Redacción

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 6 febrero 2019.- Abuso sexual contra menores y feminicidio serían considerarlos graves con prisión preventiva de oficio, al ser incorporados al artículo 19 Constitucional, al igual que robo de combustibles, corrupción, delitos electorales robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército. 

De esta manera la diputación de Morena estaría de acuerdo con la minuta enviada por el Senado para llevar a cabo la reforma constitucional, para incorporar nueve y no sólo tres delitos a la lista, que inicialmente contemplaba solo robo de combustible, corrupción y delitos electorales.

A partir de hoy, en la Cámara de Diputados se realizarán audiencias públicas para escuchar a personal que imparte justicia, especialistas en la materia, de la academia, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, quienes discutirán sobre la reforma.

En ese contexto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados convocó a una serie de audiencias públicas a parte de esta tarde para escuchar la opinión de juzgadores, funcionarios, especialistas, académicos, organismos de derechos humanos y sociedad civil sobre la reforma constitucional al artículo 19 en materia de prisión preventiva de oficio.  

SEM/lv

Sonia Del Valle

SemMéxico. Cd. de México. 6 de febrero de 2019.- Un grupo de investigadores y académicos metió “jonrón” al Presidente Andrés Manuel López Obrador, lograron presentar ante la Cámara de Diputados, con el apoyo de 4 partidos de oposición una nueva iniciativa que propone reformar el artículo Tercero de la Constitución.

Agrupados en la Red Educación y Derechos, en menos de un mes, redactaron, cabildearon y finalmente colocaron en el debate público una iniciativa que innova en relación al derecho a la educación en México, que mejora el texto constitucional actual y que mantiene elementos importantes del texto vigente.

La llamada MMIIniciativa se presentó ayer por los cuatro coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, René Juárez; PAN, Juan Carlos Romero Hicks; de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, y del PRD, Ricardo Gallardo.

El Artículo Tercero de la Constitución, regula el derecho a la educación en México, ha tenido sólo 10 cambios a lo largo de sus más de 100 años de existencia, el pasado 12 de diciembre el Presidente López Obrado propuso modificarlo, con el argumento de “echar abajo la reforma educativa” que se aprobó en el 2013.

La propuesta del Ejecutivo tiene problemas graves que ponen en riesgo el derecho a la educación en México y al Sistema Educativo Nacional, pues para poder cumplir con un compromiso de campaña elimina el derecho a tener una educación de calidad, la educación inicial, la autonomía universitaria, el concurso de ingreso para obtener una plaza en lugar de pagar por ella o heredarla, y el concurso de promoción para acceder a las plazas de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica sin tener que deberle el favor al sindicato magisterial.

También propone eliminar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que es el órgano con autonomía constitucional que evalúa las políticas públicas, los programas de gobierno, así como los aprendizajes de los alumnos para conocer si las autoridades cumplen o no con la obligación de garantizarle a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes el derecho a la educación, sin exclusiones.

La iniciativa, que fue elaborada por académicos de diversas instituciones educativas, como la UNAM, el Cinvestav, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Centro de Investigación y Docencia Económica y la Universidad Iberoamericana, se ha denominado MMIIniciativa, porque Mejora, Mantiene e Innova diversos aspectos del texto constitucional vigente.

La iniciativa incorpora el enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva para garantizar el respeto a la dignidad de las personas; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y que fortalezca la protección, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 

 “Esto significa que el Estado tiene la obligación legal de eliminar todas las barreras discriminatorias, ya sea que existan en la ley o en la vida cotidiana, y emprender medidas positivas para lograr la igualdad, incluido el acceso, dentro y a través de la educación”, señala la exposición de motivos de la MMIIniciativa.

Además, reconoce a las y los educandos como el eje cardinal del sistema educativo y a los docentes como agentes primordiales en la calidad y la transformación de la educación 

“Se destaca la labor primordial de los docentes en el proceso educativo, su autonomía individual, no sólo como transmisores de conocimiento sino también como intelectuales formadores de ciudadanos, lo que implica una alta responsabilidad en relación con los educandos”, señala. 

Incorpora, también, los consejos consultivos en materia educativa; la obligación del Estado de impartir educación superior; el derecho a la ciencia y a gozar de los beneficios del desarrollo científico y sus aplicaciones.

MMIIniciativa mejora algunos elementos del texto vigente al eliminar los efectos de la evaluación de los docentes sobre la permanencia en el servicio, pero mantiene la rectoría del Estado mexicano como el ente que orienta la política educativa. 

“La rectoría del Estado descansa sobre diversos componentes, entre los que destacan 1) la actualización y formación continua de las y los maestros; 2) la evaluación de los componentes del SEN, que aporte elementos para su mejora permanente, y 3) los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento de la carrera docente”, señala. 

Indica que la educación debe seguir siendo de calidad, como garantía del derecho y obligación del Estado.

Sostiene que para que el Estado mexicano atienda el desafío de garantizar una educación de calidad se requiere que éste eche mano de los instrumentos de la evaluación en tanto insumos confiables para identificar los retos que enfrenta el SEN y así poder diseñar una política educativa que contribuya a su mejora. 

Por ello propone transformar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en el Centro Nacional para la Mejora Continua como organismo con autonomía constitucional y mantener los concursos de ingreso y promoción en el servicio educativo dentro del texto constitucional.

