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El aborto dejaría de ser delito, lo borran del Código penal Nacional

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  • Ya no existe definición, ni tampoco una sanción en un documento que circula.
  •  No hay confirmación oficial.

Redacción

SemMéxico/Billie Parker Noticias. Ciudad de México. 17 de enero de 2020.- Este viernes circuló en algunos medios un documento del Código Penal Nacional, previo al anuncio de la reforma judicial que entraría en vigor el próximo es 1 de febrero, donde se ha borrado el delito del aborto lo que implica una despenalización, al no establecerse una definición o sanción para esta conducta.

De acuerdo al medio que lo publicó Aristegui Noticias, el documento de 633 páginas contiene la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el Código Penal Nacional, es uno de los nueve borradores que conforman la reforma judicial que impulsan de forma conjunta el gobierno de AMLO y la FGR, excluye el capítulo que define o tipifica y sanciona el delito de “Aborto” contemplado en el Código Penal Federal que está vigente el día de hoy en nuestro país.

El delito de aborto está incluido en el Título Décimo Noveno del actual Código Penal Federal junto a otros actos ilícitos como lesiones, homicidio, reglas comunes para lesiones y homicidio, homicidio en relación de parentesco o relación, feminicidio, abandono de personas y violencia personal.

Cada uno de estos delitos tiene un capítulo en el que se detallan las condiciones que definen el acto ilícito y se plantean las sanciones que corresponden, incluyendo agravantes para cada conducta. En el Código Penal Federal vigente el delito de aborto está contemplado en el capítulo sexto de la norma y su aplicación en el país está vigente.

Este delito se localiza de forma posterior al capítulo de feminicidio y de forma previa al delito de abandono de personas, ilícito que incluye el abandono de recién nacidos.

Actualmente el aborto está contemplado en el capítulo VI entre los artículos 329 y 334 y se define como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.

Las sanciones actuales aplican a la madre, a quien la hiciera abortar y si este fuera causado por algún especialista (entiéndase médico o partero). Para punir a la madre se definen una serie de condiciones, pero la pena podría alcanzar hasta los cinco años de prisión.

Con consentimiento la pena es de uno a tres años de cárcel; sin este va de tres a seis años y si hubiera violencia física o moral podría alcanzar los ocho años. Al médico o partero se le suspenderá la licencia para ejercer por dos o cinco años, además de las sanciones previamente mencionadas.

Se establece que no se puede castigar el delito si este fue causado por imprudencia de la madre, si es resultado de una violación o si corre el peligro de muerte por complicaciones.

El capítulo del delito de aborto del Código Penal vigente contiene seis artículos que definen el aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez” y en el que se contemplan penas de cárcel para a la mujer que se someta a este procedimiento y a los profesionales de la medicina y parteras que ayuden a una mujer a abortar.

Se precisa que el aborto no es punible cuando es producto de la imprudencia de una mujer embarazada, o cuando el embarazo es el resultado de una violación. También se explica que no se puede sancionar a la mujer cuando la interrupción del embarazo obedece a una situación de salud en el que la madre corre peligro de muerte.

Sin embargo, todo este capítulo fue eliminado y excluido en la propuesta del Código Penal Nacional que deberá analizar el Congreso de la Unión, por lo que no existe definición, que en derecho se llama tipificación, ni se contemplan sanciones para dicha conducta, por lo que en la práctica deja de ser delito a nivel federal.

En el Título Vigésimo de este nuevo ordenamiento destinado a los “Delitos contra la vida y la integridad corporal”, el cual comienza a partir de la página 275, aparecen los delitos de lesiones, homicidio, homicidio en relación de parentesco o relación afectiva y feminicidio, además de que se contempla un capítulo de reglas comunes para homicidio y lesiones-

Además, se suman nuevos ilícitos como ayuda o inducción al suicidio y ejecución sumaria, mientras que el delito de violencia familiar fue reubicado en otra parte del Código Penal Nacional.

Pero el capítulo sexto dedicado al aborto fue excluido en su totalidad y desaparecen los seis artículos que este incluía sobre su definición, las sanciones correspondientes y las excepciones para no castigar la interrupción del embarazo.

Por tratarse de una definición previa, la posibilidad de que el delito de aborto sea despenalizado en la reforma judicial todavía está a discusión. Incluso, cuando la reforma judicial se presente de forma oficial el próximo 1 de febrero, en caso de que permanezca la propuesta, deberá ser sometido a la aprobación mayoritaria del Congreso de la Unión.

SEM/BPN

Mujer y Poder

La familia fifí de López Obrador  

Natalia Vidales Rodríguez

SemMéxico. Sonora. 17 de enero de 2020.- La palabra fifí  se originó  durante el porfiriato, cuando México tenía  muchas más relaciones de todo tipo con Europa que con el vecino del norte, de quien Don Porfirio desconfiaba  al grado de acuñar aquella frase de  que ¨pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerquita de los Estados Unidos¨.

Las señoronas mexicanas, pero  afrancesadas de la época ( y que ahora son las  agringadas),  solían tener pajarillos en jaulas en los balcones de sus elegantes residencias, a quienes llamaban “ mío fifí” ( mi pajarillo ),  y tras la caída del dictador el pueblo llamó, durante un tiempo, por extensión,  fifís a los personajes conservadores  pudientes,  en contradicción con el naciente régimen revolucionario y sus “calzonudos”  ( que rápidamente liderearon los nuevos caudillos que  cambiaron  las cosas para que más o menos continuaran igual: el número de pobres no hizo sino aumentar desde entonces). 

Y ese término, fifís,  lo rescató de la historia   el hoy Presidente López Obrador, desde su campaña y los primeros meses de su régimen   para señalar a los opositores a su proyecto de país identificándolos con aquellos  reaccionarios de finales del siglo XIX y principios del XX. Pero AMLO dejó ya hace varios meses de utilizar ese calificativo (particularmente desde aquel mítin por la Unidad y la  Defensa de la Dignidad Nacional, en Junio del año pasado, en Tijuana, en medio de la crisis de los aranceles con los Estados Unidos).

Pero finalmente, el destino de la palabra fifí alcanzó a la familia de AMLO: la semana pasada su primer nieto nació en Houston, Tx., en los Estados Unidos, como lo hacen los adinerados políticos y empresarios mexicanos, porque el sistema de salud pública en nuestro país solo es para la gente pobre o de clase media baja: cualquier familia mexicana que tenga con qué  acude a las clínicas privadas dada la burocracia y el mal servicio en los hospitales del gobierno. Y, paradójicamente, el sistema ha empeorado recientemente con la derogación del Seguro Popular ( que ahí la llevaba) por el llamado Insabi del nuevo gobierno ( que ha resultado un desastre).

Tiene razón la pareja  López-Adams al preferir un Hospital obstetra de primer mundo -en los Estados Unidos-  que uno de México: alguien publicó en las redes que  la  opción inicial  era una clínica privada de primer nivel en México, pero suponiendo que  la  reacción ciudadana hubiese sido peor, entonces se prefirió el alumbramiento en elegante clínica de Houston, guardando el pretexto ( para utilizarlo de ser necesario) de que  su mamá, Carolina Adams en norteamericana ( quien crea que los políticos no prevén cualquier escenario, es un ingenuo o ha vivido en un árbol).    

El caso es que  el primer  nieto del Presidente más nacionalista de los últimos años, que se llamará  Salomón, nombre de origen judío,   no es mexicano por nacimiento (el mismísimo  neoliberal  Salinas de Gortari  –el fifí de fifíes, según AMLO —   le puso, al menos,  Emiliano a su primogénito en honor  al  prócer revolucionario Emiliano Zapata …¡hoy emblema de la 4T!).

El Presidente dice que los mexicanos solo deberíamos ir por gusto a los Estados Unidos,  pero no por necesidad, como ocurre, pero lo cierto es que a ninguno de los más de 50 millones de mexicanos pobres se les visaría el pasaporte para ir a ese país ni siquiera de paseo.  Y menos podrían ir a tener a sus hijos allá.  Esa es, en todo caso,  la diferencia entre los fifís -que tanto critica el presidente-  y la gente pobre.

Previamente,  la nuera de López Obrador ya había sido criticada por su look de fifí, cuando el primero de Septiembre llegó al Palacio Nacional al  Primer Informe de su suegro llevando en un brazo a su esposo José Ramón López Beltrán,  y en el otro un bolso de marca Channel de cien mil pesos y caminando con zapatillas Valentino,  con un outfit y un aire VIP que no se le vio nunca ni a Michelle Obama.   Y, poco antes, Andrés Manuel López Jr. se casó en una hacienda del banquero Roberto Hernández sin ninguna austeridad republicana ni mucho menos.

Durante la campaña, AMLO  criticó duramente al candidato presidencial  Ricardo Anaya (ya desaparecido del mapa político),  por llevarse un año a estudiar inglés a sus hijos a los E.U., pero  hoy, en la familia del propio Presidente se da un caso aun de mayor decepción: tener un nieto que es gringo por nacimiento. Sin duda… una cosa es el discurso y otra la realidad.

