SemMéxico. 19 de junio de 2020.- Muy
interesadamente, cuando la autoridad federal – léase AMLO— “suelta” a los gobiernos
de los estados, es para que carguen con los problemas; pero en relación con los
beneficios de la división territorial local y de jurisdicción, ahí sí es muy celoso de la dependencia del
centro ( en ese sentido la frase de que fuera de la capital del país todo es
Cuautitlán, sigue vigente).
Por ejemplo, en materia de medidas sanitarias por el Covid-19, con que se restringe la libertad de
movilidad de los ciudadanos y que desde luego no son nada populares, ahí la
federación dispuso que cada estado, e
incluso que cada municipio, las dictara por su cuenta, dejándolos solos, y relegando el hecho de que se trata de una Pandemia, es
decir, de una enfermedad que no respeta fronteras…ni los colores de los
semáforos que le pongan.
Por esa actitud convenenciera del “centro”
del país -pese a que, conforme a la
ciencia, el “centro” de un problema o de
su solución puede estar en cualquier lugar del todo-, al Presidente de la República
no le cayó nada bien que los nueve
gobernadores emanados del PAN exigieran un trato más justo tanto
del pastel fiscal , como a la hora de levantar los platos
sucios.
Además del tema hacendario por una
repartición justa del erario ( como es sabido,
las localidades dependen en un 90% de las “participaciones” enviadas
desde la federación) hicieron , en su
pronunciamiento del lunes pasado, llamados
al respeto a la pluralidad de las opiniones para que “no se satanicen o descalifiquen las tareas de
la oposición y el ejercicio de contrapesos y equilibrios propios a una
democracia». Ofrecieron
“una ruta de cambio para mejorar y dar paso a un país unido, próspero y
triunfador”; un envío a la población de que “no están solos; sí hay de otra” ante las
demandas de acciones correctas ante la crisis sanitaria y económica “a la que puede conjuntarse una crisis
humanitaria donde emerja la violencia y
la ingobernabilidad: la República padece una asechanza a sus instituciones y a
su democracia que no debe ser minimizada ni, menos aún, ignorada. México no puede
desandar el camino del federalismo, de los contrapesos ni de la libertad. No
hay lugar para el regreso a una suerte de república monárquica. Las familias
mexicanas viven con preocupación, angustia, decepción y enojo. A todas ellas
queremos decirles: ¡No están solos! ¡Sí hay de otra! Sí es posible evitar la
ruina”.
Ante
esas expresiones legítimas, el presidente la tomó personal,
señalando que “ yo no me voy a dejar o no voy a permitir que se menosprecie,
que se ningunee a la investidura presidencial, tiene que haber respeto”. Y su gobernador de Veracruz, ahí presente, lo secundó llamando “golpistas” a los
gobernadores firmantes del pronunciamiento (que en ninguna parte pide la
renuncia de AMLO, sino, por el contrario, el cabal ejercicio del mando), pese a
que se trata de reclamos ya generalizados por los mexicanos a los cuales –en relación con el cambio del modelo fiscal
actual que es injusto e inequitativo– se
han sumado los mandatarios de otros partidos e incluso de MORENA, del que
proviene el presidente.
De última hora, nos enteramos de la conformación de un
contra-frente a favor del mandatario, integrado por MORENA, por el Partido del Trabajo y por el Verde Ecologista, como reacción a las demandas
panistas y ante los convoyes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA), y sus exitosas caravanas ciudadanas de los
fines de semana pasados; amén del descontento popular por el “mal gobierno”.
Es obvio que el presidente empieza a sentir pasos en la azotea y, lamentablemente, todo indica que en vez de recapacitar preferirá radicalizarse, en previsión de lo cual ha hecho toda clase de “migas” con las fuerzas armadas (contra las cuales, por cierto, ya se están preparando miles de amparos de ciudadanos para que los militares se regresen a sus cuarteles, antes que a las crisis sanitaria, económica, de inseguridad y de antidemocracia que padecemos, se sume la de soldados cargando contra la inconformidad popular).
Imagen.- Este meme del presidente ha cundido luego de que el mandatario, en vez de rectificar sus errores, se está radicalizando: a las críticas a su gobierno responde que no permitirá que se le menosprecie. Y avaló que el gobernador de Veracruz llamara “golpistas” a quienes no están del lado de AMLO. De plano: su actitud no mejora… sino empeora, tachando de enemigos a quienes le piden -con respeto, contrario a lo que él hace- componer el rumbo.
SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 18 de junio de 2020.- Falta una igualdad sustantiva y mucho por lograr en el tema, de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, en la que sí han avanzado mucho formalmente pero sustantivamente todavía no se logra, “lo cierto es que entre más mujeres llegan, más violencia se ejerce en contra de ellas, es más notable esta violencia”, reconocen expertas, durante el conversatorio, análisis de las reformas federales y locales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género”, organizado por el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC),
En su carácter de consejero presidente del IEPC, J. Nazarín Vargas Armenta, dio la bienvenida, en la que sostuvo que dicho órgano electoral, han asumido el compromiso de trabajar para lograr la participación política de las mujeres en condiciones paritarias sobre todo en el ejercicio de sus derechos político electorales, libres de violencia, de ahí actividades como el conversatorio a desarrollar que indicó, tiene el propósito de enfatizar la importancia de las reformas tanto federal como local en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género.
En el desarrollo del conversatorio, Karla Yanet Ortiz Gómez, académica y experta en estudios de la mujer, dijo que pareciera que pudieran meterse un balazo en el pie cuando se habla de violencia política por razón de género, porque se trata de un concepto más amplio, y pareciera que pudieran entrar manifestaciones o conceptos de parte de los hombres que pueden decir que ellos también pueden sufrir violencia política en ese espacio, sin embargo recalcó que se trata de un concepto de violencia contra las mujeres porque hay un delito de odio tras ese ejercicio de violencia contra las mujeres.
Esta violencia indicó, esta cruzada por roles y estereotipos que han sido asignados desde el sistema patriarcal relacionada con derechos humanos, implica un delito de odio porque se les pide o se les exige a las mujeres cuando llegan a ocupar cargos de alto mando, o cumplir con ciertos roles que estaban determinados por los partidos pero también por un orden de género para poder conducirse en la política.
“Si las mujeres sobresalen de este contexto que tiene que ver con la dualidad de buena mujer mala mujer en la política, las mujeres, llegan a ser sancionadas”, y explicó que las “buenas mujeres” tendrían que adaptarse a las exigencias del mando, es decir, las llamadas “mujeres florero”, que son las que ejecutan y obedecen, todo lo que viene de grandes cúpulas sin sentirse ni discriminadas ni violentadas y aceptan que estas son las reglas de la política.
En tanto que “la mala mujer”, se enfrenta a violencia física, verbal, económica porque rompen con el esquema tradicional, son las que no solo han entrado en este proceso de empoderamiento, sino que empatan su proceso de agencia, es decir, que se reconocen desde sus fortalezas y debilidades y que se van construyendo como sujetas políticas, lo que va en contra del sistema controlado por los hombres.
Recalcó que las mujeres “a golpe de sentencia” han venido ganando todos los derechos que se supondría desde 1947 cuentan al ganar el reconocimiento a nivel municipal de votar y ser votadas, “pues tendríamos que haber tenido la puerta directa, tener las mismas oportunidades que tienen los hombres en el espacio formal de la política para poder ejercer un cargo sin tener algún motivo, y sea de sanción o restricción para ejercer la toma de decisiones pero también para ejercer un concepto importante que es el poder”, y no ha ocurrido así.
Eva Barrientos Cepeda, Magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF), sostuvo que falta una igualdad sustantiva falta mucho por lograr en este tema, reconoció que sí se ha avanzado mucho formalmente pero sustantivamente todavía no se logra esa igualdad, “lo cierto es que entre más mujeres llegan, más violencia se ejerce en contra de ellas, es más notable esta violencia”, recalcó.
Destacó la importancia de la reforma electoral aprobada el pasado 3 de abril de 2020, con la que reformaron 8 leyes, en las que se incluyen varias autoridades que tienen que garantizar los derechos de las mujeres, y se define el concepto de violencia política en contra de las mujeres en razón de género.
La magistrada también advirtió que hace falta mayor información hacia las mujeres para que conozcan realmente en qué consiste la violencia política, a que autoridades acudir, cómo interponer una denuncia o queja, pero sobre todo, orientarlas a no tener miedo, y atreverse a denunciar los hechos de violencia de que son objeto al interior de los partidos, al momento de su manifestar su aspiración por un cargo, así como cuando ya están en ejercicio del mismo.
La consejera electoral también del IEPC, Cinthya Citlalli Díaz Fuentes, quién fungió como moderadora, subrayó la importancia de “cambiar el chip” de que la violencia política es lo normal y como hacer esta transición del comportamiento de quienes están al frente de alguna intuición para garantizar que lleguen las mujeres a cargos de toma de decisión.
