MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
SemMéxico, Ciudad de México, 26 de noviembre, 2020.- Ahí estaba, pero nadie le había dado el enorme valor que tiene. Desde hace ocho años, el Congreso de la Unión otorgó, sin beneficiario identificado, los elementos para el cobro de facturas políticas mediante el uso de la figura de Testigo Colaborador.
A esta figura que la vox populi llama chivato, delator, traidor, infidente, desleal y, bueno, eufemismos varios para no aludir a ese feo calificativo que todos conocemos, se acogió el preclaro ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, cuando le echaron el guante en una exclusiva zona residencial en la Península Ibérica, y comenzó a cantar su ópera prima para contribuir al espíritu justiciero del inquilino de Palacio, en apego a una singular y pueril partitura sin pruebas documentales, sólo de saliva.
Bueno. Resulta que, desde hace unos días, el economista itamita Emilio Zebadúa González –un chiapaneco ex alto funcionario público que transitó por el PRI, el PRD y Nueva Alianza, ex Oficial Mayor de la Sedesol– aspira al manto protector de Testigo Protegido, porque no soportó el tormento de la conciencia por delitos a los que, sin duda, fue presionado a cometer por los perversos neoliberales del equipo de Peña Nieto.
¡Caray! Con ese acto de contrición, Zebadúa determinó echar la mano a la administración justiciera de la 4T, ésta cuyo adalid Santiago Nieto finalmente encontró causales para investigar al licenciado Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en la administración del terrible neoliberal conocido como Enrique de apellidos Peña Nieto, quien, no me lo va a creer, se dijo dispuesto a comparecer cuando se le requiera, siempre y cuando, por supuesto, se lo hagan saber en su favorito lugar de descanso en España. ¡Joder!
Pero, vaya, estábamos en esto del Testigo Protegido, figura que andaba en el archivo porque no se le requirió hasta que, mire usted lo que es la vida, cuando la popularidad del licenciado presidente comenzó a menguar y luego de la derrota morenista en el campo de batalla de Coahuila e Hidalgo, se le dio especial impulso con el caso del joven ex director de Petróleos Mexicanos, en una revolcada de los expedientes en los que se acusa a la administración de Peña Nieto de haber usado fondos obtenidos por sobornos de Obedrecht.
Aunque el licenciado López Obrador ha dicho que no lo mueve la venganza y sólo si el pueblo bueno lo pide se enjuiciará a sus antecesores, por los rumbos de la que, no se cansa de calificar, autónoma Fiscalía General de la República se ha preparado el expediente para llevar a picota no sólo a Enrique.
Y es que, es inocultable que a Andrés Manuel se le queman las habas por procesar Felipe Calderón, a Vicente Fox y hasta al jefe de la que ha llamado mafia del poder, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, a quien seguramente se le ha ido el apetito por el temor de verse en locutorios como Raúl en esos días de la venganza del doctor Zedillo mediante sus operadores Fernando Antonio Lozano Gracia y Pablo Chapa Bezanilla, quien cuando huyó y lo pescaron en mayo de 1997, conoció la prisión de Carabanchel, en el barrio de Majada Honda, en Madrid, por cierto derrumbada en 2008.
Pero, bueno, estábamos con el tema del manto sagrado, el de la figura de Testigo Colaborador al que, vaya usted a saber cómo y a qué hora, intempestivamente decidió acogerse la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en esos días de la dolce vita del sexenio reciente, después de expiar culpas en la prisión de Santa Martha Acatitla, seguramente, igual que el economista Zebadúa González, los cargos de conciencia no la dejaban dormir en su cómoda recámara de ese penal sito al oriente de la otrora Ciudad de los Palacios.
Quién se iba a imaginar que la maestra Robles Berlanga, la misma que acercó recursos a la causa de Andrés Manuel para llegar a la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, sufriría las consecuencias de un desencuentro que llevó al hoy inquilino de Palacio a hacerse de sus trastos e irse a fundar al Corporativo Morena, cuyo gerente en funciones, es el itamita Mario Delgado Carrillo, de gustos neoliberales reprimidos para no desentonar con el credo del prócer.
¿Será que los cargos de conciencia llevaron a Rosario Robles Berlanga a alzar la mano y pedir tregua y acogerse a los beneficios de la figura de Testigo Colaborador? ¿Será que se cansó de ser el chivo expiatorio del equipo del licenciado Peña Nieto acusado de todos los males recientes de México? ¿Será que quiere pasar las fiestas de fin de año en familia? ¿Será que los romeritos no saben igual tras las rejas que en el comedor fifí de su residencia en la Ciudad de México?
