• Discurso simbólico y verbal que no hicieron 75 hombres que la precedieron, pero sin programas concretos
• 79 % de las y los mexicanos aprueban su gestión, pero el presupuesto no refleja sus dichos en políticas para las mujeres

Sara Lovera

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de septiembre, 2025.- La presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, que cumplirá el primer año de gobierno este 1 de octubre, le dio un vuelco a la narrativa oficial respecto de las mujeres. En este primer año de gobierno habló y ofreció al menos  67 acciones las mexicanas, 10 simbólicas y culturales, 15 derechos en una cartilla que llegará a 25 millones de mujeres.

Una narrativa que “ha generado en las niñas, jóvenes y adultas una fuerza extraordinaria que mueve conciencias, que abre caminos y rompe barreras que, por siglos, parecían imposibles de derribar”, dijo la presidenta al rendir su primer informe de gobierno el 1 de septiembre pasado.

Imprimió a su modo de gobernar una presencia contrastante al gobierno anterior, más pausada y con dichos movilizadores, como el del 15 de septiembre, que le valió cinco puntos de mayor aceptación a su desempeño según la encuesta del diario El Financiero, con un total de aceptación hasta del 79 por ciento.

Su discurso mujeril difundido por todos los medios públicos, que trasmiten su conferencia de prensa mañanera y las palabras para las mujeres irrumpieron como no había sucedido en las 75 administraciones de los ejecutivos  precedentes en los últimos 200 años.

No obstante, especialistas afirman que el discurso e, incluso, la narrativa oficial, los  cambios constitucionales que colocaron la igualdad sustantiva y la no violencia contra las mujeres en la Carta Magna, no se han trasladado al presupuesto que, de acuerdo con el proyecto que analiza la Cámara de Diputados y base material de sus dichos y propósitos,  muestra que sólo el 2.4 por ciento del presupuesto están destinadas a programas de igualdad y  únicamente el uno por ciento para la política de cuidados.

El proyecto presupuestal, analizado por Fundar denominado Avances, Tensiones y Contradicciones análisis del paquete económico 2026, mantiene intacta la asignación de recursos dando prioridad a los programas sociales, dejando al anexo 13 como políticas de igualdad vacío, sin garantizar cerrar las brechas entre hombres y mujeres, y no tiene perspectiva de género.

Integra enel Anexos 13 y el de nueva creación 31, para los cuidados, sin mecanismos sólidos de seguimiento y evaluación de impactos, reduciendo así la efectividad de los recursos para cerrar brechas de desigualdad y fortalecer la sociedad de cuidados. Además, carece de un mandato vinculante que obligue a los entes coordinadores a cumplir con el discurso de igualdad.

El balance es variopinto, los analistas reconocen cambios en la política de seguridad, con otro estilo, pero no obstante las encuestas señalan que la violencia continúa siendo la principal preocupación de las mexicanas y los mexicanos. Destacamos que, de los 18 mil 646 asesinatos de los últimos 12 meses, tres mil 650 fueron contra las mujeres, colocan al feminicidio en el 19.57 por ciento de este fenómeno criminal.

Violencia y derechos para las mujeres

La nueva metodología presupuestal, que compacta presupuestos y programas argumentando que no deben duplicarse los recursos, por ejemplo, no prevé las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia.

Fundar en su análisis advierte que el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, PAIBIM, fusiona al PROABIM y al PAIMEF, con el objetivo de prevenir y atender las violencias, fortalecer 12 derechos y la autonomía de las mujeres, así como consolidar redes comunitarias. Buscan simplificar la política pública.

 Pero su presupuesto se reduce a 785 millones de pesos, uno por ciento menos que en 2025 y con una caída acumulada de 46.5 millones desde 2023, lo que limitaría los apoyos a las entidades federativas que recibían recursos mediante el PAIMEF, debilita la continuidad de las acciones para erradicar la violencia de género. El bajo nivel de recursos agrega el análisis, revela que la erradicación de la violencia contra las mujeres aún no se asume como prioridad nacional.

Ahora bien, desde 2008, los recursos públicos orientados a promover la igualdad sustantiva, combatir y erradicar la violencia, además de la discriminación por razones de género detallados en el Anexo 13, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ponen de relieve sus principales obstáculos para realmente lograr los objetivos que dice perseguir.

Gran parte de los recursos etiquetados bajo los Anexos Transversales (13 y 31) se concentrarán en programas sociales generales (50.1 % en la Secretaría del Bienestar), mientras que la Secretaría de las Mujeres, órgano coordinador de la política nacional de género, recibirá apenas 2.4 por ciento del Anexo 13 y 0.01 por ciento del Anexo 31, lo que podría limitar su capacidad operativa, insiste Fundar.

La Salud Sexual y Reproductiva, aunque se transforma el programa presupuestario (P020 a P029) con el objetivo de avanzar hacia la cobertura universal, su presupuesto asciende a dos mil 91 millones de pesos, apenas 0.3 por ciento más que en 2025 y 15 por ciento menos que en 2019, lo que muestra que no es prioridad nacional. Aunado a ello, hay un recorte adicional al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

En la práctica, reducir aún más los recursos durante el ejercicio 2026, impulsar una reforma sin financiamiento suficiente pone en riesgo la política pública y afecta de manera directa los derechos de mujeres, especialmente, aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Finalmente, en cuanto a las contradicciones se destacan: Se recorta 2.4 por ciento el presupuesto total asignado a la Secretaría de las Mujeres, Semujeres, lo que puede minar sus capacidades para coordinar la Política Nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres y la construcción del Sistema Nacional de Cuidados.

