Inicio Blog Página 1658

Daremos seguimiento a la renuncia de la Presidenta Municipal de Santiago Tamazola

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 3 enero 2019.- El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca estará vigilante de que las mujeres electas en las elecciones 2018 puedan desempeñar el cargo de manera libre. Asimismo, dará seguimiento a los casos de renuncia a los puestos para los que fueron electas con el objetivo de identificar y prevenir posibles situaciones de violencia política en razón de género.

En un comunicado, señalan que el proceso electoral de 2018, 52 mujeres fueron electas como Presidentas Municipales por el régimen de Partidos Políticos en Oaxaca.

Es un hecho histórico, pues nunca se habían registrado este número. Además, más de 500 mujeres ejercerán cargos dentro de los cabildos. En este contexto de avance, las instituciones integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca coordinaremos esfuerzos para verificar que las mujeres puedan ejercer sus funciones en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia.

Quienes integran los cabildos, los partidos políticos y cualquier persona debe evitar restringir, suspender o impedir el ejercicio del cargo de las oaxaqueñas quienes a partir del 1 de enero de 2019 —al haber sido electas en un proceso democrático— son autoridades municipales. Impedir que realicen sus funciones u obligarlas a renunciar al cargo son delitos cuya sanción está establecida en la Constitución local y en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

En este contexto, informamos que estaremos atentos y daremos seguimiento a la renuncia realizada por la Presidenta Municipal de Santiago Tamazola así como de su suplente, quienes a unas horas de haber asumido el cargo así lo manifestaron. Informaremos puntualmente sobre el caso y trabajaremos en conjunto para prevenir cualquier intento de simulación o violencia política en razón de género.  

Obligar a las mujeres a renunciar al cargo para el que fueron electas o simular su participación en los cabildos son acciones que van no sólo en contra de ellas sino de toda la ciudadanía, pues es un atentado a la democracia. Por ello es importante identificar y hacer visibles este tipo de situaciones que pueden llegar a presentarse en los municipios de nuestra entidad y dar el seguimiento institucional correspondiente.

Los partidos políticos, las instituciones y la sociedad civil debemos garantizar el libre ejercicio y acceso efectivo de las mujeres a los cargos de elección. En esta lucha por la igualdad no debemos dar marcha atrás, por ello como Observatorio seguiremos vigilantes.

SEM/sj

Decomisado el IMSS a favor de los pobres

El nuevo esquema de seguridad: policías bajo el mando de militares

La tragedia con que inicia 2019: el “corredero” inmisericorde

Martha Elba Torres

SemMéxico. 03 de enero 2019.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que por 80 años se ha financiado de las cuotas obrero/patronales, se integra al nuevo Sistema Nacional de Salud: los 450 mil trabajadores que atendían a 69 millones de derechohabientes, ahora lo harán con 82 millones.

Todo se disparará: las 480 mil consultas diarias, mil 100 partos, 4 mil cirugías y 80 mil análisis clínicos. Con el compromiso, aseguró el director general, Germán Martínez Cázares, de una atención “eficiente” y apegada a derechos humanos. Los recursos federales que se le inyectarán serán los asignados al desaparecido Seguro Popular.

Los primeros estados que se incorporan al nuevo sistema son Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca, explicó el funcionario en la inauguración de sus nuevas oficinas en Morelia, pero en su discurso no se refirió a la eventual contratación de personal o mejoría salarial a todo el personal ni de cuánto serán las pensiones “dignas”.

Eso sí, dijo corruptos a los trabajadores “que hacen mal las cosas y los protege la impunidad sindical”; corruptos a los empresarios que registran con salario mínimo a sus empleados; corruptos los funcionarios y empresas que hacían negocio con las licitaciones para medicamentos, insumos y equipamiento. Luego felicitó a los dirigentes sindicales.

El IMSS –prosiguió- será incluyente: atenderá a extranjeros, trabajadoras domésticas y a los jornaleros eventuales del campo. “Todos los recursos humanos estarán en la universalidad del derecho a la salud”.

Con Germán Martínez, gradualmente, todas las direcciones se instalarán en Morelia. Y pronto -el ex dirigente nacional del PAN- “se vendrá a vivir a Michoacán”, resaltó el presidente López Obrador.

No queda duda: destapó sin querer, a su gallo para 2021…

                                                                                              ***

Pero quien sabe qué torcida fijación tiene López Obrador, de que fuera de él y su séquito, todos los demás están podridos por la corrupción. Programas sociales y obras bajarán directamente de sus manos, sin más intermediarios –léase: gobernadores, legisladores y alcaldes, incluso de su partido-, porque nadie es digno de sus confianzas.

En Michoacán, pese a la buena coordinación que había entre las diferentes autoridades y con los resultados a la vista, decidió que al frente de la estrategia de seguridad quede la milicia. No infiero que sea malo o contraproducente, pero sujetar a todas las policías civiles a la obediencia militar, tiene sus complicaciones.

El gobernador Silvano Aureoles hizo lo correcto: alinearse –como lo dijo- a la disposición presidencial, porque al final de cuentas será el Presidente el único que pague la factura. La ventaja del michoacano es que tiene tres años trabajando con los militares y como lo escribo líneas arriba, la coordinación funcionaba.

¿Qué pasó de septiembre para acá que asumieron los nuevos alcaldes morenistas, que si bien son pocos, gobiernan los municipios grandes? El acoplamiento se rompió y los malandracos haciendo su agosto. El regadero de muertos en Morelia, Zamora y ya no hablemos del ingobernable Buenavista Tomatlán.

El moreliano Raúl Morón, un día decía que sí y al otro no, respecto a la coordinación con el estado. Y es que ningún presidente municipal puede tomar decisiones, sino no se lo ordenan desde el centro. Pero los homicidios siguen en populosas colonias como Ciudad Jardín o en la ricarda Altozano, donde ejecutaron a un joven de 24 años en su propio bar o los tres policías federales masacrados.

Pero López Obrador que eso no es cierto. Que los 887 asesinatos dolosos que contabilizó Reforma en diciembre a partir de las carpetas de investigación iniciadas, son calumnia de la prensa fifí, porque “así actúa el conservadurismo”.

Ayer jueves 3, nuevamente el Presidente, junto con su secretario de Seguridad, se lanzaron contra ese diario para intentar desacreditarlo. Entonces, le echaron la culpa de la confusión, a las mediciones.

El caso que Alfonso Durazo terminó machucándose los dedos: de acuerdo al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en diciembre se cometieron mil 786 homicidios dolosos. Más del doble de los referidos por Reforma. Entonces, ¿quién miente?

Reitero que esa estrategia del presidente López Obrador de sus ruedas de prensa matutinas, es mala, y sí, contraproducente, porque no solo lo desgastan física –se le ve ese semblante avejentado y a la defensiva-, sino también mediáticamente por estar respondiendo todos los días, lo que publican los medios que son de su interés.

Por ejemplo, también ayer le lanzaron la bola de las declaraciones patrimoniales de él y sus colaboradores, que pasó todo diciembre y apenas dos las habían subido a Declaranet.

El Presidente tuvo que aclarar que todos, “de todos los niveles”, tendrán que publicar su declaración. “Por cuestiones de índole moral, todos debemos a dar a conocer los bienes, y el que no los dé a conocer alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno”.

La indicación era clara para su titular de Segob, Olga Sánchez Cordero; de la SEP, Esteban Moctezuma y la del Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena. -Qué aburrido tantos apellidos por perpetuar alcurnia-, que se negaron a subirlo por “conflicto de interés”. (Recuperado en: https://www.laotraopinion.com.mx/tiran-pagina-de-declaranet-para-encubrir-a-amlo-y-funcionarios-que-ocultan-patrimonio/). El caso es que ni el propio López Obrador lo había subido y ofreció que este viernes 4, lo haría.

