de estas prácticas en la mayor parte del territorio.

La mutilación genital femenina constituye una violación de los derechos humanos de mujeres y de niñas, según Unicef, 200 millones de mujeres y niñas vivas han sufrido de esta práctica. Se practica en las regiones occidental, oriental y nororiental de África, en algunos países de Oriente Medio y Asia y entre migrantes de esas áreas, por lo que debemos reivindicar esta suspensión también.

La resistencia de las mujeres afganas

Tras la ocupación Taliban de Afganistán, es importante reivindicar la resistencia ejercida por las mujeres afganas. Los talibanes continúan imponiendo nuevas medidas y leyes que supone una clara discriminación contra las mujeres del país, pero las mujeres afganas siguen protestando en contra.

Primer detenido por violencia de género gracias al gesto de gesto de socorro de su víctima

La mujer pudo reproducir el gesto, en señal de alerta, en llamada de alarma, mostrando la mano cerrada con el pulgar bajo los dedos. Gracias a ello, se detuvo al agresor. También otra mujer, en su centro de salud, realizó el gesto y la sanitaria pudo alertar a emergencias, también en España.

Durante estos meses se han viralizado los videos de este gesto, convirtiéndose en una señal utilizada en todo el mundo por mujeres que necesitan pedir ayudar sin levantar las sospechas de sus agresores.

Referentes en el campo de la cultura y de los medios de comunicación

Ha sido un año de primeras, lo cual es primordial a la hora de establecer referentes. Sally Buzbee, primera mujer en asumir el puesto de directora del Washington Post en los 144 años de historia. También Alessandra Galloni, la primera mujer en dirigir la agencia Reuters en 170 años de historia. En el mundo del arte, Carla Simón se convertía en la primera directora española que gana un Oso de Oro con ’Alcarràs.

Foto: archivo AmecoPress.


Internacional – Mujeres del mundo – 8 marzo – Feminismo. 1 mar. 2022. AmecoPress.

8 de marzo de 2022: Derechos para todas, todos los días

Manifiesto de la Comisión 8M Madrid: Cambiar el sistema

En una semana de movilizaciones por el día internacional de las mujeres, que culminarán con una manifestación que atravesará el centro de Madrid de Atocha a Colón

Redacción

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 2 de marzo, 2022.- “Las feministas tenemos un plan: vamos a cambiar el sistema. El feminismo tiene las herramientas y el espíritu combativo para acabar con todas las violencias generadas por la desigualdad. La lucha feminista que nos reúne hoy nos enseña a reconocer los gestos que sostienen el mundo, a reconocer la vulnerabilidad, la ternura y la interdependencia, a defender una igualdad radical que no acepta que haya unas vidas menos válidas que otras. Nos da una mirada política que identifica en el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo y el extractivismo las causas de esta desigualdad y esta violencia. Nosotras vamos a cambiarlo todo”.

 Así comienza el manifiesto de la Comisión 8M de Madrid hecho público hoy lunes, abriendo una semana de movilizaciones por el día Internacional de las Mujeres, que culminará con una manifestación que atravesará el centro de Madrid de Atocha a Colón. A continuación, reproducimos el texto íntegro del manifiesto.

En la Comunidad de Madrid hay muchísimas asambleas y colectivos feministas. Somos grupos de 5, 20, 100 mujeres, organizadas desde lugares diversos y situaciones diferentes. Luchamos contra el racismo sistémico, los desahucios y la pobreza energética; desde la conciencia de la crisis climática y la falta de medidas eficaces para detenerla; contra la desigualdad e injusticia omnipresentes; contra los asesinatos, violaciones, violencias vicarias y todas las violencias machistas. Combatimos nuestra precarización y vulnerabilización y creamos espacios de reflexión y acción política. Nosotras, las feministas, las mujeres precarizadas, empobrecidas y violentadas; disidentes de sexo, género y expresión de género; migradas y racializadas; gordas, discas, menores, dependientes, defendemos derechos para todas, todos los días.

Puede que la chispa que nos incendie sea la defensa de un mural, un desahucio, un barrio sin suministro eléctrico, el cierre de un espacio de igualdad o el desalojo de un centro social; la exclusión sanitaria de las personas migrantes, el despido de unas compañeras, el desprecio por la vida de las personas mayores o el penúltimo asesinato machista. No faltan motivos, especialmente estos dos últimos años, en los que la gestión de la pandemia ha agravado las violencias machistas, ha aumentado la carga de trabajo de cuidados de las mujeres, ha ahondado en todas las brechas sociales y ha precarizado aún más si cabe las vidas que se juzgan menos válidas.

Pero, a la vez que protestamos, las feministas organizadas en nuestras comunidades conseguimos muchas cosas que no necesitamos reclamar: Plantamos huertos y okupamos edificios para las familias desahuciadas. Abrimos centros sociales para crear cultura, arte y pensamiento popular e inclusivo; clubes que fomentan un deporte colaborativo. Editamos vídeos, textos, canciones; fabricamos conocimiento, reciclamos ordenadores y bicicletas. Alimentamos barrios, limpiamos montes, creamos redes de apoyo escolar, de sostén y asesoramiento para la salud mental, para defendernos ante los abusos policiales, laborales, de vivienda, contra las violencias machistas. Aprendemos que no estamos solas y que somos diversas. Aprendemos a compartir la vulnerabilidad. Aprendemos que, si nos tocan a una, nos tocan a todas, que no podemos dejar a ninguna atrás. Aprendemos a caminar despacio para esperarnos y a correr cuando se necesita. Aprendemos la alegría de estar juntas, disfrutamos imaginando en común ese mundo que ya estamos transformando. Vivimos un poco en él, incluso. Aprendemos que organizarnos es empezar a vencer.

Desde hace más de 40 años, las feministas de Madrid nos organizamos en la Comisión 8M para preparar esta jornada de lucha y reivindicación. El año pasado se prohibieron las manifestaciones del 8M en la Comunidad de Madrid. Hoy el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, de momento, tres de los recursos que interpusimos ante la prohibición, confirmando que existen indicios claros de que se vulneraron derechos fundamentales. Pero lo que está en juego es mucho más que una manifestación. Se busca deslegitimar y criminalizar a los colectivos, asociaciones y personas que, desde los feminismos, plantean una alternativa radical al modelo basado en el individualismo, el consumismo y la privatización que impera hoy, especialmente en la Comunidad de Madrid.

