Redacción 
SemMéxico. Washington DC, 17 de marzo del 2021. La Comisión Interamericana de Mujeres CIM /OEA, en alianza con algunas Ministras de la Mujer de la región, ONU Mujeres y CEPAL, llevó a cabo un diálogo ministerial de alto nivel para reflexionar sobre la importancia del liderazgo de estos Mecanismos Nacionales en la recuperación económica post COVID-19. El evento se enmarcó en la 65ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). 

En el encuentro se abordaron las alianzas, oportunidades y estrategias usadas por algunos Mecanismos para colocar la agenda de las mujeres en el centro de la respuesta a la crisis. Asimismo, se planteó la interacción entre los organismos nacionales e internacionales para el logro del empoderamiento económico de las mujeres y su visibilidad en la reactivación y recuperación económica. 

El evento contó con la participación de Mayra Jiménez, Presidenta de la CIM/OEA y Ministra de la Mujer de República Dominicana;  Mónica Zalaquett, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile; Marcela Guerrero, Ministra de la Condición de la Mujer del INAMU de Costa Rica; Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México; Mónica Bottero, Directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay; Maria Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe; Ana Güezmes García, Directora de División de Asuntos de Género de CEPAL; y con la facilitación de Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la CIM/OEA. 

Desde el inicio de la pandemia, la CIM/OEA ha identificado los impactos diferenciados del COVID-19 en la vida de las mujeres, particularmente en el contexto de la crisis económica global. Los sectores más golpeados por la pandemia son precisamente los grupos con altísima participación de mujeres: sector de servicios, economía informal, trabajo doméstico y turismo. 

Esta situación ha agudizado la ya existente crisis de los cuidados, la pobreza de las mujeres, la informalidad, la participación política de las mujeres, entre otros, por lo que su inserción en el espacio de lo público y remunerado implica acciones afirmativas en cada una de las brechas existentes, una profunda voluntad política y alianzas público/privadas. 

Revisa aquí el contenido elaborado por la CIM/OEA sobre los impactos diferenciados del COVID-19 en la vida de las mujeres.  

• La pandemia ha supuesto una merma en la salud sexual de las mujeres y niñas

Por Nerea Martínez

SemMéxico/Amecopress. Madrid, 17 mar. 21. El Tribunal Constitucional de Polonia prohibió recientemente abortar en caso de malformación del feto, un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos acontecido en Europa. Y es que a pesar de los avances y de la aprobación de leyes favorables, las mujeres no tienen total autonomía para decidir sobre su cuerpo. Abortar de forma legal, segura y gratuita, sigue siendo un privilegio del que pocas mujeres gozan. Además, los confinamientos decretados para hacer frente a la pandemia del covid-19 se han traducido en dificultades para acceder a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

En la Unión Europea el «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica», más conocido como el Convenio de Estambul, se estableció en 2011 con el fin de proteger a las mujeres de todas las formas de violencia. Este convenio identifica la violencia hacia las mujeres como un ataque a los derechos humanos y los países que lo ratifican se comprometen a trabajar para eliminarla.

A la vez, en Europa, cada país tiene autonomía para legislar en materia de derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Finlandia, Reino Unido, Irlanda del Norte, Gales, Irlanda, Mónaco, Chipre permiten practicar el aborto en caso de incesto, violación, malformación en el feto o salud mental de la madre. En San Marino, El Vaticano, Malta y Andorra, interrumpir el embarazo de forma voluntaria es ilegal, en este último imponen penas de hasta dos años de cárcel por abortar o ser cómplice. Gibraltar aplica la cadena perpetua a la mujer que aborte dentro de su territorio.

En el resto de los países europeos, aunque abortar es legal, tienen situaciones muy diversas. En Italia y Grecia las mujeres pueden abortar voluntariamente durante los primeros 90 días de embarazo. En Francia dentro de las primeras 21 semanas. En Reino Unido el aborto se puede practicar hasta la 24 semana de gestación, pero si hay peligro para la salud del feto o de la mujer se puede interrumpir el embarazo en cualquier momento. En Austria se puede abortar antes de que se cumplan las 16 semanas de gestación y para las menores de 14 años el plazo es más flexible. En Dinamarca es posible abortar hasta el segundo trimestre. En Suecia hasta las 18 semanas, pero si hay problemas de salud en la mujer o en el feto se hace una evaluación. En Portugal se puede abortar con consulta previa de psicología y asistentes sociales y pagando una tasa.

En España la ley actual del aborto fue aprobada en 2010 y permite que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo en las primeras 14 semanas. Si hay una enfermedad puede hacerse a las 22 o 24 semanas, sobre todo si la mujer corre riesgo o si hay malformaciones en el feto. Las menores de 16 y 17 años necesitan el consentimiento de las madres, padres o tutores legales.

