Estos hogares reportan caída de sus ingresos en un 32.3 %
ENCOVID19 Infancia, UNICEF y Equide Ibero realizan estudio
Redacción
SemMéxico/NoticiasONU, 10 de septiembre, 2020.- El 32.3 por ciento de los hogares con niñas y niños reportó una caída en sus ingresos durante la cuarentena, mientras 15.2 por ciento se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, revela una encuesta realizada por UNICEF.
A raíz de la pandemia por COVID-19, las situaciones de los hogares del país han cambiado y, sobre todo, los hogares con niñas y niños han padecido de la pandemia más que otras.
Eso es el hallazgo de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos de COVID-19 #ENCOVID19 Infancia, realizada por UNICEF y Equide Ibero, que estudia cómo las familias están enfrentando a la pandemia, presentada hoy en conferencia virtual.
La encuesta señala que los hogares con niñas, niños y adolescentes sufren mayores presiones por la pandemia: menor acceso a alimentos saludables, más estrés y mayor impacto a su economía.
“El COVID-19 sí afecta a la niñez”, aseguró Christian Skoog, representante de UNICEF México, durante su introducción del estudio. “Los efectos de la COVID-19 amenazan el derecho a la salud, educación, igualdad y protección de niñas y niños, particularmente en familias con menos recursos”, aseveró.
Mayor inseguridad alimentaria
Graciela Teruel, directora de EQUIDE en la Universidad Iberoamericana, presentó a detalles los mayores hallazgos del estudio: 71.1 por ciento de las familias con niñas, niños y adolescentes han visto reducidos sus ingresos entre febrero y julio con una caída promedio de 32.3 por ciento. Además, la encuesta nos enseña que, en junio de 2020, 10 por ciento de los hogares con niños y niñas reportó que alguien perdió su empleo.
La pandemia también ha aumentado las dificultades en ámbito de la salud mental y seguridad alimentaria. Teruel subrayó que a nivel nacional la proporción de hogares con niñas, niños y adolescentes en inseguridad alimentaria ha pasado de 12.2 a 15.2 por ciento entre mayo y julio.
Construir políticas de atención integral
Por su parte, Ricardo Bucio, director ejecutivo del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipina), mencionó que el número de materiales de abuso sexual sobre niños publicados en Internet se multiplicó por cuatro, para llegar a 4 millones de contenidos desde que inició la pandemia.
Jose Nabor, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), subrayó la vulnerabilidad de los hogares indígenas con niños y adolescentes, y presentó pistas de políticas públicas como un ingreso universal, becas o apoyos económicos, pero subrayó que esas requieren esfuerzos complementarios desde los tres niveles de gobierno.
Pero Graciela Teruel enfatizó que “los apoyos monetarios no son suficientes”, hay que “reconocer los nuevos desafíos ligados a la pandemia.
Los panelistas coincidieron en la necesidad de fortalecer el sistema de salud y construir políticas de atención integral que aborden todos los aspectos de la crisis que viven los hogares con niñas, niños y adolescentes.
La ENCOVID Infancia, encuesta de corte mensual y representatividad nacional, es el resultado de un esfuerzo liderado por la Universidad Iberoamericana a través de su Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El 5 de septiembre la policía municipal detuvo a 27 mujeres activistas durante una manifestación
“Cinco policías municipales me detuvieron, me golpearon y azotaron contra la patrulla”, un testimonio de una de las activistas
Olga Rosario Avendaño
SemMéxico, Cd. de México, 10 de septiembre, 2020.- Presas políticas de Ciudad Juárez, Chihuahua, detenidas y torturadas el pasado 5 de septiembre, denunciaron que los elementos de la Policía Municipal, incurrieron en “tratos crueles, inhumanos y degradantes, amenazas, abuso de autoridad, abuso sexual y uso ilegal de la fuerza pública”.
Integrantes de diversas colectivas, entre ellas, Hijas de su Maquilera Madre y Mujeres en Rebelión, dieron a conocer sus testimonios durante una conferencia de prensa en el centro de Ciudad Juárez, “sólo acudí para documentar (la manifestación)”, la policía “me quitó el celular. El señor programó eliminar la página de Maquilera Madre”, dijo una de ellas.
Durante la marcha del cinco de septiembre –misma que fue para denunciar la detención arbitraria de otras integrantes de colectivas feministas en León, Guanajuato— una de las integrantes de las Hijas de su Maquilera Madre transmitía en vivo la manifestación y se logró ver el momento en que la policía empezó a agredirlas; cuando los cuerpos policíacos se dieron cuenta de ello le arrebataron el celular y cancelaron la transmisión.
Otra activista comentó que durante la manifestación “cinco policías municipales me detuvieron, me golpearon, azotaron contra la patrulla, no dijeron a dónde me llevarían, pero sí me dijeron que iba a valer verga. Para subirme a la patrulla, me aventaron de la cabeza y golpeé, sangré, se me rompió el labio”.
También habló del maltrato psicológico “los policías que nos detuvieron nos amenazaron, dijeron que nos iban a desaparecer, desde el principio nos dijeron que ahí estaba el comandante (de la policía municipal). Nos fotografiaron de todos los ángulos, tememos represalias”.
En la conferencia de prensa de hoy y que fue transmitida vía redes sociales, manifestaron que “las fuerzas públicas están obligadas a operar bajo la perspectiva de género en todos sus procesos con base en la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la mujer y en especial de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Campo Algodonero y del Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual Atenco vs México”.
Previo a la conferencia de prensa y al término de ésta, pronunciaron consignas como: ¡Libertad, libertad a las presas por luchar!, ¡No más abuso policial!, ¡Ni la chota ni Cabada detendrán el movimiento!
En el pronunciamiento que dieron a conocer a medios de comunicación, mencionan que “los cursos con perspectiva de género que reciben los elementos de la policía nos parecen una simulación cuando sabemos que se trata de toda una mafia militarizada al servicio de las organizaciones criminales y de grandes capitales que saquean y asesinan para enriquecerse a costa de los y las habitantes en las ciudades y el campo”.
Agregaron que, en específico, la colectiva Hijas de su Maquilera Madre “ha recibido hostigamiento policiaco y de tránsito desde el asesinato de la compañera Isabel Cabanillas, el pasado 18 enero del presente año. Incluso sabemos que uno de los agentes de tránsito que estuvo presente en la retención de las 27 mujeres, antes de entrar a la estación de policía, fue el mismo que hostigó en el domicilio de las compañeras de la mencionada colectiva y procedió injustamente llevándose un vehículo que ya estaba estacionado. Con esto decimos que ha sido sistemático el hostigamiento de la policía municipal al movimiento de feministas”.
El documento enfatiza que las acciones de denuncia y manifestación política adoptadas, en el contexto del movimiento feminista local y nacional, “se justifican por el rechazo al Estado y a sus fuerzas policiacas militarizadas que mantienen una situación de impunidad por los delitos que aún no han sido resueltos en la ciudad”.
También manifestaron que “hacer pintas en la infraestructura urbana con el propósito de expresar y hacer memoria histórica de las violencias que sufrimos como mujeres, no tiene comparación con la violencia ejercida por la policía en un operativo de decenas de agentes”.
Mencionaron que su liberación se dio ante la presión social y política de diversas colectivas y organizaciones solidarias que se manifestaron en la calle, tanto en Ciudad Juárez, como en otros puntos del país.
Responsabilizaron al presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez y al gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, “por los atropellos a nuestros derechos y exigimos que salvaguarden física, emocional y psicológicamente a todas las afectadas; asimismo les exigimos salvaguardar la seguridad de todas las mujeres y colectivas que se inscriben en este movimiento feminista independiente y en las calles”.
Hicieron un llamado a las mujeres y organizaciones para conformar una Asamblea Feminista Amplia y Permanente en contra de la violencia. “Avanzaremos hasta conseguir que ninguna persona sea arbitrariamente privada de su libertad, su integridad y su vida. Hasta no conseguirlo, seguiremos denunciando al Estado corrupto y feminicida. Hacemos un alto a su represión y les decimos que ¡seguiremos en las calles!”.
Jael Monserrat cumple 50 días desaparecida, su madre la busca incansable
La autoridad sigue sin responder, hay complicidad con bandas de trata
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Cd. de México, 10 de septiembre, 2020.- Miriam Jaqueline Palmeros Rosas es la madre de Jael Monserrat Uribe Palmeros, de quien nada sabe desde hace casi 50 días, cómo cientos de madres en el país se enfrenta a un aparato de investigación paralizado y omiso, por lo que ella misma ha hecho sus propias pesquisas porque sabe que el tiempo es agua entre las manos en el caso de mujeres desaparecidas.