Ante las agresiones de la extrema derecha, ante las políticas del sálvese quien pueda de la Comunidad de Madrid, que ni siquiera ejecuta el escaso presupuesto destinado a combatir las violencias machistas; ante el retroceso en derechos y libertades y el clima casi irrespirable; ante el aumento de la violencia, la misoginia, el sexismo y la LGTBIfobia, las feministas salimos hoy a las calles para visibilizar juntas la fuerza y diversidad del feminismo y nuestra potencia transformadora.

Exigimos una educación pública, universal, gratuita y de calidad. Que aumente el profesorado y el personal de apoyo, que reconozca su labor, les pague bien y reduzca las ratios en las aulas. Pero también una educación sexual y afectiva que abrace y celebre todas nuestras identidades y opciones sexuales, que combata las violencias machistas 8 de marzo de 2022 Derechos para todas, todos los días en todas sus formas, que eduque en la corresponsabilidad, la equidad, la autonomía y la libertad. Queremos un currículum basado en la interculturalidad, que reconozca la diversidad y las aportaciones de todos los grupos sociales, como el pueblo gitano; que abandone el paradigma androcéntrico, extractivista, eurocéntrico y colonial; que celebre y fomente la riqueza lingüística y cultural del Estado español y que incluya de manera efectiva la diversidad funcional.

Exigimos una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, que remunere y valore adecuadamente a quienes trabajan en ella, ocupen el puesto que ocupen. Pero una sanidad que garantice el derecho al aborto; libre de violencia obstétrica; que garantice todos los derechos reproductivos y sexuales y se dote de recursos para ejercerlos con dignidad; que respete la intimidad y la autonomía de todas las personas, que atienda nuestro bienestar emocional y psíquico; que combata los sesgos capacitistas, de clase, de género, LGTBIfóbicos y racistas; que ponga la salud de las trabajadoras por encima de los intereses de las empresas. Queremos salud, entendida como bienestar físico, mental y social, no solo como ausencia de afecciones y enfermedades.

Nuestra salud es incompatible con la violencia que ejerce sobre nuestros cuerpos, corazones y mentes eso que llaman el “mercado” de trabajo, en complicidad con el mercado de la vivienda. Exigimos condiciones laborales dignas para todas: acabar con las externalizaciones, la temporalidad y las jornadas parciales no deseadas; acabar con los abusos empresariales, con la explotación de las autónomas y con la marginalización de las jóvenes y de las personas con diversidad física e intelectual. Exigimos que ni los derechos sociales ni la situación administrativa se vinculen al trabajo asalariado; que se cierren las brechas, tanto salarial como de las pensiones; que se refuerce la inspección laboral. Exigimos que se atienda especialmente a los sectores feminizados, precarizados e invisibilizados (jornaleras, limpiadoras, kellys) y que se ratifique de una vez por todas el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico.

Exigimos un sistema de atención a la dependencia público, universal, gratuito y de calidad. Pero un sistema que priorice la autonomía, la independencia, la dignidad y la libertad de las que necesitamos estos cuidados y de las que cuidamos; que garantice las condiciones laborales de las trabajadoras del sector, muchas de ellas migrantes. Queremos vivir plenamente todas nuestras vidas: personal, afectiva, familiar, militante y, si no queda más remedio, laboral.

Exigimos una justicia gratuita, universal y accesible. Pero una justicia que nos escuche, que nos crea, que no nos exponga; que elimine los sesgos patriarcales, racistas, clasistas y capacitistas. Una legislación que respete nuestra libertad sexual, que no nos victimice, que busque soluciones que no pasen solo por la tipificación de delitos y el aumento de las penas; que persiga eficazmente la trata con fines de explotación laboral y explotación sexual. Exigimos el derecho a la autodeterminación de sexo y/o género para todas, sin limitaciones. Exigimos la regularización de las personas migrantes, la derogación de la ley de extranjería y el fin de la represión asesina en la frontera sur, el cierre de los CIES y el derecho al voto de todas las personas que viven en el Estado español.

Queremos un mundo sin muros, ni fronteras, ni guerras. No queremos explotar a nadie. No queremos sustentar nuestra vida sobre la explotación de otros territorios, de otras poblaciones, de otras mujeres. Nuestro bienestar no puede depender de un sistema colonial que oprime a tres cuartas partes de la población, ni de un sistema extractivista que amenaza con destruir el planeta.

Somos un grito global: Nuestra lucha es la de todas, en todos los lugares del planeta. Somos un grito global que viene de lejos: Las miles de mujeres que padecieron la represión franquista en todas sus formas son parte de nuestra memoria democrática y feminista. Somos un grito global que llega de lejos: Caminamos con las defensoras indígenas de la tierra, con las mujeres polacas, brasileñas, húngaras, indias y todas las que se enfrentan a gobiernos fascistas; con las mujeres mexicanas, sudafricanas, salvadoreñas y todas las que se organizan ante los feminicidios y la complicidad de sus gobiernos; reivindicamos la libertad y agencia de las mujeres afganas, palestinas, malienses, kurdas, saharauis y de todas las que resisten las guerras, las diásporas y los exilios. Nos fortalecen las victorias: hemos sacado los pañuelos verdes con nuestras compañeras argentinas y colombianas y su conquista del derecho al aborto y hemos vibrado con nuestras hermanas chilenas y su grito contra la violencia. Hacemos nuestras todas y cada una de las resistencias que las mujeres están batallando, desde sus territorios y sus cuerpos.

El movimiento feminista, en toda su diversidad, construyendo múltiples y valiosísimas alianzas, es una caja de resonancia de toda la conflictividad social, así como del deseo y el entusiasmo por cambiarlo todo, desde la convicción de que un mundo justo es posible. Somos un movimiento de genealogías diversas que transforma todos los aspectos de la vida.

En este contexto de crisis global, las feministas tenemos un plan, dibujamos otra trayectoria posible, con una potencia feminista que atraviesa fronteras y derriba muros. Nos llamamos a seguir caminando juntas, a seguir en rebeldía hasta que la sociedad feminista que queremos sea una realidad para todas y cada una. ¡Derechos para todas! Ayer, hoy, mañana, todos los días, ¡aquí estamos las feministas!

La Comisión 8M Madrid convoca una rueda de prensa el próximo 4 de marzo a las 11.30 horas. El lugar se confirmará el jueves.

Foto: AmecoPress, cedidas por la Comisión 8M.

