SemMéxico, Oaxaca, 9 de abril, 2021.- “Las niñas no se tocan”, fue la consigna que jóvenes de la colectiva ‘Mujeres del Riel’ clamaron afuera de los juzgados de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Al vencer el término constitucional al que se acogió un adulto mayor acusado de agredir sexualmente a una niña de seis años, la colectiva feminista dejó escuchar su voz afuera del inmueble donde se realizó la audiencia de vinculación a proceso celebrada este miércoles.
Las activistas acompañaron a la familia de la agraviada, que desconfían de la autoridad judicial, ante la posible liberación de Guillermo, de 67 años de edad, quien estuvo a punto de ser linchado en la colonia Oaxaqueña.
De acuerdo con la causa penal 261/2021, el 30 de marzo pasado, alrededor de las 14:00 horas, el imputado agredió sexualmente a su nieta, cuando se encontraba en su domicilio, en jurisdicción de Matías Romero, pero se dio a la fuga.
Ante estos hechos y tras la denuncia presentada, la Vicefiscalía Regional del Istmo ubicó el 5 de abril pasado al adulto mayor escondido en la colonia Mártires 31 de Julio, del municipio de Juchitán de Zaragoza, y lo presentó de inmediato ante la autoridad judicial que lo requirió.
La Fiscalía General del Estado aseguró que aplicará todo el rigor de la Ley a quienes atenten en contra de niñas, niños y adolescentes, que son su prioridad.
SemMéxico, Querétaro, Qro., 9 de abril, 2021.- El derecho a la igualdad entre mujeres y hombres ha significado una conquista tan trascendente e importante como la abolición de la esclavitud o el reconocimiento de los derechos humanos. En estos casos nos encontramos frente a nuevos paradigmas de organización social, como la democracia paritaria, que es la principal vía para construir sociedades más humanas, más justas, más igualitarias, más libres y solidarias.
Y es por ello que, la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad sustantiva es casi tan antigua como su opresión, y sin embargo en los últimos años, se han conseguido avances esenciales, aunque insuficientes. A dichos avances han contribuido, la generación de diversos instrumentos internacionales, a fin de promover y tutelar los derechos humanos de las mujeres.
Como lo son las “acciones afirmativas o medidas especiales de carácter temporal”, las cuales parten del reconocimiento histórico de que mujeres y hombres han recibido un acceso diferenciado a oportunidades de desarrollo, por lo que su objetivo se ha caracterizado en acortar la brecha entre los sexos llevando a cabo acciones tanto cuantitativas como cualitativas que favorezcan a las mujeres como una forma de compensar lo padecido en el pasado y en la actualidad.
Ahora bien, la situación actual de las mujeres en el ámbito de la política, se caracteriza por tener una presencia y participación limitada en los cargos públicos de adopción de toma de decisiones fundamentales para la sociedad en su conjunto.
Esta realidad se ve reflejada en el número de mujeres que han sido mandatarias, lo cual permiten hacer visible la situación de desigualdad de género en la esfera política del país.
Pero, además visibiliza en términos cuantitativos y cualitativos las posibilidades reales que tienen las mujeres de acceder al poder, a la representación política y por supuesto a las gubernaturas y ayuntamientos con mayor rentabilidad o con mayor capacidad de desarrollo o gestión presupuestaria.
Si bien las medidas afirmativas que se han implementado en materia electoral han mostrado un progreso significativo en la presencia de mujeres a cargos de elección popular y de toma de decisiones, como ya se mencionó, aun se percibe la existencia de una tendencia baja de representación de mujeres en puestos estratégicos de poder, lo cual se traduce especialmente en la disparidad de género.
Situación que se ha suscitado “entre otras cosas” debido a que, en algunas entidades los lineamientos de paridad de género, aún cuando advierten garantías al principio de paridad estos no subsanan las desigualdades que aún subsisten y que impiden que se concrete la igualdad sustantiva en el ejercicio del poder.
Esto es, la conformación de criterios de alternancia en bloques y de género en las formulas (bloques simples), es lo que ha propiciado que, en anteriores procesos, no se cumpla con el principio de paridad de género y el derecho humano a la igualdad, de ahí que, exista un desequilibrio de poder que se ejerce a través de estos espacios y en los cuales se ha concentrado el género masculino.
Pues aún y cuando el procedimiento establecido por algunos institutos electorales imponen la obligación de que en la integración de las planillas de candidaturas se respete el criterio de alternancia y que para el caso de las formulas impar prevalezca un género sobre el otro por una unidad (50/50+1); estas medidas no materializan el derecho que tienen las mujeres a ser registradas por los partidos políticos en los municipios y estados de mayor competitividad y mayores recursos financieros, humanos y materiales.
Lo que ocasiona que, en la mayoría de los casos, estos espacios y lugares históricamente sean registrados y ocupados por hombres.
De ahí que, no se garantice la paridad de género en su dimensión horizontal en las postulaciones de planillas de ayuntamientos y de otras posiciones. Ya que, para la realidad social que impera hoy día, tales medidas representan un letargo para la progresividad de los derechos humanos de las mujeres.
De ahí que exista la exigencia de obtener avances sustanciales; pues como lo ha sostenido el TEPJF, cuando las medidas establecidas en materia de paridad no funcionan adecuadamente o cuando a pesar de los avances, estos se mantienen en el mismo nivel por un tiempo prolongado, se activa el deber jurídico del Estado de adoptar otras medidas, pues el objetivo de justicia que se persigue es exigido por la propia Constitución.
Por ello, la igualdad no sólo debe ser reconocida formalmente en las leyes y las normas (igualdad formal), también debe ser efectiva, un hecho material y vivido por las personas diversas (igualdad real o sustantiva).
La sola implementación de criterios de alternancia en bloques y de género en las formulas impares, no hacen la realidad, por ello deviene necesariamente el establecimiento de acciones afirmativas progresivas que se adapten a la situación social que las mujeres enfrentan, esto es que se tome en cuenta el contexto histórico y las diferencias existentes entre el hombre y la mujer.
Jacqueline Peschard manifestó su preocupación por el ambiente de polarización e intolerancia existente y Soledad Loaeza advierte sobre la andanada contra el INE
Participan en el ciclo de seminarios “Elecciones 2021: ¿refrendo o cambio de rumbo?”, organizado por El Colegio de México
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 9 de abril, 2021.- A menos de dos meses de las elecciones del 6 de junio, existen las condiciones para que éstas se desarrollen en libertad y con equidad, afirmó el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, al garantizar que habrá un árbitro neutral e imparcial para que los triunfos y las derrotas sean simple y sencillamente las del voto de la ciudadanía en las urnas.
Al participar en la sesión inaugural del foro “Los desafíos de las autoridades electorales», del ciclo de seminarios: “Elecciones 2021: ¿refrendo o cambio de rumbo?”, organizado por El Colegio de México, dejó en claro que es impensable un escenario en el que se pospongan las elecciones.
Acompañado de las profesoras e investigadoras Jacqueline Peschard y Soledad Loaeza, en la mesa que fue moderada por el coordinador general académico de El Colegio de México, Jean François Prud´homme, garantizó que desde el INE se trabaja para que los derechos a la participación política no entren en colisión con el derecho a la salud.
Ahí la profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jacqueline Peschard manifestó su preocupación por el ambiente de polarización e intolerancia existente.
En seguida, la profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, Soledad Loaeza coincidió en la preocupación de la atmósfera de polarización que podría provocar que la ciudadanía no vote y por la campaña existente en contra de la oposición.
El Consejero Presidente destacó que México cuenta con un sistema electoral robusto que ha superado riesgos en la antesala de la elección, donde participan candidaturas paritarias en toda la elección.
“Las condiciones están dadas para que las elecciones de 2021 sean libres, equitativas, con garantías plenas para todos y todas las contendientes y un árbitro neutral e imparcial para que finalmente los triunfos y las derrotas, que siempre son temporales y que nunca son totales, sean simple y sencillamente el resultado de la voluntad de las y los ciudadanos expresada libremente en las urnas”, afirmó.
Planteó los desafíos de cara a la elección más grande que tendrá el país, en la que se estima una participación de 93.5 millones de ciudadanas y ciudadanos y donde se requiere sólo de un millón 460 mil personas para operar las 162 mil casillas que instalará el INE en todo el país y que, a pesar de la pandemia, al momento dos millones 990 mil mexicanas y mexicanos han aceptado participar. “La ciudadanía está apropiándose de la elección”, subrayó.
A 58 días de la Jornada del 6 de junio Córdova Vianello consideró que entre los desafíos a los que se enfrentarán las autoridades electorales se encuentra el sanitario, para lo cual se han aprobado diversos protocolos.
“Estamos trabajando desde el INE para que las casillas puedan ser espacios libres en un doble sentido: libres para que las y los ciudadanos puedan votar autónomamente sin coacciones, sin condicionamientos, por las elecciones políticas de su preferencia, pero además, libres de contagio”, aseguró.
Por ello, agregó, se ha establecido la obligatoriedad de portar el cubrebocas al interior de las casillas para todo ciudadano que quiera ejercer el derecho al voto.
Córdova indicó que garantizar la equidad de las condiciones de la competencia es el otro desafío, pues el INE no solamente es un organizador, sino también “es un garante de las condiciones de equidad y del juego limpio”.
El Instituto Nacional Electoral, sostuvo, “es el árbitro en la contienda y por lo tanto tiene que estar por encima de los contendientes” y cuando éstos “trasgreden los límites legales, las reglas del juego, el árbitro inevitablemente tiene que actuar para reconducir el juego dentro de los cauces legales”.
