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En Guerrero dejan libre a presunto feminicida a pesar de encontrar el arma en su domicilio

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero. 5 de febrero de 2020.- Familia víctima de feminicidio, denunció negligencia y omisión de la Fiscalía General del Estado (FGE), para investigar y detener a los responsables del asesinato de una mujer y el rapto de una menor de 7 años, a pesar de encontrar el arma utilizada en la casa de los sospechosos, tras unas horas de detención, los liberaron.

Este martes, Maricarmen Valadez Vázquez, y José Manuel Vázquez Ramírez, hija y hermano respectivamente, ofrecieron una conferencia de prensa, para dar a conocer la negligencia y omisión, con la que ha venido actuando la FGE, para investigar y detener a los responsables del feminicidio de Sendy Vázquez Ramírez.

Narraron, que el feminicidio ocurrió el pasado 4 de diciembre, en la colonia Asentamientos Humanos, en Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, entre las 8 y 10 de la noche.

Sendy se dedicaba a vender crema y queso, su cuerpo fue encontrado en el patio de su casa, el día 5 de diciembre, por la persona que diariamente le entregaba la leche para elaborar los productos con los que sostenía a sus dos hijas. Presentaba golpes en todo el cuerpo, y una cortada profunda en el cuello producida por arma blanca.

Fue el vendedor de la leche, el que dio parte a sus familiares, que viven no muy lejos de la casa de Sendy, y ellos avisaron a las autoridades. “Se ve que primero la golpearon, le clavaron un cuchillo en el cuello”, expuso José Manuel Vázquez.

También presumen que fue asesinada dentro del domicilio, y sacaron el cuerpo, que estaba en una posición “muy acomodada”, incluso le cambiaron la ropa, el vestido con que fue encontrada, no tenía una sola mancha de sangre, además de que el piso de la casa mostraba rastros de haber sido recientemente lavado.

Como principales sospechosos, señalaron al ex esposo de Sendy, Javier Valdez Millán, y a su actual pareja, Roberto Rayo Pérez, quienes, en los últimos meses, la habían amenazado con quitarle a su hija de 7 años, “incluso hasta su casa”.

En las pesquisas, encontraron en la casa de la pareja de Javier Valdez Millán y Roberto Rayo Pérez, dos tubos con los que presumen golpearon a Sendy, ropa quemada, tratando de borrar la evidencia, así como el cuchillo con el que supuestamente habrían cometido el crimen. Javier mostraba rasguños en el cuello, que al parecer recibió  cuando la víctima defendió su vida.

Con el señalamiento directo de los familiares de Sendy, de Javier Valdez Millán y Roberto Rayo Pérez fueron detenidos y emitidos a declarar en las instalaciones de la FGE, sin embargo, a pesar de todos los indicios, la instancia investigadora los liberó la misma noche del 5 de diciembre, “por falta de pruebas”, “cuando ellos ya tenían el arma, los tubos que fueron encontrados en su casa, había muchas evidencias y eran las únicas personas con las que tenía problemas sobre todo con la pareja de mi papá”, narró Maricarmen Valadez.

En estos hechos, también desapareció María Fernanda, menos de 7 años, hija de Sendy y Javier, motivo también de disputa. Al denunciar la desaparición, la FGE, activó la alerta Amber, sin embargo, a pesar también del señalamiento de que fue el padre de la menor y su pareja quienes se la habrían llevado, la instancia investigadora, los dejó libres y hasta el momento, no los ha vuelto a citar.

Maricarmen Valdez, comentó que a inicio del mes de enero, su padre fue visto en el edificio Juan M. Alvarez en Chilpancingo, entrando en la oficina del registro civil, al parecer para tramitar documentos de la menor desaparecida, de esto fue notificada la Fiscalía “y tampoco hizo nada”.

Sendy y Javier, tenían 5 años de separados, debido a sus problemas de él con el alcohol. Eran vecinos, los dividía solo la pared de la casa.  Constantemente discutía con la nueva pareja de su ex esposo, quien la amenazaba y agredía, hasta que finalmente señala la familia de Sendy, cumplieron sus amenazas asesinándola y llevándose a la menor, de la que hasta el momento, no saben nada.

A dos meses –hoy se cumplen- de los hechos, la familia de Sendy Vázquez Ramírez, pide justicia “que la fiscalía haga su trabajo y de resultados, que digan si tienen alguna pista sobre ellos o no van a hacer nada”, exigió José Manuel, en su desesperación, “queremos que regresen a María Fernanda, no sabemos para que la quieren, él ni siquiera se hacía cargo de ella, no siquiera le hablaba, y ella está muy acostumbrada a nosotros y estamos seguros que quiere regresar con nosotros”, clamaron Maricarmen y José Manuel.

CONAVIM y gobierno de Jalisco traban avances en AVG: OCNF

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  • Pese a incremento de feminicidios, ni siquiera hay indicadores para evaluar acciones de AVG

Analy S. Nuño

SemMéxico. Ciudad de México. 5 de febrero de 2020.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denuncio omisión, negligencia y trabas por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el gobierno de Jalisco para evaluar las acciones de la Alerta de Violencia de Género y avanzar en la implementación de las medidas.

María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF explicó que tras los acuerdos tomados desde la instalación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para dar seguimiento a las medidas de la AVG emitida en noviembre de 2018, solamente ha habido dos reuniones formales como grupo y aunque se ha intentado avanzar en los indicadores la CONAVIM ha detenido los procesos.

“Dijimos, seamos serias y generemos los indicadores que ya casi a un año no los hay, para que evaluemos al estado, hagamos algo bien para que el resultado pueda generar cómo tiene que mejorar si no, no vamos a servir, pero CONAVIM nos empezó a obstruir y al día de hoy no tenemos los indicadores. El gobierno con eso también se ha agarrado para tampoco avanzar aunque ya hay una propuesta nuestra desde el año pasado. Lo propusimos a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, lo hablamos con gobierno, parece que no ha habido resonancia. Nosotras no podemos estar jugando, estamos preocupadas, ya hubo un incremento (de feminicidios) en todo el país, las alertas no son para tenerlas de adorno son para demostrar avances y disminuir la violencia”.

Explicó el gobierno estatal encabezado por Enrique Alfaro Ramírez ha mostrado resistencia permanente a la evaluación de resultados con indicadores cualitativos, lo que propicio que la Comisión Nacional determinara desde noviembre pasadoestablecer sus propios indicadores generales, sin embargo, hasta ahora no los ha presentado. Esto ha generado entre las organizaciones peticionarias de la AVG extrañamiento y preocupación por el incumplimiento de los acuerdos tomados por el GIM.

“CONAVIM no está cumpliendo, CONAVIM es la primera que violento y esto sí quiero que quede claro, CONAVIM violento el acuerdo firmado por las peticionarias, el grupo de trabajo, académicas, las que forman parte y el gobierno de que, en 10 días, en octubre ya tendríamos una revisión y ya para que ya tuviéramos los indicadores. Esto ha propiciado que el propio gobierno se relaje y no este haciendo las acciones de la alerta y no estemos avanzando, la autoridad no quiere indicadores cualitativos solo cuantitativos, la primera resistencia es que ellos no aceptaban que hubiera el indicador cualitativo sino solo cuantitativo. No vemos claridad en su compromiso en materia de avanzar en la alerta. Necesitamos que la autoridad entienda, primero que la alerta tiene que ser evaluada”.

Estas omisiones fueron notificadas formalmente en noviembre pasado por la CONAVIM: “a 436 días de emitida, no existen avances en la implementación de las medidas dictadas, ni transparencia sobre las medidas implementadas, tampoco existen indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan medir los avances y obstáculos para cumplimentarlas; mucho menos, acciones eficaces para garantizar el cese de la violencia feminicida en el estado”.

Para el OCNF la omisión y negligencia, agrava cada día la situación de inseguridad y vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes en Jalisco, pues de acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General de Jalisco, de enero a diciembre de 2019 se cometieron 285 asesinatos de mujeres, de los cuales solamente 57 son investigados como feminicidio.

