Dora Villalobos

SemMéxico/Ecos de Mirabal. 26 de agosto 2021.- El Movimiento Estatal de Mujeres publicó una Carta Abierta para exigir que el Congreso del Estado no apruebe las reformas a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) que propone Maru Campos en su iniciativa “Reingeniería de la Administración Pública del Estado de Chihuahua”.

La Carta Abierta está dirigida a María Eugenia Campos Galván, gobernadora electa de Chihuahua y a la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua.

También a los diputados Miguel Francisco Latorre Sáenz, Humberto Chávez Herrera, Rubén Aguilar Jiménez, René Frías Bencomo y Alejandro Gloria González, integrantes de la Comisión Primera de Gobernación del Congreso del Estado de Chihuahua

El Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua recuerda que ha trabajado incansablemente por casi 30 años para hacer visible la violencia contra las mujeres en la entidad y exigir políticas públicas para su erradicación.

“Nos dirigimos a ustedes para solicitarles expresamente que no se aprueben las iniciativas relacionadas con la reforma a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) para añadir “y Atención a la Familia”; así como para incorporar a los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) a la FEM, porque implica un retroceso en la política pública de los derechos humanos de las mujeres”, señala el Movimiento.

El Movimiento cuenta con el respaldo de más de 1,400 firmas de hombres y mujeres que respaldan su exigencia: https://www.change.org/p/congreso-dechihuahua-por-el-derecho-de-las-mujeres-a-vivir-sin-violencia-en-chihuahua.

A continuación las consideraciones jurídicas, históricas y políticas, que sustentan las peticiones del Movimiento Estatal de Mujeres:

• La creación de estas instituciones responden a una demanda histórica de las mujeres en Chihuahua para la atención especializada, adecuada y suficiente de la violencia contra las mujeres por razones de género. Un gobierno comprometido con el tema debe fortalecerles para que cumplan su propósito y no debilitarles.

• Existen obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que imponen un deber a todas las autoridades de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, para enfocar esfuerzos específicos en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, que necesariamente implica la incorporación de la perspectiva de género en la procuración y administración de justicia, y también a esto responde que exista una fiscalía especializada en la materia que no debe diluir los esfuerzos alcanzados hasta hoy.

• El estado de Chihuahua en particular y México en general, ha recibido múltiples requerimientos y recomendaciones de organismos públicos de derechos humanos que promueven el fortalecimiento de las acciones y competencias de fiscalías especializadas para la atención de la violencia contra las mujeres por razones de género, como mecanismo para la construcción de instancias encargadas de garantizar los derechos humanos de las mujeres.

• En todo el país se han venido creando Fiscalías Especializadas para la Atención de la Violencia contra las Mujeres, esto como un reconocimiento de que su erradicación es una obligación del Estado. El objetivo es lograr, entre otras cosas, una atención especializada a las mujeres y una investigación diligente de los casos, para que la mujer no sufra al acudir a los ámbitos de procuración de justicia un nuevo maltrato al ser sometida a procedimientos lentos y agobiantes en los cuales se exige demostrar el maltrato, además de que se le coloca como responsable del mismo.

• Los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) son una política pública que hoy se reconoce como de prioridad nacional por el Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Delito del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, encaminada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, la tendencia en todo el país es el fortalecimiento de su institucionalidad tal como lo demanda el contexto actual, por lo que se reconoce la necesidad de otorgarle a estos Centros mayor capacidad de gestión, a través de dotarles de una autonomía técnica, administrativa, independencia presupuestaria y con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir conformándose como órganos descentralizados de las Fiscalías de las entidades federativas, administración pública, cuyo objeto es coadyuvar y vincular bajo una política integral, multisectorial e interinstitucional, la prevención y atención de mujeres víctimas de violencia, o de violación de derechos humanos, así como de sus hijas e hijos. El mismo artículo señala que en estos Centros se deben prestar servicios multidisciplinarios en el mismo lugar y ejecutar acciones, con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en la sociedad.

• El mantener a los Centros de Justicia como unidades administrativas implica una dependencia respecto de su administración, organización y funcionamiento que incluyen los procedimientos y criterios para la distribución de facultades y recursos, que se sujeta al arbitrio de la dependencia a la que pertenezca, incluso respecto a sus reglas de operación.

• La naturaleza jurídica de los órganos descentralizados es la realización de actividades estratégicas o prioritarias para la prestación de un servicio público o social, o para la atención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

• En el mismo sentido, existen opiniones concretas sobre los Centros de Justicia de Chihuahua para que se descentralicen y dejen de ser una unidad administrativa, esto también en base a los Centros mejor evaluados a nivel nacional que cuentan con éste carácter, como lo es el caso de Hidalgo.

