Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 23 de junio de 2020.- Organizaciones civiles de mujeres, lamentan la solicitud hecha por el gobierno del levantamiento la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres (AVGM), cuando no ha tenido resultados para frenar la violencia feminicida en la entidad, con ello, se declara incompetente para afrontar esta problemática.

María Luisa Garfias Marín, representante de la organización “Aliadas por la Justicia”, dio a conocer que en el informe presentado en diciembre de 2019 por el Gobierno del Estado, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), solicitó el levantamiento de la AVGM hecha en junio de 2017.

Refirió que la AVGM, conlleva acciones de emergencia para enfrentar el problema de violencia de género, sin embargo, de acuerdo al balance que han realizado las organizaciones peticionarias, éstas no han impactado realmente para reducir la violencia en contra de las mujeres, 

“Las acciones de emergencia ya deberían haber hecho un impacto en las vida de la mujeres para resolver la problemática que nos llevó a solicitar la alerta de violencia de Género, pero no lo hay, al contrario se ha recrudecido, se ha incrementado, y preocupa que en este informe 2019 este solicitado a la Conavim que ya levante”, expresó la activista.

El argumento dado por el gobierno del estado para solicitar el levantamiento de la AVGM, es que “dicen que al parecer” la solicitud de planteó para evidenciarlo como gobierno y darle una mala imagen,  que están cumpliendo pero que muchas de las acciones se tienen que realizar a largo o mediano plazo y que no pueden resolverlo de manera emergente como lo señala la Alerta, refirió Garfias.

Con esta solicitud, agregó Garfias Marín, el gobierno del Estado, está diciendo que no puede con el problema que no hay voluntad, que hay simulación de parte de los servidores públicos, a quienes supuestamente, de acuerdo a este mismo informe, han impartido alrededor de 12 mil capacitaciones que tampoco se reflejan en el trato hacia las mujeres víctimas de violencia, en las agencias del ministerio público por ejemplo dijo, las siguen maltratando,  revictimizando, lo mismo que en otras instancias de atención estatales y municipales.

Garfias Marín, se pronunció porque las organizaciones pertenecientes al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las mujeres, soliciten un informe a tres años de la AVGM, a las instancias gubernamentales que conforman este órgano, en cuanto acciones realizadas y el impacto observado en la vida de las mujeres y las niñas.

“Se les debe señalar que si no han cumplido, si la alerta no ha tenido impacto como pueden estar solicitando que esta se levante”, recalcó Garfias Marín.

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 23 de junio de 2020.- La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), es un mecanismo importante pero insuficiente para frenar la Violencia feminicida en Guerrero, a tres años de haberse declarado no hay indicadores de impacto, debido a la falta de voluntad del funcionariado que solo ha realizado acciones de cumplimiento pero no de resultados, señalan representantes de organizaciones civiles de mujeres.

Este martes, al cumplirse tres años haberse declarado la AVGM, representantes de organizaciones peticionarias, en conferencia de prensa virtual, hicieron un balance de las 21 medidas dictadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) el 22 de junio de 2017, para el gobierno del Estado y  8 municipios, Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort, a los que se incorporó  Chilapa de Álvarez, el 2 de octubre de 2018.

En dicho balance, Marina Reyna Aguilar, representante de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVM), refirió que de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESSP); en 2017 en Guerrero, ocurrieron 219 casos de homicidios dolosos de mujeres, de los cuales solo 13 fueron clasificados como delitos de feminicidio; en 2018, 229 de los que solo 31 fueron clasificados como feminicidio; en 2019, 192; y de enero a abril de 2020, 55  de estos, solo 16 y 9 respectivamente, están registrados como feminicidios.

Los Municipios de Acapulco, Chilpancingo, Ometepec, Taxco, Tlacoachistlahuaca, Coyuca de Benítez y Azoyú han figurado en la lista de los 100 municipios con más índice de violencia de género, en estos tres años.

De acuerdo con los datos del Monitor de Violencia de Género y Feminicidio de AGCVIM, de 2017 a la fecha, en la entidad han ocurrido 670 homicidios dolosos de mujeres con presunción de feminicidio, de los cuales, según el SESSP, solo 69 casos han sido clasificados como feminicidios.

Los 10 municipios en Guerrero con más índice de violencia extrema, en el periodo de 2017 al 20 de junio de 2020, son; Acapulco en primer lugar con 251 casos, Chilpancingo en segundo con 90; Chilapa de Álvarez en tercero con 52; en cuarto  Iguala de la Independencia con 29; el quinto lo ocupa José Azueta con 23; el sexto Tlapa de Comonfort con 21;  séptimo Ometepec con 20. Municipios no alertados, como Taxco de Alarcón, aparecen en la lista, en el octavo lugar con 15 casos; Coyuca de Benítez y Eduardo Neri con 11 casos en el  noveno, y  Atoyac con 9 casos, en el décimo lugar. 