INE debe aplicar la ley
La ex consejera electoral Jacqueline Peschard destacó que “si algo tiene el INE es un modelo donde concurren las fuerzas políticas. Es la autoridad electoral, la que tiene facultades para aplicar la ley y para dar cuentas a la ciudadanía de que su voto se va a contar y se va a contar bien”.
Sin embargo, reconoció, esto implica una responsabilidad de los actores políticos que concurren con la autoridad electoral. Aunque cuestionó qué puede hacer el INE además de cumplir con sus funciones para garantizar que no se descarrile el ambiente de confrontación, tenso e intolerante que existe.
“Hay un ambiente de confrontación, pero también hay un efecto anestesiador que en lugar de que nos apropiemos de nuestros espacios públicos, priva el abandono de la política como la fórmula para plantear los temas que interesan a la ciudadanía”, señaló.
Por su parte Soledad Loaeza afirmó que “El socavamiento de la autoridad del INE forma parte de la estrategia general de la Presidencia de la República en relación con la oposición y creo que eso jugará en la elección. Es un desafío donde el INE sólo tiene que ver qué pasa y es responsabilidad de los opositores el superar sus pugnas internas si es que quieren formar un frente y ofrecer una alternativa”.
Consideró que la autoridad electoral debe tener la capacidad de transmitir el mensaje a la ciudadanía de que su voto contará y dirigir la conversación pública a los temas que le interesan. “Que el INE se apoye en ese millón y medio de ciudadanos que organizan la elección, porque seguramente ellos han contribuido a la buena imagen que tiene el Instituto”, afirmó.
Se vulneró el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, la intimidad y vida privada
No se activó ningún protocolo de atención para casos de violencia digital en perjuicio de la víctima
Patricia Briseño
SemMéxico, Oaxaca, 9 de abril, 2021.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 11/2021 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por discriminación y violencia institucional en contra de una trabajadora del Hospital Rural de San Ildefonso Villa Alta, en la región Sierra Norte, Oaxaca.
La recomendación dirigida al titular del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, precisa que se vulneró el derecho a la legalidad y seguridad jurídica; intimidad y vida privada; así como a una vida libre de violencia, en agravio de una trabajadora del IMSS-Bienestar, que fue destituida de su cargo como gestora de calidad en ese nosocomio regional.
De acuerdo con la relatoría de los hechos, el 27 de septiembre de 2019, al Delegación del IMSS-Bienestar en Oaxaca, solicitó a la zapoteca su renuncia o cambiar de adscripción, al señalar que circulaban “fotos íntimas” de ella.
La agraviada presentó una queja ante la CNDH, que a su vez solicitó a la Unidad de Atención al Derechohabiente del IMSS, salvaguardar sus derechos laborales; sin embargo, a la agraviada se le inició un procedimiento administrativo donde finalmente se le notificó la “pérdida de confianza” por las presuntas fotografías.
El órgano defensor advirtió que el contenido de la resolución (procedimiento administrativo), carece de perspectiva de género y que la acusación a la víctima estuvo sesgada de estereotipos y violencia de género, al enfatizar detalles que aparecen en las fotografías como la vestimenta, además, el circular las imágenes exhibiendo el cuerpo de las mujeres tiene la finalidad de humillar, sentir vergüenza y causar una invasión en su intimidad.
Observó que, contrario a investigar la procedencia de las fotografías, se imputó a la mujer una responsabilidad administrativa, y a pesar de que desde el 2019 se sabía de la circulación de las fotografías, no se activó ningún protocolo de atención para casos de violencia digital en perjuicio de la víctima.
En la recomendación, la CNDH concluyó que el IMSS “debió realizar una investigación interna para esclarecer donde se originó la circulación de las imágenes, cómo se circularon, quiénes intervinieron, equipos de cómputo, si se almacenaron, circularon en redes sociales o algún medio digital, lo que podría generar violencia digital, tipificada como delito en el estado de Oaxaca”.
En este sentido, consideró, la representación del IMSS se negó a garantizar y proteger el derecho a la intimidad de la agraviada y no detuvieron la violencia sexual, psicológica y laboral, originada por la publicación de dichas fotografías, lo que derivó en la revictimización, discriminación y violencia institucional en contra de la mujer al interior del nosocomio.
Por lo anterior, la CNDH recomendó al director General del IMSS, capacitar en materia de violencia de género y ética profesional al personal administrativo y operativo del Hospital Rural del IMSS-Bienestar, de San Ildefonso Villa Alta.
Urgió implementar un Protocolo de Prevención y Atención a Casos de Violencia Digital, para las trabajadoras del IMSS, que proporcione asesoría, acompañamiento psicológico y jurídico, y que los casos sean investigados con perspectiva de género, además de realizar una campaña de difusión sobre el derecho de las mujeres a vivir a una vida libre de violencia.
Se filtra el proyecto que se someterá mañana a votación en el Tribunal Electoral donde se confirma que Félix Salgado Macedonio fue precandidato de Morena
Redacción 24 horas.mx
SemMéxico/24 horas.mx. Cd. de México. 08 de abril 2021.- El TEPJF perfila confirmar que Félix Salgado Macedonio fue precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y tuvo que presentar informe de campaña
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé declarar que Félix Salgado Macedonio sí cometió la falta de omisión de informes de gastos de precampaña, pero dejará que el Instituto Nacional Electoral (INE) valore si es correcta la sanción de la pérdida de su registro.
Hace unos días, el INE determinó cancelar el registro de Salgado Macedonio por que omitió entregar el reporte de sus gastos de fiscalización.
El aspirante y senador con licencia presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral alegando que no tuvo la calidad de precandidato, ni hizo precampañas, por lo que no presentó informes de gastos de ese periodo.
Sin embargo, el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez, que se prevé someter a discusión y votación este viernes, pretende declarar que Félix Salgado y los otros tres precandidatos morenistas sí hicieron precampaña, por lo que pretendieron defraudar a las autoridades electorales.
En el caso específico de Salgado, acusado también por agresión sexual y quien obtuvo la candidatura, se pretende devolver el proyecto al INE para que califique y valore de nueva cuenta si por esa falta debe perder el registro.
Además, los magistrados instruirán al INE para que en caso de optar por quitar el registro a Félix Salgado Macedonio, delineen la ruta para la sustitución de la candidatura, pues los otros aspirantes Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Luis Walton Aburto y Adela Román Ocampo tampoco pueden tomar su lugar porque no presentaron informes de precampaña.
En el caso de Raúl Morón a quien el INE le retiró la candidatura al gobierno de Michoacán, el TEPJF prevé un criterio distinto que está basada en la entrega extemporánea del informe de precampaña y no en su omisión total, por lo que podría regresarle la candidatura.
Presuntamente hay cinco denuncias, según el twitter de las estudiantes con testimonio
Dicen que ellas tienen su propio Salgado Macedonio en la Universidad y es Isaac Ferez Esparza que compite en Veracruz
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 8 de abril, 2021.-Isaac Ferez Esparza, candidato a diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, tiene cinco acusaciones de abuso sexual contra alumnas de la Universidad Anáhuac, que son sus compañeras en esa institución educativa.
“La Anáhuac tiene a su propio Salgado Macedonio”, acusan en el perfil de Twitter Me Too Anáhuac, e informan que “al menos cinco denuncias distintas habían llegado a MeToo de este alumno que ahora es candidato a diputado”.
Según los testimonios ahí publicados, las víctimas acusan al candidato por el Distrito XI de Coatzacoalcos, Veracruz, de acosarlas o abusar sexualmente de ellas y luego amenazarlas bajo el argumento de que él y su familia ostentan un supuesto poder político.
Presuntamente, algunas de las mujeres iniciaron procedimientos de denuncia interna en la Universidad Anáhuac, pero se desconoce si esa institución les dio seguimiento o abrió una investigación o ya lo sancionó de alguna manera.
Las denuncias
Uno de los testimonio, de una denuncia, cuya acusación fue publicada en marzo de 2020, explica que en 2019 el sujeto la agredió y abusó de su confianza cuando eran compañeros de clases en la universidad. En esa ocasión, la invitó a tomar una copa de vino a su departamento y ella accedió bajo el supuesto de que eran buenos amigos.
Sin embargo, las cosas se pusieron raras cuando llegaron al domicilio de Esparza.
“Me dijo que viéramos un capítulo de una serie de Netflix, pero me pidió que le diera mi celular, lo puso en el cajón, de repente se me empezó a insinuar y se me encimó a quererme besar, reaccioné diciéndole que qué le pasaba”.
La mujer le pidió que “respetara a su novia” y se lo quitó de encima “apretándolo del cuello”, continúa. El sujeto le quiso revisar su celular, forcejearon y luego la encerró en su casa.
“Traté de salir del departamento y se vino corriendo a ponerle seguro, y llegó un momento donde realmente lo vi y temí por mi vida. Tenía una cara irracional, tenía una cara de furia”.
La segunda víctima narra una situación similar, pues fue a su departamento porque eran amigos. Sin embargo, aparentemente ella comenzó a sentirse mal después del primer trago de lo que estaban bebiendo, por lo que sugiere que pudo colocar algún sedante en su vaso.
“Después de esto quiso ver una película y tuvimos relaciones de las cuales yo tengo recuerdos muy borrosos. Después de esto me llevó a mi casa y vomité, todo sucedió en un lapso de tres horas, me da mucho miedo pensar que pudo haberme echado algo en la bebida”.
La tercera mujer platica que salió de antro con Isaac y literalmente “no recuerda nada”. “Sé que pasó algo sexual”, explica la víctima, pero admite que el hombre también pudo haber colocado algo en su bebida.
