Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 8 de diciembre, 2024.-  El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) organizó el “Taller de Análisis de la Sentencia SUP-REC-434/2024”, en el marco de los 16 Días de Activismo contra la violencia de género como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El taller contó con la participación de las consejeras electorales del IECM Erika Estrada Ruiz y María de los Ángeles Gil Sánchez, así como de la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Brenda Canchola Elizarraraz, y de la secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Olivia Valdez Zamudio.

Durante su intervención, la consejera electoral María de los Ángeles Gil, quien fungió como moderadora del evento, contextualizó que este taller se organizó para analizar y estudiar si la autoridad responsable inobservó el mandato de paridad de género al permitir que un partido político sustituyera en el municipio de Celaya, Guanajuato, una candidatura en la que inicialmente se había postulado a una mujer, ya que la sustitución se materializó finalmente con un hombre, derivado de la ausencia definitiva de la candidata en Celaya Guanajuato tras ser asesinada en su primer día de campaña.

“Esta experiencia nos deja el claro criterio que debe prevalecer para un futuro en el sentido de que las sustituciones deben ser siempre del mismo género, no es un criterio cuantitativo, es un criterio cualitativo y reconocer los trabajos de ambas instituciones en sus vertientes administrativas y jurisdiccional, ser autocríticos”, mencionó.

Por su parte, al lamentar el hecho que se suscitó en torno a esta candidata, la consejera electoral Erika Estrada señaló que el caso da cuenta del contexto actual, y también permite analizar el modelo para prevenir, atender y erradicar la violencia política de género que tiene el país y ser muy autocríticas y autocríticos al respecto.

Consideró que, a partir de este modelo de análisis, se tienen que revalorar las instancias a las que pueden acudir las víctimas para visibilizar esta violencia, pero sobre todo, para tener medidas preventivas, ya sean medidas cautelares o de protección, de manera que se les brinde el apoyo requerido a las mujeres candidatas o aquellas que hagan vida dentro de distintos espacios políticos, con el objetivo de evaluar si los tiempos son suficientes y, de ser necesario, acortar algunas instancias.

Al dar su punto de vista jurídico, Estrada Ruiz señaló que en torno a este caso había un asunto de legalidad y de respeto a las reglas que había dictado el Instituto Electoral local. “La reflexión debe ser muy importante en el sentido de cómo ha venido resolviendo la Sala Superior este tipo de asuntos, en donde siempre ha buscado evitar este tipo de prácticas de simulación en donde una candidatura de una mujer pueda ser sustituida por un hombre y creo que fue lo que dio cabida a que entrara al fondo de este asunto y rescatamos un criterio valioso que hay en esa sentencia respecto a cómo puede ser esa sustitución por el mismo género en momentos en donde se dan lamentables hechos en nuestro país y cómo también se pueden priorizar los tiempos”, agregó.

En tanto, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato, Brenda Canchola, quien realizó un contexto detallado del caso, resaltó que esta sentencia es un parteaguas para todas las autoridades electorales, en donde se debe tomar en cuenta el registro de candidaturas en el tema de las sustituciones.

Consideró que el pronunciamiento que se realiza en la sentencia es de suma importancia porque atiende una deficiencia normativa; sin embargo, este caso invita a la reflexión para que el Instituto Electoral de dicho Estado ponga mayor atención en estos temas al emitir la normativa correspondiente para el registro de las candidaturas y sobre todo, privilegiar el principio de paridad para desmantelar la exclusión y discriminación a las que han estado sujetas las mujeres en el ámbito político.

Por su parte, la secretaria de la Sala Superior del TEPJF, Olivia Valdez, destacó la base normativa sobre este asunto. Señaló que lo importante y trascendente era definir si la privación de la vida de la candidata era una causa de excepción que justificara al partido político sustituir la candidatura por un hombre.

