*La organización feminista Consorcio Oaxaca documentó 83 casos de feminicidios en 2019.

Patricia Briseño

SemMéxico. Oaxaca, Oax. 05 de agosto 2019.- Una mujer de unos 25 años fue asesinada de varios impactos de bala, al parecer provocados por su hermano en Huajuapan de León; el presunto responsable fue detenido por la Policía Municipal en su intento por fugarse, confirmaron fuentes oficiales del Ayuntamiento de Huajuapan, ubicado en la región Mixteca.

El crimen se reportó alrededor de las 01:00 de la madrugada de este lunes, cuando los vecinos reportaron al número de emergencia varios disparos de proyectil en la colonia Aviación

Al atender la solicitud los elementos fueron recibidos a balazos por el presunto responsable del homicidio de su consanguínea, sin embargo, consiguieron arrestarlo para entregarlo a la Vicefiscalía General de Justicia.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la madre de la occisa comentó “se trató de un problema familiar”, y se reservó el derecho a declarar.

El fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez informó hoy que de 509 carpetas de investigación abiertas por homicidio de enero a julio de 2019, 61 corresponden a homicidios dolosos en contra de mujeres y 17 feminicidios.

En el mismo periodo durante el año pasado, habían ocurrido 53 muertes violentas de mujeres y 13 feminicidios, por lo que se observa un incremento superior al 15 por ciento.

En la víspera, la organización feminista Consorcio Oaxaca documentó 83 casos de feminicidios en 2019, y en lo que va de la administración del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, registró 329 feminicidios, del uno de diciembre de 2016 al pasado dos de agosto del año en curso.

Desde 2004 esta organización no gubernamental realiza el recuento de la violencia feminicida en Oaxaca. Lo realizan a través de una revisión hemerográfica  de dos diarios de circulación estatal, además de portales electrónicos, agrega información que es publicada en las páginas de instancias gubernamentales como la Fiscalía.

SEM/pb/IL

• Hasta 40 años de prisión a mujeres que tuvieron partos o abortos fortuitos
• En espera de juicio, en prisión preventiva, 41% de hombres y 58% de mujeres

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 5 de agosto de 2019.- Las mujeres son víctimas de una violencia institucional que se ve reflejada en la ausencia de una perspectiva de género al investigar, defender y juzgarlas, por lo que Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AC (AsiLEGAL) consideró que la Ley de Amnistía que se analiza desde el Ejecutivo Federal abarque los casos de mujeres procesadas y sentenciadas.

En nuestro país, expuso la organización en un comunicado, las mujeres tienen que sortear una serie de obstáculos al enfrentarse con el sistema de justicia penal, ya que no se analiza el contexto de las mujeres que están en conflicto con la ley ni se cuestionan las actuaciones de los demás actores de Estado involucrados en los procesos penales.

Las fiscalías y policías realizan investigaciones cargadas de estigmas, en las que no existe igualdad ni presunción de inocencia. Las defensoras y los defensores públicos no cuentan con sensibilización ni profesionalización en derechos humanos y perspectiva de género; por otra parte, las juezas y jueces dictan sentencias sin perspectiva de género, refirió.

AsiLEGAL ha documentado casos de mujeres procesadas y sentenciadas por homicidio en razón de parentesco, las acusadas por delitos del fuero federal y de quienes —la mayoría de los casos— enfrentan severos problemas de adicciones y que se encuentran en contextos graves de violencia. Por ello, manifiesta, resulta pertinente una Ley de Amnistía que contemple devolver la justicia a las mujeres que ya están privadas de libertad y que son criminalizadas por las adicciones.

Lo anterior, indicó, debido a que, con el programa Juntos por la Paz, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 2 de agosto pasado, se pretende desde la Subsecretaría de Salud, la resignificación de las adicciones como un tema de salud pública, en aras de acabar con la criminalización de la drogodependencia.

Criminalizadas en razón de parentesco

Por otra parte, AsiLEGAL expresó que el Estado, en lugar de cumplir su papel de garante en materia de salud sexual y reproductiva, criminaliza a las mujeres que sufren emergencias obstétricas, o quienes han sido víctimas de actos u omisiones que se traducen en violencia obstétrica por parte del personal de salud.

En México, las mujeres pagan con cárcel el haber sufrido partos o abortos fortuitos. Son condenadas por el delito de homicidio y enfrentan penas excesivas de hasta 40 años de prisión. Los reproches de fiscales, jueces y defensores por no haber otorgado el cuidado “debido”, por no haber llevado su embarazo a término o por falta de conocimiento de sus propios estados de embarazo, son argumentos comunes en los procesos llevados en su contra.

