Inicio Blog Página 1326

La militarización de los puertos mercantes viola los Derechos Humanos

  • Advierte la senadora Patricia Mercado Castro que se viola la Constitución
  • El Senado aprobó el control militar de los puertos mercantes

Libertad López

SemMéxico. Cd. de México. 28 de octubre 2020.- La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado se opuso a la militarización de los puertos, por lo que ello significa y advirtiendo que se viola la Constitución y viola los derechos humanos o las normas civiles para las actividades náuticas, despreciando al servicio público civil.

Y aunque no lo mencionó, por ejemplo, la Marina Mercante se desarrolló al margen del control militar, ha formado de miles de personas, para sus funciones básicas: el comercio internacional, que ahora estará controlado por la marina militar.

Hay que recordar que este mes hubo protestas y manifestaciones en el Senado, por este pretendido cambio, porque además desaparece un fideicomiso que creó escuelas de marina mercante, civil y de carácter comercial efectivo en todo el país. Ese fideicomiso dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, más del 40 por ciento del personal es femenino.

Este medio día el Senado logró la aprobación, con 61 votos en favor, 31 en contra y 2 abstenciones, en lo general y en lo particular, para que la Secretaría de Marina se haga cargo de los puertos. Un hecho que se suma a la militarización del país.

Hoy en México, se ha puesto en manos de las Fuerzas Armadas una enorme cantidad de actividades, y hoy, la mayoría del partido gobernante entrega los puertos mercantes y se niega la presencia civil, que es la indicada.

Habló en tribuna durante el debate sobre el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley de Puertos. Senado de la República.

Dijo contundente que no encontrarán ninguna democracia consolidada en el mundo en que la Armada sea, en tiempos de paz, quien administre los puertos y todas las actividades marítimas. Hoy, el Senado de la República no escuchó al Parlamento Abierto y no ha tomado en cuenta a la ciudadanía.

Criticó que ahora se habla de transformar muchas cosas, necesaria, pero es inconveniente a donde hemos llegado no es a un país que nos dé, nos ofrezca, calidad de vida a todos quienes vivimos en nuestro México.

Fue cuando recordó la historia de México para recordar que los acuerdos fundantes del Estado mexicano, acuerdos de convivencia que hemos construido en la historia de nuestro país y uno de ellos, es precisamente, es que “nuestras Fuerzas Armadas no son las que tienen que ponerse al frente en actividades en tiempos de paz”

Afirmó que otra gran definición, también desoída, es que la República Federal, representativa, laica y democrática, está vigente.

Lo que se está proponiendo no es sólo un cambio de adscripción, mucho menos es una reforma administrativa. La Secretaría de Marina podrá presupuestar y administrar los puertos, adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos, también tendrá bajo su responsabilidad la educación náutica mercante, control de las telecomunicaciones, inspección del cumplimiento de tratados internacionales y otras normas, lo que implica aplicar las sanciones.

De nuevo hay se falta el artículo 129 Constitucional – el que define cuáles son las responsabilidades de las fuerzas armada- y señalo que la interpretación de este artículo, que establece que en tiempos de paz el ejército no intervendrá en actividades de carácter civil, y que sólo lo podrá hacerlo cuando sea en apoyo o auxilio a las autoridades civiles, sin tener el mando o el control de esas actividades.

Las autoridades navales militares, con respeto y reconocimiento, no deben ejercer funciones para las que no están preparadas, reguladas y limitadas. Sin duda, la institución se puede ver muy afectada en los casos en que se violen los derechos humanos o las normas civiles para las actividades náuticas.

Luego recuperó la aportación que en parlamento abierto en la Cámara de Diputados ofreció la catedrática Bárbara Stepien quien afirmó que aunque la Organización Marítima Internacional (OMI), si bien, no obliga a que la administración marítima de los países sea civil, sí son de carácter eminentemente civil los procedimientos que regulan sus convenios

Y ella misma argumentó que los 10 países más grandes con registro de banderas, es decir, los que tienen una mayor presencia en el sector marítimo comercial, todas sus administraciones marítimas pertenecen al sector civil y donde no existe ningún tipo de involucramiento militar.

Pidió reflexionar en  lo que significa no solo esta reforma, sino varias decisiones en que se han entregado actividades del servicio público a las Fuerzas Armadas y dijo “si nos preocupa la corrupción, hagamos las evaluaciones, las auditorías y las investigaciones para evitar y sancionar los actos indebidos;  existen instrumentos y estándares adecuados para hacerlo y entonces planteemos las reformas pertinentes, las decisiones legislativas no pueden partir sólo de la confianza en el cuerpo militar o sólo del desprecio por el servicio público civil, todo o nada, debemos tomar decisiones equilibradas con evidencia de los aciertos y los errores.

El argumento del dictamen, que aprobó previamente la Cámara de Diputados tiene como principal objetivo dotar a la Secretaría de Marina de las facultades necesarias para ejercer una responsabilidad que ya tiene hoy día por ley, que es actuar como Autoridad Marítima Nacional.

Y lo que busca es fortalecer a la Marina que cuenta con la capacidad, la disciplina, la experiencia para garantizar a la nación el ejercicio cabal de esta autoridad.

Señala que el dictamen no atenta contra el artículo 129 de nuestra Carta Magna. Sino que la reforma legal contemplada en el dictamen tiene como objeto la migración de ciertas atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, en su carácter de dependencia del Ejecutivo federal.

La Armada de México es una institución militar de carácter permanente, que cuenta con su propia ley orgánica y su misión es emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior, y además contribuir a la seguridad interior del país.

Y  justifica r que el artículo 129 es inaplicable, debido a que la limitante se refiere a autoridades militares, no así a las Secretarías de Estado, las cuales tienen una naturaleza civil y no militar, dentro de las que se encuentra desde luego, la Secretaría de Marina. Y establece que la Secretaría de Marina se rige por la normatividad civil aplicable. Por lo que se trata de una trasferencia de atribuciones administrativas entre dos dependencias del Ejecutivo Federal, con la correspondiente aplicación de la legislación administrativa en la materia. Sobre ello la senadora Mercado Castro dice que no es así.