También propone mantener la autonomía de las universidades públicas y la educación inicial. Para garantizar esta última, establece la obligación del Estado de impartirla a través del diseño y financiamiento de una estrategia nacional que garantice su atención y mejoramiento continuos. 

Con esta iniciativa, el Congreso de la Unión, deberá debatir en torno a dos propuestas de reforma educativa, la presidencial y la de los académicos. Debate que ya inició en las audiencias públicas que arrancaron hoy y que continuarán hasta el 16 de febrero.

Redacción

Andrea Martínez

SemMéxico/Dominio Medios. Monterrey, Nuevo León. 04 de febrero 2019.-  El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Dicha reforma establece la prohibición de la intimidación y el hostigamiento a través de las redes sociales, correo electrónico o vía telefónica

La propuesta fue hecha por el diputado del PRI, Álvaro Ibarra Hinojosa, y con esto, se busca ampliar la orden de “protección de emergencia” a las mujeres violentadas.

Señaló que la modificación se realiza por las necesidades que implica vivir en el siglo XXI.

SEM/Dominio Medios.

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 4 febrero 2019.- El Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG), de la Cámara de Diputados, aseguró que actualmente en México ninguna ley general tipifica la violencia política por ser mujeres. “Es uno de los grandes problemas del siglo XXI”.

En su análisis “Violencia política en razón de género”, resalta que aunque el artículo primero de la Constitución prohíbe expresamente todo tipo de discriminación, ellas siguen siendo blanco de estigmatización por el solo hecho de ser mujeres, lo que supone la costumbre de designarles una función que deben cumplir en la sociedad.

La agresión política es el obstáculo que enfrentan por querer ejercer sus derechos político-electorales y acceder e influenciar en sus comunidades, situación que no tiene que ver con sus ideas, propuestas, o por pertenecer a un determinado partido político, sino por ser mujeres.

El estudio del CELIG refiere que sólo cinco estados establecen este tipo de violencia en su Constitución; 18 la mencionan en su ley electoral; 21, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; cuatro, la tipifican como delito en su Código Penal, y tres, no la han legislado en ninguno de sus marcos jurídicos.

Destacó que “México es uno de los países con más violencia contra las mujeres a nivel mundial”. Todavía prevalecen expresiones como “no hay mujeres capaces”, que se utilizan como pretexto para obstaculizar la participación femenina en la política, en todos los niveles.

La Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca son las entidades con mayor número de denuncias por agresiones políticas, en el nuevo sistema penal acusatorio, refirió.

El 18 de abril de 2018, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) dictó por primera vez medidas cautelares para bajar de Facebook y de un blog de Internet expresiones de violencia política en razón de género.

El año pasado, continuó, se registraron 106 casos de violencia política en contra de las mujeres; hubo 16 candidatas asesinadas y 10 casos vinculados a hechos que lesionaron directamente los derechos político-electorales de las indígenas, de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

La FEPADE se encarga de promover, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas y ofendidas en casos de violencia política en razón de género, “a pesar de no contar con una legislación específica”.

Las instituciones encomendadas de atender este tipo de agresiones son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Instituto Nacional Electoral (INE), y la FEPADE. Las dos primeras construyeron y firmaron el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra la Mujer en 2016. 

Sin embargo, aseguró el CELIG, aún hay mucho camino por andar hacia la igualdad. Visibilizar el problema es un buen inicio, porque todavía las mujeres son invisibles para participar en espacios de verdadera toma de decisiones, sostuvo.

Atribuyó el aumento de la violencia política en razón de género al avance de la

población femenina en los asuntos públicos logrados en los últimos años. Ese proceso inició en el siglo XIX, con la participación de Leona Vicario, Josefa Ortiz, Elvia Carrillo Puerto y muchas más.

La ruta seguida para lograr el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres parte desde el derecho al voto hasta el logro de la paridad. La integración de los órganos políticos no ha sido fácil, si se toma en cuenta que este tipo de agresión de género aparece en forma de rechazo y hostilidad hacia quienes buscan ejercer sus derechos político-electorales. 

Este tipo de agresión se traduce en acciones u omisiones que impactan o afectan desproporcionadamente a una o más mujeres, al participar en la vida política, no por su preparación o capacidad, sino por el sencillo hecho de serlo, con el propósito de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio de un cargo público. 

Aclaró que también puede incluir otro tipo de violencia como la física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

El CELIG apuntó que las leyes deben garantizar el principio de paridad; sin embargo, actualmente se mantiene la resistencia a la participación femenina, a pesar de todos los avances logrados. No siempre son causas jurídicas, sino de carácter social, las que obstruyen el camino hacia la igualdad.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México las mujeres siguen sufriendo elevadas tasas de violencia. Eso incluye la crueldad en el hogar, acoso laboral, abuso sexual, feminicidio y agresión en el ejercicio de sus derechos político-electorales, precisa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comentó.