De Amlo, la única declaración “3de3”que se le conoce, es la que presentó el 11 de agosto de 2016. Informó poseer una casa en Chiapas que puso a nombre de uno de sus dependientes; un automóvil último modelo sin especificar marca; que ganaba al año 600 mil pesos, es decir, 50 mil pesos mensuales, y poseer una cuenta bancaria.

De su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, reportó dos terrenos, un departamento y una casa al sur de la Ciudad de México en la que viven ambos junto con su hijo; que cobra como investigadora 570 mil pesos al año y seis cuentas bancarias, entre créditos, ahorros y autofinanciamiento. Además, según López Obrador, su cónyuge posee obras de arte y joyas, cuyo valor no especificó.

De los famosos tres departamentos en la Ciudad de México, que en abril de 2018, le documentó dos a su nombre, José Antonio Meade, nunca más se supo nada, pues Amlo tampoco nunca actualizó su declaración patrimonial.

“Esto tiene que cambiar… me patea el hígado el saber que organismos Internacionales como Transparencia Internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción. Como mexicano me indigna, me molesta, no puedo decir otra palabra. Eso se acabó”, dijo, histriónico como es.

Pero seguimos sin saber si el Presidente de México es rico o pobre, porque oculta…

                                                                                               ***

De veras que después de la enfermedad, lo más grave que nos puede pasar es perder la chamba.

Como en Guanajuato, Veracruz, Querétaro y Ciudad de México, en Michoacán ya fueron despedidos 200 empleados del Servicito de Administración Tributaria (SAT), con el pretexto de la reestructuración en el Presupuesto de Egresos 2019.

Si a esto le sumamos el corredero en delegaciones federales, que el representante presidencial Roberto Pantoja no ha podido siquiera estimar y todavía el recorte de 182 plazas en el Gobierno Estatal por la cantaleta morena de la austeridad, pues los índices de empleo también se dispararán. Al tiempo…

Los ingresos hospitalarios por esta causa muestran una tendencia al alza

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 3 enero 2019.- La diputada Lourdes Celenia Contreras González (MC) planteó reformas al artículo 300 del Código Penal Federal para aumentar las sanciones penales y administrativas por el delito de lesiones a niñas, niños y adolescentes.

La integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia indicó que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, los ingresos hospitalarios por lesiones a menores de edad muestran una tendencia al alza, pues cada año se presentan cuatro mil nuevos casos.

Puntualizó que “es importante sumar todos aquellos casos que no están contemplados en esta base de datos, por lo que no es posible tener certeza del número exacto de menores víctimas de esta forma de violencia”.

Contreras González mencionó que las agresiones contra los y las menores de edad pueden manifestarse de forma física o psicológica; pero, en todos los casos, tienen consecuencias negativas y, en ocasiones, permanentes, y carecen de la atención adecuada de un profesional.

Explicó que las lesiones comprenden no solamente heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones y quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano.

 “El maltrato físico en menores de edad no respeta género, edad, discapacidades, condición social, de salud o creencias religiosas; además, sucede en el propio seno de la familia u otros entornos sociales”, advirtió.

Por ello, subrayó, es importante reconocer la obligación de respetar la vida e integridad física de la niñez, y que el adulto comprenda que debe procurar al máximo la protección y el cuidado que su condición de vulnerabilidad exige, con el fin de que crezcan y se desarrollen en un ambiente sano. 

Si bien el Código Federal Penal prevé sanciones a este delito, es en el artículo 300 donde se encuentra una referencia subjetiva a los menores, ya que “no menciona a este grupo social”. Por ello, se plantea clarificar y detallar, en el caso de lesionar a un u una menor de edad, las sanciones específicas.

Con esta reforma, precisó, se pretende disminuir sustancialmente el maltrato, el castigo corporal y las lesiones que podrían poner en peligro la vida o integridad física de los menores.

El maltrato infantil y la violencia tienen consecuencias negativas para ellos y la sociedad en su conjunto, porque crecen en un medio en donde la agresión es común, ya sea ejercida por los padres o por quienes tienen su custodia; por maestros y autoridades de los centros de readaptación.

La adicción al artículo 300 del Código Penal Federal que analiza la Comisión de Justicia busca establecer que quien cometa el delito de lesiones en contra de una persona menor de 18 años de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, la pena se aumentará hasta el doble en su mínimo y en su máximo, conforme refieren los artículos 289, 290, 291 292, 293 y 298.

Si las lesiones no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de 15 días, la pena será 6 a 16 meses de prisión, o de 60 a 100 días multa. Si tardarán en sanar más de 15 días, se le impondrán de 8 meses a 4 años de prisión, y de 120 a 420 días multa. 

Asimismo, se impondrán de 4 a 10 años de prisión y multa de 200 a 600 pesos, al que infiera una lesión que deje cicatriz en la cara, perpetuamente notable.

Además, se fijará de 6 a 10 años de prisión y multa de 600 a mil pesos, al que infiera una lesión que perturbe para siempre la vista o disminuya la facultad de oír; entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna, o cualquier otro órgano; el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales.

Se establecerá de 10 a 16 años de prisión al que infiera una lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente incurable; la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pie, o de cualquier otro órgano; cuando quede perjudicada, para siempre, cualquiera función orgánica, o cuando el ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad incorregible.

De igual modo, se impondrán, de 12 a 20 años de prisión, al que infiera una lesión que provoque incapacidad permanente para trabajar, enajenación mental, pérdida de la vista o del habla o de las funciones sexuales.

Al que infiera lesiones que pongan en peligro la vida, se le impondrán de 6 a 12 años de prisión, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan conforme a los artículos anteriores.

SEM/sj

Ráfaga

Bajo la voz popular.

El primer reto político para el presidente López Obrador

LA OPINIÓN

Jorge Herrera Valenzuela

SemMéxico, 3 enero 2019.-  Comienza el año 2019 y el Presidente de México sigue demostrando que es incansable, decidido a convertir en realidad sus planes y a éstos aderezarlos convocando a consultas populares, en un juego fácil de entender, él proyecta e inicia sus obras y practica “la democracia participativa” a efecto de compartir futuras responsabilidades, bajo el argumento de que fue la voz popular la que “ordenó”. El ejemplo más contundente es el de la cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que, por cierto, continúan.

Pues bien, don Andrés Manuel López Obrador recibió como regalo navideño, precisamente el lunes 24 del pasado diciembre, consistente en el primer reto político, de su sexenio. La investigación del accidente deberá ser clara, precisa y concisa, inobjetable. La selección del gobernador interino debe ser limpia en todo sentido, porque el Congreso poblano está dominando por Morena y la coalición PAN-PRD-MC quiere que sea uno de sus miembros el designado. Las elecciones extraordinarias tienen que ser responsabilidad en su organización y desarrollo por las autoridades electorales locales, no por el Instituto Nacional Electoral.

Pues bien, lo anterior se deriva de la muerte violenta de dos prominentes políticos poblanos, militantes del PAN: la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, quien apenas llevaba 10 días en el cargo, y su esposo Rafael Moreno Valle Rosas, exgobernador y  que se desempeñaba, desde noviembre pasado, como coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado de la República. El matrimonio viajaba en un helicóptero, de Puebla a la Ciudad de México, que cayó por tierra y al estrellarse se incendió. En la aeronave iban dos pilotos y un asistente de Moreno Valle Rosas.

Mientras el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que no hubo explosivos que provocarán el desplome del aparato aéreo, el Presidente López Obrador afirmó que no se ocultará nada de la investigación, a cargo de autoridades mexicanas que tendrán la colaboración de peritos internacionales. Las especulaciones, los comentarios y las expresiones negativas, surgieron de inmediato, especialmente en las redes sociales, donde, sin fundamento alguno se incriminaba al nuevo gobierno federal.