Además, según la información proporcionada al OCNF, el 40 por ciento de las mujeres sufrieron heridas con arma blanca, golpes con objetos contundentes y quemaduras, mientras que un 12 por ciento fueron asesinadas con arma de fuego.

En el 80 por ciento de los casos las autoridades desconocen la relación de la víctima con el victimario, “lo que hace permisible la impunidad”. La mayoría de las mujeres asesinadas, tenía entre 18 y 40 años de edad.

Los municipios con mayor número de feminicidios registrados en la entidad en 2019 fueron: Guadalajara, Tlajomulco de Zuñiga, Zapopan y Puerto Vallarta. Los cuatro incluidos en la AVG.

La coordinadora del OCNF adelantó el gobierno convocó a las organizaciones peticionarias de la AVG a 11 mesas de trabajo para tratar todos los temas durante febrero, no obstante a su parecer esta convocatoria se hace “sin pies y sin cabeza, las mesas no se generan así, eso es desgaste, no se han generado las formas de cómo se debe evaluar y Jalisco tiene un problema grave de la violencia feminicida”.

“Estamos en la mesa pero no somos simuladoras, lo que queremos es avanzar y apelamos a que el gobierno de Alfaro entienda que van a ser evaluados. Los datos expresan la gravedad de Jalisco yno está generando condiciones ni el gobierno de Alfaro ni la CONAVIM que no está siendo un ente que coordina”.

En ese sentido, las organizaciones peticionarias (OCNF, Católicas por el Derecho a Decidir y Justicia, Derechos Humanos y Género) exigen:

A la CONAVIM:

  • Ordene las acciones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos de referencia, respecto al proceso de cumplimiento de las medidas derivadas de la DAVG por violencia de género en la entidad, que permitan la implementación adecuada del mecanismo.
  • Haga públicas las acciones que ha emprendido para la implementación de las medidas realizadas por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario en el marco de la AVG.
  • Impulse y haga públicos los indicadores para la evaluación del cumplimiento de las medidas dictadas por la AVG para salvaguardar la vida e integridad física de las mujeres jaliscienses.

Al Gobierno del Estado de Jalisco y a los gobiernos municipales:

  • Haga públicas las acciones que ha realizado para la implementación de las recomendaciones realizadas a las autoridades estatales, en el marco de la AVG; así como la transparencia de los recursos destinados para ello.

Mujer y Poder

¿Censura a los periodistas?

*Natalia Vidales Rodríguez

SemMéxico. Sonora. 5 de febrero de 2020.- Nunca hemos estado a favor de la utilización de adjetivos ofensivos y desprestigios al señalar críticas a acciones de quien sea (políticos, empresarios, religiosos, académicos, etc.).

Porque una cosa es condenar y señalar lo indebido -el hecho, el acto-  pero otra muy distinta ofender y denostar por tales yerros a la persona… y a la familia entera, como vemos que con frecuencia se hace en las redes cuando algún comentario no es del agrado de alguien, sea o no el aludido.

Por ello, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador vociferaba e injuriaba en campaña hemos rechazado sus discursos. Y más aún cuando, llegando a la silla presidencial, ha continuado con su lenguaje  soez más propio de una persona maleducada que del presidente de nuestro país.

Hemos criticado en diversas ocasiones el léxico especialmente a él, porque es la máxima figura pública y es referente para muchos, sobre todo para los jóvenes y para sus seguidores.   Y si él habla de una manera… el ejemplo cunde.  Así lo hemos visto a lo largo de este tiempo que ha gobernado nuestro país donde, sobre todo en las redes, las injurias, ofensas, y los improperios abundan -como nunca-, así como las descalificaciones, las denostaciones y el uso indebido del lenguaje.  Parecería que hay una competencia de quien gana en creatividad de adjetivos ofensivos.

Y lo vimos en el pasado, cuando todo el gabinete y los simpatizantes del Ejecutivo en turno han utilizado un lenguaje similar al del presidente, incluso el mismo tono de voz; ¿recuerdan el lector los molestos sonsonetes? 

No nos asustamos con el lenguaje que se usa en corto por quienes han acostumbrado hablar de forma altisonante. No nos asustamos…pero nos parece indebido que sobre todo quienes nos representan (diputados, senadores, el ejecutivo) lo utilicen al referirse a quienes no son sus incondicionales… o a los periodistas que los critican. Consideramos que hay lugares para ello: tal vez en reuniones de amigos, en los bares, en las fiestas -cuando se ha pasado de copas- pero de ahí a que ese sea el modo de expresarse de   quien debe mostrar pulcritud en el hacer y en el decir…hay una gran diferencia.  Hay lugares y momentos para todo.

El presidente ha aceptado -y él mismo ha propiciado- un lenguaje que deja mucho que desear.  Y hoy… quiere calmar las aguas al vetar la libertad de expresión en México con el  endurecimiento de las leyes  porque el periodista Sergio Aguayo criticó fuertemente a uno de sus allegados, el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.  El periodista, dijo lo que es bien sabido por los residentes del estado. ¿Cuál es, entonces, el pecado de decirlo?

López Obrador ha desprestigiado a muchos grupos y personas en sus ¨mañaneras¨ y ha utilizado toda clase de adjetivos calificativos para ellos, sin el menor recato…ni consecuencia legal. Ha menospreciado, agredido e insultado a quienes considera son sus enemigos políticos e incluso lo ha hecho con instituciones e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, sin importarle el daño moral causado.  Lo ha hecho en tribuna, públicamente, sin ningún respeto ni medida. ¿Y ahora pretende poner un bozal a los periodistas? Y a él….¿quién va a callarlo?.

La discordia, la división…la ha sembrado y fomentado, desafortunadamente, el propio presidente López Obrador, en una irresponsabilidad indigna de su investidura.

Y, desde aquí, desde el ejercicio respetuoso, pero firme,  de la libertad de expresión, le manifestamos nuestra inconformidad al respecto y lo conminamos a que eleve el nivel de sus discursos ya que los mexicanos no necesitamos un lenguaje de baja calidad y plagado de calificativos negativos para entender las cosas. 

Antes de querer vetar la libre expresión, que sea él mismo ejemplo de pulcritud al expresarse públicamente, eliminando de tajo los insultos, el menosprecio y las injurias de que ha hecho gala desde que asumió el poder.

Que le baje tres rayitas.

Van contra diputado misógino en Morelos

Estrella Pedroza 

SemMéxico. Morelos. 4 de febrero de 2020.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitió una recomendación en contra del diputado local José Casas González por las expresiones misóginas que lanzó desde la tribuna del Congreso, dirigidas a sus compañeras legisladoras con las que violentó el derecho a la igualdad y al trato digno.

Morelos es uno de los 18  estados con Alerta de Violencia de Género (AVG)- fue decretada desde el 2015 y  el Congreso local es uno de los pocos que en las elecciones del 2018 logró la paridad de género; sin embargo es en esta Quincuagésima Cuarta Legislatura cuando mayor violencia política por género se ha vislumbrado.  

 Fue el 10 octubre pasado cuando Casas González mencionó en distintas intervenciones, durante una sesión en la que modificaron la Ley Orgánica para disminuir el número de votos para establecer mayoría, las siguientes frases:

•             “Es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul”.

•             “A chillidos de marrano oídos de carnicero” “¡al chile pelón!” “les duele y les lastima ¡Lo siento compañeras! ¿pa’ que se meten en esto?”.

•             “Lamentablemente usadas ¡usadas sí! por el tema de género porque sus maridos no pudieron ser diputados y la pusieron a ustedes para cubrir esa cuota de poder. 

Por esta razón, las integrantes del Frente de Mujeres Progresistas- integrado por las diputadas Keila Celene Figueroa Evaristo, Erika García Zaragoza, Maricela Jiménez Armendáriz, Naida Josefina Díaz Roca, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Rosalinda Rodríguez Tinoco, y Blanca Nieves Sánchez Arano- presentaron quejas ante el organismo defensor de los derechos humanos y se integraron en el expediente número CDHM/SE/V1/061/239/2019.

Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de dicha comisión, ordenó la investigación correspondiente en la que se solicitó un informe  al presiente de  la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos y al propio diputado José Casas González.

También se recabaron las siguientes evidencias: El Diario de Debates del Congreso del Estado de Morelos de la Sesión Orinaría -que inició el jueves 10 y termino el viernes 11 de octubre de 2019-, el orden del día de la sesión referida y diversos videos de la sesión, mismos que fueron transmitidos en el canal del Congreso del Estado de Morelos y en sus distintas redes sociales. 

Y tras realizar un análisis minucioso se determinó realizar las siguientes recomendaciones por considerar que se violentó el derecho a la igualdad y al trato digno.

-Al diputado  José Casas González:

•  Se recomienda inscribirse y cursar de manera aprobatoria el curso en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista”.

•  Ofrezca una disculpa pública en la tribuna del Congreso Local por el lenguaje discriminatorio y no incluyente utilizado en la sesión ordinaria de 10 de octubre de 2019 y además  manifestar que es en cumplimiento de la presente recomendación.

-Al diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso: 

•   Instruya la elaboración y aprobación del Código de Ética Parlamentaria, que deberá incluir sanciones a manifestaciones de odio que promuevan la violencia de género; así como prever medidas de amonestación suficientes que garanticen que se privilegie el diálogo inclusivo y no discriminatorio, reconociendo la igualdad entre hombres y mujeres, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4º Constitucional.

•  Exhorte a las y los Diputados de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos para que en lo futuro se abstengan de utilizar cualquier tipo de leguaje misógino, discriminatorio o que promueva la  violencia y los discursos de odio marcando diferencias entre hombres y mujeres. 

*Argumento y respaldo de la recomendación*

Dentro de los razonamientos a los que recurrió la CDEHM destaca que si bien  los  diputados cuentan con la  inmunidad respaldada en la Constitución Local   y en la Constitución mexicana. 

En  el artículo 36 de la Constitución Local  que establece que “los diputados son inmunes por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y no podrán ser reconvenidos por ellas en ningún tiempo, ni por ninguna autoridad”.

Y el  artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso establece que “no podrá exigirse a los diputados responsabilidad legal alguna, por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas”. 

Asimismo, el artículo 61 de la Constitución mexicana prevé, en su primer párrafo, una protección especial para las opiniones que emitan los legisladores del Congreso de la Unión en el desempeño de sus funciones. 

 La Agenda 2030 de las Naciones Unidas – El Objetivo 5, Igualdad de Género reconoce la necesidad poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, toda vez que no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. 

Además afirma que hoy más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se conviertan en líderes ayudarán a alcanzar una mayor igualdad de género.

*Postura  del diputado Casas González*

En entrevista  Casas González se escudó en el artículo 36 de la Constitución Local le da inmunidad  y advirtió que Raúl Hernández Cruz, titular de la CDHEM, estaría violentado el derecho constitucional que tienen los diputados. 

“Ustedes recordaran que esa frase que hice en ese momento hable de personas nunca hice un señalamiento específico a un tema de género pero si esto va a servir a que futuros funcionarios pudieran está abonado a esta equidad de género  yo no tengo ningún problema”, respondió ante los cuestionamientos de si atenderá o no la recomendación emitida por la CDHEM.

El diputado local,   destacó que incluso  días después de sus expresiones “ya pedí  disculpas- mismas que ofreció en una conferencia de prensa en la que inició con la expresión medios y medias de comunicación”. 

Y añadió “a mí ya me invitaron a un curso ahí en el Instituto de la Mujer”. 

Pero inmediatamente reveló que lo abandonó, “sin embargó quiero ofrecer una disculpa porque no lo pude concluir por las mismas actividades que tiene el Congreso”.

Para cerrar Casas González retó al  ombudsman a que tomen juntos el curso que se sugiere como parte de la recomendación  de la CDHEM.

Además,  acusó exceso y protagonismo por parte del titular del  organismo defensor de los derechos humanos.“Pues si eso (haciendo referencia al curso) pues que lo tomemos juntos. ¿No? Yo creo que el presidente también…  hay un exceso en esta Comisión de Derechos Humanos y aquí hago el énfasis ¿Cómo es posible que la Comisión de Derechos Humanos que es la encargada de velar por lo interés y que no se violen los derechos humanos en un acto de protagonismo hoy cite a una rueda de prensa  para expresar que José Casas va a ser requerido y el mismo esta violentado a la propia Constitución y deja de lado temas más trascendentes como la entrega de cuerpo a una familia equivocada ”, finalizó.   

El cáncer en México, la tercera causa de muerte en el país

  • Se puede prevenir y es curable si se detecta a tiempo, INCAN

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 4 de febrero de 2020.- En México se diagnostican 191 mil casos de cáncer al año, de los cuales 84 mil fallecen, lo que ubican a esta enfermedad como la tercera causa de mortalidad en el país y la segunda en Latinoamérica.

El 30 por ciento de los casos son prevenibles y otro 30 por ciento se puede diagnosticar oportunamente, lo que generaría un 60 por ciento de probabilidad de curación, razón por la que es importante fomentar la prevención y detección temprana, afirmó el director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), Abelardo Meneses García, con motivo del 4 de febrero que es el Día Internacional del Cáncer.

Precisó el especialista que el cáncer, durante su etapa inicial, no duele pero cuando se registran los síntomas es porque ya está avanzado. 

Hizo énfasis en la prevención como factor clave, por lo que recomendó designar un día al año para realizarse un chequeo y explorar su cuerpo y ante cualquier anomalía registrada, acudir al médico para que sea diagnosticada tempranamente.

También exhortó  a todas y todos a sumarse a la campaña Yo soy responsable y voy a dejar de fumar, por ejemplo.

Explicó, Meneses García, que la campaña “Yo soy… y voy a…” de la Unión Internacional para el Control del Cáncer, es para asumir compromisos individuales para prevenir y detectar a tiempo el cáncer: 

Yo soy Abelardo Meneses y Voy a contribuir para hacer de la lucha contra el cáncer una historia de éxito”, dijo.

Informó que el cáncer más frecuente en el país es el de mama, con 27 mil 500 casos por año con 7 mil defunciones; seguido del de próstata con 25 mil 6 mil 900defunciones ; colon, 15 mil casos con 7 mil defunciones; tiroides 12 mil casos con 900 defunciones ; cervicouterino, 7 mil 870 con 4 mil defunciones y de cáncer de pulmón con 7 mil 810 casos y . A su vez, el cáncer de mama ocasiona al año, tiroides, 900; cervicouterino, 4 mil, y pulmón, 6 mil 700.

El tabaquismo es uno de los factores de riesgo comprobados que contribuyen al desarrollo del cáncer, explico el doctor Meneses García, ya que por sí solo, ocasiona hasta el 30 por ciento de tumores malignos y afecta a 16 órganos. 

Otros factores de riesgo son el sobrepeso y la obesidad, así como infección por virus como el papiloma humano, hepatitis B y C; y también la exposición a sustancias carcinógenas ambientales u ocupacionales, y la exposición constante a la luz solar sin protección solar y la falta de actividad física.

Explicó que solo el 10 por ciento de todos los tumores están asociados al factor hereditario y dentro de esta categoría se encuentran el cáncer de mama, de próstata, colon y cuerpo uterino (endometrio). El riesgo aumenta si la persona está expuesta a más de un factor.

El Instituto de Cancerología realiza campañas de difusión de información y programas encaminados a disminuir los tumores más frecuentes, como la detección oportuna del cáncer de colon que ha permitido detectar el 10 por ciento de tumores malignos en etapa curable. 

Con el programa OPUS para detección de cáncer de próstata, ha logrado detectar 40 por ciento de casos en etapa temprana; sin dejar de lado la realización constante de mastografías para reducir cáncer de mama y papanicolaou para el cáncer de cérvix.

El bienestar de las y los mexicanos es una corresponsabilidad entre el sector salud y la población, pues además de los avisos emitidos por las autoridades, es necesario que la gente participe corrigiendo sus hábitos dañinos que permitan mejorar su calidad de vida.

