- Exigen organizaciones sociales y civiles que México pase de las palabras a las acciones y sea garante de los derechos ante pendientes y retrocesos
- Es en la agenda de población y desarrollo, el acuerdo más vanguardista pero no se conoce
Lizbeth Álvarez Martínez.
SemMéxico, Ciudad de México, 15 de agosto, 2023.- Organizaciones de la Sociedad Civil exigieron al gobierno de México que pase de “las palabras a las acciones” para cumplir sus obligaciones firmadas en 2013 en Montevideo Uruguay.
Afirmaron que todavía persisten prejuicios que obstaculizan la Interrupción Legal del Embarazo ILE, se mantiene alto el embarazo en adolescentes, crece la violencia sexual, falta de información, educación sexual y reducir la muerte materna.
En el marco del décimo aniversario del Consenso de Montevideo, firmado por el país en Uruguay, en conferencia de prensa, exigieron al gobierno que se haga cargo de lo que firmó, que no ceda ante el embate de los grupos conservadores y cumpla este acuerdo regional que instituyó como deber del Estado garantizar la salud sexual y reproductiva de la población.
En entrevista con Semmexico, Oriana López Uribe, integrante de Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina, afirmó que, en la Ciudad de México, donde se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas, “nunca ha habido una campaña de información” para que las mujeres conozcan las políticas públicas que les favorecen, urgió a hacerlas.
También señaló que no se capacita al funcionariado que debe aplicar los derechos; en los hospitales todavía se niegan servicios a mujeres, niñas y adolescentes; a personas trans y hay opacidad en la rendición de cuentas.
Un ejemplo muy claro es que en México todavía no se elimina el aborto como delito en los códigos penales, ni se asume que se trata de un problema de salud pública y de derechos humanos, advirtieron las organizaciones que, dijeron, hacen una revisión sobre los avances en México para el cumplimiento de los compromisos suscritos el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
En este país, a pesar de existir de un lineamiento para la interrupción legal del embarazo de la Secretaría de Salud (SSA), persisten obstáculos para el acceso de las mujeres a los servicios médicos, entre éstos, la objeción de conciencia del personal de salud, por lo que se debe fortalecer esa regulación que la Suprema Corte dejó a las y los legisladores, señalaron.
Para Maribel Luna Martínez, de Católicas por el Derecho a Decidir, mientras no se garantice a las mujeres el acceso a la interrupción legal del embarazo en todo el país, persistirán las brechas de desigualdad. Esto es urgente, lo mismo que eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
A la conferencia convocaron 7 organizaciones civiles, nacionales y regionales, presidida por Daptnhe Cuevas, coordinadora política de la Articulación Feminista Mercosur. Ella resaltó que en México ha habido avances relevantes, en especial por la voluntad política del Consejo Nacional de Población para incorporar a la academia y las organizaciones civiles como integrantes plenos del mecanismo para dar seguimiento a los compromisos de Montevideo. Y se calificó al acuerdo como uno de los más completos, avanzados y efectivos para asegurar los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Sin embargo, aunque se han aprobado muchas leyes garantes de estos derechos, hay grandes brechas, en derechos humanos, violencia contra las mujeres y reconocimiento a la diversidad sexual, falta de presupuesto, planes y programas, y capacitación, ésta, a veces se reduce “a 4 horas”, o sea nada, dijo López Uribe y ello hace que todavía el Estado no sea garante de los derechos sexuales y reproductivos.
La representante de Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva dijo que “Hay una agenda vanguardista y progresista sobre derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos, los de la población indígena”, sin embargo, las mujeres no tienen herramientas para exigirla.
Aseguró que los distintos gobiernos que han atravesado en estos 10 años han puesto buenas intenciones, tanto que México tiene liderazgo en la región, pero, advirtió, cuando vas a la realidad “las cosas son distintas”.
Otro de los temas que genera desigualdad, que está en la agenda de los países de América Latina es la prevención del embarazo adolescente, sobre ello, Valeria Vásquez, directora Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, afirmó en entrevista que es necesario reconocer que las adolescentes tienen autonomía y que hay adolescentes queriéndose o no embarazar, pero para ello, se tiene que revisar los factores de violencia que están en su vida.
