SemMéxico. Morelia, Michoacán. 11 de abril 2018.- Esta mañana, en las inmediaciones del rancho Las Flores, al sur poniente de la ciudad, fue descubierto el cuerpo de una mujer joven y cerca un auto Mazda color rojo. La habían apuñalado y lapidado el rostro.
Horas después fue identificada como Maribel Barajas Cortés, quien trabajaba en el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedemun) y aspiraba a ser candidata a diputada por el distrito de Múgica, su tierra natal, por el Partido Verde Ecologista.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió la carpeta de investigación y trabaja el caso.
El dirigente estatal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, exigió a las autoridades profundizar en las investigaciones para dar con el o los responsables de tan brutal asesinato. “Lamentamos que la vida de una mujer joven, preparada, entusiasta y con ganas de cambiar las cosas en su distrito y su municipio haya terminado de esta manera”, expresó.
Igualmente, pidió al gobierno del estado fortalecer los mecanismos de protección y seguridad a las y los candidatos en estos procesos electorales. El Partido Verde es integrante de la Mesa de Gobernabilidad que apenas la semana pasada había acordado una serie de medidas al respecto, como acompañar a las y los abanderados en sus recorridos proselitistas.
Hasta el momento, todos los indicios forenses apuntan a un crimen pasional o feminicidio, por lo que la PGJE concentra sus investigaciones en las personas allegadas a la víctima, para llevar cuanto antes con el o los responsables, reportaron informes extraoficiales.
Maribel Barajas Cortés trabajaba en el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedemun)
El Bronco y el descredito del TEPJF
La entrada del Bronco confirma la presencia de la derecha y extrema derecha dentro de nuestra sociedad
Es peligroso para una nación que enfrenta las elecciones más importantes de su historia.
SemMéxico. Cd. de México. 11 de abril de 2018.- Para las y los mexicanos es muy sabida la corrupción rampante en instituciones de procuración e impartición de justicia, aunque siempre nos parecía que esta se refería más a los ámbitos penales y administrativos, pero con las recientes decisiones del Tribunal Electoral que hace algunos meses también aprobó el uso de las tarjetas tipo Monex en las campañas electorales. Acreditó las elecciones irregulares en Coahuila y en el Estado de México y ahora sentencia que el Bronco debe estar en la boleta electoral por un tema de debido proceso ignorando todas las irregularidades, falsificaciones, duplicidades y demás trampas realizadas por este candidato.
Pero el descredito del Tribunal no solo es lamentable en términos mediáticos donde toda la sociedad se ha volcado para señalar la sinrazón de esta sentencia. Es además peligroso para una nación que enfrenta las elecciones más importantes de su historia, en un entorno de violencia social y rupturas políticas que la ciudadanía y las propias instituciones políticas desconfíen de la instancia suprema que determinará y sentenciará sobre aquellos casos donde haya irregularidades en las elecciones. Cómo se podría confiar en una instancia que claramente ignora las violaciones a todo tipo de derechos incluyendo las electorales de que habrá justicia.
Cómo podrá la gente de a pie puede tener confianza en las instituciones cuando dos candidatos que claramente obtuvieron firmas de manera ilegal como falsificación de documentos y uso de datos personales de padrones de programas sociales están en la boleta mientras que la única precandidata cuyo porcentaje de honestidad fue mayor al 95% no estará en las boletas electorales. El mansaje que se instala nuevamente es que solo las personas humildes deben comprobar y cumplir la ley a raja tabla mientras que la oligarquía puede seguir evadiendo leyes y responsabilidades pues son capaces de mover las instituciones del estado a su antojo y que la colectividad no importa.
Finalmente, la entrada del Bronco confirma la presencia de la derecha y extrema derecha dentro de nuestra sociedad instalándose en todos los posibles espacios de representación popular. En el nivel de candidaturas presidenciales los derechos de la disidencia sexo genérica están amenazados o en el mejor de los casos puestos en segundo plano, de igual manera se encuentran los derechos sobre la autonomía de los cuerpos y el derecho a decidir. Pero además la entrada de un personaje cuyo papel ha sido tan miserable como misógino asegura la instalación de violencia mediática en todos los rincones del país pues este personaje obscuro y decadente de nuestra historia instalará las mismas frases machistas que durante toda su historia política les hemos conocido.
Desde cualquier óptica la entrada del Bronco a la boleta electoral es mal precedente para las elecciones, para las instituciones y para la sociedad que apuesta en verdad por una vida democrática, republicana y laica.
Rita I. Fernández
@RitaiFdz
SEM/Rf/gr
Amenazas de muerte contra candidatas de Morena
SemMéxico. Puebla. 10 de abril de 2018.- Sólo se han formalizado dos quejas de violencia política de género de cinco casos que se han registrado en el estado desde que arrancó el proceso electoral, reconoció la consejera del Instituto Electoral del Estado (IEE), Claudia Barbosa Rodríguez.
