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Exigen restablecer recursos para Alerta de Violencia de Género

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Exigen restablecer recursos para Alerta de Violencia de Género

* Se reúnen integrantes del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva dialogó con integrantes de la Red Nacional de Alertistas

• Llaman a comparecer a titulares de SEGOB, SHCP e Inmujeres.

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 23 de julio, 2020.- El Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva se reunió con integrantes de la Red Nacional de Alertistas, quienes manifestaron la necesidad de restablecer los recursos del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación y de mejorar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, el cual consideran que no es atendido de manera óptima por las autoridades.

También pidieron a las legisladoras llamar a comparecer a las personas titulares de las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de las Mujeres, para que informen de manera específica el fundamento bajo el cual soportan los recortes de recursos a instituciones encargadas de procurar los derechos de niñas, jóvenes y mujeres.

En la reunión, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, expresó su total disposición para promover el diálogo en torno a estos temas, así como dar seguimiento puntual a los acuerdos que se alcancen.

La coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, indicó que las exigencias de la Red Nacional de Alertistas son compartidas por el grupo plural de diputadas. “Más allá de partidos, estas preocupaciones serán acompañadas y hay que establecer una ruta crítica para llamar a comparecer al funcionariado que sean necesarios”. 

La diputada Lorena Villavicencio Ayala, de la Fracción Parlamentaria de Morena, coincidió en la necesidad de que comparezcan las personas titulares de la SEGOB, la SHCP e INMujeres, para que expliquen el “hachazo” a este Instituto y abrió la posibilidad de realizar un parlamento abierto que permita conocer las motivaciones del gobierno para marginar un recurso fundamental para las mujeres. Planteó fortalecer el vínculo con la Conferencia Nacional de Gobernadores, porque si no se logra un mecanismo real entre Federación, estados y municipios no se tendrán los resultados esperados para las AVGM.

La diputada del PRI, Erika Sánchez Martínez, aseguró que el recorte de 151 millones de pesos al Inmujeres es una medida ilegal y se buscarán los canales necesarios para meter reversa a esa decisión. Dijo que la ley es clara e indica que todos los programas relacionados con mujeres son irreductibles. “Contrario a reducciones, se debería hablar de la ampliación de presupuestos”. Así mismo extendió una invitación a la Red Nacional de Alertistas a participar en las reuniones que tienen con las Fiscalías de las entidades federativas. 

La diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano indicó que, en próximos días se presentará una petición formal para reunirse con el Secretario de Hacienda, porque dicha Secretaría es quien reservó esos recursos. “Hay que exigir una respuesta ante este tema, porque la ley establece que lo etiquetado para la igualdad sustantiva no se puede reducir; es un desmantelamiento”. Sobre las AVGMs dijo que tendría que haber actuación urgente, por lo que el reto es diseñar una estrategia que reduzca los índices de violencia.

La diputada Olga Sosa Ruiz de la fracción parlamentaria de Encuentro Social estimó que, la activación de las AVGMs, no ha dado resultado y la violencia no ha disminuido. Otra necesidad importante, expresó, es que en los Congresos Estatales haya voces firmes porque faltan muchas armonizaciones sobre lo que ha hecho el Congreso Federal. Añadió que “no estamos de acuerdo con los recortes, aunque los programas no se toquen, el dinero se necesita para operarlos”.

Nayeli Fernández Cruz, diputada del PVEM, consideró que hoy los resultados son negativos y el compromiso del grupo plural es evitar el recorte de recursos y ayudar a prevenir las violencias hacia las mujeres. “Lo sucedido con el INMujeres se debe impugnar; no se tienen que tomar recursos de ahí, porque la vida de las niñas, jóvenes y mujeres está en juego”. 

Planteamientos de la Red Nacional de Alertistas

Por parte de la Red Nacional de Alertistas participaron: Lety Burgos Ochoa, María Luisa Sosa de la Torre, Argentina Casanova Mendoza, Sandra Sierra Limones, Maricruz Ocampo Guerrero, María Elena Ortega Cortés, Natalia Reyes Andráde, Silvia Avelina Nava Nava, Evangelina Flores Ceceña, Marina Reyna Aguilar, Mercedes Fernandez González, Mayela Ruiz Madrazo, Ma. del Carmen Ordaz, Rosa Ma. Gómez Saavedra, Julieta Hernández Camargo, Sandra Ruiz, Gloria Ramírez Herández y Mayela García, quienes formularon, entre otros, los siguientes planteamientos:

• La comparecencia de las personas titulares de SEGOB, SHCP e INMujeres para que informen sobre los recortes presupuestales.

• Que la SEGOB explique el impacto presupuestal en donde hay AVGMs declaradas o donde están en proceso. También, los avances en el marco de los sistemas de justicia y la atención a los protocolos Amber y Alba.

• Que la SHCP aplique los recursos destinados para programas de protección a niñas, niños y mujeres este año. Que dé marcha atrás a los recortes al INMujeres y que se entreguen los 400 millones de pesos que ha retenido a estados y municipios.

• Que la Secretaría de Salud informe sobre su estrategia de atención a la violencia hacia las mujeres y sus actividades prioritarias en los centros de apoyo en este periodo de contingencia sanitaria.

• Que la Conago emita un acuerdo urgente para reafirmar la operación de procesos de AVGMs con indicadores de impacto y además que el Anexo 13 se ejerza de manera íntegra con transparencia y rendición de cuentas a fin de evaluar los alcances y evitar el manejo clientelar. 

• Que en el análisis y aprobación del presupuesto federal 2021 se extraigan del Anexo 13 los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida”.

• Revisar de manera puntual las propuestas de reforma del mecanismo de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres a fin de eficientar su procedimiento para lograr su objetivo que es eliminar las violencias de género contra las mujeres.

SEM/sj

La Declaración de Pekín: ¿una agenda inacabada o contestada?

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La Declaración de Pekín: ¿una agenda inacabada o contestada?

* Un cuarto de siglo después: pocos avances, algunos retrocesos y nuevos desafíos

* Las mayores dificultades para lograr lo acordado en Pekín siguen siendo de índole política y económica 

María Solanas

SemMéxico/AmecoPress/esglobal Madrid, 23 de julio de 2020.- Hace más de dos décadas y media, 189 países se comprometieron con la que sigue siendo la hoja de ruta más ambiciosa para alcanzar la igualdad plena y efectiva de las mujeres en todo el mundo. En aquel 1995, en Pekín, los Estados acordaron intensificar esfuerzos para lograr, antes del fin de siglo XX, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, garantizando sus derechos y libertades, su independencia económica, la igualdad de acceso a puestos de poder, el derecho y el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, o a la educación en todos sus ciclos.

A lo largo de estos 25 años ha habido avances, aunque no en todos los ámbitos. Y la covid19 puede ampliar las brechas preexistentes. Según datos de ONU Mujeres, hay más niñas en la escuela que nunca (aunque 32 millones de ellas aún no reciben educación primaria); menos mujeres mueren durante el parto (cifras que, no obstante, han vuelto a dispararse durante esta pandemia, como lo hicieron en las anteriores del Ébola o el Zika); la proporción de féminas en los Parlamentos se ha duplicado en todo el mundo (aunque sigue siendo solo del 25 % y en el poder ejecutivo es exigua); y, durante la última década, 131 países han aprobado leyes en favor de la igualdad de las mujeres.

Como advierte el Informe de balance de la Plataforma y Plan de Acción de Pekín del Secretario General de Naciones Unidas del pasado mes de marzo, el progreso hacia la igualdad de género es lento, sigue retrasándose, no es sostenido, y no solo se ciernen amenazas sobre algunos de los avances que tanto ha costado alcanzar, sino que están revirtiéndose logros que se habían conquistado con enorme esfuerzo. A este contexto hay que sumar, como señala el informe, la desigualdad generalizada, la emergencia climática, los conflictos y el auge alarmante de las políticas excluyentes, que amenazan el progreso futuro hacia la igualdad de género. También hay que sumar los efectos desproporcionados de la covid19 en las mujeres y las niñas, y las consecuencias que tendrá no abordar esta pandemia con perspectiva de género.

Las mayores dificultades para lograr lo acordado en Pekín siguen siendo de índole política y económica. La falta de medidas eficaces para aumentar la representación de las mujeres en los cargos de poder es aún un gran obstáculo. Como señala la directora de ONU Mujeres, “no se puede llamar igualdad a apenas una cuarta parte de los puestos de toma de decisiones”: los hombres son el 75 % de los parlamentarios, ocupan el 73 % de los puestos directivos y suman el 70 % de los negociadores climáticos y la práctica totalidad de los encargados de establecer la paz.

También estamos muy lejos de alcanzar los objetivos en el ámbito económico: globalmente, el progreso en el acceso de las mujeres al trabajo remunerado se ha detenido en los últimos 20 años. Solo el 62 % de ellas forman parte de la población activa, frente al 93 % de los hombres. Las mujeres continúan asumiendo la mayor parte del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado, y en promedio, se les paga el 23 % menos que a ellos, una disparidad que alcanza el 35 % en algunos países.