Coordenada

¡Ay Jalisco no te rajes!

 Guadalupe Ramos Ponce

SemMéxico. 17 de enero 2020.- El comportamiento machista y violento de los hombres en Jalisco ha sido retratado fielmente por las películas mexicanas del siglo pasado que retrataban al “macho mexicano” enamorado, infiel y golpeador. El estereotipo se transmitió por generaciones a través de las películas y las canciones. Si en otros lugares del planeta ha costado trabajo resocializar los roles de género entre mujeres y hombres con una mirada igualitaria y visibilizar la violencia de género contra las mujeres como un comportamiento machista y misógino; en Jalisco ha sido más complicado por la falta de voluntad política para generar cambios profundos y transformadores desde políticas públicas transversales en todos los niveles de gobierno. Si bien hemos tenido avances importantes en las leyes y normativas que sancionan las violencias contra las mujeres, poco avance hemos tenido en que estas leyes y estas normas se cumplan cuando hay poca voluntad política para hacerlo.

 El caso más claro es el del alcalde de Zapotlanejo Héctor Álvarez, quien el pasado 25 de diciembre se vio envuelto en un altercado vecinal y en lugar de asumir su responsabilidad como primer edil del municipio, intervino en la pelea golpeando a una mujer y faltando a sus gobernados. Este tipo de comportamientos son inadmisibles en cualquier persona, pero son absolutamente reprobables si se trata de un funcionario público, especialmente si es un presidente municipal en funciones.

Llama la atención las respuestas tardías y fuera de lugar de diversos funcionarios, comenzando por el gobernador del Estado quien después de tres semanas señala que “con una disculpa del alcalde es suficiente”, igual señalamiento realiza el coordinador de diputados de MC en el congreso, quien considera que la disculpa del alcalde es suficiente y que el congreso de Jalisco no tiene injerencia en tales actos que solo le corresponden al propio municipio del alcalde violento. Por su parte, la Secretaria de Igualdad lo invitó amablemente a que asista a un curso proporcionado por la propia Secretaría para sensibilizar a los hombres violentos.

Por su parte, Legisladoras y Regidoras de Morena y del PRI solicitaron que el presidente municipal de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, deje el cargo en tanto se investiga la agresión que propinó a una mujer en diciembre pasado. La diputada morenista María Esther López Chávez anunció que su bancada presentó un exhorto dirigido a la Fiscalía del Estado y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que inicien una investigación de los hechos en los que se involucró el alcalde y se deslinden responsabilidades. También piden cuentas al presidente de la Comisión Estatal de derechos Humanos, quien ha estado muy calladito y complaciente con el tema.

De acuerdo a información periodística de Jade Ramírez, además del edil violento de Zapotlanejo hay 45 funcionarios de la administración pública con órdenes de restricción. El caso más reciente es el del comandante de la policía de Guadalajara Isaac Guerrero quien ha sido denunciado por sus parejas en diversos momentos por abuso sexual y violencia física desde 2016. Su actual pareja cuenta con orden de protección mientras el comandante sigue en funciones. ¿A él también le pidieron que se disculpe? ¿A esos 45 funcionarios incluyendo el presidente ya los enviaron a sus cursos? ¿Eso es suficiente? ¿No hay Sanciones? ¿Seguirán el edil y esos 45 en funciones como si nada? Sin duda, los silencios les hacen cómplices a todos quienes con el manto de la impunidad cubren a los violentadores. Seguimos en el Jalisco de las películas, de ese machismo recalcitrante que justifica esas violencias al grito de ¡Ay Jalisco, no te rajes!

lupitaramosponce@gmail.com

@lupitaramosp

Javier Sicilia pide a AMLO cancelar agenda del 26 de enero

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Tras reunión con Olga Sánchez Cordero  

Estrella  Pedroza


SemMéxico. Moreslo 17 de enero de 2020.- Javier Sicilia Zardain, líder  Moral del Movimiento por la Paz con Justicia  y Dignidad, pide al presidente  Andrés Manuel López Obrador que cancele su agenda del próximo 26 de enero, día que llegara la Caminata por la Verdad y  la Justicia  a Palacio Nacional, en la que tiene programada  una visita a Tamaulipas.


“Yo le pido al presidente que suspenda  esa ida a Tamaulipas y las posponga y nos reciba porque esta  agenda es  de máxima prioridad, no es un capricho mío  yo no tengo una organización , no soy defensor de derechos humanos , no soy de  una organización, soy una víctima que tuvo que salir  y que frente al horror vuelve a salir como otro para empujar una agenda que no es mía es una agenda  trabajada por expertos, universidades, académicos, por colectivos por  organizaciones (…) y que es una política de estado”, dijo, Javier Sicilia, a  unas horas de haberse reunido con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.


El poeta y escritor explicó el objetivo único de la agenda, que se impulsa con la caminata por la verdad y la justicia, es dibujar una política de estado.


“El presidente tiene que atender esta política  de Estado, esta política de máxima necesidad para el país (…) es más si quiere que yo no entré, no entro,  yo me quiero volver a mi casa, ya había vuelto  y estoy tratando de  retomar mi vida (…) y quiero tener un país  es paz, por eso estoy empujando estas  agendas  que nos pueden llevar a  hacer la paz , no es mi persona, no es un capricho,  es una agenda quizá sea, junto con el tema de los megaproyectos, la  agenda  de máxima prioridad que tiene esta nación, si realmente quiere caminar hacia la trasformación que el presidente quiere”, añadió.


Para Sicilia Zardain, la  reunión (con Sánchez Cordero) es  una muestra de voluntad “pero no es suficiente porque el tema rebaza Gobernación, tiene que ser una agenda de Estado y poner en las manos de Gobernación  esta agenda”, explicó.


¿Por qué es importante que el presidente atienda (a la Caminata) y no otro funcionario?
“Porqué el mandato tiene que venir de allá, simplemente si no hay el mandato del jefe de Estado para que el Estado se ponga a trabajar en esa política que puede custodiar la Secretaria de Gobernación, como lo hemos visto es impotente para articular. Por eso es importante él (AMLO) entienda con toda la sutileza, la profundidad esta política y los  únicos que pueden explicársela  son los expertos, ni Gobernación se la puede explicar”, respondió.


Y detalló que la Secretaria de Gobernación buscó reunirse “para que se diera lectura a los  documentos entregados con anterioridad (Propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como Estudio para una propuesta de política pública en materia de justicia transicional en México) acompañados de una explicación por eso yo asistí  con Marie Claire Acosta- académica, activista, ex-servidora pública y especialista la defensa y promoción de los Derechos Humanos- porque no los habían leído“.


Sobre la logística  de la Caminata por la Verdad y  la Justicia mencionó  que saldrán el día 23 de enero de la Paloma de la Paz, situada  en Cuernavaca,  y llegaran al poblado de  Coajomulco (territorio en Morelos) y regresaran por la tarde a la capital de Morelos donde serán recibidos por la Diócesis de Cuernavaca (comerán y dormirán ahí).


El día viernes regresará a Coajomulco para retomar la caminata y llegar a la Ciudad de México donde pernoctarán; para el  día sábado realizaran  un evento cultural en el monumento “Estela de Luz”  y el domingo retomaran la caminata , desde ese punto,  hasta  llegar a Palacio Nacional.

Contra el feminicidio en Argentina, un artículo del coordinador residente de la ONU

Agostina Chiodi

SemMéxico/Naciones Unidas. 17 de enero de 2020.– Natalia Bandiera tenía 42 años y vivía en la ciudad de Necochea, en la costa argentina de la provincia de Buenos Aires. Recientemente fue asesinada por su pareja, quien le disparó cuatro veces a corta distancia y luego se parapetó en su casa. Una semana antes, Natalia había informado que era víctima de violencia de género y había pedido ayuda.

Denunciar la violencia y el abuso es clave para garantizar una respuesta oportuna y efectiva, sin embargo, el sistema tiene debilidades significativas y, en el caso de Natalia y muchos otros, resultó ser insuficiente para protegerla.

Brutales estadísticas

La muerte de Natalia se ha sumado a las brutales estadísticas en Argentina, donde una mujer es asesinada cada 32 horas, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia.

Miles de mujeres en el país sufren los tormentos diarios de la violencia, antes de ser asesinadas. En 2018, la línea directa creada para ayudar a las mujeres en esa situación recibió 169.014 llamadas. Ocho de cada diez mujeres que llaman a la línea directa informaron que habían padecido abusos durante más de un año; cuatro de cada diez informaron que habían sido víctimas silenciosas de la violencia durante más de cinco años, y ocho de cada diez denunciaron abusos por parte de sus parejas actuales o anteriores.

