• Cuando un servidor púbico no cumple con la ley se vulnera el Estado de Derecho: Magaly López Domínguez
• Fiscal de Oaxaca desestima resolución del Tribunal de Justicia de Oaxaca respecto al feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín y se atreve a señalar hay otros  intereses.

Elda Montiel

SemMéxico. Oaxaca. 16 de diciembre 2020.- El Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez no sólo se escudó en el principio de reserva de actuación para no dar cuenta a los legisladores de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado y a la periodista Soledad Jarquín Edgar sobre el nulo avance en la investigación del feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, ocurrido el 2 de junio de 2018, sino que hizo  acusaciones en el reclamo de este caso de “otros intereses que el de buscar justicia”.

No pudo responder a todos los señalamientos de su mal desempeño. Desde las galerías y en el reciento no cesaron las voces: justicia para Sol, justicia para Sol. Se quiso desviar más de una ocasión, incluso pretendió no ajustarse al tema por el que fue llamado, el del feminicidio contra Ma. del Sol Cruz Jarquín, tras 995 días de injusticia.  

En cambio desestimó la sentencia del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca del 30 de mayo de 2019 sobre el incumplimiento del ministerio público a investigar con perspectiva de género y descalificó a los magistrados respecto a la resolución que sanciona la negligencia e ineficiencia de los agentes que iniciaron la carpeta de investigación al no acreditar el hecho que realmente sucedió y derivo en una calificación jurídica distinta.

Al afirmar “Se equivocan los magistrados con su resolución”.

Argumentó que no se investigó como feminicidio porque este no estaba considerado como delito en Oaxaca, cuando los hechos ocurrieron, a pesar de que la diputada Elisa Zepeda Lagunas le recordó al fiscal que el principio legal “pro persona” está en la Constitución desde el 2011 y el feminicidio desde el 2012. Por lo que la legisladora enfatizo que el caso de María del Sol debió considerarse como feminicidio.

La diputada de Morena, Magaly López Domínguez le recordó al fiscal que el pasado 28 de noviembre la periodista Soledad Jarquín acudió a la conferencia mañanera del Presidente en demanda de justicia cuando debía haber tenido respuesta en el ámbito local.

Asimismo, le indicó que ella como legisladora ha presentado puntos de acuerdo en torno del caso de María del Sol y de otros casos de feminicidios y mujeres víctimas de violencia, pero que se requiere que las instancias responsables de investigar y sancionar los delitos hagan su trabajo.

La primera labor de un servidor público es que cumpla la ley cuando no lo hace se vulnera el estado de derecho, porque de lo contrario las consecuencias son catastróficas.

“Cuando no se persigue un delito son buenas noticias para los delincuentes y trágicas para la sociedad. Demuestre que tiene calidad humana, amor a Oaxaca, que no es inmune al dolor de las víctimas, de las madres, de las mujeres desaparecidas”, acotó.

Durante la comparecencia, que duro escasas dos horas, este miércoles la periodista Soledad Jarquín Edgar  demando al Congreso de Oaxaca a no permitir más la simulación de la fiscalía que en 925 días, ha conformado un expediente criminal de casi 900 páginas, sin una sola línea de investigación concreta, dos detenidos uno que no fue vinculado a proceso, y una sola persona vinculada a proceso, hace poco más de 18 meses.

Se refirió  lo que son  tropiezos y obstáculos que impiden avanzar en la investigación del feminicidio, porque el fiscal no reconoce que fue feminicidio a pesar de las normativas internacionales como la CEDAW- y nacionales -como la Ley Nacional para a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres-, eso por si la normativa estatal no le diera suficientes elementos.

Así como relató que hasta febrero de 2020 se realizó la primera audiencia intermedia, hoy suman tres audiencias suspendidas; dos por fallas técnicas del Ministerio Público, como no haber hecho el descubrimiento de pruebas a la defensa del inculpado. La segunda, porque el juez se dio cuenta que las víctimas indirectas no tenían asignado por parte del MP un asesor jurídico.

La tercera por la pandemia y la última, el pasado lunes, porque el asesor jurídico de las otras víctimas indirectas (nombrado en marzo pasado), anunció que no podía estar en la audiencia con solo cuatro días de antelación, de ahí que el 12 de diciembre se nombrara a un nuevo asesor jurídico que pidió tiempo por no conocer del proceso. 