Las cifras de la violencia machista (agravada durante la pandemia) siguen siendo abrumadoras, y aún afectan al 33 % de las mujeres en todo el mundo.


Cabría pensar que, en este contexto, la Unión Europea es una isla igualitaria que avanza a mayor velocidad. Según el Informe global de brecha de género 2020 del Foro Mundial de Davos, Europa occidental es la región de menor brecha, manteniéndose en esta posición durante los 14 años que se viene elaborando el informe.

No obstante, 25 años después de Pekín, ningún Estado del mundo ha conseguido la igualdad, ni siquiera los más avanzados: Islandia ha cerrado el 87,7 % de la brecha de género; Noruega el 84,2 %; Finlandia el 83,2 % y Suecia el 82 %. España, que ha reducido en un 80% su brecha de género, asciende en el ranking situándose entre los 10 primeros puestos, fundamentalmente por el importante avance en la dimensión de representación política. Con todo, señala Davos, al ritmo actual y si no se toman medidas adicionales, los países europeos tardarían una media de 54 años en cerrar la brecha.

En la UE, el balance de Pekín no es halagüeño. Uninforme reciente del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) que monitoriza el cumplimiento del Plan de Acción de Pekín revela que muchos de los desafíos identificados en 1995 siguen siendo muy relevantes: la brecha salarial, la distribución desigual del trabajo de cuidados no remunerado, o la violencia de género, entre otros. En territorio europeo conviven, junto con los escasos avances, retrocesos y nuevos desafíos que han emergido más recientemente, como los derivados de la digitalización, los flujos migratorios o una creciente reacción en contra de la igualdad de género. Hay progresos indiscutibles (aunque ningún país de la UE ha alcanzado los objetivos), pero en la región más igualitaria del planeta, también hay retrocesos y reacciones a los avances logrados.

Los obstáculos tienen muchas similitudes con los de hace 25 años: muchas de las desigualdades económicas tienen su origen en la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado, crianza y otros tipos de trabajo no remunerado. Esta carga desproporcionada de trabajo de cuidados que asumen las mujeres (que dedican, de media, 13 horas más a la semana que los hombres) impacta directamente en su participación en el mercado de trabajo. La brecha salarial persiste, y en la UE alcanza una media del 16 %. Ellas ocupan los trabajos de menores salarios, el trabajo a tiempo parcial, y son quienes abandonan su carrera profesional para cuidar de menores y personas dependientes. La brecha en las pensiones alcanza el 37%, lo que incrementa el riesgo de que muchas europeas sufran pobreza. A futuro y si no se actúa para cambiar la tendencia, las mujeres podrían ser, también, las grandes perdedoras de las oportunidades laborales que ofrece la digitalización. Están infrarrepresentadas en los puestos de decisión de las empresas y en las profesiones ligadas a las tecnologías de la información y la comunicación, una tendencia de carácter global.

Persisten en el conjunto de los países que integran la Unión estereotipos de género y discriminaciones políticas, económicas y sociales. En los últimos tiempos, ha emergido con virulencia una reacción “anti-género” que puede tener impacto negativo en el medio plazo si no se aceleran y se consolidan medidas concretas para avanzar en la igualdad efectiva. Como señala el informe del EIGE, estos grupos políticos y sociales impugnan el concepto de “género” para negar ciertos derechos a las mujeres y las personas LGTBQI, en particular el derecho a la salud sexual y reproductiva, que consideran “ideológico” y contrario a la concepción tradicional de la familia, apelando a la recuperación de los roles de género tradicionales (que relegan a las mujeres al ámbito doméstico y subrayan su papel subordinado) y a combatir lo que denominan “ideología de género” . 

Su carácter iliberal (en Hungría, Polonia o Rumania, entre otros) tiene en la igualdad de género uno de sus ejes ideológicos e identitarios. Como señala el informe del Instituto Europeo de Igualdad de Género, en algunos Estados miembros la situación ha empeorado respecto a la incorporación de la perspectiva de género, o el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, claves para construir una Europa más social y para lograr buena parte de los ODS relacionados no solo con la igualdad sino también con la pobreza, la salud, la educación, la acción climática, o el trabajo decente, por citar algunos.

El cambio social hacia sociedades inclusivas es posible, como han demostrado medidas encaminadas a hacer efectivos los derechos de las mujeres: la ampliación de los servicios públicos (incluyendo el acceso a la salud sexual y reproductiva, o servicios de cuidado infantil), la lucha contra la violencia de género, o el impulso a la presencia de más mujeres en la esfera política a través de leyes y medidas como las cuotas electorales. En la UE, más de la mitad de los Estados miembros han introducido cambios para el cuidado de la infancia y medidas para facilitar la conciliación de la vida personal y profesional de hombres y mujeres.

Como objetivo y valor fundamental de la UE, sus instituciones, en particular la Comisión y el Parlamento, deberán redoblar esfuerzos para avanzar en el camino marcado en Pekín. Para ello, necesitarán el apoyo de algunos de los Estados miembros más comprometidos con la agenda de la igualdad como España, Finlandia, Suecia o Países Bajos. En un contexto de erosión de algunos derechos y libertades de las mujeres (a instancias, entre otros, de países como EE UU y Rusia, pero también de Estados europeos como Hungría o Polonia) y de un claro intento de ruptura de los consensos básicos en la comunidad internacional acordados hace 25 años, se seguirá requiriendo de la UE un permanente esfuerzo para promover (y defender) la igualdad entre hombres y mujeres.

La crisis y la enorme incertidumbre global causada por la pandemia puede también contribuir al debilitamiento de la causa de la igualdad, no solo en las respuestas nacionales, sino también en los espacios multilaterales. Cierto que la movilización social en favor de los derechos y libertades de las mujeres en cada vez un mayor número de países del mundo demuestra que no se renunciará a lograr los objetivos . Pero no es menos cierto que, hoy, existe un riesgo mayor de que algunos de los compromisos acordados en Pekín acaben siendo excluidos de los marcos mundiales y los compromisos internacionales.

El balance de Pekín bien puede condensarse en pocas palabras: pocos avances, algunos retrocesos y nuevos desafíos. No estamos solo ante una agenda inacabada, o como definió el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de la “gran tarea inacabada de nuestro tiempo que es lograr la igualdad de género”. Asistimos, un cuarto de siglo después, a un cuestionamiento de derechos y libertades que habíamos dado como consolidados, a una agenda contestada, también en el interior de la UE.

Este 2020 aspiraba a ser un año para tomar nuevo impulso y relanzar el compromiso con la igualdad. La covid19 podría no solo arrinconar la agenda (imprescindible para lograr el resto de los Objetivos de la Agenda 2030), sino agravar las brechas de desigualdad preexistentes si las respuestas, una vez más, son ciegas al género. Es el momento de que los países más comprometidos, junto con instituciones como la UE, asuman un liderazgo más firme y robusto y acompañen a Naciones Unidas para que este año no sea una ocasión perdida, sino el momento en el que, como sucedió en Pekín hace 25 años, gobiernos, sociedad civil y organizaciones multilaterales comprometan acciones inaplazables para acabar, y hacerlo con urgencia y determinación, la gran tarea pendiente de nuestro tiempo.

SEM-AmecoPress

De lo que no se habla: abusos a mujeres con discapacidad

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De lo que no se habla: abusos a mujeres con discapacidad

* CERMI Mujeres denuncia el “ocultamiento” que sufren las mujeres con discapacidad en situaciones como la prostitución, los abusos, la vida en prisión o el VIH

* Fundación apela e impulsar el asociacionismo de las mujeres con discapacidad


Redacción 

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 23 de julio de 2020.- La Fundación CERMI Mujeres (FCM) denunció el “ocultamiento” que sufren las mujeres con discapacidad en situaciones como los abusos, la prostitución, la vida en prisión, el VIH o en el ejercicio del derecho a la maternidad.

Así lo puso de relieve la vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Ana Peláez Narváez, durante el 13º webinario del ciclo ‘No estás sola’, una iniciativa con la que la FCM analiza cada miércoles de manera telemática un asunto concreto y con la que impulsa el acompañamiento y participación de las mujeres con discapacidad y las madres y cuidadoras durante los meses de pandemia de COVID-19.

En el webinario, titulado ‘De lo que no se habla’, se abordó la problemática de los abusos contra niñas con discapacidad, con la intervención de Ángeles Sepúlveda, médica forense especialista en violencia de género y fundadora de la Asociación de Asistencia a Víctimas, quien denunció la “invisibilización” que sufren estas víctimas, pese a la mayor exposición. Asimismo, criticó la “minusvaloración” que se hace de las niñas con discapacidad, pues se les da menor credibilidad.

“Para acabar con esta lacra, lo primero es romper el silencio” y “potenciar recursos sin barreras y un lenguaje y medios adaptados como militantes de los derechos humanos”, agregó esta experta, quien apostilló que, “mientras existan los abusos, no lograremos la igualdad plena ni una sociedad respetuosa con los derechos humanos”.

Por otro lado, la problemática de la explotación sexual fue analizada por Beatriz Sagrado, consultora de género, salud y violencia, quien denunció que “la industria del sexo sigue ligada al ocio por ese derecho asumido por algunos hombres de poseer el cuerpo de la mujer”.