Jael Monserrat, de 21 años y madre de dos niños, podría ser víctima de trata, dice su angustiada madre quien no ha sido recibida por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ni por la fiscal Ernestina Godoy.
Sin temor alguno, señala que la actitud de los policías investigadores, que no han hecho nada por buscar a su hija, no le dejan otro camino que el de afirmar, con vehemencia, que hay colusión entre éstos y las bandas de trata, dice y sabe que es peligroso lo que dice, tanto que ya ha recibido mensaje con advertencias para que se deje de cosas.
Palmeros Rosas enfrentada al sistema judicial que no funciona, sostiene que el problema de la desaparición en México cobra dimensiones de gravedad, lamenta que el funcionariado no lo considere así. Lamenta también que “una se da cuenta de ello hasta que nos toca”, dice al tiempo de agregar que el 24 de julio pasado cuando Jael Moneserrat desapareció no fue la única víctima de ese delito, lo que ha comprobado en sus vueltas a la fiscalía capitalina.
Al igual que las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, Iztapalapa son las principales demarcaciones donde más mujeres desaparecen en la Ciudad de México, como ha señalado la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Rita Canto.
Todo empezó cuando Jael Monserrat accede a ayudar a una amiga de nombre Liz –de quien nadie sabe nada- para vender un carro. La indicación de la “amiga” es que iría por ella a la 1.15 de la tarde una persona de pantalón vino y playera blanca. Su pareja Rodrigo C. la lleva a unas cuadras de Plaza la Viga.
Miriam Jaqueline Palmeros Rosas marcó durante la tarde noche de ese viernes a su hija sin recibir respuesta, la manda a buzón, lo mismo que el sábado. El domingo recibe una llamada de Viridiana también amiga de su hija quien le informa que la ha ido a buscar a su casa, un departamento en una colonia de Iztapalapa, pero nadie abre la puerta.
El lunes 27, la madre acude a poner la denuncia por desaparición e informa también lo que ella sabe. Pide que por favor investiguen, que busquen en las cámaras, pero sus súplicas no son escuchadas por los policías investigadores, que cuestionan en cambio una particularidad de Jael Monserrat, sus tatuajes.
Además, señala con indignación la denuncia fue levantada por “ausencia voluntaria”, pese a que ella les indica que su hija no puede estar desaparecida voluntariamente cuando es una mujer responsable, que tiene un trabajo y dos hijos a los que adora. Sus dichos no son escuchados nuevamente.
Ante la inacción de las autoridades, Miriam Jaqueline Palmeros Rosas inicia sus investigaciones. Le parece rara que Viridiana le informara que, en la bolsa, Jael Monserrat llevaba las llaves de una camioneta color gris que estaba estacionada afuera de su casa y sabe por el casero que la camioneta ya no estaba, que el martes se la había llevado Rodrigo.
También acude a las casas cercanas a la plaza la Viga y algunos comercios a solicitar los videos, que la policía no había pedido tampoco y no habían tampoco emitido la Alerta Alba, ahí pudo comprobar que su hija efectivamente se subió a un automóvil.
Tras recorrer al menos 10 hospitales y servicios médicos forenses, acudió personalmente a las Fiscalías del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, pero le dijeron que nada podían hacer porque la Fiscalía de la Ciudad de México no les había enviado oficios de colaboración, lo que finalmente hicieron entre 10 y 18 días después de la desaparición de Jael Monserrat.
Ángel Pino, policía de investigación, de la ciudad de México, la reprendió por haber ido a las fiscalías de los estados vecinos, “no ande alborotando el gallinero”, le dijo y le advirtió que dejara de dar entrevistas a los medios de comunicación.
Pidió, además, que se hiciera una investigación al teléfono de su hija. Ella misma se había “adelantado” para obtener las sábanas de llamadas. La Fiscalía respondió que no tenían forma de hacer eso, que no contaban con mecanismos cibernéticos para ello y que primero había que judicializar el caso.
El 10 de agosto, acompañado de las defensoras de derechos humanos Mar Cruz y Norma Andrade, así como amistades y familiares, realizó una marcha desde La Monumenta, frente a Bellas Artes, hasta el palacio de gobierno de la Ciudad de México. Al principio –dice- le negaron el paso, pero finalmente la recibieron.
“Había 10 licenciados”, entre ellos un comisionado de Atención a Víctimas, el de Búsqueda y personal de la Fiscalía capitalina, quienes prometieron ayuda, “haremos borrón y cuenta nueva” le propusieron, así como también le anunciaron que le darían ayuda legal, psicológica y económica para los niños, sus nietos de 2 y 4 años de edad.
La promesa sigue ahí, ella no ha recibido ninguna ayuda.
Miriam Jaqueline Palmeros Rosas recibió un mensaje telefónico de una persona desconocida, donde una voz acusaba de feminicidio a la pareja de su hija, quien había arrojado el cadáver por el Ajusco. Lo informó de inmediato a la policía, pero no acudieron a buscar.
Anduve tratando de localizar a Rodrigo, les he dicho donde se mueve, pero no han hecho su trabajo.
Tanto Rodrigo como Viridiana fueron entrevistados por la policía, quien cometió el error de no solicitar al primero ninguna identificación, por lo que ahora no lo pueden localizar para que declare sobre la denuncia hecha a su teléfono vía mensaje.
Pese al funesto mensaje, Miriam Jaqueline sostiene que su hija no está muerta, que sigue viva y que es víctima de trata.
Aunque las autoridades le exigieron no más publicidad de la desaparición de su hija en medios, ella sostiene que por el contrario dará mayor visibilidad al caso, porque en alguna parte, alguien sabe algo más, “fue desaparecida en pleno día”.
Luego señala que sospecha que la policía sabe más, que no se han movido porque la misma autoridad está coludida con los tratantes, no ayudan, dejan pasar el tiempo y desechan las pruebas, además de cometer errores y de guardar información.
Luego apunta que en México el feminicidio como la desaparición de mujeres son problemas graves y que desde el gobierno siguen ocultando la verdad, señala en tanto con otras mujeres exige, grita y reparte volantes: ¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!
El de mi hija, Jael Monserrat no es el único, desafortunadamente, son muchos más casos pero no todas las familias quieren hablar ni hacerlo público, mientras el resto de la sociedad ve nuestras demandas como algo que a ellos no les puede ocurrir, pero no es así, la sociedad completa debe ponerse en nuestros zapatos, ayudarnos, porque las autoridades no hacen nada, el problema es más grave de lo que se piensa, puntualiza, mientras reparte volantes con el rostro de su hija, a quien incansablemente busca.
Por meses acosó a una menor de 13 años a través de WhatsApp
La convenció de verse a escondidas en las oficinas del IMAJ
SemMéxico, Guadalajara, Jal., 10 de septiembre, 2020.- El ex director del Instituto Municipal de Atención a Jóvenes de Mascota (IMAJ), Fernando “N”, fue vinculado a proceso por los delitos de hostigamiento sexual y abuso de autoridad contra una menor de 13 años.
El ex funcionario que inicialmente fue protegido por la alcaldesa, fue acusado el 4 de mayo pasado por la madre de la menor luego de que ésta le informará que los días 29 y 30 de abril recibió varios mensajes en su celular mediante whatsapp, cortejándola y la invitó a que sostuvieran un encuentro por la noche y sin que alguien más supiera.
“Enredó por mensajes de texto a una menor de edad hasta el punto que logró citarla en las instalaciones del Instituto Municipal. Hay audios en donde se hace alusión a que las intenciones no eran para nada de índole de trabajo ni nada que tenga que ver con lo que se hace en el instituto. Es una situación de varios meses donde está persona intenta enredar aprovechándose del puesto”, señaló la abogada de la víctima, Daniela Martínez, en entrevista con MVS Noticias Jalisco.
Tras las investigaciones, la Fiscalía logró acreditar la probable responsabilidad del servidor público, al comprobar que aprovechando su cargo convenció a la menor de acudir al instituto para mostrarle las nuevas instalaciones de un salón de usos múltiples. Cuando la adolescente llegó, el individuo continúo acosándola, la tocó en el cabello, le rozó un brazo y la abrazó. Debido a que la menor se sintió vulnerada y a su vez sorprendida, contó a su madre la situación por lo que denunciaron los hechos.
