SemMéxico. Jalisco. 31 de marzo 2021.- Victoria Esperanza Salazar fue asesinada este sábado 27 de marzo del 2021 a manos de agentes de la policía municipal de Tulum, Quintana Roo. Victoria era una mujer refugiada, migrante salvadoreña, madre de dos hijas y fue víctima de brutalidad policiaca.
No podemos decir que el asesinato de Victoria se trató solo de un feminicidio cometido por agentes del Estado. A Victoria no la mataron solo por ser mujer, la mataron porque lo primero que vieron en ella es una corporalidad triplemente castigable: un cuerpo racializado, femenino, empobrecido. Si, fue un feminicidio, clasista, racista, en donde las opresiones encuentran el espacio propicio para la brutalidad policiaca.
Los modelos de seguridad y de proximidad policial están hechos para eso, para reprimir comunidades racializadas y empobrecidas (el caso de Giovanny en Jalisco es un claro ejemplo).
La desproporcionalidad de la respuesta del Estado en el caso de Victoria es directamente proporcional a la idea de «salvaguardar» el orden público en un lugar en donde el turista es el bien jurídico máximo protegido, ese mismo turista que llega a consumir tierra, recursos, bienes y personas. Victoria era pobre, migrante y racializada, por eso la desproporción en su contención, seguramente ese no es el trato que reciben los turistas alcoholizados que hacen de ese paraíso turístico, un lugar propicio para sus desmanes y que cuentan con la complacencia de las autoridades, si claro, su categoría de turistas les permite una respuesta estatal distinta.
En el caso de Victoria ya se presentaron cargos contra los elementos policiacos y quizá a la brevedad se obtenga una sentencia condenatoria “ejemplar” debido a la notoriedad del caso y para evitar repercusiones en el turismo. Sin embargo, eso no es suficiente; el modelo policial persiste, la respuesta del Estado sigue siendo la misma, utilizar la represión como respuesta a lo que se considera «problemático”, no es casualidad que los operativos contra migrantes y la represión contra las feministas, se hayan intensificado en los últimos meses. El caso de Victoria, no es un hecho aislado, atender y resolver las problemáticas sociales utilizando el aparato represivo, policial y militar ha sido la respuesta estatal en nuestro país.
El caso de Victoria también es emblemático porque refleja las asimetrías del Estado. Tulum es un municipio en el que florecen los mega desarrollos turísticos para los más ricos y pudientes y es el mismo municipio en donde sobrevive una población precarizada en su mayoría racializada y pobre.
La narrativa del gobierno ya la conocemos, en los próximos días anunciaran mayor capacitación y talleres de sensibilización en derechos humanos para todos los policías del municipio. Darán de baja al jefe policiaco (que después encontrará cabida en otro municipio) y darán de baja a los policías y los pondrán a disposición de las autoridades para que se defiendan como puedan. Sin embargo, la reflexión y la acción debe ser mucho más profunda, es decir, hace falta replantear el modelo de seguridad que tenemos en nuestro país, los protocolos de respuesta policíaca y el papel de la policía municipal, alejando totalmente de la ciudadanía y del respeto a los derechos humanos.
La falta de protocolos, la incapacidad de los policías, la nula información acerca de actuaciones con perspectiva de género, fueron evidentes en el caso de Victoria, asesinada frente a la mirada indolente de una ciudadanía impávida que acorde a nuestros tiempos, se limita solo a grabar los últimos minutos de vida de una mujer sometida por la brutalidad policiaca y que se convierte frente al espectador, en un cuerpo que no importa y que hasta el último momento es tratado como si no fuese una persona digna de respeto.
Victoria se suma en esta semana a las historias que describen al México profundo; algo hemos hecho mal como sociedad para que esta semana en México las historias contadas sean las de unas niñas quinceañeras cargando el ataúd de su amiga asesinada y la historia de Victoria, como cuerpo inerte e inservible tirado en el fondo de un vehículo policial. Las niñas lo único que deben cargar en este país, son sus sueños y sus esperanzas. Victoria tenía un segundo nombre, se llamó también Esperanza, y esa, la esperanza es la que nos debe seguir moviendo, porque otro mundo mejor es posible.
Informe Anual 2020: En el año de la pandemia ocurrieron 692 ataques contra medios de comunicación y periodistas; seis fueron asesinados; La concentración publicitaria oficial continúa en diez empresas de información
La difusión de este informe, provocó nuevas y graves amenazas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador este día.
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 31 de marzo de 2021.- Al presentar su informe anual sobre libertad de expresión en México, acceso a la información y respeto de derechos humanos, ARTICLE 19 reveló que, a dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, persisten dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder.
Bajo el nombre de Distorsión: el discurso contra la realidad el reporte pone en evidencia que en el 2020 se mantiene la desinformación desde el gobierno, existe un intento de control y censura de Internet y la violencia contra la prensa se mantiene al alza con 692 ataques contra la prensa, una cifra inédita.
Durante la presentación virtual del documento, Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, consideró que durante el año pasado el sello de este gobierno fue utilizar la distorsión como mecanismo para alterar la percepción de las realidades al deformarlas mediante el discurso.
Aunque reconoció que es imposible cambiar en dos años un país cuyo deterioro de la vida pública data de hace 50 años, Maldonado alertó que se siguen sosteniendo “viejos anclajes autoritarios en materia de libertad de expresión”.
El permiso para agredir a la prensa
La difusión de este informe, provocó nuevas y graves amenazas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador este día.
El informe establece que el ambiente de violencia contra la prensa se mantiene en ascenso, como ha sido en los últimos 13 años, y que colocan el 2020 como el periodo más violento contra la prensa desde que se tiene registro.
De enero a diciembre, se contabilizaron 692 agresiones contra medios de comunicación posiblemente vinculados con su labor, lo que representa un 13.6% más que en 2019. Una agresión contra la prensa cada 13 horas.
En poco más de dos años de la presente administración, 17 periodistas han sido asesinados por motivos posiblemente vinculados a su labor. Tan solo en 2020, se registró el asesinato de seis periodistas.
El año pasado, las entidades que más sufrieron estos ataques fueron Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. En conjunto, sobrepasan 47% del total nacional de las agresiones.
El reporte sostiene que muchas de las agresiones vienen desde el mismo aparato estatal y se multiplican por la estigmatización de la prensa que se propaga desde el poder. Considera que esta situación alienta a autoridades locales a ejercer el mismo tipo de discurso contra los medios, y se envía un mensaje permisivo hacia particulares y otros poderes fácticos que encuentran en las narrativas estigmatizantes “un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado”.
La vocación por censurar internet
El informe anual de la organización refiere que existe una vocación autoritaria para sobrerregular diversos aspectos de internet a fin de “menguar su potencial democratizador y evitar que la narrativa y del desempeño oficiales se sujeten a escrutinio y crítica sociales”.
Expone que, de manera paralela, desfilaron una serie de iniciativas legislativas mal hechas, las cuales brillan por sus deficiencias técnicas y por el impacto corrosivo que pueden llegar a tener en el acceso y uso de internet, así como sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital.
Como ejemplo refiere las iniciativas promovidas por el senador Ricardo Monreal y otros actores públicos, las cuales están “alejadas de los principios y directrices establecidos en los estándares internacionales de derechos humanos, ya que, directa e indirectamente, contemplan medidas que interferirían con el acceso y uso de internet”.
La concentración y clausura de la información
Respecto a la publicidad oficial, ARTICLE 19 revela que se mantiene la ausencia de criterios claros para la asignación de sus recursos, así como una concentración publicitaria en pocos medios: “el 54% del total ejercido se repartió en diez empresas de comunicación, mientras que otros 387 apenas alcanzaron el 46%”, señala el estudio.
Distorsión: el discurso contra la realidad consigna que el año pasado el presidente siguió centralizando la comunicación de su gobierno y, desde las conferencias ‘mañaneras’, “el titular del Ejecutivo pontifica, juzga, moraliza, estigmatiza, informa y desinforma”.
Califica de preocupante que los “otros datos” que el presidente dice tener -sobre todo en materia de derechos humanos- parecen no existir en los acervos documentales oficiales, ya que, al solicitar a Presidencia vía transparencia el sustento de la información, las respuestas de “incompetencia” pasaron de 0 en 2019 a 329 en 2020.
La desigualdad informativa en la pandemia
Se documenta que en 2020 casi cien periodistas murieron a consecuencia de la COVID-19, lo que visibilizó la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país. Las carencias laborales de los periodistas contribuyen a “un mayor estado de vulnerabilidad y en ello convergen las responsabilidades de Estado y los dueños de los medios de comunicación.”
Para ARTICLE 19 la propuesta de política pública para disminuir la brecha digital se quedará corta para garantizar el derecho constitucional de acceso a internet para todas y todos, en un contexto donde la falta de acceso a las telecomunicaciones la padece el 55% de la población mexicana con un estrato económico bajo, y el 53% de la población rural.
El desmantelamiento de la protección de derechos
La organización lamenta la pretensión del gobierno de concentrar y clausurar la información con el amago de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que constituye un contrapeso frente a la opacidad que caracteriza el actual gobierno. El presidente justificó esta decisión señalando lo oneroso del INAI, aunque México Evalúa dio a conocer que sólo representa un centavo de cada cien pesos del presupuesto público.
Sobre las descalificaciones y el desmantelamiento que el actual gobierno federal ha emprendido de instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo el pretexto de corrupción y opacidad, el reporte recuerda que hasta el día de hoy se sigue sin presentar evidencia de ello. “Una vez más, los derechos de las víctimas quedan en entredicho y son letra muerta en un país asolado por la violencia criminal y de Estado”.
La disculpa por el pasado y la negación del presente
Otro factor que ARTICLE 19 expone es la negación pública de la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos como tortura, desapariciones y masacres, lo que impacta en la garantía plena del derecho a la información que asiste a las víctimas y a la sociedad.
Y aunque el actual gobierno ha realizado actos de disculpas públicas por hechos documentados de violaciones a las garantías individuales, “no se han instrumentado mecanismos suficientes para garantizar justicia en todos los casos, ya sea del pasado o los cometidos durante la actual administración”.
Agenda mínima 3.0
Por último, Leopoldo Maldonado dio a conocer que se propone una agenda mínima de 36 acciones en materia de libertad de expresión e información, entre las cuales destacan:
Regular el uso de la publicidad oficial con base en estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
Eliminar las restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión
Desarrollar una política integral de prevención de la violencia contra la libertad de expresión.
Asegurar la protección de las y los periodistas ante la pandemia de COVID-19.
Combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad.
Abstenerse de utilizar las redes sociales para estigmatizar a periodistas, activistas y cualquier persona de la sociedad civil que ejerza su derecho a la libre manifestación, reunión o asociación, tanto en el espacio digital como en el físico.
Abstenerse de promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales.
Equilibrar la protección de los datos personales, la privacidad y el derecho al honor con el ejercicio de la libertad de expresión e información en internet.
Promover y garantizar el derecho de acceso a internet sin discriminación.
Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en el entorno físico y digital.