Abunda en la justificación señalando que de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, elaborada por el INEGI, la Marina, es la institución que más confianza genera entre los mexicanos. No es una cuestión de confianza, dice Mercado Castro.

Con ofrenda a víctimas de feminicidio reclaman al TSJ sentencias insuficientes

  • Los meses de marzo y julio los más violentos para las mujeres con 10 y nueve feminicidios. 
  • En Morelos se establecen penas por feminicidio de dos a cinco años de prisión 

Estrella Pedroza 

SemMéxico, Cuernavaca, Morelos,- 28 de octubre, 2020.- Activistas colocaron una ofrenda en honor a víctimas de feminicidio  frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, para exigir a los juzgadores que se  emitan  sentencias justas y con perspectiva de género, debido a que los feminicidas  reciben condenas muy por debajo de lo que establece la Ley. 

“El mensaje que envía el Poder Judicial al emitir sentencias bajas es de complicidad e impunidad”, denunciaron integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH). 

Lo anterior, tras colocar flores, veladoras y fotografías de víctimas de feminicidios ocurridos en la entidad. 

En Morelos, a pesar de que en 2015 se decretó Alerta de Violencia de Género (AVG) por el alto índice de violencia contra las mujeres, el número de feminicidios va en aumento.

“Tan solo en el primer semestre de este 2020 se han documentado 44 feminicidios”, dijo, Juliana García Quintanilla, dirigente de la CIDH.

Según los registros de esta organización los meses de marzo y julio, de este año, se convirtieron en los más violentos para las mujeres con 10 y nueve feminicidios. 

Los municipios que registran mayor índice de violencia contra las mujeres son Cuernavaca, Temixco, Amacuzac, Tlaltizapán y Jiutepec.

De acuerdo a la activista, “el mensaje enviado desde el Estado es de complicidad e impunidad”, por un lado no hacen lo necesario para cumplir con las recomendaciones emitidas por la CONAVIM con la que se establecen las bases para erradicar las violencias contra las mujeres.

Y por otro lado, el tipo de sentencias que los jueces del TSJ dictan son muy bajas y distantes de lo que marca el Código Penal. 

“Las sanciones no corresponden a lo que marca el Código que establece como mínimo 40 años de prisión y máximo 70 años y en los últimos casos hemos visto de dos, tres años y cinco años muy por debajo de lo que marca la Ley”, destacó. 

Un ejemplo claro es la condena dictada para Enrique “N” responsable del feminicidio de la joven universitaria Mariana, en este caso se dictó una pena máxima de cinco años al interior del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA). 

García Quintanilla, destacó “creemos que hasta hoy el mensaje que se está dando de parte del Tribunal no está siendo conforme lo marca la Alerta de Violencia de Género, cuando no hay un mensaje de sanción como lo marca el Código por eso el llamado a los jueces a revisar cómo están haciendo su trabajo de investigación y sanción» 

Le toman la palabra a AMLO

Natalia Vidales Rodríguez

SemMéxico, 28 de octubre 202, Hermosillo, Sonora.- De inmediato –ni tardos ni perezosos- los Gobernadores de México afiliados a la Alianza Federalista en defensa del   patrimonio hacendario de sus Estados, le tomaron la palabra al Presidente López Obrador cuando, este martes, los instó a que si desean abandonar el pacto fiscal con la República, que primero consulten a los ciudadanos al respecto.

Y, por lo pronto seis de los diez mandatarios locales que conforman esa Alianza se dispusieron a realizar consultas   a mano alzada en reuniones de trabajo con diversos sectores de sus estados (al estilo del propio AMLO y sus sondeos “patito”.

De hecho, en algunos casos, la respuesta al reto de AMLO se dio en tiempo real, cuando por ejemplo en Jalisco el Gobernador Enrique Alfaro todavía se encontraba en una reunión tratando el tema del recorte presupuestal al Estado, y ahí mismo realizó la “consulta” en que todos los presentes levantaron la mano a favor de una nueva relación fiscal con el “centro” del país.   

Pero mientras el Presidente lanzaba el reto,   otro grupo de mandatarios y políticos afines a la 4T calificaron de inconstitucional la ruptura del pacto fiscal; aunque, por definición, y como cualquier pacto, tiene causales para excluirse del mismo, como en este caso la inconveniencia de mantenerlo luego de que la 4T lo modificó a su antojo.

Lo anterior fue provocado luego de que el gobierno federal redujo el presupuesto para el 2021 a las entidades que más aportan al pacto (con el pretendido fin de redistribuirlo entre los estados “pobres” del sureste del país) y advertirse, por ejemplo en Nuevo León, por parte del Gobernador Jaime, El Bronco, Rodríguez –quien también de inmediato realizó una consulta en las redes sociales–   que de cada peso que se envía a la federación, solo le regresan 28 centavos.

Silvano Aureoles, mandatario de Michoacán, también aceptó el envite de AMLO, y propone que la consulta de la Alianza Federalista se realice formal y legalmente el día de las próximas elecciones del 2021 (al igual que AMLO lo propone para la consulta sobre juzgar a los políticos del pasado), para terminar con las políticas centralistas del Presidente.

Esto último es, en realidad, el extracto del problema: que las llamadas leyes de coordinación fiscal (el pacto) atenta, también por definición, con el Federalismo. El principal principio (sic) del Federalismo es la autonomía de su hacienda, lo que no ocurre con el actual pacto fiscal que centraliza el presupuesto.

La idea de la Alianza es precisamente que, al revés, los estados ejerzan sus recursos y que aporten al gobierno central lo necesario para su operación, pero no al grado de concentrar y de administrar los fondos públicos ya ni siquiera discrecional sino incluso arbitrariamente, como lo pretende AMLO y que, como ya se pretende con otros recursos (el de los Fideicomisos próximos a desaparecer),   hacerlo sin mayor rendimiento de las cuentas del erario público.

