- Fernando Bécquer, músico, denunciado en cinco ocasiones por abuso sexual
- Las redes son un buen medio para denunciar, poner en evidencia, pero no son los espacios para hacer justicia
Redacción
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 13 de diciembre, 2021.- Una serie de denuncias públicas de varias mujeres por abusos sexuales cometidos contra ellas y al menos un reporte a la Fiscalía General de la República (FGR) y denuncia en la policía de una de estas han sido la antesala de inicio de un proceso legal por presuntos delitos cometidos por un músico cubano en la nación caribeña.
Las historias de cinco mujeres que denuncian al trovador Fernando Bécquer por abuso sexual, publicadas por la revista digital El Estornudo el 8 de diciembre, desató debates, indignación por los hechos y solidaridad con las víctimas, y ha sido el catalizador de una polémica inédita en el país sobre delitos de esta naturaleza, cuyo impacto trasciende los testimonios iniciales.
Otras mujeres se han sumado a la denuncia o han relatado experiencias similares. Mujeres y hombres han expresado su apoyo hacia las víctimas mediante los hashtag #YoSíLesCreo o #NoEsNo y han condenado estos actos. Tampoco faltan comentarios revictimizantes y justificativos, tras argumentos que evidencian el desconocimiento sobre una problemática tan compleja como la violencia machista y las bases que la sostienen y reproducen.
Los testimonios han abierto intensos debates y pronunciamientos en las redes sociales respecto a la violencia sexual, pero sobre todo acerca del entramado estructural de la violencia de género, las opciones legales y vacíos jurídicos todavía existentes para la atención integral del fenómeno en Cuba, pese a algunos avances legislativos en esta materia.
La Constitución de la República, la reforma en camino del Código Penal, el proyecto de Código de las Familias en próxima consulta y referéndum popular, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y la reciente aprobación de la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar son pasos concretos que buscan visibilizar y atender desde el Derecho la problemática de la violencia basada en género.
La reciente aprobación de la Ley 143 del Proceso Penal, publicada oficialmente el martes 7 de diciembre y que entrará en vigor comenzando 2022, considera a la víctima sujeto procesal y reconoce sus derechos a ser escuchada, recibir asesoramiento por más de un abogado, a que se respete su dignidad, a impugnar, proponer pruebas y declarar en privado si así lo desea.
También prevé que, ante evidencia de estar en situación de vulnerabilidad, la víctima pueda solicitar protección cautelar en cualquier estado del proceso, recibir protección y declarar en condiciones de seguridad e intimidad, para evitar su revictimización.
Sobre las denuncias públicas de la pasada semana, especialistas en Derecho consultados por SEMlac estimaron que las redes son un buen medio para denunciar, poner en evidencia, alertar y ello tiene muchísimo valor, pero no son los espacios para hacer justicia. El silencio legal no ayuda a la resolución del problema, por lo cual es esencial hacer efectivas las denuncias ante las autoridades e instituciones pertinentes, que las inste a actuar.
No obstante, ante delitos que creen alarma pública, como es el caso, las autoridades competentes pueden iniciar de oficio la investigación de los hechos por su notoriedad. Así consta en un artículo publicado este 9 de diciembre por la Fiscalía General de la República, donde se apunta que la institución «no espera que las denuncias ocurran para ejercer su función de proteger».
De acuerdo con lo establecido en el Código Penal vigente, y a partir de los testimonios de las víctimas, varias son las figuras delictivas que pueden identificarse en este caso, en su Título XI «Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud», como son el ultraje sexual y los abusos lascivos.
En su artículo 309.1, ese Código establece que, en estos casos, la denuncia tiene que venir de la persona legitimada para hacerlo, que es la víctima. «En los delitos de violación, pederastia con violencia, abusos lascivos, incesto, bigamia y matrimonio ilegal, es necesario, para proceder, la denuncia de la persona agraviada, cualquiera que sea su edad, o la de su cónyuge, ascendientes, hermanos, representante legal o persona que la tenga bajo su guarda y cuidado, salvo en los casos que hubieran producido escándalo, en los que basta la denuncia de cualquier persona».