“Es importante considerar acciones que promuevan la salud, para planear un futuro más sano y pensar que la salud es una inversión y no un costo porque a la larga, traerá beneficios a nuestra vida”, señalo finalmente el director del INCAN. 

Mirada Violeta

Inadmisible, intención de desaparecer el delito del feminicidio en México

Lupita Ramos Ponce 

SemMéxico. Jalisco. 4 de febrero de 2020.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio(OCNF), red ciudadana conformada por 43 organizaciones en 24 estados del país, manifiesta en un comunicado que es inadmisible y un grave retroceso la intención del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el tipo penal de feminicidio para redefinirlo como agravante del homicidio, en el marco de la iniciativa de creación de un Código Penal Único en México.

El miércoles 28 de enero de 2020, en la reunión plenaria realizada entre el Fiscal General y las diputadas/os del  Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Gertz Manero externó la intención de eliminar el tipo penal de feminicidio, argumentando la dificultad que tiene el Ministerio Público para acreditarlo.

La propuesta de Gertz Manero parte del desconocimiento y la ignorancia o hasta de una simple ocurrencia, ya que no responde a un estudio diagnóstico previo, que haya identificado los obstáculos en la acreditación del delito por parte de todas las Procuradurías y Fiscalías de Justicia del país, que justifique dicha propuesta. La Fiscalía General de la República no cuenta con elementos para sostener esa valoración, sobre todo, porque el feminicidio es generalmente un delito del fuero común, que no es investigado y judicializado por la instanciaFederal.

Como ha demostrado el OCNF en sus últimos informes sobre la implementación del tipo penal de feminicidio en el país (Informes 2014 y 2018), existen discrepancias normativas en la tipificación del feminicidio en los estados, y resistencias para investigar como posibles feminicidios las muertes violentas de mujeres, como lo marca el estándar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de  Mariana Lima Buendía.

Adicional a los tipos penales de difícil acreditación y a las resistencias de las Procuradurías y Fiscalías para iniciar las investigaciones como posibles feminicidios, se ha documentado la existencia de una ruta de impunidad que inicia desde las primeras diligencias y los primeros respondientes, en la falta de debida diligencia de peritos, policías y ministerios públicos, ausencia de sanciones a las y los servidores públicos que por acción y omisión obstaculizan el acceso a la justicia para las víctimas, y que culmina con criterios judiciales que adolecen de perspectiva de género, invisibilizan la violencia contra las mujeres, culpabilizan a las mujeres y sus familias de la violencia de las que son víctimas y/o justifican a los agresores con penas bajas o argumentos revictimizantes.

La justificación del Fiscal General de la República sobre las dificultades del Ministerio Público para acreditar el delito, deberían de estar encaminadas a mejorar los procesos investigativos y no a la desaparición de un tipo penal que visibiliza la violencia feminicida. 

El reconocimiento y tipificación del delito de feminicidioes resultado de la lucha de mujeres, madres y familiares de víctimas de feminicidio, académicas feministas y defensoras de derechos humanos que visibilizamos esta grave problemática desde los años 90’s en Ciudad Juárez y posteriormente en todo el país.  La tipificación de feminicidio también responde a los resolutivos de la sentencia de Campo Algodonero dictada contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las deficiencias en las investigaciones de las muertes violentas de mujeres que las dejan en impunidad y a la invisibilización de violencias que hoy se traducen en las razones de género del tipo penal que no son consideradas con el tipo penal de homicidio.

Por ello, lejos de buscar su desaparición, el Código Penal Nacional Único debe incluir el delito penal de feminicidio de manera autónoma y con razones de género objetivas, que incluya los aportes de la sociedad civil experta en el tema.  Además, se debe actualizar y homologar los protocolos de investigacióndel delito de feminicidio, con los estándares nacionales e internacionales en la materia y atendiendo las necesidades del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

lupitaramosponce@gmail.com

@lupitaramosp

Violencia política en razón de género contra mujeres progresistas en Veracruz

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SemMéxico/Billie Parker Noticias. Veracruz. 04 de febrero 2020.- La iglesia católica y sus grupos religiosos han escalado su oposición al matrimonio igualitario a un nivel de violencia contra mujeres que se analiza si podría configurarse violencia política en razón de género.

Hay dos figuras que desde el púlpito mediático en Veracruz han sido constantemente desacreditadas por su labor en favor de las mujeres y los derechos igualitarios. Y en las últimas semanas la violencia fue verbal y física contra la diputada de Veracruz y su equipo. Ellas son la Secretaría de Gobierno Olga Sánchez Cordero y la diputada local de Morena Mónica Robles.

“La violencia política en razón de género forma parte de una expresión de la discriminación hacia las mujeres, es realizado por una persona, por sí misma o a través de terceros, que viola los derechos de las mujeres, y que tiene como resultado impedir su participación en las mismas condiciones que los hombres en la vida política, social, económica y cultural en el ejercicio de la representación política, para impedir o restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley”, se lee en la gaceta de la reforma al artículo 396 del Código Electoral.

Inadmisible, intención de desaparecer el delito del feminicidio en México: OCNF

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Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 04 de febrero de 2020.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red ciudadana conformada por 43 organizaciones en 24 estados del país, manifiesta inadmisible y como un grave retroceso la intención del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el tipo penal de feminicidio para redefinirlo como agravante del homicidio, en el marco de la iniciativa de creación de un Código Penal Único en México.

De acuerdo con información hecha pública por las propias diputadas federales, el pasado miércoles 28 de enero de 2020, en la reunión plenaria realizada entre el Fiscal General y las diputadas/os del  Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Gertz Manero externó la intención de eliminar el tipo penal de feminicidio, argumentando la dificultad que tiene el Ministerio Público para acreditarlo.

“Sin embargo, la propuesta de Gertz Manero NO responde a un estudio diagnóstico previo, que haya identificado los obstáculos en la acreditación del delito por parte de todas las Procuradurías y Fiscalías de Justicia del país, que justifique dicha propuesta. Además, la Fiscalía General de la República NO cuenta con elementos para sostener esa valoración, principalmente, porque el feminicidio es generalmente un delito del fuero común, que no es investigado y judicializado por dicha instancia” señala el OCNF en un comunicado.

Como ha demostrado el OCNF en sus últimos informes sobre la implementación del tipo penal de feminicidio en el país (Informes 2014 y 2018), existen discrepancias normativas en la tipificación del feminicidio en los estados, y resistencias para investigar como posibles feminicidios las muertes violentas de mujeres, como lo marca el estándar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de  Mariana Lima Buendía, el cual fue investigado en un inicio como suicidio y posteriormente la SCJN ordenó que se reabriera y se investigara como feminicidio.

Adicional a los tipos penales de difícil acreditación y a las resistencias de las Procuradurías y Fiscalías para iniciar las investigaciones como posibles feminicidios, se ha documentado la existencia de una ruta de impunidad que inicia desde las primeras diligencias y los primeros respondientes, en la falta de debida diligencia de peritos, policías y ministerios públicos, ausencia de sanciones a las y los servidores públicos que por acción y omisión obstaculizan el acceso a la justicia para las víctimas, y que culmina con criterios judiciales que adolecen de perspectiva de género, invisibilizan la violencia contra las mujeres, culpabilizan a las mujeres y sus familias de la violencia de las que son víctimas y/o justifican a los agresores con penas bajas o argumentos revictimizantes.

“La justificación del Fiscal General de la República sobre las dificultades del Ministerio Público para acreditar el delito, no es más que una afirmación falaz y sin sustento práctico. Prueba de ello son las sentencias que se han obtenido por este delito, siendo paradigmáticas las recientes sentencias condenatorias en los casos de Lesvy Berlín Rivera Ochoa en la Ciudad de México, Emma Gabriela Molina Canto en Yucatán y Alicia Díaz González en Nuevo León, en los que se lograron acreditar las razones de género, a través de investigaciones con pruebas científicas, objetivas y con perspectiva de género”.