• El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Primera Sesión celebrada en octubre de 2011, emitió los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su Estructura y los Programas con Prioridad Nacional para alcanzarlos, vinculados al Ejercicio de Fondos, Subsidios y demás Recursos de Carácter Federal que se otorguen a las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública, en los cuales, en el artículo 2, fracción VII, se estableció como estrategia para implementar los Ejes de Prioridad Nacional: [El] Acceso a la justicia para las Mujeres, el cual tiene como objetivo crear y/o fortalecer los Centros Estatales de Justicia para las Mujeres (CJM), con la finalidad de concentrar -bajo un mismo techo- servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

En razón de todo lo expuesto, el Movimiento Estatal de Mujeres solicita:

1. No modificar el nombre ni atribuciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, para responder adecuadamente a las demandas sociales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
2. No incorporar a los CEJUM a la FEM y, con el fin de fortalecerlos, se constituyan como un órgano descentralizado de la Fiscalía General del Estado para otorgarle autonomía presupuestaria y de gestión, así como de personalidad jurídica propia. En espera de una respuesta favorable a nuestras propuestas, aprovechamos la ocasión para enviarles un saludo cordial.

• Diana Patricia de Acayucan continúa en la Cárcel, hay  143  denuncias en proceso entre 2010 y 2020
• Los casos documentados a  un mes  de los cambios en favor de la ILE, el 20 de julio

Ariadna Lobo 

SemMéxico/con información de La Lista, Cd. de México, 26 de agosto, 2021.- Diana Patricia fue detenida por tener un aborto espontáneo en un baño de una tienda comercial en Otula, Veracruz. A pesar de que se trató de un parto fortuito, fue acusada de homicidio doloso y encarcelada en una prisión de Acayucan. Su caso se dio 47 días antes de que el Congreso del estado despenalizara el aborto en la entidad, el 20 de julio de 2021. Ella continúa en una cárcel.

Aquel día, Diana estaba en la tienda Soriana. Pasaba por el sexto mes de su cuarto embarazo cuando fue al baño del lugar y tuvo el aborto. De acuerdo con la carpeta de investigación UIPJ/DXX/F1/165/2021 de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGJEV), el producto nació con vida y Diana lo dejó en un bote de basura. Su familia contó a medios locales que luego del aborto, se asustó y regresó a su casa; sin embargo, los policías dieron con ella, la llevaron a un hospital y después de la detuvieron. 

El 28 de junio, la fiscalía argumentó que Diana nunca solicitó ayuda, a pesar de poder hacerlo en el momento del aborto espontáneo y “se retiró sin decir nada a quien pretendió auxiliarla a bordo de un taxi; lo cual fue corroborado en la audiencia oral respectiva”, indicó la FGJEV. Días después, el 1 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) exhortaron a las autoridades a no criminalizar a las mujeres y respetar sus derechos.

Y se pronunciaron sobre el caso de Diana. “La acusación por homicidio hacia esta mujer denota la falta de perspectiva de género en la investigación realizada hasta el momento, además acusa la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontánea, lo que representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, una doble revictimización y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía”, indicaron las comisiones en un comunicado conjunto en el que también pidieron que se derogaran las leyes que penalizaban el aborto.

Veinte días después, el Congreso de Veracruz aprobó la iniciativa para despenalizar el aborto, con 25 votos a favor, 13 en contra y una abstención para eliminar el artículo 152 del Código Penal, que castigaba con penas de seis meses a cuatro años de cárcel a mujeres que abortaran en la entidad.

Las condenas por aborto disminuyen, las denuncias no

De 2010 a 2020, en Veracruz solo se ha registrado una sentencia condenatoria contra una mujer por el delito de aborto, de acuerdo con una solicitud de información de 2020 realizada al Poder Judicial de la entidad. Sin embargo, 143 fueron denunciadas por este delito en el mismo periodo.

La razón de que haya pocas sentencias por aborto es la suspensión condicional. Este beneficio es parte de una reforma de 2009 al Código Penal, en la que se avaló cambiar el artículo 150 para sustituir la pena de cárcel con tratamientos en libertad como medidas educativas y de salud para las mujeres que abortaran. Para ello, las acusadas debían acatar medidas cautelares como someterse a un tratamiento psicológico. Una vez cumplido, la sentencia tiene efecto de absolución y así se evita que sean encarceladas. 

