· No son diferencias personales, es violencia contra mujeres, le dicen en un pronunciamiento
· Exigen al gobernador de Hidalgo no evadir su responsabilidad institucional
Redacción
SemMéxico, Pachuca, Hgo., 21 de marzo, 2025.- No son diferencias personales, es violencia contra las mujeres, dice en principio un pronunciamiento difundido desde esta entidad sobre los acontecimientos provocados el pasado 8 de marzo, durante la marcha feminista que terminó en el uso de la fuerza pública contra las manifestantes.
En el pronunciamiento, las activistas también destacan que el “acto completamente desproporcionado, las fuerzas de seguridad del estado de Hidalgo respondieron con violencia utilizando extintores para rociarnos y realizando detenciones arbitrarias fuera de cualquier protocolo de ley”, evidencian una política de Estado que criminaliza y reprime la protesta feminista.
“Se utilizó violencia física, psicológica, simbólica y sexual contra mujeres como mecanismo de control y castigo. Se empleó a mujeres policías como contención física para deslegitimar la denuncia feminista, utilizándolas de manera instrumental y exponiéndolas también a la violencia estructural que viven dentro de la institución policial”, dice el documento.
Agrega que la represión a defensoras de derechos humanos y periodistas evidencia una estrategia de silenciamiento de las voces que documentan y denuncian la violencia estructural. Se violentó de forma específica a niñas, adolescentes y mujeres adultas mayores, quienes requieren protección especial del Estado y, sin embargo, fueron tratadas con brutalidad.
Destacan el ambiente de impunidad frente a los feminicidios recientes en Hidalgo, donde incluso agentes del Estado han sido perpetradores y donde la respuesta institucional es la revictimización sistemática y estructural.
La marcha del 8M antecede un contexto en el que, tras un par de años de reiterados comentarios de parte del secretario de gobierno y una campaña en la que las defensoras que hacen incidencia política han sido calificadas de “incómodas” y la manifestación de las mujeres fue señalada como “innecesaria” e inútil.
“Estos actos por parte de las autoridades se suman a una serie de situaciones donde se ha evidenciado el abuso de poder y la falta de respeto hacia los derechos humanos de las mujeres que exigen justicia”, destacan en letras negras en el pronunciamiento.
Sin embargo, todo ello, además de ser ignorado por el gobernador Julio Menchaca, es banalizado en sus declaraciones en las que ha preferido centrarse en supuestas «diferencias personales» entre mujeres que integraron su gabinete, en lugar de asumir la responsabilidad del accionar de su gobierno y atender con seriedad las denuncias y exigencias.
Este discurso es inaceptable y profundamente ofensivo. No solo evade la responsabilidad institucional ante hechos graves de violencia estatal, sino que recurre a un recurso patriarcal y misógino ampliamente conocido: despolitizar la crítica feminista, presentándola como producto de enemistades, lucha de egos o “problemas entre mujeres”.
Recuerdan que las declaraciones del funcionariado siguen cargadas de estereotipos machistas, usados para invalidar el activismo de las mujeres y neutralizar la fuerza política de los movimientos feministas.
La narrativa del “pleito personal” busca deslegitimar nuestras denuncias, individualizar el conflicto y desviar la atención de lo realmente importante: el uso de la fuerza del Estado contra la ciudadanía, la criminalización del disenso y la negación de derechos humanos básicos como el debido proceso y la libertad de expresión.
Por ello plantean su indignación porque en lugar de asumir su responsabilidad como jefe del poder Ejecutivo, el gobernador se pretende lavar la cara de su administración desacreditando públicamente a las mujeres y a todo un movimiento con trescientos años de historia y con una vasta producción de teoría política-social que se niega a leer y comprender.
Sin embargo, destacan que las afirmaciones vertidas por el ejecutivo no son ingenuas, sino responden a una estrategia de desgaste, desmovilización y control de narrativa, que intenta aislar las voces feministas, dividir al movimiento y minimizar el carácter político y estructural de nuestras denuncias.
Por ello rechazan tajantemente esta forma de gobernar, que lejos de promover el diálogo democrático, opta por desacreditar públicamente a quienes disienten y exigen justicia. “El problema no es quién critica, sino lo que se está denunciando: violencia institucional, impunidad y violaciones a derechos humanos”.
Puntualizan que se trata de las vidas, los cuerpos y las libertades de las personas, del derecho a organizarnos, disentir y exigir justicia, y se trata de un Estado que debe rendir cuentas y garantizar derechos, no perseguir a quienes los defienden.
En su pronunciamiento exigen liberar de forma inmediata y sin cargos de las personas detenidas arbitrariamente durante la manifestación del 8M, que se efectué una investigación exhaustiva, imparcial y pública sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las corporaciones de seguridad del estado durante la jornada del 8 de marzo y, finalmente, que se sancione administrativa y penal correspondiente a los funcionarios responsables de ordenar y ejecutar actos de represión y criminalización contra mujeres manifestantes.
Además el cese inmediato de la criminalización de la protesta social y del movimiento feminista, así como garantías reales para el ejercicio del derecho a la libre expresión, reunión y manifestación; la implementación de protocolos integrales de actuación con perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad para todas las corporaciones de seguridad en contextos de protesta, la destitución de los funcionarios que han obstaculizado el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y han contribuido a un clima de hostigamiento institucional hacia quienes defienden los derechos humanos, entre otros.
SEM/sj