Apenas un 5 por ciento han accedido al IMSS, porque no reciben ni el salario mínimo
Este marzo se conmemora el ´Día de la Trabajadora Doméstica y el trabajo en el hogar no remunerado
Soledad Jarquín, Sara Lovera y Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 31 de marzo, 2021.- En julio de 2020, hace casi un año el Gobierno de México depositó ante la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) el instrumento formal de ratificación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, conocido como 189, que en teoría beneficiaría a más de 2 millones de trabajadoras del hogar en México.
Se convirtió en el trigésimo Estado miembro de la OIT y el decimoséptimo Estado miembro de la región de las Américas que ratifica el Convenio. Con este Convenio México ha ratificado 81 Convenios Internacionales del Trabajo. Por iniciativa del Senado de la República se obligó al Gobierno a dar de alta a las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social.
No obstante, el porcentaje de afiliadas –en un programa piloto- es mínimo y aún, no se consigue el reconocimiento del trabajo doméstico como una fuente de riqueza nacional, y no se ha avanzado en crear, como se acordó, en un Programa Nacional de cuidados.
El programa piloto de afiliación de las trabajadoras del hogar del IMSS, que entró en funcionamiento en abril de 2019, solamente llegó a 11mil 947 personas registradas de un universo de más de 2.4 millones de trabajadoras de este sector en todo el país, según estimaciones de INEGI.
Una de las razones por las que el número de afiliadas sea mínimo, es que solo alrededor del 50 por ciento de las empleadas domésticas alcanzan dicho ingreso, por lo que quedan sin la oportunidad de asegurarse, de acuerdo con la jefa del Gabinete Interamericano de Seguridad Social (GISS) Leyla Acedo Ung. Y el proceso se detuvo hace un año por el Covid 19.
Se ha podido precisar que, además, por la pandemia, las trabajadoras del hogar representan al sector más golpeado en desempleo, sin ayudas programadas.
Otro obstáculo en el esquema del IMSS para este propósito es que son las mismas trabajadoras las que deben inscribirse al programa una vez que convenzan a sus empleadores.
Marcelina Bautista, secretaria colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar considera que efectivamente el 60% de quienes se dedican a ese sector percibe entre uno y dos salarios mínimos.
Por lo que el bajo salario y la falta de seguridad social es el resultado de la desvalorización social de esa actividad económica que ni siquiera es concebido como un trabajo.
Labores domésticas en el más bajo nivel de reconocimiento
Las labores domésticas son realizadas principalmente por mujeres, según un estudio que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que reveló cuánto deberían ganar a la quincena.
El 74.8 por ciento de las labores domésticas y cuidados del hogar las realizaron mujeres
Por lo anterior, el Instituto se dio a la tarea de calcular cuánto aportaron a la quincena las mujeres que se dedican al hogar.
Las mujeres aportaron a sus hogares poco más de 60 mil pesos, cada mes durante 2019.
Para calcularlo, el Inegi tomó en cuenta el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados, la producción de bienes de autoconsumo y por las labores realizadas por niños entre 5 y 11 años.
Si por esas labores hubieran recibido una remuneración, las mujeres habrían aportado a sus hogares 62 mil 288 pesos anuales, es decir, poco menos de 2 mil 595 pesos quincenales, mientras que los hombres sólo 24 mil 289 en el mismo año.
En tanto, menores de 5 a 11 años que realizaron actividades del hogar durante 2020 aportaron las siguientes cantidades:
Niñas – 5 mil 712 pesos
Niños- 5 mil 392 pesos
En octubre de 2020, Luis Munguía, secretario del Consejo de Representantes y director Técnico de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Consami) anunció que las trabajadoras del hogar y jornaleros agrícolas podrían integrarse en el sistema de salarios mínimos, para que puedan mejorar sus niveles de ingreso, así como tener acceso a todos los derechos laborales, como son vacaciones, seguridad social y pensión digna. Para los cuidados, nada.
El Convenio 189
“La ratificación del Convenio núm. 189 constituye un hito en México, ya que apoya una serie de medidas que han sido tomadas en el país en los últimos años para reconocer el trabajo doméstico y visibilizarlo, además de promover el trabajo decente para esta categoría de trabajadores”, pero hasta ahora el programa iniciado en 2019 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para asegurar la incorporación de los trabajadores domésticos a la seguridad social está detenido.
La Secretaria del Trabajo señaló que la ratificación no es el fin, sino el comienzo de un trabajo conjunto gobierno, empleadores y, por supuesto, trabajadoras, se dijo en su ratificación y se aseguró: “No bajaremos la guardia. Debemos seguir avanzando en la promoción y la defensa de estos derechos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrenda su compromiso en continuar dignificando el empleo, y sabemos, que contamos con la Organización Internacional del Trabajo para lograr este cometido”,
Por su parte, la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana indicó que “con él Convenio 189, nuestro país refrenda su compromiso con los estándares de la OIT y con el multilateralismo, y hace patente su renovada política exterior en materia de derechos humanos y su recién estrenada política exterior feminista”.
“Al ratificar este Convenio, el Estado mexicano refrenda su compromiso para saldar esta deuda con acciones concretas a favor de ellas, quienes en su mayoría son mujeres y niñas, migrantes, indígenas, y que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Su contribución a la economía del país y al bienestar de las familias y de la sociedad en su conjunto es fundamental y finalmente es reconocido”.
El Director General, Sr. Guy Ryder, al recibir virtualmente el instrumento de ratificación del Convenio núm. 189 por México, declaró:
“El Convenio núm. 189 tiene por objeto mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los millones de trabajadoras y trabajadores domésticos en el mundo, asegurándoles un trabajo decente que les brinde protecciones equivalentes a las de los otros trabajadores. Los trabajadores domésticos se encuentran entre los trabajadores más precarios y peor remunerados. Asimismo, suelen trabajar en condiciones de informalidad en las que son privados de los derechos fundamentales de los que gozan los trabajadores en otros sectores, tales como jornadas máximas de trabajo, derecho a tiempo de descanso, un salario mínimo que les permita satisfacer sus necesidades, y acceso a la protección social, incluyendo protección de la maternidad. La decisión del Gobierno de México de ratificar el Convenio núm. 189 confirma su voluntad de extender los derechos básicos a todas sus trabajadoras y trabajadores y refuerza las medidas ya tomadas a nivel nacional”.
“Finalmente, reconociendo la importancia de México en la región de las Américas, así como a nivel internacional, se espera que la ratificación del Convenio núm. 189 incite a otros países a unirse a una creciente coalición de Estados que están tomando medidas eficaces para proteger los derechos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos con miras a garantizar que estos trabajadores puedan gozar de un trabajo decente y digno”, añadió el Director General.
Avisan de la penetración de la doctrina que promueve eliminar el “sexo” como categoría jurídica y como principal elemento a considerar en las políticas contra la más extendida de las desigualdades: la desigualdad entre los sexos.
Denuncian las maniobras de quienes tratan de usar a la ONU para inducir a los Estados a una ficción general del sexo registral de las personas
Por Alejandro Sánchez Moreno
SemMéxico/AmecoPress/ElComun. Madrid, España. 31 de marzo 2021.- Organizaciones feministas, nacionales e internacionales, han INICIADO ACCIONES para denunciar ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, las maniobras de quienes tratan de usar a la ONU para inducir a los Estados a una ficción general del sexo registral de las personas.
Entre las acciones se encuentra una misiva a Michelle Bachelet, denunciando las maniobras de Víctor Madrigal-Borloz, uno de los promotores de los Principios de Yogyakarta, para introducir la doctrina que promueve eliminar el “sexo” como categoría jurídica y como principal elemento a considerar en las políticas contra la más extendida de las desigualdades: la desigualdad entre los sexos.
Las organizaciones de mujeres denuncian el sesgo del documento presentado por Madrigal-Borloz en formato de INSUMO para recoger contribuciones a su informe sobre “Género, orientación sexual e identidad de género” por parte de los Estados, los gobiernos regionales y locales, las organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, los órganos de igualdad, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas.
Tras analizar dicho cuestionario, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, en colaboración con otras plataformas y organizaciones, detectó una manifiesta voluntad por parte de Madrigal-Borloz de orientar las respuestas con la pretensión de edificar toda una nueva concepción del Derecho sobre la base de categorías tan imprecisas y acientíficas como la ‘identidad de género’, concepto que promueve junto a otros significados lobistas, reunidos en torno a los conocidos como Principios de Yogyakarta.
La redacción del cuestionario que ha provocado la reacción de las asociaciones de mujeres parte de la premisa infundada de que existe el derecho a considerar el género como una identidad humana enmarcando dicha aspiración como ‘un derecho de la población LGBT’.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres considera que dicha propuesta implica establecer un “Derecho especial” de contenido impreciso que prevalecería, por ejemplo, frente a la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW) o la Convención de los Derechos del Niño. También sobre los ordenamientos constitucionales de los Estados.
En alguna de las preguntas del cuestionario la formulación sesgada da un paso más para pervertir incluso la redacción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de forma que se ignoren los derechos de las mujeres y las niñas para priorizar los “nuevos” y “especiales” derechos que reclaman algunos colectivos LGTBQ en materia de eliminación de la categoría jurídica “sexo”.
En la carta dirigida a Michelle Bachelet, las organizaciones señalan que, con ese Insumo, lo que está haciendo el Experto Independiente Madrigal-Borloz es manipular y pervertir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para introducir falsos enunciados de esos Objetivos. Esa manipulación es una traición a los cometidos que tiene encomendados y desprecia las obligaciones formales adoptadas por los Estados en el marco de la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) o la Convención sobre los Derechos del Niño, y tantos otros instrumentos jurídicos internacionales.
Las organizaciones de mujeres señalan a Bachelet que la gravedad de estos hechos “requeriría no sólo la inmediata retirada del llamado a contribuciones por parte de la Alta Comisionada y la urgente evaluación sobre la ética, competencias e intereses a los que responde el trabajo del Experto independiente, Sr. Víctor Madrigal-Borloz, a la hora de impulsar esta convocatoria que tal como está formulada compromete no solamente la credibilidad de la Alta Comisionada de Naciones Unidos para los Derechos Humanos, sino lo que es más importante, la dignidad de todas las mujeres y de la infancia”.
Los ejemplos señalados en la carta a Bachelet ponen de manifiesto la intencionalidad del informe que, lejos de avanzar en los legítimos derechos de las personas LGTBI, parece perseguir un alineamiento de Naciones Unidas con los postulados y estrategias de quienes pretenden imponer en las legislaciones nacionales e internacionales la noción subjetiva de “identidad de género”, siendo esta incompatible con el concepto “sexo” como categoría jurídica verificable y reconocida y como elemento en que se basa la principal y más extendida de las desigualdades, la basada en la discriminación “por razón de sexo”.
Las asociaciones de mujeres insisten en recordar que Víctor Madrigal-Borloz es uno de los signatarios de los llamados Principios de Yogyakarta, elaborados por los grupos de presión del generismo queer para introducir la doctrina de la autodeterminación del sexo registral en las legislaciones nacionales e internacionales. Dichos Principios, (que son una mera declaración de un grupo de personas independientes y que no son un convenio ni un tratado internacional ni cuentan con reconocimiento de Naciones Unidas), son habitualmente mencionados por cargos públicos del actual Ministerio de Igualdad en su intento de impulsar las leyes de autodeterminación del sexo registral.