Deploró que “en la mercantilización del cuerpo de la mujer” se va dando cada vez una “demanda de mayor variedad, buscando lo exótico” y, es ahí donde en su opinión entra en juego la discapacidad, porque además “refuerza el deseo de posesión de los puteros”. Además, alertó de los efectos en la salud física y sobre todo psíquica el hecho de estar prostituidas.

En esta línea, se pudieron escuchar desde Latinoamérica testimonios de mujeres con discapacidad supervivientes a la prostitución. Dos de ellas confesaron las dificultades a las que se enfrenta para salir de la prostitución. Desde Venezuela, una mujer comentó que necesita dar de comer a su hija de nueve años y que, ante la falta de recursos, el único medio al que se puede agarrar para salir de la prostitución es la mendicidad.

Pero como ejemplo de que hay salida, María, colombiana, relató como perdió un brazo en el ejercicio de la prostitución y, posteriormente, pudo rehabilitarse y “salir de ese infierno en el que perdía la vida y la juventud”.

Vida en prisión

Mientras, Ana Belén Sevillano, responsable del Programa de Atención Integral e Inclusión Social de Plena Inclusión Castilla y León, abordó la situación de las mujeres con discapacidad en los centros penitenciarios, quien explicó que la mayoría de personas con discapacidad intelectual que están en prisión es por delitos materiales. Además, advirtió de que casi la mitad de las personas con discapacidad con las que trabajan no tienen reconocido oficialmente el grado de discapacidad, lo que dificulta que en el proceso judicial se pueda tener en cuenta esta situación y que en la cárcel puedan acudir a recursos de apoyo especializados.

Esta experta estuvo acompañada por Belinda Ponce, una mujer con discapacidad que ha estado en prisión en dos ocasiones. Calificó la vida en la cárcel como “muy dura” y comentó que desde Plena Inclusión se le ayudó a que se tuviera en cuenta su discapacidad en su día a día. Denunció que, al salir de prisión, no había recursos de atención específicos para mujeres con discapacidad, pero sí para hombres.


Concluyó su testimonio celebrando que ahora tiene trabajo, “aunque tengo que tener mucho cuidado con la pandemia”.

Desde Latinoamérica, intervino también una mujer con discapacidad superviviente al VIH. Un cáncer le ocasionó una discapacidad sobrevenida, y posteriormente fue diagnosticada de VIH. Fruto de esta situación, lamentó que sintió “discriminación y rechazo en su centro de trabajo. “Vivimos en una sociedad con una importante marginación, pero de esta situación no se habla, y la pandemia ha generado todavía muchas más

dificultades, porque no hay suficientes retrovirales”, compartió esta mujer, quien envió un mensaje de optimismo señalando que “en la vida hay que luchar y todo es posible”. En este punto, CERMI Mujeres llamó a implementar programas que trabajen de manera conjunta la discapacidad y el VIH.

Mujeres vulneradas, pero no vulnerables

Carmen Riu, presidenta de la Asociación Donas No Estándar, impartió la ponencia ‘Cómo nos definimos y cómo nos entendemos las mujeres con discapacidad’. En ella, pidió “no hablar de mujeres vulnerables, sino vulneradas, porque como personas, nuestros derechos humanos no son vulnerables, sino que son vulnerados”. Además, llamó a “no desfallecer en la lucha por la igualdad de derechos desde la sororidad”, que a su juicio, “es la única forma de construir un nuevo mundo” que no esté basado en la rivalidad y la separación entre hombres y mujeres, o personas con o sin discapacidad.

Por su parte, Sandra Darce, presidenta de FEMUCADI, organización de mujeres con discapacidad de Nicaragua, relató las “graves carencias” a las que se están enfrentando las mujeres con discapacidad en su país, sobre todo en el medio rural, sin acceso muchas veces a bienes básicos como el agua potable, lo que aumenta su situación de vulnerabilidad. En este punto, resaltó la importancia de las organizaciones de mujeres con discapacidad para luchar contra esta situación, argumento que fue reforzado por la vicepresidenta ejecutiva de CERMI Mujeres, Ana Peláez, quien instó a reforzar el asociacionismo de las mujeres con discapacidad y alabó el trabajo de las entidades de este ámbito en Latinoamérica.

Por último, en el encuentro se ahondó en el derecho a la maternidad de las mujeres con discapacidad con el testimonio de Raquel, quien agradeció el apoyo de su madre para poder salir adelante sola con su hijo. Por su parte, Manuela, una mujer de 52 años ciega, compartió emocionada que uno de sus dos hijos falleció repentinamente “y se me paró la vida”. Posteriormente, sufrió un accidente y ella misma perdió un brazo, teniendo que dejar su empleo como fisioterapeuta. Pese a su dura trayectoria, finalizó su discurso exclamando que “no quiero dar pena. Siempre he luchado mucho y ahora voy a seguir haciéndolo”.

SEM-AmecoPress

Preocupa desaparición de infantes en Chiapas, exigen acciones de búsqueda

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Preocupa desaparición de infantes en Chiapas, exigen acciones de búsqueda

* Cada tres días desaparecen dos menores en esa entidad

* Exigen a la Fiscalía investigaciones profundas y a los medios no revictimizar

Candelaria Rodríguez

SemMéxico, San Cristóbal de Las Casas, Chis., 23 de julio, 2020.- En Chiapas cada tres días desaparecen dos niñas, niños o adolescentes, señalan organizaciones sociales que urgieron al gobierno de esta entidad implementar acciones de búsqueda en todos los casos, ante la posibilidad de explotación laboral o sexual.

Melel Xojobal A.C. y Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas (REDIAS) señalan que en México desaparecen cada día 7 niñas, niños y adolescentes, en tanto que en esta entidad cada 3 días desaparecen 2 infantes o adolescentes.

La demanda de las organizaciones surgió luego de que la Fiscalía General del Estado informó que por el operativo de búsqueda del niño Dylan Esaú G.P., en San Cristóbal de Las Casas se desmanteló una red de trata que operaba en la ciudad, logrando el rescate de 23 niñas, niños y adolescentes, entre ellos tres lactantes de 3 meses, 12 meses, 20 meses de edad, y los demás de entre 2 y 15 años de edad.

La Fiscalía chiapaneca indica que de enero a lo que va de julio de este año, 160 niñas, niños y adolescentes han desaparecido en la entidad y solo 27 han sido localizados; el 21 % son de origen indígena y el 88 % son niñas y adolescentes mujeres; el 10 % de los casos han sucedido en San Cristóbal de Las Casas, la cifra de menores desaparecidos casi se ha duplicado con respecto a 2019, cuando se tuvo un registro de 183.

Las organizaciones refieren que existen graves vacíos y omisiones históricas del gobierno de Chiapas para avanzar en la garantía de los Derechos de la Niñez, por ejemplo señalan que el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA) no ha sido aprobado por el Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), ni cuenta con presupuesto para operar.  

Ello pese a que Chiapas es el estado con mayor población infantil del país, 4 de cada 10 personas tienen menos de 18 años, 30 % es de origen indígena, el 85 % vive en pobreza y estiman que este porcentaje podría incrementarse al 93 % por los efectos de la pandemia, situación que ponen en condición de vulnerabilidad a este grupo etario.

Melel Xojobal y REDIAS reconocen la actuación de las diferentes fiscalías y el trabajo coordinado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes para resguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes rescatados.  

Sin embargo, agregan, ante la grave situación de desaparición preocupan las conclusiones anticipadas sobre el caso de la red de trata de infantes desmantelada en días pasados, el señalamiento de las tres mujeres como únicas responsables, así como la falta de información sobre la existencia de reportes de desaparición o secuestro de alguno de los 23 niñas, niños y adolescentes encontrados.

Así como la posible relación de parentesco con las mujeres detenidas, la probable participación de más personas, las comunidades de origen de las niñas y niños, la forma en que llegaron ahí, por citar algunos vacíos.  

Por tanto, aseguran las organizaciones en un comunicado, “nos parece que el anuncio hecho por la Fiscalía de una presunta red de trata es imprecisa y se requiere mayor información para confirmar que efectivamente se cuentan con todos los elementos para configurar el delito de trata de personas”.

Ambas organizaciones indican que la difusión mediática en el caso de Dylan Esaú, aún no localizado y la estigmatización y criminalización a las niñas, niños y adolescentes trabajadores y sus familias por poner en riesgo a sus hijas e hijos mientras trabajan. 

Por ello llaman a realizar una investigación profunda e imparcial, en coordinación el Sistema Nacional de Búsqueda y fijan la responsabilidad del Estado de proteger los derechos de la niñez y la urgencia de fortalecer el funcionamiento de SIPINNA, en el estado y municipios, así como el trabajo de las Procuradurías de Protección a la Infancia.

Al gobernador Rutilio Escandón Cadena, como presidente del SIPINNA estatal, le piden integrar los derechos de la niñez como agenda prioritaria de su gobierno, impulsando políticas públicas y presupuesto para su garantía y acciones específicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la niñez.