Mujeres del fuero federal, abuso significativo

Aunque la figura de la prisión preventiva debiera ser una medida excepcional que tiene como finalidad asegurar la presencia de la persona acusada a su proceso, en México existe un abuso significativo, que afecta de forma considerable y desproporcionada a las mujeres, estableció la asociación civil.

Fue a partir de 2011, que, como resultado de la guerra contra el narcotráfico se efectuó un encarcelamiento masivo de mujeres, bajo causas penales conjuntas (con más coacusados) llevadas dentro del fuero federal, cuyos casos hasta la fecha no han recibido sentencia, a pesar de que el limite constitucional es de máximo dos años.

Mientras que el 41% de los hombres acusados de delitos del fuero federal están en espera de juicio, esta situación afecta al 58% de las mujeres acusadas de delitos del fuero federal.

AsiLEGAL cree en la importancia de articular acciones entre los actores de gobierno responsables de crear la Ley de Amnistía, con el objetivo de compartir información y experiencias, en aras de lograr la transformación que México necesita en materia de justicia, que garantice el respeto a los derechos humanos de todas y todos.

SEM/em/glg

• Adelfo Regino Montes, del INPI, manipula a autoridades municipales
• Se habían negado a regresar utensilios del DIF, bajo su resguardo

Redacción

SemMéxico. Oaxaca. 5 de agosto de 2019.- Mujeres encarceladas en Santa María Alotepec, Oaxaca, quienes atendían la cocina comunitaria del DIF, emitieron un comunicado en el que responsabilizan al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, y a las autoridades municipales, de su detención arbitraria ocurrida el 1 de agosto pasado.

En el documento, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Defensoría de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca y a las organizaciones de la sociedad civil, aseguraron que su arresto fue por “órdenes” de Regino Montes, quien manipula al ayuntamiento, al ostentarse como asesor del pueblo, a través de su organización Servicios del Pueblo Mixe, AC.

“Responsabilizamos al señor Adelfo Regino Montes de lo que nos pueda suceder en el futuro, porque él no solamente se siente autoridad en la comunidad, sino que es una persona que se siente con poder total. No respeta los derechos de las mujeres de su comunidad; ahora, como se dice, es una persona machista”, afirmaron.

Adelfo Regino “no es una persona de fiar porque maneja doble discurso”, afirmaron, ya que “afuera dice estar a favor de nuestros pueblos indígenas y tradiciones, pero adentro de nuestra comunidad viola los derechos”. Además, señalaron, Francisco Regino Montes, hermano del titular del INPI, amenaza tanto a mujeres como a hombres quienes no están de acuerdo con lo que se hace en el pueblo.

“Las víctimas de la autoridad municipal y de Adelfo Regino Montes” —como firman el desplegado— exigieron libertad y respeto a las mujeres de Santa María Alotepec, ubicado en la región mixe, y agradecieron la solidaridad que les brindaron medios de comunicación, organizaciones protectoras de los derechos humanos y de las mujeres y autoridades estatales, “porque realmente fuimos humilladas y ultrajadas por la autoridad, a pesar de que nos encontramos ya en libertad, tememos por nuestra integridad”.

La detención de Fabiola Agapito, Flavia Galdino, Felipa Santiago, Edith de Jesús Tinoco, Juana Porfirio, Paulina Blas y Vicenta Ventura ocurrió el 1 de agosto pasado, al negarse a entregar “los utensilios que se habían llevado a su casa porque iban a ser utilizados para la preparación de la comida de la inauguración del Centro de Integración de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal”, de acuerdo con la versión del secretario municipal Donaldo Monterrubio Reyes, publicada el 2 de agosto en su cuenta de Facebook.

En un comunicado de prensa del ayuntamiento, se dio a conocer su liberación, horas después, por “decisión propia que asumimos como cabildo y no por los efectos que haya causado dicho comunicado” (emitido por organizaciones de la sociedad civil para demandar la inmediata liberación de las afectadas).

SEM/glg

* Según  las afectadas, ambos sujetos  las asediaron cuando ellas se disponían a comer en un restaurante de Ciudad Ixtepec.

Patricia Briseño

SemMéxico. Oaxaca, Oax. 05 de agosto 2019.- Dos elementos del Ejército fueron detenidos ayer por la tarde por elementos de la Policía Municipal de Asunción Ixtaltepec, por presuntamente acosar y hostigar  a dos mujeres civiles dentro de un restaurante.

Según declaraciones de las víctimas, ambos sujetos  las asediaron cuando ellas se disponían a comer en un restaurante de Ciudad Ixtepec, por lo que decidieron retirarse a otro establecimiento, a donde también las siguieron.

En ese establecimiento les tomaron fotografías además de pretender revisar el vehículo de las civiles, sin causa aparente, asimismo, “estaban en evidente estado de ebriedad” y no vestían el uniforme de cargo.

