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Aspirantes: mexicanas que hayan incidido y destacado en la lucha de las mujeres del país.

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 7 febrero 2019.- La Cámara de Diputados convocó a postular a las candidatas con mérito suficiente para recibir la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”.

En la Universidad del Claustro de Sor Juana se dio a conocer la convocatoria que está dirigida a los Poderes de la Nación, organismos autónomos, entidades federativas, universidades nacionales públicas y privadas, asociaciones civiles, técnicas, científicas, culturales e instituciones representativas de la sociedad.

La convocatoria que emitió la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el 26 de septiembre de 2018, para el proceso de presentación de aspirantes a la presea, que por primera vez será entregada durante la LXIV Legislatura.

La diputada Sara Rocha Medina (PRI), secretaria de la Mesa Directiva, destacó que la medalla se otorgará anualmente a mexicanas que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica de las mujeres del país.

Las propuestas deberán presentarse por escrito y acompañadas de todos los documentos -físicos y en formato electrónico- que brinden datos generales de la candidata y la institución que la promueve.

También, en un breve texto, se deberán exponer los motivos por los cuales se impulsa su candidatura, informó.

La recepción de los documentos inició en enero y concluirá en febrero. Al respecto, la legisladora destacó que ya se entregaron varias propuestas.

Indicó que una vez que la Mesa Directiva reúna y valide los expedientes los enviará a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, a efecto de dictaminar y seleccionar a la ganadora.

La determinación de quien recibirá la medalla será mediante acuerdos que tome la Cámara de Diputados, en atención al dictamen que presentará la mencionada instancia legislativa, con la opinión de la Comisión de Igualdad de Género, agregó.

Rocha Medina informó que el galardón será entregado en sesión solemne de la Cámara de Diputados, durante la primera semana del mes de marzo de cada año, de la legislatura que corresponda, en la fecha que acuerden los órganos de gobierno.

Asimismo, agregó que las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en la página oficial de la Cámara de Diputados, así como el decreto de la creación de la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” y el respectivo reglamento.

Al acto asistió la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Carmen Beatriz López-Portillo Romano, quien en su oportunidad subrayó la importancia de esta presea. Destacó que pocos personajes de la historia asumieron su vocación como lo hizo Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz.

Por eso, enfatizó, “vale la pena hablar de ella”, hay varias constantes que atraviesan su vida y obra, como “el amor a la libertad y al saber. El pensamiento de Sor Juana se sustenta en la gratuidad del amor que posibilita el saber y la vida, la relación que nos trasciende con el otro y con nosotros mismos”.

SEM/lv/sj

Crean la Subcomisión de Presupuesto que deberá vigilar su aplicación

Redacción

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 7 febrero 2019.- El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el Anexo 13 quedó en 64 mil 656 millones 150 mil 813 pesos, lo cual representa 34.9 por ciento más que el año anterior; sin embargo, el 63.43 por ciento de este monto corresponde a programas universales; es decir, a becas para estudiantes del nivel medio superior, los Jóvenes Construyendo el Futuro y pensiones para el bienestar de personas adultas.

Así lo dio a conocer la diputada del PAN, Verónica María Sobrado Rodríguez, encargada de la Subcomisión de Presupuesto, parte de la agenda de género aprobada en la Comisión de Igualdad de Género para el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Sobrado Rodríguez subrayó que en este periodo fiscal desaparecieron 14 programas y se crearon nueve. Ante este panorama, sostuvo que el próximo mes se realizará una reunión con diversas dependencias para analizar las reglas de operación de los programas y, posteriormente, expliquen la ejecución de gasto de este anexo.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, dijo que se busca realizar una mesa permanente para vigilar la rendición de cuentas en la ejecución de los recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres, así como preparar los indicadores que permitan generar un presupuesto eficiente para el 2020.

Durante la reunión, la diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) propuso que se pida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el presupuesto desagregado del Anexo 13.

La legisladora priista, Ximena Puente De La Mora consideró que la creación de la subcomisión permitirá tener una planeación correcta de los recursos para el siguiente año y que se logre incidir en los temas estratégicos para las mujeres.

La diputada panista, María Liduvina Sandoval Mendoza, expreso que un programa que debe ser vigilado con detenimiento es el de las estancias infantiles, toda vez que existe una desinformación de cómo operan sus presupuestos.

En este sentido, la presidenta Briceño Zuloaga informó que se realizará un exhorto a las dependencias encargadas de operar las estancias infantiles con el propósito de realizar una mesa de trabajo.

En la reunión también se llevó a cabo la presentación del Programa de Capacitación y Especialización de la Unidad de Género de la Cámara de Diputados, a cargo su titular, Beatriz Santamaría Monjaraz.

La funcionaria puntualizó que esta unidad impartirá cursos de capacitación en materia de los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación en el ámbito parlamentario.

“El propósito es otorgar formación sobre el tema a los equipos de asesores de las y los diputados que forman parte del sistema parlamentario; para ello, se realizó un calendario de actividades en los meses de febrero, marzo y abril, donde se dotará de herramientas a los equipos de asesoría que acompañan las agendas de los diversos grupos parlamentarios”.

Santamaría Monjaraz dijo que este programa también estará dirigido a las unidades administrativas del sistema parlamentario, con el objetivo de promover el lenguaje incluyente, comunicación con perspectiva de género, pero con especial énfasis en la prevención de la violencia contra las mujeres.

La diputada perredista, Guadalupe Almaguer Pardo solicitó que en el próximo programa de capacitación se incluya a los medios de comunicación, a fin de que hagan periodismo con perspectiva de género y lenguaje incluyente.

Al respecto, la titular dijo que ya está considerado un curso de comunicación con perspectiva de género, discurso incluyente, no sexista y discriminatorio en la práctica parlamentaria.

Morena le suspendió sus derechos políticos.

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 7 febrero 2019.- Por las acusaciones en su contra por hostigamiento, abuso sexual y violencia política, diputadas federales y militantes de Morena pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que destituya al superdelegado de San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza.

En conferencia de prensa las legisladoras de Morena, Lorena Villavicencio, María Luisa Veloz y Rocío del Pilar Villaruz recordaron que Morales Mendoza, incluso, fue suspendido de sus derechos políticos partidarios, por actos de violencia política en contra de Martha Lisset García, integrante de ese partido político.

De acuerdo con Varguardia, el 6 de septiembre de 2018, Martha Lisset García García interpuso una queja contra Gabino Morales, por usar “lenguaje sexista y machista en su contra”, y la falta de formalidad en la comunicación de la destitución de la actora como enlace Federal del VI Distrito en San Luis Potosí, “sin motivo alguno”, de acuerdo con la resolución del expediente CNHJ-SLP-737/18, investigado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.

La denunciante también señaló a Morales Mendoza –quien entró en funciones el pasado 1 de diciembre- como responsable de su “destitución como Representante Propietaria del partido ante el Instituto Nacional Electoral”, y que el acusado, “aprovechándose de su postura de autoridad y jerarquía frente a que es mujer y su subordinada, ha tomado una serie de decisiones que han lacerado fuertemente su persona y su participación”, añade el diario electrónico en el que se explica la decisión de las diputadas federales que hoy pidieron a López Obrador su destitución.

El otro hecho que llevó a las legisladoras a solicitar la destitución de Morales Mendoza es la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por hostigamiento, amenazas.