“Ya fue vinculado a proceso por los delitos antes mencionados, y el juez ha otorgado a las partes 4 meses para la investigación complementaria mismo dentro de lo cual podrán ampliarse las pretensiones del Ministerio Público o la defensa tendrá que hacer lo propio. Ya fueron debidamente notificadas las partes de este auto de vinculación, ahora iniciamos la siguiente etapa procesal”, informó el fiscal Gerardo Octavio Solís.
Además, el juez dictó medidas cautelares que prohíben a Fernando “N” acercarse al domicilio de la menor en un radio de 500 metros y no debe aproximarse en un radio de 200 metros a la víctima y denunciante, ni comunicarse con ninguna de ellas por cualquier medio verbal, escrito, redes sociales y demás, por el tiempo que dure el proceso.
SemMéxico, 10 de septiembre, 2020.- Se acabó la luna de miel con el pueblo bueno.
Y el licenciado López Obrador transita por la llanura seca en la que una chispa puede causar el incendio que consuma aspiraciones de una aventura que arrancó sin asideros y en menos de dos años mostró su perfil voluntarista e impositivo.
La toma de instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México y el enfrentamiento entre agricultores de Chihuahua con elementos de la Guardia Nacional, en una segunda edición en menos de un mes por el agua de la presa “La Boquilla”, en el municipio de Delicias, Chihuahua, son elementos indicativos de que al gobierno de la 4T se le acabó la luna de miel con sectores de los 30 millones de ciudadanos que votaron por el licenciado López Obrador.
Y en ese tenor el inquilino de Palacio encontró inmediatamente –y cómo no, si son sus clientes cotidianos—en actores de la derecha, enemigos de la Cuarta Transformación que, aduce, están molestísimos porque les quitaron privilegios derivados de la corrupción que privó durante más de 30 años de gobiernos neoliberales.
Culpar a periodistas, reporteros, analistas, columnistas, editores y medios de comunicación que añoran los días de rosas y vino, es el deporte favorito del señorpresidente para desviar la atención de problemas graves, severos, como el de la pandemia que ha cobrado miles de vidas porque simple y sencillamente el operador no fue el idóneo.
Sí, Hugo López-Gatell, se ha dicho incluso dentro del propio gabinete, tiene una vasta responsabilidad pero se le mantiene en el cargo para evitar la vergüenza del despido y el escándalo que implicaría admitir que sí, en efecto, hubo un criminal equívoco y se abusó del sentido común y de la imagen presidencial que no dio las señales que los ciudadanos entendieran para someterse a reglas sanitarias, si se quiere draconianas pero obligadas por motivos de vida o muerte.
Así, antes de cumplir dos años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presume logros, que sin duda los hay pero son mínimos e insuficientes para diagnosticar el arranque de la consolidación de la 4T, a partir de diciembre próximo cuando se cumpla el plazo de gracia que el licenciado presidente pidió, en diciembre de 2019, para ofrecer resultados en economía, salud, educación y seguridad.
No, no los hay. No funcionaron las invocaciones con estampitas ni los consejos para portarse bien o el ¡fuchi-caca!, simplismos de barriada que se quedan en el anecdotario y dibujan el nivel del gobernante que, con ocurrencias, ha pretendido llevar al país a estadios superiores que se identifiquen con tiempos heroicos decimonónicos, pero no son siquiera caricatura de los héroes que un día sí y otro también incorpora al discurso que es homilía del ministro de culto desde el púlpito de Palacio Nacional.
Hay molestia entre quienes votaron por él, como admiten las mujeres que tomaron la sede de la CNDH en el Centro Histórico y que se negaron a dialogar y negociar con funcionarias menores de la Secretaría de Gobernación, de forma tal que obligaron a Olga Sánchez Cordero a abandonar su confortable oficina y atenderlas personalmente como demandaban.
Y, en este escenario en el que se registran 105 aspirantes a la presidencia y secretaría general de Morena, el partido es ejemplo de lo que ocurre en el equipo presidencial, en el que los amigos del licenciado López Obrador se hacen pedazos en busca de un poco de poder porque el poder máximo lo tiene Andrés Manuel y no lo comparte.
Y no es lucubración ni chisme palaciego. No, el hoy ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur lo dijo ante colaboradores suyos: hay una lucha por el poder en el gabinete presidencial.
Cierto y no desmentido lo que dijo el biólogo que se regresó a su casa de Morelia y al Campus de la UNAM en la capital michoacana, a trabajar en su espacio y se alejó de esa vergonzosa posición de pertenencia a un equipo al que, evidente, no pertenecía.
Así, lo ocurrido en la CNDH y en aquellos terrenos chihuahuenses en los que se pelea por el agua para riego agrícola y que, sin explicación alguna la Comisión Nacional del Agua comenzó a entregar a Estados Unidos, en cumplimiento de un tratado que data de la década de los años 40 del siglo pasado, son apenas la punta de una madeja de agravios sociales que habrán de cobrar en las urnas al licenciado López Obrador, por encima del sospechosismo que en la conferencia mañanera fue como descubrir el hilo negro con la conclusión de que en ambos casos hay intereses políticos y electorales.
¿Que por ahí anduvieron ex gobernadores de filiación priista y dirigentes políticos? ¿Y qué no se trata, al final, de un asunto político que el licenciado López Obrador y sus colaboradores en la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura dejaron crecer?
El diputado federal del PAN Mario Mata Carrasco negó que en los actos que derivaron en enfrentar y luego expulsar a elementos de la Guardia Nacional del resguardo de la presa, haya habido un solo dirigente.
Pero nadie puede negar el fondo político ni desgarrarse las vestimentas porque hoy, como en aquellas movilizaciones encabezadas por el entonces activista y aspirante a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, se haya visto a políticos de los partidos que antes fueron gobierno.
Así, es lamentable la pueril conclusión del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, que lo llevó a acusar que políticos están detrás de los agricultores que se oponen a que el gobierno federal extraiga agua de la presa La Boquilla.
¿Es delito? Por supuesto no. Pero Mejía Berdeja sostuvo que políticos del PAN y del PRI apoyan a los agricultores que se oponen a que el gobierno federal extraiga agua, reitero, de aquella presa “La Boquilla”, en Chihuahua, para pagar a Estados Unidos lo acordado en el Tratado de Aguas internacionales, que data de 1944.
Y dio nombres: los exgobernadores de Chihuahua, José Reyes Baeza y Fernando Baeza Terrazas; al senador del PAN, Gustavo Madero Muñoz; el diputado federal del PAN, Mario Mata; el alcalde de San Francisco de Conchos, del PRI, José Ramírez Carrasco; y al alcalde Adolfo Trillo de la Cruz. Pero Madero lo desmintió, es decir, le fallaron los espías a Mejía Berdeja.
Lo importante, sin duda para Mejía Berdeja, es criminalizar a esa movilización –como se ha enderezado la batería contra quienes tomaron las instalaciones de la CNDH– y, en ese tenor, Mejía Berdeja delató:
“Hay un ramillete, un conjunto de actores, identificamos al alcalde de San Francisco de Conchos, del PRI, José Ramírez Carrasco; al líder de la Aurech (Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua), Salvador Alcantar; al alcalde de Rosales, José Francisco Ramírez Licón, de Morena.
Y se mimetizó:
«Advertimos una sobrepolitización del tema detrás de estas protestas que tiene una explicación muy clara. Hay, como lo dijo el presidente, una especie de huachicol del agua, es decir se ha aprovechado este recurso hidráulico no como si fuera propiedad de la nación, como uso agrícola, sino como su fuera propiedad de un conjunto de políticos y de un conjunto de gente que ha medrado ilegalmente con el uso patrimonialista del agua”.
Criminalizar es la medida para atender demandas sociales, de evidente legitimidad. ¿Negociar? Bueno, como se vio con la secretaria Sánchez Cordero, es el último recurso después de que el problema estalló y amaga con sumar a otros asuntos pendientes e incendiar a esta llanura de pasto seco.
El proceso electoral en marcha y la 4T sin asideros; el rollo dialéctico se desgasta. Ni estampitas ni golpes de pecho. ¡Ah!, la defensa de los derechos humanos, consta en foto y video, es más llevadera con comida gourmet. La señora Piedra es toda una sibarita; buen provecho. Conste.