Esta violencia extrema contra las mujeres ha ocurrido en 61 de 81 municipios del Estado de Guerrero, lo que significa una cobertura estatal del 75.30 por ciento por presuntos feminicidios, 9 municipios alertados y 52 sin declaratoria de AVGM, precisó Reyna Aguilar.

“Estos datos reflejan que la violencia feminicida en Guerrero que persiste pese a la declaratoria de AVGM, incluso se ha incrementado durante este confinamiento por la contingencia sanitaria de quédate en casa”, acotó la activista.

Ante esta situación, las peticionarias advierten la insuficiente  intervención de las autoridades estatales y municipales como primeros respondientes de esta  problemática, municipios que no han mostrado evidencias de haber instalado su Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y mucho menos de contar con un Programa Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la falta en un 100 por ciento de un Diagnóstico  Estatal y Municipales que describa y pormenorice los tipos y modalidades de Violencia, siendo este documento la base para el diseño e implementación de políticas públicas. 

En cuanto al acceso y procuración de justicia, observan una brecha abismal entre el número de muertes dolosas de mujeres con presunción de feminicidio y los datos reportados de las carpetas de investigación clasificadas como feminicidios, lo que genera dudas de que el  Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio desde marzo de 2017,  se esté aplicando e investigando como feminicidios. 

Además, desconocen el estado que guardan las carpetas procesales de los 69  casos clasificados como feminicidios,  si los perpetradores de estas violencias han sido detenidos y/o sentenciados por las autoridades jurisdiccionales de Guerrero; no existe transparencia de las autoridades respecto a las 21 medidas establecidas contempladas en la declaratoria de AVGM, ni  del uso y montos de los recursos aprobados y mucho menos de los resultados  y de su impacto. 

En este balance participaron, Marina Reyna Aguilar, representante de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVM), María Luisa Garfias Marín, de la organización “Aliadas por la Justicia”,Yuridia Melchor Sánchez, de “Mujeres de Tlapa”, Olimpia Jaimes López, de la organización “Mujeres Guerrerenses por la Democracia”, Isabel Dircio Chautla de Kinal Antzetik, y Rosa María Gómez Saavedra del Grupo Interdisciplinario. 

• Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por los asesinatos, las agresiones y daños al patrimonio del pueblo ikoots

• Hubo una escalada de violencia no atendida, señalan y hacen el recuento

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Oaxaca, 23 de junio, 2020.- La Iniciativa Mesoamericana de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México demandaron una respuesta de las autoridades estatales y federales que permita una pronta intervención para solucionar las causas estructurales del conflicto en San Mateo del Mar, las cuales derivaron en la masacre del día 22 de junio de 2020.

En un comunicado expresan su preocupación por la grave omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir esta escalada de violencia, ello luego de que desde mayo pasado la IM-Defensoras y la Red habían hecho eco de las denuncias presentadas por integrantes de las comunidades afectadas.

Desde el pasado mes de mayo la violencia que viven las personas que integran el pueblo Ikoots de San Mateo del Mar, en el estado de Oaxaca, por defender su territorio no ha dejado de agravarse, señalan.

La última y más grave situación de violencia tuvo lugar durante los días 21 y 22 de junio, la cual derivó en una masacre en el que al menos 15 personas fueron asesinadas y cerca de 30 más desaparecidas. Estos hechos ocurrieron a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, cuyos elementos abandonaron el pueblo en el momento más álgido del ataque.

Esta escalada de la violencia se ha desatado pese a las advertencias y denuncias ante las autoridades estatales y federales, motivadas por diversos ataques previos. El primero de ellos tuvo lugar el 2 de mayo, cuando un grupo armado señalado de actuar por instrucciones de Bernardino Ponce Hinojosa, Presidente Municipal de San Mateo del Mar, disparó contra varias personas de la comunidad Huazantlán del Río, en cuya entrada mantenían un retén como medida de control sanitario para evitar la propagación de la COVID-19, quemó automóviles y casas, retuvo y sometió a torturas a integrantes de la comunidad y asesinó a una autoridad comunitaria.

Más tarde, el 22 de mayo, nuevos hechos de violencia a la entrada de la población tuvieron como resultado varias personas heridas.

El municipio de San Mateo del Mar está poblado por indígenas Ikoots, quienes desde hace más de diez años sostienen una férrea defensa de su territorio ante la amenaza de empresas eólicas y, en la actualidad, frente al megaproyecto “Corredor Inter-oceánico”.