Al delegado de gobierno de López Obrador en San Luis Potosí, en enero pasado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) resolvió en su contra. Además de conocer sus actos de reincidencia, se le suspendieron sus derechos políticos por seis meses y tendrá que acudir de forma obligatoria a talleres y cursos, sobre violencia política de género y violencia contra la mujer para evitar otro acto similar, dice Vanguardia.

De acuerdo con reportes del diario Reforma, en septiembre de 2018 diputados locales de San Luis Potosí de Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social presentaron una queja ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) morenista por presuntas intromisiones de Morales en acuerdos legislativos.

Pedro Carrizales, conocido como El Mijis, dijo que en ese entonces Morales Mendoza intentó imponer como coordinadora de Morena a la diputada del Partido del Trabajo Paola Arreola, cuando internamente se decidió designar en el cargo a Edson de Jesús Quintanar.

Ambos hechos quedaron registrados en los expedientes CNHJ San Luis Potosí 626-18, con fecha del 10 de diciembre de 2018, y del expediente CNHJ San Luis Potosí 737-18, fechado el 25 de enero, asuntos que fueron turnados a las instancias internas de Morena y que arrojaron como sanción la suspensión de sus derechos partidarios por seis meses. 

Coordenada

• El año pasado fueron asesinadas 198 mujeres. Cifra récord nunca antes vista.

La violencia feminicida en México y en Jalisco

Lupita Ramos

SemMéxico. 07 de febrero 2019.- Esta semana, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), presentó públicamente el informe: “Violencia feminicida en México: ni un paso atrás”. Omisiones, retrocesos y desafíos de las autoridades a nivel nacional.

El feminicidio, es un crimen que ha dejado desolación, tristeza, dolor, hogares vacíos, madres, padres, hijas e hijos en desamparo. La violencia que rompe la vida de las mujeres, sus familias y el tejido social, se plasma no sólo en el feminicidio, sino en la desaparición de mujeres y niñas, en las agresiones sexuales y en la tortura que muchas veces culmina en feminicidio de mujeres de todas las edades. Señala el Observatorio que a casi cuatro años de la primera Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, declarada en el Estado de México en 2015, ahora se cuenta con18 Alertas de Violencia declaradas en 17 estados del país.

Desde hace varios años, vivimos un contexto en el que las autoridades en México han demostrado su negligencia, falta de voluntad política e incapacidad gubernamental para emprender acciones contundentes, imperando un clima de permisibilidad a la violencia feminicida en el territorio nacional. Actualmente 56% del territorio se encuentra en Alerta de Violencia de Género. Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Estado de México, Campeche, Chiapas, Veracruz (2 Alertas), Oaxaca, Guerrero, Colima, Morelos, Michoacán, Jalisco (dos alertas, una local y una federal), Nayarit. Sin embargo, lo que han hecho las autoridades estatales es invisibilizar y reducir el feminicidio al ámbito familiar, a tal grado que del 24% de los asesinatos de mujeres que se reconoce como feminicidio, la mayoría la ubican en el ámbito familiar, dejando en la impunidad y no investigando los que se cometen en el ámbito comunitario, en donde en muchos casos son cometidos por diversas estructuras criminales.

El 70% de los feminicidas se mantiene en el status de desconocidos, ubicando solo al 30% de los agresores como personas conocidas de las víctimas, tales como sus parejas, familiares cercanos, etc. lo que refleja un evidente contexto criminal. Jalisco se encuentra en Alerta de violencia contra las Mujeres (Estatal), desde hace dos años y en Alerta de Violencia de Género (Federal), desde noviembre de 2018.

El año pasado fueron asesinadas 198 mujeres. Cifra récord nunca antes vista.

Jalisco registra en los primeros 35 días del 2019 un total de 26 homicidios dolosos contra mujeres, 15 mujeres en los últimos 10 días de los cuales solo 4 se han consignado como feminicidio. La desaparición de niñas y mujeres sigue a la alza (en una semana desaparecieron 7). En este contexto, el gobernador decide desaparecer al IJM Instituto Jalisciense de las Mujeres. En Jalisco, Vivimos en un Estado feminicida que no solo desaparece el órgano rector de la política pública para las Mujeres, sino que no busca a los feminicidas ni a las mujeres desaparecidas. ¿Y la Alerta? Que alguien le avise al gobernador que tiene 5 meses para cumplimentar las medidas que le señalaron la CONAVIM y Secretaría de Gobernación al Estado de Jalisco al decretar la Alerta de Violencia de Género para Jalisco en noviembre pasado. (Por cierto, ya solo le quedan 2 meses).

lupitaramosponce@gmail.com

@lupitaramosponce

Entresemana

• El recorte presupuestal a estancias infantiles, de pena ajena.

¿Con los niños no?

Moisés Sánchez

SemMéxico. 07 de febrero 2019.- Diputados federales que, en la discusión del gasto público de 2019, en diciembre del año pasado decidieron de un plumazo recortar 50 por ciento la asignación presupuestal en perjuicio de alrededor de 350 mil infantes no mayores de cuatro años en las estancias infantiles, escondieron la mano y, otros, sin rubor  asumieron la postura de la descalificación y el argumento cínico de acusar sin pruebas, en la praxis de la inmoral postura de difama que algo queda.

Le invito a leer tres párrafos que evidencian la mea culpa de estos diputados federales a los que no quedó otra salida que aprobar un exhorto en busca de expiar culpas y asumirse sensibles, humanos finalmente frente a un despropósito cargado de rencores y cobros de facturas en un programa que tiene mucho de social y poco de partidista, el de las estancias infantiles.

Porque, estará usted de acuerdo, los niños y las madres solteras, mujeres que deben trabajar para mantener a sus hijos no saben de esos asuntos ni entienden por qué el presidente López Obrador antes de analizar los pormenores del denunciado recorte presupuestal a más de nueve mil estancias infantiles en el país, encontró en una dama, en la senadora panista Josefina Vázquez Mota en quien cebar enconos y adjetivar corrupción.

La señora Beatriz Gutiérrez Müller acuñó esa frase: “Con los niños no”, en el momento en que ese espacio familiar, privado por supuesto, fue víctima del sacrilegio de bullying en la persona de su hijo Jesús. Y tiene razón en defender a su vástago, qué madre no lo haría. Pero, en esa tesitura vale preguntar por qué su esposo, el presidente Andrés Manuel no evitó un despropósito de su enarbolada 4T, cuando aceptó recortar más de 2 mil millones de pesos para esos niños que deben estar en las estancias porque sus madres deben ganarse el pan en trabajos que no les permiten cuidarlos.

¿Con los niños no? Bueno, le invito a leer el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en busca de enmendar la plana a integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside Alfonso Ramírez Cuéllar, legislador de la bancada de Morena. A saber.

 “Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretarías del Bienestar y de Hacienda y Crédito Público a fin que, en el ámbito de sus atribuciones, se garantice la operación y financiamiento integral de las estancias infantiles durante el ejercicio fiscal 2019 y sucesivos. Asimismo, converge en la pertinencia de hacer que los recursos públicos para el programa sean ejercidos de manera eficiente y eficaz, sin intermediarios y se eliminen los posibles espacios de corrupción.

