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Los deseos del ProIgualdad

Olimpia Flores Ortiz

SemMéxico, 14 de septiembre, 2020.- Cuánto desasosiego esta semana por la iracundia de muchachas feministas manifestada con tomas de instalaciones de comisiones de derechos humanos en la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla y Tabasco, hasta ahora. Un no poder estar con mi feminismo en estera y por redes, mucha impotencia. Desde ningún punto de vista está en mi descalificar estas señales de agotamiento de las jóvenes generaciones: Feminicidios, desapariciones forzadas, violencia recrudecida, imposibilidad de trazar el propio horizonte, vacío institucional, torpeza de Estado.

En este mi impotente cavilar desde el confinamiento, en el que persisto a fuer de la incertidumbre sobre las dimensiones de la pandemia en el país y su control, con fortuna me tropecé la mañana de este viernes 11 de septiembre (de fatídica memoria, Chile, Nueva York), con la presentación en línea que el Instituto Nacional de las Mujeres hizo del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2019-2024 a la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Aún espera a ser publicado por el Presidente de la República.

Es la primera vez para mí que un planteamiento programático de gobierno en México con la problemática del feminismo, me hace sentido; me suena feminista sin ambages.

La brecha de género existe en las diferentes vertientes de la política pública, en la economía, en el trabajo y la brecha salarial, en la salud, en la educación, el deporte, en la cultura, en el arte, en la política en la ciencia y hoy, de manera muy relevante, en la tecnología. Y por supuesto, en la política, entendida como representatividad y poder de decisión. 

La perspectiva de género en la política pública, ha sido un proceso que devanea sin encontrar su concreción, en primer lugar, debido a la resistencia cultural e ideológica al respecto, que redunda en un no entender cómo fundirlo. Las vertientes de la política pública caminan por líneas separadas, por lo que no encuentran articulación, no alcanzan a ser un modelo integral y de mirada compleja, que tome en cuenta los cruces y las circunvoluciones que sus múltiples aspectos presentan. No hay teoría de conjuntos.

Es un avance conceptual que el Inmujeres establezca que la perspectiva de género en tanto política transversal, requiere a su vez de la transversalidad de políticas para la autonomía económica; un sistema de cuidados; y la construcción de no violencia.

Efectivamente, por separado, estas transversalidades no han tenido destino.  Y digo que el Programa me suena feminista, porque abordar en primer término la autonomía económica de las mujeres es un salto cultural cualitativo que se distingue de las ideas hacia la derecha que no quieren mover su papel en la familia y que por lo tanto se resignan a un poco más de lo mismo, como si la infructuosidad se salvara con más recursos.

¿Puede acaso tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo una mujer que no puede comprarse la ropa interior? Es una falacia. Y, sin embargo, la visión es fragmentada. Por un lado, camina la exigencia del derecho a decidir, y por otro, y sin la misma vehemencia, el derecho a la autonomía económica. ¿Puede desprenderse de un círculo de violencia conyugal una mujer dependiente económicamente y sin patrimonio? No tiene cómo ni adónde ir, ni cómo sobrevivir, mucho menos cuando tiene hijos menores de edad.

Así de fácil es el planteamiento de la articulación, pero también así de fácil ha sido eludirlo, porque en el fondo de la disputa de poder entre los sexos, se encuentra el control de los recursos. El feminismo es, -tiene que serlo- una propuesta que disienta del modelo neoliberal, de lo contrario, se contenta y hace maje, cuando no cómplice de la democracia de mercado, que no es democracia, sino un subterfugio que requiere estadísticas para la simulación. ¿La camarilla actual que gobierna el Inmujeres está dispuesta a impulsar una visión alternativa? Está por verse que tenga manera.

Hablaron pues de autonomía económica; salud y bienestar; sistema de cuidados; no violencia; paridad y entornos seguros. Redondo.

Y se refirieron a estrategias necesarias en la inmediatez como la armonización legislativa en toda la Federación; un solo tipo penal de feminicidio; hablaron de violencia obstétrica, de niñas y niños en la violencia; y de los derechos de las mujeres transgénero. Cultura de la igualdad.

Tienen claro que para la autonomía de las mujeres es necesaria la compatibilidad de los horarios laborales con los servicios de cuidado que ya no serían de su exclusiva responsabilidad y los escolares. Para que la familia cambie tiene que haber organización social que lo haga factible. Hablan de la alineación de estrategias.

Nada de ello es realmente novedoso, se dijo desde los inicios del Inmujeres en el 2000, por su Consejo Consultivo. En ese entonces se insistió en la imperiosa necesidad de formación de los cuadros medios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública en los órdenes de gobierno. Se hizo incluso un ejercicio para detonarlo, pero no había cómo aterrizar una gran ambición desde la estrecha mentalidad del Presidente de entonces y de la propia Presidenta del Inmujeres. Le tuvieron pavor a una alianza interinstitucional. ¿Puede ser diferente hoy?

Hay definitivamente un giro en la concepción del Inmujeres; como lo hay en la movilización feminista que irrumpe con las nuevas generaciones exigiendo ya sin paciencia, su lugar en el mundo. No quiero decir en el desarrollo, porque tal ni va ni es ascendente: ahí el desencanto generacional.

Pensemos pues en lo que sigue, desde la lógica del movimiento feminista y sus nuevos giros. Puede ser o no un factor la visión estructural que expone el Inmujeres, qué bueno que por lo menos hay enunciado. Los Parlamentos de Mujeres que se hacían en la Cámara de Diputados, obraban para colectivizar agenda. Hasta que se fragmentaron por falta de consensos entre los extremos: la negación del derecho a decidir vs el lugar prioritario que tenía en la agenda, sin detentar la fuerza para respaldarlo, porque la exigencia no convocaba a los grandes contingentes de mujeres expectantes o en contra. El aborto es aún un problema sin resolver y que divide.   

Otro cabo suelto, es el de la coyuntura que es pandemia, crisis de salud y económica, violencia doméstica recrudecida, desmantelamiento de espacios de concertación de derechos humanos y pérdida de recursos para el cuidado por la gracia unipersonal del primer mandatario; violencia mediática desatada, brecha digital sobrexpuesta, desorganización de la jornada laboral y retroceso en los derechos del trabajo. De la pandemia deriva una necesaria reorganización de la agenda que pone de relieve el tema soslayado de la espacialidad feminista que no se asocie al concepto de estructura familiar tradicional. El confín de lo privado recrudece la violencia, pone de manifiesto la urgencia del sistema de cuidados que sin más se les devuelve naturalmente a las mujeres; y la carencia de vivienda, más que de refugios que sea la verdadera alternativa para mujeres en situación de violencia.

En contradicción absoluta con la congruencia intelectual del Proigualdad, lo que campea es un Estado militarista garantizando las políticas securitistas, y la política migratoria nugatoria de los derechos humanos. El enfoque de derechos, ha pasado a ser de otro tiempo ya ido; y la perspectiva de género no hay por donde entre en la mollera presidencial, no accede intelectualmente.   

Finalmente, un Presupuesto de Egresos de la Federación engañoso: “Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres En el PPEF para el ejercicio fiscal 2021, se propone para este Anexo un presupuesto de 128,092.2 mdp para la instrumentación de las políticas públicas relacionadas con la Igualdad entre Mujeres y Hombres, lo que implicaría 24 mil 574.4 mdp adicionales a lo aprobado para este tema en 2020, y que en términos reales significaría 19.6 por ciento. Al interior del anexo, el presupuesto se concentraría en el Ramo 20 Bienestar en el Pp “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”.” Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Cámara de Diputados. Hay que avisarle a Nadine Gassman, Presidenta del Inmujeres, para que no lo ande publicitando como avance.

¿Qué sigue en este escenario que acusa inviabilidad para el giro conceptual del Proigualdad?

Semáforo pendular, Oaxaca regresa a estado en naranja. A punto de la no celebración de las fiestas patrias.

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Proyecto de Presupuesto 2021, quita 13 programas para la igualdad

  • Se disminuyen para prevenir la violencia el 14 por ciento y al PAIMEF 3.2 por ciento
  • La Salud Sexual y Reproductiva tendrá una disminución del 2 por ciento
  • Se proyecta el mayor gasto a programas del presidente de la República

Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 13 de septiembre 2020.- El proyecto de presupuesto 2021  debe responder a los objetivos de igualdad de género, no obstante  desaparecen en el proyecto de presupuesto  13 programas del anexo para la igualdad, disminuyen recursos a la Secretaría de Gobernación en materia de violencia contra las mujeres, a la Secretaría de Salud, en salud materna y  salud sexual; al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), a la prevención de la violencia y se destina la mayor parte del presupuesto a los programas presidenciales.

Durante la primera reunión interinstitucional de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputadas, con funcionarias públicas encargadas de la política de género, la diputada panista Mónica Sobrado Rodríguez, especialista en presupuesto, dijo que una primera mirada al proyecto, ratifica que en igualdad  el mayor recurso se destina a adultos mayores y esta vez se crean 8 nuevas líneas presupuestarias,  dedicadas a vivienda, fertilizantes, microcréditos para las familias afectadas por el COVID-19 . Los recursos abultados y que parecen contener aumentos en realidad son destinos de gasto a proyectos presidenciales ubicados en los ramos 20 y 08, que significan hasta el 70 por ciento de toda la asignación.

Explicó que de todo el presupuesto sólo el 2.03 por ciento está destinado al anexo para la igualdad; que hay un pequeño aumento de 5 millones para el Instituto Nacional de las Mujeres Inmujeres, prácticamente el mismo que en 2020.

 Afirmó que ahora, la tarea de las diputadas es analizar el significado de los recortes y los aumentos a cada uno de 90 proyectos presupuestarios del anexo 13. Y que esta vez, insistirán en que no se hagan recortes como los sucedidos en 2020.

Luego todas las funcionarias del gobierno presentes, expresaron que falta dinero, acusadamente para Salud y Violencia, incluso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quién tiene el encargo de ley para atender la emergencia de la violencia contra las mujeres, pidió a las diputadas que consideren mayor presupuesto. A esa secretaría en lo global, según el proyecto, le quitan el 2 por ciento.

Por línea presupuestaria decrece el gasto para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, en 10.75 por ciento; a muerte materna y salud sexual el 2 por ciento, a la prevención de la violencia el 14 por ciento; se reestructura el presupuesto para refugios de atención a las mujeres violentadas y queda en  más de 400 millones, pero en este caso dijo la diputada Sobrado Rodríguez, habrá que tener mucho cuidado en los términos de las reglas de operación en la  convocatoria para asignaciones.