La urgencia de ganar en una cultura de denuncia y respuesta a estas situaciones, y de suplir vacíos en el acompañamiento a las víctimas, es uno de los saldos positivos que emergen del debate.
«Este triste suceso es una gran oportunidad para salir de esos círculos tenebrosos de encubrimientos sociales en nombre de una fraternidad aberrante que sobreprotege a unas personas y deja totalmente desprotegidas a otras. Es una gran oportunidad para encontrar un camino cívico, que proteja a las víctimas sexuales en nuestro país», escribió la trovadora cubana Rita del Prado en su perfil de Facebook. Palabras que hizo suyas como declaración el Centro cultural Pablo de la Torriente Brau.
A su vez, el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) emitió una declaración oficial donde instó «a las víctimas a que formulen las denuncias correspondientes siguiendo los procedimientos legalmente establecidos» y reiteró su «compromiso con el acompañamiento que demanden para poder transitar por este complejo proceso».
En redes sociales trascendió la denuncia efectiva ante las autoridades de Elaine Vilar, quien alega fue abusada por Fernando Bécquer. La denunciante fue acompañada en su denuncia por la Federación de Mujeres Cubanas.
«Recordamos que existe un cauce legal para investigar y sancionar este tipo de eventos que pueden constituir delitos y que los procedimientos establecen garantías, tanto para las víctimas como para las personas procesadas, teniendo en cuenta los principios relativos al debido proceso», apuntó la declaración del Cenesex.
Además, la institución consideró «legítimo que se alcen las voces de las víctimas de violencia sexual» y puso a su disposición los servicios de orientación jurídica y de orientación y terapia sexual con los que cuenta desde hace más de 10 años.
Protección de las víctimas
A juicio de la socióloga Magela Romero Almodóvar, «no existe un momento indicado, establecido, apropiado, en el que pueda decirse que las víctimas deban hablar de la violencia a la que fueron sometidas. Hay mujeres que callan su experiencia toda la vida, justamente por el temor a ser juzgadas, rechazadas por nuestras sociedades».
«Es un acto de valentía cuando una mujer decide hablar y más cuando sabe que, con su voz, se puede hacer justicia. Hay mujeres que viven con la idea de que se trató de un acto puntual, que fue ella la única víctima. Luego, cuando una alza su voz y cuenta su historia; cuando hay muchas mujeres comprometidas en ese tipo de sucesos, que fueron víctimas, generalmente se animan», consideró.
«Creo válido ese modo de sacar el dolor de forma colectiva, pero también de organizarse para hacer una denuncia, para sentir en el calor de la sororidad el apoyo que necesitan y se haga válida la demanda, de modo que esa denuncia permita que actos de violencia no se repitan en el tiempo», agrega la feminista.
Es prioritario ofrecer apoyos alejados de toda revictimización, apuntaron a SEMlac la psiquiatra Ivón Ernand Tames, coordinadora de la consejería para mujeres en situaciones de violencia del Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) y la sicóloga Beatriz Torres Rodríguez, especialista de la propia consejería.
De acuerdo con las expertas, partiendo de la complejidad de las situaciones de violencia, la atención deberá incluir un proceso de acompañamiento, apoyo, análisis y comprensión incondicional, independientemente de las condiciones en que hayan sido violentadas esas mujeres.
Esto las ayudará, desde un primer momento, al esclarecimiento y desarticulación de los mecanismos de autoinculpación, aislamiento e impotencia que las han llevado al deterioro progresivo de gran parte de sus recursos y habilidades personales, así como a la pérdida de sus derechos, explicaron.