Resulta no sospechoso, pero sí digno de comentario el silencio que guardan los medios e inclusive las notas periodísticas están faltas de datos. Por su parte las autoridades se concretaron a referir que solicitaron el apoyo de expertos aeronáuticos de Canadá, de Estados Unidos y de algunos europeos. Otro aspecto que motiva dudas en la actuación oficial, es que se haya permitido incinerar los cadáveres, que seguramente debieron ser autopsiados, para cumplir con un importante requisito al integrarse el expediente—hoy llamado carpeta—de investigación, pues un médico legista debe precisar la o las causas de la muerte.

De acuerdo con las informaciones, la inspección en el lugar del accidente, Cerro de la Chimenea del Chacuaco, en Santa María Coronago, Puebla, se realizó con celeridad y sabemos que ese trabajo requiere días no horas, porque hay que recoger todos los restos de la aeronave y de los objetos que llevaban los pasajeros (cinco en este caso), así como los indicios que sirvan para el peritaje. Es necesario conocer los informes de la Torre de Control, de los despachadores que autorizan el vuelo, incluyendo nombres de los ocupantes del helicóptero, el destino final del viaje, así como la ruta a seguir.

Bueno, pero en el aspecto político, retomando el punto, los integrantes de la Cámara de Diputados del Estado de Puebla, se han dilatado en nombrar al gobernador interino. Ello se debe a que el llamado Congreso Estatal es mayoritariamente de Morena, recordemos que la gobernadora Alonso Hidalgo no tomó posesión en sesión solemne del Poder Legislativo de Puebla y que en Palacio Nacional se calificó de “antidemocrático” el fallo del TRIFE a favor de la ahora desaparecida candidata del PAN-PRD-MC.

Los partidos que apoyaron a Martha Erika desean que uno de los militantes de esa coalición sea el que ocupe interinamente la gubernatura y sea el encargado de convocar a elecciones extraordinarias. Aquí es donde la decisión de los diputados morenistas debe sujetarse, aunque lo nieguen, a lo que disponga el Presidente López Obrador. Por su parte la presidenta nacional de Morena anunció que en los futuros comicios, Luis Miguel Barbosa repetirá como candidato “y volverá a triunfar –dijo la dirigente de dobles y diferentes nombres y apellidos–, porque le robaron en las elecciones pasadas”.

PREGUNTA PARA MEDITAR:

¿Postular nuevamente a Miguel Barbosa no estará implicando tanto su falta de ética personal como su ambición personal, después de sus declaraciones contra Erika, en el sentido de que no la dejaría ser gobernadora?

jherrerav@live.com.mx  

PERU. Colapso Institucional

Crónica de la Vergüenza: el retroceso.

Suspenden el comienzo de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Diana Miloslavich

SemMéxico. Peru. 2 de enero de 2019.- Durante todo el día la ciudadanía en Perú estaba atenta a la ratificación de los fiscales que vienen haciendo una labor excelente contra la corrupción y la impunidad tanto del Equipo Especial de Lava Jato (Odebrecht), como del denominado, “Los cuellos blancos del puerto”.

4 pm. Se dio a conocer la ratificación de las fiscales Rocio Castro y Sandra Sánchez que iniciaron la más grande investigación “Los cuellos blancos del puerto”. Cuyo trabajo contra la corrupción dio a conocer los audios de la vergüenza, donde todo el país pudo escuchar el manejo corrupto de jueces y fiscales con un sistema justicia usado a su antojo y conforme a sus intereses privados. Diversos grupos feministas expresaron su apoyo con una campaña denominada #FiscalesNoEstanSolas para conseguir su ratificación.

7pm. Cuando nos preparábamos para recibir el nuevo año. El Fiscal de la Nación Pedro Chavarry convoca a  una conferencia de prensa nocturna, a escasas horas de finalizar el año. Allí es donde anuncia que José Domingo Pérez y Rafael Vela no serían ratificados en la investigación Lava Jato, frustrando la reunión del 14 de enero con Odebrecht en Brasil que sabemos era clave para continuar con las investigaciones. Sabiendo ya que la compañía brasileña realizó sobornos durante el gobierno de Alan García y dio dinero a las campañas electorales de partidos como  Fuerza Popular (Fujimorista), entre otras.Las razones que da son débiles para esa decisión, que no se respeta su jerarquía y 

8:30 Se convocan una movilización en el centro de la ciudad, Plaza San Martin.

9 pm. El Presidente Vizcarra que se encontraba en Brasil manda un twitter donde expresa su disconformidad con lo realizado y escribe: “Expreso mi enérgico rechazo ante la remoción de los fiscales a cargo de los más importantes casos de investigación de corrupción” Y anuncia su regreso para encabezar la lucha contra la impunidad y la corrupción.

10 pm. Salen cientos de ciudadanos y ciudadanas de la Plaza, respaldando a los fiscales y pidiendo que se vaya el fiscal de la Nación al grito unísono de Fuera Chavarrycerca de cinco mil personas camino al local del Ministerio Publico. Coreando: No es año nuevo. Esto es un asalto. Domingo amigo el pueblo está contigo.

11:20  Finalmente llega la movilización a una de las sedes Ministerio Publico donde están las oficinas de los fiscales revocados y sale José Domingo Pérez para agradecer la presencia masiva a nombre suyo y del fiscal Vela y pide que sigamos vigilantes y explica que estáesperando a la fiscal penal de turno para lacrar y hacer entrega del material de la investigación. Cientos deciden acompañarlo con una vigilia.

Este nuevo hecho, que interrumpe una labor de fiscales intachables, ha puesto a la ciudadanía en pie de lucha, y al mismo Presidente de la República. El Fiscal ha dado un paso en falso y se espera que exista algún mecanismo constitucional que nos permita revocarlo e iniciar una investigación que podría no solo destituirlo, sino verse además investigado por estar presuntamente  involucrado en la corrupción. En diversas ciudades del Perú, Arequipa, Cusco también salieron a las calles. 

Este período del 2018 el analista Juan de la Puente calificó como el año de la Rebeldía Inconclusa por la movilización ciudadana que fueron clave para un cambio en la conducción del gobierno, la caída de Pedro Kuczinsky, el retrocedo del indulto a Fujimori y un referéndum en octubre que fortaleció al nuevo Presidente con sus  propuestas de reformas al sistema de justicia y al sistema político.

Sin duda un duro golpe del Fujimorismo a la democracia,  ya salieron sus voceros apoyar la decisión del  Fiscal de la Nación.  La movilización ciudadana se apresta a invadir las calles del país, hasta que renuncie el Fiscal Chavarry. Esperemos que el Tribunal Constitucional  pueda buscar el camino para continuar con las investigaciones y con los mismos fiscales. El 2019 nos encuentra indignadas pero con esperanzas que  regresen los fiscales a su trabajo y la lucha contra la corrupción continúe.

Siete meses de impunidad en el triple asesinato cometido en Juchitán

Redacción

SemMéxico. Oaxaca de Juárez, 2 enero de 2019.-  A siete meses del asesinato de María del Sol Cruz Jarquín, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha dado resultado alguno en las investigaciones del crimen y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la entidad no ha vinculado a proceso la investigación en contra de los hermanos Montero López, presuntos responsables de delito electoral al usar recursos públicos financieros y humanos de la SAI, como es el caso de la fotoperiodista.

Por ello, Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín, asesinada el 2 de junio en un atentado artero en aquel municipio, en el que también fue asesinada la candidata a segunda concejala al gobierno de Juchitán de Zaragoza y también regidora de Energía con licencia, Pamela Terán Pineda, así como su chofer Adelfo Jiménez, demandó la renuncia de la funcionaria “que sirve a la impunidad y no a la justicia”.