ESPECIAL: México, CEDAW 2020 una serie de notas de SemMéxico
No cumple diálogo con feministas y les quitó todos los recursos
CEDAW conminó al Estado Mexicano a incluir mujeres en programas de paz y seguridad
Patricia Olamendi Torres afirma: no hay ninguna interlocución ni inclusión
Sara Lovera
Segunda Parte
SemMéxico. Cd. de México. 9 de septiembre de 2020.-Sobre violencia de género, seguridad y paz el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres y las Niñas CEDAW, hizo 20 observaciones al Estado Mexicano, en noviembre de 2018, en su recomendación 35/19, donde como prioridad y de carácter urgente, lo conmina a resolver las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres e investigue, enjuicie y sancione sin dilación a los responsables, trabaje y otorgue recursos a las organizaciones de la sociedad civil y tome en cuenta a las mujeres para la seguridad y la paz.
De las recomendaciones, afirma Equifonía, un grupo especializado en justicia de Veracruz, que el gobierno federal sólo pide informes, no da seguimiento y nadie sabe qué informará a la CEDAW, porque no se invita a las mujeres.
Según todas las fuentes disponibles solamente entre enero y julio de 2020 fueron asesinadas 2 mil 240 mujeres en el país, el 93 por ciento de las denuncias están en la impunidad y no obstante que Amnistía Internacional sigue documentando al feminicidio como tortura, el Estado Mexicano no actuó.
¿Cómo va a informar a la CEDAW el Estado Mexicano?, porque también recomienda que en la construcción de un programa integral, incluya en forma sistemática a las organizaciones de la sociedad civil.
A cambio, el informe de la Red Nacional de Refugios sostiene que los servicios de prevención y protección se disminuyeron. Las organizaciones que la Red consultó, han vivido obstáculos en el 64 por ciento, se cerraron Fiscalías, disminuyeron los servicios en los Centros de Justicia para Mujeres, precisamente en los últimos 5 meses, durante la crisis sanitaria que produjo el COVID-19.
La abogada Patricia Olamendi Torres, quien fuera la experta de la Convención Belén do Pará, desde la Red de Seguridad, Justicia y Paz, aseguró a SemMéxico, que se rompió la interlocución con los grupos civiles de mujeres. Y el Comité de Organización de los encuentros feministas, asegura que en dos años los observatorios del feminicidio, sólo tuvieron una reunión con las autoridades de la Secretaría de Gobernación.
Apenas en julio, Amnistía Internacional denunció que los recortes presupuestales serán decisivos para que el problema de la violencia siga creciendo; a cambio se eliminaron los programas destinados a brindar servicios de atención a las mujeres que viven violencia, como las Casas de Atención a la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs), donde se redujo el 50 por cientos de los apoyos.
Además de la invisibilidad de este fenómeno, como el de la desigualdad de género, contraviene las recomendaciones, el ejecutivo concentra estas acciones, y hace publicidad solamente a sus 7 programas prioritarios.
La CEDAW, es una convención de carácter obligatorio que México ratificó en 1981 por lo que nuestro país debe rendir cuentas. ¿Cuáles serán? En la actual administración no se oyó y se contravienen sistemáticamente. Amnistía Internacional impulsó una Acción Urgente a nivel mundial, en la que activistas pedirán al gobierno mexicano garantizar que todos los programas que atienden a las mujeres violentadas sigan contando con los recursos que les permitan continuar su labor que es fundamental. A cambio se hizo un recorte al presupuesto para la administración federal del 75 por ciento.
Por último lo que ha sucedido.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se informa que el feminicidio, que los asesinatos de mujeres se suman a los llamados homicidios dolosos o intencionales de mujeres y niñas en el aspecto delictivo, con investigación, pero hasta ahora no se ha apresado los responsables, y no hay reparación del daño. Sólo el 24.6 por ciento se indagó como feminicidio. No existen datos publicitados de las otras violencias.
El Comité acoge con satisfacción las importantes medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado Mexicano. Sin embargo, sigue profundamente preocupado por:
La persistencia de los patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas en el Estado mexicano, incluidas la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios.
De ahí que señale que persiste el carácter incompleto de la armonización de la legislación estatal con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar como delito el feminicidio; la alta incidencia de desapariciones forzadas que afectan a las mujeres, ya sean víctimas directas o indirectas, cuando quien desaparece es un familiar, en cuyo caso las mujeres suelen cargar con la responsabilidad no solo de buscar a la persona desaparecida e iniciar las investigaciones sino también de servir de sostén principal de la familia, sostiene que hay barreras persistentes que siguen impidiendo la aplicación efectiva del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres AVIGM a nivel federal, estatal y municipal; las denuncias de uso de la violencia por parte de agentes estatales y no estatales contra mujeres lesbianas, bisexuales y transgénico se multiplican; siguen escasas los estadísticas al no desglosarse por tipo de violencia y relación entre el autor y la víctima.
Apenas, como ejemplo de incumplimiento, el primero de septiembre, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzada, activistas como el colectivo Búsqueda de Familiares “Regresando a Casa Morelos”, con un rebozo color rojo, con las palabras justicia y verdad, anunciaron que se instalarán todos los lunes en el Memorial de Víctimas para exigir a las autoridades federales y estatales la identificación de cuerpos de las fosas de Tetelcingo y Jojutla. Existen más de 13 fosas clandestinas en el país, se multiplican los colectivos de buscadoras.
Ahora con el numeral 19, renovando el 35, conmina al Estado Mexicano a que adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular de combatir las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos (medios y educación) discriminatorios, así como la pobreza y la marginación de las mujeres.
Lo reta a que investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria; vele por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el Estado y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio; simplifique y armonice en los estados los procedimientos de activación del Programa “Alerta AMBER” y el “Protocolo Alba”, agilice la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, adopte políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y vele por que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV refuerce su perspectiva de género. A cambio fue disminuido el presupuesto para estos fines, La CEAV no tiene cabeza y en todas las agencias gubernamentales hay desdeño a las demandas; se disminuyó en dos años el presupuesto a 11 programas y no se activaron los enlaces de género en las instituciones.
La CEDAW califica como escasos avances en la resolución del caso de Pilar Argüello Trujillo, tras la recomendación formulada por el Comité en relación con la comunicación Trujillo Reyes y Argüello Morales c. México (CEDAW/C/67/D/75/2014), a pesar de que el Estado parte había asegurado que los estaba revisando.
Conmina al gobierno a que evalúe la repercusión del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres AVGM, de esa evaluación el Estado Mexicano propuso desaparecerlas, sin evaluación y disminuyó el presupuesto.
La evaluación, para la CEDAW permitiría garantizar una utilización amplia y armonizada, con la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, sugiere que vele por la participación de organizaciones no gubernamentales, las que no han vuelto a reunirse para el caso, según informó este 8 de septiembre la Comisión del Encuentro Nacional Feminista y las alertas Amber y el Protocolo Alba, no tienen recursos.
Le recuerda que es su compromiso trabajar con personas expertas del mundo académico y por la defensa de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como con mujeres víctimas de la violencia. A cambio el 14 de febrero de 2019 el Gobierno, contraviniendo a la ley y al acuerdo internacional, en la circular 1 prohibió a sus agentes dotar de recursos a las asociaciones civiles e Inmujeres desapareció el programa PROEQUIDAD, que tenía asignados más de 300 millones, ello a pesar de mil 800 firmas que pidieron lo repusiera. Estaba destinado a las organizaciones con trabajo de campo, ubicadas en zonas pobres y alejadas.
También lo conmina a subsanar la falta de medidas de protección de la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, en particular concienciando a la población sobre los derechos de estas mujeres, en cooperación con la sociedad civil. No ha hecho nada.
También le exige que refuerce los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapariciones forzadas, desglosados por tipo de violencia la relación con los perpetradores; acelere de manera prioritaria la resolución del caso de Pilar Argüello Trujillo, como recomendó el Comité en su dictamen sobre la comunicación Trujillo Reyes y Argüello Morales. México, con miras a alentar la resolución de otros casos similares en el futuro.
Sobre esta recomendación, al 9 de septiembre Adriana Fuentes, coordinadora del área jurídica de Equifonía A.C. informa que la recomendación no se ha cumplido, porque, aun cuando se reabrió la investigación, no se conoce el análisis y los resultados. Las autoridades piden esperar para que se “realice en un plazo razonable”.