SEM/sj

Sara Lovera

Tercera parte

SemMéxico, Cd. de México, 4 febrero 2019.- La doctora Candelaria Ochoa Ávalos propuesta por 607 personas, 48 organizaciones y 55 hombres solidarios, instituciones de educación superior, del poder judicial y de partidos políticos fue considerada en la terna presentada el 14 de diciembre, ahora envió su expediente a los consejos. Es una convencida luchadora por los derechos humanos de las mujeres. Le dijo a Semmexico que su convicción es garantizar que INMUJERES persista, sea capaz de coordinar los destinos de la mitad de la población en esta la 4ª. Transformación que da una oportunidad para avanzar.

Está comprometida con diálogo con toda la sociedad, es una mujer independiente, no partidaria, aunque, si me dijo, “estoy con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero no en su partido”.

Reconoce que  las mexicanas hemos vivido avances notables como la participación política en condiciones paritarias, la existencia de políticas públicas de atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, pero también  son evidentes rezagos que van desde las profundas desigualdades en el acceso al empleo, educación, servicios de salud; el incremento en las tasas de violencia contra las mujeres en todas sus modalidades y tipos, hasta el limitado alcance de los programas de transversalización de la perspectiva de igualdad de género en todos los niveles de gobierno.

También apunta sobre el limitado presupuesto con el que ha operado hasta ahora el INMUJERES.

Educadora popular, ex legisladora, feminista, académica, escritora de libros, aspirante a reconstruir historias de mujeres, propone que una cuestión fundamental es la transformación para el cambio de mentalidades, porque  el combate a la desigualdad de género -incluyendo la no discriminación, la no violencia y la paz-, requiere concentrar la acción decidida de gobierno para su combate y re-construir un andamiaje institucional que se proponga la transversalidad, efectivamente

Desde su compromiso y experiencia para la doctora Ochoa Ávalos, incorporar la igualdad como un principio y eje rector, es necesario reorientar este principio, modificar los valores, las prácticas y los procedimientos administrativos, para que funcionariado y sociedad se apropien de la perspectiva de igualdad de género. Para ella, ex regidora de Guadalajara, el nuevo gobierno tiene que dejar claro su un compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, porque el ejercicio de derechos plenos es una condición democrática. 

INMUJERES debe convertirse en una instancia normativa y transversal de la política pública, que articule los planes y programas con las secretarías de estado, de modo que los recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres sean una práctica estatal del accionar en la materia.

Para eliminar la desigualdad se requieren políticas que eliminen la base cultural y política que sustenta la desigualdad entre mujeres y hombres, tanto en la vida privada como pública, por tanto, debemos modificar y transformar las prácticas, los modos de actuar y valores que sustentan esta desigualdad.

Plan de trabajo

Ejes de trabajo

-Acompañar el Plan de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, procurando que los planes y programas propuestos, integren la perspectiva de género y la igualdad como un principio rector de la política pública.

-Atender y dar seguimiento a los compromisos internacionales como la Agenda 2030 y las recomendaciones de los organismos internacionales como la CEPAL y las recomendaciones del Comité de CEDAW.

-Analizar, evaluar y recuperar los planes y programas desarrollados por la institución que han mostrado efectividad y eficacia y que han sido exitosos en el desarrollo de la institución.

-Desarrollar y acompañar la integración de la política de igualdad entre Municipios, Estados y Federación.

-Fomentar la participación de la Sociedad Civil en los planes y programas del Inmujeres, con particular énfasis en el movimiento amplio de mujeres y feminista.

-Hacer un uso responsable de los recursos materiales, humanos y presupuestales.

Las políticas a desarrollar en materia de igualdad de género, deben plantearse desde la transformación para el cambio de mentalidades, ya que el combate a la desigualdad de género -incluyendo la no discriminación, la no violencia y la paz-, requiere concentrar la acción de gobierno para su combate y re-construir un andamiaje institucional que se proponga la transversalidad, que sea efectivo, coordinador, promotor y vigilante de la arquitectura institucional, las políticas, el diseño y operación de los programas sociales en esta materia para alcanzar la igualdad sustantiva.

Requerimos incorporar la igualdad como un principio y eje rector, para, superar la subordinación. Para ello, es necesario reorientar este principio a fin de que se plantee cambios simbólicos y reales sobre la subordinación, por tanto, necesitamos modificar los valores, las prácticas y los procedimientos administrativos, para que funcionariado y sociedad se apropien de la perspectiva de igualdad de género y el nuevo gobierno establezca un compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres. El ejercicio de derechos plenos es una condición democrática. 

Somos conscientes que el punto de partida entre mujeres y hombres no es igual; por tanto, habría que corregir la desventaja inicial. Necesitamos convertir el trabajo por la igualdad en una política de Estado, por ello, conviene que tengamos un organismo que se convierta en una instancia normativa y transversal de la política pública, que articulen los planes y programas con las secretarías de estado, de tal manera que los recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres sean una práctica estatal del accionar en la materia. Para trabajar de manera coordinada y consistente, se cuenta ya con el Sistema Nacional de Igualdad, el Consejo Nacional de Igualdad, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, así como el Consejo Nacional para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres

Para eliminar la desigualdad se requieren políticas que eliminen la base cultural y política que sustenta la desigualdad entre mujeres y hombres, tanto en la vida privada como pública, por tanto, debemos modificar y transformar las prácticas, los modos de actuar y valores que sustentan esta desigualdad.