 ¿Cuál es el núcleo de estos números dolorosos? Es la desigualdad entre hombres y mujeres, lo que a su vez genera discriminación, desprecio, prejuicios, falta de autonomía, falta de oportunidades y, en última instancia, un entorno propicio para la violencia física y emocional contra las mujeres. Si no ponemos fin a esta violencia, al menos 1390 mujeres más serán asesinadas en Argentina en los próximos cinco años, solo por ser mujeres.

Spotlight: una alianza global anclada en una realidad local

La violencia contra las mujeres y las niñas es un obstáculo importante para el cumplimiento de sus derechos humanos y para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ocurre en todo el mundo, abarcando todas las generaciones, nacionalidades, comunidades y esferas de nuestras sociedades, independientemente de su edad, origen étnico, discapacidad u otros antecedentes.

América Latina es el hogar de 14 de los 25 países con las tasas más altas de mujeres asesinadas en el mundo. Es por eso que la Unión Europea y las Naciones Unidas lanzaron en septiembre de 2017 Spotlight, una iniciativa global para abordar la violencia de género.

Argentina se ha unido a Spotlight junto con docenas de otros países en todo el mundo. A nivel local, la iniciativa apunta a eliminar la manifestación más extrema de violencia: el asesinato de mujeres o el feminicidio.

El mismo nombre de la iniciativa busca hacer brillar una luz pública sobre el tema de la violencia de género, y la campaña lanzada recientemente con la cantante argentina Lali Espósito hace precisamente eso.

La campaña #AmigaDateCuenta, llama la atención sobre comportamientos como los celos, la humillación y el control entre los adolescentes.

Trabajando juntos para mantener la violencia de género lejos

La iniciativa Spotlight es un esfuerzo de equipo. Su éxito dependerá del compromiso de todos y cada uno de los involucrados en poner fin a la violencia de género en Argentina.

La nación fue elegida en función de su compromiso con el tema. Se han tomado medidas importantes para eliminar la violencia: asegurando que las leyes nacionales sigan los estándares internacionales; recabando el apoyo de la sociedad civil argentina y el movimiento de mujeres; y aprobando la Ley de Micaela para educar a los trabajadores del Gobierno sobre el problema de la violencia contra las mujeres, y la Ley de Brisa para proporcionar reparación financiera a los hijos de víctimas de feminicidios.

La iniciativa se centra en las provincias de Salta, Jujuy y Buenos Aires, en función de sus altas tasas de feminicidio y el compromiso demostrado por las autoridades locales para abordar el problema. Es por eso que involucramos a organizaciones intergubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, el movimiento de mujeres, la academia, los sindicatos, el sector privado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los gobernadores de las provincias en consultas que comenzaron hace un año.

Aun así, queda mucho por hacer para que se cumplan las leyes existentes y se garantice el acceso a los servicios y a la justicia para las mujeres y las niñas que sufren violencia de género, particularmente aquellas que enfrentan múltiples formas de discriminación.

Acciones locales, objetivos globales

En Argentina, Spotlight representa una oportunidad única para la acción conjunta entre diferentes agencias de la ONU.

La iniciativa se está implementando bajo el liderazgo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas., ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llevan a cabo actividades cruciales. UNICEF también se ha unido como agencia asociada.

Juntos estamos trabajando para impulsar las medidas de prevención a través de la educación, el trabajo comunitario y las redes sociales. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de los servicios para las víctimas y fortalecer las instituciones nacionales para implementar políticas que den una respuesta coordinada a la violencia de género.

En nombre de la Unión Europea y las Naciones Unidas en Argentina, invitamos a todos a unirse a este esfuerzo y trabajar juntos para prevenir asesinatos como el de Natalia.

Podemos detener la violencia de género. Es esencial si queremos alcanzar los ODS para 2030. Ahora es el momento.

Ambigú

Más bueno que malo, en reforma de Amlo al SJP

+ Reivindica a víctimas, el arraigo para todos los delitos

+ Justicia cotidiana: menores serán sancionados como adulto

Por Martha Elba Torres Martínez

SemMéxico. 16 de enero 2020.- Tres temas fundamentales dominaron el escenario mediático esta semana, que debemos revisar con cautela:

El Insabi y los discursos cruzados que solo generan confusión: López Obrador dice gratuidad en todos los niveles de atención médica; la Secretaría de Salud, que sí, pero hasta el 2021, y los enfermos que tienen que pagar las cuotas de recuperación, pero también los medicamentos e insumos, que tampoco hay.

Todos nos preguntamos, ¿dónde jodidos están los 40 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos que se usarían supuestamente para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que ni siquiera fue capaz de elaborar sus propias reglas de operación y que este año ejerce 272 mil mdp?

¿La gratuidad total en diciembre de 2020 o en 2021?, como aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gadell?

¿De dónde saldrán los 4 mil mdp para subsanar las cuotas de recuperación de los hospitales de especialidades, establecidas por la propia Secretaría de Hacienda?

¿Cómo entender que corren al personal que operaba Seguro Popular y van a contratar a nuevos para el Insabi? ¿Se trata de pagar compromisos políticos o qué?

Hacer mal las cosas, es corrupción. Por donde se le vea.

En materia de seguridad, hubo acuerdos también esta semana, con la reunión de la Conago con el gabinete de seguridad. Lo importante: el ofrecimiento de la Secretaría del ramo federal, para que los estados contraten a policías federales que no quieren, definitivamente, incorporarse a la Guardia Nacional.

Ya no gastarían en reclutamiento, capacitación y certificación. Se estiman que son unos 15 mil elementos que se encuentran a disposición de la Unidad de Transición de la SSPC. Como no quiere el gobierno de cuarta, pagar las liquidaciones conforme a la ley, esta área extendería una “licencia” para poder ser contratados en los estados.

Pero esto también tiene sus bemoles. Por un lado, el recorte a las entidades para seguridad, porque en la narrativa es para la GN que se hará cargo de toda la seguridad -¿cuándo? quien sabe-; por el otro, los sueldos de ex policías con experiencia, bien entrenados y muchos de alto nivel, que tenían sueldos decorosos.

En Michoacán, un policía gana 15 mil pesos, mientras que un igual federal, era en promedio de 22 mil pesos. Y la dependencia de Alfonso Durazo no está dispuesta a soltar ni un quinto para apoyar a los gobernadores y menos a los alcaldes. Recordemos que el desplazamiento de la GN a estados y particularmente a los municipios más inseguros, cuesta. ¿Dónde no? En Chiapas, por ejemplo, donde se encuentran unos 27 mil elementos para frenar a los migrantes centroamericanos. Y en la frontera norte. Las razones son las ordenes de Estados Unidos: ilegales y narcotraficantes…

                                                                              ***

El tercer tema en la agenda mediática, incluso sobre la firma del T-MEC por parte del Senado estadunidense, es la reforma al Sistema de Justicia Penal del 2008, y que ahora propone López Obrador. Y que no les sorprenda, queridas y queridos lectores, pero ahora sí estoy de acuerdo con el residente de Palacio Nacional.

Somos millones y millones de víctimas de los delincuentes. Hace dos años, por ahí leí que se estimaba en unas 500 mil personas las que directamente se dedican a delinquir. Desde raterillos y conejos (robo a casa-habitación), hasta sicarios del crimen organizado o por contrato y narcotraficantes.

A esto hay que sumar a los cómplices, las familias –madres, parejas, hijos- que, conscientes de tal ocupación, no solo los solapan, sino los ayudan y hasta les dan la bendición para que la Santa Muerte los cuide y los regrese sanos y salvos, después de haber asesinado a un modesto conductor para quitarle el coche o la cartera con unos cuantos pesos y el celular.

Una relatoría del 2017, del Observatorio Nacional Ciudadano puede ejemplificar con mucha claridad, como poco o nada cambió el Sistema Acusatorio, la seguridad y la justicia en México. Por el contrario, el supergarantista modelo solo benefició a la delincuencia con la presunción de inocencia y dejó en la indefensión a las víctimas.

El caso que a tres años, uno, bajo el gobierno de cuarta, en materia de seguridad y justicia todo sigue igual. O peor:

-La lucha entre grupos de delincuencia organizada, y de estos contra el Estado, con la finalidad de obtener el control de territorios, es más desafiante, extendida y sanguinaria.

-La debilidad institucional para controlar y combatir el delito se agudizó con esa memorable expresión: a los criminales, abrazos no balazos.

La corrupción de autoridades, mandos e incluso de municipios enteros, que por dinero o por miedo, se entregan a los grupos criminales.

Un botón de muestra, es el caso de La Huacana, donde en mayo de 2019, videos mostraron el desarme y secuestro de un grupo de soldados. El rescate que pagó el Ejército, fue la devolución de las armas que les habían decomisado –incluido un Barret-, tras un enfrentamiento con el grupo delincuencial de Churumuco. Pues el pasado fin de semana, éste mismo atacó a policías. Hasta el cierre de esta entrega, cuatro de estos seguían en calidad de desaparecidos.