Fuentes de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, han anunciado que buscarán canales para explicar a Bachelet, a otros dirigentes de organismos internacionales y a los Estados miembros, cuáles son las consecuencias que tiene, particularmente para las mujeres, el reconocimiento de la subjetividad que construye la jerarquía sexual, como categoría jurídica aceptable, aunque no pueda ser verificable.
Igualmente han denunciado que se utilicen las legítimas aspiraciones de igualdad de derechos de las personas LGTBI como parapeto para introducir reformas legales que nada tienen que ver con esas aspiraciones, pero que cuestionan incluso el conocimiento científico de la realidad.
En esa medida, las organizaciones piden la retirada del informe cuyos resultados son previsibles de antemano ya que el formulario está enfocado a conseguir que un documento de Naciones Unidas asuma pronunciamientos estratégicos perniciosos para las mujeres del mundo.
“La incertidumbre derivada de la precariedad, el hecho de no saber si vas a poder comer al mes siguiente o pagar el alquiler, son problemas estructurales que no se arreglan con un ansiolítico a la hora de dormir”
Por Aroa LópezNaranjo
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, España. 31 de marzo 2021.-La pandemia ha actuado como lupa de problemas estructurales existentes antes de su llegada. Además, el confinamiento y la incertidumbre de un mundo en crisis han afectado a la salud mental de gran parte de la población, según ponen de manifiesto estudios, estadísticas y testimonios recogidos y elaborados en los últimos meses. También en este campo existe un sesgo de género tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.
En datos de 2018, España se sitúa como el segundo país de la UE con mayor consumo de ansiolíticos, por detrás de Portugal. Según el último informe realizado por la Asociación Española de Medicamentos y productos Sanitarios, las cifras en el consumo de ansiolíticos e hipnóticos con receta oficial se dispararon durante el primer trimestre de 2020 coincidiendo con la declaración del Estado de Alarma en nuestro país hasta llegar a las más de 91.280 recetas durante el último trimestre del año y consolidándose estas como las cifras más altas de los últimos diez años.
Carlos Molina, Técnico de Investigación de la Fundación Atenea explica que: “Los psicofármacos están presentes en la vida de las personas de muchas maneras. La atención primaria carece de recursos para atender a tantas personas, y los médicos cuentan con cinco minutos para ver a una paciente que le cuenta su situación de malestar, y muchas veces la respuesta que les queda a los médicos es recetar el psicofármaco”. El Investigador apunta a que la situación de escasez de recursos de la sanidad pública lleva a este aumento en el consumo de psicofármacos y señala que, según diversas investigaciones, “los propios pacientes demandan una solución. A todos nos gusta ir al médico y salir de allí con una receta que solucione nuestro problema”.
Según el informe SESPASS, en las mujeres se observa el doble de prevalencia de depresión y ansiedad, además de otro tipo de malestares psicosociales con diferentes síntomas inespecíficos. Sin embargo, en los hombres “se observan con más frecuencia problemas mentales asociados a consumos excesivos de alcohol y sustancias”. Además, el informe relata que las mujeres “tienen más probabilidades de ser diagnosticadas de trastornos límites de la personalidad y de trastornos de la alimentación, mientras que las prevalencias de los trastornos de la conducta y de personalidad antisocial son más altas en los hombres”.
Las mujeres doblan a los hombres en el aumento del consumo de psicofármacos
Durante la pandemia, el aumento del consumo de psicofármacos con receta oficial ha sido mayor en mujeres, con un aumento del 15,4% frente al 7,6% de los hombres según el informe Consecuencias Psicológicas COVID-19.
Las mujeres tienen más del doble de probabilidad de ser diagnosticadas de depresión o ansiedad que los hombres, según el estudio Género y uso de medicamentos ansiolíticos e hipnóticos en España de la Universidad de la Laguna. “Continúa existiendo un sesgo de género tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de nuestra salud. En salud mental, estos diagnósticos sesgados originan sobremedicación y otros problemas de salud que empeoran nuestra calidad de vida y socavan nuestra autoestima” afirman desde la Confederación de Salud Mental Española.
Carlos Molina afirma que no existe un único motivo que explique esta sobremedicación: “Hay muchos factores que se suman para que las mujeres sean sobremedicadas y sobrediagnosticadas, sobre todo en patologías de salud mental”. Molina, además, explica que los roles y los estereotipos de género son un elemento con mucha relevancia a la hora de explicar este sesgo: “A las mujeres se les pide que hablen sobre sentimientos, cuando para los hombres es un tema tabú. Cuando este malestar se expresa, la respuesta suele ser una pastilla, que atenúa ese malestar, pero no hace que desaparezca. Por lo tanto, esta medicalización es crónica. Y este malestar femenino responde a la división sexual del trabajo, que durante la pandemia se ha visto especialmente agravada”.
El informe de Consecuencias Psicológicas COVID-19 analiza que a pesar de que la proporción de personas con malestar psicológico fruto de la situación de pandemia es idéntica en hombres y en mujeres, el malestar alto es de casi el doble en mujeres que en hombres. En el caso del género masculino, Molina explica que todo apunta a que normalmente el momento en el que socialmente se les permite a los hombres mostrar el malestar psicológico es cuando su rol de proveedor se ve frustrado “la familia antes de la pandemia solo era una parte del día o del fin de semana, y con la llegada de la pandemia los ERTEs y el paro que han incidido sobre todo en los hombres y su rol social, es cuando surge ese malestar”.
Estas diferencias en el ámbito de la salud mental afectan también a la día a día de la población en aspectos como los problemas de concentración en los que el porcentaje de mujeres ha aumentado un 16%, mientras que el de hombres lo ha hecho en un 7,8%.
Sonia estaba trabajando en Portugal cuando todo comenzó: “La semana del 9 de marzo, cuando mi otra compañera de piso se fue sin decir nada, fue cuando me di cuenta de lo sola que iba a estar y lo rápido que iba a escalar todo y ahí tuve mi primer ataque de ansiedad. Después fui viviendo las cosas a dos tiempos, miraba constantemente lo que pasaba en España, en especial en Madrid y en casa y lo que pasaba en Portugal. No era capaz de leer nada sobre mi trabajo, en cambio absorbía todo lo que tenía que ver con el virus”. Sonia solo se sentía bien cuando podía tener el control de la situación, cuando hacía deporte en casa o cuando hacía videollamadas con los suyos. “Cuando salió la noticia de los ancianos en las residencias y la morgue del palacio de hielo sentí como que algo se quebraba en mi cerebro y pensé: ya está, se acabó. Unos días después fue cuando nos dimos cuenta de que mi madre y yo estábamos infectadas, pero en la distancia, y fue cuando empeoré en cuanto a salud mental”.
“Del mes de abril no me acuerdo de mucho más que de dormir muchísimo, tanto del cansancio como de la medicación, y de que por las noches pasaba miedo porque me dolía mucho el pecho de toser, tenía una sensación muy rara en el pecho y a veces no podía respirar bien o me despertaba de la tos. En mayo no quería salir, y cuando tenía que hacerlo me daba mucha ansiedad, lloraba, no quería salir, tenía miedo de contagiar a alguien” explica Sonia. Cuando comenzó a sentirse mejor, tuvo una recaída: “Esta vez el cansancio extremo me condicionaba en todo, no era capaz ni de atarme los cordones, no era capaz de leer, no entendía nada, no retenía información, en la calle me sentía desorientada, hablar algunos días era un poco difícil, especialmente en otro idioma, la fatiga física y mental constante me deterioró muchísimo. Si alguno de mis conocidos me decía que tenía Covid, me echaba a llorar, y si era alguien muy cercano el que había estado expuesto, me daba un ataque de ansiedad directamente”. Ocho meses después, Sonia regresó a Madrid con los suyos “fue cuando salí del «modo supervivencia», ahí fue cuando empecé a asimilar todo y cuando mi psicóloga me contó que tenía estrés postraumático”.
La feminización de la precariedad, mucho más evidente durante la pandemia
Las mujeres sufren una mayor sobrecarga de trabajo que sus compañeros al dedicarse en mayor medida a las tareas reproductivas además de las productivas. Además, cargan sobre sus espaldas con una doble o triple jornada laboral si además de al trabajo y al cuidado de los hijos y del hogar, también lidian con el cuidado de los mayores o las personas dependientes, de las que se encargan las en un 75% según el informe de la Asociación Estatal de Gerentes de los Servicios Sociales (AEGSS). Este cúmulo de tareas “se ha visto acrecentado durante la pandemia. Muchas podían contar con ayuda externa antes de la pandemia, como la de los abuelos y abuelas, las cuidadoras externas o los colegios y guarderías, que, durante la pandemia, se frenan de golpe, y provoca otra vez, una mayor sobrecarga de las mujeres” explica Carlos Molina.
Marta comenzó a experimentar ataques de ansiedad diarios y repetidos e imposibilidad para conciliar el sueño al comienzo de la cuarentena, relacionados con la responsabilidad de cuidar a una persona mayor, paciente de enfermedad crónica respiratoria “una semana después empecé a tener síntomas de COVID-19. Llamé al centro de salud, me dijeron que mi médico me llamaría de vuelta. No recibí respuesta de Sanidad hasta que volvimos a llamar porque mi abuelo estaba enfermo, ahí fue cuando me lo confirmaron y me dijeron que podría habérselo contagiado”. Finalmente, tras el fallecimiento de su familiar tuvo que cambiar su vida completamente “tenía que cambiar de vivienda, irme de la que había sido mi casa toda la vida, me encontraba sin trabajo por la crisis sanitaria y con unos pocos ahorros con los que tuve que ayudar a mi familia a vivir durante esos meses”. Tras unas semanas en estado de shock, Marta comenzó a vivir en cama “estaba muy triste y el estado depresivo se unió a la ansiedad constante que venía arrastrando”. Finalmente, en septiembre decidió buscar ayuda profesional. “El médico de cabecera me dijo que lo que tenía era ansiedad anticipativa y me recetó Lorazepam, decía que mis problemas se arreglarían durmiendo. Pero finalmente conseguí que me derivara a la psicóloga.
“Entiendo que la sanidad pública estuviese colapsada, pero la incertidumbre derivada de la precariedad, no saber si vas a poder comer al mes siguiente o pagar el alquiler, son problemas estructurales que no se arreglan con un ansiolítico a la hora de dormir” explica.
Desde la Confederación de Salud Mental afirman que “durante los meses de la pandemia, la prevalencia de la ansiedad era del 33 % y la de la depresión del 28 %. Uno de los principales factores de riesgo de sufrir ansiedad y depresión es ser mujer. A esto se une que algunos de los colectivos profesionales más afectados por la pandemia son mayoritariamente femeninos, como es el caso del ámbito de la salud, la educación, o el cuidado de personas mayores”.
En datos del Instituto de las Mujeres, el perfil laboral de las actividades calificadas como cuidados formales, que incluyen las actividades socio sanitarias y a los servicios sociales, están compuestas en un 73% por mujeres en el ámbito socio sanitario, y por un 85% en el ámbito de los Servicios Sociales.
