- Las desigualdades agudizan la crisis
- Trabajar por cuenta propia: crece la brecha
Dixie Edith
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 13 de abril 2020.- Aún por calcular y pronosticar, especialistas coinciden en que las secuelas económicas del nuevo coronavirus no impactarán de manera similar a todos los bolsillos. Las mujeres, enfrentadas a diversas situaciones de vulnerabilidad desde antes de la crisis, pueden estar entre los grupos más afectados.
Fuentes internacionales alertan que, además de evaluar los daños diferenciados de la COVID-19 sobre las mujeres en el ámbito sanitario, urge estudiar también otros escenarios, como el laboral y el de los ingresos.
Por solo poner un ejemplo, sectores como el turismo, los servicios, la educación o el ámbito artístico, severamente afectados por la pandemia, suman altas tasas de empleo femenino. También en Cuba.
Encerrada en su casa del capitalino municipio de Diez de Octubre, Bárbara Fernández, jubilada y matemática de profesión, se «rompe» la cabeza buscando cómo capear la crisis que supone esta enfermedad inédita.
Hasta hace apenas un mes y a pesar de estar jubilada hace una década, esta profesora de 69 años no enfrentaba grandes problemas con los ingresos.
«Me dediqué a dar clases particulares a estudiantes universitarios. Como vivo sola, con eso era más que suficiente, incluso pagando mis impuestos», explicó Fernández a SEMlac.
La «profe», como la llama buena parte del barrio de Luyanó donde vive, está orgullosa, incluso, de haber podido apoyar a sus hijas y nietos comprándoles productos deficitarios que ella podía «rastrear» por los mercados en momentos en que su familia se encontraba ocupada en el trabajo o el estudio.
«Nunca les cobré un centavo por esas compras. No me hacía falta», aseguró con satisfacción. Hoy Fernández no tiene que salir de casa. Sus familiares se turnan para traerle todo lo que necesita, mientras dure la pandemia. Pero ella se preocupa por el futuro.
«Cuando todo pase y las universidades reabran, probablemente muchos estudiantes no podrán pagar clases particulares. Mis hijas tampoco tendrán los mismos salarios, pues una trabaja en el turismo y ni idea tenemos de cuándo se recuperará. ¿Qué vamos a hacer entonces?», se pregunta.
Como la vida de Fernández, Cuba ha cambiado radicalmente en apenas un mes: los turistas desaparecieron de las calles, el transporte público está paralizado; escuelas, guarderías y universidades cerraron sus puertas y numerosos centros de trabajo han corrido igual suerte o lo harán en próximos días.
Según las medidas anunciadas por el gobierno, solo continuarán laborando industrias e instituciones con producciones y servicios fundamentales para la población.
Las tensiones sanitarias creadas por la COVID-19 agravan dificultades que ya tenía la economía, cuyo crecimiento en 2019 llegó apenas a 0,5 por ciento del PIB. Para colmo, la crisis sanitaria llegó cuando limitaciones financieras y energéticas estaban agravadas por el bloqueo económico del gobierno de Donald Trump.
Las autoridades cubanas iniciaron este abril un plan emergente de distribución para garantizar artículos de aseo y alimentos, descentralizando la oferta hacia las comunidades, en busca de equidad para una población de poco más de 11,2 millones de habitantes.
A la par, anunciaron la intención de priorizar los escasos recursos disponibles para la producción nacional de alimentos y otros abastecimientos básicos de la población.
Eso, sin contar que la economía nacional tiene el desafío de mantener la vitalidad del sistema de salud, en medio de una emergencia sanitaria de proporciones enormes. Si a inicios de 2020 este sector tenía programado alrededor del 28 por ciento de los gastos del presupuesto estatal, es previsible un crecimiento de esta cifra.
La debilidad económica vislumbrada por Fernández y reconocida públicamente por el gobierno no es exclusiva de Cuba. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) vaticinó que la economía regional puede retroceder este año en la región hasta 1,8 por ciento.
Las desigualdades agudizan la crisis
En medio de la crisis, las autoridades en Cuba adoptaron fórmulas diversas para proteger a la población. En el caso del sector estatal, se promueve el trabajo a distancia y el teletrabajo, ya impulsados desde septiembre de 2019 a raíz de las restricciones del combustible y la transportación pública.
Igualmente, se decretó que las personas que permanezcan en su puesto de trabajo o laboren en casa recibirán la totalidad de su salario, y quienes queden disponibles recibirán en el primer mes el ciento por ciento de su sueldo y luego, el 60 por ciento, hasta que dure la situación excepcional.