Explicó que además del 46 por ciento del presupuesto de igualdad para adultos mayores, hay un 29 por ciento para agricultura, sobre todo para fertilizantes y para becas juveniles el 22 por ciento. Se quita al PAIMEF 3.2 por ciento. En total son 38 programas los que responden a los que importan al presidente de la República.

También hay asignaciones para Inegi, que hará la nueva Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH, el instrumento más importante para conocer la persistencia de la violencia contra las mujeres en todos los rubros.

Destacó que el anexo 13 tiene asignado, en el proyecto, poco más de 128 mil millones de pesos, con un incremento en relación a 2020 que significa pasar el 1.7 por ciento de todo el presupuesto a 2.3 por ciento. El problema es que de esa cantidad, las asignaciones a adultos mayores se lleva casi 60 mil millones , 46 por ciento, que sumados a los otros proyectos mixtos, en realidad para la transversalidad y asuntos diferenciados para las mujeres, sólo habrá 30 por ciento, el porcentaje más bajo de los últimos años.  

CEDAW 2020 | ¿Qué informará México? Disminuyó el papel de Inmujeres y le quitó recursos

ESPECIAL: México, CEDAW 2020 una serie de notas de SemMéxico
  • Pendientes añejos y preocupantes como Acteal e indígenas Tzeltales; ahora represión a feministas
  • Obligaciones incumplidas: aumentaron asesinatos de periodistas, persisten estereotipos y una cultura de familia autoritaria
  • Aplausos por la paridad, alertas sobre la violencia política de género: 17 asesinatos en 2018

Sara Lovera

Foto: Galo Caña/cuartoscuro

Quinta y última parte

SemMéxico. Cd. De México. 13 de Septiembre 2020.- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW,  firmada por los gobiernos en 1979 y ratificada por 189 en 1981, incluido México, obligó a los gobiernos a poner en sus políticas públicas todos  los instrumentos necesarios para  conseguir la igualdad de género y contribuir con legislación y programas de largo plazo para un cambio ideológico en  la sociedad que permitiera avances progresivos, de modo que nadie estuviera al margen del respeto y promoción de los derechos humanos de las mujeres con acciones efectivas contra toda clase de discriminación.

En esa  tarea que México, en 39 años  no ha cumplido más que parcialmente,  según el análisis de las recomendaciones, algunas reiteradas e insistentes desde 1999; no hizo una reforma educativa con perspectiva de género; socaba y restringe los derechos y la libertad de las mujeres; regatea los recursos específicos; no sanciona a los medios de comunicación que reafirman la desigualdad cotidianamente, hay impunidad en el asesinato de periodistas; existe un proceso  sostenido por una visión conservadora en amplias franjas de la sociedad, ha dejado, casi intacta a la familia autoritaria y al funcionariado que opera programas e instituciones colocando a las mujeres como dependientes y sumisas o como libertinas y objetos sexuales.

En el comité de la CEDAW los exámenes bianuales de los informes de cada Estado, reconoce a México por sus avances legislativos ya que el andamiaje legal garantiza de jure, prácticamente todos los derechos de las mujeres, incluidos los de la diversidad y el multiculturalismo. Sin embargo, en la práctica en esas casi 4 décadas, los pendientes son mayúsculos si se considera que la violencia es la expresión más ominosa y continuada de la discriminación.

En las recomendaciones sobre las que hay que informar, conocidas por la presente administración en 2018 el Comité lamenta que todavía no hay  justicia para las mujeres abusadas en Atenco hace 14 años; como el caso de la violación de mujeres indígenas, en Altamirano, Chiapas en 1994; tampoco ha reconsiderado la presencia militar en el territorio nacional que sigue poniendo en riesgo la seguridad y la integridad de las mujeres; no ha resuelto la eficacia la tarea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo papel, por ley, es vigilar la aplicación de la política de igualdad en el gobierno de la República.

Así la construcción de instituciones, programas y acciones, reconocidas y aplaudidas sólo han sido posibles por iniciativa y presión sostenida y consistente de la sociedad civil, especialmente de las feministas, reconoce y destaca el Comité de la CEDAW, en 9 balances, publicados y comparables.

Califica  los avances con claro oscuros según los cambios de gobierno. Las acciones son inconstantes y los recursos económicos sistemáticamente regateados. Ha faltado continuidad, evaluación y seguimiento. Especialmente rezagado resulta el comportamiento del poder judicial y muchos de los gobiernos de los estados que no han armonizado sus leyes secundarias para dar cumplimiento a la igualdad, centro de la Convención.

Ahora, el que se llama informe de Medio Camino, la pregunta es ¿Qué va informar el Estado?, cuando el grueso de las recomendaciones está enfocado a la creciente, sistemática y oprobiosa violencia de género. México es un país, entre 5, que en la ley garantiza la plena participación política de las mujeres, ensombrecida por la violencia, que en 2018 dejó 17 candidatas asesinadas y más de 300 agresiones.

Se garantiza en ley la libertad de expresión, pero hasta 2020 los asesinatos de periodistas según el conteo de Artículo 19 del año 2000 al 9 de septiembre de 2020 han sucedido 135 asesinatos de periodistas en México, 124 hombres y 11 mujeres. De éstos 47 se registraron en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y 15 en 21 meses del mandato de Andrés Manuel López Obrador.  El más reciente es el de Julio Valdivia, asesinado el 9 de septiembre en Veracruz.

Como muestra, un botón: 4 de septiembre, último, Artículo 19 denunció al Juzgado Mixto de Primera Instancia en el Rosarito, en Baja California, por condenar a la periodista Carmen Olsen a una pena de seis meses de prisión por el delito de “ultrajes a la autoridad”. Una sentencia, dijo, que constituye un grave retroceso contra la libertad de expresión en México y la posibilidad de usar el aparato judicial para acallar el trabajo de periodistas.

La Convención en su artículo dos es explícita para reconocer a la sociedad civil. En los últimos 21 meses opera una expulsión silenciosa y pertinaz de organizaciones de mujeres organizadas, en los hechos y en los discursos presidenciales. Además están sometidas a escrutinio expertas y defensoras de los derechos de las mujeres, organizaciones que alertan hoy al comité de la CEDAW sobre lo que sostienen, es una regresión a lo relativamente avanzado, según los informes alternativos que ya preparan.    

Existe la sensación, que 39 años después, todo parece pendiente y hay que volver a empezar: peligran las estadísticas por sexo, los diagnósticos, el trabajo de campo de las feministas, la libertad de expresión; los recursos para paliar no sólo la violencia, sino la salud, la participación política y la educación y capacitación en género, los programas específicos, las tierras en las comunidades. Obligatorio es que se trabaje y convoque y se supervisen las acciones en los estados de la República y los municipios.

 La violencia contra las mujeres en la vida cotidiana y la infringida en menos de un mes contra las colectivas feministas, es un dato revelador. La definición de que se trata de mujeres “manipuladas” o se las vea como “agitadoras”, es al menos, un desdén desde los poderes, contra la realidad.

OBSERVACIONES: PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PRIVADA

El comité solo hizo dos recomendaciones, en relación a la participación política, tras reconocer los enormes avances en el objetivo de que la mujer participe en pie de igualdad con el hombre en la vida política a nivel federal, tras la reforma constitucional de 2014 sobre la paridad en los procesos electorales, donde la conjunción de legisladoras, el Instituto Nacional de las Mujeres y la sociedad civil, especialmente del Grupo Plural, fue responsable de este avance.

No obstante advierte que los marcos jurídicos aún podrían ocasionar incumplimiento del sistema, como el bajo número de mujeres indígenas en la vida política. Y del contexto discriminatorio.

Pidió que el Estado se asegure de que las entidades de la República cumplan con los marcos jurídicos inclusive enmendando o derogando las disposiciones discriminatorias contra la mujer, como el párrafo 2 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y estableciendo sanciones en caso de incumplimiento, que se dará en positivo. Ya el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal han acordado sanciones para los partidos si no entregan listas paritarias y sanciones a los probables candidatos que sean identificados como violentos.

Pide eliminar, a través de políticas con visión de género, los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida política de sus comunidades, inclusive realizando campañas de concienciación orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida política en los planos estatal y municipal y se asegure de que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar un porcentaje fiscalizado de sus fondos para esta obligación.

PERIODISTAS: recomendaciones urgentes en noviembre de 2018, ante la preocupación de los riesgos persistentes  para las periodistas y las defensoras de los derechos humanos, en el ejercicio de su profesión, frente a las cifras de asesinatos y agravios. Puesto que tiene denuncias de éstos como las acciones difamatorias, abuso sexual, hostigamiento y feminicidio el Comité  además reclama la demora de las autoridades competentes en adoptar medidas para garantizar los derechos humanos de las periodistas y las defensoras de los derechos humanos, en particular, la libertad de expresión, la vida, la libertad y la integridad de la persona. No hay acceso a la justicia ya que la mayoría de las denuncias en  mayoría de los casos de violencia contra periodistas, no se han resuelto y se preocupa de que los informes constatan que la mayor parte de las ofensas y crímenes habrían sido perpetrados por agentes del Estado. Pide que los prevenga.

Insta a que  se garantice la rápida aplicación de la Ley de protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos, en los planos federal y estatal a fin de garantizar la vida, la libertad y la integridad de las periodistas y las defensoras de los derechos humanos, y vele por que no sean objeto de ningún tipo de violencia; que dé  prioridad al establecimiento del Mecanismo de protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos previsto en la Ley de protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos y se  asegure de que incluya un enfoque de género;

IGUALDAD: Luego de reconocer la importancia de la aprobación en 2006 de la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, llama al Estado para que fortalezca el Instituto Nacional de las Mujeres como su mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y observa con reconocimiento la posible  promoción de su presidenta a rango ministerial, así como la existencia de recursos financieros y humanos adicionales y la mayor influencia del Instituto en los planos federal, estatal y municipal.