No se explicitan acciones orientadas a garantizar el reconocimiento de derechos agrarios a 150 mil mujeres, pese a que el Plan Nacional de Desarrollo menciona a la población jornalera como prioritaria en las acciones que propicien su bienestar y su inclusión social. Si bien se integra el Ramo 31 Tribunales Agrarios a los anexos 13 y 31, el presupuesto asignado es insuficiente para garantizar el cumplimiento del objetivo perseguido: “realización de jornadas de justicia itinerante para reconocer a las mujeres como sujetas de derechos agrarios”.

El presupuesto de la primera mujer presidenta sigue la tendencia de otros años, concentra en la Secretaría del Bienestar el 90 por ciento de los recursos previstos para las mujeres, de los cuales 44 por ciento corresponden a la Pensión de Adultos Mayores y sólo 2.4 por ciento a la Pensión Mujeres Bienestar.

El  incremento del presupuesto asignado para la Secretaría de Educación Pública  y el anuncio de una República construida para mujeres otorga el mayor presupuesto para las Becas Rita Cetina -indiferenciado- y las políticas de igualdad de género en el sector educativo, no definidas ni programadas.

Se incorporan también las Becas Elisa Acuña, pero no diferencia sexo, más bien sólo tienen nombre de luchadoras del siglo XIX y XX, destinando muy poco presupuesto a la Semujeres a pesar de ser el órgano coordinador de la Política Nacional de Género.

Estos aspectos generales reflejan que la metodología de integración presupuestal que se alega, no fue suficiente para garantizar la pertinencia de todos los programas etiquetados en el Anexo 13, por lo que prevalece el aumento artificial de recursos derivado de la inclusión de programas sociales prioritarios que carecen de una perspectiva de género dentro de las acciones transversales a las que se alinean.

Los Refugios

El Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos es de 508 millones 8 mil 474 pesos, pero se clasifican en una compactación, dice Fundar que no nombrar al programa es no etiquetarlo. Una confusión que no se aclara.

Hay un subtítulo llamado “Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno”. La reducción presupuestaria total para la Semujeres es de menos 2.4 por ciento.

Respecto del Anexo 31, Consolidación de una sociedad de cuidados con la creación del Anexo Transversal 31,6 -en línea con la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de consolidar un Sistema Nacional de Cuidados en el país y de los acuerdos esbozados en el Compromiso de Tlatelolco, ratificado durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe-, lo cierto es que la cuantificación de los recursos invertidos a nivel federal en materia de cuidados de 47 programas asciende solamente al  1.2 por ciento del Producto Interno Bruto  (466 mil 674 millones de pesos), totalmente insuficiente y oculta el papel de las mujeres.

El contraste de los hechos con el discurso

El discurso y las acciones simbólicas, que de acuerdo con las expertas si enseña, contrasta con acciones concretas como las reformas constitucionales recientes a los artículos 4, 21, 41, 73 116, 122 y 123 en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial. Lo que depende del tiempo y también de recursos. Por ahora están en papel.

Hubo modificaciones para que los programas de bienestar sean derechos sociales constitucionales. 

En julio se aprobó una reforma para reconocer a las mexicanas que contribuyeron en la lucha de la Independencia Nacional, la construcción de la República, la Revolución Mexicana y a la lucha por los derechos humanos, para ello se reformó el artículo 18 de la Ley sobre el Escudos, la Bandera y el Himno Nacional que permitirá izar la Bandera Nacional en el Zócalo Capitalino y en todos los edificios públicos.

Desde esa reforma es ley izar la Bandera Nacional a toda asta en las siguientes fechas: 9 de enero, conmemoración de la Señora 6 Mono, gobernante mixteca; 30 de enero, aniversario del nacimiento de Elvia Carrillo Puerto, en 1881; 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; 14 de marzo, aniversario del nacimiento de Matilde Montoya, en 1859; 22 de marzo, conmemoración de María Arias Bernal. Fundación del Club Lealtad; 11 de abril, aniversario del nacimiento de Gertrudis Bocanegra, en 1765.

De igual modo, el 19 de abril, aniversario del nacimiento de Josefa Ortiz, en 1773; 1 de junio, conmemoración de la Reina Roja, Tz´ak-b´u Ajaw, gobernante maya; 2 de junio, aniversario del nacimiento de Hermila Galindo Acosta, en 1886; 7 de junio, aniversario del nacimiento de Dolores Jiménez y Muro, en 1848; 11 de julio, conmemoración de Tecuichpo Ixcaxochitzin, mujer cihuapilli mexica, y el 5 de septiembre, Día de las mujeres indígenas y conmemoración de Xiuhtzatzin, gobernante de Tula.

También, el 14 de septiembre, Día de las Forjadoras Anónimas de la República; 17 de octubre, reconocimiento del derecho de las mexicanas de votar y ser votadas a nivel federal; 11 de noviembre, aniversario del nacimiento de Carmen Serdán, en 1873, y el 12 de noviembre, aniversario del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, en 1651, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.

A media asta el 2 de enero, aniversario de la muerte de Margarita Maza, en 1871; 15 de enero, aniversario de la muerte de Ignacia Riesch, en 1865; 14 de febrero, aniversario de la muerte de Agustina Ramírez, en 1879; 2 de marzo, aniversario de la muerte de Josefa Ortiz, en 1829; 16 de abril, aniversario de la muerte de Rosario Ibarra, en 2022; 17 de abril, aniversario de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz, en 1695; 18 de abril, aniversario de la muerte de Elvia Carrillo Puerto, en 1965; 13 de julio, aniversario de la muerte de Juana Belén Gutiérrez, en 1942.