Al verse afectadas en su persona y patrimonio, las mujeres pidieron el apoyo de la Policía Municipal de Ixtepec, por lo que los señalados escaparon en un automóvil particular.

Los dos militares se dirigieron a Asunción Ixtaltepec en donde elementos del cuerpo de seguridad pública municipal lograron detenerlos; argumentaron que portaban granadas y armas, según versiones policíacas locales.

Por este incidente las autoridades de la 46 zona militar, establecida en el Istmo, acudieron a la comisaría de Ixtaltepec para conocer este incidente  protagonizado por los cabos Francisco. M y Juan Gabriel A, asimismo se hizo cargo de los elementos y proceder conforme el reglamento militar vigente.

SEM/pb/IL

Rita Segato, antropóloga e investigadora, habla de conceptos claves sobre el feminismo, la violencia de género, la violación como crimen de poder y la génesis del abuso sexual infantil. (Entrevista concedida al sitio web «Conclusión»)

Por Florencia Vizzi y Alejandra Ojeda Garnero

SemMéxico/Conclusión.com. Argentina. 05 de agosto 2019.- Rita Segato es doctora en Antropología e investigadora. Es, probablemente, una de las pensadoras feministas más lúcidas de esta época. Y tal vez de todas las épocas. Ha escrito innumerables trabajos a partir de su investigación con violadores en la penitenciaría de Brasilia, como perito antropológico y de género en el histórico juicio de Guatemala en el que se juzgó y condenó por primera vez a miembros del Ejército por los delitos de esclavitud sexual y doméstica contra mujeres mayas de la etnia q’eqchi, y fue convocada a Ciudad Juárez a exponer su interpretación en torno a los cientos de femicidios perpetrados en esa ciudad. Su currículum es largo e impresionante.

Más allá de todo prejuicio escandalizador, Segato ha propuesto una mirada profunda sobre la violencia letal sobre las mujeres, entendiendo a los femicidios como una problemática que trasciende a  los géneros para convertirse en un síntoma, o mejor dicho, en una expresión de una sociedad que necesita de una “pedagogía de la crueldad” para destruir y anular la compasión, la empatía, los vínculos y el arraigo local y comunitario. Es decir todos esos elementos que se convierten en obstáculo en un capitalismo “de rapiña”, que depende de esa pedagogía de la crueldad para aleccionar. Es, en ese sentido, que el ejercicio de la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, pero que también se extiende a crímenes homofóbicos o trans, todas esas violencias “no son otra cosa que el disciplinamiento que las fuerzas patriarcales imponen a todos los que habitamos ese margen de la política, de crímenes del patriarcado colonial moderno de alta intensidad, contra todo lo que lo desestabiliza” (*). En esos cuerpos se escribe el mensaje aleccionador que ese capitalismo patriarcal de alta intensidad necesita imponer a toda la sociedad.

No es tarea sencilla entrevistar a Rita, que es una especie de torbellino, capaz de enlazar con extrema claridad y sutileza los argumentos más complejos. Se toma su tiempo para responder, analiza cada pregunta, la desgrana, profundiza y vuelve a empezar con una vuelta de tuerca sobre cada concepto. Tiene su propio ritmo y seguirlo puede ser un desafío.

«Una de las dificultades, de las fallas del pensamiento feminista es creer que el problema de la violencia de género es un problema de los hombres y las mujeres»

—En el marco del alarmante crecimiento de los casos de violencia de género, ¿podría profundizar en el concepto que desarrolló de que la violencia letal sobre la mujer es un síntoma de la sociedad?