Esta lucha legítima ha generado represalias en su contra por más de una década, las cuales han sido utilizadas para desprestigiar y debilitar el proceso de defensa del territorio. A ello se suma que la autonomía del pueblo Ikoots está siendo vulnerada desde 2017, cuando el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), como estrategia de toma de control y ruptura de la resistencia avaló las elecciones de presidente municipal de San Mateo del Mar, obviando que el pueblo Ikoots tiene un mecanismo propio para elegir a sus autoridades, reconocido constitucionalmente.

Por ello demandan:

1. El cese inmediato de la actuación violenta por parte de las autoridades locales.

2. Una oportuna intervención de las fuerzas de seguridad con el fin de prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la integridad de las personas que se están viendo sometidas a esta violencia.

3. El desarrollo de investigaciones que permita la identificación y sanción de autores materiales e intelectuales de los hechos violentos ocurridos desde el 3 de mayo.

4. Una respuesta de las autoridades estatales y federales que permita una pronta intervención para solucionar las causas estructurales del conflicto en San Mateo del Mar, las cuales derivaron en la masacre del día 22 de junio de 2020.

5. Al Gobierno Federal establecer en colaboración con las autoridades comunales de San Mateo del Mar el mecanismo de seguridad para garantizar que no surjan nuevos enfrentamientos, observando el marco internacional de derecho de los pueblos indígenas, específicamente el artículo 4 incisos a, b y c del Convenio 169 de la OIT.

6. Garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos que desarrollan su labor en la comunidad de San Mateo del Mar, así como a sus familiares. Por ello requerimos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la atracción de la queja iniciada en la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, la emisión de medidas cautelares para el pueblo Ikoots y la realización de una visita en Situ en compañía de integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para México, con la finalidad de conocer e identificar la gravedad del contexto y recoger testimonios de las víctimas directas e indirectas.

7. Al Gobierno de Oaxaca y sus autoridades dar inicio al procedimiento correspondiente frente los señalamientos que desde el año 2019 se han venido realizando en contra del Presidente Municipal de San Mateo del Mar, y en ese marco actuar con debida diligencia para prevenir que surjan nuevos actos de violencia.

• El CEO de MasterCard, Ajay Banga, toma la batuta por los próximos dos años

• Empresaria de larga trayectoria, especialista en comunicación y gobernanza dirige Orestia, empresa de productos de plomería e iluminación.

Por Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 23 de junio de 2020.- La empresaria mexicana María Fernanda Garza Merodio fue electa ayer como la primera vicepresidenta de la International Chamber of Commerce Mundial y, por las normas que rigen a la organización, representante institucional de más de 45 millones de empresas en más de 100 países. Presidirá a los empresarios a nivel global por dos años a partir de 2022.

La reunión 210 del Consejo Mundial de la ICC se realizó de forma virtual y en ella se ratificó como presidenta al CEO de MasterCard, Ajay Banga, quien fungía como primer vicepresidente desde 2018 al lado del presidente Paul Polman. En el sistema normativo de ICC el primer vicepresidente trabaja de forma coordinada con el presidente actual y el presidente saliente durante dos años, con el fin de darle continuidad al trabajo entre las distintas gestiones, sin que se pierdan los objetivos de fondo y los cambios sean tersos.

María Fernanda Garza Merodio, quien la semana pasada dejó el liderazgo de la ICC MEXICO en manos de Claus von Wobeser, trabajará dos años en coordinación con el empresario estadounidense Ajay Banga y el presidente saliente, Paul Polman, antes de asumir la presidencia de ICC Mundial en 2022.

Será esta la primera ocasión que una empresaria ocupe la vicepresidencia mundial de ICC y será también la primera mujer en presidir el organismo. Sólo una ocasión lo presidió un latinoamericano. Será, además, la primera ocasión que el CEO de una mediana empresa estará al frente de la Organización Mundial de las Empresas. Garza Merodio dirige los destinos de Orestia, especialista en productos de plomería e iluminación.

De acuerdo con María Fernanda Garza Merodio, la idea de la nueva administración de la ICC Mundial va en dos vías, la que tenían marcada antes del Covid 19 y la coyuntural a partir de la de la pandemia.

Es decir, en primer lugar, la parte estratégica como que la tecnología sirva y funcione para todos; que el comercio sea pensando en las personas y en el planeta mediante una economía circular; acabar con la inequidad global y acortar la brecha entre países y entre las sociedades; hacer que las acciones contra el cambio climático sea un asunto de todos e impulsar aún más el libre comercio a nivel global.

Por otra parte, tener una respuesta efectiva de las empresas ante la crisis por la pandemia y, sobre todo, que el comercio siga fluyendo a nivel internacional, poder mitigar el riesgo de un colapso del sistema y apoyar a las empresas a proteger los empleos.