Además, el 16 de julio, aniversario de la muerte de María Refugio “Cuca” García, en 1973; 31 de julio, aniversario de la muerte de Sara Pérez Romero, en 1952; 21 de agosto, aniversario de la muerte de Leona Vicario, en 1842, y de Carmen Serdán, en 1948; 22 de septiembre, aniversario de la muerte de Laureana Wright, en 1896; 11 de octubre, aniversario de la muerte de Gertrudis Bocanegra, en 1817, y de Rita Cetina Gutiérrez, en 1908; 15 de octubre, aniversario de la muerte de Dolores Jiménez y Muro, en 1925; 3 de noviembre, aniversario de la muerte de Elena Arizmendi, en 1949, y 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Este año su administración implementó al menos tres nuevos programas sociales, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar (para 60 y 64 años) y las Becas Rita Cetina, ampliando la cobertura de apoyo a distintos sectores de la población.

Este primer año también se fortaleció la infraestructura del sistema de salud con la construcción de 31 hospitales:  hubo aumento al salario mínimo en 12 por ciento en 2025, ambas acciones impactan a las mujeres.

Anuncios del 8 de Marzo

Las 10 acciones comprometidas el 8 de marzo son:  1. Establecer 24 efemérides para reconocer a las mujeres mexicanas de la historia, ya que Es Tiempo de las Mujeres. Cumplido;

2. Apertura de la sala de Mujeres en la Historia en Palacio Nacional. Cumplido;

3. Entrega de millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres. En proceso, ya se han distribuido seis millones en escuelas primarias y tres en otras poblaciones;

4. La construcción de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, conformada por mujeres voluntarias de todo el país, para que, entre todas, tejan la soberanía y los derechos de las mexicanas y mexicanos, en proceso;

5. A partir del 1 de agosto inicia la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar a mujeres de 60 a 63 años; que se suman al millón de beneficiarias de 63 y 64 años que ya reciben este apoyo. Parcialmente cumplido;

6. La construcción de 200 Centros de Cuidado Infantil para madres trabajadoras (en 2026 se cumplirá)

7. Reconocimiento permanente a mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes durante todo el sexenio. Discurso;

8. Se dará preferencia como propietarias a las mujeres en el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. Depende del presupuesto;

9. Reconocimiento de derechos agrarios a, por lo menos, 150 mil mujeres, pendiente;

10. Inicio de foros y consultas para determinar acciones que permitan hacer realidad las reformas constitucionales y legales contra la violencia hacia las mujeres. ¡No más violencia contra las mujeres! ¡Ni un feminicidio más, ni un golpe más, ni un trato ni palabra violenta más contra las mujeres mexicanas! No hay consulta, sí reuniones.

Otros compromisos, que no hacían los presidentes hombres:

1. Que durante el sexenio las mujeres indígenas y afromexicanas sean parte del centro de la política nacional;

2. Se impulse de manera urgente la generación de datos desagregados para medir el avance y retroceso de los derechos;

3. Garantizar el acceso a la justicia desde un enfoque intercultural; y 4. Interseccionalidad con políticas públicas construidas y planteadas por mujeres indígenas y afromexicanas. Depende del presupuesto.

La cartilla integra 15 derechos de las mujeres sólo introduce los derechos que reconoce la presidenta y su partido:

1. Derecho a ser libre y ser feliz.

2. Derecho a vivir en familia, en paz y con bienestar.

3. Derecho a la educación.

4. Derecho a la salud.

5. Derecho a la vivienda.

6. Derechos comunitarios.

7. Derecho a una identidad y tener autonomía.

8. Derecho a la cultura.

9. Derecho a la libre expresión y al libre tránsito.

10. Acceso y derecho a la justicia.

11. Derecho a la participación política.

12. Derechos digitales.

13. Derechos de las niñas y las adolescentes.

14. Derecho a un trabajo digno y a un salario igualitario.

15. Derecho a una vida libre de violencias.

El balance es de luces y sombras. Ella habla de machismo y fustiga a los violentadores, los que saben y opinan, contrastan estos dichos con su apoyo a personajes claramente investigados o señalados como violentadores; con quienes son corruptos, dio apoyo al ahora presidente de la Suprema Corte, señalado como encubridor de una campaña contra las mujeres indígenas.

SEM/sl/sj

Just Rights for Children por un «mundo sin matrimonios infantiles para 2030 propicia por primera vez una reunión paralela

Banco Mundial  y el Centro Internacional de Investigaciones sobre Mujeres advirtieron hace casi 10 años del enorme costo económico de los matrimonios infantiles.

Redacción

SemMéxico/ ONUNoticias, Ciudad de Washington, 29 de septiembre, 2025.- Hace casi 10 años Banco Mundial publicó el informe   donde sostenía que en el año 2030 el Matrimonio Infantil generará  un costo de miles de millones de dólares para los países en desarrollo. Este estudio es la base del encuentro paralelo a la fase de alto nivel de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas que está en curso.

Este encuentro  instó a los líderes mundiales a acabar con el matrimonio infantil, pidiendo a todos ellos esfuerzos concertados para garantizar la responsabilidad y hacer cumplir las leyes que lo prohíben, informa Naureen Hossai) desde Naciones Unidas.

Ahí Just Rights for Children  presentó una declaración denominada Derechos justos para los y las niñas, con objeto de impulsar  la erradicación de los abusos relacionados con los niños y las niñas, incluidos la trata infantil, el abuso en línea y el matrimonio infantil

Esta organización fundada en la India por el abogado y activista Bhuwan Ribhu, ha trabajado para prevenir casi cuatrocientos mil matrimonios infantiles en la India en los últimos tres años y ha rescatado a más de 75.000 niños y niñas de la trata.