Ningún violentador físico o deudor de pensión alimenticia podrá aspirar a cargos de elección popular

  • Aprueba el INE los lineamientos 3 de 3 para que esto sea una realidad en el proceso electoral 2020-2021
  • Deberán firmar un formato de buena fe y bajo decir verdad que no han sido violentadores
  • Lineamientos serán aplicables para los partidos políticos nacionales y locales

Olga Rosario Avendaño
SemMéxico. Cd. de México, 28 octubre, 2020. – El pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los lineamientos para prevenir la violencia política de género, uno de ellos es el denominado 3 de 3 que establece que los hombres aspirantes a cargos de elección popular no tengan antecedentes de violencia familiar o doméstica, así como estar exentos de haber cometido delitos sexuales o ser deudores alimentarios.


Los aspirantes a una candidatura de elección popular deberán firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no están sancionados o condenados mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
Así como “no haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal”.

El tercer punto que contempla el lineamiento 3 de 3, es “no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios”.


Estos lineamientos serán vigentes a partir de mañana, tanto a nivel federal como local y tienen como objetivo promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres y como una garantía de protección de las mujeres.


En los transitorios también se contempla que los partidos políticos deberán adecuar sus documentos básicos, una vez que termine el proceso electoral; en tanto esto ocurra, se ajustarán a lo previsto en los presentes Lineamientos en la tramitación de las quejas y denuncias que se presenten en esta temporalidad. Las adecuaciones estatutarias de los partidos políticos para atender lo dispuesto en estos lineamientos deberán llevarse a cabo una vez que termine el proceso electoral de 2020-2021.


También la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y la Unidad Técnica de Fiscalización darán seguimiento a los programas de trabajo de los partidos políticos conforme a lo establecido en los presentes Lineamientos a partir del año 2021.

Los lineamientos serán aplicables para los partidos políticos nacionales y para los partidos políticos locales. Si los Organismos Públicos Locales Electorales emiten lineamientos en esta materia los mismos serán aplicables siempre y cuando no se contrapongan con los acordados.

Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de los nuevos lineamientos deberán concluirse conforme a la normatividad vigente al momento de su inicio.

En la discusión la consejera Claudia Zavala manifestó “cero tolerancia a la violencia es un lema que todas y todos debemos adoptar”.

También dijo que el día de hoy “hemos dado a las mujeres un mensaje de unidad en el sentido de que todos los entes vamos a actuar, tenemos muchos obstáculos que superar, pero en esta unidad que no sólo sea de discurso, estamos en un proceso electoral inédito, la elección federal concurrente, ojalá este acompañamiento lo tengan desde los partidos políticos, porque desde la autoridad estaremos atentas la participación de las mujeres sea libre de violencia”.

En tanto la consejera Adriana Fabela y el consejero Ciro Murayama coincidieron en que el lineamiento 3 de 3 sea un hecho en los partidos políticos y no en un futuro quieran impugnar ante los tribunales y será cuando “se vea el compromiso” desde los partidos políticos.

La diputada Guadalupe Almaguer Pardo del partido de la Revolución Democrática, y representante ante el INE, dijo que estos lineamientos son la base para que los partidos políticos garanticen el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, ahora ningún partido político se le olvide que hay un marco jurídico que debe cumplir. Hizo un reconocimiento a todas las personas que contribuyeron a que se aprobará la iniciativa 3 de 3, y especialmente a Yndira Sandoval quién hizo la propuesta desde 2018. Y calificó al acuerdo como una guía para que no se ejerza la violencia en los partidos políticos y éstos se vean obstaculizados para impugnar estos lineamientos.

Por su parte Martha Tagle Martínez, del partido Movimiento Ciudadano afirmó que “es fundamental que quienes estén en espacios públicos no sean violentadores, no se pueden tomar decisiones en contra de la violencia si tú eres un violentador”.

La iniciativa 3 d 3 fue impulsada por la activista y defensora de los derechos de las mujeres Yndira Sandoval cofundadora de la Colectiva Las Constituyentes y adoptada por otras organizaciones, promovida por diputadas federales, y a la fecha, discutida y aprobada en leyes electorales de varios estados de la República.


Por su parte el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, destacó que, la aprobación de estos lineamientos, establecen las bases para una real democracia y hay que reconocer que en el seno de los partidos políticos “es un terreno donde ocurren muchos episodios de violencia contra las mujeres”.


La aprobación de estos lineamientos “refleja el compromiso de este instituto. Nos toca hacer el mayor curso de paridad de género”, manifestó Córdova Vianello.

Michoacán se suma a la iniciativa «3 de 3 contra la violencia de género»

  • La propuesta “3 de 3 contra la violencia de género”, es impulsada por colectivos feministas y acompañada por partidos políticos nacionales
  • Se buscará implementar una propuesta semejante desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres

 Irma L. Márquez Torres

SemMéxico. Morelia, Michoacá. 28 de octubre de 2020.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández Abarca, informó que en Michoacán se buscará impulsar una propuesta similar a la iniciativa “3 de 3 contra la violencia de género, desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Michoacán (OPPMM).

La también presidenta OPPMM, se manifestó a favor de la iniciativa que surge de los colectivos feministas y que ha sido arropada por las militantes de diversos partidos políticos, busca evitar que no haya ningún agresor, acosador o deudor de pensión alimenticia en los espacios de elección de cara al próximo proceso electoral.

“Tanto la paridad como la sanción a la violencia política se circunscriben en el ámbito público y político, pero a diferencia de estas realidades la propuesta 3 de 3 tiene la intensión de visibilizar otras tres realidades que se viven en el ámbito privado, y que en muchas ocasiones son cometidas por hombres que ocupan el espacio público y político”, afirmó.

Finalmente, Hernández Abarca informó que respecto a la obligación alimentaria por parte de los padres respecto a sus hijas e hijos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que en México tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, así como que el 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia como consecuencia de una serie de falsedades que los deudores alimentarios (en la mayoría de los casos hombres), implementan para evadir su responsabilidad.