De acuerdo con el caso 46/2018, radicado en Cosamaloapan de Carpio, Veracruz, en 2018 una mujer obtuvo esta medida cautelar que le permitió llevar su proceso en libertad. El 14 de mayo de ese año fue vinculada a proceso por aborto. Aunque el expediente, solicitado por transparencia, no explica a detalle los hechos, sí especifica que para acceder a la suspensión condicional del proceso por seis meses, la mujer acusada se sometió a terapias psicológicas que la jueza Janet Pérez, del juzgado penal 18 de dicho municipio, le impuso. En abril de 2019, tras cumplir con los requisitos, incluida la reparación del daño, se declaró sobreseimiento total en el asunto, que tiene un rango de sentencia absolutoria.

Como este caso, el Tribunal de Justicia veracruzano llevaba un registro de 19 asuntos en proceso hasta 2019. Si a Diana la hubieran acusado de aborto, habría tenido la posibilidad de llevar su proceso en libertad, porque aunque en ese momento el aborto era considerado un delito y solo se permitía cuando la mujer fue violada, hubo riesgo de muerte para la madre o malformación del feto, la salida alterna le habría permitido criar en libertad a sus otros tres hijos.

La acusación de homicidio doloso, no de aborto

Equifonía es una asociación veracruzana que se dedica a la defensa de mujeres encarceladas por abortar, pues a pesar de no pisar la cárcel cuando son acusadas de aborto, hay mujeres, como Diana, que sí terminan privadas de su libertad por ser acusadas de homicidio doloso en agravio de un recién nacido, con penas de hasta 30 años de prisión.

En 2009, la organización dio seguimiento a 14 casos de mujeres encarceladas por aborto y homicidio calificado en agravio a un recién nacido. “Documentamos los casos de mujeres que sí estaban encarceladas y sentenciadas por el delito de aborto y también de mujeres que habían tenido un aborto espontáneo y que habían sido acusadas de homicidio agravado”, explica Araceli González, coordinadora de Equifonía. Ese año comenzaron a representar legalmente a algunas mujeres en esta situación y lograron absoluciones. Pero también identificaron un patrón en las sentenciadas.

“La mayoría de esas mujeres procesadas o sentenciadas por el delito de aborto u homicidio agravado eran todas mujeres que vivían en condiciones de pobreza, mujeres indígenas la mayoría o que vivían en zonas marginadas, ya sea en municipios o en ciudades con mediana o baja marginación. Es por eso que pudimos probar que ese tipo penal sí se aplicaba, que sí había mujeres procesadas y sentenciadas y que era un tipo penal sexista, clasista y racista”, recuerda González.

En 2017, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) emitió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado en la entidad, la cual permite eliminar las desigualdades en los procesos penales, así como obligar a jueces a que apliquen la perspectiva de género en casos donde hubiera un aborto espontáneo o voluntario.

La resolución de la alerta contempla la elaboración de un programa estatal para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sin ningún retraso. Además, Conavim resolvió que el Poder Judicial de Veracruz debía adoptar las medidas necesarias para garantizar la justicia de los casos de mujeres procesadas por aborto y homicidio en razón de parentesco, “adoptando una perspectiva de género y bajo los más amplios estándares internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres”, indica la declaratoria en el inciso 13.

Esto fue el precedente de la aprobación de la despenalización del aborto, que se daría hasta cuatro años después, y los casos de mujeres acusadas por aborto y homicidio en agravio a un recién nacido no cesaron. Aunque la declaratoria también resolvía que se debía garantizar la interrupción del embarazo para las veracruzanas, el Congreso local no legisló en ese sentido, por lo que organizaciones de la sociedad civil promovieron un amparo que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2019 y fue discutido por los ministros de la primera sala en julio de 2020. Pero con cuatro votos en contra, se desechó el amparo, argumentando que los resolutivos de la declaratoria de alerta de género no son obligatorios a cumplir por el Congreso local.

De acuerdo con Equifonía, en 2016 la asociación registró nueve casos de mujeres en prisión por aborto y homicidio en agravio a un recién nacido. “Había una joven indígena, sentenciada a 30 años, luego a 25 años, víctima de violación cuando era menor de edad. El caso no fue investigado y fue juzgada y sentenciada sin perspectiva de género y sin pruebas, solo con los supuestos del juez de que ante la afirmación de ella, que no sabía que estaba embarazada, le dijo que todas las mujeres saben que están embarazadas. Logramos que fuera absuelta y está en libertad”, cuenta la coordinadora de Equifonía.

En 2018, el Poder Judicial de Veracruz informó, en respuesta a una solicitud de información, que de 2000 a 2018 hubo 18 mujeres recluidas en prisión por delitos de homicidio doloso, calificado y culposo en agravio de un recién nacido. 