Es urgente la incorporación de perspectivas ideológicas, políticas y culturales que integren una visión holística, técnicas y educacionales para trabajar la igualdad a corto, mediano y largo plazo, no solo requerimos cambios en las prácticas administrativas, sino apuntalar un proceso simbólico de cambio de mentalidades.

La política pública pretende enfrentar un problema y tratar de resolverlo. Las políticas públicas con perspectiva de género deben dar respuesta a la realidad y condiciones de desigualdad que vivimos mujeres y hombres. El punto de partida es plantearlo como una política que el gobierno desarrolle de manera institucional, intencionada y planeada para enfrentar esas desigualdades.

Retos:

1. Garantizar que los puntos de partida, diagnósticos, planes y programas de toda la estructura gubernamental a nivel federal tomen en consideración la desigualdad inicial de mujeres y hombres, de clase, de generación y de etnia a través de la política de transversalidad en todas las secretarías de Estado.

2. Superar la discontinuidad y fragmentación en programas, estrategias y temas prioritarios que son impulsados a nivel nacional (no a la lógica del año fiscal).

3. Trabajar por una política con igualdad que invierta, modifique y replantee la experiencia migratoria de las mujeres, disminuya la desigualdad laboral, acceso a los recursos naturales, la pobreza y el desempleo y permita su acceso a la seguridad social, integrando lo valores de igualdad, equidad y respeto a los derechos humanos de las mujeres.

4. Fomentar la seguridad, justicia y paz social para las mujeres, que les permita desarrollarse en todos los ámbitos de su vida libres de violencia y discriminación y ejerciendo plenamente sus derechos.

Planes a impulsar:

A corto plazo:

1. Integrar el Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres y su respectivo Consejo a fin de que los programas en materia de igualdad y no discriminación cuenten con un claro andamiaje institucional que se proponga la transversalidad de la perspectiva de igualdad, que sea efectivo, coordinador, promotor y vigilante de la operatividad de esa arquitectura institucional y política.

2. Diseñar el Programa de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, a través de un proceso incluyente, democrático y participativo de la diversidad de mujeres del país, armonizado con el Plan Nacional de Desarrollo y las recomendaciones y estándares fijados por los organismos internacionales.

3. Integrar el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar los distintos tipos y modalidades de Violencia contra las Mujeres y diseñar el programa correspondiente a través de un proceso incluyente, democrático y participativo de la heterogeneidad de mujeres del país.

Programa anual

1. Fortalecer los mecanismos para el adelanto de las mujeres en el ámbito estatal y municipal, bajo los principios de corresponsabilidad y equidad en la distribución de los recursos que los haga superar su condición de instancias marginales, con recursos escasos y carentes de reconocimiento e interlocución.

2. Diseñar y operar sistemas de información que permita la evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos asignados a estados y municipios

3. Apoyar y fortalecer a las Asociaciones de la Sociedad Civil bajo una estrategia de continuidad, efectividad, transparencia y rendición de cuentas y bajo el principio de equidad, dando prioridad a las que atienden estados y municipios con mayores carencias y necesidades.

4. Trabajar por la incorporación de los principios de igualdad y DDHH de las mujeres en los programas sociales

5. Promover y garantizar la inclusión financiera y la autonomía de las mujeres.

6. Impulsar en la formación docente y en todos los niveles educativos, contenidos que fomenten la autonomía y autocuidado de las mujeres así como la responsabilidad de hombres y niños en el cuidado de las personas e impulsar masculinidades democráticas, así como la eliminación de contenidos sexistas y materiales educativos.

7. Impulsar una estrategia que promueva los derechos humanos y la salud sexual y reproductiva de niñas, adolescentes y adultas, bajo la perspectiva de la interseccionalidad e integralidad.

8. Impulsar la prevención del embarazo adolescente que incluya la promoción e información de métodos anticonceptivos y el ejercicio de las sexualidades responsable, especialmente de los hombres, así como la promoción de nuevos métodos dirigidos a ellos.

Para los tres años del mandato:

1.-Potenciar la participación política y social de las mujeres en la vida pública de México, especialmente las de zonas rurales, indígenas y afrodescendientes: Desarrollar una política para democratizar las relaciones en las familias.

2.-Desarrollar políticas que garanticen a las niñas y mujeres su acceso a la educación formal e informal, que certifique sus competencias y saberes, y eliminar la discriminación, con especial hincapié en las zonas rurales, indígenas y afrodescendientes, así como impulsar los mecanismos y programas para prevenir, atender y erradicar la violencia en estos espacios.

3. Revisar el marco normativo y procurar la armonización en los ámbitos federal, estatal y municipal, para acondicionarlo a las nuevas demandas de igualdad.

4.-Trabajar por la creación de un Sistema de cuidados, en conjunto con la iniciativa privada y las instancias gubernamentales competentes. Impulsar con la iniciativa privada la incorporación de políticas de igualdad y acción afirmativa en sus procesos de trabajo.

5.-Trabajar por una política con igualdad que invierta, modifique y replantee la experiencia migratoria.

6.-Fomentar y coordinar con otras instancias gubernamentales y entes privados, el acceso de las mujeres a los recursos naturales, el uso y tenencia de la tierra, a la sustentabilidad y el desarrollo.

7.-Generar una cultura de paz y no violencia para las niñas y mujeres, que garantice el Estado de derecho, la cultura de la legalidad y el acceso a la justicia.