Recomendación incumplida. No se elevó a rango ministerial el Inmujeres, en la práctica, en los últimos dos años, se le ha relegado; es como una oficina alterna de la Secretaría de Gobernación; se minimizó su papel de promotora y vigilante de la política de igualdad;  no trabaja con la Conago, quitó los recursos a la sociedad civil, sostiene que el presupuesto no debe aplicarse a programas específicos de género y suspendió su interlocución con las feministas y su papel de rectora de la política de género, se ha desdibujado. En 21 meses de la nueva administración, no pudo negociar con Hacienda, los recursos para el Programa Nacional de Igualdad, que todavía no se pública.

RESUMEN DE PREOCUPACIONES GLOBALES

El Comité explica y reitera por qué el Estado debe cumplir con la CEDW, la carta de ruta sustantiva para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, fomentar y asegurar la no discriminación, reconocer las diferencias y desarrollar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención, de 30 artículos constitucionales, adoptados en todo el mundo.

Le recuerda al gobierno aplicar de manera sistemática y duradera todas las disposiciones de la Convención, atención prioritaria desde 2018 hasta la presentación del próximo informe periódico que será en 2022, ahora por eso se llama de Medio Paso.

Conmina al gobierno a que se centre en esas esferas, buscando la igualdad de facto y a que en su próximo informe periódico comunique las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. A que presente a todas las secretarías competentes y al Congreso las observaciones finales para garantizar su aplicación cabal.

Insiste,  no hay una armonización sistemática de la legislación y de otras normas federales, estatales y municipales con la Convención, lo cual tiene como consecuencia la persistencia de leyes  discriminatorias; lamenta las escasas explicaciones proporcionadas sobre los mecanismos existentes para que los estados cumplan las leyes federales y los tratados internacionales de derechos humanos en que México es parte, así como sobre las medidas que se toman cuando los estados y municipios no adoptan las reformas legislativas necesarias para garantizar su cumplimiento.

 El Comité insta al Estado a que ponga en marcha un mecanismo eficaz para asegurar y supervisar este proceso de armonización. Recomienda que adopte medidas para fomentar la toma de conciencia sobre la Convención y las recomendaciones generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados

y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal.

Se trata de otras cinco sustantivas: debe ser obligatoria la Convención en todos los estados de la República; crear, desde el gobierno central un vínculo obligatorio entre los niveles federal y estatal en la formulación de políticas y disposiciones legislativas.

Hasta el momento del examen, lamenta que no existen mecanismos suficientes para coordinar y lograr la interacción con los estados y los municipios en este proceso, tanto como la inexistencia de este mecanismo de coordinación.

Apenas ayer, la Secretaria de Gobernación dijo que no existe y el Inmujeres no trabajó en 21 meses con las y los gobernadores.

CNDH, El comité le recuerda al gobierno que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la designada como institución encargada del seguimiento y evaluación de la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, le preocupa que quizás esta institución no cuente con los conocimientos especializados en cuestiones de género ni con los recursos humanos y financieros necesarios para desempeñar esa función.

El comité, todavía no adivinaba cómo se designó a Rosario Piedra Ibarra y cómo esta CNDH ni enterada está de esta responsabilidad, como se ha visto.

A pesar de ello, dice claramente en 2018 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reciba los recursos financieros para esta labor.

También le dijo al gobierno que debía poner en marcha una estrategia eficaz, con prioridades claras, todos los esfuerzos destinados a lograr que se respeten los derechos humanos de la mujer.

IDEOLOGÍA: El comité sigue muy preocupado ante las actitudes patriarcales comunes que impiden a las mujeres disfrutar de sus derechos humanos y constituyen una causa fundamental de la violencia contra ellas. Afirma que persiste un clima general de discriminación e inseguridad reinante en las comunidades; los lugares de trabajo, en particular en las maquilas; y los territorios con presencia militar, como las zonas de las fronteras norte y sur, que pueden poner a las mujeres en un peligro constante de sufrir violencia, maltrato y acoso sexual y en todos los casos se castigue a los culpables.

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Redes de Derechos Humanos exigen a Gobernación cese hostilidades contra feministas

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  • Advierten que hay represión y exigen estado de derecho e investigar y detener a los culpables
  • Sostienen que mientras no se atienda con profundidad la violencia contra las mujeres la protesta continuará

Argelia Guevara

SemMéxico. Cd. de México. 12 de septiembre 2020.- Tres iniciativas de derechos humanos y derechos sociales y económicos denunciaron ayer que el jueves 10 de septiembre, en Culiacán, Sinaloa, activistas y defensoras de derechos humanos fueron violentamente reprimidas por fuerzas de seguridad al acudir a una concentración. Lo que se suma a los hechos semejantes, criminales y arbitrarios en Ecatepec, León, Guanajuato, Delicia Chihuahua y San Luis Potosí, temen por la seguridad de todas las mujeres que continuarán sus protestas.

Estas organizaciones, nacionales y mesoamericanas denuncian al Estado Mexicano y exigen el cese de la represión, la violencia, las detenciones arbitrarias e ilegales contra feministas; a los gobiernos federales, estatales y municipales para que cese el hostigamiento.

Las acciones de represión, en las últimas semanas involucran a las fuerzas federales y a las policías de al menos 9 entidades del país. Exigen a las autoridades realizar una investigación pronta y expedita que identifique a los culpables. A la secretaría de Gobernación, especialmente a la subsecretaría de Derechos Humanos, para que se giren acciones preventivas y de atención directa a las agredidas.

Advierten en un pronunciamiento que tienen la certeza de que la protesta y la exigencia del respeto a los derechos humanos de las mujeres, desde las, feministas, activistas y sociedad civil organizada continuará en tanto no se aborden a profundidad y con verdadero compromiso los problemas estructurales que generan violencia, desigualdad e injusticia principalmente en contra de las mujeres.

Firmado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) exigieron que se respete la protesta y se dé respuesta a las demandas.

En el marco de la difícil situación polarizada y con múltiples conflictos, señalan que el derecho a la protesta, a la ocupación del espacio público, a la defensa de los derechos humanos de las mujeres es indispensable en la construcción de un Estado democrático.

Ello, agregan, sólo es posible con la participación activa y plena de las mujeres en la sociedad. La represión de la movilización y la manifestación, por el contrario, desaniman la participación y la organización de las mujeres; desalienta la ocupación del espacio público y atemoriza la expresión de sus opiniones.

Los hechos recientes como los sucesos de la  madrugada del  viernes 11 de septiembre en el municipio de Ecatepec, Estado de México, cuando  elementos policiacos desalojaron  con violencia a las  feministas que de manera pacífica y legal habían ocupado el edificio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en solidaridad con quienes mantienen de forma permanente ocupadas las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, es un hecho reprobables y una ceguera para no ver  una exigencia de justicia frente al alto índice de violencia contra las mujeres en el país. 

Esta última acción, denuncian ha implicado detenciones arbitrarias seguidas de incomunicación, falta de acceso, dilación a la defensa legal, uso excesivo de la fuerza pública, incautación y/o daños a sus equipos telefónicos y violaciones al debido proceso, todo ello documentado.

Una acción de esa naturaleza, sostienen puede conducir a desapariciones forzadas e intervención de sus redes sociales que se suma al continuum de represión y violencia que estas redes documentan, y en las últimas semanas, sucesos a lo largo del país. Ahí están las intervenciones de la policía en las manifestaciones de feministas y grupos campesinos en defensa del agua en Chihuahua; León, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí.

DEMANDAS

1- Demandamos al Estado Mexicano el cese de la represión, la violencia, las detenciones arbitrarias e ilegales hacia compañeras feministas y defensoras de derechos humanos, principalmente por parte de gobiernos estatales y municipales.  

2- Hacemos un llamado urgente a los gobernadores de Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Michoacán y Estado de México a garantizar la protección del ejercicio del derecho a defender derechos humanos y prevenir la criminalización de la protesta social feminista.

3.- La realización de una investigación que permita identificar a los responsables, materiales e intelectuales, de las violaciones a derechos humanos ocurridas contra las manifestantes, así como el castigo a los responsables.

4.- Al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, asumir la responsabilidad que le corresponde por la violencia perpetrada en contra de defensoras de derechos humanos, activistas y manifestantes, durante su administración y que ha conllevado la criminalización, judicialización,  encarcelamiento, represión violenta, y amenazas de defensoras de derechos humanos. 

5.- Al Gobierno Federal, específicamente a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación gire inmediatamente acciones preventivas y de atención directa a las defensoras agredidas en los hechos señalados a partir de sus facultades de Protección a las Personas Defensoras de DDHH y Periodistas. 

Para la igualdad de las mujeres el presupuesto de 2021 prevé un aumento de 23 por ciento

  • Las mayores cantidades de gasto son para programas que   no son exclusivos para mujeres.
  • La propuesta deja opaco o sin recursos programas específicos en salud, educación y transversalidad

Sara Lovera/Foto: Reuters

SemMéxico. Cd. de México. 12 de septiembre 2020.- Este 11 de septiembre ante las diputadas que revisarán las asignaciones para la igualdad en el presupuesto 2021, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Silverman, les informó claramente: un presupuesto público pro igualdad de género no es un presupuesto específico para mujeres.

Y les explicó, con ayuda de Celia Aguilar, directora de presupuesto en Inmujeres que un presupuesto con visión de género reconoce:

  • Las construcciones de género como normas que rigen las relaciones sociales; las diferentes posiciones y condiciones que mujeres y hombres tienen en la sociedad como producto de las relaciones genéricas; la existencia de desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales entre hombres y mujeres, resultantes de esas  relaciones; que ve las diferentes necesidades de bienes y servicios públicos en mujeres y hombres por las posiciones y condiciones desiguales entre mujeres y hombres, generalmente desfavorables para las mujeres.

La propuesta del proyecto de egresos para 2021 que examinarán las diputadas en relación a los rubros etiquetados en 2020 prevé un aumento de 23 por ciento, se ubica en gastos para Acciones a Realizar que Promuevan la Igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. Para el 2021, estas acciones tendrán un presupuesto de 128 mil 092 millones de pesos. En 2020 fueron asignados 100 mil 694 millones, sin considerar recortes y subejercicio. De poco más de 128 mil millones, 50 mil 967 se ubican en acciones para mujeres y hombres. Es decir el 40 por ciento.

No es posible encontrar asignaciones específicas para problemas femeninos diferenciados, para salud, educación, transversalidad y otros programas ahora opacos en la propuesta.

De la propuesta, no obstante, los mayores desembolsos corresponden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con 10 mil millones de pesos y la Secretaría del Bienestar, con 71 mil, 779 millones. Becas y ayudas a personas mayores y a la juventud, donde se incluyen hombres y mujeres.