—Desigualdad de género, control sobre el cuerpo de la mujer, desde mi perspectiva, hay otras feministas que no coinciden, acompañan la historia de la humanidad. Sólo que, contrariamente a lo que pensamos y a eso que yo llamo prejuicio positivo con relación a la modernidad, imaginamos que la humanidad camina en la dirección contraria. Pero los datos no confirman eso, al contrario, van en aumento. Entonces tenemos que entender cuáles son las circunstancias contextuales e históricas. Una de las dificultades, de las fallas del pensamiento feminista es creer que el problema de la violencia de género es un problema de los hombres y las mujeres. Y en algunos casos, hasta de un hombre y una mujer. Y yo creo que es un síntoma de la historia, de las vicisitudes por la que pasa la sociedad. Y ahí pongo el tema de la precariedad de la vida. La vida se ha vuelto inmensamente precaria, y el hombre, que por su mandato de masculinidad, tiene la obligación de ser fuerte, de ser el potente, no puede más y tiene muchas dificultades para poder serlo. Y esas dificultades no tienen que ver como dicen por ahí, porque está afectado por el empoderamiento de las mujeres, que es un argumento que se viene utilizando mucho, que las mujeres se han empoderado y que los hombres se han debilitado por ello y por lo tanto reaccionan así… No. Lo que debilita a los hombres, lo que los precariza y los transforma en sujetos impotentes es la falta de empleo, la inseguridad en el empleo cuando lo tienen, la precariedad de todos los vínculos, el desarraigo de varias formas, el desarraigo de un medio comunitario, familiar, local… en fin, el mundo se mueve de una manera que no pueden controlar y los deja en una situación de precariedad, pero no como consecuencia del empoderamiento de las mujeres, sino como una consecuencia de la precarización de la vida, de la economía, de no poder educarse más, leer más, tener acceso a diversas formas de bienestar. Y eso también va en dirección de otra cosa que vengo afirmando: que hay formas de agresión entre varones que son también violencia de género.Yo afirmo que los varones son las primeras víctimas del mandato de masculinidad. Con esto no estoy queriendo decir que son víctimas de las mujeres, y quiero dejarlo bien en claro porque se me ha entendido de una manera equivocada muchas veces. Estoy diciendo que son víctimas de un mandato de masculinidad y una estructura jerárquica como es la estructura de la masculinidad. Son víctimas de otros hombres, no de las mujeres. Y esto también quiero dejarlo en claro, no es que el hombre se volvió impotente porque las mujeres se potencian, sino que se volvió impotente porque la vida se volvió precaria y los deja impotentes.

«Hay formas de agresión entre varones que son también violencia de género. Yo afirmo que los varones son las primeras víctimas del mandato de masculinidad»  (Rita Segato).

—Muchas mujeres reciben esta violencia como algo normal. ¿Por qué?

—Por eso, sobre todo en España, al principio, cuando en las primeras campañas por los derechos de la mujer empezaron a aparecer estas mujeres golpeadas en la televisión, fue muy fuerte y causó mucho impacto. Plantear que la violencia doméstica es un crimen creo que fue el mayor avance de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), es decir, que algo que es una costumbre puede ser un crimen. Es dificilísimo sobre todo en el campo del derecho dar ese paso, porque el derecho es como la santificación de todo lo que es la costumbre como ley. Pero la Cedaw dice: esta costumbre es un crimen, no puede ser transformada en ley. En ese caso de la violencia doméstica, de las violaciones domésticas se ha marchado en el camino de comprender que es un crimen. Ahora, lo que nos da a nosotros una pauta, una luz para entender mejor todo ese tema, es que cuando hay un óbito, cuando aparece un cuerpo, un asesinato de mujer nunca fue natural, ni antes ni ahora ni nunca. Y ahí vemos que hay una dificultad del derecho y del Estado en ganar terreno en este campo. Porque, sin ninguna duda, están en aumentando cada vez los feminicidios, ese verdadero genocidio de mujeres que estamos viviendo, de varias formas. Y eso lo sabemos porque ya hay más de 10 años de estadísticas en la mayor parte de los países.  Y además el avance en lo legal y lo forense respalda esta afirmación.

«La mayor cantidad de violaciones y de agresiones sexuales a mujeres no son hechas por psicópatas, sino por personas que están en una sociedad que practica la agresión de género de mil formas pero que no podrán nunca ser tipificadas como crímenes»  (Rita Segato).

—Usted plantea que la violación es un acto disciplinador, un crimen de poder. ¿Qué se juega el agresor sexual en esos casos?

—Bueno, ese concepto es de altísima complejidad. Le cuesta mucho a la sociedad comprender a qué apunto. Mucha gente de bien, muy moral, saltó contra esto e intenta rápidamente diferenciarse de ese sujeto que considera anómalo, criminal, inmoral, en fin todo lo malo que se deposita en ese sujeto, en ese chivo expiatorio que es el agresor… y los otros hombres se salvan y dicen yo no soy eso. Yo eso lo pongo bajo un signo de interrogación. Yo creo que aquel último gesto que es un crimen, es producto de una cantidad de gestos menores que están en la vida cotidiana y que no son crímenes, pero son agresiones también. Y que hacen un caldo de cultivo para causar este último grado de agresión que sí está tipificado como crimen… pero que jamás se sucedería si la sociedad no fuera como es. Se sucedería en un psicópata, pero la mayor cantidad de violaciones y de agresiones sexuales a mujeres no son hechas por psicópatas, sino por personas que están en una sociedad que practica la agresión de género de mil formas pero que no podrán nunca ser tipificadas como crímenes. Por eso mi argumento no es un argumento antipunitivista de la forma clásica, en el sentido de que no se debe punir o sentenciar. Sí tiene que haber leyes y sentencias que sólo algunas veces llegan a materializarse. Pero en nuestros países sobre todo, en el mundo entero, pero especialmente en América Latina, de todos los ataques contra la vida, no solamente los de género sino de todos en general, los que llegan a una sentencia son una proporción mínima.  La eficacia material del derecho es ficcional, es un sistema de creencias, creemos que el derecho lleva a una condena. Pero claro que tiene que existir, el derecho, todo el sistema legal, el justo proceso y la punición. Lo que yo digo es que la punición, la sentencia no va a resolver el problema, porque el problema se resuelve allá abajo, donde está la gran cantidad de agresiones que no son crímenes, pero que van formando la normalidad de la agresión. Ninguno tomaría ese camino si no existiera ese caldo de cultivo.