 “Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones de Desarrollo Social, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Igualdad de Género, de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que convoquen a la brevedad a una reunión de trabajo a los servidores públicos responsables, a fin de analizar la situación presupuestal, los resultados a la Auditoría Superior de la Federación, así como las acciones del Poder Ejecutivo federal en torno al programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

 “Tercero.  La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social para que remita a esta soberanía, de manera integral, los resultados obtenidos por el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras desde el inicio de su implementación.

“Firma la Junta de Coordinación Política”.

Vamos por partes. ¿Por qué el presidente López Obrador aludió a la corrupción en el manejo de recursos para las estancias infantiles e incluso, sin que fuera el caso, refirió que la senadora Josefina Vázquez Mota manejó recursos públicos para migrantes, y prácticamente la acusó de corrupta y sostuvo que el PAN está atrás de este movimiento que demanda reasignar dos mil millones de pesos a las estancias infantiles en el país?

Pero, mire usted, sin duda el presidente López Obrador olvidó que el tema del manejo ilegal de recursos públicos para los llamados CENDIS, se ventiló en octubre de 2017 cuando un juez federal concedió a la PGR una orden de aprehensión contra la señora Guadalupe Rodríguez –esposa del dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya–, directora del Programa de los Cendis en el país bajo administración del PT especialmente en Nuevo León, acusada de integrar una red de lavado de dinero junto con al menos tres personas, entre estas el hermano de Anaya y dirigente del PT en Aguascalientes, que desvió 100 millones de pesos destinados a invertirse en guarderías, pero que terminaron en cuentas bancarias personales.

Bueno, la movilización de lunes y martes de esta semana, las protestas de trabajadoras de estancias infantiles y madres de niños beneficiarios de este sistema, lo mismo frente a Palacio Nacional que en la Cámara de Diputados, dio frutos.

Porque, decía, en la sesión plenaria de este miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados aprobaron el punto de acuerdo, propuesto por la Junta de Coordinación Política, en el que exhortan al presidente Andrés Manuel López Obrador a garantizar operación y financiamiento de las estancias. Simple y llanamente que les reasigne dos mil millones de pesos. Los legisladores, además, se pronunciaron por priorizar los mecanismos para transparentar el uso de recursos…

Hubo varias participaciones, todas en apoyo a esta demanda de restitución del presupuesto recortado, como la de la diputada de Movimiento Ciudadano, Geraldina Isabel Herrera, quien demandó que, si hay corrupción que se realice una auditoría al programa. Y al presidente López Obrador le pidió no olvidar que los beneficiarios son las niñas y los niños, no las estancias infantiles. Tenemos en México más de 315 mil niñas y niños beneficiados, con un futuro incierto.

¡Ah!, pero cuando habló el diputado petista José Luis Montalvo Luna, la bancada panista le exigió nombres de los corruptos y corruptores.

Y es que Montalvo se curó en salud y advirtió que, de nada serviría incrementar los recursos de las estancias infantiles “si no atacamos antes a estos grupos que han convertido a las estancias infantiles en un lucrativo negocio familiar. Los recursos no llegarán a quien más lo necesita, tal como ocurría en administraciones anteriores”.

Incluso la diputada priista Laura Barrera Fortoul en que no todo es corrupción y suplicó a Montalvo Luna y los morenistas que son reflejo burdo del yoísmo lopezobradoriano, que no le falten al respeto a todas estas mujeres que dan su vida todos los días.

Pero, quién o quiénes son responsables de este nuevo yerro producto de la inexperiencia y las prisas por quedar bien con el Jefe Máximo. La diputada Martha Angélica Tagle Martínez recordó que desde el 24 de diciembre (de 2018) en la madrugada, Movimiento Ciudadano presentó reservas al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Y cheque usted lo que denunció la legisladora:

 “Presentamos reservas porque no solamente se recortó en este ramo, el 20, en materia de Bienestar, las Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, porque no sé si tampoco se han dado cuenta, que también se recortó en el ramo 12 de Salud, cerca del 40 por ciento, por el mismo concepto de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras.

 “El pretexto de la corrupción lo sacaron después. Se hizo un recorte porque alguien dentro del gabinete consideró que no era importante dotar de recursos a las Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras”.

Y rubricó: “Cerrar las estancias infantiles implica dejar a madres que requieren esos espacios para poder ir a trabajar, sin contar con la garantía de que los niños y niñas queden en lugares seguros, donde se les garantice no solamente su seguridad, sino su desarrollo.

 “Por eso es que estamos haciendo un llamado para que el gobierno federal no cierre las estancias infantiles, no lo haga de manera indiscriminada y sin un diagnóstico, y que al mismo tiempo se trabaje en las reglas de operación de estas estancias infantiles para que operen de manera eficaz, ampliando la cobertura de estos espacios que se requieren”.

Presidente, pregunto: ¿Con los niños no? Es de pena ajena lo que don Carlos Urzúa, desde el Olimpo de la Secretaría de Hacienda recomienda: dar los recursos, en mano y en efectivo, a las abuelas para que cuiden a los nietos y sanseacabó la corrupción en las estancias infantiles. Paráfrasis de Yomero: ¡N´hombre! ¡Unos genios! Se crean el problema y luego la solución. Me canso ganso. Conste.

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Las integrantes de este órgano ciudadano explicarán cómo hicieron la selección.

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 7 febrero 2019.- Las Consejeras consultivas y sociales del Instituto Nacional de las Mujeres, desecharon al menos a 20 aspirantes a ocupar la presidencia de ese instituto y se espera que este 8 de febrero entreguen su propuesta de terna que habrá de discutirse en la sesión de la Junta de Gobierno que se programa para antes del 15 de febrero.

De acuerdo con su convocatoria, transparente y democrática, debían entrevistar a todas las aspirantes este día. Sin embargo, ya lo informarán, solamente entrevistaron a seis de las 29 aspirantes, que según feministas y mujeres de Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León y Ciudad de México enviaron sus documentos y sus cartas de intención.

La información disponible a la que SemMéxico tuvo acceso es que en todo este día sólo entrevistaron a la doctora Patricia Olamendi Torres, consultora internacional; Anabel López, de Oaxaca; Carol Arriaga, dirigente femenil de Morena; a la economista Magdalena García Hernández, recién consultora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México; a la doctora y ex diputada jalisciense, Candelaria Ochoa Ávalos; a la médica internacionalista  Nadine Gasman, y a Jaqueline L’Hoiste, ex responsable  del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) .

Esta última no conocida en los ambientes feministas y activistas del país, articulista y consejera de diarios como Reforma, se sabe que desde 1994 su  trabajo es como defensora y especialista en derechos humanos en la Ciudad de México. Acompaña la agenda de derechos humanos y no discriminación, ha escrito artículos y coordinado investigaciones. Panelista en temas de derechos humanos, políticas públicas y no discriminación.

Dice su biografía pública que obtuvo el Premio de Derechos Humanos René Cassín en 2014. Participó en la 29° Conferencia Internacional para Mujeres Líderes 2015. Fue consejera de las secciones Justicia y Ciudad del periódico Reforma. Actualmente integrante de número de la Legión de Honor, Consejera Académica de la Universidad Insurgentes y profesora de ética en la Universidad Latinoamericana.