SemMéxico. Morelos. 19 de junio de 2020.- En Morelos fue encontrada sin vida María Elizabeth Montaño Fernández, doctora en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y defensora de Identidades Trans.
Elizabeth Montaño, de 47 años de edad, fue vista por última vez el 8 de junio en la colonia Doctores de la Ciudad de México.
Este jueves fue encontrada sin vida sobre la carretera federal México-Cuernavaca en el poblado de Tres Marías, situado en el municipio de Hutzilac, a dos kilómetros aproximadamente del parque ecológico “Los Columpios”.
El reporte de un cuerpo sin vida fue recibido por la policía de Morelos.
Hasta el lugar llegaron elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General Estatal (FGE).
De acuerdo con los primeros reportes policiacos, junto al cuerpo se hallaron algunas pertenencias, entre ellas algunas credenciales y una mochila.
El 10 de junio la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda, con el número de expediente AYO/1966/2020, donde se detalla las señas particulares y se precisa la doctora vestía pantalón de mezclilla azul sudadera y mochila, ambas color morado.
La desaparición de Elizabeth, una mujer Trans, fue reportada por sus familiares, amigos y compañeros del Centro Médico donde laboraba e integrantes de la Asociación Centro de Apoyo a las Identidades Trans.
El 14 de junio en redes sociales con el hashtag #TeBuscamosEli lograron marcar tendencia en twitter.
Hasta el momento la Fiscalía de Morelos no ha informado nada al respecto.
De acuerdo a información extraoficial su asesinato no tenía más de dos días.
SemMéxico. Ciudad de México. 18 junio 2020. – Asa Cristina
Laurell, la subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud de la
Ssa, renunció a su cargo luego de hacer públicas las diferencias con el
Secretario de Salud Jorge Alcocer, por la desaparición de esa área, lo que
consideró como un «golpe» al sistema de Salud.
Decisión que en un artículo de su autoría, lo calificó como
una «amenaza al futuro» ya que el área que pretenden centralizar en
la subsecretaría de prevención y fomento a la salud que dirige Hugo López-Gatell
dijo, tiene un papel fundamental para el Sistema Nacional de la Salud.
Se dio a conocer que el pasado 15 de mayo fue cuando la doctora Asa Cristina Laurell presentó su renuncia a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, misma que se hizo efectiva el 15 de junio. En su sustitución quedó al cargo Alejandro Vargas, de acuerdo a fuentes de autoridades de la Secretaría de Salud
Se conoció por versiones de columnistas que parte del equipo del secretario Jorge Alcocer
estuvo realizando gestiones con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para
evitar la desaparición del área, dado que Salud no está incluido en el acuerdo
de austeridad, sin embargo hoy la Doctora Cristina Laurell definió las
diferencias que tiene con la visión del secretario Alcocer .
Denunció que tanto el titular de la SSA, como Juan Ferrer,
que preside el Instituto de Salud para el Bienestar fueron los que buscaron
desmontar el área que ella encabezó.
En su artículo de la Jornada hace notar las profundas
diferencias entre el área a la que se pretende incorporar la subsecretaria que
hasta el 15 dirigió.
Indicó que el área que ella presidió hace 18 meses tiene
como funciones básicas la rectoría de todo el sistema nacional de Salud, que
incluye los servicios estatales de salud (Sesa), al IMSS al ISSSTE y al sector
Privado.
Mientras que la subsecretaría a cargo de Hugo López Gatell,
se encarga de la vigilancia epidemiológica y de programas concretos para
enfermedades como Diabetes, VIH hipertensión, entre otras.
Trayectoria de Asa
Cristina Laurell
Asa Ebba Christina Laurell es una investigadora, médica y
política de origen sueco y naturalizada mexicana en 1971.
Es reconocida como una de las figuras más representativas de
la corriente de la medicina social latinoamericana. Fue titular de la
Secretaría de Salud del Distrito Federal durante la gestión de Andrés Manuel
López Obrador (2000-2006). Desde el 1 de diciembre de 2018 es Subsecretaria de
Integración y Desarrollo del Sector Salud en la Secretaría de Salud
Docente-investigadora titular de la UAM-Xochimilco de
1977-2000, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores 1988-2000.
Secretaria de Salud del gobierno del entonces Distrito
Federal 2000-2006, donde instrumentó la Pensión Universal de adultos mayores y
el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos.
Del 2006 al 2012 fue designada por el entonces candidato
López Obrador como secretaria de Salud del Gobierno Legítimo.
Asa Cristina es autora o coautora de 18 libros y unos 100
artículos en revistas o libros especializados y miembro del consejo editorial
de dos revistas internacionales de ciencias sociales y salud.
Además fungió como asesora temporal de la OPS/OMS, OMS y
Asesora de las Comisiones de Salud y Seguridad Social, Congreso de la Unión de
México en varias Legislaturas. Ha sido consultora independiente 2013 a 2018.
Integrante del Grupo Salud del Proyecto-18 de Andrés Manuel López Obrador y desde el 1 de diciembre de 2018, Subsecretaría de Integración y Desarrollo de Sistema de Salud, en el Gobierno de México de la cuarta transformación.
+ Ahora resulta
que Gatell no sabe ni contar muertos
Por Martha Elba Torres Martínez
SemMéxico. 18 de junio 2020.- A pesar que desde 2011 el entonces gobernador Leonel Godoy mandató la aplicación en Michoacán de la NOM 046-SSA2-2005, y en agosto de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su ejecución en todos los hospitales públicos del país, a una niña de 13 años de edad, se le negó el derecho de interrumpir el embarazo, producto de una violación.
Son las incongruencias en el ejercicio público: mientras el
gobernador Silvano Aureoles expresa su respaldo y respeto absoluto a los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, en los hechos, siguen siendo
vulnerados, particularmente en tragedias como la que sufre esta menor.
Esta semana, la psicóloga Circe López Riofrío, de la
asociación civil “Humanas Sin Violencia” pidió al gobernador su intervención,
para que los mecanismos de protección a los derechos de las niñas y
adolescentes, no se sigan perdiendo en el marasmo de la apatía de una
burocracia insensible e indolente que simplemente le importa un bledo lo que
les pase.
Han de decir, con tantos muertos por Covid y balas del
crimen organizado, pues qué importa que una menor más, resulte embarazada por
violación. Con que se atrape al agresor y se le vincule a proceso, con eso
basta. ¡Pues no! Existe la NOM 046 y valientes activistas que siguen luchando
por el respeto y los derechos de las mujeres. Qué lástima que la 4T haya
cooptado a tantas feministas postradas ante el “¡lo que usted mande, señor
presidente!”.
De acuerdo a la narración de Circe, la víctima de violación
es una niña de 13 años, estudiante de secundaria en condición social de pobreza
y alta vulnerabilidad, y sin acceso a servicios de salud.
Si bien la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos de Violencia Familiar y de Género actuó con profesionalismo, no así en
la parte del peritaje. Ahí comenzó a descomponerse las cosas, y aun cuando se
buscó al Fiscal General, Adrián López Solís, éste no atiende asuntos menores.
A través del Hospital de la Mujer se realizó la petición a
la Secretaría de Salud, para realización de la interrupción del embarazo,
conforme lo que indica la NOM-046-SSA2-2005 sobre violencia familiar, sexual y
contra las mujeres.
La petición fue entregada de manera presencial por la madre
y la víctima y se les informó que se presentaría ante el “Consejo” -quién sabe
cuál-, pero la respuesta no llegó. Explica López Riofrío que es procedimiento
no es legal, en cuanto la Norma reconoce el carácter de emergencia, por los
riesgos que implica para la menor el avance de la gestación. “Esto es una
tortura y violencia institucional. Y lo que observamos es un total
desconocimiento de la ley, además de una falta de profesionalismo en la atención”,
dijo.
En el caso del Sistema DIF Michoacán, al que se le dio aviso
por instrucción del Juez de Control, la atención fue deprimente y de violencia
institucional. En la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,
peor. La atención psicológica a la niña, que supondríamos, debe ser gratuita,
pues resulta que tiene un costo, y solo para explicarle sobre el proceso de
adopción. Es decir, no salvaguardar los derechos que establece la Norma, sino
inducirla a que desista de la interrupción del embarazo.
Un dato que hace
notar la activista, es que las personas que atendieron a la madre y la menor
nunca se identificaron con nombre y cargo, lo que dificulta proceder en cuanto
a una queja contra las o los servidores públicos por la mala atención y falta
de profesionalismo.
Finalmente, “Humanas Sin Violencia” gestionó apoyos y
trámites en la Ciudad de México para que la pequeña fuera atendida y pudiera
interrumpir el embarazo y así salvaguardar su vida y su integridad.
Aquí hay un problema que Silvano Aureoles debe atender de
inmediato, porque no es posible que siga defendiendo los derechos de las niñas
y adolescentes en el discurso, y en los hechos, las instancias responsables de
aplicar la NOM 046 hagan todo lo posible por sabotearla.