“Me mandó mensaje al día siguiente que quería repetirlo, lo cual me sacó mucho de onda porque también me puse muy borracha muy rápido, lo cual está muy raro, y no me acuerdo absolutamente de nada de esa noche”.
La mayoría de las víctimas narran que, supuestamente, en todos los casos el candidato actuó de la misma forma: invitarlas a su departamento o algún sitio social, ofrecerles algo de beber y tener relaciones sexuales con ellas sin que las mujeres recuerden cómo ocurrió.
En México en dos años han asesinado a mil 422 policías, hombres y mujeres: Causa en Común
CLADEM coincide: policías vulnerables y sin apoyo, sin capacitación, pocos derechos y sin seguridad social y bajos salarios
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 8 de abril, 2020.- Una desaparición y un asesinato de dos mujeres policías consternó a la ciudad de Guadalajara, esta semana, por lo que feministas del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres – CLADEM exigieron hoy al gobierno de Jalisco y del municipio la búsqueda y aparición con vida de Virginia Muñoz Andrade y la atención inmediata a la familia de Victoria Isabel Sánchez Torres asesinada la noche del 5 de abril.
Sostienen que asesinato de Victoria Isabel Sánchez Torres y la desaparición de Virginia Muñoz Andrade, policías de la capital de Jalisco, refleja el contexto de violencia e inseguridad que se vive en la entidad donde no escapan quienes se encuentran en la labor policial, y evidencia que su labor las coloca en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad.
Según la organización civil Causa en Común 2020 ha sido el año más violento para el desempeño de la policía, desde que se lleva el registro, con al menos, 524 asesinatos En promedio, 1.42 cada día. Y sostiene que en los dos últimos años en México fueron asesinados mil 422 policías, entre hombres y mujeres.
CLADEM pide para la familia de la policía asesinada que el gobierno procure todos los apoyos económicos, psicológicos y otros que sean necesarios para su atención considerando que se trata de victimas indirectas, especialmente su hija de 12 años.
Victoria Isabel Sánchez Torres, oficial de la Policía de Guadalajara, murió tras enfrentarse a tiros con dos hombres armados que desafiaron a las autoridades durante un retén policial en la colonia Jardines de la Paz. Por el hecho. Las autoridades informaron que ya hay un detenido.
El crimen ocurrió la tarde del lunes 5 de abril, alrededor de las 19 horas, en el cruce de avenida Revolución y Marquesa de Calderón, donde la policía adscrita al escuadrón motorizado “Gamas”, que llevaba más de ocho años en la corporación, le marcó el alto a un taxi que conducía de manera “evasiva”. Sánchez Torres, tenía 33 años, ella y sus compañeros Cristian Barón y Brian Guzmán, le hicieron la orden de alto al vehículo, pero en lugar de que el chofer se detuviera, el hombre que ahora es testigo del caso aceleró porque, según su versión, los dos pasajeros lo iban amenazando con armas de fuego.
Los tripulantes del taxi descendieron metros adelante de la unidad y comenzaron a disparar a los policías, según el informe policial.
CLADEM sostiene que Virginia Muñoz Andrade, fue secuestrada y desaparecida. Se la llevaron de su domicilio, la noche del 3 de abril. Por ello señala que es necesario revisar las condiciones de seguridad y de protección en que realizan su labor y especialmente, las protecciones sociales que deben recibir sus hijas e hijos A continuación, se presentan los resultados más importantes.
Causa en Común dice que del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020 han asesinado, al menos, a mil 422 policías en México; Durante 2018 asesinaron, al menos, a 452 policías, en promedio, 1.24 cada día. Durante 2019 asesinaron, al menos, a 446 policías, en promedio, 1.16 cada día.
CLADEM agrega que como feministas, se solidarizan con las familias de ambas policía, mujeres que pertenecían a la corporación policiaca y se encontraban desempeñando su labor, en donde además “sabemos se encuentran otras mujeres policías que como ellas, que salen todos los días a la calle a enfrentar el difícil contexto de violencia que se vive en Jalisco y en México.
Afirman que no descartan su trabajo como mujeres al interior de estos sistemas, y tampoco lo deslegitiman. La llegada de las mujeres a las corporaciones policíacas ha sido un avance en la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, sin embargo, detallan “ponemos especial énfasis en el grito feminista de ‘La policía no me cuida, me cuidan mis amigas’, -agregan-“y reconocen que hay carencias en las comisarías de infraestructura y personal. Tanto como descuido para fomentar el cambio cultural ante las dinámicas patriarcales y androcéntricas al interior de estos espacios, lo hostiles que son para las mujeres policías.
Por ello exigen que opere una reestructuración en el sistema policiaco, con perspectiva de género en todos los niveles, debido a que las policías viven las mismas opresiones que todas las mujeres que se agudizan en un espacio lleno de machismo y misoginia.
Luego reconocieron a todas las mujeres policías,” a quienes les decimos también, que en las feministas encuentran a mujeres aliadas y comprometidas con la protección de los derechos humanos de todas y de todos”
¿Quién era Victoria Isabel Sánchez Torres?
Según testimonios de la prensa local, desde su llegada a la corporación hace 9 años, siempre buscó formar parte del grupo motorizado, aunque tuviera nula experiencia conduciendo motocicletas de alta cilindrada. “Le costaron varias caídas aprender andar en la moto, se puede decir que fue de las primeras, la primera mujer en Gammas… Siempre le gustó andar en motocicleta”. Victoria Isabel era madre de una niña de 12 años.
Causa en Común
Justo hoy la organización Causa en Común presentó un informe sobre la letalidad policiaca, afirmando que cuerpos de policía son una manifestación esencial de cualquier Estado. No sólo reflejan políticas de seguridad, sino que constituyen una expresión del desarrollo institucional de una nación, y de las relaciones entre comunidades y autoridades.
Sostienen que en México, las policías adolecen de múltiples insuficiencias y deficiencias resultado de un abandono institucional crónico, generalmente caracterizado por presupuestos insuficientes y mal ejercido; condiciones laborales abusivas; y brechas crecientes entre sus procesos de desarrollo, su realidad operativa y las leyes que los rigen. A lo anterior, se suma un amplio desprecio social a las corporaciones de policía.
Además la policía está desprotegida, mal pagada y sin suficiente equipo; están hombres y mujeres, abandonadas por el Estado y sus comunidades, con jornadas extenuantes y capacitaciones exprés, las y los policías enfrentan día con día un altísimo riesgo de ser asesinados. En nuestro país matan en promedio a más de un policía cada día. Además, la mayoría de estos asesinatos queda impune.
Los asesinatos de policías según el registro de Causa en Común, suceden principalmente, de 2018 a la fecha, en Guanajuato (223), Estado de México (109), Guerrero (107), Chihuahua (98) y Veracruz (84).
El registro de Causa en Común, incluye policías municipales, estatales y federales, ya sean de tránsito, preventivos, ministeriales o penitenciarios.
Las desapariciones son principalmente en el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México
Lizbeth Álvarez Martínez.
SemMéxico, Cd. de México, 8 de abril, 2021.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que en México se han incrementado los feminicidios, porque antes no se clasificaban y que no va a evadir su responsabilidad, en donde quedó clara la trata de niñas y mujeres, el mayor porcentaje de desapariciones en México.
El presidente lo dijo así: “En el caso de los feminicidios, que es otro delito con crecimiento, sostenemos -no es evadir nuestra responsabilidad, siempre vamos a decir la verdad- sostenemos que antes no se clasificaban de esa manera, se consideraban homicidios todas las muertes, fallecimientos de mujeres; ahora no, entonces por eso se registra un incremento”, dijo el mandatario.
Ello sucedió a propósito de la presentación del plan de búsqueda de desaparecidos, y reiteró, como en todos los caso que la desaparición forzada “es una herencia dolorosa, la cual surgió al decidir enfrentar la violencia con la violencia, cuando se declara la guerra y se dejan de atender las causas que originan la violencia”.
Sobre ello en Palacio Nacional se presentó un l informe a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, quien dijo que las niñas y mujeres representan el mayor porcentaje de personas desaparecidas, precisamente cuando Amnistía Internacional circuló su informe 2021 sobre la violación a los derechos humanos, misma que continúa y preocupa. .
Encinas informó que “Las mujeres representan el 24.8 por ciento de las personas desaparecidas, pero si nos enfocamos en el rubro de las niñas, adolescentes, menores de 18 años, estas representan el 55.65 por ciento de ellas y la mayoría de estas”. Y puntualizó que “este es un dato que debe preocuparnos, estamos haciendo un trabajo específico no solamente en materia de búsqueda en vida, sino atacar el fenómeno de la trata de personas, porque el estrato de edades de las mujeres desaparecidas son fundamentalmente entre los 10 y los 19 años de edad”,
Y así lo dijo el funcionario durante la presentación del informe Búsqueda e Identificación de Persona Desaparecidas 2021 y aseguró que el 62 por ciento de las niñas adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en siete estados: el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México.
En su turno y ante el cuestionamiento sobre las desapariciones de mujeres en Sonora, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, Karla I. Quintana Osuna, dijo que ese estado tiene el mayor índice de mujeres desaparecidas.
“Sí, en relación con la desaparición de mujeres, no sólo en Sonora sino -como informábamos- en general, en todo el país y Sonora está dentro de uno de los estados con mayor índice de mujeres desaparecidas”
También aseguró que la desaparición de niñas y mujeres están relacionadas a la trata de personas y que su búsqueda tiene que ser relacionada con cuestiones de género.
“La mayoría, como decía el subsecretario, son adolescentes o mujeres adultas jóvenes y la hipótesis de búsqueda es sobre trata de personas. Así como todo homicidio de una mujer, toda muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada como feminicidio esté o no tipificado como tal, también toda desaparición de niña, adolescente o mujer tiene que ser investigada en términos de búsqueda que su desaparición esté relacionada con cuestiones de género, como puede ser en este caso la trata de personas”, expuso Quintana Osuna.