—¿Y por qué algunos hombres toman ese camino y otros no? Porque si es un problema social ¿no afectaría a todos por igual?

—Y bueno, porque somos todos diferentes… yo no te puedo responder eso. Lo que sí te puedo asegurar es que los índices serían muchos menores si atacáramos la base, o sea, el hábito, las prácticas habituales. Tampoco hablo de una cultura de la violación, porque se habla mucho de eso, sobre todo en Brasil. Se habla mucho de una cultura violadora. Está bien, pero cuidado con la culturalización, porque el culturalismo, en el abordaje de estos temas, le da un marco de «normalidad», de costumbre. Como se hace con el racismo por ejemplo… es una costumbre. Yo tengo mucho miedo a esas palabras que terminan normalizando estas cuestiones.

«La punición, la sentencia, no va a resolver el problema, porque el problema se resuelve allá abajo, donde está la gran cantidad de agresiones que no son crímenes» (Rita Segato).

—En relación a este tema, sobre que la violación es un crimen de poder, disciplinador, eso ¿se juega de la misma manera en el caso de los abusos de menores? Ya que generalmente los niños son abusados en su mayoría en las relaciones intrafamiliares o por integrantes de sus círculos cercanos, ¿se puede hacer una misma lectura o es distinto el análisis?

—Yo creo que es un análisis distinto, porque ahí si entra la libido de una forma en que yo no creo que entra en las violaciones de mujeres. Yo no he investigado mucho ese tema, lo que sí puedo decir al respecto es que el agresor, el violador, el asediador en la casa lo hace porque puede. Porque también existe una idea de la paternidad que proviene de una genealogía muy antigua, que es el pater familias, como es en el Derecho Romano, que no era como lo concebimos hoy, como un padre, una relación parental. Sino que el padre era el propietario de la mujer, de los hijos y de los esclavos, todos en el mismo nivel. Entonces eso que ya no es más así, pero que en la genealogía de la familia, como la entendemos, persiste… la familia occidental, no la familia indígena. Pero sí la familia occidental, que tiene por debajo en sus orígenes la idea de la dueñidad del padre. Entonces, eso aun está muy patente. Tengo estudiantes que han trabajado este tema. Por ejemplo, el caso de un pastor evangélico que violaba a todas sus hijas, y lo que sale de ese estudio es que el hombre, en su interpretación, era dueño de esos cuerpos. Eso es algo que no está más en la ley, pero sí en la costumbre. Y el violador también es alguien que tiene que mostrarse dueño, en control de los cuerpos. Entonces el violador doméstico es alguien que accede a esos cuerpos porque considera que le pertenecen. Y el violador de calle es alguien que tiene que demostrar a sus pares, a los otros, a sus compinches, que es capaz. Son variantes de lo mismo, que es la posesión masculina como dueña, como necesariamente potente, como dueño de la vida.

—En su experiencia, ¿el violador se puede recuperar de alguna forma, con la cárcel o con algún tratamiento?

—Nunca vi un trabajo de reflexión, no lo podemos saber porque el trabajo que debemos hacer en la sociedad que es primero entender y luego reflexionar nunca fue hecho. Sólo después de hacer el trabajo que está pendiente todavía de hacer en el sistema penitenciario, podemos llegar a ese punto. No hay elementos suficientes. No estoy hablando de psicópatas. Porque, a diferencia de lo que dicen los diarios, la mayor parte de las agresiones sexuales no son perpetradas por psicópatas.Los mayores perpetradores son sujetos ansiosos por demostrar que son hombres. Si no se comprende qué papel tiene la violación y la masacre de mujeres en el mundo actual, no vamos a encontrar soluciones.

Quedan pendientes tantos temas… hablar, por ejemplo, sobre el papel de los medios que, según sus propias palabras, colaboran con exhibir públicamente la agresión a las mujeres hasta el hartazgo, haciendo de la victimización de las mujeres un espectáculo de fin de tarde o después de misa, reproduciendo hasta el hartazgo los detalles más morbosos y funcionando así como el «brazo ideológico de la estrategia de la crueldad»….  Esos y tantos otros. Será en otra oportunidad. La estaremos esperando.