SEM/IL

La inversión extranjera directa se reduce a la mitad ante la pandemia de COVID-19

  • La inversión extranjera directa, un referente de la globalización y la confianza económica, cayó un 49% en el primer semestre de 2020 debido a la crisis generada por la pandemia de COVID-19, revela un nuevo informe de la ONU.

Redacción

SemMéxico/Noticias ONU. 28 de octubre 2020.- La inversión extranjera directa durante la primera mitad de 2020 alcanzó apenas 399.000 millones de dólares, lo que representa una baja de 49% con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos divulgados este martes por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Ese tipo de inversión, considerado un referente de la globalización y la confianza económica, incluye fusiones y adquisiciones transfronterizas, financiamiento de proyectos internacionales e inversiones corporativas en nuevos proyectos en el extranjero, y puede ser un indicador del crecimiento de las cadenas de suministro corporativas que desempeñan un papel importante en el comercio mundial.

En una conferencia de prensa en Ginebra para presentar el nuevo informe, el director de la División de Inversiones de la UNCTAD, James Zhan, afirmó que esta caída fue más aguda de lo proyectado y la atribuyó a los cierres por confinamiento en los países, que ralentizaron los proyectos de inversión existentes.

Además, consideró que “las perspectivas de una recesión más profunda llevó a las multinacionales a reevaluar nuevos proyectos”, y advirtió que “ese el estado de ánimo actual de los inversionistas: ser muy conservadores en esta etapa”.

Panorama incierto

El panorama mundial continúa siendo muy incierto, con signos de interrogación sobre la duración de la pandemia y la eficacia de la respuesta política, por lo que las estimaciones de la UNCTAD para este año apuntan a un descenso del 30% al 40% en la inversión extranjera directa.

Se espera que la tasa de declive en las economías en desarrollo se estabilice debido a las señales de una recuperación inminente en el este de Asia, pero se prevé que continúe el declive global, con una nueva reducción de entre 5% y 10% en 2021, adelantó Zhan.

La inversión extranjera directa es la fuente más importante de financiación externa para las economías en desarrollo, superando las remesas, los préstamos bancarios y la asistencia al desarrollo.

El valor actual de esos flujos invertidos en proyectos en todo el mundo equivale al 42% del PIB mundial anual.

Más información en www.coronavirus.onu.org.mx 

#Verified #HazUnaPausa

Envejecer en México

Por Claudia Almaguer

SemMéxico. 28 de octubre 2020.- ¿Qué pasaría si le dijera que la idea que usted tiene de una persona adulta mayor incide en el alcance de sus derechos? Vamos a ver, en México existe una Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores creada desde el año 2002 en la que se considera como tal a quienes cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas en el territorio nacional.

Pero si todas las personas tenemos derechos ¿para qué una legislación específica?

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) indica que en nuestro país el 7.2 por ciento de la población se encuentra en este margen de edad y se la considera como un grupo en situación de discriminación caracterizada principalmente por la pobreza. Aquí, dice el Consejo, convergen prejuicios muy particulares para este momento de la vida humana, por ejemplo, desde las fuentes de trabajo se cree que ya no garantiza productividad, que son menos capaces para resolver problemas, que trabajan peor que la juventud, que tienen la memoria deteriorada, muestran peor higiene, que ya no aprenden, que se irritan con facilidad, o pierden el interés, por lo tanto cuando hay ofertas, se trata de labores mal pagadas y sin prestaciones.

Prácticas similares se padecen en las familias en donde las personas mayores llegan a considerarse una carga, lo que les hace vulnerables a ser víctimas de violencia y al despojo de sus bienes, o se les obliga como en el caso de las mujeres de esta edad, a realizar labores no remuneradas como el cuidado de la casa, de niños y niñas, la preparación de alimentos y la limpieza.

Estas problemáticas son parte de la justificación para la existencia de la ley y de la política pública que construyen los gobiernos para proteger a las personas, por eso encontraremos que en este caso se tutelan derechos como la integridad, la dignidad y el trato preferente, la certeza jurídica, la salud, la alimentación y la familia, la educación, el trabajo, la asistencia social, la participación o el acceso a los servicios.

Pero la sociedad no es la única que ejerce discriminación, ya que a pesar de que el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores para elevar su calidad de vida, de la labor ejecutada suele sacar provecho político en tanto tergiversa su deber como un favor.

Semejante enfoque asistencialista perpetúa los estereotipos de las personas mayores, es decir, al seguir creyendo que son incapaces, al ser infantilizados y darles trato condescendiente, parece un gesto magnánimo el otorgamiento de una pensión, cuando sólo significa el cumplimiento de una fracción de las obligaciones que además se produce en el corto plazo, generando dependencia, desincentivando la autonomía, en lo que la comunidad se enternece porque ahora sí ayudarán a los “viejitos”.

Creer que la limosna es suficiente acarrea el agravamiento de problemáticas como la que hasta agosto costó la vida de 33 mil adultos mayores que enfermaron de COVID 19 y no pudieron superarlo no sólo debido a la edad, sino a padecimientos como la hipertensión y la diabetes que no siempre pueden controlarse por falta de acceso a la salud y a medicamentos.

Precisamente en la reciente celebración del Día Internacional de las Personas de Edad este 1 de octubre, se recordó a los países que este grupo de la población aumentará en los siguientes treinta años, de 703 millones que había en 2019, a más de 1500 millones de los cuales el 80 por ciento  estarán en países de ingresos bajos y medianos, de ahí el proyecto de las Naciones Unidas de proponer un Decenio del Envejecimiento Saludable de 2020 a 2030, encaminado a unificar los esfuerzos internacionales para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores (que seremos), procurar la salud y la conservación de las capacidades, es decir, contribuir a la libertad y la autonomía.