La madre de la entonces jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), quien fue enviada desde finales de abril a Juchitán de Zaragoza para apoyar la campaña política de quien fuera candidato al gobierno municipal de ese municipio, Hageo Montero López, por parte de su hermano el titular de la SAI, Francisco Javier Montero López, hizo un recuento de los hechos.

El 5 de junio ratificó la carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada por Delitos Electorales por la comisión de presuntos delitos electorales por parte del secretario de Asuntos Indígenas y de su hermano el candidato a presidente municipal por la coalición Todos por Oaxaca (PRI-PVEM-PNA), a pesar de lo dicho de manera inicial, por su titular Araceli Pinelo López, quien aseguró que no había delito electoral.

Por lo que se integró una abultada carpeta de investigación con pruebas de distintas fuentes que revelan la presencia de María del Sol Cruz Jarquín en Juchitán de Zaragoza, quien so pena de perder su empleo fue obligada a trasladarse a ese municipio, cuando su lugar de trabajo eran las oficinas ubicadas en la llamada Ciudad Administrativa, a unos 20 minutos de su casa.

Incluso, fue en esta carpeta en la que se integró la investigación por el robo del equipo de la fotoperiodista (cámaras: fotográfica, de video y computadora) por parte de personal de la SAI, quien indebidamente sustrajo sus pertenencias del hotel tras conocer el cobarde triple asesinato. Equipo que fue desaparecido porque contenía pruebas sobre el trabajo que realizaba en Juchitán de Zaragoza y cuyos autores materiales del robo siguen sin ser ni siquiera molestados.

El pasado 7 de septiembre, previo al inicio de un acto del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Pinelo López afirmó a la madre de la fotoperiodista que la carpeta de investigación estaba lista para iniciar el proceso judicial y que incluso había enviado ya un oficio al Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, para informarle. Sin embargo, a finales de octubre pasado, personal de esa Fiscalía solicitaron nuevas pruebas a la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de la fotoperiodista.

Tanto el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Sala Xalapa, han confirmado la violación a las leyes electorales por parte de los hermanos Hageo Montero López y Francisco Javier Montero López, quienes deberán ser sancionados económicamente por el TEEO, de acuerdo a la resolución del TEPJF, que también mandató al gobernador Alejandro Murat Hinojosa imponer una sanción a su ex colaborador Francisco Javier Montero López, ambas sanciones que también se espera sean impuestas en breve.

Mientas que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental turnará al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca la investigación realizada al titular de la SAI, Francisco Javier Montero López, y otros funcionarios, por haber encontrado “graves violaciones” que muestran que habría incurrido en acciones de corrupción al destinar recursos públicos y humanos a una campaña política.

Es decir, todo indica que existen opiniones encontradas entre la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con respecto a lo que ya han opinado los Tribunales Electorales, así como las pruebas encontradas por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y que deberá analizar el Tribunal Contencioso Administrativo, instancia responsable de imponer la sanción correspondiente.

Por ello, solicitó la destitución de Araceli Pinelo López, como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, quien ha actuado de forma omisa y con dilación al negarse a vincular a proceso la denuncia en contra de los hermanos Montero López, pese a que la carpeta de investigación está lista prácticamente desde mediados de agosto pasado.

No son tiempos de impunidad, son tiempos de justicia en México, porque cada asesinato cometido en el día a día, especialmente contra las mujeres, es resultado de la perversa omisión, de la actuación negligente, de la naturalización de la violencia, no sólo por parte de la sociedad mexicana sino incluso dentro de las instituciones, como es el caso de lo que hoy sucede en Oaxaca y que impide que la justicia avance para María del Sol Cruz Jarquín.

#JusticiaParaSol

Hoy se cumplen siete meses del asesinato que evidenció el uso de recursos financieros y humanos a una campaña política

Nadia Altamirano

SemMéxico. Oaxaca. 2 de enero de 2019.- La exigencia de justicia por el asesinato de la fotógrafa y ex jefa del departamento de Comunicación Indígena e Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), María del Sol Cruz Jarquín, incluye ahora la demanda de destitución de Araceli Pinelo López como Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales en Oaxaca.

“El asesinato de mi hija el 2 de junio pasado en Juchitán de Zaragoza es una consecuencia de haberse cometido ese delito electoral, ella no tenía nada que hacer ahí”, expresó la periodista Soledad Jarquín Edgar quien le pregunta a las autoridades si hay alguien “detrás” haciendo que ni la investigación del homicidio ni la sanción del delito electoral avancen.

Junto con la regidora con licencia de Juchitán, Pamela Terán Pineda y su chófer Adelfo Guerra, María del Sol fue asesinada la madrugada del 2 de junio en ese municipio al que fue comisionada de manera ilegal por el ex secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Montero López, con el propósito de que cubriera actividades proselitistas de su hermano Hageo Montero, aspirante a presidente municipal.

Una vez que María del Sol fue sepultada, su madre Soledad Jarquín se reunió con el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, y la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, quien días antes había negado la posibilidad de un delito electoral; aún así inició la carpeta de investigación.

“No puede seguir si no da resultados a quienes dice defender, no le da la cara a la gente, sé que el caso de mi hija no es el único caso que meten a un cajón  a ver si a la gente se le olvida, a mí no se me va a olvidar, no merece seguir cobrando un sueldo que no devenga la señora Pinelo”, expresó Jarquín Edgar.

De manera directa ella trabajó en la integración de la carpeta de investigación aportando pruebas. A mediados de agosto pasado “había una carpeta bastante gorda diría yo y me dijeron que con eso era suficiente para vincularla a proceso, pero en septiembre me pidieron información y pruebas fotográficas que no pudimos conseguir, ellos querían que yo las recabara porque no estaban investigando”, evidenció.

Una de las fallas que advierte es que en esa investigación de tipo electoral se incluyera el robo del equipo de cómputo y fotográfico del hotel donde se hospedaba María del Sol, una vez que se supo de su asesinato, el cual no se pudo recuperar a pesar de que se identificó quién lo hurtó.

La relevancia de ese equipo radica en que “ahí hay pruebas, videos, fotografías y documentos de lo que María del Sol hacía en la campaña, un hecho que han negado Francisco Montero y su hermano Hageo”.

De eso Soledad Jarquín tiene la seguridad porque así lo hicieron saber ambos hermanos en su contestación al proceso especial sancionador que se inició en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO).

Ese proceso dio pie a que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca reconociera la comisión de un delito electoral, lo cual fue ratificado y a la vez enmendado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la sanción económica tan baja que se impuso a ambos hermanos.

“Está pendiente que el Tribunal Electoral del Estado rectifique y concluya ese proceso, que el Tribunal Administrativo y de lo Contencioso interponga una sanción por el proceso que inició la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, que el gobernador Alejandro Murat diga cuál será la sanción a Francisco Montero, pero sobre todo que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales judicialice la investigación”, destacó Jarquín.

Entrevistada al respecto, la Fiscal Pinelo López aseguro que “nosotros estamos integrando la investigación, seguimos recabando algunas pruebas e indicios, hemos estado en comunicación directa para que conozca los avances y las determinaciones que se han tomado porque hay varias autoridades que están sancionado esta conducta”.

Reconoció que la carpeta aún no está completa ni es un caso sólido, pero no pude precisar cuánto tiempo más demorará la integración para judicialializarla.

Miradas de reportero

• La crítica había pegado en el centro del ego

En defensa de la palabra

Rogelio Hernández

SemMéxico. Ciudad de México. 31 de diciembre 2018. –¡Esas son mamadas!– soltó el reportero para calificar las acusaciones en redes sociales de que el Presidente de México era el autor intelectual de la muerte de la gobernadora y exgobernador de Puebla.