El padre y madre de Pilar están ya en el registro estatal de víctimas y han podido acceder a algunos programas que impulsa la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas
El Comité de la CEDAW demanda que se elabore un plan de acción nacional, en colaboración con las organizaciones de mujeres de la sociedad civil para asegurar su participación en la tarea contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada en el país. Según la abogada Patricia Olamendi Torres, de la Red Seguridad, Justicia y Paz, el gobierno y sus instituciones rompieron el diálogo con la sociedad civil de las mujeres. “Cómo no había sucedido en 30 años” y afirmó que no hay interlocución
¿Qué va a informar el Estado Mexicano en el informe de Medio Paso? Sobre la adopción de medidas para el desarrollo de la capacidad y empoderamiento de las mujeres y las niñas, inclusive a través de grupos de la sociedad civil, para que participen en iniciativas de lucha contra la inseguridad y la violencia contra las mujeres como defensoras de los derechos humanos.
El Comité observó con preocupación que las mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos son cada vez con mayor frecuencia objeto de diversos actos de violencia, en algunos casos presuntamente cometidos por agentes del Estado.
El Comité también está preocupado por los informes sobre los ataques a medios sociales y plataformas digitales independientes perpetrados por grupos anónimos para incitar a la violencia contra las periodistas y las defensoras de los derechos humanos. Eso, ¿cómo se informará?, cuando está en crisis de funcionamiento la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y no opera el mecanismo de protección para periodistas por falta de recursos, no obstante la recomendación de la CEDAW para que asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación eficaz y armonizada de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en todos los estados.
El 9 de septiembre las colectivas feministas han tomado las instalaciones de la CNDH para abrir ahí una casa refugio alternativa para atención a mujeres violentadas, ante la falta de acción del Estado Mexicano.
Saxofonista acusa de dilación de la asistencia de justicia, continúan los obstáculos para castigar a los agresores.
Congreso local exhortan a la Fiscalía Estado y al Tribunal de Justicia para que implementen los mecanismos necesarios y castigar a los agresores.
Patricia Briseño
SemMéxico. OAXACA, Oax. 9 de septiembre 2020.- A un año del ataque que sufrió con ácido sulfúrico en el rostro y el cuerpo, por parte de un desconocido quien con engaños consiguió ingresar a su casa en Huajuapan de León, Oaxaca, María Elena Ríos Ortiz acusó dilación de la asistencia de justicia, además de que continúan los obstáculos para castigar a los agresores.
La joven saxofonista refirió que la Fiscalía General del Estado únicamente actúa cuando existe presión mediática, pero cuando no “se esfuman”, y tampoco le toman la llamada.
En diciembre pasado, luego de tres meses del ataque, después de un largo peregrinar, por presión mediática su familia consiguió el traslado de María Elena del hospital general “Aurelio Valdivieso”, de los servicios de salud de Oaxaca, al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en la Ciudad de México, donde fue posible su rehabilitación paulatina.
Con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y colectivas feministas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se vio obligada a recular y reconfiguró el delito de “heridas” que sanan en 15 días, a intento de feminicidio contra la saxofonista y comunicóloga.
En ese mismo mes son detenidos los albañiles Ponciano H., (padre) y Rubicel H., (hijo), respectivamente, por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de la joven ejecutante. El Juez de Control los vinculó a proceso por su participación en la autoría material del ataque.
El uno de abril de 2020, elementos de Policía Estatal detienen a Rubén L., “Charrez”, tercer implicado en el ataque con ácido sulfúrico a la saxofonista. Posteriormente, el seis de abril, Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del intento de feminicidio por rociar ácido a María Elena se entregó por su propia voluntad ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aún está prófugo el hijo de este, coparticipe de la autoría intelectual del intento de feminicidio.
“Afortunadamente vivo para contarlo”, expresó la joven saxofonista, durante la audición virtual de su trabajo como profesional y ejecutante de este instrumento. Ella fue una de las ganadoras del certamen CurArte, una iniciativa de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), que surgió con el objetivo de brindar incentivos económicos a artistas de distintas disciplinas durante la contingencia por el COVID-19.
En junio pasado, María Elena se dirigió a los internautas en confinamiento de manera sencilla y didáctica en un primer acercamiento a la historia del saxofón, y ejecutó en solitario algunas piezas clásicas y populares.
De su lado, integrantes de la Comisión de Justicia del congreso local, exigieron a los órganos de procuración de justicia sanciones ejemplares contra los responsables.
El documento dirigido hacia la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), exhortaron a los titulares de estos órganos para que instruyan al agente del ministerio público encargado de la investigación complementaria, para que implemente los mecanismos necesarios para allegarse de todos los datos, medios de prueba y evidencias necesarias para evitar vicios en dicha investigación y de existir estos los corrija, a efecto de contar con los elementos suficientes al momento de formular la acusación con alegatos contundentes de imputación, en los que se considere correctamente los grados de autoría y participación de los detenidos.
Alumnas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), denunciaron la falta de respuesta y seguimiento a las denuncias
El Rector no les responde.
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 9 de septiembre de 2020.- Alumnas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), denunciaron la falta de respuesta y seguimiento a las denuncias por acoso y hostigamiento sexual, desde hace seis meses, piden la intervención del rector, Javier Saldaña Almazán.
Las denunciantes, solicitan una audiencia con el rector, Javier Saldaña Almazán, la cual dijeron, ya han pedido hasta en dos ocasiones, sin una respuesta en ningún sentido –positivo o negativo-, “seguimos esperando una respuesta a la solicitud de audiencia con usted, sin intermediarios, ya sea de forma virtual o presencial”, expusieron.
Esto señalan, debido a que desde el mes de marzo, interpusieron denuncias ante la Defensoría de Derechos Humanos de la UAGro, en contra del emérito Camilo Valqui Cachi; Elino Villanueva González, profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, y de integrantes de la Cátedra Carlos Marx, por acoso sexual y hostigamiento, y distintas violaciones a sus derechos como estudiantes, dentro de los espacios universitarios.
Señalan que aun con la aprobación del Protocolo y Reglamento de Prevención, Atención y Sanción del Acoco y Hostigamiento de Género, “seguimos siendo vulneradas y se nos pone en riesgo ya que no hemos tenido atención mucho menos seguimiento a nuestros procesos, nuestros violentadores siguen ahí, en los espacios educativos”.
Recalcan, que no pueden vivir seguras ni tranquilas “ni nosotras, ni ninguna otra mujer que se tenga que atravesar en su camino”, por lo que afirman que es impermisible que en la UAGro, siga reproduciéndose la violencia de género.
Al mismo tiempo, externaron su preocupación ante la falta de atención y respuesta por falta de respuesta de las autoridades universitarias, y reiteraron su solicitud de audiencia al rector Javier Saldaña Almazán, hecha través de su secretario particular, Julio Solís.
Denuncia diputada del PES violencia política de género en un medio digital.
Medios locales sólo reportan la relación sentimental y política con integrantes del Grupo Universidad y no por su carrera política de diputada morenista.
Ignacio García y Lorena Piedad
SemMéxico. Pachuca, Hidalgo. 9 de septiembre 2020.- La diputada local del Partido Encuentro Social (PES), Jajaira Aceves Calva, denunció que ha sido víctima de violencia política de género desde que comenzó el proceso electoral en Hidalgo para la renovación de los 84 ayuntamientos de la entidad, ya que el medio digital Grito Informativo ha publicado información que afecta su vida íntima y personal.
La también presidenta de la Comisión de Obras Públicas y Vivienda dijo que el medio digital encabezado por Ricardo Diwey ha realizado ataques constantes a su persona desde que comenzó el proceso electoral en este año, pues la han acusado de realizar actos de campaña en favor del candidato del PES a la alcaldía de Mixquiahuala, Jorge Candelaria Martínez.
De acuerdo con la legisladora, en caso de realizar actos de campaña estaría incurriendo en un delito electoral, por lo que únicamente se ha concentrado en su función como congresista y por ello afirmó que se tratan de constantes ataques sin fundamentos sobre su vida política y personal.
Agregó que han utilizado algunas imágenes de su cuenta personal de Facebook para acusarla de imponer a personas de su círculo cercano en los comicios de de Mixquiahuala, por lo que afirmó que se trata de un ataque de violencia política de género y por ello acudirá directamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
Aceves Calva refirió que desde que comenzó la actual legislatura hace dos años dicho espacio informativo ha atacado frecuentemente su labor como representante popular, no obstante, tras la publicación de una fotografía personal sin su consentimiento, anunció que actuará conforme a las medidas legales correspondientes y se asesorará con un equipo jurídico.
Asimismo, relató que anteriormente le ha comunicado el director de ese medio informativo que a cambio de dinero podrían borrar la información crítica, por lo que se ha negado a esas peticiones y por ello no permitirá que empleen sus imágenes para difundir contenidos falsos.