(Retomada de https://www.conclusion.com.ar )

«Pensé que de nada valían mis desveladas y todo el estudio porque al final del día nadie me contrataría por mi discapacidad».

Estefanía Vela

SemMéxico/VICE. Ciudad de México. 05 de agosto 2019.- En julio de 2007, Mariana Díaz acababa de terminar el sexto semestre de la carrera de derecho. Uno de sus propósitos para el verano era buscar trabajo, por lo que decidió comenzar con la bolsa de su universidad —una privada, en la Ciudad de México—. Encontró una opción que llamó la atención: una pasantía en el área legal de una empresa privada. Repasó cada uno de los requisitos con los que tenía que cumplir para solicitar hasta que se topó con uno que de plano la excluía: la vacante no contemplaba la contratación de personas con discapacidad.

El anuncio de trabajo era como muchos otros que, hasta la fecha, persisten en el país: contenía criterios abiertamente discriminatorios. Algo que, según la Constitución y distintos tratados internacionales, es violatorio del derecho a la no discriminación en el empleo que tienen todas las personas en el país.

En aquél entonces sólo existía una institución que explícitamente permitía demandar a las empresas privadas por este tipo de anuncios: el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El problema con el CONAPRED, en ese entonces, era doble: primero, las empresas privadas podían rechazar su autoridad y, segundo, incluso si aceptaban someterse al procedimiento, la “sanción” que se les podía imponer era risible. En el mejor escenario, tendrían que disculparse y tomar unos “cursos de sensibilización”.

Mariana, junto con su abogado, idearon otra alternativa: utilizar la vieja figura del “daño moral” para combatir esta discriminación a través la vía civil. La ventaja de este mecanismo es que permite sancionar a los centros de trabajo por sumas millonarias (como ocurre en EU, por ejemplo). La lógica detrás de esto es que los castigos económicos funcionen como incentivos para cambiar las dinámicas laborales discriminatorias.

Interpusieron la demanda en 2009. En el 2014 —viva la justicia en este país—, el caso llegó hasta la Suprema Corte (es el Amparo Directo en Revisión 1387/2012). Era la primera vez que esta institución se pronunciaba sobre la discriminación en el empleo y la posibilidad de combatirla civilmente. En un fallo histórico, le dio la razón a Mariana en todo. Sí: las empresas —y no sólo el Estado— tenían prohibido discriminar en el empleo. Sí: eso significa, entre otras cosas, que no pueden publicar anuncios discriminatorios. Ni por discapacidad, ni por ninguna otra razón similar (la edad, el sexo, la orientación sexual, entre otras cosas). Sí: estas empresas pueden ser demandadas civilmente. Y sí: eso implica que se les puede llegar a imponer una sanción pecuniaria si discriminan.

Gracias a Mariana, en otras palabras, hoy contamos no sólo con el CONAPRED y la Ley Federal del Trabajo —que se reformó en el 2012— para combatir la discriminación en el empleo, sino también la vía civil.

Una de las cosas que más me impresiona de la desigualdad y la injusticia es cómo están, muchas veces, tan normalizadas que hasta las dejamos de ver. La otra es que, cuando sí las vemos, nos acompaña un sentimiento de futilidad. Esta idea de que no hay nada que se pueda hacer porque las cosas simplemente «así son». Mariana se enfrentó a estas injusticias cotidianas y decidió denunciar ante el aparato judicial. Más aún: utilizó un recurso que, hasta donde sé, jamás había sido utilizado para combatir la discriminación: el juicio por daño moral que permite —en teoría— demandar a las empresas económicamente.

Platiqué con ella sobre la importancia del caso.

VICE: ¿Cómo fue para ti el proceso de denunciar esta injusticia? ¿Qué te hizo decidir apostarle a esta vía? ¿Qué te permitió “aguantar vara” durante los más de siete años que tardó tu caso en llegar hasta la Suprema Corte?

Mariana Díaz: Creo que precisamente fue el coraje, la frustración y la tristeza de ver que en las ofertas de trabajo “no contemplaban personas con discapacidad” por lo que decidí no quedarme con los brazos cruzados.

Recuerdo que la primera vez que vi el anuncio me sentí muy triste y pensé que de nada valían mis desveladas y todo el estudio porque al final del día nadie me contrataría precisamente por la discapacidad. Me dio mucho miedo no encontrar trabajo. Unos días después, lo platiqué con una maestra, que ahora es una gran amiga, y ella me hizo ver que si yo que estudiaba derecho y que tenía herramientas con las que sabía que se podía combatir la discriminación no las utilizaba, difícilmente alguien más lo haría.