México tiene  el primer lugar en nacimientos infantiles de todos los países de la OCEDE y a pesar de la prohibición del matrimonio infantil, de acuerdo al gobierno de México  1 de cada 4 niñas que se casaban siendo niñas hace diez años,  disminuyeron  a1 de cada 5 en la actualidad, el matrimonio infantil, sin embargo,  sigue siendo una práctica generalizada.

Tras el éxito de las campañas en curso en la India y Nepal, Just Rights for Children lanzó una campaña mundial para lograr un «mundo sin matrimonios infantiles para 2030», en un acto paralelo a la Asamblea General, celebrado el 28 de septiembre 2025, durante la semana en que cerca de 150 gobernantes del mundo se congregaron en Nueva York debatir sobre la crítica situación mundial.

La nueva campaña tiene como objetivo crear la mayor red mundial de la sociedad civil para poner fin al matrimonio infantil.

«El matrimonio infantil, el abuso y la violencia no son solo injusticias: son delitos», afirmó Bhuwan Ribhu, fundador de Just Rights for Children, para quien «el fin del matrimonio infantil no solo es posible, sino inminente.

 Si nos unimos como comunidad global, podemos ayudar a garantizar que el matrimonio infantil y el abuso sean perseguidos y prevenidos, no solo por los sistemas legales, sino por la sociedad en su conjunto».

Sobre la importancia de celebrar el lanzamiento durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Ribhu dijo  «Aquí es donde se reúnen todos los líderes mundiales y debaten los problemas que azotan al mundo hoy en día. Es muy importante que los líderes mundiales presten atención y tomen nota. Que existe un delito generalizado, el delito de violación infantil en nombre del matrimonio».

«Creemos que los líderes mundiales deben unirse y colaborar para apoyar la aplicación de las leyes en sus países. Deben unirse para apoyar a los niños y jóvenes que están alzando la voz y exigiendo el fin de la violación infantil y el matrimonio infantil mediante compromisos», añadió.

Casi una de cada cinco mujeres jóvenes de entre 20 y 49 años se ha casado antes de cumplir los dieciocho años.

Los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) muestran que, en 2023, el sur de Asia y el África subsahariana representaban 45 y 20 por ciento, respectivamente, del número de niñas casadas antes de los dieciocho años.

En la India, la prevalencia del matrimonio infantil era de 24 por ciento en 2021. Desde entonces, esta tasa ha descendido a menos del diez por ciento gracias a los esfuerzos conjuntos de aplicación de la ley a través de los tribunales y el Gobierno, y a la labor de promoción de los grupos de la sociedad civil.

El matrimonio infantil también se asocia con otras consecuencias negativas, como el aumento del riesgo de violencia doméstica, embarazos precoces y mortalidad materna.

La falta de acceso a la educación también supone un riesgo, ya que las niñas se ven obligadas a abandonar los estudios una vez que contraen matrimonio.

Por lo tanto, es necesario no solo ayudar a estas niñas a volver a la escuela, sino también educarlas sobre sus derechos y las leyes destinadas a protegerlas.

Ribhu y Just Rights for Children hacen hincapié en el estado de derecho como el camino para poner fin al matrimonio infantil. Otros expertos en derechos humanos coinciden en que se requieren al menos tres medidas clave: la prevención del delito, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los autores para disuadir futuros delitos. Las reparaciones a las víctimas también son fundamentales para la justicia y la recuperación del trauma.

Ribhu explicó  que se centran en los adultos que ayudan y colaboran en los matrimonios infantiles. Además del «novio» y los miembros de la familia, también creen que otros miembros de la comunidad deben rendir cuentas.

Esto incluye a los líderes y consejos comunitarios, los sacerdotes que ofician la unión e incluso los proveedores de bodas que, a sabiendas, prestan sus servicios en bodas en las que la novia es menor de edad.

«Al fin y al cabo, tenemos que ver que la aplicación de la ley crea esa cultura de rendición de cuentas, esa cultura de responsabilidad, esa cultura de respeto, esa cultura de conciencia, en la que la gente cree que no puede salirse con la suya, y así se derrumba toda la impunidad. El matrimonio infantil es uno de esos delitos que se cometen a la vista de todos porque nadie lo detiene», afirmó.

«Hoy les pido que utilicen su influencia para garantizar que la ley funcione, no solo como institución, como ideal, sino como instrumento vivo y concreto para la protección de los niños», dijo Kerry Kennedy, presidenta de RFK Human Rights. «La impunidad es el oxígeno que alimenta estos delitos. El enjuiciamiento es el antídoto», añadió.

Aunque el matrimonio infantil se considera moralmente inaceptable y es ilegal según las leyes regionales, nacionales e internacionales, sigue persistiendo debido a las deficiencias de los sistemas jurídicos.

Hay otras lagunas en el sistema que se aprovechan

Najat Maalla M’jid, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, explicó que algunas leyes establecen la edad de consentimiento por debajo de los dieciocho años, o lo permiten con el consentimiento de los padres, o esos matrimonios no se registran legalmente, lo que dificulta su seguimiento.

Como Kennedy dijo posteriormente , «no hay antecedentes de rendición de cuentas». Cuando las fuerzas del orden cumplen su función de exigir responsabilidades a todas las partes, esto también debe incluir a los departamentos de policía que no investigan los casos y, por lo tanto, «nadie quiere ir a la cárcel. Todo el mundo le tiene miedo. Esto es lo que funciona».

Ribhu señaló que la prevención de la delincuencia solo puede producirse cuando se respeta el estado de derecho. Se supone que es esta certeza del castigo lo que disuade a los malos actores y, a continuación, conduce a una mayor concienciación sobre los males del matrimonio infantil y previene futuros casos. La disuasión debe ir acompañada de la concienciación.