8.-Promover y poner en práctica la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos de niñas y mujeres, como ejes rectores de la política pública a nivel federal, que incida en la realidad del país, para que éste sea igualitario e incluyente.

Resumen Curricular

Ma. Candelaria Ochoa Avalos

Diputada Federal electa por el distrito IX de Guadalajara, LXIII Legislatura, comisiones: Igualdad de género, Transparencia y anticorrupción, Derechos humanos, Especial para el caso Ayotzinapa, Agresiones a periodistas, Delitos de género, Especial sobre Feminicidio e Integrante del Consejo Editorial.

Profesora Investigadora Titular «C» del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara desde 1994 a la fecha (fundadora de dicho Centro), especialista en: Violencia contra las mujeres; Derechos humanos; Participación social y política de las Mujeres y Políticas públicas con perspectiva de género. Cargos de representación popular: Diputada federal por el IX Distrito de Guadalajara, Jalisco; Regidora en el H. Ayuntamiento de Guadalajara, 2012-2015; Integrante del Consejo Consultivo de MORENA.

Formación profesional: Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología política por el CIESAS Occidente; Diploma Superior en Género y Políticas Públicas. FLACSO, Argentina; Maestra en Sociología por la Universidad de Guadalajara; Licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara.

Distinciones: 2018: Reconocimiento con la Medalla al Espíritu Legislativo “José María Morelos y Pavón”; Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I de 2007 a 2015; Integrante del Jurado en la Convocatoria Estatal «Educación y perspectiva de género», Jalisco, 2009; Consejera y Presidenta del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres. 2006-2012; Candidata a Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a propuesta de 37 organizaciones de la sociedad civil. Jalisco. 2007.

Investigaciones realizadas: Observatorio sobre el presupuesto federal en materia de igualdad de género. Análisis del Anexo 13. (En curso); 20017. Lola Vidrio. Literatura y militancia feminista en Guadalajara; 2014-2016 Legislar sobre lo políticamente correcto: el feminicidio en Guadalajara. Universidad de Guadalajara;

Libros: Estudio Regional sobre las fuentes orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí. Comisión Nacional Contra la Violencia a las Mujeres, Gobierno Federal. 2012 Libro electrónico; Los límites de la pobreza: desigualdad y exclusión de las mujeres jefas de familia, Universidad de Guadalajara. 2009.

Capítulos en libros colectivos: Mujeres bordando la política. Certidumbres e incertidumbres de una tragedia. En Feminismos visuales. Coordinadoras Cristina Castellano y María Candelaria Ochoa. Universidad de Guadalajara. 2018; Ayotzinapa, herida abierta. En Reflexiones sobre Ayotzinapa en la perspectiva nacional. Carmen Chinas Salazar y Jaime Preciado Coronado. Universidad de Guadalajara. 2017; ¿Hacia dónde vamos? La cuota de género en las elecciones Jalisco 2012, en Sentencia de amor 12624. Mujeres y elecciones en México 2012, UAN/UNCoah/AMECIP. Ediciones Del Laurel. México. 2014.

Sara Lovera

Segunda Parte

SemMéxico. 3 de febrero de 2019.- Doctora en Filosofía, Rubí de María Campos Gómez aspira a presidir el Instituto Nacional de las Mujeres. (INMUJERES). Sin falsa modestia explica que ha recorrido en su vida profesional y militante todos los caminos. Es feminista. Hoy dice en su carta de presentación: que representar y dirigir el principal organismo de combate a la desigualdad, la violencia y la discriminación de género en el país es un reto que debe enfrentarse con valentía, integridad y honestidad.

Reconoce que a ese órgano de primera importancia y su conducción, obliga al Gobierno de la 4T tomar  una decisión de Estado para dotarlo de  recursos humanos, técnicos y financieros para promover realmente la igualdad de género. Opina que apoyar su función amerita reconocer que INMUJERES es el principal organismo de coordinación del sistema nacional. 

Maestra en Género y Derecho, Políticas Públicas Contra la Desigualdad Sexual por la Universidad Autónoma de Barcelona y  en Filosofía de la Cultura, dice a SemMéxico que hoy su compromiso con la igualdad y la no discriminación de las mujeres está renovado, por la indignación que siente ante las injusticias y el aumento del feminicidio que sigue amenazando fatalmente a mujeres y niñas en nuestro país.

En su plan de trabajo, compartido con SemMéxico, ahora valorado por las 32 consejeras sociales y consultivas, hace propuestas realistas para enfrentar el entorno de violencia e injusticia generalizadas, ello con la experiencia que le da haber dirigido el Instituto Michoacano de la Mujer en 2002 y hasta 2008, sabe de qué habla, y se duele: es patente que la desvaloración de la humanidad representada en las mujeres es uno de los más graves componentes de la crisis cultural que atravesamos. Por ello resulta imprescindible tener conocimientos técnicos y experiencia en los procedimientos administrativos, legales y presupuestarios de la administración pública, y en la implementación de procesos de transversalización y vinculación interinstitucional para dirigir hoy el INMUJERES.

De su experiencia y conocimiento se sabe, además de directora fundadora del Instituto Michoacano de la Mujer, directora general del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, organizó y definió con éxito la estructura, las funciones, las áreas, los programas, las acciones, y los respectivos manuales de organización y de procedimientos, para los procesos de transversalidad de la perspectiva de género en  todos los programas y acciones del gobierno estatal.  