–Dílo de otra forma… Así no dices nada– le atajaron la maestra y la licenciante de letras hispanas. –Las groserías reflejan pereza intelectual– escuchó como remate y enrojeció.

La crítica había pegado en el centro del ego de quién se ha creído un opinador culto con cierta fama y que por ello tiene derecho a usar esas expresiones al hablar coloquialmente fuera de las cantinas…

–Ellas tienen razón. La palabra tiene que usarse para lo que se quiere decir. Nada más– razonaba, como perogrullo, por tener el ego magullado.

–Pude opinar– reflexionaba– que quienes iniciaron esa versión son los mismos, o similares, a los que antes de la elección hacían campañas con noticias falsas para provocar temor, enojo, desprestigio, a sabiendas que lo hacen para dañar. Eso es violencia del primer nivel, la verbal…

–La palabra mal aplicada, la que lastima, rompe la paz porque desconcierta– seguía el razonamiento del reportero–, provenga del lado que sea…

— También tensa escuchar de una sola persona adjetivos como camajan, chachalaca, canallín, riquín, señoritingo, pirrurris, fifi, neofascistas, canallas–contrastaba.

— Lo sardónico, que algunos les parece ocurrente y chistoso, dice de esta persona muchas cosas, pero sobre todo que respeta poco a su propia cultura semirural, de solidaridad, de buscar el tratado digno y defensa de que nadie es culpable hasta que sea probado; adjetivos facilones que se justifican como honestidad: «Es que yo sí soy franco y auténtico».

–Quizá eso sea comprensible cuando se quiere ganar una imagen simbólica como político claridoso, de esos que poco a poco conquistan terreno en el campo de batalla de los medios de comunicación, pero, como Jefe de Estado, de gobierno y mando superior de las fuerzas armadas de un país es carecer del don de la ubicación. Es retar a los adversarios en un terreno al que todos ellos tienen acceso, prácticas exitosas y demasiados aliados– calculaba el reportero.

–Por lo regular, quienes sabemos que somos mal hablados coloquialmente e insistimos en soltar groserías sin que tengan caso, igual que adjetivar fácilmente con calificativos despectivos a otras personas o situaciones, nos escudamos en una supuesta cultura de la pobreza pero en el fondo exsudamos rencor de clase–

–Cuando el agresor verbal cuenta con recursos monetarios y una sedicente cultura también refleja complejos sicológicos de superioridad–meditaba, pero se detuvo al ubicar que existen bastantes ensayos de psicoanalistas del habla que seguramente le refutarían estos academicismos.

Servicios de la palabra

Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo y pronunció sin ambigüedades su primer discurso ante las y los legisladores del Poder Legislativo, este reportero de la política mexicana (veterano de seis periodos presidenciales) creyó percibir otro estilo de lenguaje desde el puesto de mandón mayor; supuso que eso ayudaría a que se revaluara la palabra en la política, que disminuiría la tipología de los demagogos, de quienes ocultan la verdad con categorías abstractas, con parábolas, con mensajes cifrados. Quiso creer que habría un acercamiento entre pensamientos y hechos de los políticos con lo verdadero y que eso sería para bien de la sociedad activa e Incluso para el periodismo.

Pero, en menos un mes, con las conferencias madrugadoras, les han crecido filos hirientes a las palabras para hacer política, porque las que salen del Palacio Nacional encontraron espejos y cóncavos. Parece que se desató una escalada de a ver quién adjetiva mejor, quien ofende más. Y la modalidad ya subió a ciertos analistas serios tanto de las filias como de las fobias. Ése es el primer nivel de la violencia en la política y que de no frenarse dará paso los otros hasta llegar a las armas, creyó entender el reportero del excelente ensayista Bernard Crick en su famoso, pero quizá poco entendido tratado En Defensa de la política.

Hasta este primer mes del nuevo gobierno federal de carácter movimientista popular de izquierda el reportero tenía claro los usos de la palabra para él mismo, porque es la herramienta principal de las y los periodistas, como lo es de quienes hacen política profesionalmente. Tan creía dominar, como reportero a la palabra que intencionalmente se asentó con enunciados directos, llanos, sencillos y precisos, incluso hasta se creyó chistosillo, medio simpático, cuando al hablar soltaba groserías que por lo regular reflejan ambigüedades, imprecisiones, pero suenan fuerte y hasta dan personalidad, suponía.

La palabra, como todos los que nos auxiliamos de ella, no sólo para comunicarnos, sino para informar y explicar, tiene todas las aplicaciones posibles y pocas veces, pero muy pocas, las palabras bien dichas conceden permiso para iniciar violencia.

El reportero quiere creer que el Presidente López Obrador es hombre de palabra, en el amplio sentido del honor. Si, como dice, quiere procurar que los cambios que ofreció, para depurar al corrompido sistema social y político, sean sin violencia, entonces lo menos que se espera de él, como persona, es que ubique el puesto que le prestaron los ciudadanos activos: el cargo de Presidente, un mandatario que cumple promesas y respeta las palabras bien aplicadas. —–.

* Título en paráfrasis del libro de Bernard Crick, En defensa de la política.

La paridad en la Administración Pública de Chiapas debe ser real y efectiva, sin simulación

El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, tiene el reto más importante de la historia

Emparejado con la política nacional, las y los chiapanecos quieren un cambio real

Candelaria Rodríguez

SemMéxico. Chiapas. 30 de Diciembre 2018.- La paridad en la Administración Pública Estatal (APE), llega en medio de un escenario desangelado. Los recortes presupuestal y de personal implican un reto mayor para las mujeres. Estar, además ante un techo de cristal y  la adversidad; una gobernanza con obstáculos, sin duda.

Así tendrán que negociar sin recursos en un estado donde los movimientos mal acostumbrados se pagaban para arder o apaciguar.

2018 fue un año emblemático que se enmarca en el reconocimiento de los derechos   de las mujeres en México tanto en lo político como en la administración púbica, con grandes avances en la asunción al poder; sin embargo ello se vivió  de manera coercitiva,  los estados de la República accedieron, evidentemente  para cumplir con los acuerdos internacionales y aligerar la inconformidad del segmento mayoritario de la población Mexicana, que somos las mujeres.

Tanto en las Cámaras Alta y Baja (en el centro del país CDMX) las mujeres logran casi la ansiada paridad entre los géneros. La Cámara de Diputados está conformada con un 50.8% por hombres y 49.2% de mujeres, mientras que el Senado de la República está compuesto por 51% de mujeres y 49% de hombres. Se trata de un hito en la historia de los derechos femeninos.

En Chiapas  el Congreso Local se igualó en hombres y mujeres, y más allá desde el 2015 la participación femenina hasta lograr superarla en el 2018. En los ayuntamientos en los últimos 3 años, luego de una larga lucha de participación femenina de 93 años desde el derecho al sufragio se rompen paradigmas. (63% en la legislatura y 27% en las alcaldías. 26 legisladoras de un total de 41 escaño, y 33 presidencias gobernadas por mujeres de 122 ayuntamientos con resultados finales de la Jornada Electoral del 1 de julio).

Chiapas evoluciona a la par del país, siguiendo la política nacional del gobierno federal encabezado hoy por Andrés Manuel López Obrador en el reconocimiento de la paridad; así fueron tomadas en cuenta en igualdad de derechos, en la administración pública federal (APF), se desplegaron  sus derechos humanos y civiles. Su aporte a la ciencia y la historia.

La paridad política es solo el primer paso para lograr el reconocimiento de la mitad de la población,  invisibilizada y avasallada por los hombres.