Es licenciada en Seguridad Pública por la UNADM y cuenta con diversas especialidades en Derechos Humanos y en Teología de la Liberación. También se especializó en recaudación de fondos por la “Indiana University Center on Philanthropy”.

Su trabajo está centrado  en la Ciudad de México; a partir de octubre del 2011 fue designada por el Jefe de Gobierno como la primera Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), participó  en la elaboración del “Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos para el Distrito Federal”,  en  el Consejo Consultivo de Organizaciones de Derechos Humanos del Distrito Federal,  el Centro de Estudios Ecuménicos (CEE), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), el Centro de Periodistas de Investigación y en FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. Es también fundadora de organizaciones como: Resultados México, Alianza Cívica, Propuesta Cívica y participó en el partido México Posible.

Ella dice que: “Reconozco a la no discriminación como un derecho en sí mismo y una condición primera para alcanzar el goce y ejercicio de los derechos humanos. No tengo duda que la cultura es siempre viva, con capacidad de autocrítica y que esto nos permite modificar el entorno. Por lo tanto, la discriminación es una conducta que se puede modificar”. Está casada desde 1984. Es madre de un hijo y una hija, y nació en la Ciudad de México.

De las consultadas y cuya historia de vida y propósitos publicó la última semana SemMéxico, no fueron llamadas cuatro. Rubí de María Campos Gómez, ex directora del Instituto Michoacano de las Mujeres, filósofa; la doctora Adriana Ortiz Ortega, ex directora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Colegio de México; ni otra michoacana, que apareció sorpresivamente en la terna oficial el 14 de diciembre pasado, Fabiola Alanís Sámano, ex secretaria de la Mujer en Michoacán, quien tuvo un reciente ingreso a Morena.

Seguramente a otras muchas, como la también michoacana Selene Vázquez, de formación perredista, maestra y que se interesó como periodista hace 15 años por la perspectiva de género.

La definición de la dirección de la política de género en la nueva administración federal podría darse a conocer hacia la última semana de febrero. INMUJERES, mientras tanto se trabaja en el más estricto. Ya el gobierno federal intervino en finanzas, pidió 69 plazas y analiza el presupuesto y los compromisos.

Será el Gobierno Federal quien centralice los recursos para las campañas de sensibilización de ese Instituto y quien definirá la plantilla laboral, pero la nueva presidenta estará a cargo de construir el Programa Nacional de Igualdad que deberá integrarse al Plan Nacional de Desarrollo que aún no se sabe cómo y dónde se elabora y que el Presidente de la República deberá poner a consideración, antes de abril, al Congreso de la Unión, según marca la Constitución vigente y que sufrirá cambios próximamente.

SEM/sl/sj

La institución pone a disposición asesoría jurídica y acompañamiento

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 7 febrero 2019.- El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se suma a la condena pública contra los actos de intimidación y violencia de que fue objeto la periodista Monserrat Ortiz, por un reportaje que realizó y transmitió en ADN 40 y solicita a las autoridades competentes investigar al responsable, quien además de quedar expuesto en ese reportaje como generador de violencia contra tres mujeres, amenazó a través de la red social Facebook a la comunicadora.

El INMUJERES pone a disposición de la periodista y, de quienes así los soliciten y hayan sido víctimas de este tipo de violencia, asesoría y acompañamiento jurídico.

Los medios de comunicación contribuyen, sin duda, a fomentar la cultura de la denuncia, a la sensibilización social y a tomar conciencia de que la violencia contra las mujeres no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia, por lo que el trabajo periodístico debe ser íntegramente garantizado.

Hacemos un llamado a las instituciones del Estado, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, para que juntos generemos mejores condiciones de seguridad y respeto absoluto al trabajo de las y los comunicadores, que alzan su voz a favor de los derechos de las mujeres y visibilizan la violencia de género como un grave problema social que debemos combatir.

SEM/sj

Cifras optimistas, discurso gastado y aplausos del personal “acarreado” dieron la nota.

Redacción

Rodrigo Islas Brito

SemMéxico. Oaxaca. 6 febrero 2018.- La comparecencia del Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez ante la 64 legislatura terminó en la falta de quorum parlamentario y la suspensión de toda la sesión. Descripción puntual de lo que fueron cerca de dos horas y media de auténtica tersidad entre diputadas, diputados y un Fiscal que en todo momento agradeció las preguntas y observaciones hechas.

”El fiscal está agotado en su discurso. Habló lo que le dio la gana y no respondió a las preguntas. Todo pareció más bien un ejercicio de lavado y planchado de las dos partes. Parecen haber acuerdos o miedo de ir más allá. Eso es preocupante porque la ciudadanía, las víctimas secundarias, hoy estamos al garete”, resumió al término de la suspendida comparecencia la periodista Soledad Jarquín.

Su hija María del Sol Cruz Jarquín fue asesinada por hombres armados hace casi nueve meses en Juchitán, Oaxaca y hoy en la comparecencia el diputado y presidente de la mesa directiva del Congreso César Morales Niño y la diputada Magaly López Domínguez le preguntaron a Vasconcelos sobre el avance de las investigaciones para encontrar a los responsables del crimen. Y el Fiscal emanado de un régimen estatal priista simplemente no respondió nada, ante una legislatura de enorme mayoría morenista, que le respondió que podía mandar sus respuestas por escrito.

Algo contraria actitud parlamentaria a la manifestada la sesión ordinaria de la semana pasada cuando un grupo de diputadas y diputados morenistas se posesionaron en tribuna con pancartas condenando un clima feminicida en Oaxaca al que colectivos de mujeres vienen señalando que va en auge con una alerta de género que en el estado de Oaxaca ya se emitió.

“El Fiscal nos va a tener que explicar muchas cosas” dijeron entonces diputadas y diputados. Hoy el Fiscal en el Congreso Oaxaqueño no explicó absolutamente nada. Con un salón de plenos poblado de madres de mujeres víctimas de feminicidio y ministerios públicos, agentes investigadores, vicefiscales y secretarías adscritas a la propia Fiscalía, a la que la 64 legislatura pronunció recibir con gusto y apertura, Vasconcelos inició derecho y dijo que el suyo era un trabajo técnico y no político.

Fijó tres premisas: 1.- Las Fiscalías no previenen delitos, sino le dan respuesta, ni tienen como función la seguridad ciudadana, sino el combate a la impunidad. 2.- A las Fiscalías no se les puede achacar el incremento de delitos, pero si se le puede reclamar el no dar respuestas (aunque más adelante en eso se llegó a contradecir. 3.- Para evaluar el trabajo de la Fiscalía se debe partir de indicadores objetivos, conocimiento de comportamiento criminal y análisis de los contextos, para conocer de fondo los problemas sociales.

Inspirado, el Fiscal siguió vehemente en la descripción de su versión del estado de las cosas. Describiendo a una Fiscalía que ha registrado un cambio total en sus técnicas de gestión, abatiendo el enorme rezago de averiguaciones prexistentes y dándole pelea al bajísimo nivel de casos determinados y resueltos.

“En la Fiscalía ninguna denuncia puede dejar de tener respuesta”, dijo, anunciando la creación de un Centro de Orientación y Denuncia inmediata con funciones para discriminar los casos que se denuncian y canalizarlos a los órganos de investigación adecuados y 20 unidades existentes en todo el estado

Además de la creación de la figura de 43 nuevos fiscales orientadores que en menos de 15 días han dado respuesta hacia casi todas las denuncias presentadas, con una Centro de Justicia Alternativa donde los delitos que la ley permite resolver facilitando el dialogo entre los involucrados, se resuelven con la participación de 356 facilitadores en todo el estado.