«Las empleadas estatales que salen del empleo para cuidar a hijos e hijas, por cierre temporal del curso escolar, tienen derecho a esa protección», explicó a SEMlac la economista Teresa Lara.
Sin embargo, cuando se anunciaron las primeras medidas, a fines de marzo, expertas identificaron desafíos que continúan generando preocupación.
La socióloga Ailynn Torres Santana, por ejemplo, alertó que «las medidas dictadas son protectoras, sobre todo, para quienes trabajan en el sector estatal», que acoge aproximadamente a 69 por ciento de la fuerza laboral.
Pero «la protección a las personas trabajadoras remuneradas a cargo de menores y ancianos está teniendo un sesgo grave, con perjuicio para grupos poblacionales específicos», advirtió a inicios de abril la especialista en su artículo «Las mujeres no podemos ser amortiguadoras de la crisis».
Torres Santana instó a analizar el caso de «las madres trabajadoras con hijos en el círculo infantil», que no pudieran trabajar, porque esas instituciones se mantenían ofreciendo servicio, y de aquellas con hijas e hijos adolescentes en la secundaria, para quienes tampoco aplicaba la medida, inicialmente.
Con el cierre de guarderías y centros laborales, en días más recientes, muchas de estas mujeres probablemente recibirán igual tratamiento que otros trabajadores del sector estatal.
Sin embargo, se mantiene la inquietud por la protección a madres de niñas y niños en edad preescolar que recibían cuidados en guarderías privadas cerradas por la emergencia sanitaria o de otras mujeres, responsables del cuidado de sus padres ancianos. En esos casos, la persona no perderá su trabajo, pero no cuenta con respaldo salarial.
Trabajar por cuenta propia: crece la brecha
Para el trabajo privado o por cuenta propia, el gobierno cubano anunció dos
medidas esenciales en función de mitigar la crisis: cuentapropistas y
cooperativas no agropecuarias que suspenden actividades se eximen del pago de
impuestos y se aplazará su aporte a la seguridad social.
Si bien esas trabajadoras representan en Cuba 36 por ciento del total, la mayoría no son propietarias de negocios, sino asalariadas o contratadas, a veces de manera no del todo legal y con ingresos promedio menores que los de los hombres.
«Sabemos que, por lo general, no tienen contrato determinado y se ponen de acuerdo con los dueños de forma verbal. Además, la mayoría son jóvenes y no pagan la seguridad social porque piensan que nunca se van a enfermar, no van a parir y les falta mucho para jubilarse», detalló Lara a SEMlac.
Si a esta situación se suma que el sector privado en Cuba -con unas 640.000 personas- se asocia, fundamentalmente, a actividades que dependen del turismo, como alojamiento, gastronomía y transportación; o a otros que cierran en tiempo de epidemia, como cuidado infantil o servicios de belleza, las posibles repercusiones sobre las mujeres resultan evidentes.
«Al cerrar las cafeterías, restaurantes, casas de hospedaje, actividad turística, ferias de ventas, muchas empleadas por cuenta propia se quedan sin ingresos y las medidas actuales solo las exoneran del pago de sus impuestos», precisó la economista.
Para Lara, también recibirán fuertes golpes las mujeres que ejercen trabajos por cuenta propia y están desprotegidas porque no pagan impuestos o se dedicaban a la venta de productos sin estar registradas como trabajadoras.
Para casos como estos, con una comprobable insuficiencia de ingresos para el pago de servicios básicos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ofrece la alternativa de acceder a prestaciones monetarias temporales de asistencia social, en las cuantías vigentes.
Pero, a juicio de Torres Santana, los montos disponibles por esa vía son insuficientes para cubrir las necesidades familiares.
«Según la Base de Datos de Protección Social no contributiva disponible a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el rango de los valores de las transferencias monetarias por asistencia social en Cuba en 2018 era de entre 217 y 260 pesos cubanos (CUP)», explica en su artículo la investigadora. Ese monto equivale a entre 9 y 10 dólares, según el cambio oficial de las Casas de cambio (Cadeca).
La estudiosa cita un estudio publicado en 2018 por el Centro de Estudios de la Economía Cubana que calculó en 2016 el gasto mensual promedio de consumo de un hogar de tres personas en 2.245 pesos cubanos (alrededor de 50 dólares estadounidenses, al cambio de Cadeca).
En algo coinciden organizaciones internacionales y expertas locales: la inevitable contingencia sanitaria que se vive puede ser una oportunidad para generar estrategias que particularicen la situación de las mujeres y contribuyan a diseñar políticas específicas para reducir las brechas.
SEM-SEMlac/de