Dentro de los países que cuentan con legislaciones que protegen el derecho al aborto, se producen cada vez con más frecuencia reacciones por parte de antiabortistas. En “El Jardín de los Ángeles”, un cementerio situado en la ciudad de Roma, en noviembre de 2020, una mujer encontró una tumba con su nombre, donde se supone que se encontraban los restos del feto que tuvo que abortar por razones médicas, y que fue creada sin su conocimiento. Al igual que esta tumba muchas otras son creadas por las asociaciones católicas para los “niños no nacidos” que las mujeres han abortado, según explica Elisa Ercoli, de la organización Diferenza Donna para la BBC.

En Alemania, aunque es uno de los países en los que el aborto se encuentra legalizado, las mujeres que quieran interrumpir su embarazo tienen que superar diversos obstáculos. En primer lugar, deberán asistir a una sesión de orientación con el fin de “proteger” la vida del feto, hecho con el que se pretende, y en muchos casos se consigue, que la mujer se retire del proceso. Además, es frecuente que, superado este trámite, no les resulte fácil encontrar a un médico o médica que quiera practicarles un aborto. De hecho, las facultades de Medicina del país no incluyen esta práctica en sus planes de estudio, algo que han venido denunciando asociaciones como Estudiantes por la Elección.

En España, a pesar de que la ley de plazos entró en vigor para todo el estado en 2010, las situaciones que enfrentan las mujeres que deciden abortar varían según la comunidad autónoma en la que vivan, llegando a producirse situaciones tan contradictorias como la de La Rioja, donde no se práctica el aborto ni en centros privados ni públicos porque todo el personal médico se ha declarado “objetor de conciencia”. Pikaramagazine realizó un documentado reportaje en el que explica los obstáculos -fallos administrativos, retrasos en los plazos, objeción de conciencia, falta de información- que afrontan las mujeres que quieren abortar en esta comunidad, que se ven obligadas a viajar a Zaragoza, Bilbao o Pamplona para interrumpir su embarazo.

También son frecuentes las campañas de acoso por parte de grupos antiabortistas hacia profesionales y mujeres a las puertas de las clínicas donde se practican las interrupciones de embarazos, en varias ciudades del territorio español.

Polonia es el país europeo que más debate ha generado en estos últimos meses. El hecho de que el Tribunal Constitucional del país prohibiera el aborto incluso en el caso de malformación del feto provocó una gran indignación e hizo que se retrasara la publicación oficial hasta el 30 de enero. El país europeo ha vivido una oleada de movilizaciones, miles de activistas han desafiado la prohibición de manifestarse ante el retroceso impuesto desde la tradición y el peso de la religión católica en el país, unido a las prácticas liberales de un Gobierno conservador que pone en riesgo el régimen de derechos y libertades.

Durante el confinamiento y a lo largo de la pandemia, el acceso a los derechos sexuales reproductivos, incluyendo el acceso a los anticonceptivos y al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, se ha visto afectado. En Alemania las mujeres podían recibir la sesión de asesoramiento obligatorio a través de vídeo, chat o teléfono. En España, ante la posibilidad de evitar un desplazamiento para el asesoramiento, que también es obligatorio, el gobierno ha dejado la decisión en manos de los gobiernos autonómicos, que podían optar por realizar el asesoramiento de forma telemática si lo consideraban conveniente, pero solo lo han aplicado Galicia y Cataluña.

En Reino Unido se ha cambiado alguno de los protocolos como dar atención médica de forma telemática y el acceso al aborto en casa con fármacos. Irlanda ha modificado la forma de atención a los abortos de menos de nueve semanas, priorizando la atención de forma telemática, siendo presencial solo cuando sea estrictamente necesaria. En Italia y Austria las instituciones han apostado por el aborto farmacológico en el domicilio.

La International Planned Parenthood Federation – European Network (IPPF-EN), que agrupa a más de 40 organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo, ha pedido unas medidas expresas para dar seguridad a las mujeres y niñas, como que el acceso al aborto sea considerado esencial, también poner a disposición de las mujeres consultas de salud de forma telemática y facilitar a médicos y médicas que receten a distancia los medicamentos para abortar en casa.

Durante la crisis sanitaria la red europea de IPPF ha informado de las reducciones en los servicios de acceso al aborto seguro y también ha mostrado su preocupación por la situación de las mujeres en aquellos cinco países europeos en los que el aborto sigue prohibido en su totalidad. Las mujeres que quieren abortar en Liechtenstein, Malta, Mónaco, San Marino o Andorra, deben irse a algunos de los países vecinos, pero con el cierre de fronteras por la pandemia ha sido imposible, por lo que muchas se ven obligadas a recurrir a métodos ilegales e inseguros, poniendo su vida en peligro, además de los riesgos legales a los que se pueden ver enfrentadas.

Si abortar ya era un proceso difícil, con la pandemia los obstáculos para acceder a este derecho han aumentado. Las organizaciones defienden que el derecho a la salud reproductiva, el acceso de los anticonceptivos y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sean considerados derechos esenciales para que no se vean restringidos ni en situaciones tan excepcionales como la pandemia del covid-19, que ha llevado a la mayoría de los Gobiernos europeos a aprobar medidas de confinamiento y a priorizar su tratamiento en los hospitales.