A continuación su carta compromiso, con sus ideas plasmadas; el plan de trabajo y su historia de vida. 

Carta de compromiso y exposición de motivos.

Rubí de María Gómez Campos.

Las razones personales que motivan mi interés en esta convocatoria son las mismas que en 1981 definieron mi acercamiento a la lucha feminista desde el campo social, como co-fundadora de un grupo de conciencia, reflexión y activismo contra la violencia y la desigualdad. Mis investigaciones y el trabajo académico posterior ha estado vinculado siempre a una crítica feminista a la desigualdad, lo que permitió cumplir con eficiencia -no exenta de pasión- las responsabilidades institucionales a mi cargo. En virtud de cumplir sobradamente con todos los criterios declarados como esenciales en la presente convocatoria para llevar a cabo la dirección de un desarrollo social y humano en condiciones de igualdad, mi postulación a la Presidencia del INMUJERES responde al compromiso personal de contribuir al logro de una transformación social imprescindible para una vida humana más justa.

Soy feminista con un amplio prestigio. Diversos reconocimientos sustentan mi probidad y alta calidad ética. He contribuido directamente –como investigadora académica, periodista, activista, y como funcionaria- en la definición de procesos políticos, jurídicos, educativos y culturales de aplicación de parámetros y acuerdos nacionales, regionales e internacionales en materia de derechos de igualdad y contra la discriminación de las mujeres. Actualmente las formas de discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres se han agudizado debido al auge del individualismo que sostiene un desarrollo acelerado de la sociedad de consumo, pero mi compromiso se renueva con la indignación ante las injusticias y el aumento del feminicidio que sigue amenazando fatalmente a mujeres y niñas en nuestro país (el último año aumentó un 30 % el feminicidio de menores de edad). La teoría feminista, principal tema que investigo desde hace 37 años, me permitió consolidar un espacio universitario de investigación y formación que capacita en el diseño y aplicación de políticas públicas para la igualdad de género a profesionistas y funcionariado municipal y estatal: El Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (CIEM, 1998) cuenta con la participación de académicas invitadas de todo el país, a través del Diplomado anual sobre teoría feminista (cuya permanencia es de 21 años).

En lo relativo al criterio denominado en esta convocatoria contexto histórico -que se refiere a un dominio especializado y profesional en el manejo y comprensión de la problemática de la desigualdad de género- mi compromiso con la teoría y la práctica feminista está ligado al criterio de independencia y autonomía, sobre la base de un respeto irrestricto a la pluralidad y la diversidad sexual, étnica y de género, en la defensa de derechos humanos y la promoción de igualdad  que compromete la práctica feminista. En 1990 realicé la primera Tesis feminista de la Universidad Michoacana, bajo el título: “Filosofía y feminismo”. La investigación de Tesis de dos maestrías acreditadas: una en “Filosofía de la cultura” (UMSNH) y otra en “Género y derecho. Políticas públicas contra la desigualdad sexual” (CIESAS-Universidad de Barcelona), versaron sobre la problemática teórica y práctica de la desigualdad: El sentido de sí. Un ensayo sobre el feminismo y la filosofía de la cultura en México y Diseñar el futuro. Políticas de igualdad y democracia en el estado de Michoacán (Bases teóricas y un modelo organizativo). Como autora de más de 300 publicaciones (Libros, Artículos y Traducciones del Francés) destacan: El feminismo es un humanismo (Barcelona, Anthropos, 2013); El sentido de sí. Un ensayo sobre el feminismo y la filosofía de la cultura en México (México, Siglo XXI, 2004) y Filosofía, cultura y diferencia sexual (Coordinadora), (México, Plaza y Valdés, 2001). 

En un entorno de violencia e injusticia generalizadas es patente que la desvaloración de la humanidad representada en las mujeres es uno de los más graves componentes de la crisis cultural que atravesamos. Por ello resulta imprescindible tener conocimientos técnicos y experiencia en los procedimientos administrativos, legales y presupuestarios de la administración pública, y en la implementación de procesos de transversalización y vinculación interinstitucional. Como directora fundadora del Instituto Michoacano de la Mujer -primer órgano de atención a la problemática de la desigualdad de género en el estado de Michoacán- (y posteriormente como Directora General de Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán), tuve la responsabilidad inicial de organizar y definir con éxito la estructura, las funciones, las áreas, los programas, las acciones, y los respectivos manuales de organización y de procedimientos, que permitieron aplicar eficientemente procesos de transversalidad de la perspectiva de género en la implementación de todos los programas y acciones del gobierno estatal.  

​Ratifico pues mi compromiso de vida a la noble causa de la igualdad de derechos y por una cultura de respeto y justicia para las mujeres que integre a todas las personas de la sociedad. Representar y dirigir el principal organismo de combate a la desigualdad, la violencia y la discriminación de género en el país es un reto que debe enfrentarse con valentía, integridad y honestidad. Que la conducción del organismo sea sobresaliente implica, además de una comprensión clara de las causas profundas de la desigualdad: saber establecer metas integrales y objetivos cumplibles y precisos de combate y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Es necesario lograr resultados tangibles de corto, mediano y largo plazo en los programas imprescindibles de cambio cultural que se requieren; reforzar el carácter normativo del organismo y, prioritariamente, profundizar la vinculación de las instituciones con mujeres organizadas, para lograr incidencia en toda la sociedad. 