Un ejemplo positivo, señalan, es el estado de Nuevo León, en el que según cifras proporcionadas al OCNF por la Fiscalía General de Justicia del Estado, al iniciarse las investigaciones como probables feminicidios, se ha logrado judicializar el 50% de los casos y obtener una resolución condenatoria en el 23% de ellos, obteniendo 30 sentencias entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, lo cual demuestra que con voluntad política para garantizar la debida diligencia y perspectiva de género en las investigaciones se pueden acreditar las razones de género del delito de feminicidio y reducir la cifra de impunidad, que oscila a nivel nacional en el 99% de los casos. 

“El reconocimiento y tipificación del delito de feminicidio es resultado de la lucha de mujeres, madres y familiares de víctimas de feminicidio, académicas feministas y defensoras de derechos humanos que visibilizamos esta grave problemática desde los años 90’s en Ciudad Juárez y posteriormente en todo el país”. 

La tipificación responde a los resolutivos de la sentencia de Campo Algodonero dictada contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las deficiencias en las investigaciones de las muertes violentas de mujeres que las dejan en impunidad, y a la invisibilización de violencias que hoy se traducen en las razones de género del tipo penal que no son consideradas con el tipo penal de homicidio.

Si bien el Fiscal General propone emitir un Código Penal Único, como integrantes del movimiento de mujeres, como acompañantes de decenas de víctimas de feminicidio y como integrantes del movimiento de derechos humanos en México, advertimos que la solución no es la desaparición del delito, sino que el feminicidio se investigue y sancione con perspectiva de género en todo el país.

“Para nosotras, defensoras de los derechos de las mujeres, eliminar el delito de feminicidio y dejarlo como una agravante del homicidio, no solo sería una acción regresiva, insensible y contraria a los estándares y recomendaciones internacionales en la materia, sino echar por la borda la histórica lucha de las madres y familiares de víctimas de feminicidio en México, que con el dolor a cuestas han contribuido a que el feminicidio sea nombrado, tipificado, investigado y sancionado, con el único fin de encontrar justicia para sus hijas”. 

La lamentable postura de Gertz Manero, evidencia la falta de sensibilidad, la ausencia de perspectiva de género y cómo la grave problemática que acaba cada día con la vida de 10 mujeres en México no es una prioridad para las autoridades y que antes que la garantía de los derechos de las mujeres se pondera la rapidez y la practicidad, lo que es contrario a la necesidad urgente de una voluntad política para arrancar este delito de raíz, señala el OCNF.

Como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, exigen al Poder Ejecutivo y Legislativo Federal, así como a las Fiscalías General de la República y a las Fiscalías Estatales:

  • Que se incluya el delito penal de feminicidio de manera autónoma y con razones de género objetivas en el Código Penal Nacional Único, con los aportes de la sociedad civil experta en el tema.
  • Se tome en consideración los aportes y recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia expertas en el tema, en la propuesta de la creación del Código Penal Único y las modificaciones al Sistema de Justicia Penal, garantizando los estándares internacionales en la materia.
  • Que las autoridades de procuración de justicia, incluyendo la federal, dejen de invisibilizar la violencia feminicida y el feminicidio, y asuman su responsabilidad para la adecuada investigación y sanción del feminicidio.
  • Que se actualicen y homologuen los protocolos de investigación del delito de feminicidio, con base en los estándares nacionales e internacionales en la materia, y a la luz de las necesidades del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
  • Se garantice el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y nacionales para la investigación y sanción del feminicidio con perspectiva de género y feminicidio, particularmente el cumplimiento a nivel nacional de la sentencia del caso Mariana Lima, para revertir el contexto de impunidad que aún persiste para la acreditación del feminicidio en México.
  • Que se revisen las investigaciones de muertes violentas de mujeres con el fin de identificar las fallas en la acreditación del tipo penal que conlleva a la impunidad de los casos en las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de cada estado.
  • Que se inicien investigaciones y se sancionen a las y los servidores públicos (policías de investigación, peritos y ministerios públicos) encargados de las investigaciones de feminicidios, que por sus acciones y omisiones han obstaculizado el acceso a la justicia para las víctimas.

Juego de Palabras

Retos de una democracia incluyente

Yaneth Angélica Tamayo

SemMéxico. 04 de febrero de 2020.- A un año de distancia para la realización de los comicios del 2021, los institutos y los órganos jurisdiccionales electorales se están preparando para superar los retos pendientes que se han establecido para materializar el acceso a la igualdad y a la participación democrática de las mujeres, especialmente de las que pertenecen a grupos originarios.

Sin embargo, transitan por un camino sinuoso ya que, uno de los problemas que limitan la democracia tiene que ver con las relaciones de poder que regularmente se encuentran concentradas en unas cuantas personas, quienes desde sus privilegios y posiciones construyen una barrera que le impide a las mujeres y en especial a las de origen étnico desarrollar una participación política real.

Las relaciones de poder desiguales y la discriminación por razón de género sufridas por mujeres, al ser las más persistentes en el tiempo, son las que más formas ha resistido y las que afectan al mayor número de personas, porque al ser primarias siempre se añaden a las demás discriminaciones.

Un ejemplo de esto es la realidad que viven las mujeres indígenas; quienes presentan un doble reto para la defensa de sus derechos, especialmente en la búsqueda de sus derechos políticos tanto en el sistema de partidos como en el sistema normativo interno de sus comunidades.

Toda vez que, la desigualdad que sufren está relacionada con las cuestiones culturales de cada pueblo o comunidad, las cuales se encuentran legitimadas en las relaciones de dominación de género que se ejerce contra ellas; de ahí que las restricciones se deban ya no solo a su género sino también a su origen étnico y quizás a la condición económica en la que se encuentran.

Por ello para garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas se requiere que tanto ellas como las autoridades electorales, de forma coordinada actúen desde una perspectiva intercultural y de género a través de la cual se pueda:

Reglamentar la forma en el que el sistema normativo indígena debe llevar a cabo sus elecciones, verificando y observando que se garanticen los derechos humanos y las reglas propias de los pueblos.

Que todas las autoridades observen el bloque de constitucionalidad a fin de que se busque la protección más amplia de los derechos políticos-electorales y se integren las normas consuetudinarias; siempre y cuando no violen derechos humanos.

Que cada Estado revise su legislación a fin de evitar contradicciones y violaciones a derechos humanos, que nieguen la participación política de las mujeres e invisibilicen la violencia política de género que se ejerce contra ellas.

Evitar que los Congresos Estatales, respecto de este tema copien entre si sus legislaciones; pues la perspectiva cultural no es la misma en todos los Estados. Es por ello qué se debe entender que la ley debe ser congruente con las diferentes cosmovisiones de los pueblos.

No se puede pretender que los sincretismos y las particularidades de organización social y política propios de las comunidades indígenas de Chihuahua sean las mismas de las comunidades de Oaxaca, Guerrero, Chiapas u otros.

La tarea no es fácil, en México a pesar de que existe un sistema jurídico regulador aun no es posible superar las situaciones socioculturales en los que existe una brecha de desigualdad y discriminación hacia la mujer y otros grupos.

Motivo por el cual, se requiere que las autoridades y operadores jurídicos se capaciten en derecho electoral indígena, ya que, resulta necesario que se realicen análisis desde la perspectiva de género y la cosmovisión cultural; se debe evitar obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos-electorales de las mujeres indígenas.

Asimismo, se deben implantar medios de optimización a través de los cuales el Estado pueda cumplir efectivamente con los niveles de obligación (respeto, protección y garantías) establecidos por las normas no solo nacionales sino también internacionales.

Pero esto no será posible, sino existe una articulación entre mujeres y autoridades electorales, con las cuales se puedan apoyar para incidir en la democracia del país y cumplir con los objetivos que faciliten de forma igualitaria el acceso a la participación de los asuntos públicos.

