- GIRE: insistimos en que los sistemas de salud proporcionen servicios de interrupción del embarazo de manera legal, segura y gratuita”.
- Los hospitales avisan a la Fiscalía que coacciona a las mujeres para que declaren que ellas se provocaron un aborto
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 28 de septiembre, 2021.- Alarmante el patrón de atención por parte de personal de salud y de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, señala GIRE, quien informa que entre abril y julio de 2021 tuvo conocimiento de varios casos de mujeres criminalizadas por aborto en esa entidad.
En todos los casos, los hospitales dieron aviso a la Fiscalía en cuanto las mujeres solicitaron atención médica, además de que se les coaccionó para que declararan que se habían provocado un aborto con la ingesta de pastillas, dice en un comunicado.
Asimismo, cuando el personal de la Fiscalía llegó a los hospitales, interrogó a las mujeres, les tomó fotografías y les hizo firmar su declaración sin explicarles los alcances de ese procedimiento. Todas fueron tratadas como criminales y durante su estancia en los hospitales no se les dio la información completa sobre su situación jurídica.
Por ello, la organización se suma este #28S “a las múltiples voces que robustecen el grito por la libertad y la autonomía reproductiva, e insistimos en la necesidad de que los sistemas de salud proporcionen servicios de interrupción del embarazo de manera legal, segura y gratuita”.
Explican que al conocer estos casos, se acercaron a las mujeres y sus familias para acompañarlas en el proceso penal iniciado en su contra, evitar que fueran privadas de la libertad y contribuir a que el acceso a los servicios de salud que requerían se diera en tiempo y forma.
Como muchas legislaciones en materia de aborto en el país, la de Aguascalientes refleja la creencia de que las mujeres deben privilegiar el valor de la maternidad y, en caso de no hacerlo, pueden ser penalizadas de diversas formas. Las sanciones por el delito de aborto van de 6 meses a 3 años de privación de libertad, o multas económicas que van de 40 a 80 días de salario mínimo.
La criminalización, sin embargo, impacta no sólo a quienes son procesadas penalmente por aborto, sino también a quienes cursan embarazos no deseados y deben elegir entre poner en riesgo su salud y su libertad, modificar su proyecto de vida o, bien, sufrir violencia institucional al acudir a hospitales a solicitar la interrupción del embarazo bajo alguna de las causales establecidas en las leyes.
Es alarmante lo que sucede en Aguascalientes y, por ello, con base en el acompañamiento que seguimos brindando a estos casos, hoy presentamos “Criminalización del aborto en Aguascalientes: un foco rojo”, reportaje que busca explicar el contexto en el que se han presentado las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres en esta entidad del país.
En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro reconocemos y agradecemos a quienes, en el estado de Aguascalientes y otros estados de México y en toda la región, trabajan a favor de los derechos reproductivos.
SEM/sj