Todos los ponentes del evento hicieron hincapié en que para abordar el matrimonio infantil y proteger a las niñas vulnerables por ello era necesaria la cooperación de múltiples grupos, desde expertos jurídicos hasta líderes gubernamentales, pasando por supervivientes y miembros del sector privado, como filántropos.

Otros países han tomado recientemente medidas para aprobar leyes que prohíben el matrimonio infantil. El gobierno de Kenia aprobó la Ley de la Infancia de Kenia de 2022, que tipifica como delito los abusos contra los niños, incluido el matrimonio infantil.

«El matrimonio infantil es una grave violación de los derechos humanos de las niñas que amenaza el futuro de millones de niñas en todo el mundo. Nuestra población joven en Kenia pone de relieve la necesidad de inversiones sostenidas a nivel nacional y regional, especialmente en programas dirigidos a los niños, los jóvenes y las mujeres», afirmó Carren Ageng’o, secretaria principal de Servicios Infantiles del Ministerio de Género, Cultura y Servicios Infantiles de Kenia.

En un país donde casi 51 por ciento de la población tiene entre cero y diecisiete años, las protecciones legales y sociales para la población joven son fundamentales para su desarrollo.

El año pasado, Sierra Leona aprobó la Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil 2024 gracias a los esfuerzos liderados por la primera dama del país, Fátima Maada Bio.

Maada afirmó que esta ley «supone un paso audaz e histórico» para el país, pero dejó claro que «la ley es solo el principio».

«El cambio real se produce en las familias, en las escuelas, en las aldeas y en los lugares de culto. El cambio real se produce cuando las comunidades se levantan y dicen: nuestras hijas no, nunca más», añadió.

«No sueño con una Sierra Leona libre de matrimonios infantiles; sueño con un mundo libre de matrimonios infantiles. Ese sueño está a nuestro alcance si actuamos ahora», remarcó.

Al comentar las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebradas en la sede de la ONU, Maada añadió: «Si los gobiernos tienen valor, si los socios internacionales nos apoyan, si las comunidades se implican, si los líderes [detrás de esas puertas cerradas] en esta ciudad de Nueva York hoy… deciden que ahora es el momento de proteger a los niños».

Advertencia de Banco Mundial hace casi 10 años

De acuerdo con un  informe publicado por el Banco Mundial y el Centro Internacional de Investigaciones sobre Mujeres (ICRW), Para el año 2030 el matrimonio infantil generará un costo de miles de millones de dólares para los países en desarrollo. En cambio, si se pusiera fin a este fenómeno, se obtendría un gran efecto positivo en el logro educativo de las niñas y de sus hijos, se contribuiría a que las mujeres tuvieran menor cantidad de hijos posteriormente y aumentarían los ingresos previstos de las mujeres y el bienestar en los hogares.

De acuerdo con el informe Economic Impacts of Child Marriage (Impactos económicos del matrimonio infantil), en los últimos 30 años, la prevalencia del matrimonio infantil (matrimonio o unión antes de los 18 años) ha disminuido en muchos países, pero continúa siendo excesivamente elevada.

En un conjunto de 25 países sobre los cuales se realizaron análisis detallados, al menos 1 de cada 3 mujeres se casa antes de los 18 años, y 1 de cada 5 tiene su primer hijo antes de esa misma edad.

“A menudo se despoja a las niñas casadas del derecho a la seguridad, la salud y la educación, y a elegir y tomar sus propias decisiones en la vida”, dijo Quentin Wodon, director del proyecto del Banco Mundial y uno de los autores del informe. “El matrimonio infantil no solo pone fin a las esperanzas y los sueños de las niñas; también frena los esfuerzos orientados a terminar con la pobreza y lograr el crecimiento económico y la equidad. Erradicar con esta práctica no es solo una obligación moral sino también una medida racional desde el punto de vista económico”.

En los países incluidos en el informe, 3 de cada 4 partos precoces se atribuyen al matrimonio infantil. Asimismo, se calcula que una niña que se casa a los 13 años tendrá, en promedio, un 26 % más de hijos durante su vida que si se hubiera casado a los 18 años o posteriormente. Esto significa que, al erradicar el matrimonio infantil, la tasa total de fecundidad disminuiría un 11 % en promedio en esos países, lo que daría lugar a reducciones considerables del crecimiento demográfico con el tiempo. En Níger, el país con la prevalencia más elevada de casos de matrimonio infantil del mundo, la población podría reducirse un 5 % para 2030 si desaparecieran el matrimonio infantil y los partos precoces.

Del análisis se desprende que, para 2030, el beneficio anual en términos de bienestar derivado del menor crecimiento de la población podría superar los USD 500 000 millones. En Uganda, el beneficio de reducir la tasa de fecundidad sería equivalente a USD 2400 millones, mientras que en Nepal sería de casi USD 1000 millones.

El informe confirma que una de las mejores formas de evitar el matrimonio infantil es mantener a las niñas en la escuela. Cada año de educación secundaria reduce la posibilidad de contraer matrimonio tempranamente en 5 puntos porcentuales o más. Las niñas que se casan tienen mucha más tendencia a abandonar la escuela y completar menos años de escolaridad que sus compañeras que se casan posteriormente. Esto incide en la educación y la salud de sus hijos, así como en su capacidad para generar ingresos.

“Cada día contraen matrimonio más de 41 000 niñas de menos de 18 años.