“Contribuimos a la paz social y al acceso a la justicia”, dijo el Fiscal con una porra de prestadores de justicia que en bola acudieron a las tribunas del edificio legislativo de San Raymundo Jalpán a vitorear a su jefazo, que orgulloso afirmaba lo mucho que se ha avanzado en el número de casos resueltos y en el combate a la impunidad de los delitos graves.

Llegó el tema que básicamente lo llevó a comparecer ante la legislatura este cinco de febrero (a diferencia del resto del gabinete del gobernador Alejandro Murat Hinojosa que fue llamado a comparecer en pleno desde diciembre del 2018), los feminicidios en Oaxaca que hoy han llevado a que según informe presentado por el colectivo de derechos humanos Huaxyacac ante el Observatorio Nacional del Feminicidio, la entidad ocupe el segundo lugar en feminicidios, estimación para la que se usaron criterios como la violencia obstetricia.

Como lo ha hecho desde el inicio de su gestión Vasconcelos diferenció entre feminicidios y lo que llamó: “homicidios dolosos de mujeres”. Dijo que en los últimos 18 meses se han registrado 45 sentencias condenatorias por feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. Con 116 carpetas abiertas investigación sobre casos de muertes violentas de mujeres. Aseveró que en 2018 fueron asesinadas en Oaxaca 127 mujeres, donde la existencia de los únicos 29 casos que la Fiscalía considera como feminicidios, significa que hoy Oaxaca está por debajo de la media nacional, que es de 49 feminicidios en el país.

Aseguró que la Fiscalía tiene procesadas a 42 personas por feminicdios y homicidios de mujeres. A la pregunta que todo el mundo se hace sobre cuantos feminicidios se han resuelto encontrando a sus asesinos en Oaxaca, Vasconcelos celebró que la institución a su cargo ha resuelto el 75 por ciento de los mismos. Obteniendo 104 órdenes de aprehensión para feminicidas en la que el cumplimiento de su trabajo como Fiscal no ha obedecido ni a intereses políticos, ni a presiones mediáticas conducen el trabajo de la institución.

Después de este resumen halagüeño de la impartición de justicia en Oaxaca, donde Vasconcelos dijo que Oaxaca es entidad campeona en resolución de secuestros donde lo único que le hace falta a la Fiscalía es la autorización de un mucho mayor presupuesto que permita la adquisición de vehículos, cámaras, drones, binomios y demás equipos técnicos, llegó el primer turno para los diputados y diputadas de hacer preguntas.

Elisa Zepeda de Morena preguntó sobre qué resultados ha tenido la fiscalía en delitos electorales, sobre cuánto de su presupuesto total ha ido al combate de la violencia contra las mujeres, sobre cuantos agentes trabajan en eso y cuantos más se concentran en la investigación de feminicidios, sobre lo cual la ciudadanía experimenta un profundo dolor en dilación de casos.

El Fiscal habló de 6651 horas de capacitación sobre el tema para 1287 funcionarios públicos y 26 carpetas por violencia política de género, donde siete están en trámite. Las demás respuestas a las preguntas las dejó fuera porque eran demasiadas para tan poco tiempo.

La diputada también morenista Magaly López le preguntó entonces sobre el número de expedientes por agravios a defensores de derechos humanos y periodistas y el citado caso del asesinato de María del Sol Cruz Jarquín, y el cuestionamiento sobre donde están el abogado defensor derechos humanos, Ernesto Serna, desaparecido desde mayo del 2018, y la activista de Morena María Concha Rebollar, y su hija, Martha Rosa Sánchez Concha, desaparecidas desde enero de este año.

Ante un Fiscal con ojo flamígero, el presidente de la mesa directiva, el petista Cesar Morales Niño le hace ver a los diputados que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la comparecencia se limita a tres preguntas nada más, una pregunta por diputado o diputada, donde otra voz legislativa le dice al funcionario que si no puede responderlas todas, les puede mandar las respuestas por escrito. Vasconcelos Méndez casi sonríe.

Después no hablará de nada de lo que le preguntaron, ni de expedientes, ni de los casos de desaparición especificados. Dirá que hoy a los imputados de delitos en Oaxaca se les ha hecho tomar cursos de derechos humanos, que 212 personas desaparecieron en Oaxaca en 2108 y que 205 fueron localizadas.

El morenista vicepresidente de la mesa directiva, Pavel Meléndez, le dice que nada más con las cifras presentadas ya es motivo para alarmarse, generalmente más frontal en sus intervenciones, el legislador se limita a decirle que en Oaxaca los feminicidios se han incrementado, sin tocar siquiera alguna posible contradicción en todo lo planteado por el funcionario. “Falta algo que hacer en la Fiscalía”, dice Pavel. El Fiscal le da las gracias por la observación y vuelve a ignorar la pregunta sobre el caso del desaparecido Ernesto Serna.

Del avance sobre la resolución de los 13 asesinados hace seis meses en Santa María Ecatepec por conflictos de tierra, Vasconcelos aclara primero que los índices delictivos no son tarea de la dependencia a su cargo, sino en el número de los casos resueltos, y que ya hay diversas órdenes de aprehensión en proceso por la masacre. Precisa que él no se reúne con los abogados de las víctimas, sino con las mismas víctimas.

Los minutos se convierten en horas. La parsimonia envuelve a una comparecencia que hace por lo menos cinco días amenazaba con ser vibrante. “¿Por qué está libre el asesino de Ivanna Mingo, lo protege el gobernador?, le pregunta el diputado petista Saúl Cruz sobre el caso de una mujer muerta cuyos familiares han poblado la gradería con pancartas con su nombre. “La ciudadanía no los baja de corruptos e incompetentes”, le recuerda.

“Hay casos que nos hemos atrevido a poner ante los jueces. Yo no hago las leyes. Ni soy juez”, responde Vasconcelos. Su audiencia le aplaude. En los pasillos el tío de Ivanna Mingo habla con la prensa y comenta que en el caso del responsable la muerte de su sobrina, la familia considera que la Fiscalía lo hizo a lo menos deficiente.

Asegura que hay pruebas de que en el accidente automovilístico en el que murió, y de cuya responsabilidad el conductor salió literalmente caminando, a su sobrina la trataron de colocar al volante para que dijeran que ella manejaba, pero no pudieron porque murió prensada.

El diputado de Encuentro Social, Fabricio Díaz Alcázar no tiene una pregunta para el Fiscal, pero si un comentario. “¿Todos los casos son graves, pero que pasa con los que no tienen acceso a la protesta?”, dice Díaz con cara a ver quién le responde. Habla de que todo los casos, aun el de Ivanna Mingo, se deben conducir por la sana vinculación de procesos. Al final pide información sobre el caso de Heriberto Pazos.

Fiscal le da las gracias por la observación e informa que con respecto al asesinato del fundador del MULT ya hay varios detenidos y se trabajan diferentes líneas de investigación a sugerencia de la familia. La diputada del Verde Ecologista, Aurora López Acevedo pasa a tribuna, y dice que ella más que una pregunta le quiere decir al Fiscal que es su amigo personal. Vasconcelos sonríe, se conmueve.