El rubro de diseño e instrumentación de la política pública en materia de: igualdad entre mujeres y hombres; de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres tendrá un presupuesto de 51 millones de pesos.

Para la construcción y equipamiento de centros de Justicia para las Mujeres se tendrá un presupuesto de 122 millones de pesos, un avance respecto de los 107 millones asignados en 2020.

Hay que recordar que  como parte de las medidas de austeridad en gasto público ante la contingencia, en julio, la junta de gobierno del Inmujeres, en el que participan consejeras elegidas en 2018 por Inmujeres,  aprobó una reducción al presupuesto de ese instituto del 75 por ciento,  equivalente a un monto de alrededor de 150 millones de pesos.

El recorte sería efectivo para servicios generales y materiales y suministros para ser destinados a la emergencia de salud. En 2021, el presupuesto para Inmujeres se propone en 830 millones de pesos, cuatro millones más que el presupuesto de 826 millones de pesos aprobado para 2020. En el presupuesto específico para Inmujeres, se incluye el gasto a acciones de transversalidad para las entidades de la República.

Los programas que reciben mayor gasto en el proyecto para 2021 son:

  • Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores: 59,199 millones de pesos
  • Jóvenes Construyendo el futuro: 9,942 millones
  • Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez: 7,984 millones de pesos

CEDAW 2020| El Comité hizo observaciones sobre la salud sexual y reproductiva: incumplidos

ESPECIAL: México, CEDAW 2020 una serie de notas de SemMéxico
  • Disminuye dotación de anticonceptivos y crece el embarazo no deseado
  • Violación a derechos humanos: violencia obstétrica sin legislación nacional a pesar de 50 recomendaciones de la CNDH
  • El sector salud disminuye servicios, presupuestos y deja sin atención a mujeres rurales

En una pequeña comunidad a pocas horas de camino de Altamirano, una señora tojolabal me mostró su brazo derecho y me señaló un dispositivo electrónico bajo la piel que le fue implantado hace poco menos de dos años, después de dar a luz a su hija Guadalupe, por algunos médicos del IMSS del país. «Me dijeron que era por mi propio bien y que mi marido estaba de acuerdo. 40 años después continúan prácticas de esterilización forzada.  https://www.pressenza.com/es/2020/05/esterilizacion-forzada-el-horror-continua-en-altamirano-en-chiapas/

Sara Lovera

Cuarta parte

SemMéxico. Cd. de México. 12 de septiembre 2020.- En unas semanas el Estado Mexicano tendría que responder al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW sobre el cumplimiento de las observaciones temporales que hizo en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, especialmente sobre la Interrupción Legal del Embarazo, la muerte materna, las esterilizaciones forzadas, los embarazos en niñas y adolescentes y la anticoncepción.

 A esta fecha, según informes consolidados de la Secretaría de Salud, repuntó la muerte materna asociada al coronavirus, antes había caído 3 por ciento luego de 15 años de ir a la baja y asociada al pandemia tuvo un repunte de 308 por ciento solo en julio último.

El embarazo en adolescentes creció por la parálisis de la estrategia delineada en 2014 y la negativa a cumplir con la Norma 046; la interrupción del embarazo sigue siendo insegura y por su clandestinidad mueren al año al menos 500 mujeres; los servicios de anticoncepción están limitados y la falta de previsión, durante la pandemia del COVID-19   produjo la muerte de médicas y enfermeras, 300 según el último reporte oficial de la Secretaría de Salud.

Se desdeñaron los servicios de las parteras tradicionales para atender la emergencia y la estrategia prioritaria no funcionó. No hubo una alterna para atender partos y puerperio durante la pandemia, en escuelas u hoteles. La partería sigue considerada como adicional.

No existen datos oficiales, pero sí denuncias recientes de esterilización forzada. En mayo de 2020 las mujeres de Altamirano, Chiapas, Tzeltales, denunciaron a la clínica del IMSS, por esta práctica, que hace 40 años, durante el régimen de José López Portillo, afectó al menos a 2 millones de mujeres, especialmente en zonas pobres y rurales. No ha desaparecido.

Además, México no legisló para toda la república, como era el mandato, sobre la violencia obstétrica, una forma de violencia institucional. En el Congreso hay un dictamen detenido por el Senado hace un año y están pendientes al menos dos iniciativas globales. Mientras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH hasta 2019, antes del cambio de autoridades, hizo una recomendación general y 50 particulares a hospitales oficiales y privados, ante las quejas, el abuso de la operación cesárea que pone en alto riesgo la vida de las mujeres y que en altos porcentajes no es necesaria.

Los datos oficiales son contundentes para documentar el incumplimiento de las observaciones del Comité de la CEDAW. Erika Troncoso Saavedra funcionaria del gobierno, jefa de violencia en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva CNEGSR, dijo este 11 de septiembre que sólo se garantizarán los servicios de salud sexual y reproductiva si se aumenta el presupuesto para 2021 en 50 por ciento y se coordina la política de género. Advirtió que hay graves rezagos, sobre todo en atención a jóvenes y a mujeres campesinas e indígenas. En los últimos 2 años disminuyó el presupuesto para la salud sexual y reproductiva en 24 por ciento y se eliminaron 19 programas para la igualdad en el sector salud, incluyendo los de cáncer, que según organizaciones no gubernamentales pusieron en riesgo a 10 millones de mujeres con cáncer de mama, la primera causa de muerte de jóvenes y adultas productivas.

Las recomendaciones de la CEDAW, respecto de la salud de las mujeres se centraron en tres cuestiones de urgente atención: el acceso a servicios de aborto seguros, disminución de las tasas de mortalidad materna, la aplicación en toda la República de la Norma 046, que obliga a médicos, hospitales y personal de salud a realizar un aborto a una niña o adolescente que haya sido violada.

Recientemente la directora del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez Ramírez reconoció que para 2021 se habrán producido 145 mil 719 embarazos adicionales a los que habrían ocurrido si no hubiera sucedido la pandemia de COVID-19, sólo entre mujeres menores habrá 21 mil embarazos más, como resultado del confinamiento y la imposibilidad de asistir a los servicios de salud sexual y reproductiva que las autoridades definieron como una prioridad. No hubo publicidad de ello.

La resistencia para aplicar la Norma 046 puede tener graves consecuencias, dijo la funcionaria de la Secretaría de Salud Erika Troncoso Saavedra, porque, explicó   que cada año se perpetran 500 mil violaciones sexuales y 600 mil abusos, ambas acciones, asociadas al embarazo de niñas y adolescentes.

 El incumplimiento a las recomendaciones del Estado, 22 meses del inicio de la nueva administración nada avanzo a pesar de que 5 años, el país, tiene el ominoso primer lugar en embarazo en adolescentes entre todos los países de la OCDE; mil niñas madres se suman a la estadística cada año.  Siguen ocurriendo los matrimonios entre menores, con cada vez más restricciones. También de menores con hombres mayores. Este 11 de septiembre, la funcionaria pidió a las diputadas que consigan un buen presupuesto al menos 50 por ciento mayor al etiquetado en 2020.

VIOLENCIA OBSTÉTRICA

Los argumentos para legislar en todo el país, que plasma  la diputada Martha Tagle, en una iniciativa hasta ahora pendiente, señalan es urgente dar  cumplimiento a la Observación 42 inciso d) del Comité  con motivo de la presentación del IX Informe de México ante CEDAW que conmina  al Estado Mexicano a que:

“Armonice las leyes federales y estatales para calificar la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y por razón de género, de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y garantice el acceso efectivo a la justicia y a medidas integrales de reparación a todas las mujeres víctimas de la violencia obstétrica” y sufren daños a su salud.

Esta recomendación de la CEDAW se refuerza con la Nota del Secretario General de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 11 de julio del 2019 que señala en su numeral 39 que: “En el contexto de los servicios de salud materna y reproductiva, las condiciones y limitaciones del sistema de salud son causas subyacentes del maltrato y la violencia contra la mujer durante la atención del parto”.

 Informa la diputada que a septiembre de 2019, 28 Entidades Federativas de la República Mexicana, ya la habían incorporado 4 a su legislación la materia de violencia obstétrica.

Destaca el número de recomendaciones que la CNDH hizo hasta 2019, todas sin respuesta.

El balance sobre la salud de las mujeres que publicó semmexico.mx informó que a 21 meses de administración el déficit creció y la atención se descalabró en todos los rubros; los recortes presupuestarios afectaron 19 acciones y programas y la falta de camas y hospitales, donde mueren mujeres productivas. Creció la muerte materna de tres a 34 por ciento en dos.

También el Comité pide resarcir a las mujeres más pobres, indígenas y campesinas. Las mujeres pobres reciben “ayudas” económicas directas, para, explica el gobierno, que “las familias se ayuden”, pero prácticamente se abandonó la política de igualdad. Encima se cerraron las casas de emergencia obstétrica; desaparecieron dos programas esenciales para disminuir la muerte por cánceres femeninos, no se repartieron las vacunas para el papiloma humano y se redujo la entrega de anticonceptivos; se descuidó la atención a la arterioesclerosis múltiple.

Todos los esfuerzos encabezados por las diputadas morenistas, como Lorena Villavicencio, para evitar estos desvíos presupuestales y los programas asociados a organizaciones civiles, fueron inútiles.  Se redujo el dinero destinado a cánceres femeninos, no obstante, que el de mama es la primera causa de muerte en mujeres productivas, lo que afectó a 10 millones de mujeres en prevención y tratamientos según la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam).

Inútiles los llamados de David Meléndez Navarro, Secretario Técnico del Comité Promotor para una Maternidad Segura (CPMS). En tanto, el análisis del presupuesto de la organización FUNDAR, quien detalló el 30 de noviembre pasado que el recorte presupuestal fue del 24 por ciento a los programas de salud de las mujeres, lo que afectó acciones y programas principalmente los dedicados a tratamientos de diversos tipos de cáncer, no sólo en tratamiento, sino en apoyo psicológico.

En plena crisis del Covid-19 la reducción al Capítulo mil, ramo 12 del Presupuesto de la Federación, ha dejado a muchas entidades sin presupuesto para contratar parteras profesionales y vía el recorte a las CAMIS, dejó sin recursos el trabajo de las parteras tradicionales. Ese presupuesto, tuvo una reducción en todo el país. En algunas entidades los jefes de Salud Reproductiva hablan de una pérdida del 50 por ciento.