Melel Xojobal y REDIAS exigen a los medios de comunicación, las autoridades de todos los niveles y a la sociedad en general que respeten y promuevan el interés superior de la niñez evitando la revictimización de las niñas, niños y adolescentes resguardados y la estigmatización de las infancias que trabajan o acompañan a sus familias en el trabajo.  SEM/cr/sj

Aumento de violencia contra mujeres, evidencia que las familias no son fraternas

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Aumento de violencia contra mujeres, evidencia que las familias no son fraternas

* RNR reportan incremento del 55 % en las atenciones y orientaciones, en 4 meses de confinamiento

* En 4 meses, la RNR ha efectuado 23 rescates, las instituciones no siempre responden

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 23 de julio, 2020.- Las mujeres en México estamos enfrentando dos pandemias: el COVID-19, que evidenció y profundizó las diversas desigualdades que viven y afectan a todas las mujeres en este país, y las violencias familiares que han incrementado y lo siguen haciendo durante la etapa de confinamiento, demostrando que el machismo, la misoginia y las violaciones a derechos humanos no están en cuarentena

La Red Nacional de Refugios (RNR) advierte que mientras más se alargue la etapa de confinamiento la vida de las mujeres y, en su caso, la de sus hijas e hijos se encontrará en mayor riesgo y reitera que los datos evidencian que no todas las familias mexicanas son espacios de fraternidad, explican en relación a la expresión del presidente mexicano el pasado 6 de mayo.

El organismo no gubernamental señala que del mes de marzo a junio del 2020 ha brindado acompañamiento, atención integral y protección a 21 mil 74 personas a través de los Refugios integrantes, Centros de Atención Externa, vía telefónica y nuestras diversas redes sociales, representando un incremento del 71 % de personas atendidas en comparación al mismo periodo del 2019. 

Y como parte de la campaña Aislamiento Sin Violencia, ¡No Estás Sola! ha proporcionado orientación y atención a través de líneas telefónicas y redes sociales a 6 mil 475 personas, de las cuales el 73.63 % son mujeres, el 16.13 % instancias de gobierno y el 10.24 % hombres, representando un incremento del 55 % en comparación del mismo periodo del año pasado. 

Las llamadas y mensajes de orientación y apoyo recibidos han sido de los 32 estados de la República Mexicana, concentrándose el 46 % en la Ciudad de México y el Estado de México, seguidos del 29 % de Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Guanajuato y Veracruz. Lo que muestra que los alcances de las violencias no respetan límites territoriales, el machismo nos atraviesa a todas.

En estos 4 meses, la RNR ha efectuado 23 rescates de mujeres y sus hijas e hijos que tuvieron que salir huyendo de sus casas en medio de la contingencia por la situación de riesgo que enfrentaban, de los cuales fueron: 7 en la Ciudad de México, 5 en el Estado de México, 6 en Morelos, Puebla y Chiapas (2 en cada entidad) y 5 en Nayarit, Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo e Hidalgo (1 en cada entidad), esto independientemente de las referencias a los espacios de protección y los ingresos a Refugios. 

Pese a la falta de presupuesto para cubrir los gastos emergentes que conlleva la pandemia del COVID-19 y las estrategias que se implementan pre y post refugio, los 69 espacios de prevención, atención y protección han continuado de forma ininterrumpida: de marzo a junio a 14 mil 599 mujeres con sus hijas e hijos, lo que representa un incremento del 81 % de mujeres, niñas, niños y adolescentes atendidos respecto al mismo periodo en 2019. 

Las violencias en los hogares durante el confinamiento son una problemática que afecta y transgrede también a la población infantil, el 46% de las hijas e hijos de las mujeres que pidieron apoyo a la RNR fueron víctimas de violencias en sus casas durante el confinamiento, asimismo el 8 % que representa a más de 500 niñas, niños y adolescentes que ingresaron a Refugio fueron víctimas de violencia sexual mientras se quedaban en casa para protegerse del COVID-19.

Los tipos de violencia perpetrados en 4 meses de confinamiento

  • 41.15 % de las mujeres refirieron ser víctimas de violencia física
  • 23.29 % emocional 
  • 5.46 % económica y patrimonial 
  • 3.63 % sexual. 
  • 2 % en las mujeres que fueron víctimas de intento de feminicidio
  • 9 % en las mujeres que refirieron ser víctimas de todas las formas de violencias (física, sexual, emocional, patrimonial y económica). 

La RNR señalan que mientras en mayo se incrementaron 52 % los mensajes y llamadas solicitando auxilio, apoyo y orientación, en junio fue de 2 % más, en ambos casos comparados con los mismos meses de 2019, sin embargo, señalan que disminuyeron los mensajes en un 34 % en comparación con los dos primeros meses de confinamiento (marzo y abril 2020)

“Esto no es reflejo de una baja en las violencias familiares, al contrario, como lo hemos evidenciado y documentado, mientras más se alargue la etapa de confinamiento la vida de las mujeres y, en su caso, la de sus hijas e hijos se encontrará en mayor riesgo”, es decir, explican que a mayor control menor posibilidades de pedir auxilio.

Condición que califican como “foco rojo” por lo que sugieren a todos los gobiernos que implementen acciones integrales, intersectoriales y con enfoque de género y derechos humanos que garanticen el bienestar y la seguridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que están en riesgo dentro de sus casas. 

Estimaron que al menos 3 de cada 10 solicitudes de auxilio a la RNR fueron realizadas por amistades, familiares y demás personas cercanas a la mujer en situación de violencias. 

Falta de atención institucional

Dos de cada 10 mujeres que solicitaron apoyo a la RNR refirieron haber acudido con anterioridad a otra instancia estatal o municipal sin recibir la ayuda esperada. De igual forma, el 4 % de las mujeres que ingresaron a Refugio refirieron haber sido informadas en instancias gubernamentales que los Refugios no estaban operando ante la contingencia, logrando posteriormente llamar a la línea de la RNR a través de la cual fueron referidas. 

Esto “refleja no solo que algunas instancias gubernamentales están rebasadas sino también la incapacidad de las y los servidores públicos, quienes deberían de informar profesionalmente y desde un enfoque de género a las mujeres sobre los mecanismos a los que tienen derecho e incluso ser ellos mismos quienes refieran y realicen los traslados de los casos, asumiendo la corresponsabilidad de estos, lo cual en diversas ocasiones no existe”, puntualiza la Red Nacional de Refugios.

SEM/sj

Compromiso con agenda de las mujeres, piden a consejeras del INE

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Compromiso con agenda de las mujeres, piden a consejeras del INE

* Mujeres en Plural se congratula con la integración de cinco mujeres en se organismo

*  Garantizar la democracia paritaria libre de violencia política contra las mujeres en razón de género, demandan

Redacción

SemMéxico, 23 de julio, 2020.- La Red de Mujeres en Plural invitaron a las cinco mujeres que forman parte del Consejo General de INE a sostener su permanente compromiso con la agenda de los derechos políticos y electorales de las mujeres mexicanas y la prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género para su erradicación.

Esto luego de que en la Cámara de Diputados fueron designados las y los cuatro nuevos consejeros, tras alcanzar la mayoría calificada requerida este miércoles: Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, Martín Faz Mora y Uuc-kib Espadas Ancona.

En un comunicado, Mujeres en Plural celebraron que por primera ocasión el Consejo General del INE tendrá cinco mujeres de las 11 personas que lo conforman, pero consideran que pudieron haber sido 6 “en cumplimiento a la reforma constitucional de Paridad en Todo”, solicitud que presentaron en marzo pasado.

Las cinco consejeras del Instituto Nacional Electoral son: Adriana Margarita Favela Herrera, Beatriz Claudia Zavala Pérez, Carla Astrid Humphrey Jordán, Dania Paola Ravel Cuevas y Norma de la Cruz Magaña. 

A ellas, Mujeres en Plural les pide sostener el compromiso de promover activamente que todo el Consejo General desde las competencias de ese órgano constitucional autónomo y los organismos públicos locales electorales fortalezcan el marco jurídico que hoy el Congreso de la Unión y los Congresos locales han construido para garantizar la democracia paritaria libre de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Nuestro Estado de derecho avanza con la entrada en vigor de reformas que lo robustecen y cumplen con los derechos humanos de las mujeres en su aspiración legítima a estar en los espacios de elección y de poder de manera paritaria respecto de los hombres, reformas que iniciarán a surtir efecto en el proceso electoral histórico de junio del año 2021, con las decisiones que tomarán electoras y electores y con la actuación del conjunto de autoridades y partidos políticos, dice el comunicado.

Agradecen también a quienes integraron el Comité Técnico de Evaluación por el trabajo serio y esforzado que realizaron. 

SEM/sj

Piden a Congreso de Jalisco informe de iniciativas sobre desaparición de personas

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Piden a Congreso de Jalisco informe de iniciativas sobre desaparición de personas
  • Se discuten tres iniciativas de ley: Personas Desaparecidas, de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y Ley de Víctimas
  • Piden la identificación de las observaciones hechas por diversos colectivos

Redacción

SemMéxico, Guadalajara, Jal., 22 de julio, 2020.- Una reunión de carácter urgente con el Pleno de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, para que nos informe sobre la hoja de ruta que ha previsto el Congreso local para la revisión, discusión, dictaminación y posterior votación de las tres propuestas legislativas a la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco y Ley de Víctimas del Estado de Jalisco, solicitaron hoy diversos colectivos.