Por último manifiesto mi aceptación de total respeto a las normas que rigen el funcionamiento del INMUJERES y de sus Órganos Auxiliares, y manifiesto “bajo protesta de decir verdad” que cumplo con los requisitos de la presente convocatoria; que la información vertida es verídica y que los documentos de soporte son copia fiel de sus originales. No omito por último manifestar mi total sometimiento y respeto a la decisión que resulte de este proceso de elección.

Plan de trabajo. 

Situación nacional en igualdad y derechos humanos de  las mujeres. 

Se mantiene la persistencia de los altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada en el Estado parte y preocupa la aparición de propaganda contra la igualdad de género en el Estado. Persisten disposiciones discriminatorias por motivos de sexo en la legislación, falta de armonización, ausencia de mecanismos eficaces, insuficiencia de los presupuestos estatales asignados a la aplicación de leyes sobre igualdad de género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ello redunda en bajos índices de enjuiciamiento en casos de discriminación, sobre todo en sus formas interseccionales (que afectan a las mujeres indígenas, afromexicanas, migrantes, las mujeres con discapacidad, lesbianas, bisexuales y transgénero, y las personas intersexuales). 

Existen trabas institucionales, estructurales y prácticas muy asentadas que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia: Estereotipos discriminatorios; escasos conocimientos sobre los derechos de las mujeres entre los miembros del poder judicial, profesionales de la justicia y los encargados de hacer cumplir la ley, incluida la policía; criterios interpretativos estereotipados, parcialidad judicial en la resolución de los casos y falta de rendición de cuentas de los jueces, así como un escaso conocimiento de las mujeres, en particular las víctimas de la violencia de género, de los derechos que les reconoce la Convención, y los recursos legales a su alcance. Persistencia de los patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas (física, psicológica, sexual y económica); aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios, perpetrados por agentes estatales y no estatales, incluidos los grupos de delincuentes organizados. 

Falta de armonización estatal con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar como delito el feminicidio; alta incidencia de desapariciones forzadas que afectan a las mujeres (como víctimas directas o indirectas); barreras persistentes que impiden la aplicación efectiva del mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres; denuncias de uso de la violencia por parte de agentes estatales y no estatales contra mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero; y escasos datos estadísticos sobre violencia contra la mujer, desglosados por tipo de violencia y relación entre el autor y la víctima. Limitados recursos humanos, técnicos y financieros asignados al Instituto Nacional de las Mujeres para promover la igualdad de género, ello amerita apoyar su función como principal organismo de coordinación del sistema nacional. Se considera que el monto asignado sigue siendo insuficiente y se señala la falta de una coordinación sistemática e institucionalizada, en los planos federal, estatal y municipal. Ausencia de mecanismos para el seguimiento y la evaluación de la incorporación de la perspectiva de género; escasa difusión y utilización de datos desglosados por sexo, así como la participación insuficiente de organizaciones de mujeres en la concepción y seguimiento de las políticas públicas de igualdad de género; y una escasa aplicación de medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad. 

Retos en torno a las funciones sustantivas del organismo. 

Las principales necesidades detectadas remiten a la urgencia de que el Estado mexicano tome en serio su responsabilidad frente a la dignidad de las mujeres y el pleno respeto a su condición de ciudadanas. En la lucha contra la violencia y la inseguridad es necesario atender al cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las derivadas de la Convención, y adoptar medidas que informen de los derechos humanos de las mujeres y contrarresten la propaganda contra la igualdad de género. Resulta imprescindible aumentar los recursos humanos, técnicos y financieros del Instituto Nacional de las Mujeres; fortalecer su capacidad de promover y controlar la aplicación de las políticas de igualdad de género y reforzar su papel en el marco normativo que rige la incorporación de la perspectiva de género en los planos federal y estatal. El Comité recomienda que se adopte una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios; elaborar una estrategia de formación para profesionales de los medios de comunicación que comprenda directrices y mecanismos de control para eliminar los estereotipos discriminatorios contra las mujeres, garantizar la imposición de sanciones adecuadas y el recurso a facultades coactivas para luchar contra los estereotipos de género discriminatorios. Se insta a México a que investigue, enjuicie y sancione a los responsables de feminicidio, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria.  El principal reto es diseñar políticas integrales e incluir a los varones jóvenes en la crítica y deconstrucción de masculinidades y violencias. Disminuir brechas de género en el ámbito laboral está ligado a la potenciación creativa de mujeres artistas, profesionistas y científicas, del mismo modo que combatir la desigualdad no se opone a las múltiples formas de alianza y fortalecimiento de redes femeninas y masculinas de solidaridad. Finalmente la defensa de la dignidad humana de las mujeres es un asunto de competencia general que nos obliga a ampliar el trabajo de potenciación de las mujeres hacia la concienciación de los hombres, mediante el combate a su propia violencia y la deconstrucción de formas funestas de masculinidad que la alientan.

