Alejandro Encinas ofreció hace 5 años reabrir el caso, pero el Estado Mexicano se niega a reconocer la participación del ejército
Martha Inés pidió a la CIDH justicia y que ninguna mujer pase por lo mismo en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, su madre
8 años después se espera que la Corte condene al Estado Mexicano por lo que hizo y no hizo
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México,1 de febrero 2025.-La tortura y violación, su muerte, sucedida hace 18 todavía tendrá de esperar. La audiencia realizada el pasado jueves, luego de 2 años de estudio, no tiene fecha de la sentencia. El Estado Mexicano sigue sin aceptar la intervención del ejército y ya hace 5 años que se ofreció reabrir el caso pero nunca se reabrió en México.
Este jueves la novedad es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH sigue sin plantear una fecha exacta para el fallo definitivo. La novedad es que ahora escucharon a la familia, lo hicieron en Náhuatl.
Se espera, no obstante una sentencia contra el Estado Mexicano pendiente desde 2012.
Memoria
Recordar que Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de 73 años víctima de violencia sexual por militares en 2007 algún día se garantice justicia y reparación del daño a 18 años de lo ocurrido.
Este fue un primer proceso de alegatos se expusieron los causales y las peticiones para las medidas de no repetición y reparación del daño. Los argumentos escritos se tendrán el próximo 3 de marzo para que la Corte pueda ejercer el fallo según lo denunciado en la audiencia oral.
El caso 13/425 a la CIDH todavía elabora la sentencia. Sin embargo, en México, la investigación nunca fue reabierta en México.
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Después de la audiencia pública en Costa Rica, en la que rindió testimonio Martha Inés, este jueves una de las hijas que ha pregunta de los jueces, de qué esperaba dijo querer justicia, porque a las mujeres no se les respeta y que ninguna mujer pase por lo mismo.
En conferencia de prensa el viernes, por las organizaciones que han acompañado a la familia, se señaló que es la primera vez que se escucha a la familia en un tribunal; que la audiencia fue en náhuatl y con acompañamiento psicológico para las víctimas, lo que sienta un precedente para los casos que involucren a personas indígenas en la CIDH.
Patricia Benítez destacó que es la primera vez que la familia de Ernestina Ascencio tiene oportunidad de ser escuchada, ya que el Estado Mexicano decidió negar los hechos y fueron silenciados. Este caso estuvo lleno de impunidad y encubrimiento por 18 años.
Dijo que el Estado Mexicano va a ser sentenciado por lo que hizo y por lo que no hizo. Agradeció a los medios de información la difusión de este caso que es emblemático
Norma don Juan Pérez de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) calificó como un logro que se haya hablado en náhuatl lo que permite ejercer los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas.
No se tiene la fecha exacta del fallo de la Corte pues en este primer proceso de alegatos se expusieron los causales y las peticiones para las medidas de no repetición y reparación del daño. Los argumentos documentados y escritos se tendrán el próximo 3 de marzo para que la Corte pueda ejercer el fallo según lo denunciado en la audiencia oral.
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Audiencia Pública en Costa Rica
En Costa Rica se llevó a cabo este jueves la audiencia pública en la sede de la CIDH. Con el testimonio de Martha Inés quedo evidenciado que en las comunidades rurales en México no hubo acceso a la atención médica, ni entonces ni ahora, ya que para obtener atención médica hay que recorrer kilómetros y sólo son centros de salud, por lo que Martha dijo que van con un médico particular.
¿Por qué la CIDH acepto el caso?
En la presentación del caso por la CIDH se detalló que Ernestina Ascencio fue a pastorear borregos y fue encontrada tirada en el suelo en mal estado físico con la falda levantada a 300 metros de la base militar de municipio de Soledad Atzompa en la sierra de Zongolica en Veracruz
Martha la encontró y salió a carretera a pedir auxilio. Ernestina manifestó en el vehículo que los soldados la había amarrado y le taparon la boca, la violaron. Dos civiles auxiliaron a las mujeres, durante la trayectoria acudieron a 5 centros médicos diferentes pero no les dieron atención, finalmente diez horas después llegan al Hospital de Río Blanco donde dictaminaron que había sido una violación, y antes de una intervención quirúrgica falleció.