Así que, primero metí una queja ante la CONAPRED; pero como las resoluciones de ese organismo no eran obligatorias, decidí, junto con mi abogado, que lo mejor sería llevar el asunto ante tribunales para que en caso de ganar se pudiera obligar jurídicamente a la empresa a pagar (porque es una manera de desincentivar a la empresa de realizar otros actos discriminatorios). Mi intención, además, era crear un precedente, poner un granito de arena para generar herramientas que ayudaran a impedir que lo que viví se repita en otros casos.

Como abogada sabía que con el precedente las personas que se enfrentaran a una situación similar no tendrían que esperar años para que se reconociera que fueron víctimas de un acto discriminatorio, pues haciendo referencia a mi caso podrían demostrar que la Suprema Corte ya ha reconocido que cualquier empresa o persona puede ser responsable en este tipo de actos. En concreto: que las ofertas de trabajo no pueden ser discriminatorias, que su mera publicación genera un daño y que, por lo tanto, no es necesario que una persona se presente físicamente a solicitar el empleo, pues obligarla a ello generaría una revictimización, ya que desde un inicio se le impide participar en el proceso de selección en igualdad de condiciones con los demás aspirantes para demostrar si cuentan o no con los conocimientos requeridos, debiendo ser este último aspecto el determinante para su contratación y no lo relativo a la discapacidad.

Tu denuncia, desde mi perspectiva, es importante al menos por dos razones. Por una parte, pone el foco en lo discriminatorio que es el trabajo y cómo esta discriminación se manifiesta en pequeñeces como los anuncios de trabajo. Pero, por otra, pone el foco en la discriminación específica que viven las personas con discapacidad. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, la tasa de participación económica de la población con discapacidad es del 29.9 por ciento, número considerablemente bajo si se compara con el de las personas sin discapacidad, que es del 53.7 por ciento. Queda claro que existe una exclusión laboral que no se explica simplemente con la existencia de anuncios discriminatorios. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que ocurre esta exclusión del trabajo a las que deberíamos prestarle atención?

Tienes toda la razón, la discriminación en el empleo de las personas con discapacidad es un problema grave en nuestro país que, en primer lugar, se vincula con las barreras para hacer efectivo el derecho a la educación. Las personas con discapacidad no tienen el derecho a la educación garantizado plenamente; algo que afecta después las posibilidades que tienen de acceder a un trabajo.

Ya en el trabajo, la discriminación se puede manifestar de múltiples maneras. Por ejemplo, durante el periodo de contratación cuando en la selección existen estereotipos basados en la discapacidad o cuando durante la selección no se realizan los ajustes razonables necesarios que permitan a todos los aspirantes competir en igualdad de condiciones para obtener un puesto. El ejemplo más obvio son las oficinas que no permiten el paso de una persona en silla de ruedas. ¿Cómo va a poder trabajar ahí si ni siquiera puede ingresar al lugar?

Durante la relación laboral, la discriminación puede ocurrir también cuando no se hacen los ajustes razonables para que la persona pueda hacer el trabajo o cuando se le asignan labores estereotipadas. Por ejemplo: para algunas personas que están en el espectro autista, ajustar la luz o el volumen puede ser importante.

En la conclusión de la relación laboral, cuando por ejemplo se despide a una persona que por un accidente de trabajo se enfrenta a una situación de discapacidad o alguien que es despedido por tener un familiar con discapacidad.

Relacionado con lo anterior: México ratificó la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. Uno de los puntos más importantes de este tratado internacional es que nos obliga entender la discapacidad desde el “modelo social” y no, por ejemplo, desde una perspectiva “médica”. ¿Qué quiere decir esto?

Este es un punto muy importante. Históricamente se ha entendido la discapacidad desde el modelo médico, lo que implica conceptualizarla como un “problema”, como sinónimo de “enfermedad”. Este modelo se enfoca en las “deficiencias”, su objetivo central es tratar de “normalizar” a la persona para incluirla en la sociedad, teniendo un corte de carácter asistencial, en donde las personas con discapacidad ocupan el papel de víctimas.

El modelo social, por su parte, plantea que las causas que originan la discapacidad son principalmente sociales, lo cual significa que la discapacidad no radica en las condiciones particulares del individuo, sino en que la sociedad no prevé los servicios adecuados ni toma en cuenta la diversidad de la población. Esto implica, por un lado, que no son las personas con discapacidad las que deben adaptarse a su entorno, sino, por el contrario, es la sociedad quien debe acomodar sus estructuras y eliminar las barreras que limitan su inclusión. Otra consecuencia de este modelo es que, al existir una igualdad en cuanto a la dignidad de refiere, las personas con discapacidad no pueden ser tratadas como un mero objeto asistencial, sino que deben ser vistas como sujetos de derechos y obligaciones.