En rueda de prensa, el pasado lunes 13, y a pregunta de esta columnista, el secretario de Seguridad Pública del estado, Israel Patrón, aceptó que los grupos que operan en estos municipios “están plenamente identificados”.

¿Y por qué no los detienen?

-Estamos trabajando en ello.

Mientras, más policías pueden ser desaparecidos o asesinados. Que para el caso, trágicamente, es lo mismo…

                                                                                              ***

Pero en lo que estoy.

Es multifactorial la razón por la que el Sistema Acusatorio no dio lo resultados esperados. Desde mi mirada, tiene que ver con la cultura de la legalidad. A Estados Unidos le funciona porque la ley se aplica y ya. No se discute ni negocia.

El otro aspecto, y posiblemente en esto también tenga razón Amlo, se destinaron muchos recursos a la capacitación, equipamiento e infraestructura de las áreas de procuración y administración de justicia ¿y qué pasó?

Pues todo indica que el 1 de febrero, entrará al Senado como Cámara de origen, el paquete de reformas al Sistema Judicial, que recuperará elementos del Sistema Inquisitivo Mixto y rescatará lo que funcionó, del Acusatorio.

Por cuestiones de espacio, se resume lo relevante de la propuesta:

-Elimina los jueces de control. Lo que se le llamó la puerta giratoria para los delincuentes. Con la reforma, solo serán jueces en general.

-Regresa la cárcel para todo tipo de delincuentes, no nada más secuestradores, homicidas y narcos. Pero ahora bajo la figura del arraigo, que no exceda de 40 días, y que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo de que se pele.

-Las víctimas u ofendidos de un delito podrán solicitar la realización de un cateo domiciliario y no sólo el Ministerio Público.

-Las pruebas consideradas ilícitas por cómo fueron obtenidas, podrán ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa.

-Como los delitos fiscales y electorales ya son graves, podrá autorizarse intervención telefónica. No aplica en materia mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

-Los jueces y magistrados de todo el país podrán ser acusados ante el Senado por incurrir en corrupción en los procesos judiciales penales que tienen en sus manos. Lo pésimo, porque politiza: que sean investigados por legisladores federales y un tribunal especial –no el Consejo de la Judicatura-, nombrado por el Presidente de la República y la Cámara Alta.

-La administración de los Juzgados y Tribunales especializados en materia de responsabilidad penal estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la vigilancia y disciplina, estará a cargo del Senado. ¡Uff!

-Cárceles abiertas para los reclusos que no representen un peligro grave para la sociedad, a partir de la reclasificación de niveles de seguridad en los penales.

-Incluye la figura de la comisión de delitos por adolescentes que participen en pandillas y asociación delictuosa, sean prestanombres de la defraudación fiscal y equiparable. Mantiene el principio de que la reclusión de los menores será sólo en caso extremo y refrenda el respeto al debido proceso en todo lo relacionado con delitos en los que se vea involucrado.

-Por lo que toca a la justicia cotidiana, los adolescentes, de entre 12 y 18 años, sí serán considerados responsables cívicamente, por lo que serán sancionados de la misma forma que un adulto, con amonestaciones y servicios a la comunidad; en algunos casos, con multas, que deberán pagar sus padres o tutores.

Objetivamente, sin filias ni fobias, sin juicios de valor emocional, ¿es o no, en la mayoría de los términos, adecuada la reforma que propone Amlo?

Impunidad en Oaxaca: “Sólo muertas nos escuchan”

* Ex agente de Fiscalía exige justicia

* Su victimario principal es el director de la FERI

Yuridiana Sosa

SemMéxico/ZonaRoja, Oaxaca, 16 de enero  2020.- El sueño de ser parte de la justicia en Oaxaca acabó pronto para Lucero.

Desde las entrañas de la Fiscalía General del Estado (FGE) la vida de la joven de 31 años se quebró. Su caso, víctima de una violación, es uno más para el archivo de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.

La investigación bajo el número 17679/FMUJ/USEX/2019 no avanza. Es más, piden testigos para respaldar el caso que, a decir del personal del Ministerio Público, es débil, refiere la víctima en entrevista para Zona Roja.

La ex integrante de Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI), de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), a cargo de la FGE, también señaló en su declaración una serie de hechos violatorios en su contra. Abuso de poder, acoso sexual, hostigamiento sexual y laboral.

Frustrada por la injusticia, Lucero explica que la investigación quizá no avanza porque su victimario principal es el director de la FERI, Teófilo Ruiz Carmona, entre otros cuatro comandantes de esa corporación.

Este caso también quedó asentado en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, bajo el expediente DDHPO/1038/(01)OAX/2019, pues además ha recibido amenazas de sus agresores para que retire el proceso penal o podrían afectar a su padre.

El fiscal Rubén Vasconcelos Méndez jamás la recibió para escucharla, recuerda la joven madre con estudios de Criminología y Criminalista, quien desde su retiro de la corporación y ante los hechos no ha logrado incorporarse al mundo laboral.

 “No encuentro el valor de pararme frente a la gente, menos frente a un hombre”, sostiene con la voz quebrantada.

Agresión desde el MP

“Esto no se supera (…) Sólo muertas nos escuchan, qué más daños quieren que nos causen”, sentencia la ex agente ante la tardanza e incluso señalamientos por razón de género que recibió por parte del Ministerio Público al realizar su demanda.

En la entrevista, Lucero fue cuestionada cómo iba vestida en el momento que fue atacada sexualmente por su agresor. “Me hicieron sentir culpable”, confiesa, a pesar que cada uno de los actos en su contra se realizaron en el entorno laboral, cuando vestía su uniforme.

Por vergüenza y miedo, la mujer realizó una primera denuncia por abuso sexual y hostigamiento ante los hechos ocurridos en 2018, luego de casi un año de sufrir las agresiones. Sin embargo, se decidió a confesar que también se trató de una violación, por lo que el proceso de reclasificación de delito es una excusa más para dilatar en el proceso.

Para reforzar la investigación le solicitan testigos, pero bajo esas circunstancias, donde el agresor es el jefe, los mandos medios también son victimarios y el resto teme de un despido, castigo u hostigamiento laboral, no hay quien apoye su declaración.

Lucero se siente desesperada. Renunció a su trabajo, cambió de domicilió. Trató de buscar una nueva vida junto a sus hijos, quienes también sufren los hechos y de la impunidad.

Mientras que Ruiz Carmina continúa al mando de la FERI; de este comandante, con varios lustros en el cargo, pesan diversas denuncias de acoso sexual, pese a que él es responsable de indagar casos especiales de feminicidio y agresiones a mujeres, por encargo del fiscal Vasconcelos, de quien recibe órdenes de manera directa.

Otro caso impune

Para Alfonsina el caso no es menos grave. Ella perdió a su bebé como consecuencia del abuso de autoridad de sus altos mandos en distintas unidades de la Fiscalía General del Estado, en donde los problemas comenzaron por impedir el abuso sexual de uno de ellos frente a una serie de constante acoso.

El caso, donde el señalado también es el director del Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI), Teófilo Ruiz Carmona, quedó asentado ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género y en la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca con el expediente DDHPO/725/(01)/ OAX/2019.

Tres meses después de llegar a la FERI, como parte de su superación laboral y profesional, y durante su primer operativo, en marzo de 2019, el director trató de abusar sexualmente de ella, a quien reubicó de unidad, con menos salario, como una represión.

La mujer de 36 años, quien se mantienen como trabajadora de la Fiscalía General del Estado, no se rinde en busca de justicia, pues como parte de las represiones que sufrió se encuentra la asignación a unidades operativas que expusieron su embarazo de alto riesgo, aun bajo el conocimiento de los comandantes.

Por los distintos abusos, Alfonsina también responsabilizó al ex director de la Agencia Estatal de Investigación, el Comandante, Francisco Ginez; el Supervisor Comandante, Sonfonías Hernández y la Comandante de Feminicidios, Elizabeth Torija.

Alfonsina no pierde las esperanzas y aún confía en que el fiscal Rubén Vasconcelos no dejará pasar por alto su caso y el de Lucero, quienes sufrieron las agresiones dentro de “casa”, donde supuestamente se procura la justicia.

El FERI fue creado en 1997 para llevar a cabo comisiones de combate de acción directa e indirecta,  mediante operaciones ofensivas que cubren un amplio espectro de operaciones; se dedican asimismo a obtener información por distintas vías y están al mando directo del titular de la Fiscalía General del Estado; Ruiz Carmona permanece en el cargo pese a diversas denuncias de acoso, además de ingresar a amigos y familiares en la corporación.

SEM/ys

Podrían equiparar castigo de agresiones con ácido al delito de feminicidio

  • Alista Congreso de Oaxaca reformas al Código Penal
  • En breve se presentará ante el pleno la iniciativa

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 16 de enero 2020.- Las penas por agresiones con ácido en Oaxaca podrían equipararse al delito de feminicidio, toda vez que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado alista reformas al Código Penal para establecer las sanciones a quien cometa esta acción, así lo dio a conocer el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura, Horacio Sosa Villavicencio.

Según establece el Código Penal vigente en Oaxaca, en el artículo 412, a quien comenta el delito de feminicidio se le impone una sanción de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil salarios mínimos, parámetro penal que podría aplicarse para sancionar a las personas que agredan con ácido a mujeres que vivan en Oaxaca, puntualizó Horacio Sosa.

“No podemos permitir que este tipo de violencia y acciones se ejerzan sobre cualquier ser humano, vamos a tener buenos resultados después de estas mesas de trabajo que se están realizando en la comisión y habrá penas más severas para el castigo ejemplar a quien cometa este tipo de delitos”, puntualizó el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

En este mismo sentido, la diputada Magaly López Domínguez como integrante de la comisión dictaminadora manifestó que en breve se presentará ante el Pleno Legislativo la propuesta acorde la gravedad que representa el problema de las agresiones físicas hacía las mujeres que son víctimas de estos ataques con sustancias corrosivas.

“En la comisión analizamos cada punto de la propuesta, con la finalidad de presentar una Ley que responda a la garantía de los derechos humanos de las víctimas, para que de esta manera no queden impunes estos delitos que anteriormente no recibían una sanción ejemplar”, aseveró la diputada.

En este mismo contexto, la diputada Elisa Zepeda Lagunas, quien preside la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia detalló que se propone sustituir los elementos subjetivos específicos de las razones de género. Es decir, tratar de dejar lo más objetivo los elementos que integren la descripción del delito.

“Tenemos una responsabilidad con el pueblo de Oaxaca para hacer leyes más justas, que eliminen este tipo de prácticas que laceran la vida de las mujeres”, sostuvo Zepeda Lagunas.

La propuesta que se analiza en el seno de la Comisión Permanente de Procuración y Administración de Justicia, fue planteada por la diputada María de Jesús Mendoza Sánchez y el diputado Noé Doroteo Castillejos, en la cual se pide establecer una pena equiparable al delito de feminicidio, esto en razón al principio de proporcionalidad de la pena.

Tras dictaminarse la reforma de Ley se espera que en próximos días se presente ante el Pleno Legislativo para ser avalado por las y los diputados.

SEM/sj

27, 2 % de mujeres fue víctima de acoso o violencia sexual en las calles

  • Durante diciembre, señalan resultados de la ENSU, realizada por INEGI
  • Al menos una víctima en el 35.3 % de los hogares

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Aguascalientes, 16 de enero 2020.- Durante el segundo semestre de 2019, se estima que 19.4 % de las personas de 18 años y más en zonas urbanas fue víctima de al menos un tipo de acoso personal y/o violencia sexual en lugares públicos, esto según los resultados del vigésimo sexto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de diciembre de 2019.

De ese total (19.4 %), 10.1 % fueron hombres y el 27.2 % fueron mujeres victimas de alguna situación de acoso y/o violencia sexual, refiere el INEGI en un boletín de prensa donde asegura que El 72.9% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, sin especificar si son mujeres u hombres. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 77.2%, mientras que para los hombres fue de 67.8 por ciento.

En relación con el acoso y violencia sexual se estima que 13.6% de las personas de 18 años y más en zonas urbanas fue víctima de piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo que le molestaron u ofendieron en lugares públicos, siendo esta la agresión más frecuente en lugares públicos.

Le sigue con un 5 % el envío de mensajes o la publicación de mensajes, con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas sexuales, a través del celular, el correo electrónico o redes sociales, que molestaron y ofendieron. Con un 4.6 % se ubican los mensajes, fotos, videos o publicaciones con insinuaciones, insultos u ofensas sexuales que fueron ofensivos o amenazantes a través de los mismos medios.

De las personas encuestadas, 4.5 % recibió manoseos, tocamientos, besos o se les arrimaron, encimaron o recargaron con fines sexuales sin su consentimiento. 3.7 % dijo que alguna persona les mostró sus partes íntimas y en 1.8 % de los casos les ofrecieron dinero, regalos u otro tipo de bienes a cambio de algún intercambio sexual.

Inseguridad pública urbana

La ENSU señala que las mujeres (77.2 %) se sienten más inseguras que los hombres (67.8 %) en las calles y las ciudades y fueron Puebla de Zaragoza, Tapachula, Ecatepec de Morelos, Uruapan, Fresnillo y Tlalnepantla de Baz, con 92.7, 92.1, 92, 92, 91.9 y 90.9 %, respectivamente, las menos confiables para la gente.

Lo contrario sucedió en Mérida, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Saltillo, Los Cabos (San José y  San Lucas) y Puerto Vallarta, con 18.9, 18.9, 31.7, 32.1, 32.7 y 34.2%, respectivamente.

En suma, INEGI enlista 89 municipios y alcaldías, donde en 56 la percepción de inseguridad aumento en diciembre de 2019 comparado con el resultado obtenido en septiembre de ese mismo año. Y bajo en 33 ciudades en ese lapso.

En algunos de esos municipios el aumento de la percepción de inseguridad entre la ciudadanía es considerables, entre ellos Lázaro Cárcenas, Mazatlán, Ciudad del Carmen, Tapachula, Chihuahua, Cd. Juárez, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Pachuca,Tonalá, Tapachula, Puebla, Los Mochis y Nuevo Laredo.

Al menos una víctima en el 35.3 % de los hogares

Por otra parte, a nivel nacional, 35.3 % de los hogares contó con al menos una víctima de robo y/o extorsión durante el segundo semestre de 2019. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron: Tláhuac, Tlalnepantla de Baz, Puebla de Zaragoza, Coyoacán y Gustavo A. Madero con 55.7, 55, 53.2, 52.1 y 51.9 %, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor porcentaje de hogares victimizados fueron: Tampico, Juárez, San Francisco de Campeche, Mérida y Los Mochis, con 13.3, 16.6, 17.7, 19 y 19.1%, respectivamente.

En cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública, durante el segundo semestre de 2019 se estima que el 14.6 % de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del cual 48.3 % declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstas.

En lo referente a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en diciembre de 2019, 81.6% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 74.3 % en el transporte público, 68.9 % en el banco y 65.3 % en las calles que habitualmente usa.

Las fuerzas de seguridad

Entre los resultados de la ENSU, correspondientes a diciembre de 2019, destaca que los porcentajes de población de 18 años y más que identificó a las diversas corporaciones policiales y que percibió su desempeño como “muy o algo efectivo” en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia fueron: Marina (85.5 %), Ejército (83.1 %), Policía Federal (62.3 %), Policía Estatal (48.4 %) y Policía Preventiva Municipal (40.4 %). A la Guardia Nacional, 54.6 % de la población de 18 años y más la identifica, de la cual 67.9 % la considera “muy o algo efectiva”.

SEM/lv/sj

Honduras: El plan para asesinar a Berta Cáceres

* Lideró una campaña de resistencia contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena

* «Somos nosotros o ellos», escribió el director Pedro Atala Zablah

Redacción

SemMéxico/AmecoPress/Resumen Latinoamericano, Madrid, 16 de enero 2020.- El periódico The Intercept ha realizado un completísimo reportaje en el que destapa el elaborado plan para acabar con la vida de Berta Cáceres tres años después de que fuese asesinada en su casa en Honduras.

Cáceres era una activista de 44 años que ganó el Goldman Environment Award en 2015 por liderar una campaña de resistencia contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena por parte de una empresa privada de energía, el Sociedad Anónima de Desarrollos Energéticos (DESA). Cerca de la medianoche del 2 de marzo de 2016, los asesinos a sueldo irrumpieron en su casa, le dispararon y huyeron.

Los Atala Zablah

La familia Atala Zablah, dueños de Desa y con miembros en el Gobierno de Honduras, estaban en peligro de perder mucho dinero si no se construía la presa propuesta por la compañía. Como director financiero, Atala Midence había dedicado su carrera a Agua Zarca. Y José Eduardo, Pedro y Jacobo Nicolás tenían importantes participaciones en Las Jacarandas, la compañía que poseía la mayoría de las acciones de DESA.

José Eduardo también formó parte del directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica, que prestó 24.4 millones de dólares a DESA para la construcción de Agua Zarca.

«Somos nosotros o ellos», escribió el director Pedro Atala Zablah al grupo el 11 de octubre. La historia del grupo de chat está llena de situaciones en las que los ejecutivos de DESA discutieron la posibilidad de reclutar fuerzas de seguridad estatales hondureñas y funcionarios del gobierno. A veces, los miembros de la familia Atala Zablah hicieron solicitudes: Daniel y Peter.

El 13 de octubre, Pedro insinuó que DESA podría motivar a los agentes de policía «con algo más que comida». La compañía ya albergaba y alimentaba a la policía que vigilaba la presa, como lo haría con los guardias de seguridad privados y los medios.

Mientras planeaba pagar sobornos para controlar su narrativa mediática, el presidente Castillo continuó entablando una comunicación amistosa con Cáceres.