Chiapas, en el 2015 cimbró la estructura patriarcal, pero las agresiones se hicieron presentes en contra de las mujeres que se atrevieron. Hoy como  antaño, pese a los marcos normativos y acuerdos internacionales, pese al reconocimiento a la paridad que avanza en la administración pública, todo ello, parece no cuajar. Son mujeres enfrentadas a un techo de Cristal donde  han asumido el poder, pero no el control. Asumen el poder en esferas que se agudizan frente al  panorama de recorte presupuestal, de personal. El techo de cristal en Chiapas, esta lejos de romperse. La asunción de ellas en la APE es la cuota numérica para lograr la equidad. Ni cuerpo de hombre garantiza seguridad y avances en el desarrollo, ni cuerpo de mujer garantiza el avance de género.

En el reparto de puestos dentro de  la paridad histórica en Chiapas, ahora  en la APE de acuerdo al Articulo 60 constitucional, ¿que se privilegió? ¿La parte numérica?, ¿cuotas políticas?, ¿económicas?

Romper el techo de cristal por sobre los acuerdos, es la lucha contra el patriarcado. Puedo decir, que existe una imagen que no concuerda con la demanda historica que el movimiento feminista hoy cuestiona. El techo de cristal, puede ya no ser objeto de estudio del movimiento feminista en cuanto a su asunción, sino como ahora las mujeres pueden avanzar dentro de ese techo cristalino, donde hay tribus, cotos de poder económico que en cuerpo de mujer se pagan favores, y entonces ascenderán los grupos de caciques económicos y políticos al amparo de la paridad.

Sin duda, el feminismo necesita replantearse.

El poder patriarcal ha sabido jugar su juego para no perder el poder. Atrás de las mujeres, están los hombres. Solo por poner un ejemplo, el Municipio indígena de Chanal, donde el Congreso y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso (OFSE) son omisos ante la usurpación abierta y flagrante del poder municipal, cometido por el esposo de la alcaldesa.

Por otro lado Chiapas ha sido el escenario que dio la alarma nacional en el 2015 para evitar el fraude mayúsculo contra la paridad, perpetrado no solo por el órgano electoral, sino por los  partidos políticos, que hoy por hoy, siguen gozado de impunidad. Institutos políticos que no se les recortó el presupuesto, y que han sido opacos en cuanto a resultados en la aplicación de esos recursos para la capacitación del sector femenino, solo por mencionar uno de las actividades que ni siquiera han simulado hacerla.

Las mujeres en Chiapas en más de 100 organizaciones se sumaron en el 2015 y 2018  para impulsar la paridad y elaboraron una propuesta del Plan de Gobierno y Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 con el objetivo de  transversalizar la perspectiva de género en todo el entramado de las politicas públicas bajo 10 ejes temáticos. Por ende, la participación y la vigilia del movimiento feminista en Chiapas, ha permitido que el Estado responda y cumpla con los acuerdos internacionales para reconocer  derechos de las mujeres.

Las mujeres han hecho historia. Han movido la estructura patriarcal. Cierto es que hoy por hoy, la asunción de las mujeres al poder, solamente es un avance numérico, la participación real, con la toma de decisiones en las áreas donde fueron colocadas esta por probarse, claro esta, bajo los lineamientos del gobierno federal, pero deben responder a las necesidades propias de la entidad.

El gobierno federal mostró con antelación a la toma de posición a los mejores cuadros del presiente AMLO que le permitió ir ordenando la casa, y evitar caer en improvisaciones. En Chiapas, no ocurrió así, sino unas horas antes de la toma de posición del Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, se dieron a conocer nombres del gabinete legal, y posteriormente el gabinete ampliado. AMLO escogió sus mejores cuadros y estrategas para operar el difícil periodo de gobierno que le toca ante la puesta en marcha de una nueva forma  democrática de gobernar.

Lo que si han caído ambos gobiernos es en la barredora de personal. En Chiapas, sin análisis hasta ahora, aun en este 2018, sobre los perfiles de personal. Se pidieron renuncias en todas las áreas de la APE. Algunas personas se negaron y ampararon. Veremos como se presenta 2019.

El método en cuanto a los cambios de administración es la misma de muchos gobiernos. No vemos un distintivo. La cuarta transformación aún no se ve, aunque la esperanza es el último aliciente, quienes hemos apostado al cambio, diremos que dos meses no es nada, como tampoco lo serán 6 años.

Por hoy, grandes son las colas en algunas oficinas de quienes fungieron como operadores políticos en la campaña del hoy ejecutivo, en espera de ser reubicados. Lo mismo de gobiernos anteriores. Quitan a unos para poner a otros, el reciclaje de plazas y puestos directivos son pulverizados para que ajuste. Se queda bien con unos y mal con otros. Se privilegia al que se dice se la jugó en la campaña, pero se aleja al que dio el voto y que es mayoría.

El movimiento feminista en Chiapas observa y se ha propuesto dar seguimiento puntual como debe hacerlo la sociedad en general, para evitar el desastroso pasado. Hacer marcaje a quienes hoy tienen la gran responsabilidad de tener un gran desempeño, principalmente en quienes teniendo una ideología diferente a MORENA se montaron en el proyecto que hoy los arropa y deben responder con mayor compromiso para demostrar ser TRANSPARENTES. Hoy los que forman parte de la cuarta transformación no solo deben manejarse en la austeridad sino demostrar su sapiensa en el quehacer institucional.

Para alcanzar su máximo potencial e impulsar el desarrollo solo será posible con la participación de todos y todas. A las mujeres deben soltarlas, dejarlas decidir sobre quienes habrán de acompañarlas en la tarea designada, y que no le dicten ni impongan a sus subalternos, porque entonces la cuarta transformación, será de cuarta. Hasta ahí.

Por hoy el movimiento feminista ya afila una contraofensiva por la reforma al articulo 60 constitucional, donde se omite la palabra ENTIDADES, que deja fuera de la paridad en la administración pública del estado a las entidades como órganos desconcentrados, autónomos y auxiliares, donde debiera atravesar la paridad, es decir, la designación de mujeres en esos cargos de suma importancia, donde bajan considerables recursos, los pocos que habrá, dado el recorte al ramo 28 y 33, que son recursos de la federación a las entidades federativas.

Como sociedad, estamos ante un escenario que permite observar el comportamiento de los varones en el desempeño y en igualdad de oportunidades y circunstancias con respecto a las mujeres en la administración pública del estado (APE), donde se erradique todo tipo de violencia contra las mujeres, puesto que de los 18 cargos más importantes de la APE, hay 9 mujeres y 9 hombres en el gabinete legal. La participaron de las mujeres seguirá creciendo al arribo del año nuevo en virtud que iniciando 2019 se decidirán la estructura final de la APE ampliado. Se demanda entonces Paridad si, pero efectiva.

El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, tiene ante si, el reto más importante de la historia de Chiapas, porque su gobierno esta emparejado con la política nacional, directrices que ha marcado AMLO, y porque la gente, las y los chiapanecos quieren y piden a gritos un cambio real y verdadero. La puesta es que, en una entidad, donde he sido testiga, ya ha puesto muchos muertos, antes, durante y después de la presencia del narcotráfico en el país, y los agravios en Chiapas hoy están a flor de piel. Por ello, urgen respuestas prontas y expeditas. Se ha perdonado, pero no se olvida. Y recordar es ajustar cuentas con la justicia. El movimiento feminista se ha expresado como fiel guardián para el cumplimiento de los acuerdos internacionales y de su constitución. El Movimiento feminista, será marcaje al funcionariado en el ejercicio de sus funciones.

En los últimos cuatro años 22 mujeres han sido criminalizadas por abortar.

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 28 de diciembre de 2018.- Con 17 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones no se aprobó la iniciativa de los legisladores panistas que pretendían modificar el Artículo 2° y 4° de la Constitución Política de Aguascalientes para protección de la vida desde la fecundación.

Para los grupos feministas del Estado y la sociedad los términos en que esta presentada esta iniciativa atenta contra los derechos de las mujeres a decidir sobre su sexualidad, su cuerpo y criminalizan el aborto, sin excepciones.  

