*Hace 10 años, Jeniffer Barroso sufrió detención ilegal y tortura por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública

*Jorge Iruegas dejó pasar el tiempo y al menos en un caso prescribió el delito

Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 5 de julio, 2021- Jeniffer Barroso Rodríguez realizará este 28 de julio una marcha de pies descalzos hacia el Congreso local, para exigir a la diputación local la destitución del fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCO), Jorge Emilio Iruegas Álvarez y quien este junio cumplió cinco años en el cargo, la mitad de los que ella lleva demandando justicia.

La falta de avances en la búsqueda de justicia, las inactividades de la FEMCO han propiciado una jueza desestime el caso por prescripción en contra de una de las nueve personas implicadas en el delito de privación ilegal de la libertad, entre ellas, quien en 2012 fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla.

Barroso Rodríguez señala a Semméxico que Iruegas Álvarez no realizó lo que correspondía para que en su caso hubiera justicia, a pesar de que ella lleva luchando 10 años desde que en 2012 ocurrieron los hechos y ahora podrían quedar sin castigo quienes durante casi 24 horas detuvieron de forma ilegal, la torturaron y amenazaron de muerte mientras “la paseaban” por los alrededores de la capital oaxaqueña y a quienes pretendieron que los hechos no trascendieran.

Jeniffer Barroso Rodríguez explica a detalle lo ocurrido en septiembre de 2012 cuando sin ser policía sino personal administrativo en la Secretaría de Seguridad Pública fue amenazada con despedirla por no permitir que tres supuestos médicos, en un hospital particular, sin bata ni identificación, la sometieran a un examen médico que implicaba desnudarse totalmente para revisar si no tenía tatuajes, perforaciones en el cuerpo o cicatrices, además de “revisar” si el busto no era operado.

Expone que este hecho fue considerado como suficiente para despedirla y cómo ella se negó a dejar el lugar argumentando que no era policía sino una empleada administrativa, por lo que Jeniffer Barroso, empleada de la oficina de Comunicación Social se declara en huelga de hambre y advierte que no se irá del lugar.

Alrededor de las 8 de la noche, una persona que dijo llamarse Fabián Velasco Monjarrez dijo ser el representante jurídico del Comisionado de Seguridad Pública. Después ella misma descubriría que el supuesto abogado utilizó el nombre de otro empleado de la SSP.

“A mí me acusaban de usurpar un cargo público y a el abogado era quien en realidad estaba usurpando la personalidad de otro empleado de la dependencia”, dice con ironía y dolor, pues 10 años después de aquellos hechos ella sufre de estrés prostraumático, lo que ocasiona diversas enfermedades emocionales y físicas.

A esas horas, las oficinas de la Seguridad Pública habían sido desalojadas por el personal, habían apagado todas las luces y esa persona seguía amenazándome con detenerme, yo le pido me enseñe la orden de aprehensión. La respuesta fue tajante, “no la necesito, usted está cometiendo un delito en flagrancia por uso indebido de funciones”, por lo que le pide a cuatro policías que lo acompañaban que me detengan.

La acusación fue reiterada varias veces por el supuesto abogado del Comisionado, quien le advierte que ha cometido el delito de usurpación de funciones y uso indebido de condecoraciones. Y es que, apunta, aunque seas personal administrativo “te obligan a usar uniforme de policía que por supuesto tu misma compras”. Y no era policía, reitera, incluso “Jeniffer Barroso Rodríguez” nunca aparece en el Registro Nacional de Policías. Lo que sí era Jeniffer Barroso era funcionaria pública nivel 5A de la SSP.

Los cuatro policías la cargan, le cubren la cabeza con una manta y la suben a una camioneta blanca sin logotipos de identificación. Ahí empieza a ser golpeada en repetidas ocasiones, recientemente Jeniffer Barroso había dado a luz a sus gemelos. Además de los golpes físicos, los policías la amenazan con matarla, a ella, a su pareja y a sus tres hijos.

Ella sabe por el golpeteo del vehículo que van por caminos de terracería, pensó que sería asesinada, rogó por sus hijos y que su madre encontrara su cuerpo. Más de una hora después la camioneta volvió a una carretera, se dio cuenta que la habían llevado al cuartel de Seguridad Pública. La bajaron y la hicieron caminar entre dos filas de policías, mientas les decían: “miren lo que le pasó a esta mujer, piensen bien en lo que hacen, ustedes son policías y les puede pasar lo mismo o peor”.

Alrededor de las 11 de la noche, es entregada ante la policía municipal. Marco Tulio López Escamilla habrá de condicionar su libertad y amenaza que de lo contrario será ingresada en el penal de Ixcotel, a cambio ella tiene que desistir de sus derechos y de su trabajo. La respuesta de Barroso Rodríguez es que ella no mató ni robó a nadie, por lo que rompe los papeles enviados por el titular de la SSP a través de Carlos Morales Sánchez.

La noche fue larga para ella. A las seis de la mañana dos agentes ministeriales pasan por ella para trasladarla a los separos de entonces Procuraduría de Justicia del Estado, donde finalmente declara.

El sol empezaba a ocultarse de nuevo, ya casi daban las seis de la tarde cuando fue puesta en libertad sin delito que perseguir.

A pesar de todo dos días después es notificada que será sometida a un Consejo de Honor, lo que ocurrió el13 de septiembre, un “agravio extrajudicial” porque Jeniffer Barroso no era policía. Ella explica que por lo general los policías sometidos al “consejo de honor” esperan hasta ocho meses o pagan cerca de cien mil pesos al presidente del consejo policial, es decir, al secretario de Seguridad Pública.

Lo que siguió fue una larga carrera en su defensa, impedir, dice que las violaciones a sus derechos y delitos cometidos en su contra quedaran en la impunidad, “algo que Iruegas Álvarez, el fiscal anticorrupción, parece logar ahora”, señala con ironía.

Tanto la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditaron las violaciones sufridas por parte de la autoridad y se recomienda una disculpa pública, que sí ocurre un 15 de septiembre, pero dos años después de los hechos, sin la presencia de Marco Tulio López Escamilla, quien había dejado el cargo en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

La justicia ha sido lenta, cuatro años después de su detención ilegal, en 2016, fue reestablecida en su trabajo, recibe el pago de sus prestaciones y sueldos caídos, además de tratamientos médico-psicológico hasta que sane completamente. Aunado a la capacitación en derechos humanos y perspectiva de género para los elementos de seguridad.

Desde el primer momento, Jeniffer Barroso presentó su denuncia ante la Procuraduría, hoy Fiscalía General del Estado y es informada que le corresponde a la FEMCO llevar el caso. “La CNDH ya había hecho el trabajo, todo estaba en la recomendación, lo tenía todo peladito y en la boca, pero ni así hizo bien su trabajo. Dejó que pasara el tiempo, ahora enfrento que los tribunales podrían empezar a desestimar por prescripción.

Por ello, Jeniffer Barroso Rodríguez emprenderá una marcha de pies descalzos, demandando la destitución de Álvarez Iruegas y espera conseguirlo. Tengo 10 años luchando por la justicia y seguiré por ese camino hasta conseguirlo.