Y Silvano no puede decir que no está enterado del tema,
porque en cuanta oportunidad tengo, le recuerdo la aplicación de la NOM 046…
***
Ya vamos para cuatro meses con la pandemia y ahora resulta
que las cifras sobre los muertos que todas las tardes nos receta Hugo López
Gatell, no son las correctas y las defunciones pueden alcanzar niveles
insospechados, lo que demuestra el rotundo fracaso de la estrategia sanitaria
federal.
Desde finales de marzo, investigaciones periodísticas
advirtieron que una gran cantidad de fallecimientos se reportaban como
neumonías atípicas y por tanto, no se sumaban al recuento oficial de López
Gatell. La razón, es que si no quiere gastar el Presidente en pruebas para los
vivos, menos desperdiciará en cadáveres para confirmar la causa real de deceso.
Entonces, hace semanas, comenzaron a incorporar al reporte
vespertino, las muertes “sospechosas”: al 17 de junio, 1,846, más las 19,080 de
defunciones confirmadas. Esto ya nos puede dar una idea, que son en realidad
cerca de 21 mil las víctimas fatales del Covid. Los nuevos casos de contagio,
en un solo día, ya son casi 5 mil.
En este contexto, no hay sistema de salud que aguante y
entonces, como pasó en otros países, veremos a los muertos en las calles.
A estas alturas, queda claro que los López de Palacio
Nacional, nada más mienten. Ahora toca al director de Epidemiología, José Luis
Alomía, refrescar tantito el ambiente, y lo dijo en el seminario virtual de
ayer en materia: no se detiene la pandemia y se cambiará la metodología de
vigilancia.
Ahora se mirarán los casos leves. Si, aquellos que,
confirmados como portadores, se les encerraba en sus casas. Sí, con sus
familias y que quién sabe hasta dónde cuidaban de no contagiar. O los de plano
asintomáticos, que nunca se dieron cuenta que traen el virus y andan como si
nada.
Insisto, esto no demuestra más que la ineficiencia total del
Gobierno Federal en el manejo de la pandemia.
No se si López Obrador sigue en la idea de que pasará a la
historia como el gran transformador de México, pero los muertos por Covid y por
el crimen organizado, indudablemente marcarán su mandato. Como los millones de
desempleados y más pobres que dejará la crisis económica más grave de los
últimos cien años…
***
Ya hasta pienso que el 1 de diciembre de 2018, en el zócalo
capitalino, más que “limpias” le echaron encima la maldición. Todo le sale de
la cachetada. Pero es su mala cabeza.
En la víspera de que México se integrara por quinta vez, al
Consejo de Seguridad de la ONU -y que tampoco es la gran cosa, porque es
miembro no permanente-, ejecutan en su casa en Colima, al juez federal Uriel
Villegas Ortiz y a su esposa. El Presidente, por petición de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, lo declaró crimen de Estado, pero a las 72 horas ni
una noticia sobre el avance de las investigaciones.
Un dato interesante, es que el juzgador no había recibido
ningún tipo de amenaza. ¿Fue a caso un mensaje? Porque los asesinos
supuestamente iban a comprar una camioneta, pero ni se la llevaron.
La responsabilidad principal del Consejo es el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales. El terrorismo y el crimen organizado
son elementos que alteran esos valores. En México no tenemos ni una ni la otra.
Y le va tan mal a Amlo, que en su arrogancia, llamó a los
opositores a que den la cara. ¡Zaz! Tiro por viaje esta semana: en Veracruz,
Puebla, Hidalgo y Tlaxcala los reclamos y vituperios. Exige respeto a la
investidura cuando él mismo trae de trapeador la Banda Presidencial.
Y otra. El lunes pasado, López Obrador dijo que estaría
dispuesto a vender gasolina y a Venezuela, sobre el veto impuesto por Estados
Unidos. Y más tardó en decirlo, que el propio Santiago Nieto, de la UIF,
recordarle de las investigaciones desde 2019, de la DEA y del Departamento del
Tesoro sobre la red de lavado de dinero y evasión fiscal, con las despensas de
mala calidad y a sobreprecios, que salían de México rumbo a ese país. Otra
arista de la red, es el tráfico con petróleo venezolano por parte de dos
empresas mexicanas, a cambio de maíz.
* Realizan manifestaciones por Itzel, Fátima y Casandra cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa común
* Congreso local hace un llamado a las autoridades
Patricia Briseño
SemMéxico, Oaxaca, 18 de junio, 2020.- Colectivos feministas, familiares y amistades de desaparecidas en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec marcharon este jueves para exigir justicia por las víctimas de la violencia feminicida y no queden en la impunidad los crímenes cometidos contra las mujeres.
La manifestación estuvo encabezada por las amistades de Itzel, Fátima y Casandra, cuyos restos óseos fueron localizados esta semana en fosas clandestinas, durante un operativo de búsqueda que involucró a las fuerzas federales y estatal, además de Seguridad Pública.
De igual manera estuvieron presentes los deudos de Isabel quien desapareció el 9 de abril y apareció el día 14 del mismo mes, así como los familiares de más chicas desaparecidas y muertas con violencia, cuyas investigaciones están rezagadas.
¡Señor, señora, no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente! y ¡“Tuxtepec feminicida!, consigna de rabia e impotencia, se apreció en las transmisiones en medios sociales, compartida por las participantes del Colectivo feminista Tux-Fem.
En tanto, las diputadas oaxaqueñas integrantes del Congreso Local llamaron a las autoridades estatales a aplicar las políticas y acciones que establece la ley en materia de personas desaparecidas en la entidad. Específicamente, por los casos ocurridos en los últimos meses en el municipio de Tuxtepec.
En sesión permanente, transmitida vía internet, las legisladoras hicieron un llamado al Ejecutivo Estatal, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y al Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que investiguen, sancionen, reparen el daño y las violaciones a derechos humanos cometidos en contra de mujeres víctimas de desaparición.
Exigen se realicen las investigaciones necesarias con perspectiva de género, enfoque interseccional y diferenciado, observando el protocolo de investigación, ministerial, pericial y policial por el delito de feminicidio. Lo anterior para que de manera inmediata se capture a los responsables de este delito.
Urgieron al gobernador Alejandro Murat la terna para la elección del o la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, mientras que al fiscal constituya la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas.
Informó Mónica Fernández Balboa, presidenta del Senado
Las integrantes del mecanismo de seguimiento de la Belén do Para piden al Estado Mexicano fin a la impunidad en la violencia política contra las mujeres
Redacción
SemMéxico. Cd. de México. 18 de junio de 2020.- El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitó al Estado Mexicano hacer todas las investigaciones para sancionar a la o las personas que generaron la difusión de imágenes inconvenientes de la Senadora Martha Lucía Micher el 28 de mayo pasado.
Esas imágenes se difundieron en una reunión de trabajo del Senado, con funcionariado diverso y medios de comunicación. La imagen del torso desnudo de la senadora morenista, fue un asunto incómodo, puesto que había quien o quienes tenían la responsabilidad de la reunión, trasmitida virtualmente.
La carta de las expertas del MESECVI fue dada a conocer hoy por la senadora Mónica Fernández Balboa Presidenta de la Mesa Directiva Senado de la República.
El comunicado del MESECVI además advierte que en caso de que la persona responsable sea funcionario(a) público(a), sea grave la sanción. Ese comité considera que el hecho no puede quedar impune y lo coloca en el marco de la ética, la legislación penal y administrativa de México.
Luego sugiere que se hagan las acciones pertinentes para prevenir la violencia contra las mujeres en la política.
El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal
El comunicado textual del Comité de Expertas:
El MESECVI expresa su preocupación por los actos de violencia en contra de la senadora Martha Lucía Mícher en México; Fechado en Washington DC, el 10 de junio de 2020.
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) expresa su preocupación por la reproducción y difusión de la imagen de la senadora del Gobierno de México, Martha Lucía Mícher, relativas al incidente del 28 de mayo del presente año, en tanto la difusión, promoción y distribución de la misma, podría considerarse como un acto de violencia contra las mujeres en la vida política.
El día 28 de mayo de este año, la senadora Mícher se encontraba en una reunión de trabajo con otras personas públicas y medios de comunicación en una plataforma de internet cuando accidentalmente prendió su cámara y apareció con el torso desnudo. Alguna o algunas personas que participaron en la reunión tomaron una foto a la pantalla y la difundieron a través de redes sociales, como es el caso de Whatsapp, lo que, para el Comité de Expertas, constituye un acto de violencia contra las mujeres en la política pues se distribuyó una imagen que no es de interés público, con la intención de dañar la imagen política de la senadora.