Elecciones y democracia en riesgo en Bolivia

  • La voz de la feminista María Galindo ha sido silenciada en el diario boliviano Página Siete 

Por Drina Ergueta 

SemMéxico. La Paz-Bolivia.  04 de febrero de 2020. Las últimas semanas de enero han sido particularmente reveladoras del caldo hediondo en que se cocina la política boliviana: se ha registrado transfugio y traición a conveniencia, compromisos al viento y cambios de postura de total sinvergüenzura, delaciones y acusaciones y contraacusaciones, todo dentro de varios partidos que tienen en común el único objetivo de hacer frente al aún poderoso Movimiento al Socialismo (MAS), partido del exiliado Evo Morales, el anti-ídolo que les aglutina en su contra.

Un MAS que asiste y resiste prácticamente al margen del zafarrancho mayoritariamente masculino y de rostros blancos con el que se le pretende vencer. Aquí se incluye la vergüenza nacional, con advertencia internacional al cuestionado gobierno actual por haber detenido y agredido a dos exautoridades cuando les había dado un salvoconducto para poder salir del país, luego de estar más de dos meses asiladas en la embajada mexicana.

Además, desde la salida forzada de Morales y la instauración del gobierno de Jeanine Áñez el “proceso de pacificación” ha pasado por la etapa de impunidad para que militares controlen las protestas afines al anterior gobierno, con resultado de una treintena de muertos; por un acuerdo tenso en el Parlamento para que se aprueben medidas que permitan unas nuevas elecciones; por una persecución implacable, en las que participan grupos considerados paramilitares, a cualquiera que tenga alguna relación con autoridades de la anterior gestión, incluidas parientes, niñeras, representantes legales… personas hoy acusadas por sedición o apoyo al terrorismo o asuntos similares.

En ese marco la voz de la feminista y activista boliviana María Galindo, miembro de Mujeres Creando, ha sido silenciada en el diario Página Siete, donde tenía una columna desde hace 10 años.

Todo lo descrito lleva el justificativo de que lo que hace el gobierno actual es lo mismo que hacía el anterior, así que nadie se queje. Si se reclamaba por la carencia de libertades durante el anterior gobierno, ¿cómo es que se tolera según qué cosas hoy? ¿Qué lleva a gente decente a aceptar atropellos hacia otras personas, por más masistas que sean? Finalmente, ¿cómo se aguanta el espectáculo obsceno que hacen las candidaturas a las elecciones del 2 de mayo?

Morales se ha convertido para una parte de la población en el anti-ídolo que provoca que ésta acepte, al parecer, lo que sea con tal de que no vuelva. Con esa certeza, el bloque de candidatos, que son todos, no presentan siquiera propuestas ni programas, salvo tímidamente en el caso de Carlos Mesa. Hacen y deshacen, saltando de una sigla a otra, uniéndose y traicionándose, acusándose y contra acusándose en nombre de una unidad que se les pide y no llega.

Por otra parte, está esa gente ignorada por los medios importantes y estos políticos. Gente que se sabe al margen y, aunque reclama por sus muertos, heridos y detenidos, realiza sus propias acciones sociales de autoapoyo y espera, espera a las elecciones.

Además, están quienes no tienen un partido claro, que valoran algunas acciones del anterior gobierno y rechazan otras, que buscan alguna propuesta alternativa a Morales; gente que, hastiada, asiste atónita, sino furiosa o entristecida, a lo que está pasando en Bolivia y que también calla porque espera, espera a que lleguen las elecciones y esto se resuelva finalmente, que acabe.

Lo que pasa en Bolivia es una crisis que tiene una apariencia de desarrollarse de manera pacificada, no es así. La tensión es muy alta y si no se controlan los desmanes, si no se dice esta boca es mía, si se callan las voces que lo denuncian hay un riesgo alto no de que se encienda una chispa y todo reviente, sino de que la democracia termine totalmente eliminada. Una de esas voces es la de la feminista María Galindo, profundamente crítica, y acallarla en Página Siete es como mínimo un error, si no es una decisión política del medio.

Galindo ha mantenido una posición crítica a Morales y crítica a Añez, crítica a la sociedad y al machismo en todas sus formas. Las maneras en que lo hace no son convencionales; pero éstas no son razones válidas para silenciarla en este diario.

Entresemana

NAFIN, SADER, IMSS, contrastes de la 4T

Moisés Sánchez Limón

SemMéxico. 4 de febero de 2020.- En la ruta de apisonar el basamento de la 4T hay contrastes en el ejercicio de la administración pública, especialmente entre quienes están dedicados a hacer su tarea sin estridencias ni en busca de los reflectores, y aquellos que hacen suyas las candilejas con falsas honestidades para quedar bien con el inquilino de Palacio. Y los hay que se ofrecen garantes contra la corrupción

Veamos. La semana pasada, en el ámbito de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, en Villahermosa, Tabasco, se dio una muestra de cómo piano piano se han destrabado y eliminado burocracias en la dotación de apoyos a la inversión y el crecimiento de la industria nacional, en especial a la de la energía, sector al que el gobierno de la 4T le ha apostado como pivote del desarrollo.

¿Qué ocurrió? Bueno, pues Bancomext-Nafin otorgó el primer crédito en apoyo a una empresa privada mexicana productora de petróleo y gas por la friolera de siete millones cien mil dólares, financiados para el proyecto de desarrollo del campo llamado “Mayacaste”.

Y fue asignado, le decía, a la empresa mexicana Grupo Diarqco, resultante de la ronda 1.3 que se celebró en diciembre de 2015 por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sí, han pasado cuatro años, tres formalmente desde que el contrato correspondiente se celebró en mayo de 2016.

¿Y sabe usted quién estuvo atrás de esta importante tarea de apoyo a la pequeña y mediana empresa?, la Dirección General Adjunta Jurídica y Fiduciaria de Nafin/Bancomext, a cargo de la licenciada María Guadalupe Muñoz Reséndez.

Así, la banca de desarrollo del gobierno federal tiene en Muñoz Reséndez a una ejecutiva que, con su equipo y sin estridencia, destrabó burocracias inerciales que inhibían en Nacional Financiera y el Bancomext la disposición de créditos a empresas nacionales que le apuestan al desarrollo apartados de siglas y banderías.  

EL CONTRASTE de este trabajo ocurre en el ámbito de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), cuyo responsable Víctor Manuel Villalobos Arámbula presumió enterraría la herencia de fasto y excesos de José Calzada Rovirosa que el tamaulipeco Baltazar Hinojosa Ochoa no pudo abatir como último jerarca en la Sagarpa.

¿Recuerda usted el escándalo por el atraso en la entrega de fertilizante y fallas en la distribución de semilla de maíz, incluso con gorgojo que se repartió entre productores del estado de Guerrero? De acuerdo con organizaciones de comisariados ejidales y Comunales de aquella entidad, citados en una nota informativa de Sergio Ramírez, reportero del diario La Razón, Villalobos  Arámbula les informó que Jorge Gage Francois había sido removido de la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SADER, por su presunta responsabilidad de esa situación que devino en crisis para el campo guerrerense.

PERO GAGE FRANCOIS es una pantalla de lo que realmente ocurre en la SADER, donde hay evidencias de corrupción galopante que contradice al ánimo justiciero de la 4T e indican que el ingeniero Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, como un solo hombre decide quién y cuánto vende a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural semillas híbridas “de calidad y a bajos precios utilizando la red de tiendas a cargo de Segalmex”, lo que incluso propuso al presidente López Obrador en un acto celebrado el 8 de febrero del año pasado, en un acto en Huetamo, Michoacán.

Documentos oficiales, uno de ellos bajo el número GER/003/2019 de la organización Semilleros Mexicanos Unidos A.C., refiere cómo Suárez Carrera incluso benefició con compras poco usuales y cantidades de semillas difíciles de producir, a empresas de dos de los principales directivos de la referida organización, a precios inflados, según montos registrados en documentos en poder de entresemana.mx

Por ejemplo, a la empresa IYADILPRO SADER le compró 38 mil 796 sacos a un costo de 52 millones 374 mil 600 pesos, una cantidad imposible de producir pero que, además, contrasta con la compra de mil 200 sacos a la empresa Azteca. Una más, la empresa NOVASEM vendió 36 mil 428 sacos a un costo de 49 millones 177 mil 800 pesos, mientras a NEEKXITA la SADER le compró mil 190 sacos a un costo total de un millón 606 mil 500 pesos.