En la LXIV Legislatura del Congreso integrada por 27 diputados, la aprobación dependía mínimo de 18 votos a favor, los cuales no obtuvieron, ya que les faltó un solo voto, y entre los cinco votos en contra se encontraban los del partido Nueva Alianza y Morena.

Esta iniciativa no incluye la opinión de toda la sociedad, ya que criminaliza el aborto, toda vez que este está vigente como delito en el Código Penal estatal.

Las más perjudicadas son las mujeres pobres que no tienen recursos para trasladarse a la ciudad de México donde está legalizado la Interrupción del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, y acuden a abortos clandestinos donde ponen en riesgo su vida.

Esta es la tercera ocasión que los legisladores y organismos conservadores buscan modificar los Artículos 2° y 4° de la Constitución Política de Aguascalientes, desde el 2008, por lo que se presenta como un acumulado de iniciativas, la primera presentada en la LX Legislatura panista Mónica Raquel Delgado Enríquez.

Posteriormente en la LXIII había sido presentada por el diputado Jesús Morquecho Valdez del grupo parlamentario mixto del PAN y Encuentro Social en que piden respetar el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, y agregaba protección legal a los niños sin discriminación alguna de raza, sexo, edad, o discapacidades físicas o mentales.

En la actual LXIV Legislatura es presentada por el diputado Gustavo Baez Leos a nombre del grupo parlamentario mixto del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.  

Los promotores argumentan que el derecho a la vida desde el momento de la concepción ya es un derecho, pues ellos consideran que el embrión humano ya es sujeto de derecho. Para lo cual también aluden a la ciencia y al sentido común. También aluden a tratados internacionales.

Señalan que promueven la protección y el respeto de la personalidad jurídica del ser humano desde que es concebido, oponiéndose a todo tipo de discriminación dirigida contra niños en vías de nacimiento, fincada en las circunstancias de su concepción, deseabilidad, o por cualquier otro motivo que signifique la interrupción de su nacimiento.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cuatro años 22 mujeres han sido criminalizadas por abortar, y en lo que va de este año seis mujeres han sido criminalizadas por abortar.

De acuerdo al Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) la igual que varias feministas y defensores de los derechos ciudadanos como José Herrera Martínez y Luis Castro Obregón “proteger la vida desde la concepción no sólo es un concepto ambiguo que busca la estigmatización del aborto y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino que busca criminalizar el ejercicio de estos derechos, la libre elección de las mujeres y la salud”. 

La última y nos vamos

La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión de la protesta.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontró a los Estados Unidos Mexicanos responsable de la violencia sexual, violación y tortura sufridas por 11 mujeres.

Lupita Ramos

SemMéxico. Jalisco. 28 de diciembre de 2018.- En mi última colaboración de este año, hago un recuento de acontecimientos que suelen ocurrir en los últimos días decembrinos, en la víspera de navidad se registran acontecimientos políticos y económicos en México y en el mundo que ocurren en medio de la distracción popular de la algarabía navideña. Recuerdo particularmente la invasión de Panamá un 20 de diciembre de 1989, era mi cumpleaños 26. La llamada “Operación Causa Justa” que el gobierno de George Bush “padre” ejecutó esa noche en la que utilizó 26 mil soldados, tenía como verdadero objetivo abolir los tratados Torrijos-Carter del Canal y para ello capturaron y derrocaron a Manuel Noriega. Doloroso recuerdo de un pueblo que soportó la humillación de la invasión y el asesinato de más de cuatro mil panameños. Otro acontecimiento doloroso a mi memoria en fechas cumpleañeras es el del 20 de diciembre de 1994, ya en el gobierno de Zedillo, se anunció una devaluación del peso mexicano: El dólar pasó de 3.46 a 4.99 al final de ese año, un alza de 44 por ciento. El acontecimiento conocido como “el error de diciembre”, nos sitúo en una de las peores crisis económicas de la historia de México. Sin duda, uno de los recuerdos decembrinos más dolorosos, ocurrió en la mañana del 22 de diciembre de 1997, en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, fueron masacradas 45 personas: 21 mujeres -cuatro de ellas embarazadas- 15 niñas y niños, y 9 hombres. Las víctimas eran indígenas tzotziles pertenecientes a una organización pacifista llamada Las Abejas. El manejo oficial se ha basado en reducir el enfrentamiento a una confrontación entre indígenas y con ello evitar la responsabilidad estatal por la masacre.

Este año, por el contrario, se dio a conocer una noticia trascendente e importante para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en México. El pasado 21 de diciembre en San José, Costa Rica, se notificó la sentencia en el Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontró a los Estados Unidos Mexicanos responsable de la violencia sexual, violación y tortura sufridas por 11 mujeres. La Corte encontró al Estado Mexicano internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada, y a no ser sometido a tortura, a la libertad personal, al derecho a la defensa, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las 11 mujeres víctimas del caso. La Corte concluyó que “los agentes policiales instrumentalizaron los cuerpos de las mujeres detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes. Cosificaron a las mujeres para humillar, atemorizar e intimidar las voces de disidencia a su potestad de mando. La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión de la protesta, como si junto con los gases lacrimógenos y el equipo anti motín, constituyeran sencillamente una táctica adicional para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado.” La Corte Interamericana encontró responsable al Estado mexicano por la violación del derecho de reunión, consagrado en el artículo 15 de la Convención, en perjuicio de 7 víctimas del caso, estableciendo estándares novedosos en materia de uso de la fuerza pública en contextos de protesta social. En mi entrega del próximo año, hablaré más de esta resolución tan importante, por lo pronto, lea el texto íntegro de la sentencia en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf

lupitaramosponce@gmail.com @lupitaramosponce

Durante una sesión que se caracterizó por el rechazo sistemático de la mayoría parlamentaria de Morena a discutir

Elda Montiel

SemMexico. Cd. de México. 24 de diciembre de 2018.- Al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 en la Cámara de Diputados se quedaron más de 500 artículos reservados para su discusión en particular, de los cuales más de 100 atañen directamente a los programas de las mujeres y de atención social para grupos vulnerables. 

Durante una sesión que se caracterizó por el rechazo sistemático de la mayoría parlamentaria de Morena a discutir estos temas, la diputada Dulce María Sauri a manera de protesta, se salió junto con su grupo de la Sala de Sesiones, aunque continuó pendiente de la discusión hasta que culminó en las primeras horas de hoy, 24 de diciembre. 

La diputada Dulce María Sauri, lamentó que la fracción parlamentaria de Morena no tenga en el “radar distinguir la diferencia entre mujeres y hombres, y cómo esto incidirá en el diseño de los programas y su eventual éxito o fracaso”.

Aunque se mostró decepcionada por esta cerrazón de los morenistas, y dijo que “flaco favor saber que hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, no pasa nada”, espera que “lleguen tiempos mejores para que lo que planteamos en nombre de las organizaciones y grupos de la sociedad civil por las causas que hoy quisimos defender”.

Destacan entre los planteamientos pendientes a discutir propuestos por la diputada Sauri, una adición al Artículo 21 para que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) siga teniendo la facultad de notificar a las dependencias federales de los presupuestos autorizados en el PEF 2019 en materia de género.

Además del planteamiento respecto a lo “que es la perspectiva de género de la Administración Pública”, en especial a los nuevos programas de “Jóvenes Construyendo el Futuro” y la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”.  

Se incluía una reforma al Artículo 13 Transitorio para eliminar la excepción de los nuevos programas para operar sin reglas de operación.

Se quedó sin plantear las reservas al Anexo 14 sobre Grupos Vulnerables, ya que fueron castigados presupuestalmente los Programas de Inclusión de personas con discapacidad. 