Y para que el regreso de las empresas sea de una manera más segura, ICC ha establecido alianzas con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para la protección de los niños, apoyando el teletrabajo para quienes están con sus hijos y el empleo se los permite–; además, hay 14 documentos construidos durante la pandemia, como “Salvemos a las pequeñas y medianas empresas”, las propuestas al G-20, el apoyo a las medianas empresas, y los lineamientos a los gobiernos para que no sigan imponiendo aranceles y tarifas sobre todo en los insumos que se requieren para paliar la pandemia, como ya lo han hecho 80 naciones.

La experiencia por la crisis de 2008-2009 debe servir para que no volvamos en el mismo lugar donde estábamos, como lo hicimos aquella ocasión, con un consumo acelerado, sino salir mejor que como entramos a esta pandemia. Debemos reconocer que el rumbo que llevábamos no era el óptimo, entonces hay que poner mucho énfasis en el medio ambiente, que haya mayor inclusión social, que existan más oportunidades económicas para todos.

Es la oportunidad de reconfigurar el rumbo que llevábamos: en los últimos 20 años si bien muchas personas salieron en la pobreza, se configuraron en solo una región del mundo: Asia, y el resto siguió aumentando la brecha de pobres y ricos; de los que tienen acceso a medios digitales y los que no.

María Fernanda Garza Merodio dijo que se necesita una digitalización más rápida y que llegue realmente a todas las personas, porque el riesgo actual, dadas las circunstancias de la pandemia, es que esa brecha se va a abrirá aún más entre los que tienen acceso a la digitación y los que no; va a ser todavía más grande y ya no la podremos manejar.

¿Quién es?

Estudió en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) especialidad: Gobernabilidad Institucional 2008 – 2009; Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, licenciada en Comunicación 1980 – 1984

Graduada con estudios en Comunicación y Gobernanza Institucional.

Empresaria mexicana, fundadora de varias empresas de productos relacionados con el sector de la construcción. Actualmente es CEO de Orestia, empresa especializada en soluciones innovadoras en el ramo de plomería que exporta a EEUU, Canadá, Tailandia, Chile, Costa Rica y Hong Kong.

Presidenta de ICC (International Chamber of Commerce) México, Coordinadora Regional para las Américas de ICC y miembro de la Comisión Ejecutiva Mundial de ICC, la Organización Mundial de las Empresas.

Ha participado activamente en organizaciones empresariales y de la sociedad civil, ocupando diversas posiciones CCE, Coparmex, AliaRSE, e ICC. Durante diez años fue integrante de la Delegación de Empleadores de México ante la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo y en 2009 fue nombrada Vice-Presidente empleador en la 98ﹾ Conferencia de la OIT en Ginebra, Suiza.

 Ha sido nombrada representante del Sector Empresarial ante diversas instancias gubernamentales. Promotora de la Responsabilidad Social Empresarial en México y formó parte o del Corporate Responsibility Network del BIAC – OCDE e incansable luchadora contra la corrupción en México, participa activamente en el movimiento social por una cultura de honestidad e integridad.

Por esto, ICC hará una campaña para que micros, pequeñas, medianas y grandes empresas que no están digitalizadas aún, lo hagan a través de la red de ICC, de los comités nacionales y de las cámaras de comercio.

América Latina y África son un foco rojo por ser las regiones más atrasadas en este momento, y ante la pandemia la preocupación es que se aumente la brecha, en lugar de que se acorte. Después de la crisis económica de 2008-2009 se perdió la oportunidad de reconfigurar el rumbo y las acciones que estábamos tomando. Nos llevó mucho tiempo salir de la crisis, pero volvimos a salir con el mismo rumbo que llevábamos, con el consumo acelerado y, lo que queremos buscar, es que podamos cambiar las formas de consumo, llevar esto hacia una economía circular, no lineal como ahora.

Y en el aspecto de la inclusión social, es importante que las empresas, además de sus accionistas, tomen en consideración también a su comunidad; llevar el comercio hacia una economía circular y eso lo podemos hacer porque somos la única organización mundial de empresas y lo podemos hacer con los comités nacionales que estamos en 130 países, además de las cámaras de comercio que existen.

La parte estratégica es que la tecnología sirva y funcione para todos; que el comercio sea pensando en las personas y en el planeta; acabar con la inequidad global; hacer que las acciones contra el cambio climático sea un asunto de todos y el comercio fluya cada día más entre todas las regiones del mundo.

ICC México representa y apoya a las empresas establecidas en nuestro país en el ámbito nacional e internacional, con el fin de impulsar el crecimiento económico, la apertura comercial y alentar la inversión a nuestro país. Nuestro trabajo es autónomo, apartidista y busca incidir en el progreso de México para lograr una nación más justa, competitiva e incluyente, para que las personas y las empresas puedan desarrollar todo su potencial.