• Revela estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República

• Vigencia de la convención Belém Do Pará: A 25 años Avances y desafíos

La Convención de Belém Do Pará no es un instrumento muerto,

es un instrumento que puede vivir, que puede cambiar

en el futuro y también aumentar.

No está estructurado para apoyar al pasado,

es para ir empujando y mejorar…

Linda Poole 2019

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 7 de septiembre, 2020.- La derrota en la lucha por eliminar la violencia contra las mujeres en las américas se debe a los pocos esfuerzos por activar medidas eficaces de transformación cultural, en la educación, los medios de comunicación y entre el funcionariado general y de justicia; el gasto, que en México en 25 años no ha superado el 0.093 por ciento y la impunidad.

El machismo social y la medidas tímidas y poco eficaces son la base para hacer comprender la vida diferenciada y desigual entre hombres y mujeres, han generado hoy el alarmante número de víctimas de las violencias contra las mujeres en México y América, donde cada 160 minutos se mata a una mujer y todos los días 140 son violadas sexualmente, sólo en nuestro país.  

Esto afirman funcionarias, mujeres y expertas que dieron a luz en 1994 y  seguimiento  durante un cuarto de siglo a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia Contra la Mujer conocida como “Convención de Belem do Pará, en un libro/memoria que está en edición pero que se terminó en febrero pasado en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República coordinado por la periodista Margarita Guillé Tamayo, titulado Vigencia de la convención Belém Do Pará: A 25 años Avances y desafíos en su implementación.

Los discursos de las fundadoras de la Convención, las vigilantes y las expertas hacen una revisión crítica. Tanto que “deberíamos volver a empezar” y señalan que los gobiernos de las américas han avanzado al crear muchas leyes, instituciones y  acciones limitadas   que sin embargo están   sistemáticamente obstaculizadas por la ideología patriarcal y machista que encuentra todas las justificaciones que liberan a los criminales; imparten justicia sin ver a las mujeres y multiplican una ideología, frecuentemente desde el máximo poder,  resistente a la igualdad, la libertad y la vida de la mitad de la población.

Reconocen las dificultades oficiales, por la identificación de nuevas violencias, la violencia criminal y las nuevas tecnologías de la comunicación como las redes sociales.

Critica la falta de continuidad en las capacitaciones y sobre todo la poca importancia a las políticas al mantener presupuestos que en toda la región apenas llegan, al uno por ciento; se le da poca importancia; no tiene reflejo en el presupuesto. México había podido aumentarlo durante seis años.

Luz María García Guerrero es contundente: LaConvención, de obligada aplicación por los gobiernos que la firmaron y ratificaron no sólo habla de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, sino de crecer y ser educadas sin discriminación, como requisito para la eliminación de la violencia.

 Después de 25 años de la activación de la Convención, se puede afirmar que la realidad supera a la justicia por los hechos de violencia que masivamente siguen ocurriendo en la vida de las mujeres y por la tolerancia e impunidad de casos. Luego increpa a la justicia para que ofrezca respuestas adecuadas a las nuevas legislaciones.

El estudio consta de 180 páginas, tres grandes capítulos, 11 apartados, cinco ensayos, cuatro entrevistas, una memoria fotográfica y conclusiones; hace un repaso histórico de cómo se llegó a esta convención -que sólo hay una semejante en Europa- y cuál ha sido el comportamiento de los gobiernos, que firmaron una ley que debe aplicarse, sin dilación. Explica cuidadosamente la importancia de los grupos de mujeres en su origen y seguimiento.

También narra los momentos de evaluación, se duele que se hayan perdido casi 10 años en la puesta en marcha de leyes llamadas de Violencia Familiar que ocultaron a las mujeres como el centro de la Convención y reafirmaron una mirada facilista y conservadora, llegando, en algunos casos, a un mecanismo tan espurio como la conciliación. Las leyes integrales son recientes, algunos países, como Estados Unidos no sólo no firmaron la Convención, sino que carecen de una política pública para encarar el problema. Son deficientes, en casi todos los países, las estadísticas por sexo y existen mitos, llamados agentes propiciadores de la violencia contra las mujeres.