Planes concretos a inmediato a), mediano b) y largo plazo c) 

Eje 1. Justicia para las mujeres. a) Establecer una ruta dotada de recursos suficientes, un calendario y metas mensurables para obligar a las autoridades federales, estatales y locales a aplicar las leyes relativas a la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación de facto de las mujeres. b) Capacitar de manera sistemática y obligatoria, a los jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y proteger los derechos de la mujer y la igualdad de género, para poner fin al trato discriminatorio de mujeres y niñas. b) Velar por que se juzgue con perspectiva de género, hacer que los jueces que discriminan a las mujeres rindan cuentas y garantizar que todas las decisiones de los tribunales se publiquen. Hacer que la información sobre los recursos legales esté disponible en lenguas indígenas y formatos accesibles, y se implante un sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica gratuita para mujeres de zonas rurales y remotas. c) Alentar a las mujeres a denunciar, y que éstas cuenten con recursos efectivos y oportunos que garanticen un juicio justo y castigo a los agresores. 

Eje 2. Violencia y feminicidio. a) Adoptar medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, combatiendo las causas profundas de esos actos, como la violencia armada y, entre otros, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de las mujeres. b) Garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio, que simplifique y armonice en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba, y mitigue los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. c) Promover que todas las dependencias, especialmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refuerce su perspectiva de género, e incluir la participación de organizaciones no gubernamentales, expertas del mundo académico y defensores de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia.

Eje 3. Institucionalización de la perspectiva de género. b) Adoptar un proceso integrado de elaboración de presupuestos con perspectiva de género con mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas en todos los sectores y niveles de gobierno, y mejorar el sistema de seguimiento de la asignación de recursos destinados a la mujer, mediante una coordinación sistemática e institucionalizada entre el Instituto Nacional de las Mujeres y las oficinas de la mujer estatales y municipales. a) Implantar mecanismos eficaces de control, evaluación y rendición de cuentas para afrontar los factores estructurales que generan desigualdades persistentes y reforzar la participación de las organizaciones de mujeres en la concepción y el control de la aplicación de las políticas de igualdad. b) Hacer frente a los estereotipos discriminatorios, persistentes sobre las funciones y responsabilidades de mujeres y hombres en la familia y la sociedad, las formas interseccionales de discriminación y la cultura machista profundamente arraigada en el Estado parte, junto a la normalización de la violencia contra las mujeres y las imágenes estereotipadas y sexualizadas de las mujeres en los medios de comunicación mayoritarios. c) Combatir especialmente las representaciones estereotipadas y las imágenes negativas de mujeres indígenas, afromexicanas, mujeres migrantes y mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en los medios de comunicación, y alentar la difusión de imágenes positivas de las mujeres. 

Resumen de Currículum Vitáe 

Formación: 

Doctora en Filosofía (Universidad Michoacana, 2016); Master: “Género y Derecho: Políticas Públicas Contra la Desigualdad Sexual” (Universidad Autónoma de Barcelona, 2007); Maestra en Filosofía de la Cultura (UMSNH, 2000); Licenciada en Filosofía (UMSNH, 1990).

Experiencia profesional académica y administrativa: 

Profesora-Investigadora de la UMSNH desde 1989; actualmente en el Instituto de Investigaciones Filosófícas “Luis Villoro”, donde Coordina el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (1995-2002 y 2012-actualmente). Coordinó la Maestría en Filosofía de la Cultura de la UMSNH (2015- 2016). Fue Directora del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, CIDEM (2010-2012) y Directora General del Instituto Michoacano de la Mujer en el Gobierno de Estado de Michoacán (2002-2008). Además es Columnista de Periódicos Estatales, Nacionales e Internacionales y Productora y Colaboradora de Programas de Radio (desde 1982).

Actividades académicas y principales publicaciones: 

Actividades de Docencia, Investigación, Difusión de la Cultura y Aplicación de Conocimiento Científico Social: 127 Cursos impartidos, Participación en 70 Congresos Internacionales y Nacionales, 151 conferencias y 309 Publicaciones (Libros, Artículos y Traducciones del Francés). 

Principales Libros: El feminismo es un humanismo, Barcelona, Anthropos, 2013. . El sentido de sí. Un ensayo sobre el feminismo y la filosofía de la cultura en México, México, Siglo XXI, 2004.  Filosofía, cultura y diferencia sexual (Coordinadora), México, Plaza y Valdés, 2001.

Principales Reconocimientos:

Premio Hermila Galindo (Nacional) a la trayectoria en la lucha en favor de los Derechos Humanos, otorgado por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (por “haber destacado por sus iniciativas y logros en la construcción de una cultura de respeto a los derechos de las mujeres, y en el impulso a la igualdad de género en los ámbitos social, económico, cultural, educativo, político y/o de salud en México”). México, D. F., 2015; Premio Internacional de Ensayo en el X Certamen Latinoamericano de Ensayo Político, por el artículo “Reflexiones en torno al ser y el hacer de la mujer”. De la Revista Nueva Sociedad. Caracas, Venezuela, 1994; Mención Honorífica en el Certamen Nacional de Periodismo «Rosario Castellanos», de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMPE) A. C., por el artículo «Los servicios de salud y la maternidad». Ciudad de México, 1992;Desde 2018: Integrante del SNI, como Investigadora Nacional Nivel I, (Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT).