Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero. 6 de septiembre de 2019.- Servicios de salud, con calidad, calidez, con pleno respeto a los derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad, infraestructura y personal médico suficiente y eficiente, así como un reconocimiento y validez a las parteras y al trabajo que realizan, piden mujeres indígenas al Estado Mexicano y al gobierno del Estado.

Este jueves, en el marco del Día Internacional de la Mujer indígena, se llevó a cabo, el “Foro Estatal de Mujeres Indígenas, Acceso y Ejercicio del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en la Salud Materna”, convocado por las organizaciones Zuhuame Xotlametzin, A.C., Grupo de Información en Reproducción Elegida, Fondo Semillas Mujeres Sembrando Igualdad, Comité Promotor por una Maternidad Segura, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y el Comité por una Maternidad Segura y la Salud de las Mujeres en Guerrero, para analizar la problemática respecto del acceso de los servicios de salud reproductiva de las mujeres indígenas y sus familias.

En el evento que inició con más de una hora de retraso debido a la tardanza de las diputadas locales invitadas, Erika Valencia Cardona, presidenta de la Comision para la Igualdad de Género, y Eunice Monzón García, se presentaron las ponencias, “los nuevos desafíos en salud reproductiva de la población indígena en el marco de la Cuarta Transformación”, disertada por David Mariano Meléndez, secretario del Comité Promotor por una maternidad Segura en México.

Así como la exposición “Acceso a la Salud Reproductiva de las Mujeres Indígenas desde un Enfoque Cultural”, por parte de Roberto Campos Navarro, catedrático de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y “Presupuesto Público para la Atención de la Salud Reproductiva Federal y Estatal”, a cargo de Matilde Pérez Romero, de FUNDAR. También se desarrollaron tres mesas de análisis, “accesibilidad financiera y cultura de los servicios de salud”, y calidad de atención y trato digno”.

Al concluir las actividades y tras conocer las conclusiones de las mesas de análisis, Isabel Dircio Chautla, presidenta de la organización Zihuame Xotlametzin Asociación Civil (A.C), a nombre de las mujeres indígenas, dio a conocer el posicionamiento final, en el que dé inicio, exigen al Estado Mexicano, servicios de salud de calidad e integralidad, sin discriminación, pertinentes y respetuoso de la cultura de las mujeres y los recién nacidos.

Acceso a los servicios de salud en los lugares alejados, unidades de primer nivel de atención con recursos y personal suficiente y eficiente, que se respete y garantice el derecho de las mujeres a ser atendidas de acuerdo con sus creencias, costumbres o con quien ellas decidan, en el lugar que elijan y de manera segura, sin ningún tipo de condicionamiento.

Condiciones necesarias para el fácil acceso de las mujeres embarazadas en los hospitales de atención, que estos cuenten con interpretes suficientes para que la atención sea efectiva, infraestructura suficiente y adecuada, equipo médico y medicamentos, así como personal capacitado y sensibilizado de manera continua, en género, interculturalidad y derechos humanos,

La conclusión del hospital general de Chilapa, cuya construcción empezó en 2012 y no se ha concluido, en perjuicio de la salud de las mujeres de la región, centro y montaña baja de Guerrero; garantizar el acceso a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva y maternidad libre, voluntaria, gozosa e informada en las mujeres indígenas y afromexicanas del Estado.

Políticas públicas en un marco de derechos con perspectiva de género, visión pluricultural e intercultural, sostienen que, pese a las buenas voluntades de las autoridades de Guerrero, “aun vivimos en lamentables desventajas en nuestro estado multiétnico, multi cultural y multi bilingüe en el cual se recrudecen las problemáticas de salud, acceso a la educación, a la justicia, a los espacios de toma de decisión, entre otras” subrayó.

También se pronunciaron por el reconocimiento de la partería tradicional como forma de atención del embarazo, parto y puerperio, culturalmente respetuosa.  El derecho a seguir ejerciendo la partería tradicional sin amenazas, prohibiciones, coerciones de instituciones públicas, en cumplimiento a los marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen el derecho de los pueblos y usos y costumbres y la medicina tradicional de los pueblos.

Al sector salud, y el registro civil permitan a las parteras tradicionales, expedir constancias y hojas de alumbramiento sin condicionamiento y que los certificados de los nacimientos registren fielmente los partos atendidos, independiente de que estén o no registradas o certificadas con credencial emitida por la SSA, a fin de eliminar el subregistro de atención de partos por parteras, visibilizar su aporte en la salud de la población y reconocer la relevancia y vitalidad de su trabajo,

El derecho a la protección, conservación y transmisión de los conocimientos ancestrales que tienen las parteras tradicionales y las nuevas generaciones de los pueblos originarios y las comunidades afromexicanas, el reconocimiento como un derecho humano cultural; asignación de presupuesto suficiente para las CAMIS estatales; y auditorias ciudadanas a los servicios de salud, con planes de mejora completos.

Entre 70 y 75 carpetas previas por feminicidio al mes, cifras oficiales

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 6 de septiembre de 2019.- Fundar, Centro de análisis e Investigación propone contar con un buen presupuesto público 2020 para garantizar el financiamiento adecuado para los 295 municipios con AVGM, así como de los 75 refugios para mujeres víctimas de violencia.

 En el marco de la discusión del Paquete Económico 2020, la organización no gubernamental, señala que “es momento de que el presupuesto público federal ponga a las personas en el centro de las decisiones y para contar con mayor disponibilidad y calidad de información pública para el diseño y evaluación de las políticas fiscales”.

Por lo que realiza una serie de propuestas, “para que nadie quede fuera”, ya que considera que cuando las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las mexicanas y mexicanos se quedan sin presupuesto, es difícil que pueda cumplir con su trabajo.

En materia de género propone que la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM garantice que habrá recursos para los 295 municipios con AVGM y modifique el actual modelo de distribución de los recursos, a fin de que los propios municipios accedan directamente a estos recursos.

Así como se fortalezca financieramente, por medio del etiquetado y la asignación adecuada de recursos públicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, la función de los refugios para mujeres víctimas de violencias y sus hijas e hijos, así como sus Centros de Atención Externa, a fin de garantizar su sostenibilidad durante el año.

Se señala que, de acuerdo con el INEGI, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia, ya sea física, económica, psicológica o sexual. La forma más extrema de violencia hacia las mujeres es el feminicidio.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año se han registrado entre 70 y 75 averiguaciones previas o carpetas de investigación por feminicidio al mes.

Una de las principales aportaciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

De 2015 a la fecha se han presentado 27 solicitudes de alerta de igual número de entidades federativas del país, lo que representa el 84% del territorio nacional. Sin embargo, ésta sólo se ha declarado en 18 entidades, en un total de 295 municipios; mientras que en nueve casos no se ha declarado y en tres está en trámite.

Los recursos federales, etiquetados en el Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, transferibles a estados y municipios para que atiendan la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, se han incrementado año con año, al pasar de 49.9 millones de pesos en 2015 a 219.9 millones en 2019.

Sin embargo, los recursos no son suficientes y no todas las entidades que están bajo alerta han podido acceder a ellos.

Para 2019, sólo 7 de 18 entidades que cuentan con la alerta recibirán recursos federales: Chiapas, Guerrero, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), cada año lanza su convocatoria para que las entidades federativas presenten proyectos para acceder al subsidio destinado a las acciones para las declaratorias de AVGCM. Estos recursos no son suficientes y no todas las entidades que participan en la convocatoria los reciben.

En su propuesta, Fundar, considera que la CONAVIM debe acompañar el proceso de revisión y evaluación de los proyectos, de modo que los municipios presenten buenos proyectos y, en su caso, puedan ajustarlos en tiempo y forma.

Así como vigilar que los recursos de cada programa y/o subsidio para la Alerta de Violencia de Género se destinen a alcanzar sus objetivos, por lo que deben cumplir con criterios de transparencia y rendición de cuentas, además de ser fiscalizados de manera oportuna y adecuada tanto por controles ciudadanos como por la Auditoría Superior de la Federación.

Recursos suficientes para los Refugios

Fundar propone que, para asegurar la sostenibilidad del financiamiento para los refugios y sus centros de atención externa, durante todo el año, se requiere etiquetar recursos presupuestarios que cumplan con criterios de máxima disponibilidad de recursos y criterios de derechos humanos para que se otorguen servicios de protección y servicios especializados.

Cerca del 90% del presupuesto público que financia la operación de aproximadamente 60 refugios –tanto de organizaciones de la sociedad civil como gubernamentales– proviene de la Secretaria de Salud, instancia que encabeza el modelo de atención previsto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La situación financiera de los refugios se vio amenazada al inicio de la actual administración con la emisión de la Circular No. 1 que señalaba que “no se transfiera ningún recurso a ONG o sindicatos”. La mayoría de los refugios son Asociaciones Civiles, en consecuencia, en febrero de 2019, se suspendió la Convocatoria Pública para la Asignación de Subsidios y, también se vieron comprometidos los recursos del Programa de Coinversión Social y el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) a los que acceden los refugios, lo que los afectó de manera importante.