 La pobreza, la desigualdad de género, el poco acceso a educación de calidad y a servicios de salud sexual y reproductiva orientados a los jóvenes, y la falta de oportunidades de empleo adecuadas contribuyen a perpetuar el matrimonio infantil y los partos precoces”, dijo Suzanne Petroni, directora del proyecto de ICRW y otra de las autoras del informe. “Se deben abordar estos problemas para que los países logren poner fin a esta práctica perniciosa y costosa”.
Según el informe, poner fin al matrimonio infantil también reduciría las tasas de mortalidad de niños menores de 5 años y de retraso en el crecimiento a causa de una nutrición inadecuada. A nivel mundial, los beneficios estimados de reducir la mortalidad infantil de los niños menores de 5 años y la malnutrición podrían superar los USD 90 000 millones anuales para 2030.

Otro beneficio importante de erradicar el matrimonio infantil sería un aumento del nivel de ingresos previstos de las mujeres en el mercado laboral. Debido en gran parte al impacto del matrimonio infantil en la educación, las mujeres que se casan de niñas tienen, en promedio, ingresos que son un 9 % menor que los que obtendrían si se hubieran casado más tarde. En Nigeria esto equivale a USD 7600 millones anuales en pérdidas de ingreso y productividad.

Por último, los gobiernos obtendrían ahorros presupuestarios en relación con los costos de proporcionar educación básica, salud y otros servicios. En muchos países, gracias a la reducción del crecimiento de la población, la eliminación del matrimonio infantil generaría para los gobiernos un ahorro del 5 % o más de su presupuesto en educación para 2030.

El proyecto de Economic Impacts of Child Marriage fue financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, la Children’s Investment Fund Foundation y la Alianza Mundial para la Educación.

• Decenas de mujeres se reunieron en Paseo de la Reforma con diferentes actividades para urgir la salida del aborto de todos los códigos penales
• Colectivos feministas colgaron una manta en favor del aborto en el Ángel de la Independencia

Karla Mora

SemMéxico/El Sol de México, 29 de septiembre, 2025.- Decenas de mujeres pertenecientes a colectivas y de la sociedad civil se reunieron en distintos puntos aledaños a Paseo de la Reforma, en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. La petición principal fue tener acceso a procedimientos seguros y la eliminación total del aborto de las leyes penales.

Algunas de las participantes coincidieron en que cada año son menos las que salen a manifestarse; sin embargo, aseguraron que continuarán en la lucha, hasta lograr que las mujeres no sean criminalizadas en ninguna parte del país por recurrir a esta práctica.

Daptnhe Cuevas Ortiz, titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, declaró que cada 28 de septiembre, las feministas de todo el mundo toman los espacios públicos, los recintos y las escuelas, para hacer jornadas de activismo que recuerden al mundo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y la CDMX no es la excepción.

La funcionaria destacó que la capital del país fue la primera en América Latina en eliminar el aborto hasta la semana 12 de gestación, por lo que actualmente la lucha está enfocada en ir a la par del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia en 2023, cuando determinó que penalizar a una mujer por abortar no es constitucional.

“Para que eso ocurra se requiere eliminar el aborto del Código Penal. Entiendo que en el Congreso (de la CDMX) ya hubo una iniciativa el año pasado y ese debate continúa. Yo tengo la expectativa de que eso sea algo que se logre en el marco de este sexenio, porque el aborto es un asunto de salud pública y el lugar en donde debe estar es en la atención que requieren las mujeres, para que cuando decidan interrumpir un embarazo, lo hagan en condiciones de seguridad, de gratuidad y sin ninguna afectación para su salud”, dijo.

Uno de los colectivos participantes fue Rosas Rojas, el cual resaltó la necesidad de crear un frente de mujeres que luchen frente a la violencia, el feminicidio y el genocidio. Olga Rosas, integrante del colectivo, señaló que pese a lo que determinó la Corte en 2023, aún no hay garantía plena del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

“Seguimos firmes y convencidas de que es necesario y urgente la aprobación del aborto a la par de la implementación de una educación sexual integral y laica en todos los niveles educativos, para enfrentar el problema de salud pública que significa el aborto que día a día cobra la vida de muchas mujeres y niñas”, declaró frente al Hemiciclo a Juárez.

La red Women On Fire expuso que el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo aún no es real para todas, por lo que la lucha por su despenalización es urgente. “Negar el acceso al aborto es perpetuar desigualdades y no podemos permitir que sea un privilegio de unas cuantas, por eso, reafirmamos nuestro compromiso de seguir organizándonos, educando y movilizándonos en cada espacio, porque sólo así se transforma la realidad”, señalaron.

SEM-El Sol de México/km

• Pide Red de Profesionales de la Salud derogar el delito de aborto en todo el país
• En 2025, 146 carpetas de investigación por aborto en CDMX, dato de SESNSP

Micaela Márquez

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de septiembre 2025.- Tratar el aborto como un delito es tratar a las mujeres como delincuentes, tratarlo como salud es reconocer su derecho a una atención segura, integral y acompañada, sostiene la Red de Profesionales de la Salud “Salvemos Miles de vidas México”, quien propone derogar el delito de aborto en el Código Civil de la Ciudad de México y de todo el país.

La Ciudad de México es un caso emblemático en materia de derechos reproductivos, aunque fue pionera en 2007 al despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, aun lo mantiene tipificado como delito en el Código Penal, lo que ha derivado en que durante este año ocupe el primer lugar nacional con 146 investigaciones penales por aborto, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2015 y 2024 el número de carpetas de investigación creció 42.7 por ciento.

Para la doctora Sandra Karina Gaspar Martínez, médica ginecobstetra que ejerce en la Ciudad de México y el Estado de México, incluir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Código Penal fue un error histórico. Sostiene que las y los legisladores deben comprender que los servicios de salud como el aborto no pueden ser tratados como crímenes. 