En una carta, las organizaciones defensoras y defensores de derechos humanos pidieron que esa comisión comparta el avance en la incorporación de las observaciones que varias de las firmantes hemos hecho a dos de las tres iniciativas, y a las recabadas durante las mesas de trabajo sostenidas en el mes de enero de 2020.

Por ello, solicitan al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso de Jalisco, diputado Jorge Eduardo González Arana, como responsable de la dictaminación de las tres iniciativas, que atienda las obligaciones del Poder Legislativo y los acuerdos celebrados en enero de este año en el marco de las “mesas de trabajo para dictaminar las propuestas de leyes de Personas desaparecidas del Estado de Jalisco, de Atención a Víctimas y de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas” y sea desde esta Comisión que seamos convocadas para la discusión de las mismas.

La identificación de los documentos sobre los cuales se realizaron las observaciones de las diversas organizaciones locales e internacionales y colectivos. Conocer las adiciones que se han hecho a las iniciativas presentadas por el Gobernador a partir de las observaciones realizadas por distintos actores, sobre los cuales se discutirán las leyes y los criterios de incorporación de las observaciones.

Por tanto, para que el proceso sea adecuado y eficiente, será fundamental contar con los documentos ya mencionados para poderlos revisar previo a las mesas técnicas de trabajo, cuando menos 15 días antes de su discusión. De igual manera, es importante identificar las partes que no fueron incorporadas, o sobre las cuales existe controversia o diferentes puntos de vista, para concentrarnos en la identificación de propuestas que puedan resolver esos puntos concretos.

La metodología debería identificar claramente el orden de revisión de los documentos (priorización), la forma en que se incorporarán las observaciones discutidas en las mesas técnicas correspondientes, la persona o personas que darán seguimiento y elaborarán el dictamen final que será votado por las y los integrantes del pleno y dará a conocer a las y los actores que participaron de su discusión. Finalmente, que el documento que sea trabajado y acordado por las organizaciones y el Congreso, no sufra cambios en la votación del pleno.

Es importante saber quiénes participarán en los procesos de revisión en las mesas técnicas ya acordadas y, reiteramos la importancia de la participación de las familiares de personas desaparecidas, víctimas de otras violaciones a los derechos humanos y los delitos, personas expertas, organismos internacionales, así como las autoridades que serán responsables de la implementación o cumplimiento de las leyes.

Con el fin de usar eficientemente el tiempo, será relevante consensuar con las familias un calendario en el que se identifiquen los días y horarios de revisión. Previa entrega de los documentos a discutir.

Solicitan que los trabajos realizados conjuntamente entre las diferentes autoridades sean llevados bajo condiciones adecuadas, por ejemplo, sin fotografías y/o publicidad de las mismas. Esperando poder construir una relación de confianza y basada en el diálogo honesto y respeto a los acuerdos.

Que se realice la convocatoria para el establecimiento de las mesas técnicas, por parte de la Comisión de Derechos Humanos.

Dada la contingencia, pedimos que la participación pueda hacerse de manera remota, con horarios razonables en tanto esta forma de participación puede ser más complicada, promoviendo los mecanismos y alternativas más adecuadas que garanticen la participación más amplia.

Señalan las colectivas firmantes: Colectivo Por Amor a Ellxs, Colectivo Entre Cielo y Tierra

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C (CEPAD), Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J., Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y el Observatorio Legislativo ITESO.

En vulnerabilidad las Trabajadoras del Hogar; desempleo y COVID-19 entre las causas

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En vulnerabilidad las Trabajadoras del Hogar; desempleo y COVID-19 entre las causas
  • Denuncian que alrededor de 250 mujeres que integran la Red, ninguna ha sido dada de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta el momento.
  • “Trabajamos en una situación de vulnerabilidad, porque no tenemos las condiciones laborales”, dicen.

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico.Chilpancingo, Gro, 22 de julio del 2020.- Entre el desempleo, la falta de apoyo, de seguridad social y la COVID-19, se mantienen las trabajadoras del hogar en el Estado de Guerrero. 

En  el marco del Día Internacional del Empleo Doméstico, Petra Hermillo Martínez, integrante de la Red de  Mujeres Trabajadoras del Hogar en Guerrero, dio a conocer que continúan en la lucha de sus derechos como el reconocimiento real del trabajo doméstico remunerado, la seguridad social, entre otros.

El trabajo doméstico, se encuentra reconocido en el tratado internacional, ratificado por el gobierno mexicano 189, en la ley Federal del Trabajo, capítulo 3 en el que habla de trabajo doméstico, y en cuanto a derechos, en la Ley del Seguro Social que señala que las trabajadoras del hogar pueden ser dadas de alta, y que es una lucha que la Red en Guerrero, había venido dando  desde hace mucho tiempo, apuntó Hermillo Martinez.

A pesar de ello, de las alrededor de 250 mujeres que integran la Red, ninguna ha sido dada de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta el momento “trabajamos en una situación de vulnerabilidad, porque no tenemos las condiciones laborales”, denunció.

Con la pandemia por COVID-19, la situación  las trabajadoras del hogar se ha complicado aún más, de las 250 agremiadas, de las 80 de la zona centro, unas cuantas, han sido llamadas a reiniciar labores, la mayoría continúa en desempleo, alrededor del 40  por ciento, “los empleadores comentan que no hay posibilidades, debido a que a ellos mismos en sus respectivos trabajo, no han sido llamados  a reiniciar”.

A esto, se suman los contagios por COVID-19, tan solo en la zona centro, fueron reportadas 4 trabajadoras domésticas contagiadas, el número podría ser mayor, la Red, se encuentra en este momento, realizando un monitoreo, un estudio de la situación del resto de las integrantes, para establecer un panorama más preciso, comentó Petra Hermillo.

Al continuar el receso laboral decretado por las autoridades sanitarias estatales y federales, agrava la situación de desempleo de las trabajadoras del hogar, “está muy complicado,  porque no hay todavía, porque los empleadores –alrededor de 30-, ninguno ha llamado, solo tres han pedido que continúen las compañeras”.

Durante el punto álgido de la pandemia, la Red de  Mujeres Trabajadoras del Hogar, a apoyo a alrededor de 180 de sus agremiadas con ayuda alimentaria donada por una fundación. No ha recibido ningún tipo de ayuda por parte de ninguna instancia gubernamental, la Secretaría de la Mujer, les debe aún un curso de capacitación para el autoempleo, del que hasta la fecha no saben si se realizará. 

“En la situación laboral, no estamos bien, hay problema de desempleo, desabasto alimenticio, sin servicio a la salud que tanto se requiere, en el caso de las que pagan renta se complicada su situación, no es nada favorable para las trabajadoras del hogar, es complicado, difícil y desesperante”, expuso Petra Hermillo.

Claman por un trabajo de lavado o planchado de ropa, por lo menos.

Renuncian consejeras del IMMO por abusos de poder de munícipe de Oaxaca

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Renuncian consejeras del IMMO por abusos de poder de munícipe de Oaxaca
  • Dan a conocer que seguirán atentas a las acciones del Instituto
  • TEEO deberá resolver el JDC interpuesto en contra de Oswaldo García Jarquín

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 22 de julio, 2020.- Las integrantes de los Consejos Consultivo y del Consejo Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia de Género contra las Mujeres y del Seguimiento a la Declaratoria de la AVGM en el Municipio de Oaxaca de Juárez dieron a conocer que renunciaron a su cargo honorífico como un acto de sororidad con la ex titular de ese organismo y frente “el abuso de poder” del munícipe capitalino, Oswaldo García Jarquín.

De manera virtual y acompañadas de la ex directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMMO), Jaquelina Escamilla Villanueva, nueve de las 11 integrantes de ambos consejos dijeron que presentaron su renuncia y señalaron como falta de respeto la nula atención a dos solicitudes de audiencia, además de exigir al munícipe que haga pública dicha renuncia con fecha del 14 de julio.

Esto derivado de la solicitud de renuncia, no formal, que hace casi dos meses demandó el alcalde oaxaqueño a la entonces titular del IMMO, tras un acto considerado como “autoritario y machista” en que se acusó a Escamilla de insubordinada porque presuntamente no acató la orden de llevar a cabo una supuesta conferencia impartida por personas afines al movimiento pro vida, pese a que contravenía los derechos humanos de las mujeres, señalaron las consejeras en conferencia de prensa.

En ese sentido, Ximena Avellaneda Jiménez, del GESMujer, recordó al munícipe capitalino y al cabildo que los derechos logrados por las oaxaqueñas “no son regresivos y no pueden pensar en conculcarlos”, en referencia al derecho al aborto hasta la 12 semana, tema al que se refirió la Senadora Citlalli Hernández, el 22 de mayo, y que molestó a los grupos próvida, incluida Patricia Benfiel, pareja del munícipe oaxaqueño, quien junto con otras personas comentó: “Oaxaca es Provida”, “El presidente municipal es Provida”, en el chat oficial del IMMO.