Periodistas de Francia piden a AMLO solucione el conflicto de Notimex                    

* Eco mundial a las demandas laborales del SUTNOTIMEX por su inquebrantable resistencia

* Emmanuel Poupard, Primer Secretario General del SNJ firma una carta enviada al presidente mexicano

Micaela Márquez

SemMéxico, Cd. de México, 1 de marzo 2022.- El Sindicato Nacional de Periodistas de Francia (SNJ) solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga para solucionar la huelga que durante dos años, aun en la pandemia, tiene a periodistas sin ingresos, por la negativa de la gerente general, SanJuana Martínez Montemayor a resolver la situación.    

“El paro en Notimex batió todos los récords al convertirse en el paro más largo de la historia de México realizado por un organismo público. Ahora es una lucha histórica que el Presidente de la República debe tratar de resolver, porque las actuaciones que dieron lugar a esta huelga constituyen una violación de la constitución política del país, así como de los tratados acuerdos internacionales sobre libertad sindical”.

En la carta firmada por Emmanuel Poupard, Primer Secretario General del SNJ, el histórico sindicato de periodistas profesionales fundado en 1918, solicitan al “Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior” que utilicen su influencia como miembros del directorio de Notimex para cabildear y lograr que el órgano supremo del organismo se reúna y promueva una solución a este conflicto de trabajo.

Exigen al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, máxima autoridad del trabajo en el país, dictar sentencia en el juicio de imputabilidad interpuesto por las y los trabajadores como medio para resolver el paro laboral.

El secretario general del SNJ pide respetuosamente al Jefe del Ejecutivo que resuelva esta huelga con los principios de respeto, trabajo y derechos humanos que ha distinguido a México.

Le recuera que huelga de Notimex tiene eco mundial ante la “inquebrantable resistencia” de las y los trabajadores, en su mayoría mujeres, que han hecho frente a insultos, ataques incluso a nivel personal, campaña de difamación y denuncias sin base legal y que ha sucedido durante la pandemia del Covid 19 que vulnera los derechos humanos.

Señala que el conflicto surgió a raíz de la negación de la empresa para firmar el contrato colectivo de trabajo que resultó en cientos de despidos injustificados y ausencia de revisión contractual y salarial, al amparo de una política de austeridad en la que se suponía que los derechos de las ylos trabajadores sindicalizados estaban garantizados.

Estamos enterados que los derechos de las/los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIMEX), son reconocidos por las autoridades laborales y judiciales del gobierno mexicano, pero siguen bloqueados con un futuro incierto debido a la negativa de dar solución al conflicto de la gerenta general de la Agencia del Estado, San Juana Martínez Montemayor, dice Poupard en la carta

“Sumamos nuestras voces, -se lee en el documento-, a instar al gobierno mexicano a que intervenga de inmediato para poner fin a la persecución política contra la dirección del Sindicato y permitir la apertura de un diálogo realmente eficaz entre el sindicato y la dirección”.

Finalmente, el dirigente sindical francés hace énfasis en que el gobierno mexicano tiene la oportunidad y la responsabilidad de respetar su compromiso con los trabajadores del país, dados los fuertes compromisos que ha asumido en el respeto de los derechos de los trabajadores y la mejora de las condiciones de trabajo.

SEM/mm/sj

Incorporar a 8.2 millones de mujeres al trabajo, daría 3.5 billones de pesos al PIB

* Sin agenda sustantiva de igualdad laboral, México tardaría 60 años para alcanzar a los países de la OCDE

* Incorporarlas al mercado laboral se traduce en libertad económica para ellas y beneficios económicos para sus familias y el país

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 1 de marzo 2022.- En una proyección económica al 2030, si México sumara a las 8.2 millones de mujeres a la participación económica al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que es del 56 por ciento, el Producto Interno Bruto (PIB) del país sería equivalente a 3.5 billones de pesos adicionales.

La pandemia borró el escaso avance de los últimos 15 años en la participación laboral de las mujeres, lo que representa toda una generación perdida. Hasta antes de la pandemia, solo el 45 por ciento de las mujeres mayores de 15 años contaban con un trabajo o estaban en búsqueda de uno.

De no implementar una agenda sustantiva y real para la igualdad entre hombres y mujeres, y mantener la tendencia actual, México tardaría casi 60 años en alcanzar la tasa de participación económica promedio de los países de la OCDE. 

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó la capacidad nacional y la de los países de la OCDE para atraer y retener a más mujeres en la economía, ya que sostiene que más mujeres en el mercado laboral se traduce en libertad económica para ellas y beneficios económicos para sus familias y el país.

El Centro de Investigación propone incorporar 816 mil mujeres cada año de las cuales tendrían acceso a seguridad social 490 mil de ellas. Esto implicaría aumentar el ingreso nacional atribuible a las mujeres en 31 por ciento en los próximos 10 años, es decir 122 mil pesos anuales por cada mujer que se incorpore al mercado laboral, que incluye un aumento en el ingreso de los hogares, prestaciones laborales y derrama económica hacia otros sectores.

Equivaldría a un incremento en el ahorro para el retiro y la vivienda de 3.6 mil millones de pesos anuales y un aumento en la recaudación fiscal por impuesto sobre la renta e 2.5 mil millones de pesos anuales.

Para las empresas al sumar a más mujeres y, sobre todo, en cargos directivos los beneficios económicos se traducirían en un aumento en sus ganancias del 55 por ciento en el margen de sus ganancias, y 47 por ciento su retorno sobre el capital. Además, de prestigio en atraer y retener talento con mayor facilidad en un 60 por ciento.

Las condiciones que el país requiere para lograr la participación de las mujeres es invertir en un sistema universal de cuidados que se enfoque en cuidado y desarrollo infantil y cambiar los permisos de paternidad por licencias de cinco días intransferibles, obligatorias y financias por el IMSS o el ISSSTE.

Incentivar la certificación de las empresas con la norma 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación e impulsar créditos fiscales a las Pymes que contraten a mujeres que regresan al mercado laboral después de un embarazo o cuidado de familiares. 

Fomentar inversiones responsables enfocadas a mejorar las condiciones laborales de las mujeres y transparentar las políticas de inclusión y representación de las mujeres en las empresas mexicanas.