Los mensajes muestran que la relación fue estratégica. «Necesitas llamar a Berta Cáceres y decirle que deje de hacer cosas estúpidas», le dijo un número no identificado a Castillo el día después de la muerte de García. «En este momento están preparando otro campo de protesta».

Un asesinato premeditado

El fiscal encargado de su paso logró extraer miles de registros telefónicos privados y mensajes de WhatsApp y SMS de los teléfonos del acusado. Los historiales de llamadas fueron revisados por un experto independiente y mostraron que los asesinos se habían comunicado con representantes de la compañía responsable de DESA. Estos mensajes proporcionan una visión general impresionante de la trama para matarla.

El director financiero, Daniel Atala Midence, habló frecuentemente con el presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía. Castillo, a su vez, se comunicaba con el ex director de seguridad de DESA, quien coordinó a los asesinos de Berta.

El tribunal que juzgó el caso del asesinato de Berta concluyó que «los ejecutivos de DESA planearon la muerte de la señora Cáceres» y que el plan se ejecutó con el «conocimiento y consentimiento» de otros gerentes de DESA.

Antes y después del asesinato de Cáceres, en un grupo de chat corporativo llamado Seguridad PHAZ (Seguridad del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca), los líderes de la compañía discutían la posibilidad de usar sus contactos para influir en el juicio con las autoridades nacionales, con las fuerzas de seguridad, Estado y los medios de comunicación. Aunque de naturaleza pública, muchas conversaciones grupales y mensajes privados nunca se han publicado.

Hasta el momento, ninguno de los gerentes ha sido responsable de su participación en el caso. Solo un grupo de siete asesinos, incluidos dos ex empleados de DESA, fue condenado en noviembre de 2018. El 2 de diciembre de 2019, los siete asesinos fueron condenados a entre 30 y 50 años de prisión.

Castillo fue arrestado el 2 de marzo de 2018, acusado de ser el autor intelectual del crimen, pero el fiscal ha retrasado repetidamente su audiencia preliminar. El más reciente de estos aplazamientos tuvo lugar el 10 de octubre de 2019. Mientras tanto, ningún miembro de la junta directiva de DESA ha sido acusado de delito ni ha sido citado para declarar.

Mensajes para un asesinato

El 10 de enero de 2016, Castillo había sacudido una vez más el chat de DESA.
“No podemos bajar la guardia. Pero esta semana necesitamos derrotar a COPINH. Nuestros esfuerzos esta semana serán productivos y nuestro trabajo será más fácil para el resto de 2016”, dijo. Luego le envió al grupo una nota que le había enviado al jefe de la policía local, a quien parecía considerar un aliado.

«Aprecio el apoyo que nos brindaron ayer, los Copinhes notaron la presencia de la Policía Nacional (…) y tuvieron miedo de cruzar el río», decía la nota. «Espero contar con su apoyo hoy y en los días que faltan hasta que desaparezca el agitador, que es cuando termina la amenaza».

Cuando otros dos extranjeros holandeses comenzaron a aparecer en las protestas de COPINH, DESA también los investigó, como muestran los mensajes de chat de finales de enero. «Por favor, tome fotos», dijo Roque Galo, consultor de relaciones públicas de la compañía. Sugirió que usaran la cámara de la compañía, que tenía el mejor zoom. Gallo no fue acusado de ningún delito relacionado con el asesinato de Cáceres.

Dos días después, Díaz y Hernández debatieron mediante mensajes privados otro tipo de tecnología: una pistola prestada. «No quiero que lleves esto a todas partes», le dijo Díaz a Hernández. «Es peligroso y puedes meterte en problemas».

El 2 de febrero, Hernández, quien se refirió a Díaz como «señor», presentó una estrategia para proteger a Díaz de cualquier sospecha: «Voy a trabajar con otros muchachos, señor, porque necesita estar limpio para que todo funcione en su carrera». , escribió Le pidió a Díaz que le prestara dinero para contratar a dos más para que los tres pudieran realizar «el trabajo». Y aclaró, «ya sabes cuál».

No identificaron a las personas que los habían contratado para «el servicio», sino que se refirieron a ellos como «amigos». Tampoco dijeron el nombre de su objetivo.

El 2 de marzo de 2016, a las 11:25 p.m., Cáceres envió su último mensaje de WhatsApp. “Bueno, donde sea que vayas, espero que estés bien. Realmente «, le escribió a un amigo en un número no identificado. “Ten cuidado, por favor, ¿de acuerdo? Besos”.

Al mismo tiempo, Bustillo y los asesinos intercambiaron un torbellino de mensajes y llamadas.

Catorce minutos después, a las 11:39 p. M., Gustavo Castro, un ambientalista mexicano que se quedaba en la casa de Cáceres esa noche, comenzó a hacer llamadas desesperadas y sin respuesta desde el teléfono de Cáceres a las personas más cercanas a ella.

A las 00h09, envió un mensaje a un miembro de la familia en Cáceres: «Ayuda».
«Este es Gustavo, acaban de matar a Berta y yo estoy herido».

Siguió enviando una secuencia de mensajes angustiados, repitiendo los mismos detalles una y otra vez, sin recibir una respuesta.


«Ayuda». «Este es Gustavo y acaban de matar a Berta». «Estoy solo en su casa y nadie lo sabe».

“Por favor, díselo al Copinh”. “Cualquier vecino o contacto en La Esperanza”.
A las 5:37 am, el chat de DESA se despertó.

Sergio Rodríguez fue el primero en enviar noticias sobre la muerte de Berta. Doce minutos después, Castillo también envió un mensaje de texto al grupo. “Para nosotros esta es una situación de crisis. Necesitamos anticipar lo que vendrá a nuestro lado”.

SEM-AmecoPress-ResumenLatinoamericano

Más de una vida de distancia para alcanzar la paridad

  • En política avances pobres, en salud y educación hay avances
  • México entre los 85 países donde nunca ha gobernado una mujer

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Cd. de México, 16 de enero 2020.- Si bien México escaló a la posición 25 en el Informe Global de la Brecha de Género 2020 del Fondo Económico Mundial, aún existe una brecha importante en cuanto a su presencia como ejecutivas en las juntas directivas de empresas, donde ocupa el lugar 38. A nivel mundial, la paridad de género es del 68,6 % y los 10 países más bajos han cerrado solo el 40 % de la brecha de género.

En el mundo, señala el Informe Global de Brecha de Género 2020 el tiempo que llevará cerrar la brecha de género en política, economía, salud y educación se redujo a 99,5 años en 2019, esto es poco menos de 10 años de los calculados en 2018, ayudó la reducción de la brecha de género en política.

Los 99.5 años que quedan, de acuerdo con la prensa del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), nos llevará “más de una vida de distancia: el mundo enfrenta la espera de 100 años por la paridad de género”.

En todo el mundo en 2019, las mujeres ahora tienen el 25.2 % de los escaños parlamentarios en la cámara baja y el 21.2 % de los puestos ministeriales, en comparación con el 24.1 % y el 19 % respectivamente el año pasado.

En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el informe la Participación Política Equilibrada entre Mujeres y Hombres en México, 2019: Los desafíos de la reforma constitucional en materia de paridad, documenta que como resultado del proceso electoral 2018, el 48.2 % de las diputaciones federales están ocupadas por mujeres, en tanto que la Senaduría está conformada por el 49.22 % de mujeres, ambos casos considerados como “históricos”.

La política, sin embargo, -dice el Informe Global de Brecha de Género 2020- sigue siendo el área donde menos progreso se ha hecho hasta la fecha. Con el logro educativo y la salud y la supervivencia mucho más cerca de la paridad en el 96.1 % y el 95.7 % respectivamente, el otro campo de batalla importante es la participación económica. Aquí, la brecha se amplió en 2019 de 58.1 % en 2018 a 57.8 %.

Mirando simplemente el progreso realizado desde 2006 cuando el Foro Económico Mundial comenzó a medir la brecha de género, esta brecha económica de género tardará 257 años en cerrarse, en comparación con los 202 años del año pasado.

Atribuye la brecha económica de género a una serie de factores. Estos incluyen tercamente bajos niveles de mujeres en puestos gerenciales o de liderazgo, estancamiento salarial, participación en la fuerza laboral e ingresos. Las mujeres han sido golpeadas por un triple golpe: primero, están más representadas en muchos de los roles que han sido más afectados por la automatización, por ejemplo, los roles de venta al por menor y de oficina.

En segundo lugar, no hay suficientes mujeres entrando en esas profesiones, a menudo, pero no exclusivamente impulsadas por la tecnología, donde el crecimiento salarial ha sido más pronunciado. Como resultado, las mujeres en el trabajo con demasiada frecuencia se encuentran en categorías de salarios medios-bajos que se han estancado desde la crisis financiera hace 10 años.