A diez años de tu denuncia, decidiste fundar, junto con Alejandra Núñez, la organización Transversal. Ustedes trabajan utilizando un enfoque interseccional, lo que incluye, por supuesto, el análisis de género. ¿Por qué es importante hacer este cruce?

Ale Donají y yo estamos convencidas que la situación a la que se enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad tiene características específicas que no vive un hombre con discapacidad o una mujer sin discapacidad. El ejemplo más obvio de esto son las prácticas de esterilización forzadas que seguimos viendo en el país (y otras partes del mundo) de mujeres con discapacidad, algo que no se ve con tanta frecuencia en los hombres con discapacidad, ni en las mujeres sin discapacidad. Esta violación a sus derechos reproductivos no puede explicarse solo viendo a la discapacidad, sino que es también necesario ver el género. Por esto consideramos indispensable trabajar en hacer visible la situación específica de las mujeres con discapacidad, realizar estudios sobre el tema y proponer soluciones integrales que, entre otros aspectos contemplen el diseño de leyes y políticas públicas que de manera conjunta y transversal aborden tanto la perspectiva de discapacidad como la de género.

Ya empezó el proceso electoral en el país, en el que se van a disputar más de dos mil cargos públicos. Para ti, ¿qué se les debería exigir a los partidos políticos y a los y las candidatas en esta materia? ¿Cuáles son los issues más importantes a los que tendríamos que poner atención?

Sería interesante revisar si las plataformas electorales contemplan o no el tema de los derechos de las personas con discapacidad y, sobre todo, verificar con qué enfoque lo abordan, pues, generalmente, si se llega a tocar el tema en las campañas se hace desde una perspectiva asistencialista que en nada ayuda para hacer efectivos los derechos.

Al respecto, sería recomendable tener ojo crítico en relación con las posibles propuestas y verificar si se cuenta con planteamientos que desde el modelo social propongan soluciones en accesibilidad urbanística, educación, trabajo, vida independiente, entre otros temas, tomando en cuenta la perspectiva de género.

SEM/VICE

Embarazo infantil, derechos humanos, educación y TIC, algunos de los temas que se destacaron.

Edith Chávez, Zul García y Brend Sánchez

SemMéxico/MujeresNet. Ciudad de México. 05 de agosto 2019.-  En el Museo de la Mujer se llevó a cabo la conmemoración del centenario de Graduate Women International (GWI) en México, con la mesa de discusión “100 años de empoderamiento de niñas y mujeres: retos y perspectivas”, en la que participaron la coordinadora de esta organización, la maestra Guadalupe A. Valdés Osorio, e invitadas especiales de la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU).

La maestra Glenda Hecksher Ramsden, vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la FEMU y artista plástica, planteó el contexto histórico y evolución de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias (IFUW por sus siglas en inglés), fundada por Virginia Gildersleeve, Caroline Spurgeon y Rose Sidgwick en Londres en 1919, cambiando su nombre en 2015 a Graduate Women International (GWI).

En su turno, la maestra Gabriela del Valle, vicepresidenta de Asuntos Nacionales de la FEMU, destacó temas acerca del desarrollo y progreso de los derechos humanos por cada zona del país. “Aquí no hay que hablar sobre equidad sino igualdad de género”, afirmó.

La doctora Ydalia Pérez-Fernández Ceja, vocal internacional de la FEMU, hizo hincapié en los casos de embarazos en menores de edad en nuestro país: “México es el primer lugar con casos de embarazo de niñas entre 9 y 12 años por abuso sexual”.

 “El feminismo es el gran paradigma de nuestro tiempo”: Gloria Ramírez

Posteriormente la doctora Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de la UNAM e integrante de la FEMU, habló de la reforma sobre la paridad y se pronunció a favor de la vinculación de la educación con el feminismo. “El feminismo es el gran paradigma de nuestro tiempo”, afirmó.

Finalmente, la maestra Nayana María Guerrero Ramírez, colaboradora de la FEMU, aportó datos estadísticos sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre hombres y mujeres, haciendo énfasis en los servicios financieros móviles ya que a nivel mundial solo 1.1% de usuarios de este servicio son mujeres. Dijo que es necesario impulsar a mujeres y niñas en el ámbito de las ciencias y la investigación, ya que “información es poder hoy en día”.

La Federación Mexicana de Universitarias (FEMU) es una organización nacional de académicas perteneciente a la GWI (antes IFUW), que trabaja en pro del desarrollo de las mujeres como elemento fundamental para lograr el desarrollo integral de los pueblos, organizando actividades docentes, de investigación y de difusión de la cultura a través de cursos, publicaciones, realización de congresos internacionales y nacionales, seminarios y programas en los medios masivos de comunicación.