SEM/em/sj

Ningún violentador al poder, iniciativa ciudadana 3 de 3 Vs la Violencia

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* El mensaje es claro: impedir que quienes tengan antecedentes como agresores ingresen o permanezcan en el servicio público

* Busca elevar los estándares de la ética pública y política

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Cd. de México, 28 de febrero, 2022.- Para que ningún agresor, de cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres, ocupen cargos públicos o de elección popular, Las Constituyentes MX proponen la iniciativa ciudadana 3 de 3 Vs la Violencia en la que se reformarían o adicionarían diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta incluye reformas a 12 artículos de la Constitución mexicana bajo la consideración que el derecho de la población a ser gobernada por personas que busquen en su ejercicio y desde su responsabilidad, la erradicación de la violencia en todas sus formas y manifestaciones, de manera especial la que consume a las mujeres por razones de género derivado de las causas estructurales que perpetúan la desigualdad y discriminación.

La iniciativa ciudadana deberá ser presentada a una de las dos cámaras, de diputados o senadores, con el respaldo en firmas del cinco por ciento del padrón electoral nacional, casi cerca de cinco millones de firmas, y cuando sea aprobada, deberá ser igualmente ratificada por al menos 16 congresos locales.

Su objetivo, explican las promoventes, es elevar los estándares de la ética pública y política, que hasta hoy no considera la corresponsabilidad para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, “un delito que como tal debe ser sancionado venga de quien venga”.

El mensaje es claro: impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público y/o permanezcan en él, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de la ciudadanía.

La iniciativa está respaldada en la normatividad internacional y en la propia, de ahí que el Estado mexicano debe fortalecer la legislación vigente para proteger los derechos humanos de las mujeres, explican.

La propuesta se retoma del trabajo de la organización política “Las Constituyentes Feministas” que ha impulsado a nivel nacional una iniciativa denominada “el 3 de 3 de violencia de género”, que propone como requisito para ocupar cargos de elección popular o para desempeñarse en el servicio público tres puntos básicos: No ser deudor de pensión alimenticia; No ser acosador sexual, y No ser agresor por razones de género.

Sin embargo, se plantea es un hecho que en las y los servidores públicos aún permanecen arraigadas prácticas discriminatorias y machistas que se traducen en violaciones reiteradas a los derechos humanos de las mujeres y, en consecuencia, en la imposibilidad de vivir libres de violencia.

Frente a esa realidad, 3 de 3 Vs la Violencia propone como imprescindible modificar las prácticas institucionales y culturales de quienes ocupan o pretenden ocupar espacios públicos.


Quien ejerce violencia no reconoce su conducta, cree que los otros provocan su reacción, se justifica, se asume asimismo como perjudicado y minimiza las consecuencias. De ahí que no están en condiciones de emprender e implementar acciones para prevenir, combatir y sancionar la violencia que tanto daña a nuestra sociedad y en cuyas manos está la elaboración y modificación del marco legal.

Alarmante violencia

Califican de alarmantes los referentes sobre violencia contra las mujeres: Más de la mitad de las mexicanas reportan haber vivido algún incidente de violencia en uno o en varios ámbitos; aumentan las estadísticas de feminicidio y de homicidios dolosos de mujeres registradas reflejan un incremento de más de 200 por ciento. Víctimas jóvenes sin acceso a la justicia, hay impunidad.

En suma, frente a la emergencia nacional, la iniciativa propone, además, de la violencia política, que las personas con antecedentes por cualquier tipo de violencia de género no puedan contender por algún cargo de elección popular, ni ocupar y/o permanecer en los cargos públicos y que esto no se limite solo a los cargos de elección popular.

ONU Mujeres dio a conocer un informe con datos que revelaron que cada día nueve mujeres son asesinadas en México, seis de cada 10 mexicanas han sido víctimas de algún episodio de violencia a lo largo de su vida, el 41,3 por ciento ha sido víctima de agresiones sexuales.

Miles de mujeres se han movilizado exigiendo un alto a la violencia en su contra, en un país donde ocho de cada 10 mujeres se sienten inseguras, sin duda esta situación genera enojo e indignación en una gran parte de la sociedad mexicana que exige resultados firmes en su protección.

Deudores alimentarios morosos

Dejar de cumplir con ese deber (ético y moral) pone en riesgo la integridad física del acreedor, lo cual es grave si deriva principalmente de una conducta intencional, de ahí que un deudor alimentario podrá cancelar esa deuda si quiere entrar al poder.

La iniciativa explica que la violencia contra las mujeres por razones de género, tanto en el ámbito público como en el privado, por parte personas que ocupan o aspiran a ocupar un cargo en cualquiera de los niveles y órdenes de gobierno, se comete con un doble privilegio el cual debe ser desterrado de forma firme y decidida, “…el pacto patriarcal se traduce en impunidad cuando éste se acuña en las instituciones del Estado”.

Enumera además que el 88.4 por ciento de las mujeres no solicitó ayuda, ni presentó queja o denuncia, aunado a numerosos relatos de mujeres vulneradas por la deficiente atención y la revictimización; son obligadas a destinar más tiempo para presentar sus denuncias, ser atendidas por el médico legista o para recibir apoyo psicológico, pese a ese peregrinar, hay fallas en la integración de las carpetas y los agresores permanecen en libertad.

De ahí que, aseguran, las mujeres no pueden ser las responsables de cargar con las fallas del Estado en la procuración y administración de justicia.

La propuesta legislativa refiere “antecedentes”, como son las sentencias condenatorias ejecutoriadas, pero también el Banco Nacional y los Bancos Estatales de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres; las recomendaciones de los organismos protectores de los Derechos Humanos; la información contenida en los registros de agresores sexuales los cuales de no existir deben generarse, y la información que obre sobre los deudores alimentarios morosos.

Estas bases de datos serán eficaces para el registro de candidaturas, la designación, nombramiento y reclutamiento de las y los servidores públicos a cualquier cargo o puesto público y de esta forma certificar que no tienen antecedentes como agresores y, en caso contrario, sea un impedimento para el desempeño del cargo. Sería insuficiente evitar el ingreso de agresores al servicio público sin prever que las conductas de violencia pueden ocurrir durante el desempeño del cargo público.

Cinco entidades ofrecen mejores condiciones de trabajo para las mujeres: IMCO

* Ciudad de México, Baja California Sur, Baja California, Colima y Nuevo León mejores oportunidades

* Cuidados, el mayor obstáculo de las mexicanas para participar en la economía

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 1 de marzo 2022.- Las entidades federativas son clave para lograr la permanencia de las mujeres en la economía, cuya participación económica difiere de acuerdo a las condiciones laborales de cada entidad, que van de un 56 por ciento en Colima, similar a la participación de las mujeres en Estados Unidos, a la de Chiapas a un 31 por ciento igual a la de Turquía.

Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), tras asegurar que en México se desaprovecha el talento de las mujeres, destacó que el principal desafío de las entidades federativas es que las mujeres permanezcan en la economía remunerada. 

En el diagnóstico nacional Estados con Lupa de Genero 2022, el IMCO encontró que los cinco estados que en general ofrecen mejores condiciones a las mujeres para trabajar son la Ciudad de México, Baja California Sur, Baja California, Colima y Nuevo León. Mientras las peores condiciones para trabajar se registran en Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Tlaxcala y Chiapas. 

El tiempo que le dedican las mujeres al trabajo no remunerado es el indicador determinante que les impide participar en la economía del país, son 68 por ciento las horas que le dedican las mujeres al cuidado en las entidades con mejores condiciones laborales, mientras que este porcentaje se dispara a 72 por ciento que es la media nacional. 

Por lo que una de las principales propuestas para que las mujeres se sumen a la economía es la aprobación con presupuesto del Sistema Nacional de Cuidados, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 18 de noviembre del 2020, y se encuentra detenida en la Cámara de Senadores para su aprobación.

Entre otras propuestas está el generar incentivos para que las empresas implementen políticas vida-trabajo para sus empleados, el que se desarrollen habilidades en las niñas y mujeres para mejor su oportunidad en el mercado de trabajo, ya que el nivel educativo por entidad también fue determinante, e incentivar la corresponsabilidad de cuidado en la primera infancia a través de permisos de paternidad.

Entre los hallazgos del IMCO se encontró que Yucatán es la entidad con mayor puntaje para la entrada de las mujeres al empleo, con 71.2 por cada 100 mujeres. Nuevo León mejor puntaje con permanencia con 58.8 por cada 100 mujeres. Colima obtuvo el mayor puntaje en crecimiento económico para las mujeres con 74.6 por cada 100 mujeres. 

Entre los indicadores, el embarazo adolescente impacta fuertemente como es el caso de Guanajuato, donde también impacta el menor nivel educativo.  Al respecto el estudio señala que la mitad de las mujeres de 18 años o más, tienen al menos estudios de preparatoria en comparación con 41 por ciento a nivel nacional, en las cinco mejores entidades para trabajar como son Ciudad de México, Baja California, Baja California, Colima y Nuevo León.

Respecto a la participación de las mujeres en la política Colima, Ciudad de México y Baja California registraron mejor desempeño en alcaldías, presidencias claves de los congresos estatales y titulares en instituciones de los gobiernos actuales.

Sin embargo, la participación de las mujeres en los puestos de decisión no se ha traducido en mayor crecimiento en el resto de las instituciones del país, en el 2019 solo el 18 por ciento de las titulares de las dependencias de la administración pública federal fueron mujeres.

En el sector privado también hay una baja representación de ellas, que se reduce aún más conforme ascienden los puestos directivos.

Mientras que el 35 por ciento de la plantilla laboral de las empresas que cotizan en las bolsas mexicanas de valores son trabajadoras, solo el uno por ciento de las direcciones generales están ocupadas por mujeres y representan el nueve por ciento del total de miembros de los consejos de administración.

SEM/em/sj

Textura Violeta| El Relator se fue, la violencia (y la lucha) sigue

Drina Ergueta

SemMéxico. La Paz-Bolivia, 1 de marzo, 2022.- En medio de las celebraciones carnavaleras, recuperadas luego de la pandemia, muy lejos han quedado ya los primeros resultados de la visita a Bolivia del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán; mucho más uno de los puntos en los que él hizo énfasis, relativo a las mujeres; y también las acciones y logros que, en materia jurídico policial, las mujeres han hecho al margen de este personaje.

Hace menos de una semana los diarios llevaban días escribiendo sobre la llegada y reuniones del Relator, con especial interés en a quién iba a escuchar y lo que él fuera a decir posteriormente, en un simple afán de conseguirlo como validador de posiciones políticas en la polarización que vive Bolivia desde hace años.

García-Sayán llegó al país para hacer una evaluación de la situación e independencia del sistema judicial y de magistrados y abogados, basado en varios aspectos entre los cuales figura el de la “visión de género”. Sobre este punto él también se refirió antes de abandonar el país, punto que apenas fue reflejado en los medios, interesados (o decepcionados) por publicar que él no encontró ningún caso que le demuestre que haya persecución política en la justicia.

El Relator dijo que observó que en Bolivia es difícil el acceso a la justicia para las mujeres que sufren violencia, lo mismo que ocurre con las personas indígenas. Estos puntos, entre otros, serán reflejados en detalle en su informe que será dado a conocer a mediados de este año.

García-Sayán ya presentó datos sobre las “políticas destinadas a garantizar la equidad de género” en varios puntos del planeta, donde aún no aparecen los de Bolivia. Estos se refieren a medidas que impacten en el acceso de las mujeres al sistema de administración de justicia, tanto como víctimas como siendo juristas.

Por ejemplo, explica que, en América Latina, Argentina cuenta con un 30 por ciento de juezas y un 26 por ciento de procuradoras y fiscales; el Perú tiene un 42 por ciento de juezas y Colombia un 43 por ciento. En el Uruguay, el 81 por ciento de las fiscales son mujeres. En los Estados Unidos de América las juezas representan el 36 por ciento. En Chile las juezas representan el 60,2 por ciento de la totalidad. Las mayores proporciones, están en el Caribe: la isla de San Cristóbal tiene el 83 por ciento de juezas; las Bahamas y San Vicente y las Granadinas con una proporción del 64 por ciento.

Saber que hay más o menos mujeres en un espacio tradicionalmente masculino es un dato relevante para evidenciar el acceso femenino a puestos de poder; sin embargo, es evidente que el hecho de que haya más mujeres juristas no garantiza que su perspectiva deje de ser patriarcal. Por ello, el informe que el Relator pueda hacer es simplemente descriptivo y posiblemente no refleje el trabajo que realizan otras mujeres, desde un trabajo individual u organizativo, para lograr justicia.