Al respecto, el CEVI destaca que en la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres se estableció que “la utilización de la violencia simbólica [,] como instrumento de la discusión política [,] afecta gravemente el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.” 1
Asimismo, en la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política el Comité ya ha destacado que frente al “papel de las redes sociales y de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas de influencia política, [respecto de] las cuales existen escasos controles, [los Estados deben adoptar medidas] para que los mensajes e imágenes de las mujeres que se transmiten a través de estas plataformas sean respetuosos con sus derechos.”2
Por ello, el Comité de Expertas solicita al Estado mexicano que: a) realice las investigaciones pertinentes para sancionar a la o las personas que generaron la difusión de las imágenes y que, en caso de que la persona responsable sea funcionario(a) público(a), agrave la sanción; b) que el hecho no quede impune en el marco de la ética, la legislación penal y administrativa de México; y c) que se generen las acciones pertinentes para prevenir la violencia contra las mujeres en la política.
Mandar un mensaje de cero impunidad a estas conductas es de especial relevancia pues “la violencia contra las mujeres en la vida política impide que las [mismas] contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y que se beneficien de este proceso, al restringir sus opciones y limitar su capacidad para influir en los espacios donde se toman las decisiones, [lo que necesariamente afecta] la democracia y la gobernabilidad.”
* No hay justicia en el crimen contra Maria del Sol en 2018 y no esclarecen origen de las amenazas de muerte por demandar haya procuración de justicia en el caso
/Redacción/
SemMéxico/ Billie Parker Noticias. Cdmx, 18 junio 2020.- Con un pronunciamiento las diputadas federales integrantes del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva de la LXIV Legislatura, respecto a la investigación del homicidio de María del Sol Cruz Jarquín y las amenazas de muerte contra integrantes del colectivo de mujeres Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género Oaxaca, exigieron que la FRG atraiga el caso de homicidio y la Fiscalía de Oaxaca investigar, resolver y castigar a quien o quienes resulten responsables por el delito de amenazas contra las integrantes del colectivo feminista Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género Oaxaca.
Así como se les procure justicia, condiciones de libertad y de seguridad que les permitan continuar con las actividades de defensa de los derechos humanos de las mujeres.
La madrugada del 2 de junio de 2018, se registró un ataque armado en la calle 5 de mayo en el centro de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, donde fueron asesinados la candidata a concejal Pamela Zamari Terán Pineda, su escolta Adelfo Guerra Jiménez y la fotoreportera María del Sol Cruz Jarquín, quien a su vez fungía como Jefa de Departamento de Comunicación Indígena Intercultural en la Dirección de Fortalecimiento Cultural e Interculturalidad de la Subsecretaría de Desarrollo Indígena, adscrita a la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca, Explican en su proemio.
“Ante la poca efectividad en el esclarecimiento de dichos crímenes, la periodista, defensora de los derechos humanos y madre de María del Sol, Soledad Jarquín Edgar, como miembro del colectivo feminista “Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género Oaxaca” ha encabezado ya por más de dos años, la campaña “Hasta que la Justicia Llegue”, la cual es a su vez apoyada por organismos de la sociedad civil nacionales e internacionales”, detallan las legisladoras.
Por su parte, las diputadas federales María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentaron el 11 de octubre de 2018 y el 5 de junio de 2019, respectivamente, puntos de acuerdo en los que se exhortó al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a agotar las investigaciones para detener y procesar a el o a los responsables del homicidio de María del Sol; y se solicitó al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, ejercer su facultad de atracción en las investigaciones por el mismo delito para hacer efectivo el derecho a la verdad y a la justicia.
No obstante lo anterior, el caso se mantiene sin resolver en la jurisdicción de las instituciones de procuración de justicia estatal. En este contexto, el pasado lunes 15 de junio, en la puerta de las oficinas de la organización Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género Oaxaca, fue encontrado un paquete que contenía una amenaza de muerte que atenta de forma directa contra la integridad y seguridad de quienes forman parte de esta organización defensora de mujeres que cuenta con más de 17 años trabajando incansablemente en la promoción para el reconocimiento de los derechos humanos y el merecimiento de justicia para las mujeres y niñas oaxaqueñas.
“Afirmamos que es deber de todas y todos quienes integramos los órdenes y poderes públicos, y exigencia de la sociedad a quien servimos, trabajar coordinadamente para convertir a México en un país donde el derecho de las personas a vivir una vida libre de violencia sea una realidad, donde los feminicidios y todo tipo de violencias contra mujeres, niñas y niños sean erradicados, donde se viva en paz, con justicia y bienestar”, sostienen.
En tal sentido, si bien el 16 de junio la Fiscalía General del Estado de Oaxaca manifestó en comunicado público haber dictado órdenes de protección amplias para las integrantes de la organización que sufrieron la amenaza referida, ante la ineficacia para el esclarecimiento del caso y el manifiesto y creciente peligro en que se ven quienes exigen justicia respecto al crimen del 2 de junio de 2018, las diputadas integrantes del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva de la LXIV Legislatura se pronunciaron por dos puntos
Para reiterar el requerimiento al F.G.R. Licenciado Alejandro Gertz Manero, para que con fundamento en el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ejerza las facultades de atracción de los delitos de homicidio comentados en el proemio de este texto; y,
2.- Para exhortar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, a investigar, resolver y castigar a quien o quienes resulten responsables por el delito de amenazas contra las integrantes del colectivo feminista Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género Oaxaca, procurándoles justicia, condiciones de libertad y de seguridad que les permitan continuar con las actividades de defensa de los derechos humanos de las mujeres.
El Pronunciamiento fue firmado por las diputadas federales.
Dip. Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), Presidenta de la Mesa Directiva.
Dip. Verónica Juárez Piña, Coordinadora Grupo Parlamentario de PRD.
Dip. María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
Dip. Ma. del Pilar Ortega Martínez (PAN), Presidenta de la Comisión de Justicia.
Dip. Rosalba Valencia Cruz (Morena), Presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia.
Dip. Rocío Barrera Badillo (Morena), Presidenta de la Comisión de Gobernación y Población.
Dip. Aleida Alavez Ruiz (Morena), Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Dip. Patricia Terrazas Baca (PAN), Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Dip. Irma Juan Carlos (Morena), Presidenta Comisión de Pueblos Indígenas.
Dip. Lorena Villavicencio Ayala (Morena), Coordinadora Subcomisión para la Atención de los Feminicidios.
*Mónica Maccise dirigió la institución sólo 7 meses
*Tiene trayectoria en políticas públicas y género, fue Secretaria Ejecutiva de Inmujeres
Sara Lovera
SemMéxico. Cd. de México. 18 de junio de 2020.- El 20 de noviembre de 2019 Mónica Maccise tomó el encargo de directora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 7 meses después, y tras una polémica en redes sociales y algunos medios, renunció esta mañana, luego que el presidente de la República anunció su deseo de desaparecer al organismo que fue creado hace 17 años.
Su renuncia es interpretada como resultado de presiones del Gobierno federal y de los medios digitales. En los últimos días se vio envuelta en polémica por invitar a un foro de racismo y clasismo al cómico Chumel Torres, quien se habría burlado, no hace mucho, del hijo del presidente Andrés López Obrador. En esa polémica intervino la primera dama, quien en las redes sociales se unió a cibernautas que pedían la cancelación del foro, que debía precisamente, realizarse este 18 de junio.
El CONAPRED, es un órgano de Estado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), aprobada el 29 de abril de 2003, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio del mismo año. Es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución Federal.
La Ley y el CONAPRED resultó de la lucha del político de izquierda Gilberto Rincón Gallardo, quien fue candidato a la Presidencia de México en el año 2000, por el entonces partido que él creó llamado Democracia Social, luego de renunciar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuando lo dirigía Andrés Manuel López Obrador. Acompañado en esta tarea por la feminista Claudia Hinojoza.
Cuando se hizo cargo de CONAPRED, Mónica Maccise, declaró: “Mi proyecto de vida y mi proyecto personal está plenamente alineado con el proyecto de la cuarta transformación”, y se comprometió a poner en el centro la eliminación de la desigualdad y la discriminación.
Antes de hacerse cargo de CONAPRED se desempeñaba como Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el segundo cargo en importancia en esa institución, cargo que ocupó por menos de un año.
Viene de una larga experiencia en la puesta en marcha de la política de género. Fundó en la Suprema Corte de Justicia (SCJN) la Unidad de Igualdad de Género. Ahí impulsó la creación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, junto a la hoy secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero.
En la SCJN impulsó el Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y el modelo de la política de igualdad de género imitado en los tribunales que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana.
También se desempeñó como titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) desde se implementaron acciones afirmativas a favor de la consecución de la paridad de género en el Congreso Federal y cuotas a favor de las personas indígenas en la Cámara de Diputados.
En el INE participó en el impulso a los Protocolos para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla y el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana.
En el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” fungió como directora de Desarrollo Institucional y trabajó en la organización Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ). En el ámbito académico, colaboró en el área de investigación aplicada y opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y fue Directora de Análisis de Ingreso-Gasto en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
Mónica Maccise es Licenciada en Ciencia Política por el ITAM y Maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora” en donde se graduó con Mención Honorífica con la tesis “El derecho a cuestionar el derecho: la teoría democrática de Claude Lefort”, la cual fue posteriormente publicada en Ediciones Coyoacán.
LA POLÉMICA
Inicialmente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) hizo una invitación al Youtuber mexicano Chumel Torres para hablar en su foro sobre Racismo o clasismo en México, el cual se llevaría a cabo el miércoles 17 de junio a las 11:30 horas a través de una transmisión en Facebook Live.
Ello desató entre usuarios en redes sociales quienes exigieron la salida del también conductor de HBO puesto que Torres ha sido acusado de protagonizar actos racistas y clasistas.
Luego Beatriz Gutiérrez Müller, pidió igualmente a través de redes la cancelación de la invitación a Chumel, pues recordó que en una ocasión habría llamado a su hijo Jesús Ernesto con el apodo de “Chocoflan”, en referencia a su color de piel.
Por ello el presidente habló ayer de CONAPRED, despectivamente y esta mañana anunció su deseo de desaparecerlo y sugirió que la Secretaría de Gobernación (Segob) es la dependencia que tiene que combatir el racismo y la discriminación en el país.
Andrés Manuel López Obrador insistió en que este tipo de organismos únicamente se crearon para simular una tarea para combatir la discriminación, dijo que a esos organismos se les entrega presupuesto, por lo tanto afirmó que deberían suprimirse. El Mandatario recalcó que estos “institutos” únicamente funcionaban para que los encargados de estos recibieron beneficios.
Hasta ahora algunas voces se han opuesto a la intención presidencial de cerrar el CONAPRED, señalando que tendrá que cambiar la ley, para ello. Además numerosas personas en varios estados de la República denuncian que se cercenarán recursos para víctimas y más de 500 hacen fila con sus denuncias en la subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB.
Esta mañana en el diario Excélsior el periodista Humberto Musacchio argumentó por qué debía renunciar Mónica Maccise y se refirió al foro donde invitó la ahora exfuncionaria a Chumel Torres, señalando que el foro era debatir ¿Racismo y/o Clasismo en México?, invitados Alejandro Franco, Tenoch Huerta, Maya Zapata y Chumel Torres. La directora de sería la moderadora.
Después de argumentar sobre el error, pidió su renuncia, tanto como algunos cibernautas. Hasta el cierre de esta nota no se había producido ninguna información oficial.
* El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha publicado datos sobre el perfil del agresor
* El estudio, entre 2003 y 2019, revela la peligrosidad de compartir domicilio
Raquel Zapata González
SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 18 de junio, 2020.- El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha publicado un informe estadístico que analiza los asesinatos machistas que se han producido en España entre enero de 2003, fecha en la que comenzaron a contabilizarse las víctimas, y el 20 de abril de 2019, día en el que fue asesinada la víctima número mil. El estudio arroja que el 60,5% de estas mujeres convivía con su agresor, el 26,1% había presentado denuncia y en el 70% de los casos el escenario del crimen fue el domicilio que compartían. Durante los 16 años y cuatro meses que comprende el análisis, se ha determinado que hubo un crimen machista cada semana y una media de 61,3 víctimas mortales cada año.
Entre otras cosas, el análisis ha proporcionado cuáles son las características más comunes entre los agresores y las características de las víctimas como la edad media y la nacionalidad. En cuanto a la primera, destaca el varón con una edad media de 46,3 años, de nacionalidad española en el 66,4% de las ocasiones. Determinando además que en un 46,4% de los casos el agresor fue detenido, en un 21,2% se entregó o se suicidó y la mayor parte de las detenciones (82%) se produjeron tras la huida del mismo.
En cuanto a la segunda cuestión, el Observatorio recoge en un comunicado que “la edad media de las víctimas mortales de la violencia machista en el periodo sometido a estudio fue de 42,2 años”. Algo más de la mitad de las mil mujeres asesinadas (538) tenían entre 26 y 45 años, pese a que esta franja de edad solo representa un tercio de la población de mujeres mayores de 15 años. Respecto a las otras edades, el 12,8% eran menores de 25 años, el 14,1% tenían entre 46 y 55 años, el 7,4% entre 56 y 65 años y, el 11,9%, eran mayores de 65.
Aunque la mayoría de las mujeres asesinadas contempladas en este periodo eran españolas (655), el análisis por zonas geográficas muestra que la mayor parte de las 345 víctimas extranjeras eran originarias de América Latina (46,1%), seguidas por las procedentes de Europa (35,7 %), África (14,8 %) y Asia (3,5 %). Además, se observa como la edad promedio cambia según la nacionalidad siendo de 45,6 años para las españolas y de 35,9 años para las extranjeras.
El año más trágico fue 2008, con 76 víctimas mortales, y el año con menos crímenes 2016, con 49 casos. La tasa de muertes expone que hubo 3,1 víctimas al año por cada millón de mujeres mayores de 15 años. Esta tasa, cambia su promedio dependiendo de si analizamos el primer o segundo periodo. De esta forma, el promedio aumenta hasta 3,6 entre 2003 y 2010 y, experimenta una bajada a 2,5 entre 2011 y 2018. Por otro lado, este índice también varía dependiendo de la comunidad autónoma, siendo de 4,4 en las zonas costeras y de 2,5 en las zonas del interior.
El informe, que ha sido elaborado a partir de los datos objetivos de los expedientes judiciales, ha proporcionado una visión global de estos mil asesinatos. Indicadores como la edad de la víctima y del agresor, la relación que existía entre ambos, la existencia de hijas e hijos comunes, la nacionalidad, etc. han permitido al Observatorio afirmar que la violencia de género afecta a todos los ámbitos y orígenes sin importar la edad, nivel de estudios, grupo étnico o clase social. Ángeles Carmona, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio, ha señalado que este estudio “permite mejorar los protocolos y herramientas dirigidos a la protección de las víctimas”.
765 menores en orfandad
En informe determina que “la maternidad es una de las circunstancias que aumentan el riesgo para las víctimas”, al igual que la convivencia con el agresor. Las mil mujeres asesinadas en el periodo de estudio dejaron en orfandad a 765 menores, siendo 499 hijas o hijos del suso dicho. Los 266 restantes eran menores fruto de relaciones anteriores o posteriores de la víctima. Además, 23 menores fueron asesinados y asesinadas junto a sus madres.
Entre 2003 y 2019, tres de cada cuatro mujeres asesinadas (75,2%) eran madres y en la mitad de los casos los hijos eran menores de edad.
El domicilio como lugar del crimen
El hogar conyugal se convierte con mayor frecuencia en el lugar del crimen, ya que en el 70% de los casos el hecho sucede en la vivienda compartida entre la víctima y el agresor y, un 75%, tiene lugar en el interior de un domicilio, siendo este 5% restante en el de la víctima o el agresor, es decir, no compartido. El resto de los crímenes se cometieron en la vía pública (7 %), en un paraje o lugar abierto (5 %), en un vehículo (4 %), en el trabajo (3 %), en zonas exteriores del domicilio (3 %) o en otros lugares (3 %). El hogar, que a priori debe dar seguridad a sus ocupantes, se convierte de esta forma en un entorno de peligro grave para aquellas mujeres que sufren violencia de género.
Así mismo, el estudio esclarece que el método más empleado para cometer el crimen es el uso de arma blanca, usándose en la mitad de los casos; seguido por los golpes (16%); la asfixia o estrangulamiento (15%); el uso de arma de fuego (13%) y el fuego (2%). Por otro lado, “el 60,6 % de los asesinatos fueron cometidos por la pareja con la que la víctima mantenía una relación cuando ocurrieron los hechos; en un tercio de los crímenes (27,8 %) el autor fue la expareja y en el 11,6 % de los casos el crimen se produjo durante una crisis o cuando la relación se encontraba en una situación transitoria”, determina el comunicado del Observatorio. Mediante estos datos, se llega a la conclusión de que la convivencia con el agresor es otro de los factores que aumentan el riesgo para la vida de estas mujeres.
Denuncia previa
Mediante el informe se puede observar como hay consonancia en 124 de los mil casos analizados en cuanto a la existencia de una medida de alejamiento en vigor en el momento del crimen. Se vislumbra así que, en más de la mitad de esos casos, el agresor vulneró la orden accediendo al domicilio de la víctima para perpetrar el crimen y, el 21,8% fue en un espacio público. También se arroja el alarmante dato de que poco más de la cuarta parte de las mujeres asesinadas en este periodo había denunciado a su agresor previamente. El porcentaje de denuncia oscila entre el 15,8% y el 34,5% dependiendo del año y de la edad de la mujer.
Gracias al análisis se ha podido obtener también una edad media de las denunciantes, siendo esta de 38,9 años, algo inferior a la edad promedio del conjunto de víctimas (42,2 años). “El 32,8 % de las mujeres que presentaron denuncia tenían entre 36 y 45 años; el 28,8 % entre 26 y 35 años; el 27,7 % entre 46 y 55 años y el 2% entre 16 y 25 años. El porcentaje de denunciantes mayores de 55 años desciende hasta el 17,6% en el tramo de edad comprendido entre 56 y 65 años y al 9,2 % en el caso de las mayores de 65”, concluye el documento.
* Ejemplos más sutiles pasan desapercibidos en medio de tanto ruido e inmediatez
Redacción
SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 18 junio, 2020.- Ameco, como muchas organizaciones, expertas, periodistas y mujeres, lleva tiempo señalando “malas prácticas” en el tratamiento mediático de la violencia machista y proponiendo alternativas. En mitad de tanto ruido, del cuestionamiento al feminismo recurriendo incluso a su intento de criminalización por vía judicial, de virulentos debates cargados de agresividad, podrían pasar desapercibidos titulares y enfoques que devuelven a la violencia de género al ámbito de los sucesos, los crímenes pasionales y los arrebatos individuales sorpresivos. Hechos que así planteados, promueven la justificación y nos sacuden de toda responsabilidad colectiva. Los evidenciamos, para que no se normalicen.
El 14 de junio un hombre asesinó a su pareja, una mujer de 47 años y a sus dos hijos de 12 y 17, y después se suicidó. Ocurrió en Úbeda, Jaén. Son ya 21 mujeres asesinadas en 2020, 1054 desde 2003. Y 3 menores de edad asesinados este año, 37 desde 2013.
Estos hechos fueron reflejados en la prensa. Lamentablemente, en algunos casos, recurriendo a titulares y a testimonios absolutamente inadecuados y machistas. Desde el famoso “mueren” –no mueren, son asesinadas, las matan-, hasta contextualizaciones que apelan a un supuesto amor que lleva a querer poseer a alguien hasta matarlo o a las típicas consideraciones de vecindario que elevan al asesino a “buen padre, buen marido, buen hijo, buen vecino”, como si eso, además de posible, aportara algo a la hora de explicar que alguien decida acabar con la vida de una mujer y dos niños. Veamos.
Abc titula “El parricida de Úbeda «adoraba a su mujer y a sus hijos»”, en una noticia que está colmada de estereotipos del tipo: “A él le definen como una persona afable y graciosa y a ella como una mujer atractiva y encantadora”.
El diario Jaén va más allá, coloca al autor de los hechos como protagonista de una de sus piezas, pero no como asesino, sino que se centra en el entierro de este “Hombre de buen trato y correcto”, como titula, acompañando el texto de testimonios que así lo confirman.
Pero no solo la prensa se equivocó al describir este triple asesinato. El mismo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que por cierto ocupó el cargo de secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad bajo mandato del Partido Popular del 2011 al 2014, se refirió a los hechos de este modo a través de las redes sociales: “Mi enérgica condena y rechazo al horrible suceso que ha ocurrido esta mañana en Úbeda. La sinrazón nos hiela el alma. Un abrazo de consuelo de toda la sociedad andaluza a los seres queridos que tanto han perdido en este crimen familiar.”
Cómo se construye-refuerza la desigualdad
Otros errores, ya no relacionados directamente con la violencia machista, pero que de alguna manera forman parte de ese sustrato de desigualdad de la que esta se nutre, aparecen por ejemplo en portales de ofertas de empleo, con imágenes de este tipo.
Por último, queremos destacar un ejemplo de discriminación sutil, que hemos reconocido gracias a la ayuda de June Fernández (gracias), quien lo señaló y argumentó en las redes. Como sabemos, esta semana, la extraordinaria periodista Soledad Gallego-Díaz dejó de dirigir el periódico El País, lo cual obviamente fue noticia en muchos medios. En el subtítulo de una información ofrecida por eldiario.es se destacaba: “Periodista ampliamente respetada y reconocida, Gallego-Díaz fue la primera mujer en ocupar ese cargo. «No tengo edad para proyectos muy largos», ha dicho. Durante el anterior mandato de Moreno, la empresa aplicó el primer ERE de su historia”. Para la fundadora de Pikara Magazine, “destacar en el subtítulo que fue la primera mujer en dirigir este diario es un ejemplo del síndrome de la eterna pionera, que aprendimos de @juana_gallego. Se destaca de ella un logro colectivo en vez de un logro personal. Esto es una asimetría sexista que la invisibiliza”.
Todo esto en apenas una semana. Que estas muestras no pasen desapercibidas. Que no se normalicen. No podemos retroceder, sino que necesitamos seguir avanzando, cuestionarnos rutinas, inventar nuevas formas de concienciar acerca de la violencia machista y también, de las asimetrías entre mujeres y hombres. Lo que mata es el machismo, el patriarcado, el modo en el que está organizada nuestra vida social. En las redes hay mucho ruido. Los medios están presionados. La precariedad y la falta de especialización dificultan la buena praxis de las y los periodistas. Todo ello tiene consecuencias. Hagamos un esfuerzo por advertir su influencia en nuestra mirada.
* Este viernes: Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos Armados
* Tica Font: “se usa para castigar al enemigo a través del cuerpo de las mujeres”
Lucía Cortés
SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 18 de junio, 2020. – Mañana se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos Armados. Hemos querido acercarnos a esta realidad que viven miles de mujeres en el planeta y que arrasa con su dignidad. Desde Perú a Irak, pasando por la antigua Yugoslavia y Nigeria, la justicia y la reparación siguen siendo asignaturas pendientes que tiene con ellas la humanidad.
Decía Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y una cuestión política ha querido hacerse tradicionalmente del cuerpo femenino. A través de su subyugación y sometimiento las distintas culturas han querido controlar con él a las mujeres. La guerra no iba a ser un terreno aislado. En los conflictos armados las mujeres, desde niñas hasta ancianas, se ven expuestas a distintas formas de violencia sexual como esclavitud o agresiones múltiples. Las convierten en botines de guerra y en muchos casos la respuesta que obtienen es la impunidad. Por el contrario, las supervivientes de esta violencia suelen ser marginalizadas por sus comunidades, rechazadas por sus familias y ven cómo sus proyectos de vida se truncan. Todo ello, sumado a la falta de atención ginecológica y psicológica, hace muy difícil para estas mujeres recuperarse del daño que han sufrido.
No son casos aislados en lugares remotos y conflictos enquistados. La violencia sexual sigue siendo a día de hoy un arma de guerra común, que, en palabras de la investigadora Tica Font “se usa para castigar al enemigo a través del cuerpo de las mujeres”. Font, investigadora especialista en comercio de armas y seguridad, señala este tipo de agresiones como ataques premeditados en los que es común la existencia de un alto grado de escenificación. “Hay ocasiones que se busca en qué espacio va a hacerse, a veces se suele buscar ciertos espacios públicos simbólicos, una iglesia, una escuela, un centro comunitario. Se trata de espacios simbólicos, no para la persona [que lo hace] sino para la comunidad hacia la que se dirige el simbolismo de ese ataque a las mujeres” dijo en la entrevista que mantuvimos.
Una forma de discriminación de género
Los días internacionales sirven para visibilizar. El 19 de junio fue elegido para recordar la necesidad de eliminar la violencia sexual de los conflictos. Ese mismo día en 2008 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1820 donde se condena directamente esta forma de violencia y se la considera una táctica de guerra. En un informe de la ONU de 2018, señala que solo en ese año se contabilizaron más de 2.500 casos de violencia sexual en conflictos armados en 19 países. Según este organismo, se estima que por cada violación registrada en un conflicto, hay entre 10 y 20 casos que quedan sin documentar. Solo en el caso del conflicto colombiano, Unidad para las Víctimas, señaló que desde 1985 hubo al menos 26.534 mujeres afectadas por la violencia sexual.
Lola Liceras, coordinadora del grupo de mujeres de Amnistía Internacional, habla de la violencia sexual como “una batalla entre hombres que se libra en los cuerpos de las mujeres”. “Las mujeres se convierten en botín de guerra en los conflictos armados al violarlas o al esclavizarlas. Con ello se cree castigar al enemigo y de hecho se vengan en el cuerpo de las mujeres. Lo que está detrás es una discriminación de género que en el caso de los conflictos se llega al extremo de utilizar el cuerpo de las mujeres como arma de guerra”.
Liceras menciona casos como Sudán del Sur o Nigeria donde Amnistía Internacional ha realizado sendas investigaciones. “En Sudán del Sur, donde la limpieza étnica se está produciendo desde el año 2013, aunque últimamente hay un proceso de paz, Amnistía entrevistó a 168 víctimas de violencia sexual. Una mujer decía que las golpeaban, las humillaban, se divertían con las mujeres y a algunas de ellas las mataban. Ella decía “ninguna mujer te lo va a contar, pero ahí fuera nos han violado a todas”. Realmente es una situación que se reproduce en todos los conflictos. En Nigeria ha pasado lo mismo. Las mujeres que escaparon del horror de Boko Haram, después han sido violadas por el Ejército de Nigeria.