La precariedad es evidente en estos sectores declarados como esenciales durante la pandemia, como son salud y cuidados, dónde la brecha salarial ha aumentado hasta el 28,9% según el último informe con motivo del día de igualdad salarial elaborado por el sindicato UGT. Estos sectores, además, están estrechamente ligados a la contratación temporal y parcial, en los que los salarios de las mujeres han descendido en 300 euros, mientras que los de sus compañeros han aumentado en 1.800 euros.
Fátima y Elena son dos jóvenes de 23 y 25 años respectivamente. El año pasado compaginaban sus estudios -último curso de Integración Social- con el trabajo en una residencia de personas ancianas. Cuando llegó la pandemia se vieron obligadas a trabajar sin los medios adecuados, exponiendo su salud y la de las personas a las que cuidaban, con mucho riesgo por su edad. Comenzaron a sentir miedo, a experimentar ansiedad, a no poder dormir por las noches a pesar del agotamiento. “Peté, un día peté, no podía parar de llorar, me costaba respirar”, cuenta Fátima. “Nos recetaban pastillas, ansiolíticos, y yo me sentía dormida, incapaz”. Afortunadamente, ella y Elena conocen a Fabiola, quien les enseñó a relajarse, con una técnica sencilla, y les puso en contacto con una plataforma en la que, junto a otras profesionales, reclamaron mejoras laborales, denunciaron la crueldad a la que estaban expuestas y sobre todo “compartimos y nos comunicamos”.
“Las desigualdades de género en salud mental tienden a aumentar entre la población de mayor edad, de menor clase social y de menor nivel educativo”
El Informe SESPASS 2020, explica, que, en cuanto a la población española “las desigualdades de género en la salud mental tienden a aumentar entre la población de mayor edad, de menor clase social y de menor nivel educativo, lo que indica la existencia de una clara interseccionalidad de los diferentes ejes de desigualdad. El único grupo social en que no se aprecian desigualdades de género en la salud mental de forma significativa es la clase más favorecida”.
Esta realidad no se puede separar de las condiciones materiales y de la socialización con carácter de género. En estudios como el de la revista Gaceta Sanitaria se muestra que, en 2017, la prevalencia de mala salud mental fue del 23,4% en las mujeres y del 15,6% de los hombres. Además de los ya mencionados diagnósticos de depresión y ansiedad que en las mujeres equivalían al 19,4%, mientras que en los hombres se mantendrían en un 8,5%. El Informe SESPASS, además, explica que “la salud mental tiende a empeorar a medida que lo hacen las condiciones de vida, como sufrir insuficiencia de rentas, bajo nivel educativo, clase social manual, desempleo o falta de apoyo social”.
“El factor de clase es importante en cuanto a esta sobrecarga de trabajo y a veces se nos olvida comentarlo. No es que las mujeres de clase alta y media- alta no sufran esta problemática, pero la sufren en menor medida. Quizá sea más una sobrecarga mental que una sobrecarga mental y física como sí que ocurre entre las mujeres de clase media-baja y baja” afirma el investigador Carlos Molina.
En España hay 6 psicólogos o psicólogas por cada 100.000 habitantes
Los datos oficiales en cuanto a salud mental se refieren son escasos, sin embargo, existen algunos indicadores que pueden servir para hacernos un mapa mental de la situación de la salud mental de la ciudadanía española en la era COVID.
Entre marzo y mayo de 2020, el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de la Psicología de España, pusieron en marcha el Servicio de Primera Ayuda Psicológica (SPAP). Este servicio, habilitó un teléfono que estaba indicado para la atención psicológica de las personas afectadas por el COVID-19. De entre las más de 11.000 consultas telefónicas, casi el 76% “tuvo que ver con problemas psicológicos relacionados con sintomatología ansiosa y depresiva” según el informe del Consejo General de Psicología de España (CGPE)
Durante esas semanas, de las más de 15.000 llamadas gestionadas, el 73,5% fueron realizadas por mujeres, con una edad comprendida, mayoritariamente entre los 40 y los 59 años. Carlos Molina explica que en la mediana edad es donde existe una mayor incidencia porque son las mujeres que mayor sobrecarga sufren, y donde la doble o la triple jornada se produce con más frecuencia.
Según el organismo: “España nunca ha tenido un Sistema Nacional de Salud con suficientes recursos psicológicos, y es un dato constatado que en España hay un insuficiente número de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud. De hecho, según el informe de 2020 del Defensor del Pueblo del Gobierno de España, basado en los datos del 2018, la media de psicólogos en nuestro Sistema Nacional de Salud es de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes”.
“Tener un trastorno de la alimentación y no poder controlar lo que está pasando a tu alrededor y, sobre todo, estar constantemente metida en casa, en un cuadro del que no puedes escapar, fue muy duro. La única respuesta de la sanidad fue enviar pastillas. A nivel público, la salud mental está muy maltratada, y por la vía privada se va sobrellevando, pero es muy caro” explica Clara.
Desde la Confederación de Mujeres Salud Mental de España afirman que “las mujeres que tenemos dificultades de salud mental, sufrimos un doble estigma por nuestra condición de mujeres y nuestro estado de salud mental. Debido a estos prejuicios, se nos presenta en extremo como seres asexuados o hipersexuales, se nos considera menores de edad, no aptas para ser madres, incapaces de mantener una relación de pareja o de sostener argumentos veraces. Catalogaciones recurrentes como “locas”, “histéricas”, “depresivas” o “malas madres” dan cuenta de ello”.
Clara tiene ansiedad y lleva arrastrando un TCA desde los 12 años. “Al principio, el confinamiento me lo tomé como unas vacaciones, como unos días de desconexión. pensé que estas dos semanas nos iban a venir bien a nivel mental para estar mucho más presentes en nuestras casas”. Clara “no veía más allá de lo que pasaba dentro de las 4 paredes de mi casa. Mi cerebro no procesaba lo que estaba pasando fuera y esta fue una de las razones por las que tuve que volver a terapia”.
“Hubo un momento durante la pandemia en el que mi mente colapsó, mi cuerpo colapsó y en el espejo no me reconocía a mí misma. No sabía quién era, era la personificación de los ataques de ansiedad, había comenzado a tener depresión, a estar constantemente triste. Empezaba a llorar por la mañana y terminaba de llorar por la noche. No entendía por qué estaba pasándome esto porque no había ocurrido nada a nivel personal, si no, algo general en el entorno que yo no podía controlar. No había asistencia psicológica ni psiquiátrica, porque existía una sobresaturación de la sanidad, ya no solo a nivel público, si no, también a nivel privado. Yo fui una de las personas que se desbordó, y a pesar de buscar ayuda en mi terapeuta de confianza, fue bastante complicado encontrar un hueco” relata Clara.
“Sé que mis heridas son colectivas y que el problema no es individual, es estructural”
Desde la Red Estatal de Mujeres Salud Mental de España, explican que “bajo el sistema patriarcal, las desigualdades estructurales basadas en el género, provocan que ser mujer sea un factor de riesgo para tener un problema de salud mental. Así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando señala que el género afecta de manera fundamental a la salud mental. De hecho, las mujeres tenemos 3 veces más riesgo de desarrollar depresión, el problema de salud mental más frecuente y que será la principal causa de discapacidad en el mundo”.
Clara cuenta que “lo más difícil fue aceptar que yo no tenía el control sobre lo que estaba pasando y que el confinamiento me estaba afectando cuando yo no quería que lo hiciese. No estaba infeliz, pero me sentía perdida. Pero llegó un momento en el que mi mente hizo “click” y me dije: necesitas ayuda, pide ayuda porque no puedes seguir así”
“A día de hoy sigo trabajando todo esto, pero ya estoy muchísimo mejor, soy mucho más flexible con algunas cosas. Eso sí, de vez en cuando hay algún episodio que aún me da ansiedad, depende de lo que sea me puedo quedar paralizada o echarme a llorar. No me aconsejan ver imágenes de la situación del año pasado, así que he evitado las redes sociales o el telediario en cada “aniversario de” explica Sonia. Por último, Marta explica que a pesar de que aún le queda mucho trabajo por hacer “al menos sé identificar mis sentimientos. Sé que tengo ansiedad, sé que tengo un TCA y sé que tengo depresión y estoy trabajando en ello. Pero también sé que mis heridas son colectivas y que el problema no es individual, es estructural. Y las mujeres siempre hemos cargado sobre nuestras espaldas el peso del trabajo, el estudio, el cuidado y ahora, la pandemia. Y no, no somos superwoman y no, tampoco queremos serlo”.
Consideradas trabajadoras esenciales durante la pandemia, el colectivo denuncia la falta de reconocimiento de sus derechos y un incremento de las situaciones de emergencia social
Por Redacción AmecoPress
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, España. 31 de marzo 2021.- Las asociaciones de trabajadoras de hogar y cuidados en España, compuestas mayoritariamente por mujeres migrantes, llevan años denunciando su situación de desprotección, precariedad, explotación, abuso y violencia sexual en el sector. La crisis del Covid- 19 ha afectado de gran manera a este sector colocando a las mujeres que ejercen este trabajo, muchas de ellas en situación administrativa irregular, en situaciones de extrema vulnerabilidad y violencia.
En febrero de 2020 se reportaba 394.171 trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social, sin embargo, en agosto esa cifra bajaba a 373.938. Durante la pandemia más de 20.233 trabajadoras de hogar han sido despedidas, mientras que otras han visto reducidas sus jornadas laborales, pero con un incremento de tareas. Además, se ha acentuado el régimen de interna, al tener que acceder a vivir con sus empleadores para no perder su trabajo, ya que estos se escudan en el riesgo de contagio que supone el desplazamiento diario. Así mismo han aumentado las ofertas de interna, “aprovechando la necesidad y desesperación de las mujeres”, con sueldos que no alcanzan el salario mínimo. Así lo denuncian la Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y Cuidados (AIPHYC) y Alianza por la Solidaridad-ActionAid, organizaciones que han estado trabajando en red con otras asociaciones a nivel estatal para visibilizar su situación, defender sus derechos, y hacer incidencia política y social para poner esta situación en la agenda.
Igualmente consideran que las medidas sociales diseñadas por el Gobierno y demandadas por asociaciones del sector, como el Ingreso Mínimo Vital y el Subsidio Extraordinario de Desempleo para Empleadas de Hogar, han sido positivas, pero insuficientes. Muchas de las mujeres no cumplían con los requisitos al trabajar gran parte de ellas en la economía sumergida, lo que supone, por ejemplo, que el Subsidio Extraordinario llegue sólo al 10% de las trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. Hay que recordar que más de 200.000 mujeres trabajan en la economía sumergida en España por la imposibilidad de regularizar su situación, ya que la Ley de Extranjería impide conseguir la residencia hasta cumplir al menos tres años de estancia en España y por tanto han quedado fuera de todas las medidas.
Alianza por la Solidaridad-ActionAid y las organizaciones demandan también la ratificación del Convenio 189 de la OIT, sobre trabajo decente de las trabajadoras y trabajadores domésticos con el propósito de garantizar la protección de este colectivo, históricamente discriminado, y equiparar sus derechos laborales a los del conjunto de trabajadores. Un compromiso del gobierno para la actual legislatura, que aún no ha cumplido. Además, piden la incorporación plena al Régimen General de la Seguridad Social, lo que supondría tener derecho a la prestación por desempleo. Una incorporación, que el actual gobierno ha retrasado hasta el 2023, aunque en principio iba a ser este año. Así mismo, reclaman una Ley de Prevención de Riesgos Laborales, abolir el régimen de interna, y la regularización de las personas en situación administrativa irregular, que representan hasta el 30% del sector, que son las que sufren una mayor vulneración de derechos.