El Relator llegó a Bolivia poco después de que se haya destapado un entramado judicial corrupto que favorecía a feminicidas y violadores sentenciados, en cuyo descubrimiento, con la recopilación y denuncia de casos, participaron varias organizaciones feministas como Mujeres Creando y Mujer de Plata, entre otras. La activista María Galindo denunció al director del Penal de San Pedro y logró que sea apartado del puesto; así como también logró, gracias a presionar a una fiscal, que se detenga un feminicida sentenciado. De igual forma, la abogada Jessica Echeverría logró finalmente que sea sentenciado a 20 años de prisión al líder de la “manada” de violadores boliviana, en Santa Cruz.

El Relator, cuya llegada y presencia causó tanto revuelo, se fue hace unos días y ya se le ha olvidado. Lo que dijo respecto a las mujeres pasó inadvertido y posiblemente así también será en junio cuando dé su informe, con sus estadísticas y recomendaciones. Aún es carnaval y la fiesta sigue, seguramente dejará casos de violencia machista, violaciones y feminicidios que tampoco serán relevantes. Sólo la lucha de las mujeres da y dará frutos.

8 de marzo: Nada respecto a nosotras sin nosotras

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* Exigimos dignidad, libertad, integridad, autonomía, trabajo decente libre de acoso y hostigamiento sexual

* En medios 6 % de los contenidos destacan temas respecto a la igualdad de género

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 1 de marzo, 2022.- La Red Lucerna emitió un pronunciamiento en el que se une a todas las trabajadoras latinoamericanas que acompañan para exigir: igualdad en el trabajo; trabajo docente, digno y respetuoso; seguridad en el trabajo; erradicación del acoso, el hostigamiento y violencia laboral y sexual en el trabajo y en las escuelas.

El pronunciamiento dirigido a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, a

las mujeres trabajadoras de América Latina y a las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos es un sentido llamado al 8 de marzo en el que plantean que las decisiones que afectan la vida de las mujeres deben ser lideradas por mujeres. Nada respecto a nosotras sin nosotras.

En el pronunciamiento señalan que las mujeres de todo el continente nos convocamos a exigir la dignidad, la libertad, la integridad, la autonomía, la posibilidad real de un trabajo decente y seguro, donde se nos garantice un espacio libre de acoso, de hostigamiento, de violencia sexual en el lugar de trabajo.

“Venimos de atrás, de donde nadie escucha, donde permanece sorda la exigencia del trabajo digno, de la seguridad laboral. Las mujeres no somos vistas como seres humanos que merecen respeto en el ejercicio de nuestra labor como estudiantes y trabajadoras, día con día, hora tras hora, las mujeres soportamos múltiples cargas sociales y culturales. Subsistimos entre la violencia simbólica y el feminicidio”.

Los medios, como reflejo cultural de las sociedades, encontramos que la desigualdad prevalece entre mujeres y hombres desde las noticias, prensa, radio y televisión.

Solo el seis por ciento de los contenidos destacan temas respecto a la igualdad de género, el porcentaje se eleva a un 46 por ciento en cuanto a historias que refuerzan estereotipos sexistas.

En esta pandemia de violencia, señalan, se nos oprime dos veces y más, y a ella se suma la pandemia por la COVID, que generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región de acuerdo con datos de la CEPAL, 2021.

“Millones de mujeres se han visto desprovistas de Seguridad Humana, de la seguridad personal, de la seguridad laboral y hemos tenido que padecer la precarización de nuestra propia vida y la de nuestras familias”.

En ese sentido, refieren que las mujeres ocupan el 27 por ciento de los puestos de alta dirección en organizaciones de medios de comunicación. Carecemos de derechos laborales, de un salario igual, de condiciones de seguridad integral, de derechos sociales, vivimos en el permanente chantaje y la continua violencia machista institucionalizada.

Y apuntan que, en la industria del Cine, la desigualdad tiene sexo: 79 por ciento son hombres, frente a un 21 por ciento de mujeres.

Hemos visto a todo lo largo de la región latinoamericana pisos, techos de cristal, y cómo se ha borrado e impedido a las mujeres el ejercicio de la toma decisiones públicas, hemos visto los retrocesos en materia social, económica y política que permiten el adelgazamiento del Estado, de sus instituciones y con ellos de los avances que durante años de lucha se impulsaron en América Latina y el mundo para garantizar los derechos de las mujeres trabajadoras.

trabajo y en las escuelas.

Compartimos convocatoria de las mujeres cineastas latinoaméricanas

✴ Suscribe por la Ratificación del Convenio 190 de la OIT. Es el primer Convenio contra el acoso y la violencia en el mundo del trabajo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm-SaIucHfHyZk7ynTEWoJY_r9aJmFpVmIgLgPHpNv0CELPQ/viewform?usp=sf_link

SEM/sj

Eliminemos las leyes que perjudican, creemos leyes que empoderan: ONUSIDA

1 de marzo, Día de la Cero Discriminación

Todo el mundo es responsable de que los Estados asuman su deber

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Ginebra, 1 de marzo, 2022.- El 1 de marzo, Día de la Cero Discriminación, celebramos el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad, destaca ONUSIDA en la publicación Eliminemos las Leyes que Perjudican, Creemos Leyes que Empoderan.

El Día de la Cero Discriminación pretende enfatizar cómo informarse y fomentar la tolerancia, la compasión, la paz y, sobre todo, un movimiento por el cambio. El Día de la Cero Discriminación contribuye a crear un movimiento global de solidaridad con el fin de acabar con cualquier forma de discriminación.

El documento revela que en muchos países, las leyes crean diferencias en el trato entre personas, muchas quedan excluidos de los servicios básicos o sufren restricciones en su manera de vivir solamente por quiénes son, qué hacen o a quién aman. Dichas leyes son discriminatorias; restringen los derechos humanos y las libertades fundamentales.

ONUSIDA señala que se puede sufrir más de una forma de discriminación. Una persona puede sufrir discriminación por su condición médica, raza, identidad de género u orientación sexual, lo cual tiene graves efectos tanto en el individuo como en el conjunto de la comunidad.

La legislación puede discriminar mediante la penalización de la conducta o la identidad. Algunas de estas son leyes sobre el trabajo sexual, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, el uso o la posesión de drogas para consumo propio, o la ocultación del estado serológico, la exposición al virus o la transmisión del VIH.

Otras leyes pueden obstaculizar el acceso a prestaciones y servicios. Pueden prohibir que las niñas vayan al colegio si están embarazadas o que las mujeres accedan a los servicios financieros sin el consentimiento de sus maridos. Asimismo, se puede exigir el consentimiento paterno para los adolescentes que quieran acceder a los servicios sanitarios o pueden restringir la entrada, la estancia y la residencia a las personas que viven con VIH.