Su vulnerabilidad es extrema, por lo cual el vínculo profesional ha de ser muy cálido y cercano, contener la emotividad y trasmitirles apoyo y confianza, pero con la firmeza suficiente como para confrontarlas progresivamente con la realidad y prepararlas para el difícil camino que han de recorrer, señalaron.
Ambas insistieron en que, en estos casos, los efectos sobre la salud de las mujeres y sus familias, así como las consecuencias sociales, pueden ser múltiples y graves. Por tanto, requieren de aceptación incondicional y que se respeten sus tiempos, tanto para narrar lo ocurrido, comprender lo que se les orienta o para tomar decisiones.
Para que el servicio resulte sensible, adecuado, eficiente y evite revictimizar, debe propiciar privacidad, confidencialidad y seguridad, refirieron.
Romper la impunidad patriarcal
Para la socióloga Iyamira Hernández Pita, uno de los elementos que hacen que ocurran hechos tan lamentables como el denunciado tiene que ver con la construcción simbólica en los imaginarios respecto al uso de los cuerpos sexuados, fundamentalmente los de las mujeres; no como sujeto, sino como objeto del deseo y del placer.
La investigadora coloca como elemento determinante la impunidad que suele acompañar estos hechos, pues generalmente el abuso sexual ocurre en solitario.
«Son los llamados delitos en soledad. Muchas veces, cuando la víctima acude ante un tribunal a tratar de acusar a estas personas y se enfrenta a un proceso judicial de este tipo, se ve desarmada y revictimizada. Desgraciadamente, todavía se carece de interpretaciones que no tengan que ver única y exclusivamente con las evidencias o pruebas que pueda aportar medicina legal. Es otra laceración más a tu integridad sexual y es muy común, por ejemplo, ante la violación marital; por esa concepción de que la mujer debe estar presta y dispuesta todo el tiempo para complacer al hombre en esa triada de mujer madre, esposa, cuidadora, de todos y para todos», explicó.
Según Hernández Pita, este es un elemento que degrada la dignidad individual de esta persona, la marca psicológicamente para toda la vida. Que no estén instrumentados en la ley los elementos que puedan ayudar suficientemente a que la víctima no se sienta revictimizada influye en que sean hechos poco denunciados.
Magela Romero sostiene que, ante este tipo de situaciones, las víctimas deciden callar, justamente por el temor.
«El silencio de las víctimas también tiene que ver con sus miedos, temores, amenazas que llegan a recibir y, sobre todas las cosas, con el temor a ser juzgadas por la sociedad, que puede entender sus actos desde esa misma lógica machista con la que opera», explica.
«Cuando los hechos violentos se denuncian, las víctimas gritan y existe cierta impunidad patriarcal que hace que, desde la misma lógica de legitimación de ese sistema de dominación, se defienda al victimario; a esa persona que ha construido una máscara social de buena gente, integral, buen trabajador. Entonces se buscan todos esos atributos para defender su imagen ante una víctima a la cual muchas veces se le concibe de ingenua, tonta, provocadora y responsable de esos actos de violencia», afirmó la investigadora.
Con ella coincide Hernández Pita y sostiene que el poder atraviesa todas las relaciones, estructuras e instituciones. «Por tanto, las personas se sienten con mayor impunidad en la medida que tienen mayor poder visible», dijo.
Que este tipo de hechos permanezcan en el tiempo por tantos años tiene que ver con el modo en que operan los victimarios, precisó Romero Almodóvar.
«Son personas que se escudan bajo un perfil muy bien trabajado porque de ello depende la máscara con la cual se presentan en la sociedad y también con el modo en que se minimizan las prácticas de violencia, muchas veces naturalizadas».
A ello agregó Hernández Pita que el hecho de violentar la dignidad sexual de una persona también atraviesa las construcciones alrededor de la mujer desde el estereotipo moral, lo cual influye en que no se denuncie la agresión.