La periodista Soledad Jarquín Edgar hizo público que se ha roto la confianza en el fiscal Rubén Vasconcelos porque además de que ha cuestionado la demanda de justicia para María del Sol, también a las personas que la han acompañado y con ello la justicia para las otras dos víctimas: Pamela Terán Pineda y Adelfo Jiménez Guerra.

Abundó que, “en febrero pasado, en la última reunión que tuvimos con el fiscal, le pedí que habláramos en privado sobre un asunto que estaba pasando y que no parecía correcto. Quiero decirles que días más tarde, la persona de la que le había planteado el problema me llamó por teléfono para preguntarme del asunto. Supe entonces que no podía confiar en el Fiscal”.

También señaló que la Fiscalía prefiere castigar a una madre, y no a los delincuentes electorales, al ddesvincular un hecho fundamental: el contexto político-electoral en que sucedió y los delitos electorales que se cometieron por parte de quien era funcionario del gobierno estatal y su hermano, hoy regidor en Juchitán de Zaragoza.

Sobre María del Sol destaco su afición por la fotografía que la llevo a realizar un proyecto de radio por internet en el 2006 que llego a captar la atención de oaxaqueños y oaxaqueñas radicados en Estados Unidos, Sudamérica y, sorprendentemente, en China, que le preguntaban vía Messenger sobre lo que aquí sucedía.

“Desafortunadamente de su trabajo como fotógrafa en los últimos tres o cuatro años, mucho perdimos al ser robadas sus pertenencias”.

La presidenta de la Comisión Elisa Zepeda Lagunas, cuestionó al fiscal el no haber realizado la investigación además por feminicidio, también como delito político electoral, toda vez que Pamela Terán Pineda era regidora de Energía de Juchitán, con licencia, y candidata por la Coalición Todos Por México al momento del triple homicidio.

Asimismo, destacó que la fotoperiodista fue obligada de manera ilegal a cubrir la campaña electoral del entonces candidato, Hageo Montero López, hermano del titular de la entonces Secretaria de Asuntos Indígenas, por lo que pregunto porque no se judicializado el caso en contra de Hageo y Francisco Montero López, este último regidor de energía en Juchitán.

Mientras la diputada Magaly López Domínguez cuestionó que la orden de aprehensión en contra de la persona que robo las pertenencias de María del Sol apenas se haya formulado este 12 de febrero del 2020, 32 meses después de los hechos.   

Por su parte, el diputado Noé Doroteo Castillejos le hizo un llamado de atención al fiscal Rubén Vasconcelos respecto al cuidado de los derechos de las víctimas y que no tengan más objeciones ni dilaciones a la información.  

Le advirtió que como miembro de la Comisión y del Congreso iban a estar prestos y atentos cualquier presión o injerencia de índole tipo político para proteger a cualquier posible responsable, a alzar la voz, porque lo importante es la búsqueda de la justicia.

En su intervención, Soledad Jarquín reconoció que el Congreso de Oaxaca es el único contrapeso a la impunidad.

• Tomado de lo que relata el documental: Las Tres muertes de Marisela Escobedo

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 16 de diciembre 2020. –  Rubí Marisol Fraire Escobedo fue asesinada por su marido, colocada en un tambo y quemada hasta los huesos con la esperanza de que nadie diera con su paradero.

Esa noche que Sergio Rafael Barraza mató a su esposa Rubí, de tan solo 16 años de edad, este llegó a pedirle ayuda a su hermano y amigos para que lo asistieran “a mover unos muebles”, pero horas después Andy Alonzo Barraza, hermano de Rafael regresó con las amistades confesando que su hermano había matado a su pareja y quemado los restos para luego arrojarlos a un basurero.

Sergio confesó haber matado a la joven madre, incluso le pidió perdón a Marisela Escobedo por la muerte de su hija Rubí al terminar el juicio, aun así después de que los testigos hablaron en su contra, un jurado lo absolvió.

La pesadilla apenas había empezado.

Marisela se soltó en un llanto incontrolable, porque la muerte de su hija quedaba impune, a pesar de que ella les había ayudado a las autoridades a encontrar a los testigos y hasta capturar al asesino.