Como sea, pero de que la convencieron de que se dejara de tonterías y de hacerle a la Juana de Arco o émula de Juana Gallo y cantara en la misma pauta que el licenciado Emilio Lozoya Austin, quien disfruta de una singular prisión que le permite descansar en un velero en costas de Baja California o tomar el fresco en su residencia de Valle de Bravo, en el Estado de México, mientras dizque le siguen proceso penal.
Y, mire usted, de qué manera llegó Rosario Robles Berlanga a esa decisión que hasta su abogado se dio el lujo de salir a declarar que su defendida se iría a la yugular de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso, responsabilizándolos de haber ordenado la triangulación de millonarios recursos de la “estafa maestra” para fondearlos al PRI, instituto político que los usó en campañas electorales.
Bueno, bueno, se ha tejido todo tipo de historias con estos sobornos de Obedrecht y de la “estafa maestra” que de plano se antojan increíbles. ¿Cinco millones de pesos en bolsas de ropa de marca entregados en mano entre sesión y sesión del Senado y de la Cámara de Diputados? ¡Toma, paloma!
En fin, ya sabe usted cómo se las gastaban estos truculentos neoliberales y conservadores a quienes, por cierto, el licenciado López Obrador no quiso aplicar la ley apenas después de rendir protesta como Presidente de la República, el 1 de diciembre de 2018.
¿Por qué hasta estos días? Pregunta pueril, pero al fin pregunta. Justiciero cuyo pecho no es bodega pero hasta hoy persigue a sus contrincantes, no enemigos ha dicho, porque ¡ya basta de tanta corrupción!
Y, mire usted, de pronto e licenciado Andrés Manuel encontró que, en efecto, mediante decreto firmado por el entonces presidente Felipe Calderón, el 8 de junio de 2012 se expidió y publicó junto con una reforma al artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, a la que vía Transitorios se aprobaron dos reformas en la administración de Enrique Peña Nieto, que data del 17 de junio de 2016.
En pocas palabras, las armas de las que ha echado mano el licenciado López Obrador fueron aprobadas por su odiado enemigo, al que calificó de espurio y se cruzó la banda como “presidente legítimo”, y el neoliberal y conservador pillastre Enrique Peña Nieto.
Y es que, en la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, en su artículo Primero, numerales IX y X, aparecen las figuras de Persona Protegida, que es “todo aquel individuo que pueda verse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento penal. Asimismo, dentro de dicho concepto se considerarán a las personas ligadas con vínculos de parentesco o afectivos con el testigo, víctima, ofendido o servidores públicos, que se vean en situación de riesgo o peligro por las actividades de aquellos en el proceso.
Y Testigo Colaborador, “la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos.
“Podrá ser testigo colaborador, aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva, o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad”.
Para su conocimiento, quienes firmaron la creación de la Ley de marras y los transitorios correspondientes, fueron, el 27 de abril de 2012, el senador presidente José González Morfín, el diputado presidente Guadalupe Acosta Naranjo, el senador secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo, y el diputado secretario Mariano Quihuis Fragoso. Y por supuesto el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y el secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero.
Los transitorios, el 5 de febrero de 2015, los firmaron el diputado presidente Silvano Aureoles Conejo; el senador presidente Miguel Barbosa Huerta; el diputado secretario Fernando Bribiesca Sahagún, y la senadora secretaria Lucero Saldaña Pérez. Y el 10 de marzo de ese año, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Un segundo transitorio de esta Ley lo firmaron, el 15 de junio de 2016, el senador presidente Roberto Gil Zuarth; el diputado presidente José de Jesús Zambrano Grijalva, la senadora secretaria Hilda Esthela Flores Escalera y la diputada secretaria Verónica Delgadillo García. Claro, también los neoliberales y conservadores, de acuerdo con el libreto de la 4T, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong.
Ahí estaba, como anillo al dedo –Peje dixit– la vía legal para cobrar facturas políticas. Y el licenciado presidente le ha dado el uso elemental. ¿Justiciero? Llámele como quiera, pero los neoliberales Calderón Hinojosa y Peña Nieto firmaron el manto sagrado para las hermanas de la caridad que quieren cantar para llevarlos a la Plaza Mayor y quemarlos en leña verde. Por cierto: ¿usted le cree a López-Gatell? ¡Yo tampoco! Conste.
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