Encima y a pesar del avance, que todas reconocen, éste es lento, porque al paso de los años, los Estados partes no han cumplido su obligación estatal de terminar con las diferencias de las mujeres en el ingreso a la información, a las universidades, a la política, al trabajo, no se les enseña a  mujeres y niñas la manera de dejar de ser dependientes económicamente y pasar a ser autosuficientes; se las discrimina en ingresos y aún no se educa a la gente desde temprana edad en el respeto recíproco entre hombres y mujeres. No obstante que las normas en el acápite de Los Deberes del Estado contienen las obligaciones de prevenir, sancionar, y erradicar la violencia en contra de la mujer y estas normas tienen la calidad de auto ejecución o self executing, y aún permanece.

Esto no obstante un creciente del número de órganos especializados: fiscalías especializadas, tribunales especializados o tribunales que no están especializados, pero tienen competencia para esta materia.

Sin embargo, los estereotipos de género siguen anclados en la mentalidad machista y patriarcal de quienes ejercen la obligación de sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Eso incluye a hombres y mujeres que se han criado y están educados en los mismos patrones de subordinación que deben erradicar.

Ello explica la habitualidad con la que se investiga y decide judicialmente casos bajo esquemas y tesis que cuestionan el comportamiento de la víctima o sobreviviente, como cooperadora necesaria del delito del que ha sido víctima. Si las mujeres estaban solas, si estaban bebidas, si dieron o no consentimiento. Estás tesis de investigación habituales en los ministerios públicos, y aún peor, en las decisiones judiciales.

También se argumenta, para atenuar el delito o del hecho antijurídico para disminuir la responsabilidad penal, civil o administrativa del agresor: imputar o acusar por los delitos de menor penalidad; buscar salidas alternativas del proceso para dar una pena reducida.

A los testimonios probatorios de las víctimas, sobrevivientes y familiares sigue siendo otro desafío en la justicia, en tanto niega el valor probatorio de hechos e indicios que dan cuenta de contexto de violencia individuales o colectivos que en cualquier otro tipo de casos fueran más que suficientes para dar valor probatorio a los hechos denunciados.

Ese el de la justicia es un gran nuco, aún se investiga el comportamiento de la víctima. Se habla del estilo de vida de la mujer que ha sido asesinada por razones de género para justificar las razones de su muerte, de modo que no tengan valor. Se contrastan estas verdades con una construcción idealizada o psicopatologizada del agresor que “amaba demasiado” o que tenía razones suficientes para cobrarse la vida de la víctima o por el contrario que era un enfermo; y con los estándares patriarcales impuestos para calificar el comportamiento de las mujeres. Entonces, ¿hemos avanzando? Sí, definitivamente hemos dado pasos importantes, pero todavía no estamos cerca de cumplir el objetivo.

Actualmente, la Convención cuenta con la ratificación de casi todos los 35 Estados Miembros activos de la Organización de los Estados Americano (OEA). Ningún otro tratado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con el mismo número de ratificaciones.

Escriben: Presentación Mtra. Lorena Vázquez Correa, Investigadora del Instituto Belisario Domínguez; Prólogo Mtra. Patricia Patiño Fierro, Directora General de Difusión y Publicaciones Instituto Belisario Domínguez; Introducción Margarita Guillé Tamayo, Coordinadora de Investigación. Ensayos: Linda Poole – Panamá Redactora de la Convención; Hilda Morales Trujillo – Guatemala Experta del CEVI; Sylvia Meza – Costa Rica – Experta del CEVI; Luz Patricia Mejía – Washington – Secretaria Técnica; Georgina Leire Rudolph – Venezuela – Grupo redactor de la Convención. Entrevistas, realizadas por Margarita Guillé Tamayo: Alejandra Mora – Secretaria Técnica MESECVI; Tatiana Rein Venegas – Presidenta CEVI Chile; Susana Chiarotti – Argentina Experta – CLADEM y Zelmira Mireya Emilse – Una de las autoras de la Convención.