Las Tres Muertes de Marisela Escobedo  lanzó en Netflix como documental de la vida real que destaca la impunidad del gobierno, la ineptitud de sus trabajadores y los lazos entre el gobierno y los cárteles.

Marisela murió (en alma) por primera vez el día que su hija Rubí fue asesinada el 28 de agosto de 2008. La señora volvió a morir el día que Sergio fue puesto en libertad, pero tendría otra tercera muerte.

Marisela, quien era enfermera tenía un negocio de carpintería y mueblería en Juárez, Chihuahua, donde un día llegó Sergio, de 20 años, para pedir trabajo, diciendo que tenía una esposa y bebé.

Fue ahí donde Sergio conoció a Rubí, quien solo tenía 13 años.

Marisela se opuso a la relación, pero por temor a que Rubí se enojara con ella, esta permitió que la relación continuara hasta que un año después la jovencita terminó embarazada.

Casi tres años después de haber nacido su hija, Rubí empezó a tener problemas con Sergio, pero no le dijo a la familia.

Un día un hermano de la joven la fue buscar, pero Sergio salió diciendo que ella lo había abandonado por otro hombre.

Las autoridades de Juárez, Chihuahua, donde se desarrollaron los hechos, no levantaron un acta de desaparición hasta un mes después de las plegarias de la madre, pero ella ya había empezado a ofrecer una gratificación por información sobre su hija. Mientras tanto, los hermanos mayores buscaban a Rubí en prostíbulos.

Cierto día, un joven le habla a la madre por teléfono, le dice que tiene información y le confiesa que Rafael reveló en grupo que la mató. Marisela entonces forzó al joven a declarar y la policía empezó a trabajar en el caso.

Marisela inicia la búsqueda de Rafael porque este se empieza a esconder, luego de pagar dinero por información sobre su paradero, la madre lo encuentra y este es arrestado y enjuiciado.

El hombre  es absuelto en abril de 2010, debido a que la fiscalía y el agente de ministerio público y otros trabajadores no hicieron llegar las pruebas suficientes para culpar a Rafael.

Rafael queda libre, pero Marisela sale a hacer protestas, presenta su caso a los medios y pide justica. El tribunal finalmente revoca la sentencia de Sergio y lo encuentra culpable de la muerte de su esposa, pero para ese momento el hombre ya se había escapado.

Luego de viajar por varias partes de México en protesta, Marisela va a Zacatecas para buscar a Sergio, donde había dejado a su pareja original. Ahí la gente le dice que el hombre ya es parte del cártel de los Zetas.

Y a pesar de que Marisela les avisa a las autoridades, estos no hacen nada para capturarlo. Mientras Marisela protestaba afuera de las puertas del gobierno local en Juárez, alguien salió de un auto para matarla aquel 16 de diciembre de 2010.

Después de tanta presión por parte de la comunidad y del mismo hijo de Marisela, que sigue la lucha de su madre, las autoridades encuentran al asesino de Marisela y lo identifican como Enrique Jiménez Zavala alias el “Wicked”, pero el hermano de la señora, quien vio cuando le dispararon, dice que no es el mismo.

Esta vestimenta consistía en una túnica de tela gruesa encerada, y una blusa introducida en los pantalones, los cuales se amarraban a unas botas.

El “Wicked” finalmente confianza que no mató a Marisela, pero es asesinado dentro de la cárcel.

En noviembre de 2012, Sergio, también sospechoso de la muerte de Marisela, es asesinado a manos de elementos del Ejército en un operativo, pero nunca pagó por el homicidio de su esposa ni de Marisela. El hombre reconocido en el Palacio de gobierno es Andy el hermano de Sergio, ahora preso en Texas, pero libre del asesinato de Marisela.

• Lo cuestionan: no se puede deslindar del presente con el pasado y debe actuar

• México deberá rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el caso no está cerrado

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 16 de diciembre 2020.- A diez años del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, quien incansablemente buscó justicia para el feminicidio de su hija, no se han terminado las investigaciones, el expediente está oculto, y este hecho simboliza el estado de indiferencia de los gobiernos para frenar la violencia contra las mujeres, miles en esta década, hoy simbolizados por el crimen contra Marisela, un caso icónico que debe ser muestra para la lucha continuada de la sociedad y las mujeres, afirmaron en conferencia de prensa a distancia, su hija, sus dos hijos y las organizaciones que  han acompañado la demanda.