“Las jóvenes pueden estar viviendo violencia en su entorno, hay que revisar si están teniendo acceso a educación, al empleo, a la educación integral sobre sexualidad y métodos anticonceptivos en los Centros de Salud más cercanos. Nosotras nos encargamos de promover en estancias públicas como en la Secretaria de las Mujeres, el Instituto de la Juventud, el deporte, para impulsar acciones conjuntas para la prevenir el embarazo en las adolescentes”, dijo.
Para Luna Martínez, de Católicas fue una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que, en 2021, estableció que penalizar a las mujeres por practicarse un aborto es inconstitucional; y a pesar de que en México existe un marco jurídico que garantiza el acceso al aborto en todo el país, todavía es un delito después de las 12 semanas, no se respetan las diversas causales de excepción, y se obstaculizan en la práctica los derechos sexuales y reproductivos.
Otro problema es que, en el estado de Chiapas, en primer lugar, seguido por Veracruz, son las 2 entidades con más embarazos en las jóvenes adolescentes, destacó, Valeria Vásquez
Explicaron en la conferencia que el Consenso de Montevideo es el acuerdo gubernamental más importante de América Latina y el Caribe en materia de población y desarrollo. Es un instrumento progresista e integral porque incorpora elementos trascendentes para la ejecución de políticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos e incorpora la salud sexual y reproductiva, el envejecimiento de la población, la migración internacional, a los pueblos indígenas y a la población afrodescendiente.
Es complementario a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y establece un marco conceptual para el desarrollo sostenible poniendo en el centro el respeto y la promoción de los derechos humanos de todas las personas con perspectiva de género e intercultural.
Diez Años Después
Articulación Feminista Marco Sur y ONU Mujeres, publicaron un balance del Acuerdo de Montevideo – A 10 años del Consenso de Montevideo: vigencia, avances y retrocesos, Abril de 2023-, donde se plantea que, en la gran mayoría de los países del subcontinente, la libertad para la interrupción voluntaria del embarazo no existe, la mortalidad materna se mantiene proporcionalmente alta, y el embarazo adolescente es la realidad cotidiana de miles y miles de mujeres.
Advierten que la violencia sexual continúa siendo alta, y las regresiones conservadoras que varios países han experimentado en nombre del combate a la «ideología de género», se traduce en la resistencia a implementar planes de educación sexual, en abogar por la eliminación del lenguaje inclusivo en las instituciones del Estado, y en el retroceso en la lucha contra las discriminaciones por identidad de género. Todo ello ha tenido como contracara el favorecimiento de concepciones conservadoras sobre la familia, el rol de la mujer y la injerencia del Estado en asuntos como la sexualidad.
Señala que diversos informes elaborados por especialistas destacan logros, rezagos y desafíos pendientes, al tiempo, destacando el sostenido fenómeno del embarazo adolescente en la región, lo que obedece en gran medida, a las barreras de acceso oportuno a la anticoncepción (incluida la de emergencia), a la insuficiente disponibilidad de los métodos anticonceptivos más eficaces (entre ellos, dispositivos intrauterinos e implantes) y a un uso ineficiente de la anticoncepción» (CEPAL, 2019:15).
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo resultó de la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo, en agosto de 2013, tuvo como objetivo central propiciar la integración plena de las poblaciones de la región con una perspectiva de derechos y de desarrollo sostenible.
Incluyó las medidas prioritarias: 33 (Garantizar y proteger los derechos sexuales y reproductivos); 34 (Derecho a una sexualidad plena, sin discriminación ni violencia); 35 (Existencia de legislación y programas de servicios de salud sexual y reproductiva); 36 (Erradicación de la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su manifestación; 37 y 46 (Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva); 38 y 39 (Prevención y tratamiento integral de enfermedades de transmisión sexual); 40 (Abatimiento de la morbilidad y mortalidad materna); 42 (Legalización del aborto); 43 (Atención obstétrica universal y de calidad), 44 (Acceso a anticonceptivos) y; 45 (Atención prenatal del embarazo.