LAS RECOMENDACIONES: ¿QUÉ SE VA A INFORMAR?

Embarazo en Adolescentes y aborto, el comité manifestó en noviembre de 2018 su preocupación por: Las disposiciones de las leyes penales estatales que restringen el acceso al aborto legal y siguen obligando a las mujeres y a las niñas a someterse a abortos en condiciones de riesgo que ponen en peligro su salud y su vida.

Atender la falta de coherencia entre los códigos penales de los estados, que obstaculiza la aplicación efectiva del artículo 35 de la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que legaliza el aborto en caso de violación.

Las modificaciones de la Ley General de Salud hechas en 2018, que incorporaron la objeción de conciencia del personal médico, pueden plantear barreras al acceso de las mujeres al aborto sin riesgo y a los anticonceptivos de emergencia, especialmente en las zonas rurales y remotas; atender las denuncias de actos de violencia obstétrica por parte del personal médico durante el parto; disminuir las tasas desproporcionadamente altas de mortalidad materna entre las mujeres de comunidades indígenas; atender y resolver las denuncias de esterilización forzada de mujeres y niñas, y el acceso limitado a los servicios de salud reproductiva, en particular para las mujeres y las niñas con discapacidad mental y de otra índole.

Señala que en consonancia con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre la mujer y la salud, recomienda al Estado que: ponga mayor empeño en acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto; armonice las leyes federales y estatales pertinentes con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, e informe y capacite adecuadamente al personal médico para que pueda ofrecer atención especializada a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sexual, lo que comprende la prestación de servicios esenciales de anticoncepción de emergencia y aborto; elabore los protocolos necesarios para poner en práctica las modificaciones de la Ley General de Salud, que permiten la objeción de conciencia mientras no ponga en peligro la vida de la madre y no impida que las mujeres y las niñas accedan al aborto legal, y vele por que, en esos casos, las mujeres y las niñas sean derivadas a un profesional adecuado.

Hace especial énfasis para que se  armonicen las leyes federales y estatales para calificar la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y por razón de género, de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y garantice el acceso efectivo a la justicia y a medidas integrales de reparación a todas las mujeres víctimas de la violencia obstétrica; reduzca la incidencia de la mortalidad materna, en particular mediante la colaboración con las parteras tradicionales y la capacitación de los profesionales sanitarios, especialmente en las zonas rurales, velando por que todos los partos cuenten con la asistencia de personal sanitario especializado, de conformidad con las metas 3.1 y 3.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

También debía vigilar que el personal médico solicite el consentimiento plenamente informado antes de realizar esterilizaciones, que se sancione a los profesionales que realicen esterilizaciones sin consentimiento y que se ofrezcan reparaciones e indemnizaciones monetarias a las mujeres víctimas de esterilizaciones no consentidas. Algunas organizaciones sociales tienen testimonios.

El más reciente es del periodista Claudio Rosseti Canti, de la agencia prenssenza https://www.pressenza.com/es/2020/05/esterilizacion-forzada-el-horror-continua-en-altamirano-en-chiapas/

“A pocas horas de camino de Altamirano vive una joven familia en una comunidad de tzeltales: «Desde que mi hija salió del hospital con su bebé recién nacido hace un año, no ha podido tener hijos. Lloró durante mucho tiempo. Descubrimos que los médicos del hospital del pueblo la habían operado (cierre del conducto) sin avisarle. A menudo las parteras de la comunidad, formadas por el gobierno, intentan convencer a las jóvenes madres de que se operen en el hospital después de la cesárea. Los médicos aprovechan la oportunidad para operar a nuestras hijas», dice el padre de la víctima”.

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Responsabilidad de las instituciones y partidos, hacer realidad la paridad en Michoacán

  • En sesión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres la presidenta y titular de la Seimujer, reconoció que la próxima elección ayudará a consolidar la participación política de las mujeres

Irma L. Márquez Torres

SemMéxico. Morelia, Michoacán,  12 de septiembre de 2020.- El proceso electoral será un momento importante para consolidar la participación política de las mujeres, coincidieron las y los integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Michoacán (OPPMM).

Por su parte, la presidenta del OPPMM y secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández Abarca, reconoció la importancia de que las mujeres puedan participar en la vida política del país en espacios libres de violencia.

 “La elección de 2021 será un momento importante para las mujeres del país, para ver consolidado el 50-50 en la representación de las mujeres en los espacios del poder público, hacer realidad la paridad”, afirmó.

El acto se llevó a cabo con la presencia de manera virtual de mujeres representantes de todos los partidos políticos del Estado, de la presidencia del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), de la presidencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEM), de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), del Congreso del Estado, así como de la sociedad civil.

También Hernández Abarca presentó un avance de las acciones que desde el OPPMM se han realizado, principalmente con el propósito de visibilizar la violencia contra las mujeres por razones de género, “hemos atendido y dado acompañamiento a nueve casos de mujeres electas que durante el ejercicio de su trabajo han sufrido violencia política”, señaló

Durante la sesión se formalizó el ingreso del presidente del IEM, Ignacio Hurtado y de la consejera, Carol Berenice Arellano, y de la presidenta del TEEM, Yurisha Andrade Morales, quien desde ahora formarán parte de la dirección ejecutiva del OPPMM.

SEM/IL

Combatir el sobrepeso y obesidad, tendencia global; más que prohibir, se incentiva a los buenos hábitos

  • En los últimos años se han observado esfuerzos en todo el mundo que buscan atajar las consecuencias de este padecimiento.
  • México, combate este mal con prohibiciones y sanciones administrativas.

Redacción

SemMéxico. Ciudad de México a 11 de septiembre de 2020.- En el mundo son cada vez más los países que adoptan medidas para disminuir las tasas de sobrepeso y obesidad y sus efectos en la salud de hombres y mujeres, como es la diabetes, hipertensión y otras Enfermedades No Transmisibles (ENT).

Estas acciones para revertir la epidemia del sobrepeso han tenido, en distintas latitudes, aproximaciones y enfoques diversos, con respuestas creativas, en ocasiones asertivas, para enfrentar esta problemática que afecta cada vez más a niñas y mujeres que están largas horas confinadas, por su condición de mujeres. Según información ofrecida por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad*.

Por ejemplo, Dinamarca, instauró en 2011 un impuesto a las grasas, convirtiéndose en el primer país en hacerlo a nivel mundial. Este impuesto preveía un aumento de 2.15 euros a los alimentos con grasas saturadas. Si bien el experimento duró solo un año, los datos muestran que se obtuvieron beneficios tanto recaudatorios como en la disminución del consumo de estos productos. En el corto plazo, se logró reducir entre un 10 y 15 por ciento su compra. 

Por otro lado, en Hungría, el problema era generado por los altos índices de consumo de sal y productos procesados, así como por el hecho de que cerca de dos terceras partes de su población padecían obesidad. En los hogares las mujeres cocinan con mucha grasa.

Como respuesta, se decidió imponer una tasa a alimentos como mermeladas, bebidas azucaradas, condimentos, así como snacks salados y dulces. Las razones para ello eran dos: conseguir más recursos económicos para el sector salud y animar a las industrias a reformular sus productos. En este país también se generaron impactos positivos, pues se logró reducir su consumo en 27 por ciento en el corto plazo y se recaudaron 61.5 millones de euros en los primeros dos años.

El consumo en espacios educativos

Los ambientes escolares son ideales para promover programas de nutrición que fomenten una alimentación correcta. Entre los países que han adoptado medidas de apoyo a las dietas infantiles se cuenta a Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y la Unión Europea. Esta última estableció desde noviembre de 2008 un subsidio para proveer frutas y verduras gratis a niños en las escuelas. A cambio, las instituciones educativas deben enseñar a los niños sobre buenos hábitos alimenticios como parte de sus programas de acompañamiento. De esta forma, se desincentivan las dietas desbalanceadas desde la infancia.

En Nueva York, la política adoptada se orientó a reducir las grasas trans en alimentos y, sobre todo, en lo que se come en restaurantes. Desde 2006, la ciudad le declaró la guerra a este elemento de cocina, prohibiendo que estos lo usaran y obligando a que se declarara el número de calorías en los menús. Tres años después de la entrada en vigor de esta medida, se logró que el número de restaurantes usando grasas trans se redujera del 50% a menos del 2 por ciento.

La mayoría de la población será obesa o tendrá sobrepeso en España de aquí a dos décadas. Esta es la conclusión a la que ha llegado un estudio elaborado por investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) de Barcelona. La investigación señala que un 80% de los hombres y un 55% de las mujeres presentarán obesidad o sobrepeso en el año 2030.

En España se hacen estudios globales para dar respuesta al problema de la obesidad. Un  estudio, que publica la Revista Española de Cardiología, estima que en el año 2019 había unas 24 millones de personas adultas con exceso de peso, un 70 por ciento de los hombres y el 50 por ciento de las mujeres de más de 16 años. El trabajo avisa que, si se mantiene la tendencia actual, en el año 2030 esta cifra se incrementará en unos 3 millones de personas.

En Latinoamérica, Chile está a la vanguardia en lo referente a políticas públicas para desincentivar el consumo de productos con exceso de nutrientes críticos. Este país, al igual que México, instauró un impuesto a las bebidas azucaradas. En 2014, este aumentó del 13 por ciento al 18 por ciento.  Argentina ya se encuentra discutiendo la posibilidad de decretar un etiquetado frontal como el recomendado por la Organización Panamericana de la Salud en sus alimentos chatarra, mientras que en Colombia este ya ha sido adoptado.

Sin embargo, ninguna iniciativa tiene éxito sino es parte de políticas públicas integrales que contemplen educación, ejercicio, programas preventivos, información y orientación adecuada para un consumo responsable.

México y su estrategia

La restricción para que menores no puedan comprar bebidas azucaradas y alimentos identificados como «chatarra» está siendo muy popular. Primero Oaxaca, después Tabasco, y ahora ya hay iniciativas en al menos otros ocho estados, el más reciente, Ciudad de México.

Las leyes locales aprobadas o que están en debate, en varios estados prevén prohibir la compra de comida chatarra por parte de menores de edad, pero se deja abierta la ventana de que un adulto compre un producto de alto contenido calórico para un menor. En todas ellas la idea es que si un menor consume comida chatarra, sea bajo la supervisión de un adulto.