Así lo dijeron esta mañana en conferencia de prensa virtual, 4 organizaciones y la familia Fraire Escobedo, desplazada a Estados Unidos y aseguraron que el caso no está cerrado, como pretendieron difundir; exigieron justicia hasta las últimas consecuencias y retaron al gobierno a cumplir con sus responsabilidades.

Al tiempo de la reunión de prensa, la familia de Escobedo Ortiz,  por su madre asesinada hace 10 años a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua pidieron  al presidente Andrés Manuel López Obrador que reconozca la dimensión y el impacto que tiene la violencia contra las niñas y mujeres y se comprometa seriamente con su prevención, sanción y erradicación porque ante la inacción de la justicia las madres de las víctimas del feminicidio se tienen que convertir en defensoras, investigadoras y en ello se les va la vida.

La investigación del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, está trunca; su familia desplazada en Estados Unidos; no se ha juzgado al funcionariado de Chihuahua por las  omisiones tanto del asesinato de Rubí Fraire Escobedo y la de su madre que exigía castigo al feminicida, por lo que  agotados los recursos en México, el asunto está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante ello tampoco este gobierno y el de Chihuahua han hecho nada.

Como homenaje al décimo aniversario del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, y para que el caso emblemático sea referente para todas las mexicanas, entregaron una carta al Consulado mexicano en Texas  y que se difundirá en todo el mundo, donde interpelan  al gobierno de la 4t  para que solicite  la extradición  de Jaime Barraza –preso en Texas y presunto asesino material de la luchadora por los derechos humanos. Exigen que se investigue a los asesinos intelectuales y continúen las investigaciones detenidas sin razón.

También le dicen al gobierno de la 4T que  tiene la oportunidad única de mostrar que una verdadera transformación, es imposible si quedan conculcados los derechos de la mitad de la población.

Previamente desde esta mañana al pie de  la placa que recuerda a Marisela Escobedo Ortiz, en la plaza principal de Chihuahua, se colocaron flores y veladoras. Por la noche habrá una vigilia, por ella y todas las mujeres que en distintas rutas del país, piden que cese la impunidad ante el feminicidios de sus hijas y por aquellas víctimas de las violencias feminicidas cotidianas.

Las organizaciones y la  familia también le enviaron otro mensaje al presidente: “no se puede deslindar del presente con el pasado”, luego de considerar muy preocupantes las modificaciones al sistema judicial y la disminución de recursos para las instituciones encargadas de atender y solucionar la violencia contra las mujeres.

Informaron que el Estado Mexicano en enero próximo deberá rendir un informe  a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, pero, exigieron,  que lo haga  de manera coherente y clara, porque es urgente  un verdadero compromiso, uno que vaya  más allá del discurso público, para traducirse en acciones, políticas, programas, medidas concretas.

Insistieron que la violencia contra las mujeres, que cada día crece, por lo que debería ser una prioridad en la actual administración porque en sus mañaneras” es evidente que la información proporcionada no da cuenta de una política pública estructurada, que tienda al fortalecimiento de instituciones que deben actuar en consecuencia (como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM y el Instituto Nacional de las Mujeres Inmujeres).

En la conferencia de prensa  Ruth Fierro Pineda del Centro de Derechos de las Mujeres, afirmó  que se debe actuar con urgencia porque cada día se asesina a 10 u 11 mujeres; porque todos los días se denuncian 149 delitos en el país y 600 mujeres a diario denuncian violencia familiar. Mientras, se pretende disminuir autonomía a las fiscalías, se recorta el presupuesto y se desestima la  importancia de la reparación del daño y la no repetición.

En todo ello el Estado Mexicano está en deuda.

Juan Manuel y Alex Freire Escobedo, presentes en la conferencia de prensa, narraron que tuvieron que desplazarse ante amenazas; que se han convertido ellos mismos en defensores de derechos humanos por la inacción de las autoridades y declararon que continuarán hasta las últimas consecuencias.

Ahí Marcela Martino Pineda, del Centro de Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, con sede en Costa Rica, si bien consideró que la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural, al Estado Mexicano le falta voluntad política para asumir sus compromisos, su deuda histórica.