Romero Almodóvar apuntó que, desde el propio posicionamiento de la sociedad, una víctima se puede sentir acompañada o no. «Es importante reconocer que en el momento justo en que una víctima alza su voz para denunciar, saca su dolor y experiencia a la luz, con un costo psicológico y social impresionante. Es un momento en el cual funciona mucho para ellas el apoyo que puedan tener de las personas que les rodean», dijo.
Se impone un cambio en cómo la sociedad responde a estos casos, para garantizar se haga justicia y el victimario no pueda gozar de los privilegios que supone tener determinadas prebendas, condiciones sociales, popularidad, prestigio social, características que usualmente funcionan como máscara, refirió.
Aprendizajes y deudas
La investigadora y ensayista feminista Zaida Capote dijo a SEMlac que, en su opinión, las denuncias levantaron un activismo contra la violencia sexual que ha movilizado a mucha gente.
«Ese es un recurso que hay que aprovechar, creando voluntariado y colaboración entre las instituciones y organizaciones encargadas y la ciudadanía. Es el momento de activar esas redes de apoyo mutuo para enfrentar más fuertes y con más información cada caso futuro», precisó.
Mencionó en ese sentido «el reconocimiento de algunos hombres de su error de antes o de ahora y las atinadas declaraciones de algunas instituciones, como el Cenesex. Eso amplía el dibujo de una masculinidad más amplia, más diversa, más justa. Todos son aprendizajes útiles, aunque sean dolorosos», aseguró.
«Necesitamos que la prensa cubana dé cuenta de estas discusiones» y abra cada vez más espacios que aborden las violencias basadas en las desigualdades de género, insistió Capote, para quien urge divulgar la naturaleza social de la desigualdad de las relaciones de género, «hija y promotora de este tipo de violencia».
La intelectual consideró que los sesgos ideológicos alrededor de la veracidad o no de las denuncias, por el matiz político del medio en que fueron publicadas, es una visión errónea que debe desterrarse, definitivamente. Sostuvo, además, que «defenderse de la acusación de haber violentado a varias mujeres con el argumento de que se es revolucionario implica condenar a la Revolución a ser machista, y el socialismo en Cuba tiene que asumirse feminista para ser verdadero», sostuvo.
Cuestionó que hasta este momento no existan declaraciones de organizaciones e instituciones sensibles, por sus vínculos con el denunciado, como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba o el Ministerio de Cultura.
«En el caso de la primera, debería convocar a una Comisión de ética, porque se trata aquí, independientemente del curso legal del asunto, de ‘descrédito público’ comprobado de uno de sus miembros, una de las causales de tal convocatoria según su reglamento».
La necesidad de contar con un funcionariado sensible y capacitado, «que reaccione adecuadamente y tenga clara su línea de acción para que cualquier denuncia se resuelva con justicia y la mayor celeridad posible», es otra de las lecciones que deja el debate, dijo.
Para la socióloga Iyamira Hernández Pita, que se esté suscitando un conjunto de cambios en la legislación penal es un buen camino, pero son transformaciones en proceso que necesitan articularse.
«Las personas aún no están preparadas para instrumentar la protección, el acompañamiento y los procesos de instrucción, que son tan desgarradores, sin revictimizar a quienes han transitado por hechos como estos».
Para Capote, el camino hacia una atención integral de la violencia de género en Cuba pasa también por organizar un espacio de encuentro entre los diversos feminismos, de acordar una agenda de acción común que privilegie el bienestar y la felicidad compartidos en una sociedad cada vez más justa.
«Una de las ganancias que puede dejarle a la sociedad cubana esta denuncia es el reconocimiento de voces hasta entonces ausentes de estas batallas», dijo.
La trovadora Rita del Prado concluye que «quienes crean que el machismo tiene permiso legítimo para habitar en la idiosincrasia cubana, tienen la oportunidad de reconocerse como cómplices del camino al abuso y tomar la decisión de cambiar sus construcciones mentales, como han hecho muchísimas personas».
SEM-SEMlac