Finalizó diciendo que se está trabajando no sólo en Sonora sino en todo el país sobre un análisis concreto sobre las desapariciones de mujeres. “Estamos trabajando con también con la Comisión Estatal de Búsqueda para tratar de hacer un análisis de contexto concreto sobre las desapariciones de mujeres en Sonora que también, hay que decirlo, no solo por la edad, sino también físicamente…”
Asegura que se profundizó la violencia contra las mujeres en México, siguieron las desapariciones, la tortura y la resistencia de despenalizar el aborto
Advierte de la militarización y describe violaciones a los derechos humanos por austeridad
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 8 de abril 2021.- En México la violación a los derechos humanos no ha cesado; desde Palacio Nacional se estigmatiza a las feministas, se desestima el feminicidio y la violencia dentro de la familia, se ataca la libertad de expresión y se abusa con uso de fuerza excesiva para parar las protestas de mujeres y ambientalistas, con uso de gases con municiones ; igual continuaron las detenciones arbitrarias y hechos de tortura sostiene el informe 2021 de Amnistía Internacional AI.
En dura descripción señala que las mujeres han recibido además robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales, uso de gases entre otras violaciones de derechos humanos. Y los recortes presupuestales han significado reducción a programas y políticas a favor de las mujeres. La militarización nacional las pone en peligro, tanto como a la población migrante. Pero también hubo graves hierros en las acciones para atender la pandemia.
El informe afirma, además que la pandemia COVID-19 golpea con especial dureza a las personas atenazadas por la opresión como consecuencia de las desigualdades, el abandono y los abusos sufridos durante décadas, profundizadas en el mundo y en México por la política de austeridad.
En el preámbulo del informe, mundial, Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional señala que se ha puesto en evidencia el terrible legado de unas políticas deliberadamente divisivas y destructivas, que perpetuaron la desigualdad, la discriminación y la opresión y prepararon el terreno para la ruina causada por la COVID-19.
El informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo abarca 149 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en todo el mundo en 2020. La organización describe en él cómo los grupos que figuraban ya entre los más marginados, como las personas refugiadas y las mujeres, sufrieron las peores consecuencias de la pandemia por culpa de políticas discriminatorias aplicadas por decisión de los dirigentes mundiales que no han sabido responder a un mundo sumido en el caos.
México
Amnistía Internacional afirma que el gobierno reaccionó a la pandemia de COVID-19 con recortes del gasto público en diversas áreas. El personal sanitario denunció que carecía de acceso a los equipos de protección individual y las prestaciones necesarias para garantizar un entorno laboral seguro. En este periodo aumentaron las denuncias de violencia contra las mujeres.
Las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos.
Sobre las desapariciones forzadas el presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó en diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, y minimizaba el problema de la violencia contra las mujeres.
La información oficial señala -2021- que ya son más de 2 millones de casos confirmados de COVID-19. Pero en abril, hace un año el gobierno aplicó políticas de austeridad a través de un decreto que recortaba el gasto público salvo en programas que se consideraban prioritarios, como varios proyectos importantes de infraestructura.
Señala Amnistía los efectos nocivos de la disolución de varios fideicomisos públicos, entre ellos los de apoyo a la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos, y el cambio climático. .
El gobierno desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, y continúan los homicidios ilegítimos.
Las desapariciones forzadas, se mantienen y han sido cometidas por agentes del Estado lo que sigue siendo motivo de preocupación especialmente porque en 2020 hubo 6 mil 957 casos de personas desaparecidas, muchas de mujeres y niñas.
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Violencia contra mujeres y niñas
AI está preocupada porque en 2020 se denunciaron 3 mil 752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. Los estados donde esto es más grave son el de México que registró la mayor cifra absoluta de feminicidios, seguido del de Veracruz. Los estados de Colima y Morelos presentaron las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100.000 mujeres. Las llamadas al número de teléfono de emergencias 911 para denunciar actos de violencia contra las mujeres aumentaron durante el año, con 260 mil 67 llamadas recibidas hasta diciembre, frente a un total de 197 mil 693 en todo 2019.
Advierte y describe que después de que se produjeran importantes protestas sociales, el gobierno desistió de aplicar medidas de austeridad que proponían recortes en el presupuesto para las Casas de Mujeres Indígenas y Afro mexicanas y para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres recortó en julio el 75 por ciento (151 millones de pesos mexicanos) de su presupuesto operativo.
No obstante “el presidente de la República seguía minimizando el problema de la violencia contra las mujeres, cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios.
Al terminar el año no había ninguna señal de que las 21 declaraciones de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres AVGM hubieran reducido la violencia de género.
Respecto de los Derechos Sexuales y Reproductivos, alerta AI el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó una orden que pretendía cambiar la legislación que criminalizaba el aborto en el estado de Veracruz. Y en mayo, el Congreso del estado de Guanajuato rechazó un proyecto de ley para la despenalización del aborto en el estado.
Describe el informe que continuaron las amenazas y el hostigamiento contra personas que defendían los derechos humanos y, según datos de organizaciones de la sociedad civil, 24 personas defensoras fueron asesinadas. La defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas se hizo pública, sobre todo por el megaproyecto conocido como Tren Maya. Pero el presidente reaccionó acusándolos públicamente de ser “falsos ambientalistas”. Seis relatores especiales de la ONU enviaron una carta al gobierno expresando una serie de motivos de preocupación sobre el proyecto del Tren Maya, algunos de ellos relacionados con el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a la salud, y también con las posibles consecuencias medioambientales del proyecto, pero nada se hizo.
Preocupa a AI los ataques a la libertad de expresión y de reunión, ya que continuaron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra las personas trabajadoras de medios de comunicación y, según los datos oficiales disponibles en noviembre, al menos 19 periodistas fueron asesinados durante el año.
Y también, dice AI las noticias de que Notimex, la agencia de noticias estatal, esté involucrada en una campaña difamatoria contra varios periodistas y medios de comunicación que publicaban contenidos críticos con el gobierno, campaña incluía una red de programas robot y cuentas falsas en las redes sociales supuestamente financiadas con fondos públicos.
Recoge AI una carta firmada por 650 periodistas e intelectuales, en septiembre, que acusó al presidente de actuaciones que afectaban a la libertad de expresión, incluidas una serie de declaraciones públicas que debilitaban a la prensa al favorecer un entorno propicio a la censura, sanciones administrativas y el uso indebido de la ley para intimidar a la prensa.
Manifestaciones feministas
En 2020, las mujeres llevaron a cabo en varias ciudades manifestaciones multitudinarias contra el feminicidio y otras formas de violencia de género. En varios casos, la policía respondió empleando fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales, entre otras violaciones de derechos humanos. Las autoridades estatales y federales también estigmatizaron en sus declaraciones públicas a las mujeres que se manifestaban.
Por ejemplo en agosto, la policía de la ciudad de León (estado de Guanajuato) detuvo arbitrariamente a 22 mujeres y golpeó y agredió sexualmente a varias mujeres y niñas. En noviembre, la policía utilizó armas de fuego con munición viva en una serie de manifestaciones, en su mayor parte pacíficas, de mujeres que protestaban contra los feminicidios en Cancún.
Tortura
Mientras continúan la tortura y otros malos mientras un programa para impedir tratos inhumanos o degradantes aún no ha hecho público, a pesar de que dos policías del Estado de México fueron condenados a siete años de prisión por utilizar la tortura para obtener confesiones falsas de tres mujeres sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya en 2014. La sobreviviente de tortura sexual Mónica Esparza fue excarcelada en marzo, más de siete años después de que fuera detenida arbitrariamente y torturada por la policía en la ciudad de Torreón (estado de Coahuila). Fue absuelta de los cargos basados en confesiones falsas obtenidas mediante tortura, pero ningún agente haba sido acusado de los delitos cometidos contra ella.
Preocupa que al comenzar el año s agentes de la Guardia Nacional utilizaron gas lacrimógeno durante una operación para detener a centenares de migrantes que atravesaron la frontera sur de México y en marzo, arrastraron y golpearon a migrantes que participaban en una protesta que se celebró en un centro de detención de migrantes en Tapachula. Y en marzo, un solicitante de asilo guatemalteco murió después de que una protesta de migrantes detenidos que exigían ser liberados derivara en un incendio en el centro de detención de Tenosique. Preocupa a AI la falta de transparencia y las deportaciones.
También señalan varias personas trabajadoras de la salud que varias personas trabajadoras de la salud expresaron su preocupación por las contrataciones irregulares y la falta de subsidio por enfermedad y otras prestaciones, lo que en ocasiones les acarreó represalias.
Amnistía Internacional exige la investigación y sanción de responsables de violaciones de derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones del 4 y 5 de junio en Guadalajara (comunicado de prensa, 7 de junio) 2. Las ejecuciones en Nuevo Laredo deben ser un parteaguas para frenar las violaciones de derechos humanos en México (noticia, 28 de agosto) 3. La nueva Guardia Nacional de México está rompiendo su juramento de respetar los derechos humanos (noticia, 8 de noviembre) 4. Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México (AMR 41/5340/2017) 5. Autoridades de Guanajuato deben abstenerse de estigmatizar el derecho a la protesta (comunicado de prensa, 28 de agosto) 6. México: Carta abierta (25 de agosto) 7. México: Acción Urgente: Se niega apoyo por COVID-19 a superviviente de tortura Adrián Vásquez Lagunes (AMR 41/2542/2020) 8. Américas: Los gobiernos deben poner fin a las detenciones peligrosas y discriminatorias de migrantes y solicitantes de asilo (noticia, 2 de abril)
El Mundo
AI afirma que nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado.