Ahora, con la entrada en vigor de la aprobación del aborto, las mujeres que deseen interrumpir su embarazo o que sufran un parto fortuito no serán criminalizadas. Sin embargo, las que abortaron y que aún se encuentran en prisión bajo el delito de homicidio de un recién nacido no podrán obtener su libertad, al ser éste un delito grave sin alternativas, a pesar de que la Alerta de Violación de Género contra las Mujeres en Agravio Comparado aún está vigente y obliga al Poder Judicial a investigar con perspectiva de género casos como el de Diana Patricia.

• El día lunes 23 de agosto atestiguamos  una vergonzosa y poco afortunada representación en conjunto de varios medios de comunicación
• Representación que continúa vigente y por la que nadie se ha disculpado**

Silvana Leiva

SemMéxico, Cd. de México, 25 de agosto, 2021.-Más de un medio deportivo dedicó su portada a la vuelta de Renato Ibarra a uno de los clubes más populares de México, resaltando que fue el autor del gol que le dio la victoria a su equipo, con lo que (aparentemente), sellaba un regreso redentor al fútbol. No fue uno, ni dos, ni tres… fueron al menos cinco medios, incluido el periódico ESTO, quienes celebraron de una u otra manera el regreso de Ibarra haciendo alusión a su antecedente de violencia.

Más de une se preguntará: ¿y eso qué? A simple vista es lógico que un medio deportivo dedique su portada y celebre la vuelta a la actividad de un jugador. Sin embargo, los medios de comunicación no son neutrales. Son espacios de expresión y de posicionamiento ante la realidad. Se comunica con lo que se dice y también con lo que se omite. Y este lunes fueron varios los medios que no solo eligieron celebrar el regreso a la actividad de alguien acusado de violencia de género, sino que eligieron hacerlo con penosos juegos de palabras y manifestando que hacer un gol dentro de las canchas es algo así como un indulto por su anterior conducta, un pase que garantiza el perdón del medio, como si estos fueran jueces, y dando a entender que cometer un delito tiene tanto o menos peso que hacer algo cotidiano.

Vivimos en un mundo hiperconectado y sabemos que el negocio de vender noticias con titulares llamativos que atraigan clicks es toda una tentación. Sin embargo, el oficio periodístico no tiene que ver sólo con el derecho de expresar libremente nuestras posturas, ni tampoco de vender contenido sea cual sea el precio. El periodismo conlleva una responsabilidad social que se deriva de cada acción que elegimos contar y celebrar. Aquello que elegimos destacar en nuestras historias tiene efectos en la trayectoria de las y los deportistas, en el imaginario social, en otras personas que puedan sentirse identificadas y/o perjudicadas. Para ponerlo en términos simples: portadas como las que vimos están diciéndoles a sus lectores que hacer goles es más importante que haber violentado mujeres; si haces un gol, estás perdonado y todo se olvida.

No podemos normalizar de ninguna manera la banalización de temas sensibles y que dañan a la mitad de la población solo porque tenemos licencia para expresarnos. Es increíble que debamos insistir en esto, pero aquí vamos: en el mundo las mujeres son víctimas de todo tipo de violencia, y en México la violencia machista en específico cobra 10 vidas al día (Fuente: INEGI). Sí, cada día en este país 10 mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas hombres. Según los datos de ONU, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, mientras que 6 de 10 sufren episodios de violencia de algún tipo.

Además, el caso de Ibarra no es el único: los medios siempre han jugado un papel polémico a la hora de contar historias de atletas hombres acusados y/o condenados por violencia de género. La respuesta ya la sabemos, siempre una escandalosa combinación entre la omisión, la espectacularización, y hasta la apología de la violencia de género. Si un atleta hombre es acusado de violencia de género, de repente se llama a centrarse “solo en lo deportivo”, separando “la persona del jugador”, en un repentino y extraño respeto por los datos personales. O, por el contrario, se toma ventaja del potencial de ventas de estas historias, y el resultado ya lo vimos el lunes en las portadas.

Por esta razón, desde Somos Versus condenamos estas publicaciones, señalamos a los medios responsables y hacemos un llamado a la reflexión general, a revisar la ética periodística que debería guiar este oficio. La violencia de género es uno de los problemas más lamentables de nuestra sociedad hoy, y es un tema invisible en las agendas de los medios deportivos, enfocados en retratar aquello que vende sin medir las consecuencias sociales de su representación. Somos Versus trabaja en un investigación que aportará datos sobre la cantidad y la calidad de los espacios que otorgan a hablar sobre mujeres en el deporte. La representación es importante y los medios deben tomar responsabilidad sobre el impacto de los discursos que se generan desde sus espacios y que se vuelven herramientas para encubrir y defender a personajes violentos.