“Delitos cometidos contra mujeres son prioridad para la Fiscalía”, “judalización de todos los casos”, “nosotros si tenemos un plan y un proyecto para seguir avanzando en profesionalización de casos”, “ninguna de las cifras que di es falsa”, “con un poco más de recursos estaríamos en la solución de todos los casos y no sólo del 75 por ciento”, son algunas de las cosas que el Fiscal dirá en una sesión que se hace eterna y en la que diputadas y diputados empiezan a desaparecer progresivamente de sus curules.

La diputada panista María de Jesús Mendoza Sánchez parece sacar fuerzas de su rebeldía que pidió la renuncia de por lo menos cinco integrantes del gabinete de Alejandro Murat en las comparecencias de diciembre pasado a las que Vasconcelos no fue convocado, y le dice al fiscal que si sabe que el feminicidio significa una “forma de extrema violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujer, con inherentes conductas de odio y rechazo hacia las mujeres”.

Le pregunta el cómo considera el reciente asesinato de una profesora en Tuxtepec, violentada previamente por su asesino. “Feminicidio”, le responde el Fiscal, el golpe y la sorpresa terminan antes de empezar.

El legislador Fabrizio Díaz Alcázar regresa a tribuna y comenta que la violencia contra la mujer en Oaxaca es un problema cultural y de educación, que no está en las manos de la Fiscalía resolver. Dice que hay que ser sinceros con la gente en eso. Como no planeado corolario del momento el Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez asegura estar de acuerdo.

El presidente de la mesa directiva, Morales Niño se da cuenta de que ya sólo hay 20 diputadas y diputados presentes. “Ya no ha quorum, se suspende la sesión”. Las porras del Fiscal, familiares de víctimas (que ya se han salido del salón de sesiones con pancartas dobladas en mano desde veinte minutos antes) y reporteros dan gracias por eso.

Alguien dice que tomando en cuenta lo duros y cuestionadores que fueron las y los 42 diputados con el resto del gabinete de Alejandro Murat en las comparecencias de diciembre, hoy pareciera que acabamos de asistir a una simulación a la que debieron afinarle el guion en sus dosis de emoción. Al final la realidad es que hace ya mucho calor, en la comparecencia del Fiscal nadie ha dicho nada para que algo pase y el ánimo para el debate se ha ido con la esperanza de algo mejor.

El Estado de Nuevo León ocupa los primeros lugares en feminicidios y violencia familiar.

Redacción

SemMéxico. Nuevo León. 6 de febrero de 2019.- El Congreso de Nuevo León exhortó a los municipios de Apodaca y Cadereyta para que informen al pleno las razones por las que se decidió el cierre de los Institutos Municipales de la Mujer y su degradación a Direcciones.

El Estado de Nuevo León ocupa los primeros lugares en feminicidios y violencia familiar, por lo que no se explica la decisión de estos ayuntamientos, la cual es preocupante y poco sensible, considero la diputada Karina Barrón.

Durante la sesión ordinaria de este martes, la legisladora leyó un posicionamiento en el que criticó la decisión de ambos municipios los cuales se encuentran actualmente declarados en alerta de género.

«Acudo a esta Tribuna para manifestar mi preocupación por el cierre de los Institutos Municipales de la Mujeres, en Apodaca y Cadereyta. Estimo que existe una falta de sensibilidad de los alcaldes ante la problemática que vive Nuevo León en materia de violencia hacia las Mujeres», dijo.

«La desaparición de los Institutos trae como consecuencia que los recursos materiales y financieros con los operaban se asignen a otras actividades de los Municipios. Es decir, que se contará con menos personal y menos recursos para atender la problemática de las mujeres», dijo.

Al frente de la comisión estará la diputada Griselda Sosa Vásquez.

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 6 febrero 2019.- Para “cooperar” con los trabajos y acciones que el gobierno desarrolla para erradicar la violencia contra las mujeres, se instaló la Comisión Especial de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Oaxaca por parte de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado.

Este martes y previa a la comparecencia del Fiscal General de Oaxaca, integrantes de la diputación local instalaron la Comisión Especial, cuya presienta es Griselda Sosa Vásquez, de Morena, quien destacó que la tarea de prevenir la violencia contra las mujeres es tarea de todas y todos.

Dijo que es primordial trabajar de manera conjunta los tres poderes del Estado, para obtener resultados reales, a través de los mecanismos de protección emergente contra la violencia feminicida, como la misma Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca, declarado para 40 municipios.

Afirmó que, desde el Poder Legislativo, a través de la comisión especial, buscarán coadyuvar con los poderes y órganos de gobierno, para obedecer las recomendaciones que conlleva la Alerta de Género.

SEM/sj

Proponen modificaciones al mecanismo.

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 6 febrero 2019.- En algunos estados de la República, la alerta de violencia de género “ha sido un fracaso” y es necesario modificar este mecanismo para garantizar la integridad y libertad de las mujeres, así como fincar responsabilidades por las omisiones de las autoridades que pongan en riesgo la vida de aquellas.

Así los destacaron senadoras, especialistas y representantes de organizaciones civiles en la segunda jornada de las “Audiencias públicas para integrar la agenda legislativa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres en México”, que se llevó a cabo en el Senado de la República.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher Camarena, dijo que el propósito es que esta alerta funcione adecuadamente para salvaguarda la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres, dice un boletín de prensa.

Sin embargo, expresó, lamentablemente “hemos descubierto que esta extraordinaria herramienta ha resultado un fracaso. Un fracaso legislativo y un fracaso en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y ha puesto en riesgo a muchas mujeres”.

En algunos estados, acotó, “ha tenido extraordinarios resultados. En otros, ha sido lento el proceso y en otros definitivamente ha sido un fracaso”.

El investigador Carlos Javier Echarri Cánovas consideró importante modificar dicho mecanismo, de tal manera que se separe el monitoreo y evaluación de las obligaciones de actores gubernamentales, de las acciones a realizar ante el incremento de feminicidios en territorios determinados.

Dijo que es imprescindible contar con sistemas de información “que brinden una base empírica para el trabajo de los sistemas estatales y nacionales de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género”.

Echarri Cánovas también expresó que “ya es tiempo de fincar responsabilidades por omisiones que ponen en riesgo la vida de las mujeres”.

María de la Luz Estrada Mendoza, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, afirmó que la alerta de género no sólo sirve para generar acciones de carácter urgente, sino para corregir políticas públicas y marcos legales que son discriminatorios.

“Urge la evaluación de las 18 declaratorias de alerta de género. Debemos plantearnos cómo se está garantizando este mecanismo en la vida y seguridad de las mujeres. Debemos evaluar las líneas de seguridad, prevención y justicia, con un análisis de contexto que permita identificar los patrones delictivos, prácticas y modus operandi”, detalló.

Martha Figueroa Mier, presidenta de la Colectiva Feminista Mujeres Libres, consideró que no sólo se tiene que sancionar a jueces y fiscales que no actúen conforme a la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nacional en el caso de Mariana Lima y que pide que cuando se indague la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben actuar con perspectiva de género.