*Acerca del Laboratorio de Datos contra la obesidad: Iniciativa ciudadana enfocada a promover, con base en datos y evidencia científica, políticas públicas que resuelvan uno de los problemas que más afectan a las y los mexicanos.

SEM/IL

Por ningún motivo se podrá emplear a menores para trabajo en el hogar

  • Es necesario pensar a ese trabajo como cualquier otra relación laboral
  • La Senadora Patricia Mercado Castro, propone una reforma a la LFT
  • Busca proteger a quienes tienen menos de 18 años del riesgo del maltrato y la violencia. 

Redacción 

SemMéxico. Cd. de México. 11 de septiembre de 2020.- Solamente 20 mil trabajadoras domésticas han entrado a la prueba piloto del Seguro Social, o sea el 2 por ciento de las casi 2 millones que laboran en los hogares, informó la senadora Patricia Mercado Castro al proponer al pleno una iniciativa para que en ningún caso se contrate a adolescentes o niñas en las casas y así, evitar el riesgo de explotación, violencia y maltrato.

Al presentar un proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de Trabajo, dijo que es necesario que en ningún caso se podrá contratar a adolescentes que presten sus servicios para una sola persona empleadora, y residan en el domicilio donde realicen sus actividades, a fin de salvaguardar sus derechos fundamentales, y su pleno desarrollo físico, emocional y mental. 

Opuesta a los estereotipos y las visiones conservadoras, la senadora de Movimiento Ciudadano, consideró que es tiempo de abandonar esas viejas ideas, que para el trabajo en las familias, de estas mujeres, hay que pensar que este trabajo esun trabajo, donde se establece una relación laboral como cualquier otra; “no es una relación familiar, una relación de amor, las trabajadoras del hogar tienen sus familias en su vida cotidiana”, tienen derechos.

Por ello recordó que el año pasado fue publicada una reforma a la Ley Federal de Trabajo para reconocer los derechos de las más de dos millones de personas trabajadoras del hogar en México, así como la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); sin embargo, pese a esto, el 98 por ciento   y sigue fuera de la seguridad social. 

Y explicó que a pesar de esta prueba piloto que está desarrollando el Seguro Social solo ha alcanzado a 20 mil trabajadoras y trabajadores, la mayoría mujeres” es decir solamente el 2 por ciento, de ese pequeño porcentaje refleja la voluntad de quienes las emplean, que decidieron registrarlas y así reconocieron sus derechos.

Señaló que han quedado varios pendientes, tal como el caso del derecho a la vivienda y el tema de la inspección del trabajo, puesto que no hay manera de saber lo que sucede al interior de los hogares con respecto a la contratación de los servicios para el trabajo doméstico y el cuidado de las familias y de las personas 

Detalló enseguida su propuesta, que da respuesta a otro pendiente que es el tema de la pernocta de las trabajadoras de planta en los domicilios de trabajadoras entre los 15 y 18 años. 

Dijo a las y los senadores que hoy “tenemos que pensar este trabajo como un trabajo que signifique una relación laboral como cualquier otra; no es una relación familiar, una relación de amor, las trabajadoras del hogar tienen sus familias en su vida cotidiana”, explicó.

Enfatizó que para Movimiento Ciudadano se trata de una cuestión de defensa de los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, uno de los temas que desde su fracción parlamentaria se impulsa. 

Asimismo, la senadora explicó que esta reforma viene después de que en la Cámara de Diputados se modificara la propuesta original. “La necesidad de supervivencia no puede aumentar la vulnerabilidad de estas trabajadoras y trabajadores adolescentes entre 15 y 18 años. Tenemos que regular este trabajo para que permita el pleno desarrollo y ejercicio de los derechos a la salud, a la educación, al esparcimiento y al descanso en condiciones propias de su edad, dijo. 

Por último, la senadora Patricia Mercado Castroseñaló que una de las motivaciones de la reforma fue evitar situaciones de riesgo a la explotación, maltrato y violencia en el trabajo del hogar. “Si bien es comprensible que existan vínculos afectivos, esta relación no puede estar por encima de los derechos laborales; mucho menos sustituirlos. En el caso de las adolescentes, no son hijas de sus empleadoras, son trabajadoras con autonomía que toman sus propias decisiones “, finalizó. 

La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos Primera.  

Video:

Seimujer impulsa “Escuela de Hombres”, el objetivo: prevenir la violencia contra las mujeres

  •  La convocatoria está abierta desde el pasado 31 de agosto y cerrará el próximo 23 de septiembre. Las clases iniciarán el 2 de octubre.
  • Testimonio: gracias a la Escuela de Hombres, que impulsa Seimujer, Pedro Argomedo logró cambiar su mentalidad y sensibilizarse en igualdad de género

Irma L. Márquez Torres

SemMéxico. Morelia, Michoacán, 11 de septiembre de 2020.- En octubre iniciarán en Michoacán, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) las clases de la primera “Escuela de Hombres” para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Por ello nos cuenta, Pedro Argomedo quién participó en el proyecto piloto que la Seimujer implementó el año pasado con elementos de la Policía Michoacán. Y que cumple con el objetivo de trabajar en las nuevas masculinidades.

Argomedo  quien es padre de familia, hermano e hijo, siempre vio a las mujeres como algo más, consideraba que los quehaceres de la casa siempre los tenían que hacer ellas. Cuidar a los hijos e hijas, era solo responsabilidad de su esposa: “no nos correspondía a los hombres meternos en esas cosas”, comentó.

Con ese pensamiento lo educaron y así estaba él educando a su familia. Hace un año sus jefes invitaron a varios elementos a tomar las clases en la Escuela de Hombres, que se implementaría para personal de su oficina.

 “La verdad al inicio lo veía como una actividad más que debía tomar por órdenes de mis superiores, fui con cierta duda, pensaba que nos iban a querer convertir en mandilones”, recuerda entre risas Pedro.

Por ello, inició el curso con más de 100 compañeros, quienes todos los viernes se reunían en las oficinas del C5 para tomar sus clases.

 “Entender qué es el feminismo o los roles de género fue muy difícil, porque nosotros fuimos educados pensando que somos superiores a las mujeres”, dice.

Tras cursar 19 sesiones y ya con solo 50 compañeros acompañándolo, Pedro logró cambiar esa mentalidad y entendió que los hombres son generadores de violencia.

 “Ya entendí que hacer una broma sobre el físico de una mujer no es gracioso, que compartir una foto del cuerpo de una mujer tampoco es bueno. Cambié y espero educar de mejor manera a mis hijos e hijas”, afirma.

Cabe señalar, que la Escuela de Hombres es un esfuerzo que surge de la Seimujer como medida para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Ahora, la convocatoria está abierta desde el pasado 31 de agosto y cerrará el próximo 23 de septiembre. Pueden participar todos los hombres del Estado, ya que se trabajará de manera virtual, informó la titular de la dependencia Nuria Gabriela Hernández Abarca.

 “Es la primera ocasión que trabajaremos con los generadores de violencia, esperamos tener respuesta”, comentó.

Para conocer más datos de la convocatoria pueden ingresar al sitio: bit.ly/3lyqWGb

SEM/IL

¡Sorpresa! No lo sabían…dicen AMLO y Del Mazo

  •  Desalojan a mujeres del CODHEM, 12 horas después vuelven al lugar
  • Golpes, agresiones físicas y amenazas viven durante el desalojo

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 11 de septiembre, 2020.- Un presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que mostró que no está del todo informado, cuando muy temprano, tras su reunión de seguridad, dijo en la Mañanera que no tenía información. 

Un gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo que tras los hechos difunde un video. En la imagen que proyecta está delante de dos grandes fotografías de mujeres. Sostiene en tono conciliador y amable que rechaza la violencia contra las mujeres, condena los hechos y promete investigar. 

A la cascada de declaraciones de rechazo se une la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, también condena, luego el presidente de Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Jorge Vera García, también se apunta con la misma frase y confirma lo que los otros personajes ignoraban: que estuvo de acuerdo con la Fiscalía de esa entidad para llevar a cabo el desalojo… “que se tomaran las medidas precautorias para proteger el interés superior para proteger la vida de los cuatro niños y una mujer embarazada”.

Fuera de las pantallas de los grandes medios, la indignación sigue. En redes sociales (RRSS) se expresa con rabia la inconformidad y el apoyo a 11 mujeres y cuatro menores de edad sacadas policías con uso excesivo de la fuerza, en plena madrugada, por policías de la Fiscalía General del Estado de México de las instalaciones de CODHEM visitaduría de Ecatepec. La misma violencia institucional demandada durante años por víctimas y familias de la violencia machista, en la misma institución donde “se atoran los casos o se pierden los expedientes”, como han dicho en repetidas ocasiones a SemMéxico. 

Del otro lado, las víctimas miran con incredulidad la cara de Del Mazo en la televisión…nadie le cree, ninguna da muestras empatía con el mandatario. Es una respuesta de las mujeres a la falta de años de respuestas de los gobernantes.

Pronto aparece y se vuelve viral la imagen del mandatario mexiquense que como hilo de media recorre las RRSS, con labios pintados y cabello morado, al pie la palabra REPRESOR.

Ha sido una larga mañana, las denuncias iniciaron al momento de los hechos, de madrugada, faltaba mucho para que el alba llegara. A la interrupción de los elementos de la Fiscalía mexiquense, siguió el miedo, las agresiones físicas y verbales, los empujones y las patadas, la prepotencia policiaca sobre las mujeres, una de ellas embarazada. Los primeros videos revelan aterradores gritos de pequeñas y pequeños, el llanto y las maldiciones.

Cuando el sol asomaba los noticiarios daban cuenta del desalojo. El nerviosismo se apoderó de muchas personas. Las justificaciones empezaron a salir después y antes de las 11, las mujeres y dos hombres fueron liberados del Centro de Justicia de Atizapan de Zaragoza, todas salen sin teléfonos celulares, sin pertenencias, denuncian que se los robaron los policías. Cada una tenía su historia. Todas las historias decían lo mismo: nos golpearon, nos sacaron a la fuerza, me jalaron el pelo, me tiraron, me empujaron. 