Denunciaron que la solicitud de renuncia de Escamilla se agravó hace 15 días cuando el personal operativo del IMMO, compuesto por 9 profesionistas fue despedido, bajo el argumento de que concluyó su contrato trimestral, sistema bajo el cual habían trabajado el último año y medio, con la consecuencia de que no hay quien atienda, en plena contingencia, a las niñas y mujeres que sufren violencia familiar, señaló Vilma Katt Ulloa.

Erika Lilia Díaz Cruz señaló que García Jarquín ha empleado términos “que carecen de rigor legal” o que se aplican de otra manera al pretender justificar el despido de la extitular de IMMO “en un ejercicio de poder que transita de un ámbito privado a uno público, heteronormativo, donde un hombre decide sobre las mujeres”, citó la también titular de la organización Lunas del Sur.

La ex consejera Yamile Gómez Hernández, directora de Equidad y Género de la UABJO, dijo que la renuncia es un acto de congruencia política con el “abuso de autoridad” del presidente municipal y afirmó que seguirán exigiendo justicia y acompañamiento a Escamilla Villanueva para que sus derechos sean restituidos, buscamos “sentar un precedente de no tolerancia y abuso”, dijo. Posición que también asumió Katt Ulloa, quien dijo que habrá otras acciones de apoyo a Escamilla.

Las consejeras también dieron su opinión sobre la recién nombrada nueva titular del IMMO, Graciela Calvo. En ese sentido Katt Ulloa señaló que la autoridad debe informar quien es la nueva funcionaria y sobre los posibles intereses políticos que habría detrás, al ser ella socia de la esposa de un funcionario de un alto nivel.

Avellaneda Jiménez dijo no conocer a profundidad el trabajo realizado previamente por Graciela Calvo, aunque sostuvo que tiene preparación y formación en género.

Rosario Pacheco, titular de la Clínica de Atención Psicológica y Terapias Alternativas, dijo que este instituto está hoy “bajo el ojo del huracán”, que como organizaciones sociales seguirán dando vigilancia puntual a lo que ahí sucede. “No porque sea la persona, sino porque es una institución gubernamental, no sería extraño que (Graciela Calvo) llevara a sus compañeras de la AC para trabajar en el IMMO, no estaría mal pero no debe ser así”, apuntó.

Ríos Coca fue enfática al explicar que “aceptar un cargo bajo estas condiciones es para mí un acto de incongruencia, por lo que no le doy ningún crédito”, dijo y recordó que García Jarquín al correr a la ex titular del IMMO, “violentó sus derechos humanos”.

Mayra Morales Aldaz, de DDSER, dijo que la renuncia es una forma de apoyo sororo con las ex trabajadoras y ex titular del IMMO despedidas y advirtió que como lo han hecho hasta ahora seguirán vigilantes, más allá de quien dirige ese instituto, “porque no se puede avanzar con estas acciones de abuso de poder”.

Por último, Díaz Cruz se refirió a la gravedad de la falta de un pronunciamiento por parte de las y los integrantes del Cabildo frente a un acto de violencia y el daño colateral que ha traído.

En ese sentido, unió su voz la consejera Evlin Hernández Aragón, de Mujeres Lilas, quien calificó como silencio “cómplice” la falta de un pronunciamiento del Cabildo y dijo que la renuncia de las integrantes de los dos consejos se dio como una protesta ante la falta de respeto de la autoridad municipal para con todas las mujeres al ejercer violencia en contra de las ex funcionarias.

Por otra parte, la ex titular del IMMO informó que este jueves 23 de julio, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca deberá resolver la admisión del Juicio de Derechos Ciudadanos interpuesto por ella en contra de la autoridad municipal encabezada por Oswaldo García Jarquín por la comisión de violencia política en razón de género.

SEM/js

Urge entrada en vigor de reforma que sancione el acoso sexual contra las mujeres: Consorcio Oaxaca

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Urge entrada en vigor de reforma que sancione el acoso sexual contra las mujeres: Consorcio Oaxaca

Redacción

SemMéxico. Oaxaca. 22 de julio de 2020.- Información de la organización feminista, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, revela que el acoso sexual representa la tercera cifra más alta en delitos sexuales contra las mujeres en Oaxaca, según su Plataforma de Violencia Feminicida.

Consorcio Oaxaca destacó que el 50% de las víctimas son niñas y adolescentes en un rango de edad que oscila entre los 10 y 17 años. Según los casos registrados, el 63% sucedieron en la calle, el 23% en la escuela y el 14% en el transporte público, espacios laborales y redes sociales. En cuanto a los acosadores, el 63% fueron desconocidos y un 32% servidores públicos, entre los que se encuentran profesores.

De los 22 casos de acoso sexual registrados en la entidad, 81% han ocurrido en tres regiones del estado: Valles Centrales (9 casos), la Mixteca (7 casos) e Istmo de Tehuantepec (2 casos)

“El acoso sexual representa un grave daño a la libertad y desarrollo psicosexual de niñas y mujeres, es una forma de violencia que atenta contra su derecho a ocupar libre y dignamente espacios que de manera cotidiana habitamos como la calle, la escuela, el trabajo y las redes sociales.” sentenció la organización en su comunicado.

Consorcio Oaxaca, refirió que el acoso sexual se encuentra tipificado como delito en el Artículo 241 Ter del Código Penal del Estado de Oaxaca que recientemente fue reformado por el Congreso del Estado, aumentando la sanción hasta por  cuatro años de prisión. Entre otros aspectos, la reforma señala también que sí el acosador es servidor público o con algún cargo honorario, se le destituirá y se le inhabilitará para ejercer otro cargo público

Finalmente, la organización consideró urgente la publicación de la reforma en el Periódico Oficial de Oaxaca que entre en vigor y se puedan impartir sanciones ejemplares a quien acose a las mujeres. 

SEM/GR

Violencia continúa cobrando vidas de mujeres en Oaxaca

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Violencia continúa cobrando vidas de mujeres en Oaxaca
  • Esta mañana dos nuevos casos de feminicidios
  • 448 asesinatos en la administración de Murat Hinojosa

Patricia Briseño

SemMéxico, Oaxaca, 22 de julio, 2020.- Dos mujeres fueron asesinadas esta mañana, en puntos distintos del territorio oaxaqueño, en ambos casos, la autoridad ministerial abrió la carpeta de investigación e inició las diligencias correspondientes.

Datos de Consorcio Oaxaca señalan que son 448 los asesinatos violentos ocurridos en la actual gestión del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en tanto que GesMujer afirma que 234 de esos asesinatos han ocurrido en los casi dos años desde que se decretó la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres en 40 municipios de la entidad, lo que ocurrió el 30 de agosto de 2018.

El primer caso ocurrió en Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa, donde una mujer fue asesinada a balazos en vía pública, cerca de las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Oaxaca. 

Por otra parte, un grupo de cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron ejecutadas en jurisdicción de Ocotlán de Morelos, al sur de la ciudad de Oaxaca.

Según el reporte preliminar el crimen sucedió a un costado de la carretera federal 175, Oaxaca-Puerto Escondido, las víctimas presentaban heridas por disparos de proyectil, y estaban separados entre sí. 

Detienen a feminicida y lesionan a activista

En otro orden, el ayuntamiento de Mazatlán Villa de Flores confirmó la detención del presunto feminicida de Evelin, de 20 años de edad, cometido el pasado sábado en esta localidad indígena mazateca, uno de los 40 municipios declarado en la alerta de género. 

Rogelio Rosas Blanco, presidente municipal de Mazatlán Villa de Flores, condenó los hechos que privaron de la vida a la joven al interior del negocio de alquiler de computadoras, en la comunidad de Piedra Ancha. 

De acuerdo con la carpeta de investigación 21963/FNSC/HUAUTLA/2020, el probable responsable, identificado como Francisco N, privó de la vida con un objeto punzo cortante a la víctima, cuando ella se encontraba en su centro de trabajo. 

En tanto, Elizabeth Cruz, presidenta del Comité de Vida Vecinal del Barrio de Xochimilco, fue atacada por la espalda con arma blanca en inmediaciones de su domicilio cuando se disponía a encabezar una reunión en este asentamiento, ubicado en el perímetro del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. 

El agresor huyó del lugar dejando abandonado el vehículo donde aguardó  a la activista, un vehículo modelo Aveo, marca Chevrolet, color azul y placas B21-BBR de la Ciudad de México. 

SEM/pb/sj

OPS insta a países intensificar esfuerzos para evitar más contagios de COVID-19 entre los pueblos indígenas

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OPS insta a países intensificar esfuerzos para evitar más contagios de COVID-19 entre los pueblos indígenas
  • En México, se registraron 4.092 casos, 649 de ellos mortales, en poblaciones indígenas

Por Redacción ONU México

SemMéxico/ONU Noticias. 22 de julio 2020.- Los pueblos indígenas de varios países de las Américas están experimentando un creciente número de casos y muertes por COVID-19, y la Organización Panamericana de la Salud instó a las autoridades de salud a «redoblar esfuerzos para prevenir el avance de la infección en dichas comunidades, así como también para asegurar el acceso a los servicios de atención de salud».