La subsecretaria de Coordinación y enlace a organizaciones sociales de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, Nayeli Ávila Carrera, aseveró que para realizar acciones en términos de política pública a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se debe tener una línea directa desde el ámbito federal y contar con un banco actualizado de datos.

Reconoció que la declaratoria de alerta de género en Guerrero sirve para sensibilizar y acabar con la apatía al interior del estado. “Debemos posicionarla en la agenda pública, para que, de manera coordinada, se implementen medidas de prevención y erradicación”.

SEM/sj

En México: 9 mil 600 estancias infantiles que atienden a 290 mil personas.

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 6 febrero 2019.- Diputadas y diputados de distintas fracciones parlamentarias se pronunciaron en pro de reorientar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 en favor del programa de Estancias Infantiles, para satisfacer la demanda de la ciudadanía, especialmente madres trabajadoras.

Durante el “Primer Foro Nacional para la Constitucionalidad de la Primera Infancia en México”, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado José Luis Montalvo Luna (PT), promotor del acto, pidió esperar la expedición de las reglas de operación para conocer a detalle el tema y no entrar en especulaciones.

“Hemos llamado la atención de la titular de la Secretaría de Bienestar para que de manera expedita las publique y dar certeza a miles de madres y padres solos”.

De igual forma, dar certidumbre a las y los trabajadores de estos espacios, que son fuente importante de empleos. “Compartimos esta preocupación por la reducción de montos, se ha fijado postura y si hay que componer algo que se componga”, sostuvo.

La diputada Dulce Alejandra García Morlan (PAN) indicó que existen nueve mil 600 estancias infantiles para atender a 290 mil personas beneficiarias, lo que les permite buscar trabajo, estudiar, o trabajar.

El programa de estancias infantiles es una política pública exitosa que no debe tener colores ni partido. “No hay que etiquetarlas sino darles seguimiento y reasignar el presupuesto destinado a estos servicios”.

Indicó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en México 19.9 millones de mujeres realizan una actividad productiva remunerada, de las cuales 73.8 por ciento son madres de familia, y 14.7 millones; es decir 29.25 por ciento, son trabajadoras y jefas del hogar.

Del PRI, la diputada Anilú Ingram Vallines presentó el tema “Reducciones al presupuesto de estancias infantiles”. Señaló que el Presupuesto de Egresos 2019 contempla dos mil millones de pesos para estancias infantiles, 50 por ciento menos que en 2018, cuando se destinaron cuatro mil millones de pesos. En esos centros, se atiende a 315 mil niñas y niños “que están indefensos ante estos penosos recortes que no vislumbran el daño a largo plazo para la niñez y el combate a la pobreza”.

Se revisarán los distintos ordenamientos en la materia para impulsar iniciativas como complemento a programas sociales y no dejar desprotegidas a las mujeres y la niñez, además de una ley para crear un programa de apoyo a las jefas de familia en situación de vulnerabilidad y que cuenten con tres mil pesos al mes para alcanzar la línea de bienestar.

La diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) dijo conocer lo que este programa significa para las mujeres que trabajan, especialmente para aquellas que tienen menores que pasan por la primera infancia.

También del PT, el diputado Benjamín Robles Montoya señaló que apostar por la educación temprana significa ir por la formación de ciudadanos con mayores potencialidades que posibiliten el impulso del desarrollo económico y social.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Lourdes Celenia Contreras González pidió dar la batalla para que se vuelva a otorgar a este programa el presupuesto requerido, pues es una acción calificada como de las mejores en el país.

De la misma fracción parlamentaria, la diputada Dulce María Méndez De La Luz Dauzón, aseguró que la lucha a favor de este programa no es cuestión de partidos o entidades, sino a favor de la niñez mexicana.

El diputado Mario Mata Carrasco (PAN) indicó que la reducción de recursos le pega a la parte más vulnerable de la sociedad: niños y padres de familia. Propuso que el Seguro Social pague a las instancias infantiles por el cuidado de los beneficiarios.

Su correligionario, diputado Carlos Alberto Valenzuela González, informó que pedirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reasignar de recursos para que no desaparezcan las estancias infantiles.

Del mismo grupo parlamentario, la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez reconoció la importancia de estos espacios pues ayuda al desarrollo emocional, físico, intelectual, social y afectivo. “No debe hacerse este tema político, sino ver que las niñas y niños son el futuro de México”.

El panista, diputado Miguel Alonso Riggs Baeza subrayó que hay una gran cantidad de madres trabajadoras consternadas porque “un programa noble y serio, sin ser analizado, tuvo una reducción de presupuesto”.

Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado de Morena, precisó que el presupuesto asignado a este proyecto obedece a cubrir las necesidades de las instancias, pero eliminando la corrupción que hay dentro del rubro, especialmente porque “había padrones inflados y estancias fantasmas”.

De Acción Nacional, la diputada Josefina Salazar Báez pidió no claudicar en la lucha por un mayor presupuesto para este sector y “que los niños puedan estar en un lugar adecuado para su primera formación”.

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) se comprometió a acompañar a trabajadoras de estos lugares en la lucha por el incremento de recursos pues “de discurso y palabras bonitas ya todos están hartos”.

Armando Tejeda Cid (PAN) lamentó la reducción de 50 por ciento de recursos a este programa, por lo que pidió no sorprenderse ante reclamos por parte del sector afectado.

Karina Burgoa Martínez, vocera nacional del Movimiento de Estancias Infantiles, señaló: se requiere una legislación contundente y eficaz en cuidado infantil para asegurar que menores de cero a tres años de edad tengan la protección de su gobierno y su congreso, para que puedan permanecer después de los tres años en las estancias y centros de desarrollo infantil, “que cuentan con todo lo necesario para su atención”.

Aseguró que quienes laboran en estos espacios son gente trabajadora que propone, todos los días salen a buscar que los espacios para la niñez “sean seguros y eficaces”. “No somos estancias improvisadas o fantasmas, el deseo único es hacer progresar al país”.

La propuesta fue presentada por la presidenta de la Comisión de DDHH.

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 6 febrero 2019.- La diputada Magaly López Domínguez propuso hoy, exhortar al Ejecutivo del Estado para de manera inmediata, publicar y transmitir mensajes para a sensibilizar a la población en el sentido de que la violencia contra las mujeres es un delito que el gobierno persigue y castiga, y que el feminicidio es un crimen sobre el que no se permitirá impunidad.

La iniciativa con proposición de punto de acuerdo, de la diputada de la facción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), plantea que el Ejecutivo debe instruir a los medios de comerciales con los que el gobierno haya establecido convenios publicitarios, incluyendo entre ellos a radio, televisión, impresos y medios digitales, utilizando los espacios ya acordados o pautados, se transmitan o publiquen esos mensajes de sensibilización, tanto en español como en cada una de las demás lenguas que se hablan en la entidad

Con el voto unánime de las y los diputados presentes, el pleno de la LXIV Legislatura acordó como de urgente y obvia resolución pedir al gobernador que esos mensajes se difundan en los medios comerciales antes descritos.

Al plantear el punto de acuerdo, la diputada presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Magaly López Domínguez, expuso la necesidad de transformar la cultura que permite y perpetúa la violencia de género contra las mujeres, y que ha puesto a Oaxaca en una situación de emergencia por la cantidad y la brutalidad de los feminicidios que se cometen día a día en el estado.