Vera García, el defensor, señaló en su mensaje que eran ajenos a las demandas que las mujeres habían hecho al momento de la toma, explica mientras señala con aires de indignación sobre la presencia de “niños de por medio y una mujer embarazada” mientras confiesa:

“Se estuvo de acuerdo con la Fiscalía del estado que se tomaran las medidas precautorias, lo exigimos desde un primer momento para proteger el interés superior, que eran los cuatro niños y una mujer embarazada, en todo momento estuvimos pendientes de este asunto… hasta que se dio el traslado de estas personas a la fiscalía regional, quiero decirle que no hay personas ni lesionadas ni desaparecidas…”

Sus dichos contrastan con las imágenes que por RRSS fueron difundidas desde el momento mismo del desalojo, donde una mujer embarazada es jaloneada y como también se observa en el video difundido por Pie de Página donde se escuchan agresiones verbales, sexistas y discriminatorias a las periodistas y otras personas. O el hombre que fue a preguntar por su familiar detenida y que terminó con la cabeza rota. Ahí denunció que no lo atendieron, no permitieron que el personal médico suturara sus heridas y dijo que los policías también le robaron dinero.

Al momento de salir del Centro de Justicia la voz de la narradora muestra el terror que vivieron durante el desalojo y denuncian la falta de atención para uno de sus compañeros quien explica que no fue atendido debidamente.

https://www.facebook.com/manadaperiferia/videos/1040526869751411

Agarraron parejo

Así lo narra Elizabeth en su cuenta de Facebook quien explica que fue a hacer la cobertura a la CODHEM en Ecatepec, quien desde su celular empezó a transmitir en vivo en RRSS. El celular le fue arrebatado por un policía, a pesar de que ella se acreditó como periodista. Nada importó, de todos modos, fue jaloneada, empujada y aventada contra unas escaleras y quisieron ponerla contra la pared.

La reportera pidió que le devolvieran su teléfono y les advirtió que estaban coartando su derecho a informar. 

Reporta en su cuenta de twitter @abismada que todo esto sucedía mientras las mujeres eran subidas camionetas de la policía, y ella es incomunicada y trasladada en un automóvil hasta el Centro de Justicia. No la bajaron del automóvil que mantuvieron estacionado. 

“Según el policía que me vigiló, su superior tenía que dar seguimiento a lo de mi teléfono” y cuestionaron que qué hacía en las instalaciones de la CODHEM, no sin antes exponerle que también podría ser detenida.

Elizabeth insistió: “Soy periodista estoy cubriendo la toma (del CODHEM) … Fue hasta que llegaron otros periodistas y fotógrafos que la liberaron.

Nos robaron ¿A quién vamos a denunciar?

A las 1.30 de la tarde, las mujeres quieren entrar por sus pertenencias al CODHEM de Ecatepec. Un funcionario se los impide, inician los reclamos ¿Así proteges nuestros derechos? Lo increpan. El funcionario de la CODHEM responde atropelladamente: Vine a dialogar. Ellas afirman que algunas de sus pertenencias han sido robadas, se refieren a las credenciales de electoras y tarjetas bancarias. El funcionario da vueltas en medio de las mujeres y medios. Sarcástico responde: Pongan su denuncia. Una voz indignada le dice ¿A quién vamos a denunciar? A ti cabrón, a ti te vamos a denunciar.

Las mujeres insisten, quieren sus pertenencias. El funcionario dice que una mujer entró por las cosas. “Esa señora no nos representa, no es de nuestro grupo”, le responden. A coro gritan “Qué abran las puertas, qué abran las puertas”. Apenas iban a dar las 02:00 de la tarde. Sostiene el funcionario que ya cerraron, nuevamente le recriminan y fuerte. El funcionario ha dado vueltas de un lado a otro sin lograr nada, sin llegar a ningún lado.

El aliento y la pausa vuelven poco a poco

Han transcurrido las primeras 12 horas después del desalojo. Unas recuperan el aliento. Las mujeres volvieron al CODHEM ¡Seguirán resistiendo! Advierten.

Es resultado de la inacción 

Lo sucedido esta madrugada en Ecatepec, fue calificado por la diputada federal Morenista, María Eugenia Hernández como fue resultado de la falta de atención de fiscalías, jueces, responsables de las comisiones de Derechos Humanos en el Estado de México y en todo el país.

La legisladora, frente a las funcionarias encargadas de la política para abatir la violencia contra las mujeres pidió a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que van a pelear un mejor presupuesto para 2021, pero la increpó, “por favor transparenten el uso de esos recursos,” porque lo que se ve es que no hacen su trabajo. Y lamentó que por falta de responsabilidad de las fiscalías y los gobiernos, las víctimas acuden a las diputadas. “Yo fui, anoche hice gestiones para que salieran las detenidas”, pero “ese no es mi trabajo”, ellas necesitan ser atendidas, en el Estado de México el feminicidio está al alza, las desapariciones continúan. Lo que es claro es que sus políticas no dan resultado.

En la misma reunión, la primera para examinar el presupuesto 2021 para la política de igualad y el combate a la violencia feminicida, la diputada federal Mildred Ávila Vera expresó su indignación por lo que está sucediendo a las colectivas feministas, y dijo que las autoridades, en el reconocimiento de la violencia feminicida, solamente simulan, es claro que las instituciones no responden, y que bueno que se fortalezca el presupuesto transversalmente, pero nada llega a los municipios.

Narró la situación en Quintana Roo, y el coraje generalizado de las jóvenes, los embarazos en adolescentes, la muerte materna, pero sin embargo hay opacidad en el uso de los recursos, y pidió a las funcionarias que hagan su trabajo. Anunció que estará vigilante del dinero que para violencia se acuerde en el Congreso.

https://www.facebook.com/679137829171399/videos/779527879464133/

SEM/lv/sj

Liberan a 15 activistas y cuatro menores de edad en Ecatepec, se manifestaban en las oficinas de la CODHEM

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  • Las activistas exigen renuncia del presidente municipal de Ecatepec y de el Fiscal
  • Acusan a la policía municipal de robarles el dinero que llevaban en sus carteras

Olga Rosario Avendaño

SemMéxico. Cd. de México, 11 de septiembre, 2020.- Luego de 12 horas de permanecer privadas de su libertad, este mediodía fueron liberadas 15 mujeres activistas, cuatro menores de edad y dos hombres, detenidas las primeras horas de este viernes cuando protestaban afuera de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en donde exigían atención a las diversas demandas relacionadas con la violencia de género y también para exigir la renuncia de la titular del Instituto de la Mujer, Grisel Barrientos y Sandra Pacheco García de la Fiscalía de Género.

Erika Kika Flores explicó que la detención se registró entre las 12 de la noche de este jueves y la una de la mañana de hoy viernes, “los policías nos detuvieron con lujo de violencia; luego nos estuvieron paseando, nos llevaban rumbo a Toluca, por la carretera a Lerma, preguntábamos a dónde nos llevan, pero no respondían. Cuando iban por La Marquesa decidieron que nos llevarían a Atizapán y por eso llegamos ahí” ante el agente del Ministerio Público.

Kika Flores dijo que mientras las trasladaban, comentó a los policías que si no le decían a dónde las llevarían, ella accionaría su botón de pánico –mismo que tiene porque cuenta con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación- a lo que los policías respondieron con risas burlonas y frases como “dile a Alejandro Encinas (Subsecretario de Derechos Humanos) se vaya a la verga”. 

Comentó que los policías que las detuvieron “nos robaron el dinero que llevábamos en nuestras carteras, yo vi cómo se lo repartían, también se llevaron las llaves de mi auto y nos quitaron nuestras credenciales de elector, entre otras pertenencias”. Al medio día de hoy regresaron por algunas de sus pertenencias que habían dejado en las oficinas de la CODHEM.

Se quejó que durante el tiempo que estuvieron en las oficinas de la fiscalía de Atizapan “no contamos con ningún abogado. Cuando nos liberaron nos obligaron a firmar documentos en los que se decía que no nos habían hecho nada, a mí me dijeron que si no firmaba esos documentos me quitarían a mis hijos y a los niños que custodio”.

Kika tiene la custodia de siete niños víctimas de abuso sexual y trata de personas. Ella coordina la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos a través de la cual ha constituido un refugio para la niñez víctima de trata de personas.

Detalló que las víctimas exigirán la renuncia del presidente municipal de Ecatepec, Estado de México, Fernando Vilchis, así como del Fiscal General de la Procuraduría del EDOMEX, Alejandro Gómez Sánchez. Mientras que en las próximas horas interpondrán una denuncia penal en contra de estos mismos funcionarios como los autores intelectuales de los golpes y detención de las que fueron objeto.

Por su parte la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEJEM) emitió un comunicado en el que informa que “luego de haber llevado a cabo una acción operativa con estricto apego a derecho en las Instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEM) en el municipio de Ecatepec, 13 personas que fueron presentadas ante el Ministerio Público por su probable participación en el delito de ocupación ilegal de un inmueble destinado al servicio público, están en proceso de quedar en libertad”.

Sin embargo, no hace mención de las niñas y niños que también fueron detenidas junto con las mujeres.

El comunicado continúa “la madrugada de este viernes esta Institución llevó a cabo una movilización en las instalaciones del CODHEM luego de que ese Organismo denunció que sus instalaciones habían sido tomadas por la fuerza por varias personas”. 

Y a pesar de diversos vídeos que circulan en redes sociales sobre el actuar de la policía municipal de Ecatepec, en su comunicado menciona “esta Institución rechaza que haya sido utilizada fuerza desmedida y se haya llevado a cabo algún procedimiento ilegal en contra de alguna persona durante esta movilización”.  

El documento menciona que la Comisión de Derecho Humanos del Estado de México ratificará la denuncia presentada, a la cual se le dará seguimiento con total apego a derecho.

#EcatepecDeRepresión

#AlfredoDelMazo

Reconoce Olga Sánchez Cordero que en la atención a la violencia, aún la política está en rediseño

  • No hay coherencia, ni entendimiento homologado de lo que implica la pandemia del feminicidio
  • Pide a las diputadas la creación de un secretaría ejecutiva en el sistema nacional de violencia, para poner orden

Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 11 de septiembre de 2020.- En políticas de género y de atención a la violencia contra las mujeres México vive una transición que ha dejado vigente la falta de respuestas y soluciones para las víctimas y las mujeres, reconoció esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cabeza de la política de derechos humanos y de la violencia contra las mujeres.