Espectacularizar y/o lucrar con la violencia machista es convertirse en cómplice de ella. Los medios nunca fueron ni serán neutrales a los problemas de nuestra sociedad. Entonces no, no podemos separar a la persona del atleta solo cuando nos conviene. Debemos ser responsables, y lo más importante, hacernos cargo de la decisión que tomamos al dedicarle espacio y recursos a retratar estas historias, sobre todo con las palabras lamentables que eligieron para hacerlo. No queremos nunca más un periodismo cómplice de la violencia de género.

* Versus es un espacio de mujeres periodistas que miran la vida deportiva desde una perspectiva feminista. Lo coordina Marion Reimers.

**ESTO SE PUBLICÓ HOY EN EL “ESTO” A MANERA DE DISCULPA, PUBLICANDO LO DE VESUS COMO MEA CULPA

Antecedente

América manda un mal mensaje sobre violentadores con registro de Renato Ibarra: Especialista

Renato Ibarra fue registrado con el América a pesar de haber enfrentado un juicio por violencia de género, acción con la que el club y la propia Liga MX han mandado un mensaje de desinterés ante esta problemática: “no hay verdaderas acciones de fondo”, aseguró la especialista en temas de género, Claudia Pedraza, en entrevista con ESTO.

“Lo preocupante es que se habla y se habla de violencia de género, se presentan y se presentan casos, porque ahorita es Renato Ibarra, pero también estuvo Marco Fabián o Marco García, parecería que lo único que atienden los clubes es los casos y no solamente la problemática de fondo y eso es lo preocupante, mientras sigan enfocados en atender los casos y las llamaradas, no se va a poder cambiar lo que origina esta problemática que es justamente que no existan reglas, capacitaciones, esta sensibilización para quienes actúan dentro de un club”, aseguró la docente.

 “Representa un tema muy escabroso, lo que estaba ahí es el mensaje que mandan los clubes al respecto de los violentadores. El mensaje que manda el América, que manda la Liga MX y que manda la Federación es: no vamos a hacer nada de fondo, solamente vamos a aplicar sanciones que sean temporales y que apelen a que el tiempo va a hacer que estos jugadores dejen de estar en el ojo de huracán”, agregó.

Renato Ibarra, hoy jugador del Club  América, fue detenido el 5 de marzo de 2020 por violencia doméstica, luego de que agredió física y verbalmente a su pareja, Lucely Chalá, quien se encontraba embarazada. El ecuatoriano fue detenido, llevado al Ministerio Público y posteriormente al Reclusorio Norte. Sin embargo, fue liberado días más tarde, ya que la víctima aseguró no haber recibido golpes en su vientre, ni en ninguna otra parte de su cuerpo, pese a que en su declaración inicial dijo lo contrario.

OSWALDO FIGUEROA

Para Pedraza, los clubes se han tardado en añadir a los contratos algunas cláusulas ante la violencia de género, que estén establecidas las sanciones al igual que lo estarían en cualquier otra empresa con cualquier empleado. Esto con el fin de evitar hechos como los realizados por Ibarra.

 “Deberían existir cláusulas puntuales en concordancia con la liga, para tener establecido qué hacer ante estos casos; que los jugadores sepan que habrá consecuencias relacionados con el cese de las actividades, porque eso sucedería en cualquier otra empresa, tendría consecuencias en lo laboral y tendría que plantearse desde el inicio. A la par tendría que ir acompañada con otro tipo de medidas preventivas”, explicó.

Algunas otras medidas que deben comenzar a considerarse en los clubes de la Liga MX son constantes cursos de capacitación, de tal suerte que la violencia de género pueda erradicarse desde la raíz. 

“Capacitación en temas de género para jugadores, para cuerpos técnicos, para entrenadores, para quienes llevan comunicación y para directivos, no solamente atendiendo a los temas de violencia, sino también en otros temas como discriminación, homofobia, sexismo, racismo, tendría que existir dentro de la Federación políticas que permitieran trabajar de manera preventiva en estos casos, pensando en cómo erradicar estas prácticas que son comunes dentro de los equipos de futbol”, cerró.

• Crece la trata, las violaciones y el feminicidio a julio: 36.86, 29.01 y 13.69 por ciento respectivamente
• Aliado del PRI  y de MORENA, Manuel Velasco Coello propone tratamiento psicológico a los violentos

Libertad López

SemMéxico con información de Ceprovysa, Cd. de México, 25 de agosto, 2021  En el marco del Día Naranja, se propone  senador  una nueva modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, que busca generar mecanismos para ir a la  raíz,  las causas que provocan la violencia contra las mujeres.