La alerta de la OPS llamó a fortalecer el manejo de casos utilizando enfoques culturalmente apropiados, e implementar medidas preventivas en todos los niveles del sistema de salud para reducir la mortalidad asociada con COVID-19.

«La pandemia COVID-19 representa un riesgo para la salud de los pueblos indígenas, tanto aquellos que viven en áreas urbanas como los que viven en asentamientos remotos o aislados donde el acceso a los servicios de salud es un desafío y la capacidad muchas veces limitada para atender a toda la población,” dice la alerta de la OPS.

Para interrumpir la transmisión de COVID-19 en comunidades indígenas, la OPS recomienda que los líderes indígenas participen en acciones para detectar casos a tiempo, obtener confirmación de laboratorio, aislar casos positivos, y rastrear y poner en cuarentena sus contactos.

«Entre las poblaciones indígenas que viven tanto en asentamientos remotos o aislados como en áreas urbanas, algunos de los factores de riesgo que podrían estar asociados a altas tasas de mortalidad por COVID-19 son la desnutrición, el acceso deficiente o falta de acceso a los sistemas de salud, así como a agua potable y saneamiento básico, además de la alta carga de enfermedades parasitarias», señala la alerta.

La OPS analizó la situación COVID-19 entre las poblaciones indígenas de varios países. En Bolivia se registraron 31.249 casos y 1.135 muertes. Brasil reportó 7.946 casos confirmados y 177 muertes entre los pueblos indígenas en todo el país. Canadá tuvo 334 casos confirmados en cinco provincias, incluidas 6 defunciones. Hasta el 6 de julio, se han notificado 1.534 casos confirmados, 73 de ellos mortales entre los indígenas de Colombia, mientras que en Ecuador se han confirmado 4.498 casos, incluidas 144 muertes. En México, se registraron 4.092 casos, 649 de ellos mortales, en poblaciones indígenas. En Estados Unidos, se han notificado 22.539 casos confirmados en 12 áreas del Servicio de Salud Indígena. Y en Venezuela, se han notificado 152 casos, entre ellos una muerte, entre los pueblos indígenas.

Las estrategias de vigilancia del COVID-19 en las comunidades indígenas deben incluir la vigilancia comunitaria llevada a cabo por los residentes, así como la atención primaria, en hospital, y en centros de salud, con especial atención a reportar rumores de casos o muertes relacionados con la fiebre y dificultad para respirar que deben ser investigados para determinar la causa y proporcionar atención médica rápida a los afectados, dice la alerta de la OPS.

La OPS destacó la importancia de una buena comunicación sobre COVID-19 entre las comunidades indígenas, utilizando lenguas indígenas y adaptando mensajes para considerar prácticas y culturas locales con símbolos e imágenes cuando sea necesario. «Las formas en que se transmiten los mensajes deben ser validadas por las mismas poblaciones indígenas. Las imágenes utilizadas en los documentos y en las redes sociales deben ser incluyentes y no deberían nunca estigmatizar a los pueblos indígenas», señala el documento.

La alerta recomienda que las autoridades sanitarias fomenten los intercambios entre los profesionales tradicionales, los terapeutas ancestrales y otros miembros de la comunidad «para que medidas específicas como el distanciamiento social, el diagnóstico, aislamiento y tratamiento consideren sus visiones del mundo, prácticas ancestrales existentes y sus contextos. En este sentido es también importante considerar la importancia y el sentido de la medicina tradicional tiene para los pueblos indígenas».

La OPS también señala que se necesitan diferentes estrategias para las poblaciones de las zonas urbanas, las que residen en aldeas, poblaciones indígenas migrantes o poblaciones indígenas en aislamiento voluntario, «considerando que el diferencial de vulnerabilidad y exposición frente a la COVID-19 no afectará de la misma manera a todas las comunidades indígenas.”

La OPS está trabajando estrechamente con organizaciones indígenas de la selva peruana, el este de Bolivia, la Amazonía ecuatoriana, la Amazonía colombiana y la Amazonía brasileña, representadas por el Coordinador de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Río Amazonas (COICA).

Buscan a Destinee de 17 años; abordó un Uber y desapareció en Juárez

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Buscan a Destinee de 17 años; abordó un Uber y desapareció en Juárez
  • Solicitan ayuda para dar con el paradero de la jovencita Destinee Cruz, quien desapareció al abordar un auto habilitado como Uber.

Redacción  

SemMéxico/El Tiempo. 22 de julio de 2020.- Familiares y amigos de la jovencita Destinee Cruz de 17 años de nacionalidad estadounidense, solicita ayuda para dar con su paradero, pues abordó un auto Uber y nunca llegó a su destino.

La familia señala que desconocen si el auto lo pidió a través de la aplicación o bien si lo hizo fuera de ella, sólo saben que abordó un auto Spark en Jardines de Aragón y no regresó.

La joven abordó el auto a las 3:45 de la madrugada aproximadamente, se desconoce la ropa que llevaba al momento en que desapareció.

Destinee es de estatura media, complexión regular, usa lentes, tiene cabello lacio y oscuro; ojos cafés y nariz y boca medianas.

Urgen a cambiar ley en Guerrero para que mujeres víctimas de violación puedan acceder a un aborto seguro

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Urgen a cambiar ley en Guerrero para que mujeres víctimas de violación puedan acceder a un aborto seguro

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico. Chilpancingo, Gro. 22 de julio del 2020.- Las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, violentan la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y son exhortados a que en un plazo de 30 días, dictaminen sobre la propuesta de reforma de Código Penal del Estado de Guerrero, y garantizar a las víctimas de violación, el acceso legal y seguro al aborto, sin la previa autorización del ministerio público.

Durante la sesión de este martes, el diputado local de Morena, Arturo Martínez Núñez, a nombre de sus compañeros de bancada, Luis Enrique Ríos Saucedo, Aristóteles Tito Arroyo, Mariana Itallitzin García Guillen, Norma Otilia Hernández Martínez, Moisés Reyes Sandoval, Nilsan Hilario Mendoza, Blanca Celene Armenta Piza, Marco Antonio Cabada Arias, y Jesús Villanueva  Vega, solicitó al presidente de la Mesa Directiva, Alberto Catalán Bastida, realizar un llamado a la Comisión de Justicia, para que emita el dictamen correspondiente para reformar la fracción I del artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero.

En la solicitud, el legislador de Morena, señala que el pasado 12 marzo el presente año, presentó dicha solicitud para  reformar el artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero, la cual fue a la Comisión de Justicia. 

Los proponentes consideran acertada la solicitud realizada en el marco de la  Alerta de Violencia Género por Agravio Comparado para el estado de Guerrero, presentada por organismos de la sociedad civil y emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), luego de que las víctimas de violación, deben dar parte al ministerio público para que éste autorice, y solo así pueden acceder a su derecho de la interrupción legal del embarazo.

Tras haber declarado la Alerta de Género, la Conavim observó al Congreso Local,  revisar y modificar la legislación relacionada con la interrupción legal del embarazo por causales de violación, en específico el artículo 159 del Código Penal, fracción primera;  la Ley General de Víctimas; la NOM-046 y el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, y garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo de manera segura.

Martínez Núñez señala en su petición, que han transcurrido casi 120 días de presentada la iniciativa sin que hasta el momento, la Comisión de Justicia haya  emitido el dictamen correspondiente, con ello recalca “se evidencia el incumplimiento del artículo 279 de la Ley Orgánica del poder Legislativo, por lo que solicito de trámite a la siguiente solicitud”, puso el legislador.

En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva, el diputado Alberto Catalán Bastida, exhortó a los integrantes de la mencionada  Comisión de Justicia, para que en un plazo no mayor a 30 días, emita el dictamen correspondiente.

Japón: abuso infantil en busca de medallas olímpicas

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Japón: abuso infantil en busca de medallas olímpicas
  • El anfitrión de los Juegos de Verano de 2021 debería emprender reformas sistémicas urgentes

Redacción Human Rights Watch

SemMéxico/Agencia Human Rights Watch, Tokio, Japón. 21 de julio 2020.-  Los niños atletas en Japón sufren abusos físicos, sexuales y verbales durante sus entrenamientos, dijo Human Rights Watch en un nuevo informe, publicado hoy, que evidencia casos de depresión, suicidios, discapacidades físicas y traumas crónicos resultantes de estos abusos. Japón es el anfitrión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio que se celebrarán a partir del 23 de julio de 2021.

El informe de 67 páginas, “‘I Was Hit So Many Times I Can’t Count’: Abuse of Child Athletes in Japan” (“‘Me golpearon tantas veces que perdí la cuenta’: el abuso de niños deportistas en Japón”), documenta las historias de castigos físicos en el deporte en Japón (taibatsu, en japonés), y revela el abuso infantil deportivos en escuelas, federaciones y deportes de élite japoneses. En entrevistas y una encuesta nacional en línea, atletas japoneses de más de 50 deportes describieron haber sufrido abusos, como por ejemplo, golpes en la cara, patadas, golpes con objetos como bates o palos de bambú para kendo, privación de agua, simulacros de ahogamiento, azotes con silbatos y raquetas, así como acoso y abusos sexuales.