Una tercera empresa beneficiada con la compra de semilla de alta calidad es FITOGEN, que vendió a la SAGARPA 33 mil 942 sacos con un precio total de 45 millones 821 mil 700 pesos. ¿Qué dirá la secretaria de la Función Pública frente a esta situación de evidente corte corrupto?

Y BUENO, EN EL CASO DEL IMSS, el director Zoé Robledo Aburto está en la prueba anticorrupción. En noviembre del año pasado abriría a todos los laboratorios mexicanos las licitaciones, una decisión que se entendió como el combate a la corrupción que galopaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social en esto de las adquisiciones que, pese a ser licitadas, beneficiaban a un grupo selecto de grandes empresas, una consideradas como parte del llamado “Cártel de la sangre”.

Este martes, estaba prevista la presentación de las propuestas de distintos participantes en la licitación de servicios de pruebas de laboratorio clínico en el IMSS.

Pequeños y medianos laboratorios confían en que Zoé Robledo no ceda ante presiones de la mafia de empresarios integrada en ese “Cártel de la sangre”. El tema no es menor.

Mire usted, hace tres meses fue publicada la convocatoria para la licitación del servicio de pruebas de laboratorio y las pequeñas y medianas empresas del ramo esperan que se proceda conforme a la oferta de la actual administración federal en el combate a la corrupción y el tráfico de influencias.

Ha sido una larga y tortuosa antesala para la presentación de propuestas –comentan representantes de pequeños medianos licitantes– frente a grandes integradores como Falcon, Centrum, Impromed, Hemoser y Selecciones Médicas perteneciente al grupo de fármacos especializados, que han presionado a laboratorios fabricantes de reactivos para estudios clínicos para que no prestaran su apoyo a las medianas y pequeñas empresas que “se han quedado chiflando en la loma viendo como este cartel comandado por Valentín Campos y Noé Ramírez se reparten el territorio nacional con servicios licitados”.

El “Cártel de la sangre”, recuerdan los representantes, ha operado desde hace más de una década y, ahora, presionan a esos laboratorios fabricantes de reactivos y empresas nacionales para que no apoyen a la nueva proveeduría que se ha registrado en la licitación pública número LA-O5OGYR988-E7-2019.

El riesgo, advirtieron los representantes, es que los derechohabientes del IMSS caigan otras vez en manos de este grupo de empresas que se ha enriquecido a costa de sus cuotas obrero patronales.

Como me lo platicaron se lo platico: “Esperemos que Zoé Robledo ponga en orden a estos capos de la mafia del “Cártel de la sangre” y abra la puerta a las pocas empresas de pequeño y mediano calado que logren evadir las presiones que este cartel ejerció para que no pudieran participar en esta licitación.

“Así como AMLO cumplió su palabra cuando en la inauguración de las nuevas oficinas centrales del IMSS en Morelia Michoacán prometió que nadie se va a robar el dinero de las medicinas, y se sancionó a las empresas que acaparaban los medicamentos, de la misma forma ponga orden y sancione a este llamado nada honroso Cártel de la sangre”. A partir de lo que se conozca este primer martes de febrero en la ruta de la licitación de servicios de prueba de laboratorio, el próximo 03 de marzo sabremos de qué tamaño es el compromiso de Zoé Robledo en el combate a la corrupción. ¿Qué le parecen los contrastes? Conste.

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Las trabajadoras de Hogar y de Cuidados reivindican sus derechos ante Relator Especial de la ONU

  • El Centro de Empoderamiento de las Trabajadoras de Hogar y Cuidados ubicado en Usera se encuentra en riesgo de cierre después de que el Ayuntamiento de Madrid lo dejara sin subvención en los nuevos presupuestos

Por Gloria López

SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 04 feb. 20. El relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, visitó este domingo el Centro de Empoderamiento de las Trabajadoras de Hogar y Cuidados ubicado en Usera. Lo hizo porque sabe que uno de los colectivos más vulnerados y más empobrecidos es el de las mujeres migrantes empleadas del hogar y también porque el espacio, pionero en España y Europa, se encuentra en riesgo de cierre después de que el Ayuntamiento de Madrid lo dejara sin subvención en los nuevos presupuestos.

“Sabíamos que el relator iba a estar de visita en España y que él mismo solicitaba a las organizaciones de la sociedad civil informes y contribuciones, así que pensamos que era una buena oportunidad para visibilizar la situación de las mujeres migrantes en este país”. Julissa Jáuregui es técnica de Migraciones y Participación Ciudadana en Alianza por la Solidaridad Action Aid y ha sido la encargada de realizar el informe en el que, además de plasmar la flagrante vulneración de derechos humanos del colectivo migrante en España, también recomendaba la visita del relator al Cethyc.

Carolina Elías, coordinadora del Centro, que gestiona la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), explicó al relator los logros y actividades desarrolladas en el local, que apenas cuenta con 6 meses de andadura. Más de 350 mujeres han recibido ayuda a través de las asesorías –jurídica, sociolaboral y psicológica- y más de 2000 han participado en los talleres que se organizan los fines de semana. «La mayoría no tenemos redes y en el centro las mujeres hacemos amigas y nos empoderamos», cuenta Carolina Elías, poniendo en valor el enfoque integral del espacio.

De hecho, los datos de participación han logrado sorprender a las propias promotoras y muestran que estas mujeres tenían “necesidad de tener un espacio que pudiera ser suyo”. Pero el Ayuntamiento actual de la ciudad no parece entenderlo así y ha decidido no financiarlo sin dar ningún tipo de explicación. “Nos hemos enterado de esto porque no tenemos ninguna subvención asignada en los presupuestos (aprobados por el PP y Ciudadanos en diciembre de 2019), pero no han querido hablar con nosotras, no aceptaron la invitación a participar en el II Congreso de Empleadas de Hogar y los Cuidados, celebrado el 14 y 15 de diciembre de 2019 en el Cethyc”, explica Carolina Elías en conversación con AmecoPress. “No han querido comunicarse con nosotras, nos han invisibilizado”, sentencia.

Alston las escuchó y empatizó con ellas. Con respecto al recorte económico por parte del nuevo consistorio, el experto independiente señaló: «Espero que se reconsidere o consigan otra fuente de financiación». El relator enfatizó en la importancia que tiene un centro de estas características. «Un centro como este es valiosísimo, porque sin solidaridad y sin capacidad para trabajar juntas no lograrán nada», advirtió. Su mensaje es totalmente compartido por Elías quien insiste en que “una de las mayores debilidades de las trabajadoras del hogar radica en el aislamiento, en el hecho de que no forman parte de una red». Además, como dijo Alston, el Gobierno actuará solo si nos empoderamos y damos visibilidad a las situaciones que vivimos”.

En el encuentro, Alston pudo escuchar testimonios en primera persona de mujeres migrantes que trabajan en el servicio doméstico, como el caso de Blanca que, con 72 años, sigue trabajando de interna porque no tiene derecho a jubilarse. O el de Sandra, que sufrió acoso sexual cuando un empleador le ofreció más dinero a cambio de “tocarle las tetas”.

Además de estos relatos, señalaron una serie de problemáticas que se dan en este ámbito, como trabajar hasta 18 horas sin descanso, que no se les cotice las horas reales trabajadas, no tener derecho a paro, o que se les contrate para una labor concreta cuando en realidad terminan haciendo “mil cosas”. Así lo sostiene Adriana, quien afirma que “somos limpiadoras, cocineras, cuidadoras, mayordomas… hacemos de todo, pero valemos menos que una licuadora”.

Por todo ello, los reclamos del relator, tras escuchar a las mujeres con atención, se dirigieron a abordar las circunstancias estructurales que atraviesan las empleadas del hogar y la invisibilidad de la labor que realizan.

Ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico

En ese sentido, abogó por la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico por parte del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Así lo recogerá en su informe. Este convenio, que ya tiene 7 años de vigencia, recoge las bases para que los países mejoren en sus regulaciones internas las condiciones de trabajo de estas personas, como son la libertad de asociación y la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva o la protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia. Su aplicación permitiría equiparar los derechos de las empleadas del hogar a los de cualquier persona trabajadora afiliada al Régimen General: prestaciones por desempleo, baja por enfermedad, pensión de viudedad, entre otros.

Carolina Elías profundiza en el sentido de sus demandas. “El sostenimiento de la vida como objetivo de cualquier actividad humana es el camino para superar las desigualdades provocadas por un sistema injusto. Visibilizar y valorar a quien sostiene la vida es una cuestión de justicia”.

Ante ONU-DH denunciarán al gobierno de Guerrero

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* Defensora señala violaciones a sus derechos y agresión sexual

* Policías del Estado los detienen, agreden y roban pertenencias

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 3 de enero 2020.- Ante la falta de confianza en las instancias estatales, el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, interpondrá su denuncia por violencia sexual y violación a los derechos humanos, en contra de policías del Estado, ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), informó la defensora, Teodomira Rosales Sierra.

Lo anterior, luego de que el 28 de diciembre pasado, junto con el director del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Manuel Olivares Hernández, fueron encañonados, sometidos, y robados por elementos de la policía del Estado.

Relató que el 30 de enero pasado sostuvieron una reunión con el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar, y el Secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, “él –el secretario de Seguridad Pública-, nos trató de mentirosos… nos trataron como delincuentes, ni siquiera a los delincuentes detienen, porque a nosotros nos detienen de esa manera y nos tratan así”, narró la defensora de los derechos humanos.

En dicho encuentro, el Secretario General de Gobierno, aseguró que creía la versión de los defensores de derechos humanos, respecto a lo que pasó el 28 de diciembre en Chichihualco y les ofreció una nueva reunión el 6 de enero, la cual, hasta el momento no se ha dado, lamentó Teodomira Rosales.

Debido a esta falta de certeza hacia las instancias estatales interpondrán una denuncia por violencia sexual y violación a los derechos humanos, en contra de policías del Estado, ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y una denuncia ante la FGR, donde esperan si prospere.

El 28 de diciembre, Teodomira Rosales, Manuel Olivares, y un integrante del Centro de Derechos Humanos “Tlalchinollan”, daban acompañamientos a familias desplazadas de la comunidad de El Naranjo, quienes, en un acto de desesperación, bloquearon la carretera, luego de ser agredidas por grupos de hombres armados, fueron replegados y desalojados para liberar la carretera.

En estos hechos, los policías estatales, detuvieron a la defensora y su acompañante, quienes fueron sometidos a una revisión en la que a ella prácticamente a desnudaron y a él le bajaron los pantalones, en tanto que otros uniformados, destruyeron la camioneta en que se transportaban, sustrajeron documentos con información confidencial de las familias desplazadas, computadoras laptop y alrededor de 40 mil pesos en dinero en efectivo, denunció Rosales Sierra.

SEM/jap/sj

Sabuesos Guerreas impugnarán proceso de elección de funcionario en Sinaloa

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* Aseguran que el Congreso no eligió a una persona apta

* Tampoco ha cumplido con sus obligaciones y responsabilidades

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 3 de febrero 2020.- “Por no cumplir con sus obligaciones y responsabilidades”, el colectivo Sabuesos Guerreras A.C. presentó una demanda de Amparo impugnando el proceso legislativo del Congreso local de Sinaloa y actos administrativos del gobierno de esa entidad, en el nombramiento de Juan Carlos Saavedra Ortega, como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Así lo informó el Colectivo Aequus, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en el que señala que en lo relativo y aplicable de la Ley General en Materia de Desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, esencialmente respecto de lo establecido en el artículo 53 de la citada ley, dicha Comisión Estatal y su titular, no han cumplido con sus obligaciones y responsabilidades, sobre todo, porque en el presunto trabajo que ha realizado, ha dejado al margen al Colectivo Sabuesos Guerreras A.C.

El organismo explica que el funcionario no cumple con los requisitos que establece el artículo 51 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, no cuenta con la experiencia profesional ni laboral en la materia, razón para interponer la demanda de Amparo.

SEM/sj

Enterró a su hijo, 14 días después lo encontró vivo

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* No es un milagro fue un error del personal de Semefo de Morelos

* La identificación no cubrió el protocolo, demandan al personal de la Fiscalía

Estrella Pedroza 

SemMéxico, Cuernavaca, Mor., 3 de febrero 2020.- Felicitas Tijera Carvajal, enterró a su hijo Jonathan el 16 de enero, luego de que personal del Servicio Médico Forense de Morelos le entregó el cuerpo sin vida, pero dos semanas después apareció vivo en un centro de desintoxicación para Alcohólicos Anónimos. 

Jonathan Martínez Tijeras, originario del municipio de Yautepec y con 30 años de edad, a principios de diciembre del 2019 se incomunicó. A mediados de diciembre su mamá Felicitas Tijera Carvajal y sus hermanos iniciaron la búsqueda. 

El15 de enero se enteraron de que en la Fiscalía Regional Oriente estaba un cuerpo en calidad de desconocido con características similares a las de Jonathan. 

Los hermanos de joven acudieron -con fotografías de Jonathan, de cicatrices por operaciones y del tatuaje que tenía- para preguntar al respecto.

“Les permitieron acceso para que pudieran identificar el cuerpo, pero les advirtieron que no podían tocar ni mover nada. Solo les mostraron de lejos un cuerpo en una posición de espaldas, sin permitirles ver el rostro, tampoco verificar a la dentadura, le faltaban dos dientes o las características de sus cicatrices o tatuaje”, explicó Miguel Ángel Rosete Flores, abogado de la familia. 

Con esas prohibiciones, la confusión de la búsqueda y con las similitudes de color de tez, edad y complexión, los familiares validaron la identificación.

El cuerpo les fue entregado la madrugada del 16 de enero, en un féretro totalmente sellado y les advirtieron que por ningún motivo lo podían abrir.

“Sin aplicar protocolo adecuado de identificación forense le entregaron el cuerpo de una persona que dijeron era Jonathan, era muy fácil verificar con todo lo que la familia tenía y las características de Jonathan, hicieron el proceso del velorio lo inhumaron”, subrayó el asesor legal y también ex fiscal regional de la región oriente. 

El pasado sábado (1 de febrero) una conocida informó a la Felicita Tijera Carvajal que le pareció ver a su hijo en un centro de desintoxicación para Alcohólicos Anónimos. Ante la sorpresa y contrariedad que generó la noticia en la familia, fueron para constatar el dicho de su conocida.

“El pasado sábado la señora Felicitas encontró a su hijo vivo, recluido en un grupo de doble AA. Está contenta porque su hijo está vivo y por otro lado esta consternada porque desconoce a quién le lloró, a quién enterró”, dijo.      

Felicitas y su familia iniciará un litigio reclamando la reparación del daño y justicia para evitar que exista otro caso así en la entidad y en el país.

“Ahora se tiene que revivir a una persona que registralmente se encuentra en carácter de defunción, hay que cancelar las actas de defunción, hay que volver a reactivar sus actas su estado civil como vivo, se busca justicia y una reparación del daño”, destacó el abogado de la familia.

Detalló que se presentará una denuncia penal en contra del personal y jefe de Servicios Periciales, así como de Alejandro Chávez Carmona, titular de la Fiscalía Regional Oriente. 

Otra acción que se debe realizar con carácter de urgente es la exhumación del cadáver enterrado por la familia Martínez Tijeras y hacer los estudios de ADN para que la familia de esa persona pueda identificarlo. 

Este caso revela las profundas irregularidades con las que sigue el Servicio Médico Forense en Morelos. Cabe recordar que en 2014 la Fiscalía General Estatal (FGE) inhumó sin protocolo a más de 100 personas en fosas clandestinas, situadas en el poblado de Tetelcingo del municipio de Cuautla, y colocó a esta entidad en el ojo de la opinión pública.

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