Por ello plantea que los Estados tienen la obligación moral y legal de eliminar las leyes discriminatorias y promulgar otras que protejan a las personas de dicha discriminación. Esto aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados sobre los derechos humanos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en otros compromisos internacionales.

Algunos de los derechos que se pueden alegar para recurrir las leyes discriminatorias son los siguientes:

• El derecho a un trato igualitario ante la ley.

• El derecho a la educación.

• El derecho a las oportunidades económicas.

• El derecho a la privacidad.

• El derecho a la dignidad.

• El derecho a la salud.

• El derecho de asociación.

• El derecho a un juicio justo.

Todo el mundo es responsable de que los Estados asuman su deber, así como de promover el cambio y contribuir a eliminar las leyes discriminatorias. Los primeros pasos para lograr estos objetivos son conocer el derecho, identificar las leyes que pueden ser discriminatorias y hacerlas visibles.

En el documento que se puede consultar vía internet plantean que Cambiar las Leyes es Posible.

Por ejemplo, la igualdad de género todavía está muy lejos, aunque sabemos que el progreso es posible; tan solo hace 60 años, la mayoría de mujeres en el mundo entero no podía votar ni tener una cuenta bancaria a su nombre.

Revela que hay diferentes formas de cambiar las leyes discriminatorias:

• Procesos parlamentarios. Las leyes discriminatorias pueden ser abolidas mediante el liderazgo de los gobiernos y los votos de los parlamentarios.

• Juicios estratégicos. En muchos países, los tribunales tienen el poder de abolir leyes que suponen un impedimento para la realización de los principios de los derechos humanos consagrados en la constitución. Una persona u organización a la que afecten dichas leyes puede comenzar un juicio para conseguir la abolición de una ley.

• Consulta pública y referéndum. En algunos países, los ciudadanos pueden proponer una reforma de la ley mediante un recurso y solicitar el voto nacional o un referéndum.

El reto es acabar con la discriminación y cambiar las leyes es una responsabilidad común. Todos podemos participar en la lucha contra la discriminación y podemos marcar la diferencia en mayor o menor medida. La campaña de 2022 para el Día Internacional para la Cero Discriminación invita a las personas a actuar contra la legislación discriminatoria en sus respectivos países.

Proponen además acciones personales, de las organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y parlamentarios, y para asociaciones y organizaciones donantes.

Datos sobre discriminación

Mujeres:

• Más de 50 países mantienen leyes de nacionalidad que discriminan por razón de sexo.

• Veinticinco países tienen leyes de nacionalidad que niegan a las mujeres el derecho a conferir su nacionalidad a sus hijos en igualdad de condiciones con los hombres.

• Solo 10 países (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Suecia) ofrecen plena protección jurídica a las mujeres.

• En 18 países, a los maridos se les permite legalmente prohibir trabajar a sus esposas.

• Ciento cuatro países tienen leyes que impiden a las mujeres trabajar en determinados empleos.

• Entre los países que tienen leyes familiares explícitamente discriminatorias por razón de sexo se encuentran Iraq y Nigeria, donde la violencia doméstica está explícitamente permitida, y Bahamas, India, Singapur y Yemen, donde la violación conyugal sigue siendo legal.

• En 39 países existen leyes que impiden que las hijas hereden la misma proporción de bienes que los hijos.

Personas que consumen drogas

• En 2020, 35 países mantienen la pena de muerte por delitos de narcotráfico.

• En al menos 67 países, el uso o el consumo y/o la posesión de drogas para uso personal es un delito penal.

Trabajadoras-trajadores sexuales

• Al menos 98 países penalizan algún aspecto del trabajo sexual.

• Vender y/o comprar actos sexuales está parcial o totalmente penalizado en al menos 39 países.

• Al menos cinco países denuncian que es posible enjuiciar o sancionar la tenencia de preservativos

Relaciones sexuales entre personas del mismo sexo

• En seis Estados miembros de las Naciones Unidas (Arabia Saudita, Brunei, República Islámica de Irán, Mauritania, doce estados del norte de Nigeria y Yemen) la pena de muerte es el castigo legalmente prescrito para las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

• En otros cinco Estados miembros de las Naciones Unidas —Afganistán, los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia (incluida Somalilandia)— ciertas fuentes indican que podría imponerse la pena de muerte por relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, pero hay menos seguridad jurídica al respecto.

• En diciembre de 2020, 69 estados criminalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

Personas transgénero

• En 13 países, hay leyes específicas que criminalizan a las personas transgénero, penalizándolas con prisión, castigos corporales y, en los casos en que las leyes sobre relaciones sexuales entre personas del mismo sexo también se utilizan contra las personas transgénero, incluso con la muerte.

• No es posible cambiarse de género legalmente en al menos 47 Estados miembros de la ONU.

Personas que viven con el VIH

• En 2020, 92 países informaron a ONUSIDA de que tenían leyes específicas o generales que penalizaban la transmisión, la exposición o la ocultación del VIH.

• Al menos 20 países en todo el mundo siguen imponiendo restricciones de algún tipo a las personas que viven con el VIH a la hora de viajar.

• De entre los 19 países de los que disponemos datos, aproximadamente una de cada cinco personas que viven con el VIH han denunciado que se les ha denegado el acceso a la atención sanitaria (incluido el cuidado dental, los servicios de planificación familiar o servicios de salud sexual y reproductiva).

Pruebas del VIH obligatorias

• En 2018, 59 países confirmaron que siguen manteniendo la obligatoriedad de realizar pruebas del VIH para casarse, trabajar u obtener permisos de residencia, o dentro de determinados grupos sociales.

Jóvenes

• Cuarenta países informaron a ONUSIDA en 2021 de que tienen leyes que exigen el consentimiento de los padres/tutores para que los adolescentes accedan a anticonceptivos hormonales o de larga duración.

• Ciento ocho países informaron de que se requiere el consentimiento de los padres/tutores para someterse a la prueba del VIH, 43 países para la autoprueba del VIH, 92 países para el tratamiento del VIH y 22 países para el acceso a la profilaxis previa a la exposición.

• Algunos países establecen ciertas excepciones al consentimiento de los padres o tutores legales en función de la madurez demostrada: 10 para anticonceptivos hormonales o de larga duración, 15 para pruebas del VIH, ocho para la autoprueba del VIH y nueve para el tratamiento contra el VIH.