Urgente porque el último dato oficial es que en un año han seguido creciendo hasta en 7.1 por ciento a julio último. Además de los feminicidios, crecieron la trata,  las violaciones y los abusos.

 Durante su informe sobre incidencia delictiva, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la trata de personas tuvo un incremento de 36.86 por ciento, las violaciones aumentaron 29.01% y los feminicidios 13.69%, en su comparativo anual. Este del feminicidio está comparado con la administración anterior.

Es el machismo, pero ¿cómo entrar a ello? Se pregunta  el senador Manuel Velasco Coello, ex gobernador de Chiapas y dirigente moral del Partido Verde Ecologista, socio de Morena, por ello propone  reformar la fracción IV del artículo 9 de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se trata de dar tratamientos psicológicos a los violentadores.

En el marco del Día Naranja, circuló en medios  dicha iniciativa, que según el comunicado,  representa una forma de mitigar e inhibir la violencia y fortalecer los mecanismos que forman parte de un tratamiento de apoyo psicológico obligatorio a los maltratadores, en beneficio de la víctima y como forma de reinserción social y de protección de la sociedad, esto, independientemente de los servicios reeducativos, especializados y los de carácter gratuitos que pudieran ser de manera optativa.

El inicio de terapias o tratamiento psicológico puede auxiliar en cualquier problema que implica la estabilidad emocional del ser humano. Por ello, señala el coordinador de la bancada Verde en el Senado que es importante impulsar con mayor rigor la asistencia de tratamientos psicológicos en personas agresoras, esto con la finalidad de reducir los índices de violencia de las personas, “en gran medida debemos buscar un equilibrio entre las conductas sociales y que las mismas no sean fuera de la norma jurídica”.

Asimismo, representa una homologación en las resoluciones de los juzgadores para que, en la práctica, al menos se envíen a los agresores a tener que realizar las sesiones que determine el especialista en materia de psicología, otorgando la oportunidad de reivindicación, pero sobre todo brinda herramientas de solución sobre las causas por las que las personas son agresivas y para que en la práctica estas sesiones sean con mayor regularidad. Tratar al agresor, no como recompensa, sino en protección de las mujeres y la familia en los hogares mexicanos.

La violencia hacia la mujer y las niñas ha representado una afectación a los derechos humanos y a lo largo de la historia se ha tenido que luchar constantemente para erradicarlas mediante políticas públicas y reformas que tienen como objetivo evitar mayores afectaciones. La búsqueda continua para mitigar las repercusiones sobre los derechos de la mujer, han generado reformas de carácter laboral, civil, familiar y hasta en materia penal.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida y al menos seis de cada diez mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia, alguna vez en su vida.

Datos del INEGI, reflejan que las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas que residen en áreas urbanas (69.3%), de edades entre 25 y 34 años (70.1%), con nivel de escolaridad superior (72.6%) o bien no pertenecen a un hogar indígena (66.8 %).

Resultados de la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH 2016) indican que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida.

La violencia a la mujer se da hasta en el entorno laboral, donde la brecha salarial al primer trimestre del 2021 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que se requiere incrementar en promedio 2.7% el salario que perciben las mujeres.

Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que, durante marzo de 2020, se registraron 64 mil 858 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar, incrementando en un 23 % las llamadas con respecto al mes de febrero de ese año.

Estos datos, indica el senador Velasco Coello, “nos obliga a realizar acciones que permita el acompañamiento de la autoridad con las mujeres que viven en un entorno violento, no solo por ellas, sino por sus hijas e hijos, nuestras niñas y niños no deben ser objeto de maltrato, ni mucho menos deben vivir en situaciones que ponen en riesgo su integridad y su salud mental”.

Finalmente, de acuerdo con el Modelo de intervención con agresores de mujeres, de la UNAM, consultado el 23 de junio de 2021, desde un enfoque doctrinario “el tratamiento psicológico a los agresores domésticos es, junto con otras medidas judiciales y sociales, una actuación necesaria…tratar a un agresor no significa considerarle no responsable. Es una falsa disyuntiva porque una de las metas principales del tratamiento es que asuma su responsabilidad por su conducta”.

• En México, el 34,7 por ciento de las mujeres teletrabajo en abril frente a un 16,6 por ciento de los hombres: OIT, 2020

• Reformular el trabajo de las mujeres con opciones flexibles propone el  BID

Elda Montiel 3ª.parte y última

SemMéxico, Cd. de México 25 de agosto 2021.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala a los países de América Latina y el Caribe que es necesario incorporar una perspectiva de género en los paquetes de salida de la crisis para garantizar una efectiva reincorporación de la mujer en el mercado de trabajo y un paulatino cierre de las brechas de género en la región.