De verdad, ¿queremos que los estereotipos y prejuicios por el mero hecho natural de envejecer se sigan reproduciendo? ¿Estamos alertas a que cuando nos toque, el entendimiento de lo que debe hacerse siga conservando las mismas ideas mediocres?

¿Qué pasaría si le dijera que la idea que usted tiene de una persona adulta mayor afectará su propio futuro? A más ver.

Aumentan casos de contagio de COVID entre funcionarias, ahora da positivo la senadora Josefina Vásquez Mota

  • Ayer la Jefa de Gobierno de la CDMX informó que dio positivo
  • En Morelos, una regidora de Amacuzac falleció, víctima de COVID

Atenea Mejía

SemMéxico. Cd. de México, 28 octubre, 2020.- La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vásquez Mota informó esta mañana que dio positivo de COVID-19 por lo que se mantendrá en aislamiento y con vigilancia médica.

Al caso de Vásquez Mota se suma el de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheiunbaum, quien también dio positivo este martes, en tanto que también ayer, en el estado de Morelos, murió la primera servidora pública por COVID19, se trata de María Eugenia Nuñez López, sindica municipal de Amacuzac, quién por un largo periodo de tiempo dio batalla al virus en un hospital donde permaneció intubada.

La mañana de este miércoles, la ex candidata presidencial en su cuenta de Twitter dijo “En mi prueba de COVID-19 que debemos realizarnos todas y todos los Senadores, salí positiva. Atendiendo las recomendaciones médicas estaré en aislamiento. Ante los contagios en el Senado, resulta urgente se apliquen las pruebas y protocolos sanitarios a todo el personal”.

El sábado pasado falleció por COVID el senador de MORENA por Tlaxcala, Joel Molina, quien junto con las senadoras y senadores estuvo en la sesión del Pleno del Senado de la República la semana pasada (martes y miércoles), en la que se aprobó la extinción de 109 fideicomisos.

El ejemplo Chileno. La dignidad a tope.

Guadalupe Ramos Ponce

SemMéxico, 28 de octubre, Guadalajara, Jalisco.- El 25 de octubre se realizó un plebiscito en Chile para la realización de una nueva Constitución Política, una de las preguntas que se hicieron fue: “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”. Esa fue la pregunta de la segunda papeleta de votación ¿Qué significa eso?  Que Chile tendrá una Convención Constituyente para elaborar la nueva Constitución. Esta Convención Constituyente estará formada por 155 ciudadanas y ciudadanos elegidos por voto popular, será el primero en el mundo en dar paridad con un 45 por ciento a 55 por ciento, de mujeres y hombres. Sin duda, esta es una oportunidad para fortalecer los procesos democráticos y dar legitimidad a la participación política de las mujeres, quienes constituyen el 51por ciento de la población. Al ser una Convención paritaria, será una oportunidad también para transformar las relaciones de poder, lo que constituye un salto cualitativo muy importante. La paridad le da profundidad a la Democracia y permite una distribución equilibrada del poder, al mismo tiempo que sienta las bases del reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos específicos de las mujeres.

Las y los chilenos votaron por definir un nuevo Pacto Social, pero fueron más allá, votaron también por la reivindicación histórica de las mujeres y por un país más igualitario e inclusivo.

Es un evento relevante e inédito a nivel mundial, que marca un camino a seguir. Hace muchos años, hay conciencia de cómo las mujeres han sido excluidas de la política y del espacio público y la conformación de una Convención paritaria invita a que cada proceso, sea conformado con una mirada amplia, con distintas voces, que permita tener una visión más compleja y cercana a la realidad diversa e incluyente.

La Convención Constitucional paritaria, ha sido un gran logro del movimiento feminista y del movimiento amplio de mujeres, con esto se abre la posibilidad de diálogo sin sesgos, para conversar de los temas importantes con una mirada incluyente y paritaria.

Como bien lo señala ONU Mujeres, la paridad política es clave y es necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas. “La democracia paritaria propone un nuevo modelo de un Estado inclusivo, tal como lo propone la Agenda 2030, y un nuevo pacto social donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea una realidad”.

Las calles de Chile se vieron inundadas de jóvenes, niñas y niños que festejaban un futuro lleno de esperanza, lejos de las dictaduras y cerca de la inclusión. En entrevista a un niño de no mayor de 12 años sobre qué esperaba de Chile y de la nueva Constitución, el niño no dudó en contestar “Quiero un país con la dignidad a tope”. Sin duda, ya comenzaron a labrar un futuro de dignidad, con este reconocimiento pleno a la participación política de las mujeres. Nunca más un mundo sin la otra mitad de la población: Las Mujeres.

medium.com/dra-lupitaramos

@dralupitaramosp

Sin atención violencia de género en Tierra Caliente, Guerrero, los casos aumentan, denuncian activistas

  • Ajuchitán del Progreso es el que registra mayor índice de violencia
  • A pesar de los reportes, Coyuca de Catalán no cuenta con ningún registro de niños y niñas desaparecidas

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 28 de octubre de 2020.- El municipio de Ajuchitlán del Progreso, registra el más alto índice de violencia feminicida de la región de Tierra Caliente de esta entidad, donde carecen de representación de la Fiscalía General del Estado (FGE), para atender la problemática.

Así lo expusieron activistas de aquella zona del Estado de Guerrero, durante el Conversatorio Regional por una Vida Libre de Violencia para Mujeres y Niñas, organizado por la Red de Mujeres Guerrerenses por una Vida Libre de Violencia, correspondiente a la región de Tierra Caliente.

Citlalli Pinzón Aguario, integrante de esta red, expuso que, en aquella zona de la entidad, conformada por nueve municipios, solo uno, Coyuca de Catalán, cuenta con Alerta de Violencia de Género (AVG), decretada por la   Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en el 2017.

Luego de la declaratoria de la AVG, para responder a las observaciones de la Conavim, la Fiscalía General del Estado, habría instalado representaciones regionales, sin embargo, a tres años de esta declaratoria en este momento, en Tierra Caliente, Costa Chica y Costa Grande hoy en día no cuentan con ese servicio “a pesar de la violencia feminicida y no hay instancias para atender”, denunció.