“En Oaxaca, el lugar más inseguro para las mujeres es su propia casa”, expuso ante el pleno, y explicó que en el informe del grupo de trabajo que derivó en la declaratoria de alerta de violencia de género para el estado, se advierte que la mayoría de las “defunciones de mujeres con presunción de homicidio” en el estado fueron cometidos en los hogares de las propias víctimas, a diferencia con la tendencia nacional.

“Estamos en situación de emergencia”, agregó, y pidió al pleno considerar la propuesta como de urgente y obvia resolución, dado que se trata de un asunto de vida o muerte pues “cada día que pasa suman más y más mujeres asesinadas”.

Marco legal internacional

López Domínguez citó entre las consideraciones el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio pro persona y la prohibición de la discriminación. Además del marco jurídico internacional establecido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que establece como una forma de discriminación la violencia contra las mujeres.

Dicha normatividad también establece la obligación de los Estados parte de tomar medidas para “Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.

Citó también la recomendación no.19 emitida por el Comité CEDAW: Si bien el artículo octavo de esa recomendación explica que la Convención se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades públicas, el noveno subraya que, de conformidad con la Convención, “la discriminación no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre”, pues “los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”.

En función de ello, el gobierno del estado de Oaxaca es responsable por omisión de la desmedida violencia de género que vivimos en los últimos meses, y que ha costado la vida a tantas mujeres oaxaqueñas.

El marco jurídico planteado por la legisladora recordó la Declaración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y su Plataforma de Acción.

Marco legal nacional

Del marco legal nacional citó el artículo segundo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 38 establece que habrá un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que contendrá las acciones con perspectiva de género para, entre otras cosas, “VIII. Vigilar que los medios de comunicación […] favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres”.

El artículo 49 advierte que corresponde a las entidades federativas, entre otros puntos, el “Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia”, de acuerdo con el Programa Integral (fracción VII), y “XI. Promover programas de información a la población en la materia”.

Es de hacer notar que el Programa Integral aún no ha sido formulado por el nuevo gobierno federal, que aún no ha nombrado a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, cita la legisladora oaxaqueña.

Oaxaca sin programa estatal

Por otra parte, en también hizo referencia a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, que señala la obligación de un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres (artículo 49), como “instrumento que contiene las acciones que en forma planeada y coordinada deberán realizar las dependencias y entidades de la administración pública del Estado y los Municipios, en el corto, mediano y largo plazo” (artículo 50).

El artículo 51 de la ley estatal señala que en el programa deberán establecerse estrategias y acciones con perspectiva de género para, entre otros objetivos, “I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género implementando un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia contra las Mujeres”, y “IX. Promover que los medios de comunicación fomenten el respeto a los derechos humanos de las mujeres y su dignidad, aplicando criterios adecuados que favorezcan la erradicación de la violencia que contra ellas se ejerce”.

También es de hacerse notar que el gobierno de Oaxaca no cuenta aún con el Programa estatal. Aunque el 8 de noviembre de 2018 el gobierno del estado difundió una noticia en el sentido de que la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, Ana Vásquez Colmenares, dio a conocer la versión preliminar del Programa Integral, en atención a la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género para la entidad, debe señalarse que no fue posible localizar dicho documento en ningún lugar de la red internet.

A pesar de que en 27 estados de la República está declarada la AVGM no disminuyen los feminicidios.

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 6 de febrero de 2019.- La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPPRD), Guadalupe Almaguer Pardo, urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador, a asesorarse para moderar su discurso, ya que el tema de la violencia y los feminicidios no es un asunto moral sino de responsabilidad social como mandatario.

La diputada calificó de “inconcebible que el jefe del Ejecutivo culpe a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, violencia, acoso e intento de secuestro, por la incidencia del divorcio de las parejas y el neoliberalismo”  

Almaguer Pardo comentó que son irresponsables las declaraciones que se emitieron recientemente desde la Presidencia de la República, las cuales no deben ser expresadas por ningún servidor público de cualquier nivel en este país.

Reconoció que en la actual administración “no vemos el cambio, y si retrocesos, asignación de roles, estigmatización y desprecio hacia las mujeres que reclaman una vida libre de violencia” Además de la evidente reducción en el presupuesto.

Dijo que a pesar de que en 17 estados de la República se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), no se ha logrado la disminución del feminicidio ni los crímenes contra de mujeres y niñas,

Al comentar sobre el incremento de las denuncias por intento de secuestro en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México, Almaguer Pardo, señaló que es preocupante que siga el soslayo, desconocimiento y la irresponsabilidad de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, por no dimensionar el tamaño del problema.

Celebró como una importante acción que el fin de semana miles de mujeres se manifestaran en la capital del país para denunciar y exigir que la jefatura de gobierno atienda este delito en dicho sistema de transporte.

La legisladora por San Luis Potosí, puntualizó que es adecuado que se hayan puesto módulos con Ministerios Públicos en distintos puntos de la red del Metro, para facilitar la denuncia, pero no existe garantía de que el personal esté formado y preparado para atender a las mujeres violentadas.

Dijo que es necesario que la directora del Metro, Florencia Serranía, tenga una reunión con la Comisión de Igualdad de Género, a fin de que explique el alcance de esas medidas para prevenir y/o atender los crímenes en el METRO, y cómo  evitar la violencia física y el acoso sexual.

En Noviembre /2018 la Diputada Almaguer presentó una iniciativa de ley para adicionar al código penal como delitos el acoso sexual en los espacios públicos, para prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas delictiva.

La falta de una convocatoria había provocado la molestia de algunos sectores de la población

Ana Alicia Osorio,

SemMéxico. Veracruz. 6 de febrero de 2019.- Después de algún tiempo sin titular de la Dirección del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del estado de Veracruz, éste finalmente emitió los requisitos para su elección. 

Ello luego de que la anterior directora cumpliera su periodo y se nombrara de manera interina a María Elena García Filobello, sin cumplir con los requisitos marcados por ley de emitir una convocatoria pública. 

La falta de una convocatoria había provocado la molestia de algunos sectores de la población, quienes señalaban que se estaba incumpliendo con la ley. 

El Centro de Estudios es una instancia al interior del Congreso del Estado para formular estudios e investigaciones para apoyar en la legislación en materia de derechos humanos e igualdad de género. 

La convocatoria fue emitida por las Comisiones para la Igualdad de Género y la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y establece un tiempo hasta el 5 de marzo para ser analizada y discutida con la Junta de Coordinación Política.

Finalmente tras ser emitida, quienes quieran postular para el cargo tienen hasta el 15 de febrero para entregar los documentos. 

Entre los requisitos para ser electa son: ser veracruzana de mínimo 30 años, no haber tenido cargos de elección popular en los últimos tres años, tener estudios de posgrado de preferencia en Género o Derechos Humanos. 

Además, la persona deberá tener experiencia legislativa o en formulación de políticas públicas. 

Entre los documentos que deberá entregar son una exposición de motivos y una propuesta de trabajo en materia de igualdad de género. 

Aquí encontrarás  detalles de la convocatoria 

http://www.legisver.gob.mx/eventos/LXVLegislatura/Convocatoria_Comunicacion_Social.pdf?fbclid=IwAR2b99W05ZkYYSt8EZ808y0QL2k7OL31Ci_jfwuUbFbGMtxp60uGbKITKPE