Situaciones de las trabajadoras de hogar a un año de la pandemia: el repunte del trabajo de interna
SEDOAC señala como estas problemáticas no son una novedad en el sector. Lo que ha hecho el Covid-19 es agravar sus condiciones y acceso a derechos “Las condiciones de abuso y explotación laboral siguen a la hora del día, hay un repunte de trabajos para personas internas con ofertas de salarios por debajo del SMI y sin permiso para el disfrute de días libres a riesgo de quedar sin trabajo de no aceptar las exigencias de los empleadores. Además, siendo personal de primera línea como cuidadoras de personas dependientes en plena campaña de vacunación no se nos ha priorizado a pesar de haber sido consideradas “esenciales”.
A pesar de esta situación apuntan también que gracias al trabajo de incidencia y la presencia en medios se han conseguido medidas como la puesta en marcha en febrero del Plan de Actuación impulsada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que pretende regular las condiciones salariales y las cotizaciones de las empleadas de hogar. “Celebramos este pequeño paso hacia una igualdad de derechos que nos merecemos, sobre todo porque era una injusticia y una excepción que había que corregir. No obstante, a este “avance” le faltaría un paso más, que es incluir a las trabajadoras de media jornada o por horas que quedan fuera, porque tendría que ser obligatorio para todas estar de alta en la Seguridad Social”, comentan desde SEDOAC.
En este día que ha sido siempre un día de reivindicación para las trabajadoras de hogar, Dolores Jacinto de AIPHYC señala al respecto: “Seguiremos luchando por el reconocimiento de derechos para poder tener los mismos que los demás sectores laborales y estar dentro del Estatuto de los Trabajadores. No se puede decir que nuestro trabajo es esencial para la vida, que obviamente lo es, sin que se traduzca en reconocimiento de derechos”.
SemMéxico. Pachuca, Hidalgo. 31 de marzo 2021.- Justo el día en que naciste, yo fui surgí también en el escenario del feminismo nacional. De verdad. Fue en marzo de 1987 cuando me titulé en la licenciatura en ciencias de la comunicación con una tesis sobre las mujeres periodistas en México durante el siglo XIX. Fue en marzo de 1987 cuando apareciste y en tu editorial advertías:
Doble Jornada está dispuesta a intentar explicar por qué la vida de la mujer en este momento implica trabajar una doble jornada: ganar un salario, pero también mantener el orden inefable de la vida, porque para los varones la jornada sencilla implica una, no por compleja al exterior, menos difícil manera de vivir.
Doble Jornada surge de un periódico que cree en la necesidad de la reflexión y el debate junto con la información. Por eso, Doble Jornada quiere despertar inquietudes y dar la palabra a quienes reflexionan sobre la complicación de vivir en un mundo dividido en géneros. También trata de aprender de quienes se han enfrentado a la gran maquinaria que tortura, esclaviza y asesina; quiere dar a conocer la lucha de las mujeres, sus tropiezos, sus victorias. Como otros suplementos que publica este diario, Doble Jornada, se suma a dar voz y abrir nuevos espacios a la discusión. Quiere enfocar esa realidad cotidiana que se ignora, sin dejar de abordar la otra, la que se observa y analiza en La Jornada, pero con mirada distinta. Contra lo que pueda suponerse, esta mirada no es exclusiva de la mujer. Parte de ella y de lo que le afecta, no sólo porque se trata de la mitad de la población, sino porque estas cuestiones tocan a todos, aunque no todos las vivan de la misma manera; se inscriben en los problemas básicos de nuestro país y expresan, finalmente, la necesidad de un cambio radical
Después de leerte y de titularme en ese mes de marzo, tomé aire y sin más carta de presentación que esa tesis bajo el brazo, fui a Balderas 68, donde estaba la redacción del periódico. ¡Qué atrevida! Una chava de 24 años caminando entre los escritorios de ese diario ya tan importante. Fui recibida por Rosa Rojas que amablemente charló conmigo, hojeó mi tesis de 270 páginas y dijo: “Muy interesante. ¿Puedes escribir un texto de tres cuartillas? Si lo traes, lo publicamos el otro mes”. Lo hice, pero no salió en la fecha prometida. Qué tristeza me dio. Pero, esa misma semana me mandaron a cubrir una conferencia donde participaría, entre varias mujeres, Sara Lovera. Ay, la misma señora que coordinaba el suplemento. La misma reportera que conocí en 1983 cuando estaba organizando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales una mesa de mujeres periodistas y que mientras fumaba, llenó a máquina su currículum porque ninguna de las que íbamos la conocíamos, pero nos habían dicho que era la mejor para hablar de ese tema. La misma que, después de su exposición en esa conferencia, me acerqué a saludar y al decirle mi nombre, dijo con esa voz tan única: Qué, ¿vienes mentarme la madre porque no publiqué tu artículo? Negué tímidamente con la cabeza, pero desde ese momento dijo que esperaba contar con mis textos. Fue así, como me convertí en hija periodística de ella y de ti.
Nunca he olvidado esa sensación cuando llegaba el primer lunes de cada mes e ibas insertado en el periódico. Atrapabas las voces de todas las mujeres mexicanas que no eran escuchadas en ningún otro espacio periodístico. Eras la denuncia latente del machismo que se vivía a finales del siglo XX, el periodismo feminista al mil por ciento de su expresión.
Y ese mismo primer lunes de cada mes, la junta con cada reportera y colaboradora para evaluar el número publicado. La voz sabia de Lolita Cordero para aprovechar todo género periodístico en su esencia total. Rosa María Rodríguez afinando redacción y contenido. Sara siempre motivando a su manera, con la certeza de que el siguiente ejemplar debía ser mejor. Y tú, DobleJornada de mi vida, tomando tanta fuerza, tanta presencia, segura de tu periodismo y de tu feminismo. Por eso, en el número de aniversario del primer año se decidió hacer un suplemento muy representativo. Yo escribí sobre la participación femenina en la expropiación petrolera, qué orgullo, mi primer reportaje. Otra vez, en tu editorial mostrabas todo tu potencial feminista:
Hace un año salimos a la calle por primera vez. Inevitablemente encontramos en nuestra búsqueda los escollos que enfrenta lo todavía irrealizado, ya sea por utópico, difícil o sencillamente por falta de recursos.
Lo que nos propusimos aquel primer 8 de marzo sigue definiendo nuestros caminos: dar voz a quienes no la tienen era, entre todos, el principio más importante. Creemos que en la medida de lo posible lo hemos conseguido. De un número a otro, de un tema a otro, a través de este espacio se han expresado quienes no tenían ninguna otra forma de hacerlo. En la actualidad somos un instrumento consolidado dentro del periodismo industrial; un instrumento único en su especie y naturaleza, que busca documentar aquellas cosas que conciernen a la mitad del género humano y su relación con la otra mitad. Desde aquí se da voz a las mujeres, a sus problemas; pero también se analiza el contexto social en que las mujeres se desarrollan y viven, en un mundo que les impone la doble jornada. A pesar de todo lo anterior, no dudamos que todo está por hacerse…
Gracias a ti todo se aprovechó todo género periodístico para informar sobre la condición femenina, para explicar la desigualdad latente en esa sociedad patriarcal, para charlar con mujeres representativas, para argumentar nuestro desacuerdo ante la latente discriminación contra nosotras. Las feministas más representativas como Marcela Lagarde y Martha Lamas tenían un espacio abierto para exponer sus perspectivas críticas. Fue aquí donde las cuatro fantásticas, Isabel Barranco, Josefina Hernández Téllez, Maribel Inclán y yo, hicimos reportajes y crónicas, recorríamos la ciudad con mirada analítica, periodismo comprometido, feminismo auténtico.
En tus páginas está la historia completa del feminismo en México de 1987 a 1998. Ahí está Macrina Ocampo confiando en una de las primeras entrevistas que publicaste que: “Por puritita desesperación aprendí a luchar”. La advertencia del 10 de mayo como una fecha que llevaba consigo una historia de manipulación. Ese recorrido titulado “De Leona Vicario a Luisa Lane. Las mujeres y la libertad de expresión”. Las mujeres del ’68, la causa de las mujeres y los cautiverios. Los reportajes que ya denunciaban la violencia latente, las chavas banda, las mujeres que no podían tener hijos, las niñas bien o las leyendas del cine mexicano. El aborto, un tema siempre presente. Secciones como “Viejerío”, “Insólita Cotidiana”, “Vicios y Servicios”, “Qué leer” y “El Cuerpo”.
Cuánto aprendí de ti, cuántas lectoras fueron fieles a tu contenido, cuántas jóvenes hicieron suyo el feminismo palpable en tus páginas, referente obligado cuando se quiere ilustrar el periodismo feminista de México, una consulta necesaria si quiere explicarse el movimiento de mujeres mexicanas.
Pocos ejemplares tengo en mi poder, entre los cambios de casa y mi corazón de pollo, por suerte logré conservar el último número, otro editorial memorable, un número representativo de lo que significas, lo que representas, lo que sigues siendo, que las nuevas generaciones te conozcan, te vuelvan referente, aliado lleno de sororidad. Ay suplemento DobleJornada, mi espacio durante casi 10 años. Mi ejemplo y mi fuerza. El lazo inquebrantable con Sara Lovera. Testigo de que fui reportera. Gracias a ti tengo dos premios de periodismo, gracias a ti el periodismo feminista no es una propuesta teórica, es una experiencia que me fortaleció, que me motiva a no dejar de escribir para ellas y sobre ellas, de cada una de nosotras, de mí misma.
Todavía te extraño, te evoco con nostalgia, pero, aunque ya no existas, sigues presente no solamente en nuestro currículum, ejemplos o evocaciones, te has convertido en cada blog de las chavas de hoy, en el Facebook personal, en agencia de noticias feminista, en mil columnas por todo el país. Suplemento Doble Jornada, que en este siglo XXI cada voz como la mía te nombre con orgullo, te busque para aspirar tu periodismo feminista, se confirme que, en nuestra historia, tienes un lugar inevitablemente poderoso. Que cada uno de tus editoriales sigan teniendo su fuerza, como si los hubieras escrito hoy mismo:
Por las páginas de este suplemento ha desfilado la voz de mujeres de gran representatividad en partidos políticos, gobiernos, sectores destacados como lo son las comunidades religiosas y movimientos de orden social cuyo trabajo trasciende fronteras y reúne en un reclamo del mundo a ser escuchadas. También se han oído aquí las voces pequeñas: la tímida voz de alguna mujer que no conoce sus derechos; la de aquella otra que se encuentra aterrada frente a la violencia; de la de más allá que ha sido víctima de la confusión; de la que ha perdido o ganado un membrete de “sumisa” y de la que despierta lentamente al llamado, a voces altamente exigentes de su cuerpo. Y también la de algunos varones feministas y solidarios que han ayudado con su visión sobre la mujer, su testimonio, su investigación, o su conciencia, o esclarecer conceptos que, a pesar de la tecnología, la ciencia y la inteligencia de fines del siglo XX no parecen comprenderse…
Considera que su actuación en Notimex se enmarca en prácticas contra los Derechos Humanos y la libertad de expresión
Informe publicado este 30 de marzo y difundido por redes sociales
Libertad López
SemMéxico, Cd. de México, 30 de marzo 2021.- El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Sanjuana Martínez Montemayor y a Notimex en su último Informe de Países sobre Prácticas de Derechos Humanos y por violaciones a la libertad de expresión y ataques en línea contra periodistas.