Sostiene que la pandemia ha amplificado decenios de desigualdad y desgaste de los servicios públicos. Y el informe de Amnistía pone de manifiesto que, como consecuencia de las desigualdades generadas por un liderazgo tóxico ejercido durante decenios, la pandemia afectó de manera desproporcionada a las mujeres, las poblaciones refugiadas, las personas de edad avanzada y las minorías étnicas.
La COVID-19 empeoró la ya precaria situación de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en muchos países, dejándolas en algunos casos atrapadas en miserables campos de acogida, interrumpiendo suministros vitales o provocando controles fronterizos que dejaron a muchas abandonadas a su suerte
El informe subraya el acusado aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, en el contexto del cual muchas mujeres y personas LGBTI tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo debido a las restricciones de la libertad de circulación, la falta de mecanismos confidenciales que permitieran a las víctimas denunciar la violencia mientras estaban aisladas con sus maltratadores, y la capacidad reducida o suspensión de los servicios.
Quienes trabajaban en primera línea frente a la pandemia —el personal sanitario y del sector informal— sufrieron las consecuencias de unos sistemas de salud deliberadamente desatendidos y medidas pésimas de protección social. En Bangladesh, muchas personas que trabajaban en el sector informal se quedaron sin ingresos o sin prestaciones sociales debido a los confinamientos y toques de queda. En Nicaragua, a principios de junio se despidió en sólo dos semanas al menos a 16 profesionales de la salud que habían expresado su preocupación ante la falta de equipos de protección individual y la respuesta del Estado a la pandemia.
Y dice al final de la introducción que “Hemos visto toda clase de respuestas de nuestros dirigentes, tanto mediocres como engañosas, egoístas y falaces. Algunos han intentado normalizar las autoritarias medidas de emergencia que han adoptado para combatir la COVID-19, mientras que una cepa especialmente virulenta de líderes han ido aún más allá y han visto en la pandemia una oportunidad para afianzar su poder. En lugar de apoyar y proteger a la población, se han limitado a instrumentalizar la pandemia para socavar gravemente sus derechos”, dice Agnès Callamard.
“Nos encontramos en una encrucijada. Debemos romper las ataduras que degradan la dignidad humana. Debemos pulsar el botón de reinicio para construir un mundo basado en la igualdad, los derechos humanos y la humanidad. Debemos aprender de la pandemia y aunar esfuerzos con valentía y creatividad para conseguir que todas las personas sean tratadas en pie de igualdad.”
Una ex trabajadora del CRM denunció a Hipócrates Nolasco Cancino por esta conducta
* Maestras mezcaleras también se enfrentan a la discriminación y falta de apoyo
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México 8 de abril 2021.- Mujeres productoras del mezcal que buscan certificarse han sido víctimas de acoso sexual por parte del presidente del Consejo Regulador del Mezcal (CRM), Hipócrates Nolasco Cancino, al igual que una trabajadora que omite dar su nombre por cuestiones legales.
La víctima quien ha presentado la denuncia ante las diversas autoridades, y lo ha dado a conocer a medios locales, ha detallado que, a cambio de beneficios como aumento de sueldo, menos carga de trabajo, ascenso de puesto le pedía tener relaciones sexuales.
Abundó que Nolasco Cancino aprovecha su posición para presionar a las productoras de mezcal para darles la certificación a su bebida a cambio de favores sexuales.
En su caso, la víctima señaló que no es posible que siga en esa posición donde acosa a las mujeres que laboran en el Consejo, ya que utiliza las relaciones con altos funcionarios del gobierno estatal para librarse de los señalamientos.
Dijo: “Me sugirió que si yo lo acompaño y me porto bien será menos el trabajo que tenga, porque voy a andar con el jefe, y además de que voy a ganar más; que podría ser jefa”, afirmó la joven a Expresa Oaxaca.
Además, en su momento, la víctima de Nolasco Cancino aseveró que otras mujeres productoras de mezcal también han sido víctimas del presidente del CRM, quien a cambio de la certificación de su bebida les pedía favores sexuales.
Espera que, próximo a renovarse el Consejo Directivo del CRM, más mujeres alcen la voz y denuncien a este agresor, para que se pugne que dentro del organismo se pugne por las cero tolerancias a la vulnerabilidad a la mujer.
Además, asegura que los agremiados pugnan por un Consejo Regulador del Mezcal en donde sus directivos no sean blanco de señalamientos o denuncias relacionadas con violencia de género y/o acoso o abuso sexual.
Las mujeres que buscan un lugar en la industria del mezcal no solo se enfrentan a los escasos apoyos y a la discriminación, también tienen que hacer frente al acoso del que llegan a ser víctimas.
SemMéxico, Cd. de México, 8 de abril, 2021.- La delincuencia camina paralela a la modernización tecnológica, según una denuncia que por vía electrónica está circulando, con el propósito de alertar a los cuentahabientes, en particular a quienes depositan considerables sumas. Tal vez se hayan filtrado delincuentes cibernéticos a las instituciones bancarias para actuar en complicidad, obteniendo la información requerida.
Quien proporcionó datos sobre la operación de una posible banda, se cree que está en la Ciudad de México, se identificó satisfactoriamente y, por razones de seguridad personal, pidió no sea revelado su nombre. Hasta ahora no se sabe que haya denuncia, de alguna víctima, en la fiscalía de la Capital del país o en la Fiscalía General de la República. La investigación, se apunta en el correo electrónico, está a cargo de personal de uno de los grandes bancos, donde se registró el saqueo a la cuenta de un cliente.
La actividad delincuencial en agravio de los poseedores de tarjetas de crédito o de débito, empezó hace algunos años y los bancos en una buena parte resolvieron esa situación empleando “terminales” para que el usuario atestiguara que su plástico no pasaba a otras manos. “Me clonaron mi tarjeta”, es una frase que escuchamos con frecuencia. Conozco de un caso: en el curso de un año, al cuentahabiente le bloquearon su tarjeta hasta cinco veces y cancelaron los cargos no reconocidos.
En la actualidad se sabe de estafas cometidas por “clonadores” en agravio de personas de la Tercera Edad y de pensionados o jubilados. Operan en las puertas donde están instalados los cajeros y por ello se sugiere que vayan acompañados o acudan a un cajero de un centro comercial. Otras ocasiones la extorsión telefónica sorprende a las personas, a las que el delincuente “avisa” que un familiar está en problemas y que “para ayudarlo” hay que hacer depósitos a determinado número de cuenta bancaria. Estos llamados, según la policía, generalmente se hacen desde el interior de los penales.
UNA BANDA DE HACKERS
Quien denuncia, seguramente víctima, precisó que “presume” la operación de una “banda de hackers”, sin precisar mayores datos. Una llamada telefónica al cuentahabiente, es el primer paso. Aquí la pregunta es, ¿quién proporcionó los datos del “elegido”? Supongo que no cualquier persona tiene acceso a la relación de las cuentas bancarias y menos que una persona ajena a la institución.
Segundo paso. La pregunta el delincuente se relaciona con un cargo que se hará la cuenta, por una compra. “¿Acepta el cargo? Nada más conteste sí o no”. La repuesta es un no definitivo y rotundo. Acto seguido elhacker corta la comunicación, que el mismo sujeto u otro reanuda y se hace pasar como “ejecutivo” de la institución bancaria, para oír que le ratifican la negativa de aceptar el cargo.
Con diferentes argumentos y pretextando auxilio para que no sea perjudicada la persona, aprovechan el tiempo para realizar el hackeo y proceder a hacer la transferencia de una alta suma de dinero, como ocurrió el 8 de febrero pasado con una operación destinada a la cuenta de Giovanni Alejandro Ramos Mejía, en la Sucursal 0870 de Banamex. Esa persona ya es buscada con base en los datos que aportó al banco al abrir su cuenta.
La víctima dijo haber acudido a Banamex para relatar lo ocurrido e iniciaron la investigación correspondiente, por lo cual se logró obtener la identificación del presunto responsable. Lo que se averigua es qué empleado o funcionario bancario intervino en la transacción.
Para los que no estamos inmersos en el moderno lenguaje, derivado del avance tecnológico, hacker es un pirata informático. Está capacitado y debidamente informado. Siempre el factor sorpresa es uno de sus aliados, telefónicamente o por la vía de la Internet. Es una persona hábil y actúa con rapidez, procurando no dejar huella. Maneja con certeza la tecnología digital.
Acotaciones finales. Nunca funcionarios o empleados bancarios solicitan información, telefónica o por Internet. Cuando reciba una llamada en ese sentido, cuelgue el aparato. Si “está desprevenido” no contesté ni pronuncie palabra alguna. Una respuesta simple, en caso dado, es “todo lo relacionado con el banco, lo trato en el banco no por teléfono”. Los correos electrónicos ni los abra y mucho den contestación, regístrelos como “correo no deseado”.
SemMéxico/Periodistas en español, 8 de abril, 2021.- Michel Foucault siempre fue uno de los intelectuales más estudiado y acreditado en la Argentina. Cuando me enteré de que había practicado la pedofilia me sorprendió y también me produjo disgusto, pues, desde muy joven leo filosofía y siempre admiré su obra, por cierto esclarecedora. El asunto explotó por las declaraciones que hizo a distintos medios Guy Sorman con motivo del lanzamiento de su nuevo libro (Mon dictionnaire du Bullshit, 2021).