La legisladora indicó que no intervendrá en aspectos políticos en el municipio, por lo que no hará campaña a favor del candidato del PES en Mixquiahuala y por ello refirió que sí dará a conocer las acciones que efectúa como diputada sin que con ello represente un elemento negativo contra la normatividad electoral.
Areli Maya Monzalvo, enjuiciada en medios de comunicación
Lorena Piedad
Durante la conferencia de prensa posterior a la primera sesión extraordinaria del Consejo General, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) confirmó la renuncia de Areli Maya Monzalvo, diputada local con licencia del PAN, a la postulación de Morena para contender por la alcaldía de Mineral de la Reforma en los comicios del 18 de octubre.
Luego de la noticia, medios de comunicación locales informaron sobre la renuncia de Monzalvo, haciendo alusión en sus informaciones, a su situación sentimental y a las relaciones políticas con dos personajes que actualmente se encuentran detenidos bajo investigación judicial.
Ejemplo de ello es La Silla Rota Hidalgo, quien además de aseverar que la aspirante “se inscribió en secreto” para ser elegida como la candidata de Morena, se describe: “Maya Monzalvo, quien llegó al Congreso local bajo las siglas del PAN, terminó en alianza con el Grupo Universidad liderado por Gerardo Sosa, hoy preso en el penal federal del Altiplano, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero”.
Aunado a ello, a criterio complementa la noticia, “Areli Maya Monzalvo, diputada local con licencia y esposa del exalcalde de Mineral de la Reforma Raúl C. B., a quien el viernes se le dictó prisión preventiva, luego de que el 28 de agosto pasado fue detenido al ser acusado del delito de uso indebido de atribuciones y facultades”.
Ante estos hechos, ningún medio de comunicación reportó la renuncia de Maya Monzalvo, con declaraciones sustentas a la fuente y reportar la declinación a contender por la alcaldía, en ninguna información se hizo un recuento de la carrera política de la diputada.
Por su parte, El Sol de Hidalgo publicó “la dimisión de Maya Monzalvo se da a una semana de la detención de su esposo y expresidente municipal de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños, acusado por el delito de administrativos y de presunto uso ilícito de atribuciones. Así también, por el arresto de Gerardo N., líder de Grupo Universidad y expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), inculpado por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, y quien supuestamente impulsó su candidatura”.
SemMéxico intentó buscar una declaración directa de la ex aspirante sin conseguirlo, en tanto, sigue en reserva la candidatura en Mineral de la Reforma, que va en común por los partidos Morena-PVEM-PESH-PT.
Para contender y ocupar el espacio que deja Areli Maya Monzalvo, se perfilan, Hilda Miranda, experredista, quien hace seis meses se integró a las filas de Morena, e Irma Hernández, secretaria de Derechos Humanos del Comité Estatal del partido.
ESPECIAL: México, CEDAW 2020 una serie de notas de SemMéxico
¿Qué va a informar? si no ha cumplido
¿De qué hablamos? Algunas respuestas para saber
12 años en espera de justicia para el asesinato de Pilar Argüello Trujillo: una de las recomendaciones
Sara Lovera
Primera Parte
SemMéxico. Cd. de México. 9 de septiembre de 2020.- El gobierno Mexicano, en breve deberá rendir cuentas sobre 73 observaciones que le hizo el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres y las Niñas CEDAW, organismo que supervisa y valora la aplicación de la Convención que es obligatoria para el gobierno y que en México se firmó en 1981.
La Convención es considerada como la Constitución de los Derechos de las Mujeres; existen miles de pendientes a los que el gobierno, con una mirada de género, debía responder. En los últimos 29 años, sin embargo las brechas se ensancharon; ahora, en los últimos dos años se abandonó la ruta: no se ha publicado el Programa Nacional de Igualdad ni el de Violencia, ambos los revisa la Secretaría de Hacienda.
En 21 meses se redujeron los presupuestos; no se han armonizado todas las leyes, se abandonaron las campañas de igualdad y no existe un Código Penal Único, como ha solicitado, insistentemente el comité de la CEDAW y no disminuyeron las cifras de violencia. Demanda urgente de ese organismo.
Esta vez, en lo que se llama informe de Medio Paso, el gobierno de la 4T deberá responder a las observaciones, 73, donde más de la mitad fueron de carácter urgente, al conocido como 9º. Informe, entregado a la nueva administración en diciembre de 2018,
Las respuestas deben ser del Estado Mexicano, conminado a reforzar acciones y acelerar el paso hacia la igualdad. Hasta ahora, según la consulta que hizo SemMéxico, ningún convenio se ha renovado con los Gobiernos de los Estados; ni con otras instancias; tampoco se han resuelto problemas acuciantes como la pobreza de género, ni se avanzó en la cultura de género, en la educación ni en los medios de comunicación donde persisten los estereotipos.
Las observaciones piden actuar especialmente sobre la violencia de género, el feminicidio, las violaciones sexuales, la prostitución, la trata de mujeres, la seguridad, y piden realizar medidas urgentes.
Estas observaciones fueron conocidas y examinadas por la actual administración, en una reunión en Inmujeres en diciembre de 2018. Con la presencia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, la totalidad de las consejeras de Inmujeres, pero, todavía, sin la presencia del gobierno federal que tomó protesta hasta el 1º. de diciembre de ese año.
Entonces se creó una Comisión de Seguimiento de las Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.[1] La Comisión presidida por la SRE como responsable de implementar el Sistema para el Seguimiento de Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos.
ANTECEDENTES
El último informe que presentó México ante la CEDAW en 2017, el noveno, tuvo la muy relevante característica de que logró que en él participaran los tres poderes, las entidades federativas y prácticamente toda la Administración Pública Federal, incluyendo a los organismos autónomos, en un ejercicio de rendición de cuentas.
La sustentación de ese informe en 2018 contó con la participación de primer nivel de las y los responsables de instrumentar las políticas públicas más relevantes de igualdad y de combate a la violencia contra las mujeres, de representantes del poder legislativo y judicial que mostraron el camino emprendido y los avances alcanzados, pero sobre todo los retos pendientes y los enormes desafíos que México enfrenta aún. Esta sustentación fue acompañada por muchas organizaciones de la sociedad civil, vigilantes de la agenda de género. Hoy no son tomadas en cuenta.
El Comité de la CEDAW, organismo que supervisa y valora la aplicación de la Convención para la eliminación de la discriminación contra las mujeres y las niñas, emitió 73 observaciones al Estado mexicano con la finalidad de que éste reforzará acciones y acelerará el paso.
El Informe de México y su sustentación mostraron que la Agenda de la Igualdad entre Mujeres y Hombres había cobrado un renovado y muy sano dinamismo, que tenía cada vez más aliados que mostraban sus compromisos con objetivos claros, acciones y metas, que abarcaba todas las esferas de preocupación no solo de la CEDAW, sino de la Plataforma de Acción de Beijing y de la convención Belém do Pará, e incidía claramente en las políticas públicas, pero también en la esfera privada con énfasis en prevenir y atender la violencia contra mujeres y niñas, y redistribuir la enorme carga de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante políticas e incentivos públicos para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Dada la importancia del tema, en el marco del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, -que sólo se ha reunido dos veces en dos años- a finales de 2018 se instaló la Comisión de Seguimiento de las Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.Comisión presidida por la SRE y responsable de implementar el Sistema para el Seguimiento de Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos. Su objetivo: integrar los avances en relación con el cumplimiento de la agenda de igualdad internacional y, sobre todo, en la prevención, atención y sanción de las múltiples violencias contra mujeres y niñas.
En este contexto México tiene la obligación de presentar en 2020 el llamado Informe de Medio Camino para dar cuenta de las acciones emprendidas para atender el grave problema de violencia contra las mujeres, rendir cuentas sobre los avances en dos de las recomendaciones más importantes de la CEDAW, la 19 y la 35, ambas centradas en prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, con especial atención en el feminicidio, sus protocolos de investigación y su adecuada sanción.
El tema de las niñas y las mujeres desaparecidas también deberá ser integrado al Informe de Medio Camino, dando cuenta de los avances alcanzados en materia de búsqueda, rescate e impartición de justicia; en la Alerta AMBER y el Protocolo Alba; en la instrumentación de políticas públicas para prevenir y enfrentar la trata de niñas, adolescente y mujeres con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. En este tema, la CEDAW establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV tiene que fortalecer la perspectiva de género en todos sus procesos, así como sus protocolos.