• El límite de edad en la legislación sobre consentimiento paterno varía según el servicio. La mayoría de los países que declararon contar con requisitos para el consentimiento de los padres/tutores tenían un límite de edad de 18 años, con excepciones en unos pocos países, donde los adolescentes de hasta 14 años podían acceder a un servicio sin el consentimiento de los padres/tutores.

SEM/lv/sj

Consejo de Género OEM: Leyes a favor de mujeres son casi letra muerta

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Foto: Laura Lovera

Especialistas coinciden en que la sobrerregulación y la burocracia terminan complicando el acceso de las mujeres a la justicia y la garantía de sus derechos

Saúl Hernández

SemMéxico/El Sol de México, 1º. de marzo, 2022.- El que en México exista una norma oficial que autoriza el aborto por violación –la NOM 046– no bastó para que a una niña indígena de 10 años que fue abusada sexualmente por un familiar se le practicara ipso facto la interrupción legal del embarazo en un hospital de Guerrero.

Tampoco importó que la víctima contara con un oficio del Ministerio Público que avalara dicho procedimiento y mucho menos que el derecho de las personas a decidir sobre el número de hijas e hijos que quieren procrear esté consagrado en el artículo cuarto de la Constitución.

El caso tuvo que explotar en los medios días atrás para que las autoridades de ese estado tomaran cartas en el asunto y cumplieran lo que la ley mandata, pero las niñas no siempre corren con la misma suerte y la ley generalmente suele ser letra muerta. Sólo en 2020, en medio de la pandemia, se registraron más de cinco mil nacimientos de madres menores de 15 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este marco se realizó la decimoséptima sesión del Consejo con Perspectiva de Género de la Organización Editorial Mexicana (OEM), donde feministas y especialistas coincidieron en que México no necesita mejores leyes en materia de prevención de violencia de género o de derechos sexuales y reproductivos, porque ya las tiene, sino que se cumplan las que existen.

Advirtieron que la sobrerregulación y la burocracia terminan enredando y complicando el acceso de las mujeres a la justicia.

“La normativa que tenemos en México es muy vasta, tenemos una Constitución de lo más garantista, me atrevería a decir que nos encontramos con una Constitución que podría entrar dentro de las top cinco en tema de derechos… Sin embargo, la pregunta es ¿se garantizan o no se garantizan?”, cuestionó Melissa Ayala, coordinadora de litigio en Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

“Hablamos, por ejemplo, del artículo cuarto (constitucional) que señala que todas las personas tenemos el derecho a escoger el número y el esparcimiento de las hijas y de los hijos que se quieren tener. Sin embargo, seguimos en una situación en donde a las mujeres, a las niñas y a las personas con capacidad de gestar se les sigue criminalizando por decidir sobre su cuerpo”, agregó.

Sara Lovera, periodista feminista y consejera permanente de la OEM, adelantó que en las próximas campañas veremos a políticos de todo el espectro prometiendo mejores leyes para disminuir la violencia contra las mujeres. Consideró que hay que tener cuidado con esos discursos porque el marco legal en la materia es muy robusto, “lo que falta es que baje la impunidad y que a los jueces los capaciten y que haya investigación judicial”.

Añadió que los derechos de las mujeres incluso están sobre regulados con legislaciones específicas que sólo complican el acceso a la justicia para las mujeres y sus derechos consagrados en las leyes fundamentales.

En el diagnóstico también concordó Adriana Fuentes Manzo, coordinadora del colectivo Equifonía A.C de Veracruz, quien agregó que México ya ha firmado muchos acuerdos internacionales sobre la materia como para que las autoridades locales estén reinventando más legislaciones.

“¿Para qué vamos a burocratizar más la norma, la ley, si tenemos tratados internacionales, si tenemos normas generales que son más amplias?”, dijo.

Por ejemplo, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, indicó que ya se cuenta con un marco normativo, “ahora hay que traducirlo en servicios y vamos a seguir vigilando eso servicios, que se cumpla la ley al final del día”.

Por su parte, Gabriela Ramírez, integrante del Centro de Información de la ONU en México y también consejera permanente de la OEM, pidió poner la lupa sobre los encargados de la impartición de justicia, especialmente en el ámbito penal, para comprender por qué las leyes rara vez se cumplen.

 “Sí claro, está la ley, (pero) eso tampoco basta. No sólo porque exista esa ley –y qué bueno que exista– tampoco se traduce en justicia… Hay que poner atención en cómo se aplica esa ley, si sirve o no, la cantidad de trabas legales para poder acceder a lo que esa ley dice, y el tema de cómo se imparte justicia, de cómo se interpretan esas leyes y de cómo encontramos muchas sentencias plagadas de estereotipos y de prejuicios que tienen las propias juezas y jueces”, consideró.

Gladys Morales, integrante del proyecto de la UNAM Mujeres en Espiral, indicó que en temas de violencia y discriminación por razones de género México cuenta con “un marco jurídico bastante sólido”, el problema es su aplicación, sobre todo en materia judicial.

Añadió que no necesariamente en todos los casos hay malos jueces o jueces misóginos, sino que existen otros factores dentro del Poder Judicial de los estados que entorpecen la aplicación de las normas, mismos que van desde su falta de independencia frente al poder político hasta las capacidades institucionales, de formación judicial e incluso de recursos técnicos o administrativos para garantizar justicia.

 “Tenemos que voltear a ver qué están haciendo los jueces y las juezas de primera instancia, como decisiones individuales, pero también cuál es la política institucional de los poderes judiciales locales frente a temas que implican violencia o discriminación por violencia de género”.

Al inicio de la sesión, Martha Ramos Sosa, directora general editorial de la OEM, hizo un recuento sobre el estatus las leyes aprobadas en los estados en materia de género hasta el pasado 14 de febrero. Seis estados ya legalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación; 18 entidades ya cuentan con leyes de identidad de género y 27 permiten el matrimonio igualitario, aunque no todos modificaron su código civil.

En algunos casos, como Guanajuato, el matrimonio igualitario se implementó por decreto estatal, en tanto que en seis (Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz) fue por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las ponentes coincidieron en que los medios de comunicación deben abordar estos temas desde la perspectiva de derechos humanos (y no de la nota roja), evidenciando todas las fallas del sistema para que las mujeres accedan a sus derechos reemplazando las notas “lagrimeras” por textos que orienten a las víctimas y sus familias sobre qué hacer, a dónde acudir y qué promover para que las leyes se cumplan.