Sabía de la homosexualidad de Foucault y de que falleció joven a consecuencia del Sida. Recuerdo que en esa época con el Sida se despertó una creciente juridización de la bioética como no se había dado con ninguna otra patología. Era una enfermedad estigmatizada, su transmisión sexual estaba ligada a la perversión, pues, la padecían los homosexuales y las prostitutas, y obviamente los promiscuos, en consecuencia originaba una fuerte condena moral.
A principios de la década de los años ochenta, yo ya tenía algunos años de médico, apareció la pandemia VIH/SIDA, seguida de la pandemia VIH/Tuberculosis. También muchos sidosos padecían cáncer, pero al cáncer siempre se lo vio como una injusticia y la actitud social era más bien de conmiseración, no de condena.
En aquellos años Susan Sontag expuso magistralmente las metáforas del Sida, mientras en Argentina escritores de nota y artistas plásticos reconocidos murieron por el flagelo y, lo curioso fue que ninguno de ellos reflejó en sus obras la enfermedad que lo consumía. Pues bien, ahora nos enteramos que Foucault además habría sido pederasta, y esto ha desencadenado una nueva guerra cultural, incluso se plantea el dilema de cancelar o no su obra, lo que a mi juicio es un disparate.
Un amigo me decía que hoy nos enteramos por los medios que algunos religiosos han practicado la pederastia en cantidad inusitada valiéndose de su autoridad espiritual, en cambio Foucault, según Guy Sorman, solo lo habría hecho a cambio de dinero. En mi opinión el hecho no deja de ser abusivo y despreciable. Pero también he leído que Michel Foucault no era pedófilo, le atraían los jóvenes efebos, muchachos de diecisiete o dieciocho años.
La acción habría transcurrido en Túnez (1969), en el pueblo Sidi Bou Said, a solo veinte kilómetros de la capital, y Foucault habría escogido a niños entre ocho y diez años a los que les arrojaba monedas y luego en el cementerio consumaba el acto.
La experta en su obra Esther Díaz, muy indignada, sostiene que en ninguna parte de la obra del filósofo francés existe una línea donde se apoye la pedofilia. Y en lo que atañe a los que promueven la cancelación, se pregunta qué sucedería si nos enterásemos que los que producen las vacunas son pedófilos: ¿igual nos vacunaríamos?
En fin, algunos parecen estar dispuestos a darle crédito a Sorman, a quien se le activó la conciencia luego de seis décadas, evidentemente una conciencia tardía. Manifestó que se considera a sí mismo «sórdido» y «moralmente sucio» por no haber denunciado la conducta del filósofo en su momento: «Foucault no se habría atrevido a hacer esto en Francia». Al parecer, como otros también han denunciado, este comportamiento sería un resabio del colonialismo, ya que el europeo en las colonias podía darse ciertas licencias sexuales, sobre todo en mérito a la supuesta superioridad intelectual.
El problema, el gran problema, es que Foucault está muerto, en consecuencia no puede defenderse de esas acusaciones, por eso no me parece prudente tomar partido. Así como no soy filósofo tampoco soy jurista, aunque confieso que me hubiera gustado ser uno de esos doctos del Renacimiento, sin embargo tengo entendido que en el ámbito jurídico ante la falta de pruebas se debe absolver al acusado por el «beneficio de la duda», ya que es necesario demostrar su culpabilidad, y también otro concepto es que frente a la duda se debe actuar a favor del acusado (in dubio pro reo).
Por otro lado, los que aluden al movimiento MeToo, deben tener presente que en la línea argumental de este movimiento siempre el individuo famoso es acusado por sus antiguas víctimas, y eso no sucedió con Foucault, ya que quien lo acusa es otro intelectual que asume el papel de testigo. De todas maneras, esto que está sucediendo no es algo inédito, ya ha pasado en varias oportunidades, lo que sucede es que hoy contamos con Internet y las redes sociales.
En efecto, este nuevo mundo digital permite que la verdad y la mentira se entrecrucen, se viralicen en minutos y, en muchos casos es producto de la lucha contra la indiferencia y la necesidad de captar la atención… Convengamos que es muy llamativo que el descargo de conciencia de Sorman coincida con el lanzamiento editorial y sería de inocentes negar el marketing gratuito que está consiguiendo. Hay quien sostiene que se trata de una estrategia típicamente amarillista.
Entre las voces críticas, una sugirió por qué Sorman no donaba sus derechos de autor a alguna organización que combata la pederastia, me parece bien, ya que le aliviaría la conciencia. Lo cierto es que el escándalo situó en el foco de atención tanto al acusador como al acusado y, es poco probable que de esto no saque provecho la industria editorial.
En fin, otra guerra cultural, pero me parece oportuno ante lo que estamos viviendo en el mundo exhumar una frase de Michel de candente actualidad: «Para que el Estado funcione como funciona es necesario que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación bien específicas que tienen su configuración propia y su relativa autonomía».
Coincido con Foucault. Muchas veces me he preguntado en este último año, qué diría Foucault si viviese de nuestra trágica e insolidaria época, del quiebre de viejos paradigmas, de esta vuelta de tuerca autoritaria que jaquea al sistema democrático, en fin, del momento histórico que padecemos a causa de esta nueva pandemia.
Roberto Miguel Cataldi Amatriain es médico de profesión y ensayista cultivador de humanidades, para cuyo desarrollo creó junto a su familia la Fundación Internacional Cataldi Amatriain (FICA)
Experiencia de la Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra
Rosalva Aída Hernández Castillo
En Memoria de mis hermanas: Leo, Morelitos, Rosita y Mica.
SemMéxico, Cd. de México, 8 de abril, 2021.- A través de las vidas y muertes prematuras de cuatro integrantes de la Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra, la autora comparte las reflexiones de su trabajo durante 12 años con mujeres indígenas privadas de su libertad: el racismo en las cárceles, el ocultamiento de la etnia en los censos penitenciarios, la violencia carcelaria y la prisión como mecanismo de despojo. Lo que empezó siendo una investigación académica sobre el acceso a la justicia para mujeres indígenas, se ha convertido en un proyecto de vida acompañando la lucha de las mujeres en reclusión a través de la escritura.
La geógrafa feminista Ruth Gilmore define al racismo como el acto por el cual el Estado legítima, reproduce legalmente y explota la vulnerabilidad de un grupo racializado frente a la muerte prematura. Desde esta perspectiva, la cárcel se convierte en un dispositivo racista que produce las muertes prematuras de las mujeres indígenas. El presente artículo narra las experiencias de racismos estructurales que viven las mujeres indígenas que han sufrido las violencias carcelarias y señala que las muertes prematuras son el producto de la vulneración de sus cuerpos por un sistema de seguridad y justicia misógino y racista.
Sin embargo, en América Latina ha sido más complicado posicionar este debate, en parte porque el mito del mestizaje ha hecho difícil nombrar al racismo. Bajo la lógica de que las naciones latinoamericanas son producto del mestizaje y que no existen los contextos de segregación racial que caracterizan a los países del norte, se argumenta que quienes están en la cárcel son “ciudadanos”, en su mayoría pobres, que por su contexto de vulnerabilidad económica son más propensos a delinquir. Por lo tanto, incluso las perspectivas más críticas señalan a la criminalización de la pobreza y a la corrupción del sistema judicial, como el problema principal de la justicia penal y los sistemas penitenciarios latinoamericanos.
Integrantes de la Colectiva Hermanas en la Sombra con Micaela Vargas (en el centro de beige), presa de las estadísticas en la «guerra contra las drogas». Foto: Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra.
El color de las cárceles en México
Los trabajos de Rita Laura Segato sobre El color de la cárcel en América Latina: apuntes sobre la colonialidad de la justicia en un continente en desconstrucción apuntan a la complicidad de la academia al silenciar la estructura racista y racializada que marca a las prisiones de América Latina. Estos silenciamientos se ponen en evidencia en el caso mexicano cuando son criterios lingüísticos los que se utilizan en los censos penitenciarios para documentar el número de presos indígenas.
Bajo estos parámetros, la información más reciente con la que se cuenta es del 2017, cuando la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación informó que la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de 8.412 personas, de una población total de 247.000. De la población indígena, 7.728 pertenecían al fuero común y 684 al fuero federal; mientras que 286 eran mujeres y 8.126 hombres.
El informe también detalla las personas hablantes de idiomas indígenas: 1.849 de náhuatl, 639 de zapoteco, 527 de mixteco, 499 de tsotsil, 491 de tseltal, 412 de otomí, 403 de maya, 361 de mazateco, 356 de totonaca, 334 de tarahumara, 219 de chol, 216 de tepehuano, 212 de chinanteco, 196 de cora, 179 de huasteco, 173 de mixe, 172 de mayo, 158 de tlapaneco, 152 de mazahua y 116 de huichol.
“Muchos indígenas son considerados como población pobre de origen campesino, desapareciendo su adscripción étnica en los censos penitenciarios.”
Sin embargo, a través de mi experiencia en prisiones del estado de Morelos y, las visitas y talleres en los estados de Chiapas, Puebla, Yucatán, Oaxaca y la Ciudad de México, he podido constatar que muchos integrantes de comunidades indígenas tienden a ser considerados como población pobre de origen campesino, desapareciendo su adscripción étnica en los censos penitenciarios. La desidentificación es aún más frecuente cuando se trata de población que ha perdido su lengua materna como consecuencia de las violentas campañas de castellanización impulsadas en las regiones indígenas por la educación pública.
Estos silenciamientos hacen difícil el registro numérico de la población indígena, al mismo tiempo que las jerarquías raciales se siguen reproduciendo en los espacios de reclusión, en donde las pocas mujeres de clase media tienden a ser de fenotipos más blancos y a ocupar espacios de privilegio dentro de la estructura carcelaria. Entre los pocos estudios realizados en torno a mujeres presas que reconocen su especificidad étnica, la socióloga y defensora de Derechos Humanos Ana Paula Hernández ha detallado que las mujeres indígenas representan solo un 5% de la población penitenciaria femenina total, pero conforman el 43% de las recluidas por narcotráfico.