También es objeto del Informe de Medio Camino la Alerta de Violencia de Género y particularmente la resolución del caso de Pilar Argüello Trujillo, pendiente y atorado hasta ahora.
Se entiende que ante la Pandemia del Covid-19 la elaboración del Informe de Medio Camino quizá se retrase, pero lo que no sabemos es qué acciones se realizaron, cuáles son los avances y cómo se está integrando este informe.
Además, es relevante conocer con detalle el trabajo realizado y los resultados alcanzados por la Comisión de Seguimiento de las Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. Así como los resultados alcanzados en esta administración en el marco del Sistema Nacional para la Igualdad.
CASO PILAR ARGÜELLO TRUJILLO
La información más reciente -3 de junio 2020-, según texto de la reportera Ana Alicia Osorio señala: – México aún tiene pendiente alcanzar la justicia para Pilar Argüello Trujillo asesinada hace ocho años y cuyo caso fue llevado al Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW).
Adriana Fuentes Manzo, abogada de la asociación civil Equifonía que presentó el caso ante la CEDAW, explicó que actualmente continúan dos vías paralelas: una comunicación enviada al Estado mexicano para que llevara a cabo acciones y recomendaciones específicas por el caso entregadas en el examen que se hace a México. Del asunto no ha pasado nada.
Señaló que el Estado ha realizado algunas reuniones con el papá y la mamá de Pilar, pero hasta el momento no ha dado todas las resoluciones al respecto. “Se ha tenido acercamiento con el padre y con la madre de Pilar, han realizado las investigaciones, pero nosotras quisiéramos saber por ejemplo cómo ha impactado esta recomendación en otros procesos”, dijo la abogada.
Pilar tenía 20 años y vivía en Coscomatepec al centro de Veracruz. El 2 de septiembre del 2012 caminó hacia el centro de la ciudad y fue encontrada asesinada unas horas después. Su novio, el presunto agresor, fue detenido y él confesó el crimen, pero pese a ello fue liberado.
A partir de allí comenzó una batalla legal para intentar brindar justicia a Pilar Trujillo y a todos los otros que existen en la entidad y en el país.
“De manera paralela se están haciendo cortes, se está señalando lo que se ha avanzado en la investigación y digamos que de manera contextual en la atención de víctimas indirectas (…) todas están como haciendo, tal vez no todo lo que se quisiera en este momento, pero estamos en espera también con el otro informe de las recomendaciones de CEDAW que el Estado mexicano presente lo que hasta este momento se ha realizado”
Adriana Fuentes Manzo agregó: “La Unidad de Análisis y Contexto, lo que nosotros decíamos es: perfecto ya tienes una Unidad de Análisis y Contexto, pero necesitamos saber cómo esto ha impactado no solamente en el tema de Pilar sino también en los demás, sí creemos que necesitamos tener más información de la implementación de esta Unidad”, pero hasta el 9 de septiembre de 2020 no se sabe nada.
[1] El Sistema cuenta con cinco Comisiones, cada una tiene definidos sus integrantes, objetivos, procesos y su Plan de Trabajo. Las otras cuatro Comisiones son: De Vinculación con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La de Vinculación con el Poder Legislativo; la de Vinculación con las Entidades Federativas del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la de Seguimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Personas expertas de la organización internacional emiten una Acción Urgente
Expresan preocupación por impunidad en caso de feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín
Redacción
SemMéxico, 9 de septiembre, 2020.- Cuatro Relatores Especiales y un Grupo de Trabajo de la ONU hacen pública la Acción Urgente UA MEX 7/2020, misma que enviaron al Estado Mexicano luego de las intimidaciones y de la amenaza de muerte colocada en la puerta de las oficinas de la organización feminista Consorcio Oaxaca el pasado 15 de junio 2020.
Cabe recordar que estos ataques se dieron en el contexto de la campaña #HastaQueLaJusticiaLlegue, iniciada por la periodista y defensora Soledad Jarquín Edgar para exigir justicia por el feminicidio de su hija, María del Sol Cruz Jarquín, asesinada el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza, señala un comunicado emitido por la organización Consorcio Oaxaca.
En su Acción Urgente los Expertos expresaron su preocupación por la vida de las defensoras atacadas, así como por la impunidad en el caso del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín.
“Nos preocupa que dicha impunidad socave la lucha contra la violencia de género y el feminicidio en Oaxaca e impida aprender de lo ocurrido para asegurar que los hechos no se vuelvan a repetir.”
En este sentido solicitaron al Estado mexicano información sobre los avances en las investigaciones no sólo de los ataques contra Consorcio Oaxaca y Soledad Jarquín, pero también en el caso del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín y pidieron al Estado Mexicano que informe sobre medidas específicas adoptadas para garantizar la protección de estas defensoras.
Finalmente, instaron al Estado mexicano a tomar todas las medidas necesarias para castigar a los responsables y generar garantías de no repetición.
La Acción Urgente UA MEX 7/2020 fue suscrita por Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; Agnes Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y Elizabeth Broderick, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas. Disponible para la consulta en:
Acción Urgente UA MEX 7/2020 suscrita por Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; Agnes Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y Elizabeth Broderick, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas. Disponible para la consulta en:
De enero a julio del 2020 hay registro de 2440 mujeres asesinadas en México, así como 123 927 delitos relacionados con la violencia familiar, aun con este panorama, desde gobierno federal insisten en invisibilizar la situación
Por: Myriam Lagunes Marín
SemMéxico/Presencia. Veracruz. 9 de septiembre 2020.- Desde hace unos días las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron tomadas por grupos feministas y familiares de víctimas de diversos delitos entre los que se incluyen abuso sexual y desaparición forzada, esto ante la aparente inacción de las autoridades encargadas de impartir justicia en nuestro país, sin embargo hay muchas personas que descalifican este tipo de acciones, incluido el presidente mismo, pero, ¿en realidad tienen razón para actuar así? Vamos a hacer un breve repaso de la situación en la que se encuentra nuestro país y nuestro Estado.
De enero a julio del 2020 hay registro de 2440 mujeres asesinadas en México, así como 123 927 delitos relacionados con la violencia familiar, aun con este panorama, desde gobierno federal insisten en invisibilizar la situación, en sus dos informes el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dedicado una sola palabra a las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, es mentira que las cifras de feminicidios van a la baja, aun así decidieron recortar el 75% del presupuesto destinado al Instituto Nacional de las mujeres y han calificado tanto al movimiento feminista como a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas como conservadores en busca de desestabilizar el país.
En Veracruz hay registro de 1464 denuncias por violencia de género presentadas entre 2018 y 2019 solo hubo acción penal en 78, equivalente únicamente al 5.32%, lo cual quiere decir que en el 94.68% restante hay aún impunidad, menos de la mitad de las víctimas cuentan con asesoría jurídica, lo que por ley es su derecho; de enero a julio del 2020 hay registro del 167 desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, así como 350 agresiones, 50 feminicidios y 57 homicidios, la mayoría de ellos durante el periodo de cuarentena, en el cual no se presentó ningún plan emergente para atender las crecientes cifras de violencia contra las mujeres; del 2015 al 2019 hay registro de 456 casos de feminicidios en la entidad, solo 33 llegaron a una sentencia, los otros 423 siguen sin resolverse.
Desde mayo del 2019 no hay directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres a pesar de que la convocatoria para titular fue entregada por los consejos social y consultivo desde mayo del año pasado, este es un claro acto de violencia institucional contra todas las mujeres del Estado, ya que desde el mismo gobierno obstaculizan nuestra participación en los puestos estratégicos de toma de decisiones.
La situación que vivimos no solo en Veracruz sino en todo México en materia de falta de atención a la violencia de género es grave, no es para menos la toma de la CNDH, las marchas y las pintas feministas, son las únicas opciones que dejan las mismas autoridades al hacer caso omiso de la demanda de igualdad, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar justicia es de vital importancia si queremos cambiar esta realidad, las políticas de austeridad no aplican cuando el llevarlas a cabo se traducen en la comisión de omisiones contra las víctimas de violencia, ¿Qué más tenemos que hacer para que nos escuchen?
Los cambios pueden generar nuevos problemas y graves consecuencias
Prevenir la depresión y ansiedad en las y los michoacanos, el objetivo
Redacción
SemMéxico. Morelia, Michoacán. 9 de septiembre de 2020.- Prevenir la depresión y ansiedad, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, sigue siendo una prioridad, así lo informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).
Por lo anterior se intensificará la estrategia implementada por el Gobierno del Estado para el cuidado de la salud mental, a través de la atención telefónica.