Debido a las presiones de organizaciones feministas por la suspensión de la convocatoria, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, la reactivó.

Sin embargo, existe incertidumbre sobre la operación de los refugios dado el actual Modelo de Financiamiento, cuando se trata de uno de los mecanismos que brinda atención especializada a las mujeres sobrevivientes de violencia extrema, desde una perspectiva de género y derechos humanos en el actual contexto de violencia feminicida.

Los refugios se inscriben como instancias que contribuyen a evitar feminicidios, al brindar atención a las mujeres, sus hijas e hijos que han sobrevivido violencia extrema.

Actualmente, existen 75 refugios y centros de atención externa para mujeres víctimas de violencias que forman parte de la Red Nacional de Refugios, que representan poco más del 50 % de los refugios existentes en México.

De acuerdo con investigaciones de Fundar, las mujeres sobrevivientes de violencia extrema que acudieron a instituciones públicas en busca de ayuda valoran más la atención recibida en los refugios de la sociedad civil que en la Policía, el Ministerio Público e incluso en refugios de instituciones públicas.

Asignación presupuestaria para personas desaparecidas

Ante la crisis de desaparición de personas sin precedentes, que de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se estima en más de cuarenta mil personas desaparecidas en el país desde inicios del 2007.

Lo que se ha traducido en una violación sistemática de los derechos de las víctimas en las búsquedas realizadas por parte de las instituciones de administración y procuración de justicia, así como de una emergencia forense por el número insostenible de cuerpos sin identificar.

Fundar propone garantizar una asignación presupuestaria adecuada para el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, estableciendo con claridad la prioridad presupuestal de las labores de búsqueda en vida –sin descuidar el fortalecimiento de los sistemas forenses– para hacer frente a la crisis de desapariciones en el país.

También proponen una política tributaria dirigida al combate de las desigualdades. Nuestro sistema fiscal otorga una serie de privilegios fiscales que se concentran en unas pocas manos, por lo que es fundamental revisar y reducir los beneficios fiscales a las personas físicas más ricas, por medio del límite global de deducciones.

Fundar es una organización independiente y sin afiliación partidista, que cumple 20 años, en el combate de la desigualdad y violencia de género fortaleciendo los marcos normativos, las políticas públicas, practicas institucionales y presupuestos.

* Se habrían llevado información relacionada con el albergue

* El Istmo región insegura para las mujeres

Patricia Briseño

SemMéxico, Oaxaca, 6 septiembre 2019.-  El “Grupo de Mujeres 8 de Marzo” denunció que tres de sus integrantes fueron víctimas de un presunto asalto a mano armada, cerca de la sede de esta asociación en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

Las defensoras de los derechos humanos de las mujeres fueron despojadas de sus pertenencias e información sensible relacionada con los casos que atienden en el Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Istmeña CAAMI, único albergue para las mujeres violentadas en el estado, informó Natalia Xicarú Torres González.

A propósito de la conmemoración del Día de la Mujer Indígena, Torres González detalló en rueda de prensa que el asalto a mano armada ocurrió el martes 3 de septiembre, en la Segunda Sección de Juchitán, alrededor de las cuatro de la tarde.

“Los supuestos asaltantes se llevaron documentos relacionado con la defensa de las mujeres, así como seguimiento de algunos casos”, detalló. Por estos hechos la representación legal del colectivo presentó la denuncia en la Vicefiscalía General de la región del Istmo, institución que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Torres González lamentó que la violencia sea parte del nuevo rostro de la región, actualmente, agregó, “el Istmo es uno de los lugares más inseguros para las mujeres, donde cada día ocurren homicidios, feminicidios, asaltos, secuestros, todo ello con altos niveles de violencia y sin obtener respuestas de las instituciones de procuración de justicia”.

Acompañada por las fundadoras del colectivo, además de personal del CAAMI y feministas adherentes, la activista mencionó que, en este año, en el estado de Oaxaca, el 33 por ciento de los feminicidios han ocurrido en el Istmo de Tehuantepec.

Feminicidio aumenta, AVG sin programa

Consideró que la violencia estructural y los niveles de violencia han ido en aumento, “la saña y el odio con el que son asesinadas las mujeres y niñas quienes han presentado un registro de agresiones donde se mezclan violaciones, golpes, heridas y privación de su libertad”.