En el capítulo de México, dentro del apartado denominado respeto a las libertades civiles en torno a la libertad de expresión, incluyendo a la prensa, el reporte destaca que Sanjuana Martínez ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido que pudieran afectar a instituciones del gobierno mexicano.
El informe dice: “Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex, la agencia de noticias del gobierno, ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenidos acerca de ciertas instituciones y funcionarios del gobierno”.
La información del Departamento de Estados Unidos fue rescatada de reportes publicados por la Organización No Gubernamental Articulo 19 y los medios digitales Signa Lab y Aristegui Noticias.
El informe destaca que el 12 de mayo de 2020 Artículo 19 y la Universidad Jesuita de Guadalajara documentaron varios ataques contra periodistas orquestados por Sanjuana Martínez.
Para esa investigación, diez testigos señalaron la existencia de un chat en WhatsApp llamado “Los Vengadores N”, utilizado por altos ejecutivos de Notimex, a instancias de Martínez Montemayor, para ordenar a periodistas crear cuentas falsas en Twitter y publicar mensajes contra los críticos de Notimex.
El exdirector de noticias internacionales de Notimex, Manuel Ortiz, declaró que Sanjuana Martínez le ordenó a él y a sus colaboradores atacar a destacados periodistas que cuestionaron el nombramiento de la mujer como jefa estatal de noticias.
En esos momentos, Artículo 19 destacó que la gravedad de los ataques ponía en riesgo la vida y la carrera de los periodistas que los recibieron.
El informe también destaca que los periodistas que cuestionaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante sus conferencias matutinas, también han sido víctimas de ataques a través de Twitter. “Los tuits exhibían su identidad, sus medios de comunicación y realizaban amenazas veladas”.
Agrega el informe que “los partisanos políticos lanzaron campañas en las redes sociales contra periodistas que criticaron las conferencias de prensa diarias en vivo del presidente López Obrador”.
El informe también destaca los cuestionamientos en torno a la independencia de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “citando su pertenencia al partido político gobernante y su amistad con el presidente López Obrador”.
El 45 Informe anual sobre Derechos Humanos fue presentado hoy por el secretario de Estado Antony Blinken y consta de 198 reportes de países que muestran, desde el año pasado, “el progreso o falta de progreso de algunos gobiernos” en materia de derechos humanos y libertades fundamentales.
Llama a una movilización de apoyo a su candidatura mañana miércoles
Reitera que contra él se manejan “asuntos personales “y de cúpula
Josefina Aguilar Pastor
Semméxico. Chilpancingo, Guerrero, 30 de marzo de 2021.- Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero, presentó este martes el recurso de impugnación ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por la cancelación de su candidatura.
Tal como lo diera a conocer el día anterior, a través de sus redes sociales, este martes compartió hoy habría dado trámite a la impugnación ante el Instituto Nacional Electoral INE para seguir los cauces jurídicos del proceso y dijo así demostrar que la determinación tomada por 7 personas ajenas al estado de Guerrero “es un atentado a la democracia y a la voluntad popular.”
“La lucha jurídica avanza en el marco de la ley y los procedimientos, estamos dando la batalla ante el intento de vulnerar la decisión del pueblo desde un escritorio”, escribió en su muro personal.
Salgado Macedonio agradeció a sus seguidores la lucha que están dando para defender lo que él llama “una injusticia”, hacia el pueblo de Guerrero.
Continua manejando el discurso de que son intereses personales o de cúpulas, los que le han cancelado su candidatura, en ningún momento menciona ni reconoce que se debe a una omisión de su parte, de su equipo o de la propia dirigencia, para cumplir con la ley electoral, como lo dio a conocer en su momento el INE.
Asimismo, confirmó la marcha programada para este miércoles, que se llevará a cabo en Chilpancingo, a partir de las 11:30 horas, la cual, se habría dicho que estaba cancelada.
El morenista llamó a sus seguidores a darse cita en el parque Margarita Maza de Juárez, de donde saldrá la marcha hacia el zócalo de Chilpancingo a las 11:30 hora “ahí marcharé con ustedes como un ciudadano más protestando contra el viejo régimen que se niega a claudicar”, insistió.
Precisiones históricas del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad
Argumenta que borra los esfuerzos de la sociedad civil cuando la clasificación data de 2012
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 30 de marzo, 2021.- En un comunicado de prensa el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), lamentó esta mañana que el presidente Andrés Manuel López Obrador , asegure que los feminicidios comenzaron a registrarse durante su gobierno.
Explica que el tipo penal del feminicidio se creó en 2012, cuando se elaboraron las primeras normas que tipificaron delitos que atentan contra la integridad física, psicológica, económica o la libertad de las mujeres, delitos como el feminicidio y la trata de personas.
Afirmar que este es un logro de su administración implica anular todo el trabajo realizado por la sociedad civil desde marzo de 2011, para tipificar el feminicidio en las 32 entidades federativas.
La organización reclama que este tipo de declaraciones mentirosas implica borrar esas luchas sociales de grupos, mujeres y especialistas. El presume que es empático con estas luchas, cuando todo en su administración ha sido ir contra ellas.
Relata la comunicación que durante la mañanera de López Obrador, este martes 30 de marzo, sostuvo que “antes los feminicidios no se consideraban feminicidios sino homicidios”, esta clasificación, dijo, comenzó con su administración, con lo que trató de justificar el aumento de feminicidios en estos dos últimos años.
Esta organización sostiene que el presidente miente cuando refiere que gracias a su administración existen registros oficiales de feminicidio. Al contrario, se cuenta con dichas estadísticas desde el gobierno de Enrique Peña Nieto como resultado del trabajo colaborativo entre organizaciones de la sociedad civil y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP). Dicho esfuerzo conjunto permitió que en enero de 2018 se presentara el Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15.
El SESNP daba a conocer una nueva metodología de registro de incidencia delictiva con información desde enero de 2015, a partir de la cual se incorporó el feminicidio para clasificar la privación de la vida a una mujer desde la perspectiva de género acorde con los lineamientos para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos.
Además, por primera vez, se publicó información sobre el sexo de las víctimas de algunos delitos, por lo que se pudo obtener datos sobre los homicidios dolosos de mujeres que no fueron investigados como feminicidio.
La implementación de esta metodología de registro no ha estado libre de críticas. Aunque algunas procuradurías y fiscalías ya cuentan con esta desagregación, existe poca claridad sobre cuándo una institución decide clasificar una muerte violenta como homicidio doloso o feminicidio. Tal es el caso de la Fiscalía de Veracruz que en 2020 reclasificó 49 feminicidios cometidos en 2018 sin explicar a detalle los motivos.
Tras más de un semestre de peticiones del ONC, ni la Fiscalía ni el SESNSP aclararon técnicamente y caso por caso porqué se determinó la ausencia de razones de género.
El presidente también miente cuando afirma que el feminicidio aumentó debido a que actualmente se cuenta con estadísticas sobre su incidencia. Ello se debe a que desde 2015 hay un alza constante del feminicidio acorde con datos del SESNSP. Esto coincide con los datos de homicidios de mujeres del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las cuales revelan que 2019 fue el año con más homicidios de mujeres al reportarse 3 mil 893 casos, lo cual es 102 por ciento mayor respecto a 2009.
López Obrador, señala el ONC, fue más allá al señalar que a la mujer se le debe respetar porque es una consideración básica para la transformación. “No se puede llevar a cabo una transformación sin la igualdad de género”.
Lo que pareciera olvidársele al presidente es que su gobierno es responsable de desmantelar la estructura de protección a las mujeres.
Y enseguida describe: en dos años:
1. Ha eliminado los fideicomisos que permitían el buen funcionamiento de la Red Nacional de Refugios; de los programas de los varios institutos de la mujer, de los recursos necesarios para la prevención del delito y la procuración de justicia;
2. Ha reducido el presupuesto total asignado en esta materia pues en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) en 2021 se mantuvo un monto igual al asignado en 2020, que fue de 405 mil tres millones 761 mil peso. Lo que representa una disminución anual del 3.3 por ciento debido a la inflación, estimada.
3. Ha dejado en la inoperabilidad al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), entre otras.
Conclulye que el presidente no miente al afirmar que para transformar a México es fundamental la igualdad de género. Sin embargo, esta debe ir más allá del discurso oficial o de la mera participación de mujeres en el gabinete. La igualdad de género se construye a partir de las políticas públicas y de los recursos que se asignan con dicho enfoque.
SemMéxico/Político MX. Oaxaca. 30 de marzo 2021.- Morena decidió que Osiris Jiménez Matus sea su candidato a presidente municipal por el ayuntamiento de Santa María Xadani, Oaxaca, rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2021, sin embargo, cuenta con una carpeta de investigación por violencia de género, luego de que su esposa Beliavit Guerra López lo denunciara ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por malos tratos, agresiones, golpes, amenazas e incluso discriminación.
¿Qué ocurrió? De acuerdo con Milenio, el movimiento de mujeres en contra de la violencia de género presentó las pruebas contra el que será el candidato de Morena, cuya denuncia se encuentra en fase de consignación, por lo que la víctima ya acudió ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para solicitar medidas cautelares.
¿Qué se dijo? Esta no sería la única acusación que pesa contra Jiménez Matus, pues también es señalado de tener a su servicio un grupo paramilitar con el que manda a intimidar a sus opositores.
¿Qué dicen en Morena? Sesúl Bolaños, líder estatal, no reconoció las acusaciones, desmintió los dichos y consideró que son parte de lo que llamó “guerra sucia” de sus adversarios: “Sobre las denuncias, la Comisión de Honestidad y Justicia de nuestro partido a nivel nacional, las valoro y si determinó que la candidatura iba, asumimos los costos políticos de la resoluciones”.
SemMéxico, La Paz, Bolivia, 30 de marzo, 2021.-Las cartas escritas a mano ya no son habituales y con ello se ha perdido la posibilidad de ver en ellas el reflejo de la persona que escribe, la belleza de la caligrafía, la fuerza del trazo, las palabras dibujadas, el tejido de las frases (sin la ayuda del Word), su poder de transmisión de razón, de emoción… La expresidenta boliviana Jeanine Áñez nos dio esa oportunidad de apreciación y, además, nos llevó a preguntarnos ¿a quién le escribió esa carta?
Una carta de aire infantil por su formato escolar, tanto por las hojas de cuaderno de escuela como por el contenido: sin la formalidad mínima de fecha y lugar (importante como documento histórico, ya que se trata de una expresidenta), con la letra insegura, errores ortográficos evidentemente corregidos, palabras bailando sin respetar las líneas horizontales y, especialmente, con carencias de riqueza textual y con un contenido intelectual básico y de pensamiento político sólo evidenciado en alguna consigna, no por un sustento sólidamente formado.
