- También aprueban no discriminar a personas mayores en obtención de créditos.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 1 de marzo del 2023.- Para dar certeza a las personas adultas mayores sobre los derechos constitucionales a recibir un apoyo económico, la Cámara de Diputados avaló el dictamen que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Mayores.
Con la pensión contributiva a que tienen derecho las personas mayores de 64 años, las personas indígenas y afromexicanas adultas mayores se les reconoce a este grupo etario como titulares de derecho y da un piso mínimo solidario de protección social afirmó la diputada morenista, Brenda Ramiro Alejo.
Precisó que el apoyo económico que reciben las personas adultas mayores, en la gran mayoría de los casos es el único ingreso que perciben, lo que les permite satisfacer necesidades básicas de alimentación. Además, la pensión se blindó para no ser utilizada como moneda política, sino establecerse como un derecho y una obligación del gobierno, sea cual sea el color.
El dictamen menciona que, en México, el segmento de adultas y adultos mayores es el de más crecimiento y consolidación dentro de los distintos sectores de la población.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), para el segundo trimestre de 2022 se estimó que había 17 958 707 personas de 60 años y más (adultas mayores). Esta cifra representa 14 por ciento de la población total del país. En los hombres, este porcentaje es de 13; en las mujeres, de 15 por ciento.
En el dictamen se destacó que las personas mayores de 50 años en el 2021 eran 28 millones 137 mil 187, lo que significa que poco más de la quinta parte de la población estará entrando a una etapa de vejez o de adultez mayor.
El dictamen también menciona que el cumplimiento está sujeto a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Advierte que el monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el de las entidades federativas para el programa de apoyo económico de la pensión no contributiva, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
También, indica que el monto de la pensión no contributiva a que se refiere el presente decreto, se actualizará al considerar el Padrón de Personas Derechohabientes a cargo de la Secretaría de Bienestar.
Previamente, el Pleno aceptó la propuesta de modificación al dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presentada por el Grupo Parlamentario del PRD.
Reforma para garantizar derechos financieros de las personas adultas mayores
La Cámara de Diputados aprobó reforma para garantizar derechos financieros de las personas adultas mayores al adicionar un artículo 23 Bis a las Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
La diputada Ciria Yamile Salomón Durán del PVEM, promovente de la iniciativa, manifestó que el Estado mexicano debe garantizar que las personas adultas mayores no sean discriminadas al momento de intentar adquirir un crédito bancario o contratar cualquier otro producto financiero.
Argumentó que en México la discriminación por motivos de edad es una realidad que lastima y vulnera a todas las personas, de manera particular a las personas adultas mayores, no solo en el aspecto laboral, sino por parte del sistema financiero, por lo que se debe erradicar este tipo de prácticas, con la finalidad de alcanzar una sociedad más igualitaria. Con el dictamen, dijo, se busca impulsar una nueva cultura en la que se tome en cuenta a las personas adultas mayores como activos importantes en el ciclo económico.
“Nosotras y nosotros hemos sido testigos e incluso víctimas de prácticas discriminatorias en las que se nos ha impedido tener un libre acceso al crédito por nuestra edad, por la póliza o que la garantía financiera sea más elevada; no podemos permitir que esa situación continúe; la discriminación por motivos de edad es una práctica inhumana”. El reto está ahora en el sector privado.
Se establece que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, supervisara que las entidades del sistema financiero mexicano brinden sus servicios de forma universal, oportuna y efectiva a todas las personas adultas mayores, para asegurar su beneficio, seguridad e inclusión económicos.
Así como impulsar acciones que protejan y garanticen los derechos financieros de las personas adultas mayores, independientemente de su origen étnico, género, edad, tipo de discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, por parte de las entidades bancarias y financieras del país.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), dentro de sus facultades deberá inspeccionar, prevenir y corregir las prácticas de discriminación financiera que priven de un trato igualitario e incluyente a las personas adultas mayores.
El documento, remitido al Senado de la República para efectos constitucionales, precisa en los transitorios que para el cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 23 Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el Ejecutivo Federal tendrá un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, para armonizar sus normas reglamentarias en materia de prácticas de trato igualitario e incluyente a las personas adultas mayores.
SEM/MG