Informó que de acuerdo al Monitoreo de Violencia de Género y de Feminicidios, respecto del registro de muertes dolosas con presunción de feminicidio en aquella región de Guerrero, Ajuchitlán del Progreso, es el municipio con mayor índice de violencia feminicida, con 4 asesinatos de mujeres, 3 en 2018 y 1 en lo que va del 2020.

Le sigue, Pungarabato (Ciudad Altamirano), con 3 muertes dolosas, una en 2018, y 2 en lo que va del año; Tlalchapa, se ubica en tercer lugar, con una en 2019. Pinzón Aguario anotó que resulta extraño que Coyuca de Catalán, único municipio con AVG, no registre ni un solo asesinato de mujeres de 2017 a la fecha, lo que pudiera ser resultado de que las instituciones no estén registrando adecuadamente, o la presencia de grupos armados este influyendo para el no registro.

De las alertas Amber, se dio a conocer que entre 2016 a 2020, el año con más alertas fue el 2018, con 96, de las cuales, 78 niñas fueron localizadas, y 18 continúan sin ser localizadas. En comparación con la desaparición de niños, entre 2017 y 2018, fueron emitidas 42 alertas; el año 2019 fue el año con más niños localizados, 28 de 39 reportes, y el 2018, fue el año con menos niños encontrados, solo 17 de 42 avisos activados.  De igual forma destacó la activista, de manera extraña Coyuca de Catalán no cuenta con ningún registro de niños y niñas desaparecidas.

Del Protocolo Alba, mecanismo para la localización de mujeres adultas, dieron a conocer que en 2019 se activaron 73 alertas, de las cuales, solo localizaron 31 personas; 42 no fueron localizadas, que representan menos del 50 por ciento de las localizadas.  De Igual Forma del municipio alerta de Coyuca de Catalán, aparece en ceros.

De la revisión en cuanto a la asignación de recursos asignados por los ayuntamientos que conforman la región de Tierra Caliente, ninguno asigna recursos para atender la violencia en contra de las niñas, mujeres y adolescentes.

Proponen divorcio notarial más sencillo, rápido y económico

  • Está regulado en muchas entidades del país, ahora se propone en Guerrero

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 28 de octubre de 2020.- El diputado morenista Marco Antonio Cabada Arias propuso al Congreso de Guerrero introducir la “Divorcio Notarial”, en la ley de Divorcio como ya ocurre en entidades como Jalisco, Puebla, Morelos y Estado de México.

El diputado local presentó la iniciativa para reformar el artículo 11, su fracción III, adicionar la fracción IV, así como adicionar el título VII, para agregar el denominado “divorcio notarial”.

El mismo tipo de divorcio se encuentra regulado en el  artículo 272 del Código Civil Federal el cual se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, siendo aplicable para ambos el que haya pasado un año de la celebración del matrimonio (artículo 274 Código Civil Federal)

La figura de “Divorcio Notarial”, consiste en la separación conyugal avalada por un notario público en lugar de hacerlo ante un Juez, lo que, sostiene el diputado, es un proceso más sencillo, rápido y económico que hacerlo por la vía judicial.

 Explicó que en el artículo 11 de la actual ley de divorcio, se establecen tres procedimientos distintos para obtener el divorcio; administrativo, voluntario e incausado.

El divorcio administrativo procede cuando losconsortes, siendo mayores de edad, sin hijos, la mujer demuestra no estar embarazada, convienen de común acuerdo, divorciarse, presentándose ante el Oficial del Registro Civil.

En el divorcio voluntario, los cónyuges deciden divorciarse por mutuo consentimiento, acuden ante el juez, con una solicitud, copia certificada de las actas de matrimonio, de nacimiento de los hijos menores y un convenio en el que fijan aspectos como  la guardia y custodia de los menores; pensión alimenticia, la garantía de ésta, entre algunos otros aspectos.

El divorcio Incausado puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges ante el juez, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que sea necesario señalar la causa por el cual lo solicita.

A través de este procedimiento, tras un convenio de divorcio, el notario asienta en escritura pública la disolución del vínculo matrimonial, siempre y cuando no tengan hijas o hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela y hubieren liquidado la sociedad conyugal. La propuesta fue presentada este martes, durante la sesión ordinaria del congreso del Estado.

Violencia de género y trabajo no remunerado: los retos de las mujeres en la pandemia

  • El confinamiento ha generado una situación más crítica para muchas mexicanas en el aspecto familiar, social y personal

Por Georgette Valentini

SemMéxico/AmecoPress. Ciudad de México, 28 de octubre 2020.– Ser mujer hoy en día no es pan comido, podría decirse que es todo un reto, y si tomamos en cuenta las condiciones de estilo de vida a las que nos ha orillado esta pandemia, podemos definitivamente notar grandes desventajas para el rol femenino.

Hay mujeres que, además de tener un empleo de tiempo completo, son madres y responsables de las labores del hogar, del acompañamiento de la educación en casa de los hijos e incluso del cuidado de enfermos o de adultos mayores vulnerables.

Muchas son madres solteras y otras más, a pesar de tener una pareja, no cuentan con ayuda ni apoyo, otras más han perdido sus empleos o en el peor de los casos, sufren de violencia doméstica de tipo física, verbal, psicológica, económica o sexual.

A causa del aislamiento, ha aumentado el trabajo de cuidados no remunerados, puesto que los niños toman clases en casa y las personas mayores necesitan cuidados y los servicios de salud no se dan abasto.

La pandemia: sus desventajas y alternativas

Todos estos son retos que está enfrentando la mujer en esta pandemia de COVID-19. Por ello, es fundamental que la sociedad muestre empatía y colabore con las mujeres para que esta pandemia no sea otro evento más que incremente la desigualdad entre géneros. Es una realidad que puede contemplarse con cifras y no se puede subestimar ni pasar por alto.