También se quedó sin plantear cinco propuestas relacionadas con las unidades de género que fueron creadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública pero que carecen de presupuesto.

Otra propuesta fue para que restablecieran los recursos para la unidades de genero de la cámara de Diputados y el de Senado, que quedaron en ceros.Todas fueron insertadas en el Diario de los Debates.

Devolvieron 696 millones 096 mil 531 pesos a los programas del Anexo 13.

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 23 de diciembre de 2018.- No desaparecen los recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, ya que en el dictamen final se le reasignan 278 millones 535 mil 043 pesos, al igual que al Programa de Coinversión Social con 136 millones 436 mil 016 pesos, cuando en la proyección inicial aparecían sin recursos.

Devolvieron 696 millones 096 mil 531 pesos a los programas del Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, aun cuando no fueron similares en su totalidad a los asignados en el PEF 2018.

En el dictamen original que se presentó del PEF 2019 en el Anexo 13 correspondiente a las erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en comparación al PEF 2018 desaparecían los recursos asignados al Ramo 20 del PAIMEF y al Ramo 20 del Programa de Coinversión Social, lo que había provocado gran revuelo de protestas tanto a nivel nacional y en diversas entidades federativas, por la cantidad de mujeres que iban a quedar en el desamparo y  sin el beneficio de estos programas.

La asignación inicial presupuestada era de 184 millones 328 mil 151 y se reajusto a 260 millones 483 mil 143.

En el Ramo 12 “Salud materna, sexual y reproductiva” se reajustó de 2 mil 257 millones 966 mil 067 para quedar en 2 mil 315 millones 415 mil 461 pesos.

En el mismo Ramo 12 en el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras quedo igual a la inicial presupuestado de 148 millones 463 mil 208.

Como ya se mencionó en el ramo 20 el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) que aparecía sin recursos se le asignan 5 por ciento más al presupuestado en el PPF 2018 y queda en 278 millones 535 mil 043.

Al igual que al Programa de Coinversión Social que aparecía sin recursos se le asignan 5 por ciento más al presupuestado en el PPF 2018 y queda en 136 millones 436 mil 016 pesos.

En el Ramo 47, el Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género se le asignan 358 millones 185 mil 858 pesos.

Sin embargo, los recursos asignados al Anexo 13 de las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el PEF 2018 fueron superiores con un total de 3 mil 556 millones 936 mil 126 y finalmente en el PEF 2019 quedaron en 3 mil 497 millones 518 mil 729 pesos.

Pasará a las Comisiones de Justicia e Igualdad de Género.

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 22 de diciembre de 2018.- La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que hace realidad un aborto seguro, gratuito y legal en nuestro país, misma que  pasará a las Comisiones de Justicia e Igualdad de Género en el próximo mes de enero para emitir el dictamen correspondiente. 

La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, propone modificar las disposiciones punitivas relativas al aborto, siempre que éste se realice con anterioridad a la semana 12 de gestación y establece el momento biológico a partir del cual se considera a una mujer embarazada.

Esta iniciativa, presentada por la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala del grupo parlamentario de Morena, es crucial para que el Estado Mexicano avance en garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres en nuestro país. 

La magnitud del problema en el ámbito nacional es la principal razón por la que vale una legislación que abarque los aspectos faltantes en la regulación de salud federal;

el aborto legal y seguro debe ser permitido para privilegiar la salud de las mujeres.

La iniciativa precisa, mediante la modificación al Código Penal Federal, que el aborto es la “interrupción del embarazo”, siendo una de las causas excluyentes de responsabilidad penal la de realizarlo previamente a las doce semanas de gestación del feto en desarrollo. 

Asimismo, bajo esta óptica conceptual, se detalla que una vez que a partir de la octava semana de gestación del embrión, éste será denominado como “feto en desarrollo”.Esta denominación parte de la definición científica de la embriología y la perinatología que al describir el proceso de gestación del embrión lo nombra como “feto en desarrollo”, a partir de la octava semana de gestación.

Finalmente, se precisa que ninguna legislación local en materia sustantiva penal podrá establecer que el aborto sea sancionado con una pena privativa de la libertad, por lo que, únicamente se podrán establecer “sanciones y medidas penales no privativas de la libertad” establecidas en los artículos 152 y subsecuentes de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Dicha iniciativa considera que las mujeres mexicanas conforman un grupo de atención prioritario, debido a las condiciones culturales y sociales que presenta nuestro país, en las que la violencia, discriminación y otras formas de violación a sus derechos son aceptadas por el grueso de la sociedad, señalando un origen cultural que disfraza dichas violencias como usos y costumbres, gestos de galantería y cualquier otra denominación que justifique abiertamente dicha acción.

La Comisión de Derechos Humanos observa con preocupación que el Estado mexicano lejos de armonizar las leyes en materia de acceso al aborto legal, como lo señala la recomendación 33a de la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 2012, recientemente se ha realizado una reforma a la Ley de Salud, que contribuirá a dificultar a las mujeres su derecho a interrumpir embarazos, incluso en las causales permitidas por la Ley, ya que dicha reforma, otorga la facultad de objeción de conciencia al personal de salud y durante la discusión parlamentaria los promotores de la misma centraron sus argumentos en el “derecho” del personal médico a no realizar abortos.

Hubo también un intento legislativo en 2017 para cambiar, mediante una reforma a la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cumplimiento de la NOM-046, las mujeres tienen derecho a solicitar al sector salud la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por violación sin necesidad de presentar previamente una denuncia o una autorización judicial y sólo con una solicitud por escrito de la víctima bajo protesta de decir verdad. En el caso de niñas menores de 12 años, la ILE, por violación se deberá solicitar por el padre y/o madre o tutor.

Dicha reforma no prosperó, pero reavivó un debate nacional en contra de una Norma aprobada y que se encuentra sustentada en el artículo 20 constitucional que define los derechos que tienen las víctimas, y en los artículos 29 y 30 que establece la Ley General de Víctimas sobre los derechos que éstas tienen a recibir desde la comisión del delito, servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria, entre los cuales se encuentra la ILE por violación.

La UG se ha abocado a la capacitación del personal en conceptos básicos de género

Josefina Aguilar Pastor,

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero. 21 de diciembre de 2018.- La Unidad de Género (UG) del Congreso del Estado, cierra el 2018, sin una sola denuncia de violencia de género, o de algún otro tipo, informó la encargada Sheila Contreras Alcaraz.

Consideró la necesidad de fortalecer al interior del personal del Congreso del Estado, la UG, que sepan que su función es apoyar en la prevención, al no contar con facultades sancionadoras.

Desde su creación en el 2016 comentó Contreras Alcaraz, a través de la UG, se ha abocado a la capacitación del personal en conceptos básicos de género, información en cuanto a la violencia de género, laboral, institucional, entre otros temas.

La UG del Poder Legislativo, precisó la encargada, tiene dos objetivos principales, generar todo un proceso de formación y profesionalización tanto para quienes se encuentran en el quehacer legislativo –encargados de hacer y revisar las leyes-, y al momento de elaborarlas, contengan la perspectiva de género; y segundo, promover la cultura organizacional, tocante con la forma de establecer relaciones sin discriminación, al interior del Congreso, entre las y los trabajadores.

De la situación registrada en contra de una trabajadora del Congreso, en contra de quien se ejerció violencia de género por parte de un par de supuestos periodistas, dio a conocer que las facultades de la UG, contenidas en el artículo 222 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, son muy limitadas, sin embargo, han sostenido un acercamiento, en el que a pesar de las limitaciones, ha puesto a su disposición información pertinente, como convenciones, tratados internacionales entre otra.

Por ello, Contreras Alcaraz destacó la importancia de que los medios de comunicación se capaciten, fortalezcan sus capacidades respecto a la perspectiva de género.