En una participación donde se le escuchó vehemente, tres veces dijo que ella está en una cruzada permanente para prevenir, atender y sancionar la violencia, sin la frase erradicar y por primera vez en dos años nombró con todas sus letras al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, que por ley ella preside y que urge fortalecer, para dar soluciones.

Reconoció que la realidad, los cambios administrativos, los recursos obligan a actualizar el sistema y sostuvo que se necesita un mismo lenguaje, un modelo homogéneo mismo entendimiento de los responsables de responder al sistema para poder armar las nuevas estrategias a que obliga la nueva normalidad.

Luego por ello pidió a las diputadas federales la creación de una Secretaría Ejecutiva que ayude a enderezar y coordinar ese sistema, tal como la Unidad de Apoyo al sistema judicial.

También urgió a todas las instancias, secretarías, jueces, fiscales, gobiernos estatales, municipales y otros actores a dar coherencia al Sistema que está mandatado por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.

Detalló que la situación de las víctimas y las mujeres que viven violencia está vigente. Y ahora, además, se necesitan actualizar todos los mecanismos de coordinación de modo que se cumpla con el amplio andamiaje jurídico legal y que los tres niveles de gobierno y los tres poderes consigan comprender de qué se trata la política de género y la violencia contra las mujeres.

Ello lo dijo ante la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados que inició hoy las reuniones interinstitucionales para examinar el presupuesto 2021 que, dijo a su vez la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres Nadine Gasman Silverman irá más allá del anexo 13 y explicó que el presupuesto será transversal, para llegar a las mujeres.

Al parecer para que el sistema funcione, tanto como los sistemas estatales, no es suficiente el sólido andamiaje jurídico legal construido en los últimos 13 años, ya todos los derechos de las mujeres están plasmados en una docena de leyes y reglamentos, hoy lo que hace falta es un diseño técnico, organizativo, que responda a los cambios y a la emergencia de la violencia y de la pandemia.

De las causas de la violencia, Olga Sánchez Cordero, quiso explicar que se hallan en un ecosistema muy complejo y de solución a largo plazo. Algunas diputadas hablaron del rezago en el cambio cultural. De la Secretaría de Educación, esta vez, nadie estuvo. Lo de los cambios en los medios, también toca a la secretaría de gobernación, no los mencionó.

Las funcionarias públicas, reconocieron, que no hay forma de medir el impacto de las políticas emprendidas en muy distintas instituciones y programas. Y se llegó a señalar que aún México, en el ranquin internacional tiene el oneroso primer lugar en embarazo en adolescentes, y el de niñas menores de 15 años. Que está pendiente llegar a todas las comunidades. Solamente se habló de la sociedad civil en el caso de los refugios. 

Esta es la primera reunión, explicó Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad, y dijo que en las próximas 8 semanas, también se llamará a parlamento abierto.

En esta reunión participaron funcionarias del gobierno federal, responsables de programas y diputadas federales. Wendy Briceño Zuloaga luego de escuchar a ésta, que coincidieron con la Secretaría de Gobernación en la falta de coordinación, de criterios coherentes, de la exigua fortaleza para avanzar, también habló de presupuesto. En todos los programas se necesita dinero, capacitación, apoyo técnico, y sobre todo, coordinación.

La violencia sexual representa 14% del total de agresiones contra mujeres y niñas en Oaxaca

  • 17% de las víctimas son niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad.
  • 56% fueron agredidas dentro de su propia casa.

 Redacción 

SemMéxico. Oaxaca. 11 de septiembre, 2020.-  El Diagnóstico de Prevención del Embarazo de Adolescentes en Oaxaca  señala que del año 2011 al 30 de junio de 2017- más de 78 mil menores de 19 años tuvieron un embarazo temprano, lo que representa cerca del 10% de la población adolescente en Oaxaca. El documento refiere que la violencia sexual es una de las causas inmediatas, entre otras, del embarazo en mujeres adolescentes en el estado (CEMPAG, 2018). 

En cifras recuperadas por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, la violencia sexual representa 14% (313) del total de agresiones contra mujeres y niñas en la entidad -2178 casos registrados durante la presente administración-. De acuerdo con el subregistro de la Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca, la organización feminista apunta que las violaciones sexuales representan  la cifra más alta de agresiones contra mujeres con 191 casos, le siguen los abusos sexuales con 97 casos el acoso sexual con 25 casos

Los datos hemerográficos registrados en la plataforma también reflejan que 17% de las víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes (53 casos) en un rango de entre los 10 y 19 años de edad, de las cuales el 70% (37) fueron agredidas por desconocidos 30% (16) por sus parejas, familiares, novios, conocidos y/o profesores.  

En los Valles Centrales, Istmo y Mixteca se registra el mayor número de delitos sexuales contra niñas y mujeres de 10 a 19 años de edad, sumando 36 casos en total.

En los casos de violación sexual se observa que 56% de las mujeres en este grupo etario fueron agredidas dentro de su propia casa y 76fueron víctimas de acoso y abuso sexual en espacioscomo la calle, la escuela y el trabajo. No obstante, la cifra real se eleva porque la mayoría de estos casos no se denuncia debido a que la mayoría de los victimarios son personas cercanas a las niñas y adolescentes.

Cabe señalar que el Código Penal para el Estado de Oaxaca establece en sus artículos 246 Bis y 247 la violación equiparada, la cual se tipifica como la cópula con persona menor de doce años, aun cuando se hubiere obtenido su “consentimiento”, sea cual fuere su sexo, con persona privada de razón o sentido, o cuando por enfermedad o cualquiera otra causa no pudiere oponer resistencia, ello en virtud de que por la edad de las y los sujetos pasivos no alcanzan a comprender la magnitud de los hechos y en virtud de ello, cuando la persona víctima directa fuere menor de dieciocho años, se presumirá en todo caso la seducción o el engaño.

A casi un año de que el Congreso del Estado de Oaxaca reformó su Código Penal para garantizar a las mujeres la interrupción legal del embarazo antes de la doceava semana de gestación, es indispensable que el gobierno estatal y las instituciones protectoras de derechos humanos rindan información sobre las acciones y medidas que se han implementado para erradicar las maternidades forzadas a causa de la violencia sexual contra niñas y adolescentes en Oaxaca, así como la garantía del acceso a una educación sexual integral con perspectiva de género y de derechos humanos desde la niñez.

El Primer Convenio Colectivo de fútbol femenino ya es una realidad

  • El convenio protege a las futbolistas profesionales en puntos como maternidad o violencia de género

Por Redacción 

SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 11 de septiembre, 2020.-  El pasado 15 de agosto, el Ministerio de Trabajo publicó en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el primer convenio de fútbol femenino, tras meses de negociación y una huelga.

El primer Convenio Colectivo de fútbol femenino fue publicado por el BOE el pasado 15 de agosto tras la resolución del 11 de agosto por parte de la Dirección General de Trabajo. Este documento afecta a las futbolistas profesionales que pertenezcan a clubes de fútbol o Sociedades Anónimas Deportivas (Clubes/SADs) del Campeonato Nacional de Liga de Primera División Femenina. Es un acuerdo histórico debido a que las jugadoras no tenían reconocidos sus derechos ni estaban dotadas de la profesionalización del sector futbolístico.

Este acuerdo aunque se publicase en agosto, tiene carácter retroactivo, ya que su vigencia abarca desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. El pasado 19 de febrero fue cuando se llevó a cabo la firma por parte de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y el sindicato de Futbolistas ON, tras meses negociando y una huelga por parte del fútbol femenino. El convenio finalmente se presentó el 5 de marzo ante la Dirección General de Trabajo, sin embargo, fue revisado meses más tarde al ser pospuesto por el estado de alarma provocado por la COVID-19.

El convenio puede ser prorrogado en su totalidad, temporada a temporada, si no es denunciado por cualquiera de las partes con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de su finalización o a la de cualquiera de sus prórrogas.

Jornada, horario, descanso y vacaciones

La jornada acordada en ningún caso debe superar siete horas diarias, ni 35 horas semanales en cómputo semestral. No se contarán como jornada laboral las horas empleadas en las concentraciones previas a un encuentro oficial ni el tiempo empleado en los desplazamientos.

Los concentraciones no pueden superar las 24 horas si el encuentro se disputa en campo propio y las 72 horas si es en campo ajeno, contando con los desplazamientos al mismo.

Las futbolistas tienen derecho a mínimo un día y medio de descanso a la semana, disfrutado de forma ininterrumpida. Además, se les asignan 30 días naturales retribuidos de vacaciones, donde 21 días serán disfrutados de forma continuada.

Condiciones económicas

Las futbolistas disfrutarán de un salario mínimo bruto anual de 16.000 euros con una jornada del 75%. Las futbolistas que tengan una jornada del 50% serán indemnizadas y su jornada pasará a ser del 75%, con la pertinente subida de sueldo. Además, las futbolistas con antigüedad superior a 6 temporadas recibirán un plus que va desde los 2.000 hasta los 3.500 euros.

Si la futbolista sufre un accidente en el que fallezca o invalidez permanente absoluta por consecuencia de la práctica deportiva, el Club/SAD debe indemnizar a la futbolista o a sus herederos con 60.000 euros por muerte y 90.000 por incapacidad absoluta.

Mejoras sociales

En caso de embarazo de una futbolista, esta tiene dos opciones: la renovación del contrato por una temporada adicional con las mismas condiciones que tenía en la última temporada o la no renovación del contrato.

Si la futbolista sufre alguna situación de violencia de género, el Club/SAD debe adecuar el horario dentro de sus posibilidades, ofrecer ayuda económica a la víctima y a sus descendientes si tuviese y, también, ofrecer apoyo psicológico a través de los servicios médicos.

Las partes firmantes han creado un programa de recolocación cuando una futbolista termine su carrera deportiva, mediante una comisión paritaria donde se lleven a cabo diversas actuaciones y acuerdos con clubes o entidades.

Protocolo contra el acoso sexual

En necesidad de proteger los derechos fundamentales de las futbolistas, los firmantes han impulsado un protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual y/o por razón de sexo. Velará especialmente por: prevenir, detectar y solucionar posibles situaciones de acoso sexual y/o por razón de sexo; proporcionar la ayuda que se considere necesaria para la víctima; proteger a las personas que presenten una denuncia de acoso sexual y/o por razón de sexo, incluidos testigos; y adoptar medidas disciplinarias contra la persona acosadora y contra quien presente falsas denuncias.