Yaneth Angélica Tamayo Avalos
SemMéxico, Querétaro, Qro., 29 de noviembre, 2021.- Datos de UNICEF México, revelan que 6 de cada 10 menores de edad de entre 1 y 14 años, han experimentado algún tipo de violencia, de manera diferenciada a lo largo de su vida, en los diversos espacios donde se desarrollan; es decir, la escuela, la comunidad, las instituciones de cuidados e incluso el hogar.
Siendo los infantes con mayor vulnerabilidad, aquellos que se encuentran en situación de abandono, negligencia, marginación, discapacidad, migración, desplazamiento o en contextos de violencia armada.
Sin embargo, lo alarmante de estas cifras, radica en el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas que ha emitido el organismo internacional antes mencionado.
En donde señala que, en México los casos de violencia contra la infancia y los adolescentes, además de estar invisibilizada, estadísticamente se encuentran indebidamente integrada y es insuficiente, motivo por el cual no existen estrategias y políticas públicas para erradicarlas.
Estas circunstancias, se deben a tres factores; el primero, tiene que ver con el temor que las víctimas le tienen al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, por desconfianza en las autoridades, por desconocimiento de los derechos o bien por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para reportar y pedir ayuda.
En segundo, por qué hay formas de violencia que son socialmente aceptadas o no percibidas como violentas o perjudiciales y, por lo tanto, no son registradas o reportadas.
Y tercero, lo cual encuentro particularmente más gravoso, tiene que ver con la recolección de datos estadísticos hasta ahora emitidos.
El informe en mención advierte que, en la recolección de datos, la información relacionada con la percepción de la violencia o experiencias de victimización, comúnmente la población objetivo de los análisis son generalmente personas mayores de 18 años.
Por esas razones, los datos sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes son escasos, incompletos o se encuentran fragmentados entre las distintas instituciones encargadas de recogerlos.
Además, la multiplicidad de registros, la falta de interrelación entre éstos y la insuficiente información estadística, a generado la percepción de que la violencia infantil y contra las y los adolescentes es un tema de menor magnitud.
Por ello, los actuales programas de prevención de la violencia, mecanismos de asesoramiento, reporte, denuncia y recolección de datos han sido insuficiente para su adecuado funcionamiento.
De hecho, dentro del listado de programas sociales del Gobierno Federal, no existe cómo tal un programa o política específica, enfocada a la prevención y erradicación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Si bien, existen instancias gubernamentales que centran sus objetivos en la niñez, lo cierto es, que estos solo involucran áreas de la salud y educación.
De ahí que, tan solo en el 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró 22 mil 377 denuncias, las cuáles en el 2021 presentan un alza del 5%, esto sin contar la cifra que negra.
Delitos entre los que se encuentran, el grooming, sexting, bullying, ciberbullying, sextorsión, pornografía infantil, trata de personas, abuso sexual, secuestro, desaparición y delitos con mayor incidencia, lesiones dolosas, la corrupción de menores, la extorsión, las lesiones culposas, los homicidios dolosos y feminicidios.
Como se observa, la falta de datos idóneos y certeros ha propiciado que el problema se entienda y se atienda de manera parcial, incrementando así las posibilidades de que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de hechos violentos.
En resumen, la falta de datos sobre violencia contra infantes y adolescentes responde a elementos políticos, presupuestarios e institucionales, en donde no han reconocido la necesidad urgente de identificar las brechas de información y datos acerca de las situaciones de violencia.
Lo cual sigue propiciando que las instituciones encargadas de prevenir, responder y atender a los y las menores víctimas directas de violencia, reduzcan las probabilidades de que sus derechos puedan ser, efectivamente, garantizados, protegidos o restituidos.