De este modo, las mujeres indígenas se han convertido en rehenes de la guerra contra el narcotráfico, son las presas de la estadística pues el gobierno mexicano ha encarcelado a los sectores más vulnerables de la pirámide del mercado de drogas: en lugar de meterse con los jefes del narcotráfico, lo hace con las mujeres campesinas, pobres, la mayoría de ellas indígenas, que son utilizadas como mano de obra barata y descartable.
Un informe de 2017 señala que la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de 8.412 personas. Foto: Diario TE.
La promesa de campaña que no fue
El actual gobierno de centro-izquierda de Andrés Manuel López Obrador anunció durante su campaña presidencial que cambiaría las políticas antidrogas para dejar de criminalizar a la pobreza y los sectores marginados de la sociedad. Con este fin, lanzó una amnistía para excarcelar a presos y presas indígenas que no hubieran contado con apoyo de un traductor o que estuvieran cumpliendo una pena por delitos de drogas.
Esta Amnistía fue finalmente aprobada por el Poder Legislativo el 22 de abril del 2020, como una medida para despresurizar las cárceles del país en medio de la pandemia de Covid-19. En los hechos, abrió una ventana de esperanza para las excarcelaciones de mujeres presas por interrupción de embarazo, por delitos no violentos, delitos contra la salud (como se tipifica al narcomenudeo), indígenas que no contaron con traductor y las mujeres mayores de 60 años o con pre-condiciones vulnerables a la pandemia.
Sin embargo, a casi un año de emitida la ley nadie ha salido, la mitad de las cárceles del país tienen problemas de sobrepoblación y la mayoría no cuenta con fuentes de agua potable en las celdas, lo que hace a toda esta población vulnerable ante la crisis sanitaria. Es decir que la promesa de acabar con la criminalización de la pobreza y promover una justicia reparadora, que se anunciaron en las campañas políticas, siguen sin cumplirse.
Por el contrario, durante el primer año del nuevo gobierno de López Obrador, 14.000 personas más fueron privadas de su libertad, no se promovieron beneficios de libertad anticipada ni beneficios por razones humanitarias. En los hechos, la promesa de campaña y la amnistía nunca fueron implementadas, por lo que la criminalización de la pobreza sigue vigente en México a pesar del discurso presidencial.
Rosita Salazar era una mujer nahua que llegó a la cárcel de Atlacholoaya por no poder pagar 40.000 pesos a una prestamista. Para apoyar a su hijo a migrar hacia los Estados Unidos firmó papeles que no podía leer. Foto: Lucía Espinoza
Mujeres indígenas y violencia carcelaria
Una característica de las experiencias de mujeres indígenas presas que no viven otras mujeres racializadas, es que al aplicar el derecho penal en su criminalización y encarcelamiento, el Estado pasa por sobre las jurisdicciones indígenas reconocidas por el Artículo N° 4 de la Constitución Política de México y por el Convenio 169 de la OIT. Además, muchas de las prisiones mexicanas han sido construidas en territorios indígenas, sin respetar el derecho a la consulta previa y despojando a los pobladores de sus tierras comunales o ejidales.
En México, la criminalización de integrantes de pueblos indígenas y su prisionización han implicado una forma más de despojo y desplazamiento forzado, al romper sus vínculos comunitarios, reubicándolos en prisiones lejos de sus familias y ejerciendo sobre sus cuerpos múltiples formas de violencia físicas y simbólicas, que van desde la tortura hasta el aislamiento. En el caso particular de las mujeres indígenas, sufren violencias antes, durante y después de la detención: desde el hostigamiento y la violación sexual hasta la separación de sus hijas e hijos, sus familias y su entorno comunitario, que para ellas representa otra forma de tortura.
“En México, la criminalización de integrantes de pueblos indígenas y su prisionización han implicado una forma más de despojo y desplazamiento forzado.”
El uso de la violencia sexual como estrategia para ocupar los cuerpos y territorios de las personas colonizadas ha sido ampliamente documentado por feministas indígenas como la investigadora Maya-Kaqchikel de Guatemala Aura Estela Cumes. Estas estrategias continúan vigentes como parte de las prácticas represivas de los cuerpos de seguridad en México contra los pueblos indígenas, como veremos en las historias que compartimos en este artículo.
Honoria Morelos, Rosa Salazar, Micaela Vargas y Leo Zavaleta son cuatro mujeres indígenas integrantes de los pueblos mephaa y nahua que aprendieron a leer en el marco de los talleres de nuestra Colectiva Hermanas en la Sombra y escribieron sus historias de vida: redactadas por ellas mismas o compartiendo las mismas con otras mujeres presas que pusieron su pluma al servicio de sus compañeras. El documental Bajo la Sombra del Guamuchil da cuenta de este proceso sororal de escritura y construcción de comunidad.
Quiero reconocerme y que la gente me vea sin morbo
El tiempo no sana las heridas de un ataque con ácido
La violencia machista desplazó sus sueños y hoy escapa de una pesadilla
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 8 de abril, 2021.- Quiere despertar un día, mirarse al espejo y reconocerse. Qué las personas la vean sin curiosidad ni morbo. Sin embargo, el tiempo no ha sanado sus heridas, las huellas del ácido sulfúrico que quemaron su rostro y cuerpo siguen recordándole el 9 de septiembre de 2019, el día que su vida quedó marcada para siempre.
Junto a un milenario ahuehuete, a un costado de la casa que ocupó Lázaro Cárdenas cuando en los sesenta vivió en Santo Domingo Tonalá, Huajuapan, donde ella nació hace 28 años, señala que no es ingenua, que vive el día a día de un proceso que duele físicamente, que la mantiene cubierta del rostro, con mangas largas y pantalones para enfrentar el día que le pega cada mañana cuando despierta pensando que la pesadilla ha terminado y sabe no fue un mal sueño.
Ahí, en el sabino y entre las notas que producen los nacimientos de agua, María Elena Ríos Ortiz se encuentra cada tanto para aliviar el dolor que tiene pegada a la memoria, ahí mira las cicatrices que el tiempo ha tatuado en la corteza del árbol, son costras leñosas y de forma análoga se mira a sí misma. Ahí, le cuenta su dolor y su esperanza, ese día que llegará en algún momento y que hoy no logra ver.
Desde entonces han pasado 19 meses y con ese tiempo transcurrido se esfumaron sus anhelos, lo que esperaba hacer ese verano: recuperar a María Elena y su alegría, la joven que atrapada en la violencia misógina se había olvidado de las cosas que la hacían llorar de felicidad. Quería volver a su vida anterior, cuando le gustaba estudiar y tocar su saxofón, acudir con sus amistades y trabajar.
Hoy le cuesta mirarse al espejo y descubrirse ante él y ante la gente. Quisiera irse a estudiar a otro país, tocar la música que aprendió, sigue soñando con dirigir una banda, dar conciertos en teatros y auditorios, luego de forma abrupta detiene sus palabras y sus sueños, “ahora no se puede, tienes que descubrirte para dirigir una banda, para envolver la boquilla de tu saxofón, para transmitir tus emociones, porque tu rostro y tu sonrisa lo dicen todo, me da miedo la gente que me critica, que digan cosas que no son ciertas, por ahora tengo que vivir al día”.
No hay palabras para describir el dolor
– Siempre me hago esa pregunta, pero no encuentro las palabras correctas para describir ese momento, el dolor era tanto que sentía cómo mi corazón se apretaba. Explica cerrando el puño de su mano derecha.
Estaba en shock por el dolor físico que sentía, mirando cómo se me abría la piel y se caía en pedazos, como cuando tienes un cuchillo filoso y abres un mango maduro y jugoso y se empieza a escurrir, así es como me veía el cuerpo.
La descripción es estremecedora. María Elena Ríos no olvida ese momento y se quiebra por un instante sin detenerse para seguir narrando que se sintió en una pesadilla donde grita, pero nadie la escucha, nadie entiende lo que acaba de suceder y peor aún nadie sabe qué hacer frente a lo que están viendo.
– Mi mamá me abraza, quería protegerme, eso me duele porque por abrazarme ella también se quemó con el ácido, por eso no puedo describir el dolor, no encuentro la palabra adecuada.
Piensa que fue un milagro no perder su ojo izquierdo,, “me ardía por dentro y por fuera, como el párpado y la cara, como el brazo, el tronco, las piernas… todo lo que hoy sigue y seguirá mal”.
Malena Ríos Ortiz, la saxofonista, enfrentó con el paso de las horas y los días, hasta hoy, muchos más sufrimientos. Los de la piel que, ante la falta de una atención adecuada, la negligencia médica, que en el hospital de Oaxaca sufrio durante tres meses.
Sufrió la insensibilidad de “los policías investigadores” de la Fiscalía General de Oaxaca, que a poco menos de cinco horas de la agresión –que pasó de “delito de heridas que sanan en 15 días”, a feminicidio en grado de tentativa- se presentaron en las instalaciones de una clínica particular, donde inicialmente fue internada, para hacerle preguntas.
Una cualidad que desarrolló desde niña fue la observación, así que, entre gritos de dolor, pudo describir a su agresor, fue entonces cuando los policías le cuestionaron cómo sabía tanto, cómo podía ser tan específica. Meses después supo que no estaba equivocada, casi exacta la estatura y edad de su agresor: Ruvicel L. Ch. También le preguntaron ¿cómo sabía que echarse agua te iba aliviar? Ella respondió que fue un acto de sobrevivencia.