Tercero, factores perennes como la falta de infraestructura de atención y la falta de acceso al capital limitan fuertemente las oportunidades laborales de las mujeres. Las mujeres dedican al menos el doble de tiempo a la atención y al trabajo voluntario en todos los países donde hay datos disponibles, y la falta de acceso al capital impide que las mujeres realicen actividades empresariales, otro factor clave de ingresos.

La paridad de género tiene una influencia fundamental en si las economías y las sociedades prosperan o no. El desarrollo y despliegue de la mitad del talento disponible en el mundo tiene una gran influencia en el crecimiento, la competitividad y la preparación futura de las economías y empresas de todo el mundo, añade el informe del WEF.

Las clasificaciones del índice ofrecen un medio efectivo para evaluar el progreso. Están diseñados para crear conciencia global sobre los desafíos que plantean las brechas de género, así como las oportunidades que surgen cuando se toman medidas para reducirlos.

México, por cierto, está aún lejos del Top 10 de países que ocupan los primeros lugares al reducir la brecha de género, donde se encuentran: Islandia 0.877, Noruega 0.842, Finlandia 0.832, Suecia 0.820, Nicaragua 0.804, Nueva Zelanda 0.799, Irlanda 0.798, España 0.795, Ruanda 0.791 y Alemania 0.797. Un solo país Latinoamericano.

La comparación de los cambios en el empoderamiento político de 2006 a 2019 muestra que las mejoras en la representación política ocurrieron simultáneamente con las mejoras en las mujeres en puestos de responsabilidad en el mercado laboral.

Desigualdad de género en los trabajos del futuro

De acuerdo al Informe Global de Brecha de Género 2020 posiblemente el mayor desafío para evitar que se cierre la brecha económica de género es la escasa representación de las mujeres en los roles emergentes. Hay poca representación de mujeres en profesiones emergentes (como lo son las nuevas tecnologías de información) –de acuerdo con un estudio de LinkedIn, donde esta brecha es más pronunciada.

Por otro lado, el informe señala el Porcentaje de mujeres ejecutivas en las juntas directivas de empresas, donde sólo 10 países cuentan con una de cada tres ejecutivas en empresas: Francia 43.4 %, Islandia 43 %, Noruega 42.1 %, Suecia 36.3 %, Italia 34 %, Finlandia 32.8 %, Alemania 31.9 %, Bélgica 30.7 %, Dinamarca 30.3 % y Nueva Zelanda 30 %.

Le siguen 12 países donde, una de cada cinco mujeres ocupan cargos empresariales: Países Bajos 29.5 %, Letonia 28.8 %, Australia 28.7 %, Reino Unido 27.2 %, Canadá 25.8 %, Israel 23.1 %, Eslovenia 22.6 %, España 22 %, Estados Unidos 21.7 %, Sudáfrica 21.4 %, Suiza 21.3 % y Polonia 20.1 %.

Después ubica a 21 países donde, solo uno de cada 10 puestos empresariales son ocupados por mujeres, entre ellos se ubica México, sexto lugar de abajo para arriba:

Austria 19.2 %, Irlanda 17.6 %, Portugal 16.2 %, República Eslovaca 15.1 %, Colombia 15.1 %, Hungría 14.5 %, República Checa 15.1 %, Lituania 14.3 %, India 13.8 %, Turquía 13.4 %, Luxemburgo 12 %, Gracia 11.3 %, China 9.7 %, Brasil 8.4 %, Chile 8.2 %, México 7.5 %, Estonia 7.4 %, Federación Rusa 7 %, Japón 5.3 %, Indonesia 3.2 % y Corea 2.1.

En la lista de 43 países hay solo 6 países americanos.

Pese a ello, el informe del WEF sobre la brecha de género sostiene que México es uno de los cinco países que mejoraron junto con Albania, Etiopía, Malí y España

De los 149 países clasificados, 101 mejoraron sus puntajes en el índice de 2019 (esto excluye a los cinco nuevos países que se han unido a la clasificación este año).

Otros 48 vieron su rendimiento sin cambios, mientras que el percentil 10 superior vio sus puntajes mejorar más de 3.3% año tras año.

Un total de 35 países han alcanzado la paridad de género en la educación.

En salud, 48 países han alcanzado casi la paridad y 71 han cerrado al menos el 97% de la brecha.

La política ¿al alza?

Los puntajes de empoderamiento político son pobres. En términos de representación parlamentaria, las mujeres a nivel mundial han asegurado solo el 25 % de los puestos disponibles, una cifra que cae al 21 % a nivel ministerial. En este nivel, hay nueve donde no tienen representación.

En los últimos 50 años, 85 estados no han tenido jefas de estado. Entre ellos México.

En términos de participación económica, la brecha de género tardará 257 años en cerrarse (en comparación con 202 años en el informe de 2019).

A nivel mundial, solo el 55 % de las mujeres (de 15 a 64 años) participan en el mercado laboral, en comparación con el 78 % de los hombres.

Hay 72 países donde las mujeres tienen prohibido abrir cuentas bancarias u obtener crédito.

Las tendencias

Por regiones, Europa occidental ha realizado el mayor progreso en la paridad de género (situándose en 76.7 %), seguida de América del Norte (72.9 %), América Latina y el Caribe (72.2 %), Europa del Este y Asia Central (71.3 %), Sudáfrica sahariana (68,2 %), Asia meridional (66,1 %) y Oriente Medio y África del Norte (60,5 %).

Estas cifras, sin embargo, enmascaran varias tendencias clave, que tienen un impacto significativo en el tiempo para la paridad de género. En América del Norte, el progreso se detuvo durante 2019, mientras que más al sur, en América Latina y el Caribe, varios países tuvieron un gran desempeño en el transcurso del año.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

SEM/sj

20% de los ensayos escritos en España está firmado por mujeres

* Así lo revela un estudio de 3 mil publicaciones hecho por la asociación Clásicas y Modernas

* Analizan 852 libros de 879 autorías, de las cuales 705 corresponden a varones y 174, a mujeres

Raquel Zapata González

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 16 enero 2020.- El estudio ¿Dónde están las mujeres en el ensayo?, llevado a cabo por la asociación Clásicas y Modernas, ha revelado que solo un 20 por ciento de los ensayos escritos en España está firmado por mujeres. Esto supone una gran diferencia con respecto a los hombres.

Para realizar el informe se ha analizado la producción ensayística española entre los años 2017 y 2018 a partir de lo publicado en ocho editoriales, ocho revistas y la selección de los mejores libros que realizan algunos periódicos. Dicho trabajo ha sido coordinado por la filósofa Rosa María Rodríguez Magda y la gestora cultural Pilar Pastor Eixarch. Sus resultados finales se presentarán el viernes 17 de enero, a las 19:00 horas en Meta Librería de Madrid.

Respecto a las editoriales, se ha analizado un total de 852 libros entre los que se distinguen 879 autorías, de las cuales 705 corresponden a varones y 174, a mujeres. El 20% de autoría femenina varía según editoriales, yendo desde un 36 por ciento en la que alcanza mayores cotas de autoras a un 5 por ciento en la que menos.

Asimismo, se ha analizado la autoría de 1949 artículos publicados en ocho revistas sobre pensamiento, política, filosofía y crítica de la cultura; obteniendo también como resultado que sólo el 20 por ciento de los mismos han sido escritos por mujeres, con una varianza que va desde un 44 por ciento a un 8 por ciento.

Por su parte, la proporción mejora en la selección de los mejores libros publicados de no ficción que realizan anualmente algunos periódicos, ya que aquí se observa que en los últimos años existe una mayor voluntad de incluir en la lista autoras, llegando incluso hasta el 40 por ciento en algunos casos.

Clásicas y Modernas explican que pretenden iniciar la constatación de que existe un rechazo o invisibilización de las mujeres en el liderazgo de autoridad intelectual. Además, desde la asociación se anima a editoriales y revistas a solventar esta infrarrepresentación con el objetivo de conseguir igualdad dentro del mundo del ensayo. “Solo así desterraremos la percepción androcéntrica de la autoridad intelectual”, aclaran.

“¿Dónde están las mujeres en el ensayo?” completa la serie de investigaciones que Clásicas y Modernas ya ha desarrollado en otros ámbitos, como son “¿Dónde están las mujeres en las artes escénicas?” (temporada 2015-2016) y “¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica?” (temporada 2016-2017).

SEM-AmecoPress/rzg

España, octavo país del mundo en igualdad de género

* Obtiene un 0,795 sobre 1 en el ranking mundial de ’The Global Gender Gap Report 2020’

* Este trabajo es realizado en 2019 en 27 países


Nora Fernández Fernández

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 16 de enero 2020.- El estudio Global Gender Gap Report 2020, realizado por el Foro Económico Mundial, ha clasificado a España en la octava posición de países más avanzados en igualdad de género, destacando el empoderamiento político femenino y colocándose como el número uno en el porcentaje de mujeres en puestos ministeriales.