También el Ministerio Público que realizó la investigación penal acepto que hubo una violación sexual a Ernestina y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) aceptó que hubo una violación sexual en un boletín público y que procedía a tomar testimonios a militares. Días después el presidente de la República Felipe Calderón declaró que no había rastro de que Ernestina haya sido violada y que falleció por gastritis crónica que no se atendió. La CNDH desestimo las declaraciones de Ernestina porque fueron en náhuatl y estaba moribunda. La SEDENA se retractó de su comunicado oficial y dijo que no había pruebas. Finalmente la investigación fue archivada.
La CIDH consideró que había pruebas suficientes de que Ernestina fue víctima de violencia sexual por miembros de la fuerza pública. Que el Estado Mexicano fallo en proporcionarle una atención médica accesible, disponible y apropiada. El Estado violo su derecho a la vida y a la salud.
En materia de justicia la CIDH la investigación en el fuero ordinario no se adelantó con debida diligencia reforzada en cuanto se trató de una mujer mayor, indígena y monolingüe. También el Estado violo el acceso a la información.
La CIDH considero profundizar su jurisprudencia respecto a obligaciones estatales frente a actos de violencia sexual con enforque interseccional frente a vulnerabilidad por ser mayores, indígenas y monolingües.
Justicia y que nunca una mujer pase por lo mismo, Martha Inés Ascencio
En náhuatl y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Martha Inés Ascencio hija de Ernestina Ascencio dio testimonio de cómo René Huerta exdirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), los llevó a ver a la Virgen de Guadalupe y fue quien les dijo que dejarán de investiga y que el caso debía cerrarse.
“Por cómo encontramos a mi mamá, empezamos a tener miedo a los militares. Teníamos miedo de encontrarnos con ellos, y hasta la fecha seguimos temiéndoles porque pueden decirnos o hacernos algo”, declaró Marta Inés.
Describió a su madre como una mujer feliz, querida por su comunidad, con muchas amistades, invitada frecuentemente a colaborar en actividades como hacer tortillas y elaborar artesanías en lana.
Como perito propuesto por la representación de las víctimas, compareció ante la Corte el investigador Ernesto Villanueva Villanueva, titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derecho de acceso a la información en México. Explicó que, desde el inicio, la primera versión oficial indicaba que Ernestina Ascencio Rosario falleció por falta de atención médica y presunta violencia ejercida por miembros del Ejército Mexicano.
Agregó que “después de 18 años, aún no se conoce la verdad sobre su muerte ni la justificación científica y jurídica para la modificación repentina de las causas informadas en su proceso. Esto ha generado indignación, incertidumbre y una grave afectación al derecho a la verdad”.
Sin embargo, denunció que “el organismo garante, sin ningún ejercicio interpretativo, confirmó la negativa a proporcionar la información”. A pesar que “En 2007, la ley vigente en Veracruz ya contemplaba disposiciones para cumplir con las obligaciones de transparencia, “este reclamo legítimo pudo haberse resuelto oportunamente, ya que desde el momento de los hechos existía un marco jurídico aplicable”, puntualizó.”.
La jueza Verónica Gómez preguntó sobre el acceso a la atención médica en su comunidad en 2007 y en la actualidad, y la jueza Nancy Hernández preguntó por qué, cuando llevaron a su madre a buscar atención médica, no se la proporcionaron, y si sabía la razón por la cual fue rechazada en varios lugares.
Por su parte, el juez Ricardo Pérez Manrique cuestionó el temor de la comunidad hacia los militares y mencionó que el 30 de abril de 2007 se dispuso el cierre de la investigación. Preguntó si alguna autoridad les explicó la decisión en su lengua o si solo les informaron que no era conveniente seguir adelante con la indagatoria. También solicitó detalles sobre la posición de su madre en la comunidad y sus relaciones con los demás habitantes.
El gobierno no reconoce participación del Ejército pero acepto que no garantizo el acceso a la justicia y fallaron los servicios de salud
El Estado Mexicano insiste que no hay evidencia directa que arroje datos para relacionar a los militares en la violación sexual que culminó con la muerte de Ernestina Ascencio, pero si se reconoció que no se garantizó el acceso a la justicia para la familia y que los servicios de salud fallaron.
“No existe evidencia directa en el expediente penal que permita vincular a agentes estatales en los hechos legados por la representación”, afirmó Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Los jueces de la CIDH cuestionaron que no se acepte la participación del ejercito a pesar de las pruebas que existen como el testimonio de Ernestina Ascencio y una serie de elementos contextuales, además de que se levantaron pruebas en la autopsia que además incluían material genético y que al mismo tiempo el Estado está reconociendo que violó el derecho de acceso a la justicia y derechos judiciales.