La iniciativa para derogar el delito de aborto en la Ciudad de México se sustenta en sentencias clave de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2018 reconoció el acceso a servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo como un derecho para las víctimas de violación sexual.

En 2021 se declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres y personas gestantes que interrumpen su embarazo y al personal de salud y acompañantes que lo asisten. En 2023 se ordeno al Congreso eliminar el aborto en el Código Penal Federal. 

Las profesionales de la salud insisten que el aborto es un tema de salud pública y como tal debe ser un derecho y no un privilegio. Las mujeres tienen derecho a la salud y el aborto es un derecho a la salud.

A través de la difusión de testimonios reales de personal médico y profesionales de la salud “Salvemos Miles de Vidas México” lucha incansablemente para que el aborto sea reconocido como un derecho fundamental y un servicio de salud esencial, no como un crimen. Su compromiso es claro: hacer de la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes una prioridad absoluta.

Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, psicóloga de Michoacán, afirma que cuando se coloca el aborto en el foco de la salud se salvan vidas y se da estabilidad emocional.

En Michoacán, explica, el aborto fue despenalizado en 2024 por el Congreso local, sin embargo, todavía existen ocho estados donde está penalizado porque no han acatado la orden de la SCJN y los códigos penales estatales lo siguen considerando un delito, por lo que tenemos un mapa fragmentado de derechos fundamentales y barreras de acceso que ponen en riesgo la salud y la vida. 

En Morelos a principios de setiembre, la SCJN ordenó a la gobernadora y a los Servicios de Salud estatales implementar acciones inmediatas para garantizar el acceso al aborto legal en la entidad, aun cuando no se haya reformado el Código Penal. 

La doctora Blanca Estela Kempis Robles, cirujana partera en esa entidad afirma que ha visto en 30 años las consecuencias de criminalizar el aborto, lleva a procedimientos peligrosos que obligan a las mujeres a arriesgar su vida y muchas veces llegan al hospital con hemorragias, con daños reversibles y al personal de salud los mantiene con miedo de hacer su trabajo.

La doctora Jocelyn Rivera Vilchis, radicada en León, Guanajuato, donde se rechazó una iniciativa para despenalizar el aborto voluntario en junio del 2025, afirma que criminalizar el aborto es criminalizar la pobreza. A nivel nacional tenemos la tasa más alta de natalidad en adolescentes de todos los países de la OCDE, por eso se debe regular el aborto con base en evidencia científica y no desde prejuicios.

Marau Basilio Roblero, ginecobstetra de Tlaxcala, donde el aborto se trata como delito el personal médico vive con miedo a ser denunciado por brindar atención y salvar vidas. 

SEM/em/sj

• La alianza UNIDAS demanda al gobierno federal asegurar la contratación formal de más de 368 mil trabajadoras agrícolas
• 90 % carece de contrato formal

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de septiembre 2025.- El 86 por ciento de las trabajadoras agrícolas carecen de seguridad social; 90 por ciento carece de contrato formal, prevalecen los acuerdos verbales, y las que están afiliadas al IMSS enfrentan la reducción de guarderías en un 50 por ciento y se han incrementado los accidentes de trabajo en un 35 por ciento, revela el Informe “Sembrando el cambio: Hacia un futuro justo para las trabajadoras agrícolas en México”.

En 2024 se estimaba 368 mil trabajadoras agrícolas en el país, el 48 por ciento de ellas enfrenta pobreza multidimensional, con alta presencia de jóvenes madres, mujeres indígenas y con bajos niveles educativos, de acuerdo con el CONEVAL.

El informe de política pública elaborado por UNIDAS, la alianza de Oxfam México, Ethos Innovación en Políticas Públicas, ProDESC y Fundación Avina evidencia que las empresas incumplen lo establecido por Ley que todas las personas agrícolas o jornaleras deben estar afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y utilizan mecanismos fraudulentos como los “pases” en caso de accidentes laborales, que es la atención médica eventual sin generar derechos.

Aunado a esto, señalan una ambigüedad del Estado al no vigilar estas contrataciones y generar un vacío que perpetúa la impunidad. La falta institucional de inspectores federales, sólo existen 660 inspectores para supervisar más de 456 mil centros de trabajo registrados en todo el país, lo que agrava el problema y dificulta la capacidad del Estado para proteger y garantizar derechos humanos y trabajo digno.

El 90 por ciento de las trabajadoras agrícola carece de contrato formal, prevalecen los acuerdos verbales, lo que constituye una violación directa a la Ley Federal del Trabajo y provoca que no se pueda garantizar el ejercicio de derechos laborales como vacaciones, aguinaldo o seguridad social, mientras que personas empleadoras abusan de la figura de intermediarios para evadir responsabilidades.

A la falta de contratos formales, seguridad social y protocolos contra riesgos en el trabajo, se suma la doble carga de cuidados. En la última década, se redujeron las “guarderías de campo” del IMSS un 50 por ciento, pasando de 13 en 2012 a 6 para 2024, además de un recorte presupuestal del 37 por ciento para este servicio, lo que obliga a las jornaleras agrícolas a vivir una sobrecarga de cuidados, a abandonar sus empleos o incluso a llevar a sus hijos e hijas a sus centros de trabajo, lo que aumenta el riesgo de accidentes, propicia el trabajo infantil y agudiza el rezago y la deserción escolar.

Los datos del informe revelan que la proporción de accidentes de trabajo reportados al IMSS de jornaleras agrícolas pasó del seis por ciento en 2000 al 35 por ciento en 2024. Las mujeres jornaleras están expuestas a mayores accidentes laborales que ponen en riesgo su vida debido a la exposición a plaguicidas, los golpes de calor o la deshidratación de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo estima que, a nivel global, 270 mil personas jornaleras agrícolas mueren al año por accidentes laborales.