Cuando el COVID-19 empiece a ser historia, es importante mantener las enseñanzas y aprovechar la oportunidad. Es crucial, reformular el futuro del trabajo para las mujeres con las lecciones aprendidas de esta crisis.

En el documento “Hacia una nueva realidad para las mujeres, soluciones para recuperar el empleo femenino en ALC” señala entre otras acciones prácticas de trabajo flexibles como el teletrabajo y medidas para descomprimir la carga de cuidados en las mujeres.

La pandemia aceleró la necesidad de adoptar herramientas digitales y está cambiando las competencias exigidas en el mercado laboral.

La demanda de trabajadores en las ocupaciones de atención médica y en carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM) proyecta un crecimiento más alto que el esperado antes de la pandemia debido a que, por un lado, se incrementarán las necesidades de atención a la salud a medida que las poblaciones envejecen y aumentan los ingresos, y por otro, crecerá la necesidad de personas capaces de crear, implementar y mantener nuevas tecnologías.

Con la pregunta ¿Cómo incidió el teletrabajo en el empleo femenino durante la crisis? Los datos señalan que, en Chile, antes de la pandemia, un 4,8 por ciento de las mujeres ocupadas trabajaba desde su hogar, frente a un 2,6 por ciento de los hombres. En el segundo trimestre de 2020, esta proporción ascendió al 27,6 por ciento y 15,5 por ciento de los trabajadores, respectivamente.

En México, el 34,7 por ciento de las mujeres teletrabajo en abril frente a un 16,6 por ciento de los hombres (OIT, 2020). En Brasil, seis de cada diez personas que realizaron trabajo remoto en este período fueron mujeres. En Argentina, datos de la encuesta de hogar indicaban que el 9% de las mujeres ocupadas trabajó desde su hogar en el segundo semestre de 2019, frente a un 4% de los hombres. Un año después las cifras incrementaron a un 31% de las mujeres ocupadas y a un 15% de los hombres (EPH, 2019, 2020).      

Un total de 19 países de la región abordaron regulaciones de teletrabajo, con distintas normas. Estas normativas fueron gestadas en un contexto de emergencia como respuesta a las medidas de confinamiento, y sus potenciales efectos aún no han sido evaluados para poder entender, por ejemplo, su impacto sobre la productividad o su contribución a la distribución de carga de trabajo de cuidado o tareas del hogar. Es probable que el trabajo remoto continúe, aunque con menos intensidad que en el pico de la pandemia.

Las prácticas de trabajo flexible, como el teletrabajo y los esquemas a tiempo parcial, pueden amplificar las opciones de participación para las mujeres. Pero para que esto sea así, la flexibilidad debe estar apoyada por prácticas, que contribuyan a igualar las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres.

Sin embargo, en el mismo documento se señala que la igualdad no llega a la ciencia ni a las habilidades digitales, las brechas de género limitan a las postulantes iguales, una madre y otra no. Los evaluadores califican en mayor medida a las primeras como menos competentes, menos comprometidas con el trabajo y menos aptas para ser contratadas y promocionadas (y, por lo tanto, merecedoras de salarios iniciales más bajos). Estos efectos no se observan entre postulantes hombres con y sin hijos.

Las mujeres representan el 60 por ciento  de los graduados en carreras terciarias y universitarias, pero solo el 30 por ciento de los graduados en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniera y Matemáticas (CTIM).

Igualmente, las brechas de género en el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación varían entre países y oscilan entre 1 punto porcentual (en Chile) a 18 puntos porcentuales (en Perú).

Brechas de género

Las inequidades de género en el mercado de trabajo no son nuevas. La pandemia solo las ha intensificado señala el documento. ¿Cuáles son esas diferencias de género estructurales en materia de calidad de empleo y acceso a oportunidades que se han visto exacerbadas durante 2020?

Como brechas en la calidad en los trabajos de las mujeres señalan ser menos empleadoras, más informalidad para ellas, trabajo sin remuneración, salarios más bajos, para las madres menos contratos menores, sueldos y mayor percepción de incompetencia.

Menos del 3 por ciento de las mujeres trabajadoras son empleadoras, mientras que los hombres es el 5 por ciento. Casi el 60 por ciento de las mujeres ocupadas trabajan en empleos no registrados, sin acceso a la seguridad social.

Las mujeres tienen el doble de probabilidades de trabajar sin remuneración (8 por ciento frente al 4 por ciento de los hombres). Un 49 por ciento de las mujeres ocupadas ganan menos del salario mínimo por hora (frente al 45 por ciento entre los hombres).