Los implicados
Ruvicel L. había llamado dias antes a María Elena Ríos para pedirle una cita, ella tenía una oficina donde ayudaba a las personas a tramitar pasaportes, quedaron que sería el lunes 9 a las 10 de la mañana. El hombre llegó con recipiente, ella pensó que llevaba comida, como lo hace mucha gente en Huajuapan. Lo vio como un hombre humilde, tenía pena de hablar, asumió que lo debía tratar bien y explicarle detenidamente qué debía hacer para obtener el pasaporte para su mamá. “No sabía que estaba nervioso por lo que iba hacer”.
El autor intelectual del ataque con ácido (Juan Antonio V. H.), ¿Desde cuándo estaba planeando la agresión? Pensó María Elena que desde el primer momento, dice en referencia a Juan Antonio V.C. quien se entregó el 6 de abril de 2020 y es uno de los autores intelectuales; tras la detención Ponciano H. padre de Ruvicel, capturado el 26 de diciembre de 2019, y de Rubén L. alias El Charrez, detenido el 1 de abril de 2020, quien pagó 30 mil pesos a los autores materiales. Hoy sigue prófugo otro autor intelectual, se trata de Juan Antonio V. H.
A Juan Antonio V.H. Malena lo vio recientemente en Huajuapan de León, de inmediato llamó al ex fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, el ahora ex funcionario le respondió molesto y no actuó. Juan Antonio V.H. tiene orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol. “Se enojó porque fui yo quien lo vio y eso evidenció su incapacidad”.
Machismo y misoginia
Cuatro meses antes de la agresión con ácido, María Elena Ríos había terminado con Juan Antonio V.C., ex diputado local del PRI y un “próspero” empresario gasolinero. Durante mucho tiempo estuvo atrapada en una relación que al paso del tiempo descubrió le había quitado la alegría por la vida. Las primeras reacciones fueron acoso y amenazas sobre el daño que podría ocasionarle a su familia, por lo que optó por bloquearlo de sus redes sociales y no contestar llamadas.
Si lo dejaba, infinidad de amenazas le advertía el priista. “Yo pensaba que no podía ser tan malo, que nada más me amenazaba, pero sí lo fue, lo hizo”.
A pesar de las advertencias, María Elena rompió el círculo de la violencia, salió de la relación y tenía planeado tomar cursos de verano, actualizarse en su música, seguir estudiando. Reconstruirse, “muchas pueden, yo también podía hacerlo, sentirme viva, hacer las cosas que me sacaban lágrimas de felicidad, quería encontrarme con esa María Elena que era antes de la relación, pero le molestó que fuera feliz, porque una persona que acumula poder económico se siente dueño de todo y todos, no le gusta perder nada mucho menos sentirse aminorado y cuando pierden algo, no les gusta.
“Pero yo perdí más que él y aunque está en la cárcel, está entero, yo no”, dice María Elena que abraza su cuerpo mientras está sentada sobre el tocón de un árbol de poco más de un metro de ancho, bajo la sombra de su ahuehuete, el confidente de su dolor, como ella dice.
Sí, el miedo le sigue rondando. Hay fundamentos para sentir temor frente a un proceso judicial largo, lleno de obstáculos, complicidades al igual que intimidaciones.
Recientemente, supo por los medios de comunicación y no por la Fiscalía, de la muerte repentina de Ponciano H. este hombre mayor que vigiló y esperó a su hijo (Ruvicel, el autor material) para emprender la huida en motocicleta.
“¿a quién le beneficia su muerte?”, pregunta. Su muerte no es clara, dice. Por eso tiene miedo, se siente desprotegida ella y toda su familia”, nos cuanta de una manera alarmante.
Cerrar los ojos
Tres meses después, a finales de diciembre de 2019, y tras los yerros de personal médico del Hospital Dr. Aurelio Valdivieso, donde le practicaron cirugías sin éxito, María Elena fue trasladada a Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, ahí nació una esperanza.
– Estoy completa gracias a mi hermana Silvia, después de las dos operaciones que no sirvieron y de que un médico dijera: “vamos a dejarlo todo en manos de Dios y de la naturaleza, ya no hay nada que hacer”, su familia habló en los medios y quienes la tenían que escuchar, la escucharon.
Fue así que autoridades de Oaxaca facilitaron su traslado vía aérea al reconocido hospital de la Ciudad de México, lo que debieron hacer desde el primer día, refiere María Elena, quien no olvida aquellos días tan amargos para ella y su familia en el hospital público donde los injertos de piel fracasaron.
En el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación la primera cirugía fue hecha por una médica oaxaqueña y fue un éxito.
Cuando la doctora le hizo la primera revisión, a las siete de la mañana, posterior a los injertos, estaba con su papá que se había quedado esa noche con ella. María Elena cerró los ojos, como lo hacía en el hospital de Oaxaca, porque no quería ver, tenía miedo. Entonces escuchó a la médica: “No se preocupe señor, los injertos sí pegaron”. Así empezó su recuperación física a pesar de la negligente actuación de los especialistas que la atendieron los tres primeros meses.
A esa intervención han seguido otras y sabe que faltan más, que el camino aún será largo, pero está de pie, como el viejo ahuehuete de múltiples hendiduras en su tronco leñoso, su confidente al que acude de cuando en cuando para soñar despierta, para llorar, para cantar acompañada de la música que produce el agua que nace entre lo sabinos y tocar el saxofón al que parece abrazarse a la vida que le han robado y a la que enfrenta cada día ante su espejo.
Se instalarán mesas de trabajo para renovar la agenda legislativa
En el programa no se incluyó el tema de los presupuestos ni de políticas públicas
SemMéxico, Cd. de México 8 de abril, 2021.- La Cámara de Senadores y ONU Mujeres suscribieron un convenio de colaboración, con el objetivo de impulsar propuestas legislativas que fortalezcan las medidas para erradicar la violencia de género en el país.
El documento fue firmado por el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez; Belén Sanz Luque, representante en México de ONU Mujeres; así como por legisladoras y legisladores.
A propuesta del senador, en el evento se guardó un minuto de silencio a la memoria de Victoria Salazar, mujer salvadoreña de 36 años que fue asesinada por policías en el municipio de Tulum, “en un brutal exceso de la fuerza, el pasado 27 de marzo”.
Eduardo Ramírez asentó que en el Senado se han visibilizado los problemas que aquejan a las mujeres y que han llevado a los movimientos feministas a manifestarse en contra de “esa realidad cruel y difícil que en la actualidad tenemos”.
Dijo que la firma del convenio compromete a los senadores a sacar adelante la agenda legislativa pendiente en favor de la mitad de la población. En este sentido, hizo un llamado a las legislaturas locales para armonizar la legislación que se aprueba en el Congreso de la Unión.
Además, propuso que “de la mano del Fiscal General de la República se convoque a todos los procuradores y fiscales de México, para fortalecer el marco jurídico en materia penal y tipificación de delitos”.
Como órgano legislativo, acotó, hemos hecho lo que nos corresponde, hemos avanzado en reformas constitucionales para, entre otros objeticos, garantizar la paridad de género en los tres Poderes, espacios que se han ganado las mujeres con la férrea convicción de participar en la vida pública.
El convenio establece las bases generales de colaboración para que el Senado y ONU Mujeres realicen actividades tendientes a discutir, analizar y elaborar propuestas legislativas para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
Ambas instituciones orientarán sus esfuerzos a garantizar el pleno acceso de las mujeres y niñas a sus derechos, conforme a los principios contenidos en instrumentos internacionales; además, promoverán mecanismos de participación de la sociedad civil en la discusión de las iniciativas de ley que se presenten.
Así, este órgano legislativo también instalará mesas de trabajo periódicas para analizar, de manera conjunta, las propuestas sobre este tema.
Por su parte, ONU Mujeres se compromete a participar, cuando sea solicitado por el Senado, con opiniones técnicas sobre la realización de modificaciones legislativas y a ayudar en el cumplimiento de las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y de otras instancias internacionales.
Al respecto, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, aseguró que la firma de este convenio refuerza la vocación del Senado por impulsar una legislación que ayude a erradicar las agresiones contra las mujeres y las niñas en nuestro país.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, refirió que las iniciativas que se han presentado y aprobado por la “Legislatura de la paridad” hoy dan frutos, ya que permiten que las mujeres puedan aspirar a mejores escenarios en la vida política, económica, social y familiar.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar, se congratuló de participar en la que consideró una más de las acciones que el Senado realiza en pro de la igualdad y la paridad de género.
La representante en México de ONU Mujeres, Belén Sanz Luque, aseveró que el acuerdo permitirá redoblar los esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres. De la mano del Poder Legislativo, subrayó, buscamos fortalecer los marcos normativos del Estado mexicano para combatir esta problemática.
La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta, aseguró que este tipo de acciones son fundamentales para asegurar una vida libre de violencia para la población femenina.
La Asesora de Cooperación de la Unión Europea, Natalia Barreto, dijo que ahora se deberá impulsar una política alineada a estándares internacionales, que ayude a enfrentar los retos relacionados con la violencia de género y promueva mayores beneficios para niñas, adolescentes y mujeres mexicanas.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylberman afirmó que se requiere un marco normativo que no reproduzca las desigualdades que enfrentan las mujeres, sino que contribuya a la eliminación de las violencias y prácticas de discriminación que las afectan.
A su vez, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, María Fabiola Alanís Sámano, indicó que, lejos de ocultar las agresiones, el Gobierno Federal ha multiplicado los esfuerzos, en alianza con los otros Poderes, para que ningún delito que atente contra la seguridad y la vida de ellas quede impune.