La lucha por los derechos de la mujer se está llevando a cabo en todos los sectores, desde el civil hasta el empresarial, en el cual destacan figuras como el empresario michoacano Mario Villicaña, quien está totalmente a favor de la defensa de los derechos de las mujeres. Asimismo, está convencido de que esta situación debe parar ya y que eso se hará posible si entre ciudadanos se generan espacios para escuchar a las mujeres.

“En Morelia estamos reactivando la pequeña, gran y mediana economía, consumiendo local y sobretodo rescatando el diagnóstico que las mujeres empresarias tienen, no solo para rescatar el tejido social, sino porque son la base fundamental de la sociedad”, afirmó Mario Villicaña durante un diálogo con mujeres empresarias.

Niños y niñas afectados

La pandemia ha mostrado una vez más que «el impacto afecta de manera más grave a las mujeres, las niñas y los niños, como resultado de las medidas de confinamiento que no contemplan condiciones y necesidades», señala Angélica Ayala, presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos.

De acuerdo con el informe más reciente de la ONU, el efecto de la pandemia se recrudece en el caso de las mujeres; en 2021, por cada 100 hombres que vivan en pobreza extrema habrá 118 mujeres en dicha situación. «Las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores más afectados (como los servicios) o en ocupaciones que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia».

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo más grave es que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral en México es de 4%.

Seis de cada diez mujeres de la población económicamente activa femenina no tienen acceso a trabajos formales.

A pesar de que hay muchos hombres que tienen participación en las labores del hogar, en México las tareas domésticas, de cuidados y acompañamiento dentro de los hogares recaen de manera desproporcionada en las mujeres. La población femenina dedica cerca de tres veces más tiempo a las labores de limpieza, cuidado de los hijos o personas de la tercera edad, de acuerdo con cifras del INEGI.

Estas desigualdades se han pronunciado de manera importante durante la pandemia. Antes del regreso virtual a clases ya se registraba que 6 de cada 10 mujeres que tienen ocupaciones remuneradas están laborando desde sus hogares y 34% de ellas ha declarado que además de ese trabajo en casa también se han incrementado sus labores dentro del hogar.

Si a las mujeres se les pagaran las tareas que realizan de manera no remunerada en el hogar, el valor per cápita ascendería a casi 5 mil pesos mensuales.

Violencia doméstica a mujeres

La pandemia también ha acentuado la violencia de género en nuestro país, pues a cuatro meses del confinamiento, la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes se ha incrementado 81%, respecto al mismo período de 2019, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios, AC. (RNR), la cual atendió a 14 mil 599 mujeres con sus hijas e hijos, entre marzo y junio.

Las violencias reportadas en el confinamiento han sido principalmente agresiones físicas, con 41.15%, por otro lado, 23.29% se considera emocional, 5.46% económica y patrimonial y 3.63% sexual.

En estos cuatro meses, la RNR incluso realizó 23 rescates de mujeres e hijas que tuvieron que salir huyendo de sus casas.

La violencia de género es un tema que debe trabajarse desde la justicia y la prevención. La lucha de las mujeres por un trato justo no recae absolutamente sobre nosotras. Es necesario mostrar empatía unos con otros para lograr ser una mejor sociedad.

Tribunal federal deja firme sentencia: alcalde de Zapotlanejo cometió violencia política

  • Se ordena medidas de no repetición, omite disculpa pública y reparación del daño
  • No podrá aspirar a ningún cargo público o participar en las listas electorales

Analy S. Nuño

SemMéxico, Guadalajara, Jalisco. 27 de octubre de 2020.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó firme la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco que condena al alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras por cometer violencia política en razón de género en contra de la regidora María del Refugio Camarena.

El último recurso legal que tenía el presidente municipal para cuestionar la resolución emitida por la Sala Regional en Guadalajara en el expediente SG-JE-43/2020, fue desechado por el Tribunal, por lo queda firme la sentencia que ordena al primer edil abstenerse de realizar cualquier acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de la regidora. No obstante, las medidas de reparación integral no incluyen disculpa pública ni reparación del daño.

Con la confirmación de sentencia, por cuestiones éticas, Álvarez Contreras no debería ser incluido en las listas para contender a ningún cargo público, sin embargo, legalmente sí podría debido a que aún no existe el padrón de agresores que permitiría inelegibilidad, explicó Guadalupe Ramos Ponce, del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).

“No existe en este momento, apenas se están afinando las leyes y los mecanismos para que exista éste padrón con los antecedentes y que pueda ser inelegible. Ahorita es una cuestión ética, es decir, no es posible que este alcalde de Zapotlanejo sea candidato por cualquier partido si ya ha sido sancionado en tribunales por violencia política y aunque aún no lo establezca ningún mecanismo ni norma, si hay una cuestión ética para impedirlo”.

En julio pasado, la regidora María del Refugio Camarena denunció actos de violencia política contra las mujeres en razón de género por parte del alcalde durante la sesión ordinaria del pleno de ayuntamiento de Zapotlanejo celebrada el 26 de junio y días posteriores durante una rueda de prensa. Los hechos quedaron asentados en el procedimiento sancionador especial con expediente PSE-TEJ-001/2020.

Abusador sexual nuevo coordinador del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales

  • El ex dirigente de la Sección 22 del SNTE es culpable señala activista que renunció ofendida
  • Lo exoneran los integrantes de esa organización y él argumenta que fue exonerado por autoridades

Patricia Briseño

SemMéxico, 27 de octubre,  OAXACA, Oax., Ezequiel Rosales Carreño, ex dirigente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) vinculado a proceso el año pasado como probable responsable del delito de abuso sexual, cometido contra una mujer durante un viaje en autobús, es el nuevo coordinador general del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB).

El nombramiento de ex líder magisterial ocurrió durante la asamblea general binacional, en la que participaron virtualmente migrantes en Estados Unidos y Baja California; en el mismo evento también levantaron el veto a Rosales, quien tuvo suspendidos sus derechos y retirado del cargo de comisionado de enlace nacional del FIOB tras la acusación de abuso sexual.