Las madres enfrentan sanciones en la contratación, los salarios y la competencia percibida, mientras que los padres se benefician de la paternidad.

Mientras que, antes de tener hijos, los ingresos de hombres y mujeres evolucionan de manera similar, las trayectorias difieren sustancial y permanentemente después del nacimiento del primer hijo.

Brechas en empresas, talentos y regulaciones

Son pocas las mujeres en puestos de decisión política, aunque la presencia de las mujeres en posiciones en el sector público ha aumentado en las últimas dos décadas en América Latina y el Caribe. Las mujeres ocupan el 25,4 por ciento de las bancas del congreso, el 12 por ciento de las alcaldías, el 27 por ciento de las concejalías electas y el 29 por ciento de los juzgados superiores o cortes supremas.

La representación femenina en la gestión de empresas privadas es escasa. En el 47 por ciento de las 100 empresas más grandes de América Latina, las juntas directivas están formadas exclusivamente por hombres (OIT, 2017). En las 1.259 empresas con cotización pública de países de América Latina y el Caribe, las mujeres solo ocupan el 8,5 por ciento de los directorios, un 9,2 por ciento son ejecutivas y hay un 4,2 por ciento de directoras ejecutivas (CEO).

Fracasan empresas de mujeres por falta de financiamiento. La región tiene la segunda tasa más alta de fracaso de empresas de propiedad de mujeres a nivel global. Mientras que la razón principal de cierre para las empresas de propiedad masculina es la falta de ganancias.

La brecha de género en la inclusión financiera, como las cuentas bancarias y los pagos digitales, también limita el potencial de generación de ingresos de las empresas propiedad de mujeres.

Licencias parentales escasas y desiguales. El 40 por ciento de los países de la región cuenta con licencias por maternidad con una duración menor a las 14 semanas mínimas recomendadas por la OIT. El 29 por ciento de los países no posee una licencia por paternidad. Entre aquellos que sí la ofrecen, esta dura cinco días o menos en el 53 por ciento de los casos. Solo Uruguay, Ecuador, Chile y Cuba ofrecen licencias parentales para el cuidado de los niños tras el nacimiento.

El estudio señala que empresas, talento y normativa son, pues, los tres ámbitos de oportunidad para soluciones innovadoras que promuevan la participación y el progreso de las mujeres en empleos de calidad.

¿Cómo? Al apoyar a empresas que promuevan el empleo de mujeres, impulsar el desarrollo del talento de las trabajadoras, y promoviendo normativas y leyes que fomenten el empleo y reempleo femenino. Como trasfondo y siendo transversal a estos tres ámbitos operan las normas sociales de género, que necesitan ser reconocidas para generar soluciones que progresivamente remuevan sus condicionantes.

• La encuesta permitirá identificar patrones de discriminación y violencia
• Acompaña al INEGI la Secretaría de Gobernación y CONAPRED

Micaela Márquez

SemMéxico, Cd. de México, 25 de agosto 2021.- Se inició esta semana el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 que coloca a México como pionero mundial en el levantamiento de encuestas en hogares representativas en esa materia.

El objetivo es identificar a la población de 15 años o más con orientaciones sexuales e identidades de género no convencionales (o no normativas), sus principales datos sociodemográficos, antecedentes sobre la infancia y adolescencia y conocer los patrones de discriminación y violencia a los que se han visto expuestos a lo largo de su vida.

La Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), trabaja de manera conjunta con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para realizar la Encuesta cuyo levantamiento está programado a realizarse del 23 de agosto del 2021 al 21 de enero de 2022, en las 32 entidades federativas del país en 40 mil hogares.

Es objetivo es contar con los datos que  permitan plantear opciones acordes con la realidad y las necesidades de la población con identidad de género (IG) y orientación sexual (OS) no convencional (o no normativa), para que las personas y entidades responsables puedan tomar decisiones y ejecutar políticas públicas se realizó una capacitación central de las figuras operativas a finales de julio y principios de agosto.

Además de la preparación del relevante proyecto se cuenta con acompañamiento conceptual de instituciones y especialistas como el CONAPRED, investigadores y académicos y organización civil.

Se destacó que en diciembre del 2019 el INEGI realizó por primera vez la prueba de la ENDISEG, con la finalidad de probar en campo un cuestionario mediante entrevista directa a una persona seleccionada del hogar de 15 años y más y determinar el funcionamiento del instrumento, así como tener elementos para evaluar la idoneidad de la captación de los distintos temas.

Los resultados de la prueba de campo fueron presentados por el presidente del INEGI, Julio Santaella, en un acto público con la presencia de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, en el marco de la celebración del Mes del Orgullo.