Aunque la carta está explícitamente dirigida “Al pueblo de Bolivia” uno se pregunta: ¿A qué pueblo?, ¿qué o quién es el pueblo, para Áñez? ¿Aquél que reprimió, encarceló, racializó y animalizó? ¿Aquél fundamentalmente indígena, de ropa descolorida, de sonrisa sin dientes como reflejo de la pobreza y que grita sin usar bien el castellano?
¿O sólo le escribe a aquel pueblo que la levantó y la colocó en la Presidencia?, a aquella clase media y alta de las ciudades que viste colores nítidos, de rostro más blanco o blanqueado, de cabellos teñidos como los de ella; a aquellos que, en su mayoría, han estudiado, de donde surge gran parte de la intelectualidad nacional, rica en vocabulario. Esa casta intelectual, profesional y empresarial que estará lejos de sentirse representada por el deficiente nivel epistolar de Áñez. Salvo que les sea políticamente útil, claro.
Por otra parte, ¿es una carta premeditadamente elaborada tal y como está? Es usual que líderes de la política y la empresa tengan asesores en comunicación que vigilen cada detalle de cualquier mensaje que se da al público. En ese sentido, jamás permitirían que la imagen de quien asesoran se viera de esa manera tan disminuida, por muy víctima que quiera mostrarse. No, no hay trabajo comunicacional en esa carta, es simplemente el reflejo de alguien a quien ya no le asesoran. Áñez está sola y se muestra tal y como es.
Tampoco es una carta dirigida a las mujeres en busca de su apoyo. No hay un ápice feminista en la expresidenta; sin embargo, el tema sí ha sido utilizado comunicacionalmente para generar apoyos hacia ella, apelando a la sororidad y al feminismo.
¿Las mujeres debemos apoyarnos sólo por razones biológicas, sin importar las acciones personales? Áñez es responsable de actos de lesa humanidad que han derivado en las matanzas en Senkata, Sacaba y otras, ya que uno de los primeros decretos supremos que ha firmado es el que da inmunidad a fuerzas armadas. Y mataron. Estos actos deben ser juzgados y eso no tiene nada que ver con la sororidad. En todo caso, ésta iría para las mujeres víctimas de la represión, las viudas, las huérfanas.
La sororidad busca el hermanamiento entre mujeres frente al patriarcado. En ese sentido, Áñez es también víctima, sí, de un patriarcado político histórico que la ha utilizado y hoy la deja sola tras las rejas. Ella no actuó sola en lo que se la acusa: terrorismo, sedición y conspiración, actos antes de tomar posesión de la Presidencia. No, un grupo de hombres: entre políticos, algunos diplomáticos y representantes de la Iglesia han participado y propiciado que sea Presidenta, pero solamente ella es la que está presa y procesada.
En sus cartas, la ex presidenta podría dirigirse a estos hombres que hoy la siguen usando mostrándola como víctima. Podría desenmascararlos. También podría escribir al pueblo, apelar a él inclusive, pidiendo perdón por las muertes y represión, por la corrupción en pandemia, pedir perdón a quienes no la apoyaban y también a quienes representaba.
SemMéxico, Cd. de México, 30 de marzo, 2021.- Sentado a la siniestra del licenciado López Obrador, en la mañanera del reciente viernes, Manuel Bartlett Díaz no se inmutó cuando fue aludido por el inquilino de Palacio como uno de los malandros de cuello blanco que ha pisoteado a la democracia.
Y es que, el influyente y poderoso director de la Comisión Federal de Electricidad –¿a poco no?—fue director de otra Comisión Federal, pero ésta Electoral, en 1988 cuando se cayó el sistema y Carlos Salinas de Gortari fue ungido Presidente de la República.
Entonces como en los días que corren, Bartlett Díaz ha sido dueño de un envidiable cuanto sospechoso arropamiento presidencial. ¿Malandro de cuello blanco?
Bueno, bueno, el licenciado Andrés Manuel cuyo pecho no es bodega, en la mañanera del viernes de la semana pasada, luego de que se abordó hasta con peras y manzanitas que la CFE es víctima de los conservadores y neoliberales, casualmente se trató el caso de los candidatos Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a quienes el Consejo General del INE decidió retirar las candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán.
–¿Lo que resolvió el INE es un juego sucio?—preguntó al licenciado López Obrador una asistente a la homilía.
—Ya expliqué en el contexto –respondió Andrés Manuel. Yo siempre voy a defender la democracia, siempre, y no voy a aceptar que de arriba, por intereses cupulares, por intereses de mafias, por los intereses de la maleantada, de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia.
Y matizó:
–Puede ser que no coincidamos, pero yo siempre digo lo que pienso. Desde luego, van a ser las autoridades correspondientes las que van a decidir, pero yo ya hablé, porque no me voy a quedar callado en un asunto que nosotros padecimos mucho, muchísimo.
¿Por qué aludir a Bartlett como un malandro de cuello blanco?
Mire usted, cuestión de sacudir conciencias, y recordar aquellos días en los que, de acuerdo con diferentes versiones, entre las que por supuesto no está en sentido afirmativo la del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, que luego sería secretario de Educación Pública y gobernador de Puebla, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue despojado de la victoria ganada en las urnas.
Entonces, el licenciado López Obrador supo de primera mano de ese actuar del licenciado Bartlett Díaz pero de nada valieron marchas y protestas en las que doña Rosario Ibarra de Piedra y José de Jesús Clouthier del Rincón, junto con un puñado de políticos escindidos del PRI, entre ellos la maestra Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo y Rodolfo González Guevara, fundador de la Corriente Democrática del PRI.
No se requiere hacer mucha memoria para recordar que la Comisión Federal Electoral, en 1988, la presidía el secretario de Gobernación, el licenciado Bartlett que, de acuerdo con el licenciado presidente, es un malandro de cuello blanco que, en los comicios de entonces operó esa caída del sistema de cómputo de votos que dio cerrada victoria electoral a Carlos Salinas de Gortari.
Y luego, la ruta política le fue como miel sobre hojuelas. Decía, secretario de Educación Pública, peleado con la maestra Elba Esther Gordillo Morales por aquella fallida Reforma Educativa, y luego gobernador de Puebla, aunque sus orígenes son, sí, tabasqueños.
¿Será por el paisanaje que Andrés Manuel ha perdonado todo a Manuel? No se ría, por favor.
Porque, caray, hoy resulta que ese órgano colegiado que se fundó a partir de la reforma política obligada para validar la unción de Carlos Salinas de Gortari, es decir, el Instituto Federal Electoral en 1990 que devino en Instituto Nacional Electoral en abril de 2014, traía la estela de corrupción y compra de conciencias, acuerdos soterrados incluso con Cuauhtémoc, en los que el licenciado Bartlett estuvo involucrado, aunque hoy sufra amnesia selectiva en la materia.
Ahí está la historia política mexicana contemporánea. Del asunto se ha escrito con vastedad. ¿Y?
El IFE sustituyó precisamente y por mandato constitucional, a la Comisión Federal Electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación y, por ende, dejaba en manos del gobierno federal usos y costumbres en la elección presidencial y, en general, de las federales y estatales.
Entonces, ¡caray!, resulta que el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha olvidado –amnesia selectiva como la de su paisano Manuel Bartlett Díaz—que precisamente a partir de la ciudadanización de los procesos electorales, con todo y sus yerros, el IFE hoy INE ha transitado en esa democracia que en el año 2000 dio el triunfo al panista Vicente Fox y, en 2018, a él.
Por tanto, esta embestida desde Palacio Nacional y secundada en el Congreso, elemental por su pertenencia partidista y mayoría en Cámara de Diputados y el Senado—tiene asideros legales poco o nada firmes, sobre todo en el momento en que se habla de una campaña en la que los consejeros electorales, específicamente su presidente Lorenzo Córdova Vianello, tendrían toral participación para descarrilar candidaturas mediante ardides legaloides.
Pero, las decisiones del Consejo General del INE están fundamentadas y sólo han sido cuestionadas mediante tramposas explicaciones que pretenden negar actos de precampaña cuyos gastos no fueron reportados en tiempo y forma. Pareciera una nimiedad de procedimiento de fácil acuerdo; pero no es así.
La ley se aplicó y resta la última palabra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, organismo en el que hay evidente proclividad a apoyar y secundar decisiones del licenciado López Obrador. Los recursos de inconformidad irán a esa instancia y es posible que los magistrados resuelvan por mayoría que los muchachos Félix y Raúl pueden continuar en su carrera por convertirse en gobernadores.
El punto, empero, de los malandros de cuello blanco, alcanzaría al licenciado presidente por su tozuda y valemadrista intervención en el proceso electoral en marcha. Hoy, sin rubor, habla en plural cuando insiste en que hay una especie de compló de todos sus opositores para evitar que “mantengamos la mayoría en la Cámara de Diputados”.
¿Dónde aquella declaración de que estaba fuera de Morena y no intervendría ni en su vida interna ni en elecciones? Falaz y listo, listo.
Pero le juega al vivo. Basta recordar que, en diciembre del año pasado, durante un foro realizado con motivo de los 30 años del IFE-INE, el consejero electoral Jaime Rivera Velázquez advirtió que el Instituto Nacional Electoral, ante el intervencionismo del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral, aplicará lo que establece la Constitución y las leyes.
Así de simple y sencillo pero así de contundente. Rivera Velázquez recordó que, en la reforma electoral de 2007, se estableció la prohibición tanto de la contratación de tiempos en radio y televisión para propaganda electoral, como la intromisión presidencial.
Y fue contundente cuanto premonitorio:
“Me temo que vamos a tener muchas tensiones por ese problema, pero el INE va a hacer lo suyo por cumplir esas normas, restrictivas sí, pero están en la Constitución y en las leyes, y estamos obligados a cumplirlas.
“Lo que vamos a hacer es aplicar las normas. El artículo 134 Constitucional es muy claro y también la ley. Les prohíbe uso de recursos públicos a favor o en contra de un partido y les prohíbe la propaganda personalizada y pronunciarse a favor o en contra de algún partido.
“Y esta restricción es una herencia más o menos directa del reclamo en el 2006, nada más que han cambiado un poco de lugar donde está cada quién”.
¿A qué le teme el licenciado López Obrador?, pregunta nomás por hacer una pregunta, disculpe. El poder no se comparte y Andrés Manuel está en esa línea; para ello es sustancial, fundamental, no perder mayoría legislativa.
Y, en ese tenor se entiende su campaña para desprestigiar al árbitro de la contienda. ¡Árbitro vendido!, le ha gritado y lo describe como el “aparato de organización de elecciones más caro del mundo”.
Además, justifica su triunfo porque “era imposible hacer un fraude, pero en las elecciones anteriores, lo permitió (el IFE)”.
El viernes pasado acusó al INE de haberse convertido en el “supremo poder conservador”, y sostuvo que, el retiro de candidaturas especialmente las de Félix y Raúl, es parte de un juego sucio y un atentado a la democracia.
Y el licenciado Bartlett, sentado a la siniestra del inquilino de Palacio, no se inmutó, ¿Malandro? ¡Bah!