A pesar de la emisión de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado y en 40 municipios, entre ellos Juchitán, no se cuenta con un programa específico, políticas públicas que garanticen la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres.

Será que ¿no les ha importado la vida de las mujeres y las niñas?, preguntó.

Las integrantes del Grupo de Mujeres 8 de Marzo recordaron a la Mujer Indígena y el 153 aniversario de la Gesta Heroica de los Juchitecos y Juchitecas contra los franceses en 1866; acompañadas de mujeres de la Alianza Simona Robles ofrecieron una ofrenda floral en el Monumento a las Heroínas y Héroes de Juchitán.

SEM/pb/sj

* Impugna convocatoria emitida por autoridades para poder participar

* Queremos hacer valer la ley en San Agustín de las Juntas, dice la profesionista

Jaime Méndez

SemMéxico/Agencia JM, Oaxaca, 5 septiembre 2019.- Al impugnar la convocatoria emitida el pasado 1 de septiembre para elección de autoridades municipales de sistema normativo interno de San Agustín de las Juntas, Martha Lorena Carrillo Ayuso manifestó su decisión de hacer valer sus derechos como ciudadana y participar como aspirante a la presidencia municipal.

La arquitecta de profesión demandó al IEEPCO intervenir ante la autoridad municipal para que corrija su error y emita una nueva convocatoria para la elección de autoridades municipales 2019-2022, ya que la que emitió es anticonstitucional y se necesita una nueva para que haya condiciones en la próxima contienda electoral a realizarse en el mes de octubre próximo.

Martha Lorena Carrillo Ayuso advierte en su recurso de impugnación que “estoy convocando a mi pueblo a hacer valer la ley, juntamente conmigo; contra todo lo que aleguen las retrógradas mentes que mantienen sumiso a San Agustín de las Juntas”.

Contundente, Carrillo Ayuso señala “el estancamiento y el atraso en que nos encontramos, como consecuencia del desinterés por el desarrollo de nuestro pueblo por parte de quienes hasta la fecha han fungido como autoridades municipales; muestra de ello es que nuestra escuela secundaria sigue funcionando en unas indignantes barracas; la mala calidad del agua que nos suministran, que de potable nada tiene, pues por el contrario, a simple vista se ve completamente contaminada; así como el deficiente alumbrado público y  como consecuencia de ello, la inseguridad”.

En su escrito dirigido a Gustavo Meixueiro Nájera, Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, Martha Lorena pide que se ordene a la autoridad municipal del municipio de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, a que expida una nueva convocatoria para la elección de las autoridades municipales para el trienio 2020 – 2022, en la que se respeten los preceptos constitucionales y leyes reglamentarias de los derechos civiles y electorales, invocados.

Aclara que se debe permitir la participación de todos los ciudadanos; mujeres y hombres, oriundos y radicados; como lo tiene establecido el artículo 35 constitucional, y aseguró que la convocatoria los derechos políticos de la ciudadanía al pretender obstaculizar la participación a las mujeres “ya que solo favorece a los grupos y mafias caciquiles, que desde hace muchas décadas han mantenido a San Agustín de las Juntas en el oscurantismo, el estancamiento y en el atraso”.

Considerando su recurso legal, la arquitecta Martha Carrillo Ayuso refiere que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1 estipula que: “En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Política y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte”.

También, que el apartado A del artículo 2 de nuestra Carta Magna, al reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía, en su fracción III, consagra que las comunidades y los pueblos indígenas tienen derecho a elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados; garantizando que “En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales”.

Que, el artículo 4 de la Constitución, establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley.

Que el primer párrafo del artículo 115 constitucional, tiene consagrado que: “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre”.

Y, asimismo, el primer fragmento del primer párrafo, de la fracción primera de este precepto, establece que: “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Que el artículo 35 de nuestra Ley máxima, establece que son prerrogativas de todo ciudadano mexicano:

I.- Votar en las elecciones populares.

II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión teniendo las cualidades que establezca la ley;

III.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

Que el Código Civil Federal en su artículo 2º establece que La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en consecuencia, la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles.

Que el artículo 10 advierte que Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario, y tiene establecido que “La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento. Principios y reglas que están recogidos en nuestra legislación local en los artículos: 1, 2, 16, 23, 24 y 113 de nuestra Constitución Política del Estado de Oaxaca, y, 25, 27, 28 y 31, del Código Civil del Estado.

SEM-AJM/jm