“Durante décadas, los niños en Japón han sido golpeados brutalmente y han sufrido abusos verbales en nombre de trofeos y medallas”, dijo Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch. “Conforme Japón se prepara para organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Tokio en julio de 2021, esta atención mundial brinda una oportunidad única para cambiar las leyes y políticas en Japón y en todo el mundo con el fin de proteger a millones de niños atletas”.

Human Rights Watch documentó las experiencias de más de 800 ex atletas menores de edad – más de 50 de entrevistas en persona y 757 de una encuesta en línea – incluidos atletas olímpicos y paralímpicos. La encuesta contó con participantes de 45 de las 47 prefecturas japonesas y 50 deportes. Human Rights Watch también hizo una investigación de la cobertura de prensa en Japón sobre abuso infantil en el deporte, contactó a federaciones deportivas para evaluar la disponibilidad de líneas telefónicas directas, entrevistó a académicos, periodistas, padres y entrenadores, y se reunió en persona con funcionarios del gobierno y de las federaciones deportivas.

En 2013, cuando Japón presentó su candidatura para organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, una serie de videos de casos de abuso de atletas de élite de alto perfil, junto con suicidios de deportistas infantiles, alentó a las principales agencias deportivas a hablar sobre la necesidad de proteger a los niños en el deporte. En 2018, apareció un video que mostraba a un entrenador de béisbol en una escuela secundaria de la prefectura de Aichi abofeteando, golpeando y pateando repetidamente a los jugadores de su equipo. En el video, se ve cómo el entrenador golpea al menos a cinco jugadores lo suficientemente fuerte como para hacer que los atletas adolescentes se tambaleasen hacia atrás.

La indignación pública desencadenó importantes reformas, como la creación de líneas telefónica directas para denunciar este tipo de abuso. Sin embargo, Human Rights Watch descubrió que estas reformas son “pautas” opcionales en lugar de normas, que el progreso ha sido desigual y no ha estado supervisado, y que no hay informes obligatorios de las denuncias o estadísticas de abuso.

Este tipo de abuso viola las leyes japonesas contra el abuso infantil, las normas internacionales de derechos humanos y las regulaciones del Comité Olímpico Internacional sobre la protección de los atletas.

Human Rights Watch descubrió que el abuso infantil en el deporte sigue estando aceptado y normalizado en muchas partes de la sociedad, y que es difícil para los atletas jóvenes presentar quejas contra un entrenador u oficial poderoso. Las escuelas y las federaciones rara vez castigan a los entrenadores abusivos y a menudo les permiten continuar entrenando, dijo Human Rights Watch.

 “Las federaciones deportivas en Japón tienen permitido establecer sus propios sistemas para rastrear el abuso y sus responsables, algo que muchos simplemente eligen no hacer”, señaló Kanae Doi, directora de Japón de Human Rights Watch. “Esto expone a los niños a riesgos inaceptables y deja a los padres y atletas con pocas opciones para presentar quejas o buscar remedios contra abusadores poderosos”.

El abuso infantil en el deporte es un problema global que se caracteriza por una grave falta de sistemas unificados y claros para abordar la violencia y el maltrato. La carga de denunciar el abuso a menudo recae en las víctimas, mientras que los sistemas de denuncia son opacos, no responden y son inadecuados.

En todo el mundo, entrenadores y otros responsables de abuso quedan impunes o son promovidos a cargos en los que pueden amenazar y silenciar a sus acusadores. Dos presidentes de federaciones deportivas, en Haití y Afganistán, han sido acusados de agresión sexual de atletas en los últimos 18 meses. El médico olímpico estadounidense Larry Nassar abusó de cientos de gimnastas femeninas durante décadas. A menudo no se les da credibilidad a los niños y adolescentes que acusan a entrenadores poderosos, que toman como rehén el éxito de los atletas. El 26 de junio, según el New York Times, la triatleta surcoreana de 22 años Choi Suk-hyeon se suicidó después de presentar numerosas quejas ante funcionarios deportivos y gubernamentales sobre el abuso físico y psicológico que sufrió.

 “El deporte puede ser beneficioso para la salud y aportar becas y carreras, pero con demasiada frecuencia las víctimas de abuso experimentan sufrimiento y desesperación”, señaló Takuya Yamazaki, abogado deportivo del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Jugadores, el sindicato mundial de atletas que trabajó con Human Rights Watch en el informe. “Una de las razones por las que es tan difícil lidiar con los casos de abuso es que no se alienta a los atletas a que tengan voz. Al igual que numerosos atletas valientes defienden cada vez más sus derechos, los organismos deportivos deberían mostrar coraje para lidiar con el pasado, si desean que el deporte sea una verdadera fuerza positiva”.

La principal recomendación de Human Rights Watch es que el país establezca un Centro Japonés para el Deporte Seguro, un organismo administrativo independiente encargado de abordar el abuso infantil en el deporte japonés para garantizar el registro y el seguimiento de las denuncias de abuso, establecer soluciones claras para los atletas y los padres, y evitar el abuso infantil mediante la identificación y descertificación de entrenadores abusivos.

Dado el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio hasta el verano de 2021, Japón tiene un año para adoptar medidas convincentes antes de que comiencen los juegos, dijo Human Rights Watch.

 “Tomar medidas decisivas para proteger a los niños deportistas enviará un mensaje a los menores de Japón de que su salud y bienestar son más importantes que las medallas, al tiempo que alerta a los entrenadores abusivos de que su comportamiento ya no será tolerado”, dijo Worden. “Si Japón actúa ahora, puede servir como ejemplo de cómo otros países pueden poner fin al abuso infantil en los deportes”.

A continuación encontrará una selección de citas de las entrevistas a niños y ex atletas infantiles.

Citas ilustrativas del informe:

“Me golpearon tantas veces que perdí la cuenta. Todos [en mi equipo actual] habíamos sido golpeados siendo atletas de secundaria, todos experimentamos taibatsu. Yo jugaba a béisbol como lanzador (…) El entrenador me dijo que no me tomaba suficientemente en serio correr [durante los entrenamientos], así que todos fuimos convocados por el entrenador y me golpearon en la cara frente a todos. Estaba sangrando, pero no dejó de pegarme. Le dije que me estaba sangrando la nariz, pero no paró”.

–Daiki A. (seudónimo), atleta profesional de 23 años, habló de su experiencia jugando a béisbol en la escuela secundaria en la región de Kyushu.

 “Utilizamos una gorra para jugar a waterpolo. Sacaban a los atletas de la piscina tirando de la correa de la gorra, ahogándonos. Otro castigo era empujar a los niños bajo el agua para que no pudiéramos respirar (…) Es como el ejército. Los niños más pequeños no eran tan buenos. Se asustaban y abandonaban el deporte”.

– Keisuke W. (seudónimo), ex jugador de elite de waterpolo de 20 años.

Casi todos los días después del entrenamiento, el entrenador hacía que la atleta de élite Chieko T. se reuniera con él en su aula, donde la hacía desnudarse y le tocaba el cuerpo desnudo, diciendo que era para darle un “tratamiento”. “[Siempre] quería vomitar, su olor, manos, ojos, cara … voz, lo odiaba todo de él”.

– Chieko T. (seudónimo), una atleta de élite de unos 20 años del este de Japón, cuyo entrenador abusó sexualmente de ella mientras afirmaba que estaba tratando su hombro dislocado.

“Me dio un puñetazo en la barbilla y me sangraba la boca. Me levantó por el cuello de mi camiseta. El 90 por ciento de mis compañeros de equipo experimentaron abuso físico (…) Todos hacíamos bromas como ‘¿Todavía no te han golpeado? ¿Cuándo será tu turno?’”.

– Shota C. (seudónimo), 23 años, ex jugador de béisbol de secundaria en la prefectura de Saitama.

 “El entrenador daba patadas a los jugadores y les lanzaba la pelota desde una distancia cercana. Cuando los jugadores usaban cascos, el entrenador les daba golpes con el bate en el casco como castigo por los errores que cometían en el campo”.

–Tsukuru U. (seudónimo), 20 años, jugador de béisbol de secundaria y preparatoria en Kanagawa.

 “El voleibol es el deporte más duro”.

–Tsubasa Araya, jugador de voleibol de secundaria de 17 años de la prefectura de Iwate que se quitó la vida en julio de 2018 después de lo que sus padres calificaron como “violencia verbal” de su entrenador.

“No recuerdo nunca haber sido alabada por mi entrenador. Todos los días pensaba cómo evitar que mi entrenador me pegara. Nunca pensé que el voleibol fuera divertido (…) Odiaba el voleibol como jugadora”.

–Naomi Masuko, ex jugadora estrella de voleibol en el equipo nacional femenino de Japón. En 2015, Masuko fundó un torneo de voleibol que prohíbe el abuso por parte de los entrenadores. Ella habló del abuso de los atletas como un ciclo a romper: “Cuando era mayor, hablé con mi entrenador, y él dijo que en su generación era mucho peor. Así que, según sus palabras, entendí que esta experiencia es una cadena. Y que nuestro trabajo es romper esa cadena”.

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