Además de que están expuestas a acoso laboral y sexual sin protocolos efectivos, brechas salariales y tareas asignadas por estereotipos de género.

Trabajo justo para jornaleras agrícolas

UNIDAS hace un llamado al gobierno federal para que se garantice el cumplimiento de la ley mediante una vigilancia efectiva y transparente que fortalezca la inspección con perspectiva de género.

Se asegure la afiliación real al IMSS de las trabajadoras y se erradiquen los mecanismos informales de acceso a la salud (“pases”).

Se amplíen y adapten los servicios de guardería para las familias agrícolas.

Se implementen protocolos contra la violencia y discriminación de las mujeres trabajadoras agrícolas. 

Demanda que los compromisos presidenciales se traduzcan en hechos, y que se garantice un futuro con trabajo justo para las trabajadoras agrícolas en México dado que recuerdan como presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, se comprometió a que el Sistema Nacional de Cuidados priorizaría a las mujeres del campo.

Posteriormente, en su propuesta de gobierno, anunció la creación de centros de cuidado infantil para hijas e hijos de personas jornaleras agrícolas y en diciembre de 2024 presentó un programa integral de apoyo en Sinaloa, reconociendo la necesidad de formalizar el empleo agrícola. Lo anterior demuestra el reconocimiento del gobierno actual sobre la situación precaria que atraviesan las mujeres jornaleras. Las trabajadoras agrícolas son fundamentales para la economía y la seguridad alimentaria del país.

SEM/em/sj

• Salen a las calles para reclamar un derecho ganado en el papel
• El 26 de noviembre de 2024, el Congreso de Chiapas despenalizó el aborto

Gabriela Coutiño 

SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, 29 de septiembre, 2025.- En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro las calles de la capital chiapaneca se llenaron de voces que reclaman un derecho que, aunque conquistado en el papel, colectivas feministas señalan que sigue siendo desigual y limitado en la práctica. 

Con consignas como “Mi cuerpo, mi decisión” y “La maternidad será deseada o no será”, decenas de mujeres y organizaciones sociales manifestaron que decidir no es un privilegio, sino un derecho.

El movimiento feminista celebró que el 26 de noviembre de 2024, el Congreso del Estado de Chiapas despenalizó el aborto. La medida destacaron, fue producto de años de lucha encabezada por redes de acompañamiento, colectivas de base, médicas aliadas, mujeres indígenas, afromexicanas, migrantes y rurales que, incluso en condiciones de riesgo, organizaron estrategias para defender la vida y la autonomía de las mujeres.

Sin embargo, subrayaron que este 28S no es solo de celebración. Es también un día de exigencia. “Aunque hoy en Chiapas abortar ya no es delito, hacer realidad este derecho sigue siendo difícil”, señalaron las manifestantes.

Un contexto adverso

Chiapas es uno de los estados más desiguales del país y su condición de frontera sur agrava la vulnerabilidad de mujeres y niñas. En 2024, más de 115,000 personas migrantes fueron aseguradas en el estado; al menos 36 por ciento eran mujeres y niñas, muchas de ellas víctimas de violencia sexual y embarazos no deseados, destacaron en un pronunciamiento. 

La situación también es crítica entre adolescentes. En Chiapas, 1 de cada 5 jóvenes de 15 a 19 años ha estado embarazada, con tasas aún más altas en municipios indígenas y rurales. Entre hablantes de lengua indígena, 19 por ciento no usó anticonceptivos en su primera relación sexual. 

Estudios en Los Altos de Chiapas documentan que muchas mujeres indígenas han sido negadas o maltratadas en servicios de salud reproductiva por prejuicios institucionales y falta de materiales en lenguas originarias.

Además, “Chiapas sigue entre los cinco estados con más alta mortalidad materna del país; parte de estas muertes están relacionadas con complicaciones por abortos inseguros o embarazos no atendidos oportunamente”.

Ante esta realidad, las colectivas han presentado siete exigencias principales para garantizar el derecho a decidir: Despenalización total y social del aborto, fuera del Código Penal y sin plazos restrictivos.

Disponibilidad del aborto en Tuxtla Gutiérrez y en zonas fronterizas como Tapachula, Suchiate y Comitán, con acceso sin discriminación para personas migrantes. Cumplimiento por parte de todos los sistemas de salud públicos (IMSS ordinario, ISSSTE, ISSTECH), no solo IMSS Bienestar.

Abasto permanente de medicamentos y equipo seguro como mifepristona, misoprostol, analgésicos y AMEU en hospitales y centros de salud. Campañas públicas multilingües con perspectiva intercultural, traducidas a lenguas originarias y difundidas en radio comunitaria y perifoneo.

Aplicación efectiva de protocolos técnicos para abortos seguros, sin juicios morales ni pruebas innecesarias, con monitoreo público trimestral. Regulación estricta de la objeción de conciencia: que siempre haya personal no objetor disponible y que el personal objetor no sea contratado en hospitales públicos.

Las organizadoras enfatizaron que este avance no fue un regalo, sino una conquista colectiva, y que la lucha no ha terminado. “Queremos hospitales libres de estigma, con personal comprometido con los derechos humanos. La salud no puede depender de la moral individual de nadie”, expresaron.

Las consignas de la marcha que culminó en el Congreso del Estado donde fue colocado un enorme pañuelo verde, resumen el espíritu de la jornada: “¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo!”; “¡Hay que abortar este sistema patriarcal!”

Este 28S en Chiapas es tanto un recordatorio de lo logrado como un llamado urgente a cerrar las brechas que impiden ejercer plenamente el derecho a decidir, apuntaron. 

SEM/gc/sj