• Hasta 8 años de prisión a quién difunda imágenes íntimas sin consentimiento 

SemMéxico, Guadalajara, Jalisco. 06 septiembre de 2020.- Jalisco ya tiene Ley Olimpia. Este viernes el Congreso del estado aprobó reformas a diversas leyes para tipificar como delito la violación a la intimidad sexual y castigar a quién difunda contenido íntimo sin consentimiento. 

Al aprobar las reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal, Jalisco se convirtió en el estado 19 en contar con está ley que da la posibilidad de que se denuncie y se persiga el delito, lo que implicaría que las personas que suben imágenes intimas ajenas a redes sociales o amenacen con hacerlo, podrían ser castigadas con penas de hasta 8 años de prisión así como multas que van de los 86 mil a 173 mil pesos.

Con 28 votos a favor, las y los diputados aprobaron sancionar la exposición, distribución, venta o almacenamiento de imágenes, audios o videos, reales o modificados, que exhiban contenido sexual a través de redes sociales, e incluso amenazar a una persona con su publicación. 

La ley Olimpia en Jalisco prevé un aumento en las penas cuando los agresores tengan relaciones afectivas, familiares, religiosas o docentes con la víctima, así como la posibilidad de considerarse como pornografía infantil en caso de que la víctima sea menor de edad.

Además contempla la disculpa pública, realizar trabajo a favor de la comunidad, asistir a programas de reeducación con perspectiva de género, y el borrar o eliminar el material. 

Las reformas a las leyes quedaron de la siguiente forma:
Capítulo V

Violación a la intimidad sexual

Artículo 176-Bis 1. Comete el delito de violación a la intimidad sexual quien, por cualquier medio, difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, compile, comercie, solicite, haga circular, oferte o publique, o amenace con difundir, imágenes, audios o vídeos de contenido real, manipulado y/o alterado de una persona desnuda parcial o totalmente o cualquier contenido erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima, o que haya sido obtenido bajo engaño o manipulación.

Esta conducta se sancionará de cuatro a ocho años de prisión y multa de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización. Este delito se perseguirá por querella.

Las mismas penas se aumentarán hasta en una mitad cuando:

El delito sea cometido por el cónyuge o por persona con la que esté, o haya estado unida a la víctima por alguna relación de afectividad, aún sin convivencia;

ll. Cuando el sujeto activo mantenga una relación familiar, laboral, docente o educativa, o de carácter político;

lll. Cuando aprovechando su condición de responsable o encargado de algún establecimiento de servicio público realice alguna de las conductas establecidas en el presente artículo;

IV. Cuando aprovechando su condición de responsable o encargado de algún medio de comunicación impreso, grabado, digital, radiofónico o televisión en cualquiera de sus modalidades, difunda, compile, publicite, o reproduzca material intimo sin su consentimiento;

V. El sujeto activo se desempeñe como servidor público o integrante de las instituciones de Seguridad Pública;

VI. Cuando se cometa contra persona menor de edad;

VII. Se cometa en contra una persona en situación de vulnerabilidad social, por su condición cultural y/o indígena;

VIII.-Cuando medie la violencia física o moral para fabricar el contenido íntimo, sexual o erótico publicado sin consentimiento, y

IX. Si por las características de /os espacios de las tecnologías de la información donde se difundió, éste se viraliza en las redes sociales.

En los supuestos anteriores el delito se perseguirá de oficio en todos los casos la autoridad judicial, tratándose de sentencia condenatoria, ordenará al infractor a ofrecer disculpa pública, a realizar trabajo a favor de la comunidad, a asistir a programas de reeducación integral con perspectiva de género, y a borrar o eliminar el contenido audiovisual o electrónico cuando la conducta se haya cometido por medio de las tecnologías de la información.

Para los efectos de las disposiciones anteriores, el Ministerio Público o la autoridad judicial competente ordenará a la empresa de prestación de servicios digitales o informáticos, servidor de internet, red social, administrador o titular de la plataforma digital, medio de comunicación o cualquier otro donde sea publicado o compilado el contenido intimo no autorizado, el retiro inmediato de la publicación que se realizó sin consentimiento de la víctima, o que este haya sido obtenido bajo engaño o manipulación. 

Se estará a lo previsto en el Código Penal Federal cuando los hechos se adecuen al delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.