Consideró que se trató de un acto administrativo relacionado con el registro de una candidatura que no está vinculado con la creación de normas. Añadió que detrás de cada decisión de la Sala Superior siempre hay un ejercicio de ponderación entre el mandato de paridad de género y los principios constitucionales vinculados como la certeza, la seguridad jurídica e incluso el mismo principio democrático.

16 dias, día 14

Dixie Edith

SemMéxico/SEMlac, La Habana, Cuba, 8 de  diciembre de 2024.- Al menos 3.897 mujeres latinoamericanas y caribeñas fueron víctimas de femicidio en 27 países de la región en 2023. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), esto representa al menos 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día.
Después de muchos años sin estadísticas para orientar el rumbo, datos de Cuba son parte de esa alarmante cifra recogida por Cepal en el boletín Violencia Feminicida en Cifras América Latina y el Caribe: 60 mujeres mayores de 15 años fueron víctimas de asesinato por razones de género a manos de sus parejas, exparejas u otras personas. Las cifras se corresponden con el número de víctimas conocidas en procesos judiciales en el año y representan una tasa de 1,37 por cada 100.000 mujeres.
La mayor cantidad de víctimas se concentra entre los 20 y los 44 años (39) y le sigue el
grupo de 45 a 59 años (14). Por color de la piel, las mujeres blancas constituyen la mayoría,
seguidas por las mulatas. El 83,3 por ciento de los casos, las mujeres fueron asesinadas por
su pareja o expareja íntima, según el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, algo que coincide con el comportamiento de los países incluidos en el boletín regional.
Aunque todavía el país caribeño no se cuenta entre los 14 que han adoptado leyes
integrales que amplían la comprensión y rango de acción frente a esta verdadera ‘pandemia
en la sombra’, según la denomina Cepal, sí se incluye entre las 19 naciones que han
aprobado leyes y protocolos que penalizan las muertes violentas de mujeres por razón de
género.
Sin embargo, pese a los progresos legislativos, la creciente visibilidad del fenómeno y la
mejora en la respuesta institucional de los Estados, la violencia contra las mujeres y las
niñas sigue siendo una realidad persistente y extendida en América Latina y el Caribe y una
grave vulneración a sus derechos humanos.
“La persistencia de este delito, que es el más extremo de las manifestaciones de la violencia
contra las mujeres, resalta la urgente necesidad de fortalecer las políticas públicas y poner
en marcha acciones concretas para prevenir y erradicar esta grave vulneración de los
derechos humanos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad”, insiste el organismo regional.