Por eso y solo por eso, lo que digan Mario Delgado y los prohombres del morenismo, porque entre los integrantes del gabinete hay silencio –como momias, el licenciado dixit—es simple eco de la tertulia electoral de la 4T.
Porque, vaya, qué valor puede tener una declaración del presidente nacional de Morena, es decir, el itamita Delgado Carrillo, cuando dice que algunos consejeros electorales actúan como “gatilleros del PRIAN».
Y luego advirtió que desde el Congreso “se tendrá que pensar seriamente si renovar o exterminar” al INE. O sea.
Hay democracia cuando ganan; son malandros de cuello blanco los responsables de la elección, cuando pierden. Digo.
COMO ME LO PLATICARON. Con nuevas producciones para conectar más y mejor con la gente y sus necesidades, se relanza el canal del Congreso de la Ciudad de México, que a partir del pasado 23 de marzo se identifica como Congreso TV, 21.2, la señal de la pluralidad. La intención de congresistas de la CDMX, mediante el director del Canal, Diego Saturno, es fortalecer los lazos con la población de la capital y visibilizar al máximo los trabajos legislativos de la Ciudad de México. Por televisión abierta y plataformas digitales el 21.2 abordará de manera clara, directa y coloquial los temas del diálogo capitalino que son llevados a la discusión parlamentaria por las distintas voces y posturas de los diferentes grupos legislativos que reflejan la pluralidad ciudadana, así como transmitir los hechos más relevantes de la ciudad, el país y el mundo. De octubre a diciembre de 2020 la señal del Congreso capitalino llegó a 320 mil 456 televidentes, 909 por ciento más sobre 35 mil 221 reportados de audiencia en el mes de septiembre anterior y por arriba de algunos otros canales públicos. Ahora Congreso TV 21.2 la señal de la pluralidad, va por más. Conste.
Repudio generalizado al crimen entre congresistas y sociedad, exigen investigación expedita
La CNDH consideró “lamentable” lo sucedido y anuncia que por oficio abrirá una investigación para luego hacer una recomendación
Lizbeth Álvarez Martínez y Elda Montiel.
SemMéxico, Cd. de México, 30 de marzo, 2021.- La Comisión de Igualdad del Senado de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigentes de diversos partidos políticos y colectivas feministas repudiaron el asesinato a manos de policías de Victoria Salazar Arriaza, sucedido en Tulum, Quintana Roo, pero no hicieron referencia a los otros 4 feminicidios sucedidos en esa entidad el fin de semana.
La senadora petista Geovanna Bañuelos recordó que en noviembre pasado la policía municipal de Cancún dispersó con detonaciones de arma de fuego, una manifestación feminista, de la que resultaron heridas dos reporteras, por lo que solicitará a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo realizar un diagnóstico integral de las corporaciones policiacas en materia de derechos humanos, igualdad de género y migración y pidió a las autoridades estatales capacitación a los policías.
En boletín oficial la CNDH informó “radicar de oficio” la atracción del caso de la mujer asesinada por policías –no la nombra- y señala que se trata de presuntos hechos, que dijo conocer por notas periodística y no hace referencia a los videos que se difundieron en todas las redes sociales, fundamento para la reacción de las autoridades judiciales.
La CNDH actuó, solamente después que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el crimen como un acto deleznable.
De la misma forma la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la Republica condenó y repudio el asesinato de Victoria Salazar Arriaza a manos de policías municipales de Tulum, Quintana Roo, y llamaron al gobierno Municipal a asumir su responsabilidad y al Estado Mexicano cumpla con las recomendaciones internacionales para capacitar y especializar con perspectiva de género a las fuerzas de seguridad pública, así como al personal operador de justicia
Las senadoras de esa comisión, formada por 11 senadoras y un senador, también llamaron a la Fiscalía General y al Poder Judicial del Estado a responder con justicia pronta, expedita y cero impunidades, así como castigo a los responsables de este hecho.
Las informaciones de la CNDH y el Senado precisan que Victoria Salazar Arraiza era una mujer salvadoreña que vivía en nuestro país en calidad de migrante refugiada y era madre de dos hijas.
Las senadoras también rechazaron los hechos por brutales, en tanto que la CNDH los califica de lamentables, y relató que la Fiscalía del estado ya inició una investigación. Lo cierto es que esa fiscalía ya arraigó a 3 policías, dos hombres y una mujer, a quienes abrió una carpeta de investigación.
En tanto el Partido del Trabajo, en voz de la Senadora Geovanna Bañuelos, anunció que presentará un punto de acuerdo para exigir a la Fiscalía de Quintana Roo, garantizar justicia para la víctima y sus familiares y en discurso afirmó que “La muerte de Victoria no fue un accidente, fue un asesinato. Demandamos justicia y la no repetición de estos hechos indignantes”
HECHOS
La tarde del sábado 27 de marzo, detenida en un Oxxo de Tulum, por supuesta alteración de la paz pública, Victoria fue sometida y luego asesinada por los policías. Dice la CNDH porque un probable uso excesivo de la fuerza. Las autoridades determinaron, vía la medicina forense, que la víctima recibió una presión sobre su cuerpo que le quebró la columna vertebral. Y luego su cuerpo fue subido a una camioneta, “como si fuera un objeto”, dijo el fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, que por ese motivo será investigado el asesinato como feminicidio.
La CNDH se concreta a señalar que por la naturaleza de los hechos “pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos” y anunció que integrará el expediente de queja respectivo y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
Los pronunciamientos de rechazo abordan y reiteran que la violencia contra las mujeres se desarrolla en un marco de impunidad social, por lo que el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizarles una vida libre de agresiones y poner en marcha acciones y políticas para garantizar sus derechos humanos.
Las senadoras, por ejemplo, dijeron que estarán atentas a las investigaciones que permitan castigar a quienes cometieron estos actos y manifestaron su a solidaridad con la familia de Victoria.
A su vez la coordinadora del Grupo Parlamentario del PT enfatizó lo peligroso que es ser mujer y migrante en México, y acotó que “la acción brutal de los agentes y la falta de sensibilidad por parte de los elementos policíacos provocó que al ser detenida la mujer falleciera de camino a la comisaría a consecuencia de las vértebras fracturadas, lo que pone de manifiesto la falla en la actuación y protocolos de los agentes, y la sistemática violación de derechos humanos contra los migrantes”,
Geovanna Bañuelos recordó que en noviembre pasado la policía municipal de Cancún dispersó con detonaciones de arma de fuego, una manifestación feminista, de la que resultaron heridas dos reporteras.
También dijo que solicitará a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo realizar un diagnóstico integral de las corporaciones policiacas en materia de derechos humanos, igualdad de género y migración.
A las autoridades estatales, fortalecer la capacitación a sus cuerpos de seguridad en estas materias, con el objetivo de formar policías que protejan y defiendan a las personas, sobre todo ante el constante incremento de centroamericanos que transitan por la república, ya que es necesario que las autoridades brinden máximas garantías de respeto a sus derechos humanos, particularmente de mujeres y menores de edad.
Geovanna Bañuelos llama al Senado de la República a agilizar la aprobación de reformas tendientes a garantizar la no violencia contra la mujer y el respeto de los derechos humanos de los migrantes.
Refirió que el 15 de diciembre pasado presentó diversas reformas a fin de prohibir la discriminación a cualquier persona por su estatus migratorio y garantizarle el derecho a la igualdad.
Así como privilegiar el interés superior y observar el principio de la unidad familiar, la obligación del Estado mexicano de asignar un tutor en caso de que un menor de edad no vaya acompañado. Propone que ningún migrante podrá ser expulsado del país en caso de que su vida, integridad, seguridad, libertad, derechos civiles o políticos estén en riesgo. Y crear mecanismos jurisdiccionales y administrativos para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y garantizar su acceso a la justicia pronta y expedita.
No obstante 2008 se clasificó el feminicidio, y no fue la administración, sino el agrupamiento de feministas quienes lograron un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia
Lizbeth Álvarez Martínez y redacción.
SemMéxico, Cd. de México, 30 de marzo, 2021.-Aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que durante su gobierno surgió la creación de la clasificación de delito de feminicidio. Recalcó que antes los feminicidios no existían, ya que se consideraban únicamente como homicidios.
“En el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios. Esta clasificación comienza con nosotros, por eso el aumento de feminicidios, antes se asesinaban a las mujeres y no eran feminicidios.
El presidente de la República no tomó en cuenta que la clasificación y definición del delito de Feminicidio comenzó hace al menos 10 años; que la cuenta de los feminicidios la hicieron organizaciones sociales, como el Observatorio del Feminicidio y que las modificaciones para que cualquier homicidio contra mujeres se investigue como feminicidio, fue un acuerdo de la Suprema Corte de la Nación, por la sistemática negativa de ministerios público y que luego, se modificó en la Cámara de Diputados la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, por un grupo plural de diputadas, y no por el gobierno, como afirma. Más bien este gobierno ha desestimado a las víctimas directas e indirectas del feminicidio.
La reacción de los gobiernos contra la existencia de este grave crimen, fue histórica. Durante la primera investigación realizada en 2005 en la Cámara de Diputados que dio lugar a la ley, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México, negó a la diputada, entonces, Marcela Lagarde y de los Ríos, realizar esa investigación en la ciudad de México, porque entonces el presidente de la República, negó el fenómeno y dijo que por representar un gobierno democrático, no había feminicidios en la capital del país.
Ahora, dice el Presidente, que no era así. Y agregó que ahora aún con resistencia, cada vez que hay un asesinato de una mujer se tiene que considerar feminicidio, y no solo eso, se tiene que castigar a los responsables”, puntualizó el mandatario. La cifra global de impunidad en el país, dice esta redacción, es hasta del 96 por ciento.
El Ejecutivo Federal recalcó que se están avanzando para que regrese la paz y la tranquilidad a México, combatiendo lo que consideró la principal causa de este delito, la corrupción. Agrega la redacción, mirar al feminicidio como solamente un delito, es reducir a nada, la honda diferencia social, cultural y económica, entre hombres y mujeres.
“Consideramos de que tenemos que combatir la desigualdad, pero entender que por esa desigualdad en lo económico y lo social se generan injusticias y violencia, porque en el periodo neoliberal no se hablaba de la desigualdad. El tema de la desigualdad-dice esta redacción- fue definido al estallido de la Revolución Mexicana y fue el tema de gobiernos por 70 años. No se resolvió, eso es cierto, en ningún gobierno, revolucionario, tecnócrata o neoliberal, ni en el actual.
Quiénes fueron los causantes de esta decadencia de la crisis de México, ahora, además de querernos culpar, se han convertido en feministas, ambientalistas, en defensores de los derechos humanos. Porque están muy inconformes con el hecho de que nosotros nos hemos dedicado a combatir el principal problema: la corrupción”, detalló el mandatario”, expuso.
Desde los años 80, cuando el Congreso empezó a discutir la violencia contra las mujeres, en este tema han participado mujeres y hombres, de los más variados grupos políticos y sociales. En las cámaras actuaron grupos de congresistas plurales, a favor de eliminar la violencia y reconocerla o en contra.
El Ejecutivo federal aclaró que en su Administración se respetan los derechos humanos como nunca antes.