La determinación colectiva apresuró la renuncia de la activista por la defensa de los derechos de los migrantes en los Estados Unidos, Odilia Romero Hernández, oaxaqueña, intérprete independiente de zapoteco, español e inglés, radicada en Los Ángeles, California.

“Yo le creo a la compañera que denunció a Ezequiel Rosales, le creo porque en México se matan a mujeres y no vemos justicia, por eso mi voto es en contra de que el profesor se les restituya sus derechos”, expuso Romero.

En respuesta, Rosales Carreño dijo quedó absuelto porque la parte acusadora no se presentó para desahogo de pruebas.

Sin embargo, la activista refirió en una carta que asumió la determinación de retirarse como integrante del FIOB, por haber llegado el momento de abrir espacio a otros liderazgos.

Apuntó que fue la primera en presidir la organización, “resultado de una larga e interminable lucha iniciada por muchas compañeras, quienes han intentado establecer equidad de género y superar el machismo persistente aún al interior del FIOB”.

Subrayó que se va satisfecha por las acciones logradas en estos tres últimos años, especialmente por los alcances del programa de intérpretes indígenas, labor fundamental y necesaria en la comunidad por la importancia de los derechos lingüísticos y políticos de los indígenas migrantes.

Destacó que ahora se dedicará a trabajar con toda energía en Comunidades Indígenas en Liderazgo (Cielo), organización no gubernamental sin fines de lucro, liderada por mujeres indígenas, quienes han luchado en favor de los pueblos y las mujeres indígenas migrantes.

Mencionó que la labor de Cielo ya ha rendido frutos al recaudar un millón 700 mil dólares para entregarlos directamente a migrantes indígenas como apoyo financiero para poder enfrentar las adversidades durante la pandemia, además, de la producción audiovisual en lenguas indígenas para sensibilizar a la población oaxaqueña en Estados Unidos sobre los riesgos del Covid19.

El Tribunal Constitucional de Polonia revierte los derechos reproductivos

  • La sentencia del Tribunal Constitucional polaco de invalidar la constitucionalidad del acceso al aborto por «defecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenaza la vida del feto» dañará aún más a las mujeres y las niñas y violará sus derechos humanos.

Redacción

SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 27 de octubre 2020.-  Amnistía Internacional, el Centro para los Derechos Reproductivos y Human Rights Watch enviaron monitores expertos independientes para observar la audiencia del Tribunal Constitucional polaco y analizar la decisión.

«El juicio del día 22 pone en gran riesgo la salud y la vida de las mujeres en Polonia y viola las obligaciones de Polonia en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos de abstenerse de adoptar medidas regresivas que revierten los derechos de las mujeres a la atención de la salud sexual y reproductiva», dijo Leah Hoctor, directora regional para Europa del Centro de Derechos Reproductivos. «Polonia debe actuar ahora para adentar su legislación con otros Estados miembros de la UE y legalizar el aborto por razones sociales amplias o de mujer, y garantizar el acceso pleno y eficaz de las mujeres a la atención en situaciones en las que la salud física o mental de las mujeres está en riesgo.»


Esther Major, asesora principal de investigación de Amnistía Internacional

«En lugar de salvaguardar y proteger los derechos de las personas, el Tribunal Constitucional de Polonia ha contribuido a violarlos», dijo Hillary Margolis, investigadora principal sobre los derechos de las mujeres en Human Rights Watch. «La Comisión Europea y los Estados miembros de la UE deben abordar urgentemente las violaciones del Estado de Derecho y su impacto en los derechos fundamentales en Polonia. Garantizar los derechos humanos de las mujeres, incluidos sus derechos reproductivos, es esencial para defender los valores de la UE. El flagrante desprecio de Polonia por estos valores es peligroso no sólo para las mujeres y las niñas en Polonia, sino en toda Europa. Las mujeres en Polonia han sufrido ataques contra sus derechos una y otra vez, y no dejarán de luchar por su derecho a la atención del aborto. Estamos con ellos en cada paso del camino».

Información complementaria

Polonia tiene una de las leyes de aborto más restrictivas de Europa. Es uno de los dos únicos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea que no permiten el aborto bajo petición o por razones sociales amplias. Según la legislación polaca, el aborto sólo está permitido para salvaguardar la vida o la salud de las mujeres, o cuando el embarazo resulta de la violación. Antes de la decisión de hoy también era legal en situaciones de «defecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenaza la vida del feto». Incluso en situaciones en las que el aborto es legal, múltiples barreras se combinan para limitar severamente el acceso a la atención en la práctica.

El partido gobernante Ley y Justicia se ha trasladado repetidamente a frenar aún más la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluso a través de un proyecto de ley que habría promulgado una prohibición total del aborto. Estos intentos han sido recibidos por protestas públicas masivas y condenas por parte de organismos internacionales de derechos humanos e instituciones europeas.

Desde su entrada en el poder en 2015, el gobierno de Derecho y Justicia ha socavado la independencia del Tribunal Constitucional y su eficacia como control sobre el ejecutivo. El órgano asesor jurídico del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia y la Comisión Europea han censurado la injerencia del Gobierno polaco en el Tribunal.

En su informe sobre el Estado de Derecho de septiembre de 2020, la Comisión señaló que «las preocupaciones sobre la independencia y la legitimidad del Tribunal Constitucional» siguen sin resolverse. En 2017, la Comisión Europea inició un procedimiento contra Polonia en virtud del artículo 7 TUE, apartado 1, en 2017 debido a infracciones del Estado de Derecho, incluidas las preocupaciones relacionadas con la falta de un control constitucional independiente y legítimo.

Amnistía Internacional, Center for Reproductive Rights and Human Rights Watch, envió a expertos independientes para observar la audiencia del Tribunal Constitucional polaco y analizar la decisión relativa a la constitucionalidad del acceso al aborto por «defecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenaza la vida del feto» el 22 de octubre de 2020.