Tras ser rescatadas han sufrido una nueva violencia. Esto lo que demuestra que las mujeres son objeto de las mayores brutalidades en esas situaciones de conflicto que ya son en sí mismas brutales”. Señala también el proceso judicial tras la guerra de los Balcanes. “Fue una de las primeras veces en que se puso muy de manifiesto esta violencia sexual contra las mujeres de Bosnia. Por primera vez, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos consideró que la violencia hacia las mujeres en los conflictos era un crimen de guerra y contra la humanidad.
Antes de la guerra de Yugoslavia, el derecho internacional consideraba una afrenta al pudor y el honor de las mujeres”. Algunas estimaciones apuntan a que durante la Guerra en Bosnia-Herzegovina de la década de los 90 entre 20.000 y 50.000 mujeres fueron violadas.
Perú: esterilizaciones forzadas y estigmatización de las víctimas
Entre 1980 y 2000 Perú se desangró en medio de la violencia política que practicaban grupos subversivos como Sendero Luminoso y las propias Fuerzas Armadas del país. Según el Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia existen 4.567 víctimas de violaciones sexuales durante el periodo de violencia política, y más de 1.500 víctimas de otras formas de violencia sexual.
Desde AmecoPress hemos hablado con Raquel Reynoso, presidenta de la asociación peruana SER (Servicios Educativos Rurales). La organización forma parte del grupo de trabajo de seguimiento a víctimas de esterilizaciones forzadas. Sus esfuerzos se dirigen, entre otras cuestiones, al empoderamiento y desarrollo de las capacidades de las mujeres lideresas y de comunidades campesinas del Perú. Hemos hablado sobre la violencia sexual en el conflicto armado peruano y las esterilizaciones forzosas.
“En términos de violaciones de mujeres, sabemos que ha habido muchos casos, algunos muy emblemáticos como el de Manta y Vilca en Huancavelica, justamente están en proceso de judicialización y que ha significado para las mujeres mucha estigmatización de los propios de su comunidad. Ha sido utilizado el cuerpo como un instrumento de guerra. Si no podían doblegar a los maridos, a los esposos, que a veces han tenido que huir porque eran el principal foco. Pues han ido contra las mujeres para humillar a los varones. Reynoso también habla de las víctimas de violencia sexual y de las de violación sexual, » hacemos esa diferenciación, puede ser que en muchos casos no se haya consumado la violación pero el hecho de pedir que te desnudes, tocamientos indebidos, que te degrades estos niveles, todo eso es violencia sexual hacia la mujer”.
El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, establecida por el Gobierno de Paniagua en 2001 para esclarecer las circunstancias del conflicto armado, contempla ocho formas de violencia sexual: la prostitución forzada, el matrimonio forzado, la esclavitud sexual, los abortos forzados, los embarazos forzados y la violación. Según este informe final, se han registrado 527 casos de violaciones de derechos humanos de este tipo en mujeres y 11 en hombres ocurridos durante la etapa de violencia política. Desde SER reivindican que se incluya también a las víctimas de esterilizaciones forzosas. “Nosotras consideramos efectivamente que las esterilizaciones forzadas han sido violencia sexual. Estas esterilizaciones masivas sucedieron bajo el Gobierno de Fujimori con el objetivo de llevar a cabo una limpieza étnica.
“La conclusión a la que llegan incluso muchas de las propias mujeres es que nos querían exterminar”. “Había una política de reducción de población y pensaron en la población más débil, más fácil de manipular. Con muchos engaños a las mujeres se las llevaron. Diciéndoles que se iban a llevar preso al esposo si no iba a la posta [centro médico], que le iban a poner una vitamina pero que en realidad era ya la anestesia, que les iban a dar alimentos si accedían… Ha sido todo un mecanismo para cometer estos crímenes de lesa humanidad”.
Reconocimiento histórico
En 2018 se reconoció con el premio Nobel de la Paz a dos personas por su lucha por la justicia y la reparación a las víctimas de la violencia sexual. Se trató de Nadia Murad, la joven yazidí que sobrevivió al secuestro y esclavitud del Estado Islámico en Irak, y del ginecólogo congoleño Denis Mukwege. El Comité les reconoció así “sus esfuerzos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados” y su contribución por llamar la atención sobre los crímenes de guerra. Murad se convirtió tras su liberación en la voz de todas aquellas mujeres víctimas del Estado Islámico que sufrieron en sus carnes los estragos de la violencia mientras el mundo miraba hacia otro lado. Mukwege, por su parte, consagra su vida al tratamiento de víctimas de esta forma de violencia en el Hospital Panzi que fundó en Bukavu (República Democrática del Congo).
* Después de la amenaza de muerte a Consorcio Oaxaca, con anónimos en redes sociales buscan deslegitimar la denuncia
* Casi 300 organizaciones han manifestado preocupación, apoyo y solidaridad con las defensoras
Lorena Vaniezcot
SemMéxico, Oaxaca, 18 de junio, 2020.- Los ataques de bots, anónimos o que provienen de operadores perpetrados en los últimos días en redes sociales buscan deslegitimar la amenaza de muerte dejada el pasado lunes a las puertas de las oficinas de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, “sin embargo no son un contrapeso a las personas que sí existen y que dan la cara, que tiene rostro, manifestando apoyo hacia nosotras”.
Así lo expresó a SemMéxico, la defensora de derechos humanos y una de las tres integrantes de la directiva de la organización, Yesica Sánchez Maya, en referencia a las publicaciones anónimas o de bots que cuestionan la legitimidad de la amenaza colocada a las puertas de la organización.
Aseguró que desde el primer día y hasta hoy, han recibido una importante cantidad de cartas y pronunciamientos, firmados por más de 300 personas, que muestran su preocupación, apoyo y solidaridad, “se trata de personas reales”, por lo que dijo que, los subsecuentes ataques a la grave amenaza puesto a las puertas de su oficina, rayan en la desesperación de quienes actuaron de manera indebida y que consideró son “agentes gubernamentales”, por lo que planteó han señalado la responsabilidad del gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa.
Se refiere también al acto encabezado por la Red de Mujeres para una Vida Libre de Violencia quienes este miércoles acudieron a las puertas de la organización para depositar flores y un corazón lila con la leyenda “no están solas”, así expresa “nuestra puerta es resignificada”, un hecho que contrasta diametralmente con lo sucedido el pasado lunes.
Por ello, lamentó que haya personas que desde la institucionalidad utilicen las redes sociales para atacar, para cometer actos de violencia contra las mujeres, y que en este caso busquen deslegitimar o minimizar un hecho tan grave como lo es una amenaza de muerte en contra, como la que personas desconocidas dejaron por escrito en una cartulina verde fosforescente la madrugada del pasado lunes en sus instalaciones de la capital oaxaqueña, junto con una bolsa negra en cuyo interior iba una cabeza de un animal.
“No sé si son patadas de ahogado, pero quienes cometieron estos actos intimidatorios, han quedado evidenciados y es claro que no esperaban las muchas respuestas de apoyo que hemos recibido de organizaciones locales, nacionales e internacionales, así como la Cámara de Diputados local y del Congreso de la Unión”, apuntó.
Sánchez Maya explicó que, aunque dan acompañamiento jurídico a muy diversos casos de violación a los derechos humanos, sin duda, piensa que hay una relación directa con la campaña realizada recientemente para visibilizar la falta de justicia en el asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, hecho ocurrido en la población de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y que cumplió dos años el pasado 2 de junio.
Durante poco más de 20 días, la organización no gubernamental acompañó la campaña virtual encabezada por la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol, y en la que participaron de muy diversas formas cientos de personas, solidarizándose con el llamado de no más impunidad, no más simulación y no más complicidad en el caso criminal, así como en otras demandas judiciales que no han prosperado y que revelan la inacción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a cuyo titular, Rubén Vasconcelos Méndez se le hicieron diversos señalamientos, incluso como parte el respaldo de la campaña #HastaQueLaJusticiaLlegue diversas organizaciones feministas y feministas en lo particular solicitaron al Congreso de Oaxaca juicio político contra Vasconcelos.
La respuesta fue inmediata, recordó, refiriéndose al acto vandálico del retiro del espectacular colocado en una transitada avenida de la ciudad de Oaxaca, de la misma forma en que fueron retirados dos espectaculares colocados exactamente hace un año, cuando diversas organizaciones no gubernamentales y feministas apoyaron la exigencia de justicia mediante la colocación de espectaculares que también fueron robados.
