- Se han cumplido tres años de la detención arbitraria, urgen anular condenas en su contra
- Documentan al menos 13 de sus derechos humanos habían sido violados
Redacción
SemMéxico. Ciudad de México, 27 de octubre de 2023.- Once organizaciones de defensoras de derechos humanos –nacionales e internacionales- llamaron al Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de México y a las autoridades competentes, para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Kenia Inés Hernández Montalván, al cumplirse tres años de su detención arbitraria y pidieron su liberación de manera inmediata.
En una carta pública urgieron a las autoridades a anular las condenas que pesan en su contra, ya que parecen tener como único objetivo obstaculizar su labor en defensa de los derechos humanos y a garantizar medidas de reparación por los daños causados.
Explican que la privación de la libertad de Kenia Hernández, en cuanto madre y único sustento de sus hijos menores de edad, vulnera las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas (Reglas de Bangkok), particularmente las Reglas 4, 26 y 64, las cuales requieren que las mujeres detenidas sean enviadas a centros de reclusión cercanos a su hogar teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de otras personas.
Así como la facilitación por todos los medios razonables del contacto con sus familiares, incluidos sus hijos; y la preferencia por imponer sentencias no privativas de la libertad a mujeres que tengan hijos a cargo.
Durante tres años, el Estado mexicano ha violado los derechos humanos de Kenia Hernández, mujer indígena amuzga, abogada y defensora de derechos humanos que ha participado en varios movimientos sociales en el Estado de Guerrero y quien fue detenida arbitrariamente en octubre de 2020.
Kenia Inés Hernández Montalván detenida el 18 de octubre de 2020, por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General del Estado de México en la caseta de Amozoc, Puebla, sin ser informada de la razón de su detención, siendo sometida a malos tratos y violencia física.
Su familia y defensa legal no tuvieron comunicación con ella hasta la mañana siguiente, cuando se conoció su paradero y se anunció que estaba detenida en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Fue acusada de “robo con violencia armada”, así como “ataques a las vías de comunicación en pandilla” en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses. En octubre del 2020 fue acusada por la Fiscalía General de la República, junto a la representante de CAPUFE, como “una persona que pone en riesgo a la sociedad porque se manifiesta mucho”, por lo que solicitaron su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO) No. 16, Morelos, penal de máxima seguridad.
Antes de su detención arbitraria, Kenia Hernández se dedicaba a la defensa de la tierra y el territorio, de los derechos de las mujeres, y de los pueblos indígenas. En el cargo de coordinadora del “Colectivo Libertario Zapata Vive”; y como cofundadora e integrante del “Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero” (MOLPEG), acompañaba a sobrevivientes de violencia machista y a familiares de víctimas de feminicidio, a personas injustamente privadas de su libertad y a las personas afectadas por las actividades de empresas extractivas multinacionales en el territorio mexicano.
Actualmente, la defensora de derechos humanos enfrenta 11 procesos en su contra como represalia a su labor. Entre ellos, dos sentencias que suman más de 20 años en prisión en el Estado de México, por el delito de “robo con violencia”. Los otros nueve procesos son federales por el supuesto delito de “ataques a las vías generales de comunicación”, tres de los cuales han sido suspendidos. Los procesos judiciales contra Kenia Hernández han estado marcados por irregularidades.
Se le ha negado la participación presencial en sus audiencias, el derecho a la interpretación en idioma amuzgo y, además, se ha impedido que su familia pueda visitarla en varias ocasiones.
Kenia Hernández ha realizado dos huelgas de hambre, la primera el 17 de mayo de 2021, que duró 21 días, y la segunda el 17 de octubre de 2021, que mantuvo durante 61 días. Estas huelgas de hambre han profundizado su situación de vulnerabilidad y riesgo.
Ha sufrido discriminación basada en su género y pertenencia al pueblo indígena amuzgo, y denunció restricciones en su acceso a consultas médicas, así como al agua potable. En ocasiones fue sujeta a reclusión en total aislamiento, al ser considerada una “interna peligrosa” y hay un estricto control en su correspondencia, lo que ha impedido trasladarle insumos, restricciones a las reuniones con su defensa jurídica y a la visita de familiares y organizaciones de derechos humanos que acompañan su caso.
Documentan violaciones en su contra
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, luego de tres misiones de observación, concluyeron que al menos 13 de sus derechos humanos habían sido violados, entre los que se encuentran su derecho a la salud, a la no discriminación y a un juicio justo, entre otros. Asimismo, la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas han expresado preocupación por la “constante apertura de procesos de investigación con la finalidad de mantenerla privada de libertad”.
El caso de Kenia Hernández es un ejemplo del hostigamiento que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en México, marcado por un uso indebido del derecho penal para judicializar a las personas defensoras, así como por la criminalización de la protesta social.
La carta pública fue firmada por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos; Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”; ACAT Francia;
CIVICUS Global Alliance; Cultural Survival; Front Line Defenders (FLD): Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) ProDESC; Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
SEM/sj