Líneas telefónicas 800 123 2890 y 911, serán operadas desde el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), y atendidas por personal capacitado del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), se han logrado atender a 889 usuarios.
Gracias a estas llamadas se logra medir, identificar y detectar los síntomas de dichas manifestaciones emocionales, su impacto y evolución, para lo cual se les realiza una evaluación.
También informó la SSM, que la atención requerida es para pacientes con problemas de depresión, ansiedad, violencia, suicidio y adicciones, por mencionar algunos, mismos que son atendidos por especialistas en la materia (psicólogos y psiquiatras), quienes los orientan para evitar poner en riesgo su salud y su vida.
De acuerdo con el reporte del CRUM, el mes que mayor número de llamadas registró fue abril, con 158, seguido de junio, con 145, mayo 139, marzo 115, febrero 97, julio 96, enero 83 y agosto 56, las cuales han permitido salvaguardar la salud de la población.
Del total atendido hasta lo que va del año, el 66 por ciento son hombres y la atención con mayor demanda es por ansiedad.
La SSM, exhorta a las y los michoacanos a realizar ejercicio, comer sano y mantenerse ocupados en diversas actividades, a efecto de prevenir enfermedades como depresión, estrés y ansiedad durante la epidemia.
Campesinas y campesinos defienden su agua en medio de una sequía histórica.
La extracción del agua es para el pago del Tratado de Aguas Internacionales.
Redacción
SemMéxico. Cd. de México, 09 de septiembre, 2020.- Yesica Silva, una de las mujeres agricultoras de Chihuahua, fue asesinada después del enfrentamiento entre agricultores y elementos de la Guardia Nacional en aquella entidad del norte del país, cuando los primeros se opusieron a ser desalojados de la presa La Boquilla, misma que intentaron tomar en protesta a que la CONAGUA continúa con la extracción del agua que usan para sus cultivos y uso doméstico.
Hasta el momento se reportan dos personas muertas, Yesenia Silva y su esposo Jaime Torres, ella falleció después de los disparos y él murió en el hospital. Ambos iban a bordo de su camioneta de regreso a su domicilio cuando elementos de la GN les marcaron el alto y dispararon, reportan medios estatales de Chihuahua.
Un contingente de mujeres, niñas, niños y hombres desde la mañana de este martes se desplazaron en la presa La Boquilla, que se localiza en San Francisco de Conchos, para evitar que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) continúe con la extracción de agua, sin embargo, después de mediodía elementos de la Guardia Nacional disolvieron la manifestación con toletes, balas y gases lacrimógenos.
En el siguiente vídeo se pueden ver diversas escenas de los hechos
Con palo en mano, agricultores corrieron a la Guardia Nacional y tomaron el control de la presa La Boquilla, en #Chihuahua. Los campesinos aseguran que les están robando agua para llevársela a Estados Unidos y acusaron de traidor al presidente @LopezObrador_pic.twitter.com/VihpvLXYPc
Un reportaje de la agencia informativa apro, menciona que la CONAGUA extrae agua “en medio de una sequía histórica para la entidad”. La extracción del agua La Boquilla, El Granero y Las Vírgenes forma parte del pago del Tratado de Aguas Internacionales.
De acuerdo al portal https://latinus.us/, “actualmente se están extrayendo de la presa La Boquilla 81 metros cúbicos de agua por segundo, de los cuales 51 son para riego y 30 para el pago de agua a Estados Unidos”.
En redes sociales informaron que Yesenia Silva y su esposo Jaime Torres fueron atacados por la Guardia Nacional cuando regresaban de Camargo de apoyar el movimiento de agricultores. Las víctimas fueron atacadas por elementos de las unidades GN332343 y GN332340.
El reporte de la agencia apro da cuenta que a principios de esta semana, el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, durante la reunión con la Alianza Federalista, rechazó la apertura de La Boquilla “en condiciones de sequía extrema que vive Chihuahua”.
El reporte de la periodista Patricia Mayorga en apro continúa, “es una merma muy importante, subió a 82 metros cúbicos por ciento, terminaríamos con 25 por ciento de la capacidad. Hemos presentado las cifras a los funcionarios de Conagua, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienen aval nuestro a la propuesta de los productores”, agregó frente a nueve gobernadores.
En las siguientes ligas pueden consultar las notas que se usaron como fuentes para elaborar nuestro texto
SemMéxico. Cd. de México. 9 de septiembre, 2020.- Información fragmentada, paradigma cero de información, señala un principio del periodismo y de la comunicación. Los datos publicados recientemente fueron globales y fraccionados, para demostrar que el combate contra la violencia y la inseguridad en el país, está dando resultados: se aprecia una disminución de 30% en la mayoría de los crímenes, comparado con el año 2018, afirmó el presidente de México.
El Segundo Informe de Gobierno expone de manera general que hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, de vehículo, en transporte público colectivo, en transporte público individual, a negocios y a casa habitación. En todos se registra una baja del orden de 30%, en promedio. Sólo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión en 7.9 y 12.7%, respectivamente; vinculados, en lo fundamental, a la llamada delincuencia organizada.
Se denomina homicidio doloso a un subtipo del delito de homicidio que se caracteriza porque el criminal busca intencionadamente el resultado de muerte de su víctima. Se agrega en otras definiciones que, Dolo es el engaño o fraude, llevados a cabo con la intención de producir un daño mediante acción u omisión.
Ciertas palabras pueden contribuyen a la omisión del problema. La muerte de mujeres en cualquiera de las formas, pudieran considerarse feminicidios, porque el sustantivo hombre, viene del latín homo, lo que niega la presencia femenina en esos llamados “homicidios” reconocidos como, muerte de hombres.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sugirió que todos los “homicidios dolosos” de mujeres, deberían ser considerados en un inicio como feminicidios, hasta que se termine la investigación y mas adelante señaló: “Toda muerte de una mujer en mi opinión, y ojalá así sea, tiene que iniciarse como una investigación de ese ministerio. Sería un avance enorme dentro de las fiscalías. Asimismo explicó que hasta el momento, hay una diferencia en el tipo penal entre el homicidio de mujeres por razones de género y el ocasionado por el crimen. Por lo tanto, considera que son dos conceptos penales diferentes. https://www.forbes.com.mx/
Las violencias de género continúan presentes, como se aprecia en otros datos oficiales. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que, de 2018 a 2019 aumentaron los feminicidios en 19 estados de la federación. En el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio se agregaron que, en ambos años, fueron asesinadas casi 10 mil mujeres en el país y pero, ¡menos del 20 por ciento de estos delitos, fue investigado por razones de género, aunque las autoridades los consideraban como posibles feminicidios!
Se reitera que el feminicidio es un delito que no ha disminuido, según los datos que informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Entre enero y julio de 2020 se registraron 566 feminicidios en México que representó un aumento de 5,4% con respecto al año 2019 y de 9,6 con relación al 2018.
Aparecen esos llamados homicidios dolosos o intencionales de mujeres y niñas esclarecidos, que han permitido apresar a los responsables de muchas de esas muertes, y sancionarlos con penas de treinta a sesenta años de prisión con la exigencia reparación integral del daño, según la Agencia mexicana de fotoperiodismo y Revista de fotografía dedicada a la información periodística desde 1986. www.cuartoscuro.com
Isabel Mateo comunicadora y reconocida fotorreportera, participante de la pasada exposición “Desde nosotras, la mirada femenina en el fotoperiodismo mexicano” que juntó a tres generaciones de mujeres fotoperiodistas cuyas obras revolucionaron el oficio gráfico en México. Extraordinarias imágenes de 59 fotorreporteras y documentalistas reflejaron el quehacer femenino en la sociedad y ellas, como creadoras artísticas merecen reconocimiento con la publicación de sus nombres, Isabel Mateo, Victoria Valtierra, Andrea Murcia, Christa Cowrie, Elsa Medina, Frida Hartz, Sashenka Gutiérrez, Ilse Huesca, Gabriela Esquivel, Karina Tejada, Mónica González, Victoria Razo, Berenice Fregoso y Lucía Godínez, entre otras.
Ese otro México, también se reflejó en los materiales fotográficos que hoy, se mantiene vigente en los aterradores datos policiales, que informan acerca de los primeros siete meses de 2020, donde se padeció el dolor de 2 mil 223 asesinatos de mujeres, de los cuales, solo el 24.6 por ciento se indagó como feminicidio porque, ¡Ni muertas las mujeres aparecen!