Este día, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, fundada hace 17 años, tiempo en el que ha desarrollado acciones de promoción de los derechos de las mujeres, así como a la protección de defensoras y defensores de Derechos Humanos en Oaxaca, en México y en la región mesoamericana, ha recibido casi 300 cartas, pronunciamientos y adhesiones que se muestran preocupadas por la amenaza de muerte.
Entre esas organizaciones que han emitido pronunciamientos se encuentran la Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Front Line Defenders, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII-Oaxaca, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Red Nacional de Periodistas, así como de organismos gubernamentales mexicanos como INMUJERES, CONAVIM, las Comisiones para la Igualdad de Género del Senado de la República y de las Cámaras de Diputados Federal y Estatal.
Todas llaman al gobierno mexicana y al oaxaqueño, encabezado por Alejandro Murat, quien hasta ahora no ha emitido pronunciamiento alguno, para que de manera inmediata otorgue las medidas de protección necesarias para asegurar la integridad física y psicológica de todas las integrantes del Consorcio Oaxaca y de la periodista Soledad Jarquín.
Hoy, Front Line Defenders, envió una carta de apoyo desde su sede en Berlín, en ella expresa que se unen “a las demandas de las organizaciones mexicanas de derechos humanos para que se garantice la vida, integridad y seguridad de las integrantes de Consorcio Oaxaca y se investiguen los ataques en su contra. Pedimos que la comunidad internacional siga con atención el caso y apelamos a las autoridades públicas en Alemania para que utilicen los canales diplomáticos adecuados y transmitan su preocupación por la seguridad de estas defensoras mexicanas de derechos humanos”.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos urgieron a las autoridades mexicanas a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial, a tomar acciones urgentes en concertación con la sociedad civil para asegurar el establecimiento de garantías para la defensa de derechos humanos en el Estado de Oaxaca, y asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.
Yesica Sánchez Maya sostiene que por lo pronto han tomado diversas medidas de protección, pero planteó que las amenazas no detendrán el trabajo que durante 17 años han realizado.
Estas son algunas de las otras organizaciones que se han sumado:
Serapaz, Artículo 19, Red Nacional de Defensoras, 94 organizaciones y feministas a nivel nacional, 266 organizaciones locales y nacionales, Instituto Simone de Beauvoir, Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género y Familia, Red de Abogadas Indígenas, Luchadoras, GesMujer, IDHEAS, Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Coordinadora Alemana de Derechos Humanos, Investigación y Diálogo por la Autogestión Social, Universidad de la Tierra de Oaxaca, Mujeres Zapotecas, Escuela para la Libertad de las Mujeres, FILMUFE, Ni Una Menos Oaxaca, Comité de Niñas, Niños y Adolescentes por sus Derechos, Red Medios Libres Feministas Unismeñas, Centro Cultural Ricardo Flores Magón, Periodismo Pixel, Gritos Hechos Voces, EDUCA, Ciudadanía Mujer, Colectivo Mujer Nueva.
Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Centro Nacional de Comunicación Social – Cencos, Red de Género y Medio Ambiente, Fondo Semillas, Ipas México, Luchadoras MX, PRODESC, Red Feministas en México, Red Feministas Peninsulares, La Sandía Digital, Alianza Cívica Nuevo León, Aluna Acompañamiento Psicosocial, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos México, Colectiva Quilaztli, Red Define CDMX, Violeta Radio, Barrio Feminista, Equis Justicia, SEIIN, Espacio OSC, SIPAM, Frente Feminista MX, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, Controla tu Gobierno
Alianza Sierra Madre, DDESER
Producciones y Milagros Agrupación Feminista, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Red Mujeres 05 Distrito Jalisco, IMDEC,
CENCOS, Hijas de su Maquilera Madre, Las Vanders, Políticamente Incorrectas, 43XColonia, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Voces Feministas, Colectiva Feminista MAPAS, Red TDT, Proyecto Cihuacóatl, México por los Derechos, Despacho Psicológico, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Brigadas de Paz Internacional, Peace Brigades USA, Fondo de Mujeres Bolivia, OMCT, ONU-DH, ONU-MUJERES, JASS-MESO, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, IM-Defensoras, Amnistía Internacional México, CEJIL, Voces Feministas, SMR y CALDH.
Aquí algunas de las ligas con los pronunciamientos:
* Envía carta a la presidenta del organismo para disculparse
* El supuesto cese fue denunciado el pasado lunes
SemMéxico, 18 de junio, 2020.- En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, Lázaro Elías Serranía Álvarez se desistió de sus declaraciones sobre el supuesto despido y de la retención de su sueldo.
La carta fechada este 17 de junio y entregada a la CNDH pasadas las 18 horas, asumió su denuncia “como un acto impulsivo, sin certeza y derivado de los dichos de mi directora general la Licenciada María Alejandra Ezeta Bagnis”.
Serranías Álvarez, colaborador del área de comunicación social, denunció públicamente el pasado lunes la violación flagrante de sus derechos humanos laborales, debido a que no se le depositó la última quincena, por lo que exigió una explicación. Hecho que fue desmentido horas más tarde, sin embargo, ya había trascendido a distintos medios.
“… nunca fui cesado ni se me retuvo pago alguno ni se me ha privado de mis derechos laborales y de seguridad social, me desisto completamente de los señalado”, dice el trabajador que, también se supo, ha laborado en la institución durante más de 19 años.
Finalmente, Lázaro Elías Serranía Álvarez se disculpa con el personal de la Comisión, el Secretario Ejecutivo, Francisco Estrada Correa y “desde luego con la Presidenta…”
* Congreso debe aprobar las reformas antes del 9 de julio
* Tiene un año congelada en la Comisión de Puntos Constitucionales
Argelia Guevara
SemMéxico, Nuevo León, 18 de junio, 2020.- Un llamado dirigido al gobernador de esta entidad, Jaime Rodríguez Calderón y al Congreso local, fue emitida vía la plataforma digital Change.org para que el Legislativo apruebe las reformas de paridad total y violencia política de género.
Se trata de recabar al menos dos mil 500 firmas para que se aprueben las reformas que deberán ser legisladas y publicadas antes del 9 de julio, próximo.
Señalan que la victoria de la paridad en el Congreso de la Unión fue un logro para la democracia mexicana, pero es necesario que se homologue en la Constitución de Nuevo León para que pueda ser aplicada en el estado y se garanticen los derechos de las mujeres en las próximas elecciones del 2021.
Recuerdan que la esta reforma constitucional “para establecer la paridad en los tres poderes de Gobierno tiene un año congelada en la Comisión de Puntos Constitucionales”.
Explican que ese cuerpo legislativo está integrado por una mayoría de hombres, una sola mujer, “lo cual nos habla sobre la importancia de la paridad en la toma de decisiones”.
En la exposición señalan que las mujeres han protagonizado una larga batalla para que se les reconozcan plenamente sus derechos. La entrada en vigor de la reforma a 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el pasado 6 de junio de 2019, marca un momento histórico y un logro sin precedentes para garantizar los derechos políticos de las mujeres.
De ahí que la reforma asegura que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los organismos autónomos, así como en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular; además, se incorpora el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres.
“La paridad no solo significa que las mujeres ocupen el 50 % de las posiciones de toma de decisiones, si no también que lo hagan sin ningún tipo de discriminación o violencia. Nuevo León no se debe quedar atrás”.
El 13 de abril de 2020 fueron publicadas a nivel nacional una serie de reformas para prevenir y sancionar conductas de violencia política por razón de género en contra de las mujeres, a fin de que el ejercicio político de las mujeres se encuentre protegido.
Esta reforma también deben replicarse en la Ley Electoral de Nuevo León para proteger a las mujeres de actos de violencia durante la siguiente contienda electoral y garantizar la paridad de género.
En la petición explican que la paridad de género tiene múltiples efectos positivos:
– Calidad y legitimidad democrática: Sin diversidad en la toma de decisiones es probable que los intereses de un solo grupo se vean representados. La democracia paritaria es una oportunidad para que las necesidades del 50% de la población sean atendidas a través de decisiones y políticas más inclusivas desde todos los poderes del Estado.
– Igualdad real a través de nuevas leyes y políticas: La paridad permite que más mujeres lleguen y cuando eso sucede, tal como señalan diversos estudios como el del Banco Mundial (2014), se produce un impacto positivo en el tipo de políticas, temas y soluciones consideradas
– Acceso a oportunidades para las y los más aptos: la paridad de género otorga igualdad de oportunidades para ocupar cargos públicos a hombres y mujeres preparados. Esta consigue que más mujeres capacitadas tengan acceso a espacios de toma de decisiones.
La reforma de violencia política por género implica:
– Garantizar el derecho a gobernar libres de violencia.
– Que quienes ejerzan violencia política de género sean sancionados por la vía penal, electoral y de responsabilidades.
– En caso de incumplir con las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política de género, podrán sancionarse a los partidos políticos con la reducción de hasta el 50% de las administraciones del financiamiento público que les corresponda.
– Se garantiza la obligación de postular candidaturas bajo el principio de paridad.