Cuba, más allá de estadísticas y normas
Cuba tiene sus propios desafíos para concretar escenarios más efectivos de prevención y
atención a la violencia de género en general, y al femicidio en particular, que van más allá de
las cifras y las leyes.
Urge, en primer lugar, entender la violencia de género como un fenómeno social, pues no se
trata solamente de un asunto de salud, jurídico o de asistencia social, sino que involucra a
todos los actores políticos, sociales, comunitarios, económicos y otros.
En ese camino, medirla con más precisión y también estudiarla desde enfoques diversos
resulta de primer orden, pues puede contribuir a calibrarla en toda su magnitud y que su
respuesta –y el diseño de políticas– sea más eficiente.
Un aprendizaje pendiente es que en la violencia de género no hay perfiles: está presente sin
distinción de religión, adicciones, nivel escolar o cultural, situación económica, color de la
piel, edad o tiempo de relación de la pareja; pero atender y estudiar esos diferenciales –
mirar el fenómeno desde la interseccionalidad- permite diseñar mejor los caminos para la
prevención y la respuesta.
Otra observación imprescindible y una realidad muy dura en esta ruta es entender que se
trata de un maltrato que funciona como una espiral. En general, el comportamiento global
del fenómeno –y Cuba no escapa a esa realidad- apunta a que muchísimas veces la
violencia de género es sub declarada y no pocas víctimas, enredadas en un ciclo del que les
cuesta mucho salir, no denuncian, o retiran su acusación, por causas disímiles que abarcan
los ámbitos psicológicos, económicos, familiares y otros.
Por tanto, el daño puede o no ser físico, pero siempre es emocional y muy
desestabilizante; las secuelas son de larga data y alcanzan no solo a la víctima directa, sino
también a su familia, con especial impacto en niñas, niños y adolescentes que se exponen a
esas situaciones. Para no mirar lejos, las cifras cubanas del cierre de 2023 confirmaron que, de los 60 casos contabilizados, el 68,3 por ciento tuvo lugar en el hogar y quedaron 38 menores sin el amparo materno.
En el ámbito jurídico, es importante la integración y articulación de las diferentes leyes y
normas con que ya se cuenta. El Código Penal vigente, la Ley del Proceso Penal y el
Código de las Familias, por poner solo tres ejemplos, cuentan con ejes transversales de
género y de protección. Pero hay que hacer cumplir desde la integralidad ese sistema
legislativo y reforzar los escenarios donde aún no llega la transformación jurídica, mediante
llamados específicos hacia la violencia de género.
Resulta esencial, además, capacitar a las personas que operan las leyes, a quienes tienen
que hacerlas cumplir; porque hay raíces culturales signadas por el machismo que se
sobreponen a la letra jurídica.
“No funciona que un juez coloque una sanción extrema a un perpetrador de violencia de
género, si luego no hace acompañar esa sentencia de las sanciones accesorias que lleva, o
de restricciones del comportamiento y de la atención multidisciplinar por parte de otros
profesionales”, consideró Arlín Pérez Duharte, experta en derecho penal y profesora de la
Universidad de La Habana, durante una reciente capacitación a periodistas y comunicadores
desarrollada en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, entre el 18 y el 22 de
noviembre de 2024.
Saltan a la vista protocolos que no se cumplen y otros que aún no existen, la urgencia de
una ruta integral de protección a víctimas que funcione y la necesidad de otras acciones
pospuestas, como un buen programa de educación integral en género y sexualidad.
En el caso particular de las muertes de mujeres, otra deuda señalada por especialistas y
activistas es llamar a las cosas por su nombre. Hablar de femicidio tiene fuerza política;
posiciona esas muertes en una definición simbólica en la que el factor de riesgo mayor es
ser mujer en una sociedad patriarcal.
Para Marcela Lagarde, quien trajo el término al español a partir del inglés feminicide,
acuñado por la sudafricana Diana Russel en 1992 para designar asesinatos misóginos, “el
feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres, sucede como
culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los
derechos humanos de las mujeres”

Nombrarlo como tal, en la legislación y en la cotidianidad, podría ser otro paso en el camino
de identificar el fenómeno como una violación de los derechos humanos, que atenta contra
la libertad y la dignidad de las mujeres, y de rastrear los sistemas de opresión que la
atraviesan, con profunda raíz en el patriarcado.
En el ámbito de la comunicación pública, si poco más de una década atrás el primer reclamo
de quienes estudiaban el tema en el país estaba dirigido a la necesidad de visibilizar la
violencia de género en la prensa, el contexto de hoy exige conocimientos, ética y
profundidad para investigarla y publicarla.
Lo decía Isabel Moya: los medios de comunicación no determinan la violencia de género,
pero sí contribuyen a reforzar estereotipos acerca de ella. Hay una larga lista de
estereotipos sexistas instalados en el imaginario social y los medios de comunicación los
reproducen, muchas veces sin siquiera ser conscientes de ello. Visibilizar lo inconsciente es
esencial para contrarrestar la violencia de género.
En ese camino, necesitamos entender y denunciar del mismo modo esas otras causas,
menos visibles, que están en los orígenes mismos de la violencia de género y sus
expresiones más graves. Porque el principal problema de los femicidios es que no empiezan
cuando la mujer muere, sino mucho antes, con todas esas prácticas que forman parte de los
ciclos del maltrato. La prevención de la violencia de género debe comenzar mucho antes de
que una persona –una mujer– necesite pedir ayuda. Ojalá nunca tuviera que pedirla.