Ella explicó que en octubre pasado se pidió la intervención de la CIDH, que fue admitida y ahora el gobierno deberá dar una respuesta coherente en enero próximo. Y dijo que el Estado es responsables de no garantizar la vida y los derechos de las mexicanas.

En ese sentido Carlos Spector, defensor de la familia Fraire Escobedo y dirigente de Mexicanos en el Exilio, señaló que no se puede deslindar del presente con el pasado, al explicar cómo el Gobierno Federal debe actuar y pedir la extradición de Jaime Barraza. Además argumento que es muy sencillo, el gobierno tiene todos los elementos para actuar. Pero eso, dijo, “es una decisión política”.

La familia Fraire Escobedo y las organizaciones relataron que desde hace años, tanto las autoridades locales, del gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral Jurado y su fiscal, insistieron en la responsabilidad de César Duarte Jáquez, ex gobernador y sus funcionarios y jueces, porque hasta ahora  no han  dado cuenta del estado del expediente ni de la investigación. Aseguraron que el caso no está cerrado, como se pretendió difundir.

Ante ello, que estén diseñadas a partir de diagnósticos, a las que se les asigne el presupuesto suficiente, que sean implementadas por personas que cuenten con el perfil adecuado y que sean susceptibles de ser evaluadas por la sociedad. Asimismo, dado que la violencia de género debe involucrar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, es fundamental asegurar una coordinación efectiva y profesional entre las mismas. Que su gobierno se coordine con el de Chihuahua, para que se profundicen las investigaciones, sobre los hechos, las amenazas a la familia y preocupante que los cambios en el sistema de justicia

Aquí la carta al presidente Andrés Manuel López Obrador
Nos dirigimos a usted, en el marco del décimo aniversario del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo. 

Como es de su conocimiento, este caso, ha llamado la atención de muchas personas en México y en otros países porque refleja la realidad de miles de víctimas que buscan sin éxito la justicia, a partir de hechos tan deleznables como son las violencias de género hacia niñas y mujeres.

Lamentablemente, estas violencias no son nuevas en nuestro país; no obstante, siguen presentes. Según datos oficiales, la cifra de nueve mujeres asesinadas diariamente en nuestro país aumentó a 11 y, en general la violencia de género sigue aumentando de forma alarmante, en un contexto de impunidad casi total. Frente a esta realidad, vemos con preocupación que dentro de sus prioridades de gobierno, no se encuentra la implementación de una política pública clara e integral de prevención para evitar que casos como el de Rubí y Marisela sigan ocurriendo. 

Hoy más que nunca, es urgente e indispensable que el presidente de México reconozca la dimensión y el impacto que tiene la violencia contra las niñas y mujeres y se comprometa seriamente con su prevención, sanción y erradicación,

3 pues no será posible alcanzar una transformación verdadera de la nación, si la mitad de su población no tiene garantizado sus derechos a la vida libre de violencias, integridad, libertad, seguridad, igualdad y justicia, entre otros, así como el reconocimiento de su dignidad.

Si bien hemos atestiguado que en diferentes conferencias matutinas ha hecho referencia a esta problemática, es evidente que la información proporcionada no da cuenta de una política pública estructurada, que tienda al fortalecimiento de instituciones que deben actuar en consecuencia (como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres)

Un verdadero compromiso, debe ir más allá del discurso público y traducirse en acciones, políticas, programas, medidas concretas, que estén diseñadas a partir de diagnósticos, a las que se les asigne el presupuesto suficiente, que sean implementadas por personas que cuenten con el perfil adecuado y que sean susceptibles de ser evaluadas por la sociedad. Asimismo, dado que la violencia de género debe involucrar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, es fundamental asegurar una coordinación efectiva y profesional entre las mismas.

En el caso concreto de Marisela Escobedo Ortiz, le pedimos que su gobierno se coordine de manera efectiva con el del estado de Chihuahua, para que se sancione a todas las personas responsables de su asesinato, tal como ha sido demandado por la familia desde el mismo momento en que ocurrió. Esto es fundamental dado que existen elementos para investigar a personas que se encuentran fuera del territorio nacional.

El combate a la impunidad en casos emblemáticos, envía un mensaje claro de que no se tolerará que hechos como esos se repitan, por eso decimos que justicia para Marisela, es justicia para todas y todos.