Siguiendo el informe del Foro Económico Mundial, España ha recortado su brecha de género en un 79,5%, superando a Alemania (78,7), Dinamarca (78,2%), Francia (78,1%) o Reino Unido (76,7%). Sin embargo, la paridad real a nivel mundial tardará en llegar aproximadamente un siglo, un periodo de tiempo demasiado largo. Aun así, el documento indica que la brecha global de género se ha reducido por primera vez en tres años, aunque la reducción sea mínima.

Favorablemente, España presenta un buen ritmo y se sitúa como el tercer país con más ciudadanos que se consideran feministas, un 44% según la investigación Actitudes globales hacia la igualdad de género de Ipsos.

Este trabajo, realizado en 2019 en 27 países, señala que España es una de las sociedades más comprometidas con la igualdad y con más conciencia crítica a cerca de los estereotipos de la mujer en la familia, la educación y el trabajo. Continúa apuntando que es la primera sociedad del mundo en reconocer el gran trabajo que queda por hacer para conseguir la igualdad en el mundo de los negocios, los deportes, los medios de comunicación y el cine. La conciliación familiar y las tareas del hogar también son un punto importante a trabajar, según el 63% de los españoles.

Como solución a la desigualdad entre mujeres y hombres, la sociedad española ve la importancia de la educación en igualdad de género para niños y niñas. Un 46% de la población así lo ha declarado, seguida de las medidas de equiparación salarial y el establecimiento de leyes más duras para prevenir el acoso a las mujeres y la violencia.

Brecha salarial

Según el ranking realizado por la startup de vivienda Spotahome, España se coloca en el ’Top Ten’ de los países europeos más igualitarios, con una valoración media de 7,84 y ocupando el octavo puesto de la clasificación, superado por países como Islandia, Alemania o Suiza.

El estudio, que cuenta con 36 Estados y 33 ciudades europeas, analiza varios ámbitos como el número de mujeres con trabajo remunerado, la distribución de la riqueza, la brecha salarial por género, la presencia de la mujer en grandes empresas, la calidad de vida, la accesibilidad a las personas de movilidad reducida, los derechos políticos y libertades civiles y la aceptación de inmigrantes y del colectivo LGTBI. Es en estos dos últimos puntos donde España destaca, con el respeto y protección de los derechos LGTBI (puesto 8) y la tolerancia a la inmigración (puesto 7).

A nivel local, las ciudades Madrid y Barcelona se sitúan por delante de otras capitales europeas como Lisboa, Roma o Londres, ocupando los puestos 25 y 26 respectivamente. Las áreas en las que destacan son la participación de mujeres en política (puestos 13 y 7, respectivamente) y los derechos LGTBI (puestos 13 y 14, respectivamente).

SEM-AmecoPress/nff

Ráfaga

La Educación en el hogar y los conocimientos en la escuela

* El camino más fácil del Fiscal y del Gobernador de Coahuila

Jorge Herrera Valenzuela

SemMéxico, 16 de enero 2020.- Las tragedias en que los niños son los protagonistas aumentan cada día y estamos enfrentando un problema muy grave, del cual no debemos responsabilizar al gobierno ni a los profesores, éstos últimos tienen la noble misión de enseñar a leer, a escribir, darnos a conocer la historia, la geografía, el civismo, mientras que a papá y a mamá les corresponde educar a sus pequeños pequeñas, formarlos con principios y atenderlos permanentemente durante la niñez, procurarlos en la adolescencia y no olvidarlos en la juventud.

El lamentable suceso en una escuela privada de Torreón, Coahuila, debe ser el detonante para que los padres y madres de familia entiendan cuál es la intensa e importante vigilancia a los hijos/as de 7 a 12 años de edad, el trabajo que se incrementan cuando pasan a la adolescencia y más al entrar en la compleja etapa inicial de la juventud. Desconozco las estadísticas de huérfanos, de niños cuyos progenitores se divorciaron y de menores que viven solo con su madre o con el padre, así como abuelas, abuelos o tíos, tías.

Está muy claro que este grave y complicado problema social se deriva de la disolución familiar, de los irresponsables, hombres y mujeres, que juegan con la vida de los hijos y se automarginan de ellos y ellas. Los dramas se vive a diario, en todo el país, y se reflejan en las cintas cinematográficas –desde el cine mexicano en blanco y negro o en los filmes norteamericanos–, pero de nada sirven para repensar en cada uno de los casos.

De ninguna manera los padres y madres de millones de infantes pueden justificar la violencia intrafamiliar que se da frente a hijas e hijos, el descuidar la vida que llevan dentro y fuera del hogar, disponer de armas de fuego, pistolas, sin mantenerlas en sitios seguros en casa. Los casos más recientes de menores que actuaron violentamente o determinaron quitarse la vida, tienen un fondo muy profundo y es una protesta por la vida que tuvieron en su hogar o el mal trato que les dio la sociedad.

Según comentó Roberto Zamarripa en su editorial del lunes pasado, en el diario Reforma, lo ocurrido en Torreón, Coahuila, tuvo como situaciones precedentes tres acontecimientos en el Estado de Chiapas. En un municipio de la Selva Lacandona el jueves 9 de este mes fue encontrada muerta una niña de 14 años, presentaba lesiones en el tórax. Al siguiente día en Ocozocoautla, una jovencita de 13 años se colgó en un árbol y en el fronterizo municipio de Cacahoatán de Juárez, un hombre fue quemado vivo por haber violado y matado a una niña.

Más estrujante y que conmovió al país, no porque los otros casos no fueran impactantes, cuando un niño de 11 años, alumno brillante en sexto año de primaria disparó 8 tiros con una pistola de calibre 40 y un noveno tiro lo hizo con una de calibre .25, para agredir a una profesora, a cinco de sus compañeros y a un profesor. Luego el mismo inocente victimario se suicidó. Un niño sin padre al lado, su madre falleció hace tiempo y él vivía con sus abuelos. Surgen muchas interrogantes, pero lo importante no es darle contestación sino analizar el por qué y evitar imitaciones.

Las autoridades coahuilenses han ordenado la aprehensión del abuelo, propietario de las armas, acusándolo de homicidio por omisión. No cabe duda que desde el gobernador de apellido Riquelme hasta el procurador o fiscal, como lo llaman ahora, se van por el camino más fácil y pretenden procesar a un anciano para justificarse ante la sociedad. ¿Por qué no ponen a un sociólogo, a un psicólogo, a un psiquiatra, profesionales especializados, para diagnosticar el problema y dar soluciones prácticas?

Reitero que la responsabilidad de estos hechos no recae en el gobierno (federal, estatal o municipal), pero también debe la autoridad preocuparse por este problema que afecta a muchas familias desintegradas. Que se pongan a trabajar en el DIF nacional y en los estatales, aunque ahora esas tareas no interesan a los de la Cuarta Transformación.

La revisión de las mochilas no corresponde al profesorado, es un deber intransferible de los padres, que no de los abuelos, desde el punto que quiera verse. Hacerlo en la puerta de la escuela no implica violación a derechos humanos ni muchos menos, pero no faltan los que politizan un problema en lugar de buscar soluciones adecuadas, reales y tangibles.

jherrerav@live.com.mx

Recuerdan a Mary Chuy a cuatro años de su feminicidio

* Yesenia Zamudio, su madre, exige justicia para su hija

* El asesinato de la estudiante del IPN fue reclasificado en septiembre pasado como feminicidio

Soledad Jarquín Edgar/Fotos: Antimonumenta ¡Vivas Nos Queremos!

SemMéxico, Cd. de México, 16 de enero 2020.- A cuatro años del feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio, encabezados por su mamá Yesenia Zamudio, el movimiento feminista NiUnaMenos, así como la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia y el Colectivo Aequus le rindieron esta mañana un homenaje sobre la explanada de Bellas Artes, frente a la Antimonumenta.

Mary Chuy, como cariñosamente le llama Yesenia Zamudio a su hija, era estudiante del Instituto Politécnico Nacional, tenía 19 años cuando fue asesinada luego de salir con sus compañeros y un profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán del IPN, donde ella estudiaba Ingeniería Petrolera.

La joven fue arrojada por los estudiantes y el profesor desde la ventana de su apartamento en la alcaldía Gustavo A. Madero, señaló su madre, quien consiguió que en septiembre pasado fuera reclasificado como feminicidio por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y sigue en espera de que se emitan las órdenes de aprensión contra las personas involucradas.

Hoy, Yesenia Zamudio volvió a exigir justicia para su hija a cuatro años del feminicidio que la ha marcado hasta convertirla en una activa defensora de los derechos humanos de las mujeres, y promotora del movimiento feminista NiUnaMenos.

Acompañada de otras madres de mujeres asesinadas de diversas partes del país, entre ellas Lidia Florencia, mamá de Diana Velázquez Florencio, asesinada hace más de dos años, Yesenia Zamudio colocó una enorme cruz rosa sobre el piso, como ofrenda para las víctimas de feminicidio.

SEM/sj