En entrevista tras finalizar la presentación del libro Violencia Política contra la Mujer Una realidad en México, de Rafael Elizondo Gasperín, Barbosa explicó que hasta el momento en el IEE constan las denuncias de la ex aspirante a la alcaldía de la capital Violenta Lagunes Viveros y de Paola Migoya Velázquez, la candidata a la presidencia municipal de Puebla del PVEM.
No así las denuncias de Elizabeth Lourdes Martínez Romano, Alma Salinas Martínez y Ana Reyes García, candidatas de la coalición Juntos Haremos Historia a las alcaldías respectivas de Teteles, Hueytamalco y Zaragoza, quienes fueron amenazadas de muerte para que abandonaran las aspiraciones electorales en sus municipios.
“Yo las invito por favor a que, sin miedo, denuncien, porque necesitamos nosotros tener los hechos, con los hechos todas las autoridades ya podemos empezar los procedimientos. Yo espero que las precandidatas presenten sus denuncias”, dijo la consejera del IEE.
La consejera, quien preside la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral llamó a las mujeres pre candidatas de los diferentes partidos y coaliciones para que denuncien los hechos y explicó que sin estos es imposibles iniciar de oficio una investigación.
Precisó que la primera denuncia que se mandará al Tribunal Electoral que se integró con una investigación con perspectiva de género será la de Violeta Lagunes, ex precandidata de Morena a la alcaldía y exdiputada federal que expuso al periodista Fabián Gómez Hernández, director del portal digital Contraparte, después de que la calificó de “golfa” y “promiscua”.
“Hace años, la mujer que tiene nombre de fichera de antro de mala muerte, creía que llegaría a la alcaldía de Puebla. Hoy, esa golfa se tiene que conformar con lo que le avientan sus eternos enamorados, le dicen: empínate al suelo”, consta en la columna “La Violeta promiscua”, publicada en febrero de este año.
Añade “Por cierto, ¿alguien vio a Violeta Lagunes cuando estaba embarazada? A más de uno no le concuerdan las fechas”.
La publicación del medio digital describe que en cada proceso electoral Lagunes sale a “vomitar estupideces” porque “tiene el cerebro dañado”, además de narrar situaciones familiares de la excandidata.
La segunda denuncia fue de la candidata a la presidencia municipal de Puebla por el Partido Verde Ecologista de México luego de la publicación en tuiter de la cuenta @MigoyaB en la que se difundieron frases misóginas para atacarla.
La cuenta con el nombre de perfil “Migoya Borracha” tiene la última fecha de publicación el 22 de marzo que publica “Migoya hasta las chanclas! Pero aún así quiero ser Presidenta Municipal de Puebla”.
“La violencia política en contra de las mujeres constituye una forma de discriminación de los espacios de poder y decisión; fomenta la desigualdad y transgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres”, difundió Migoya en comunicado donde hizo la denuncia pública.
Amenazas de muerte contra candidatas de Morena
El pasado 5 de abril en rueda de prensa convocada por la Red Plural de Mujeres, las candidatas de la coalición “Juntos Haremos Historia” denunciaron que recibieron amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, y un intento de secuestro en contra de una de ellas, denunció la Red Plural de Mujeres.
Lourdes Martínez Romano, candidata a la presidencia municipal de Teteles de Ávila Castillo, denunció que mediante mensaje vía WhatsApp, con palabras altisonantes e insultos por su condición de mujer fue amenazada para que abandonara su municipio, de lo contrario, matarían a su hija.
“La madrugada del domingo 1 de abril recibí el mensaje era de un número telefónico de México, me decían que tenían fotografías de mi hija mayor que las iban a subir a la red de pornografía y que la iban a levantar a ella, que la iban a matar, si yo el día lunes no me salía de mi municipio”, relató la candidata que confesó que ante las amenazas optó por salir de su comunidad junto con su hija.
Ana Reyes Mendoza, candidata de la coalición Morena por la alcaldía de Zaragoza, dijo que en el mes de febrero fue amordazada en el interior de su casa por sujetos que pretendían secuestrarla a punta de pistola. Familiares frustraron el intento y los delincuentes huyeron.
El 19 de marzo, Alma Salinas Martínez, aspirante a la presidencia municipal de Hueytamalco, denunció que recibió una llamada telefónica en la que la amenazaron de muerte a ella y su hijo. Además de ser hostigada con balazos en las inmediaciones de su casa.
Las candidatas denunciaron que la Secretaría General de Gobierno se rehusó a brindarles protección, alegando falta de recursos, pese a las promesas de apoyo y seguridad a los aspirantes en su carrera electoral.
Estarán disponibles a través de medios digitales
SemMéxico, Oaxaca, 10 abril 2018.- Un violentómetro y un Cuadernillo para la Atención de Violencia Política para las Mujeres, en ambos casos para los dos sistemas: partidos políticos y Normativos Indígenas, fueron presentados hoy por la Comisión de Género del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
En una sesión de trabajo en la que estuvieron solo dos de 12 representantes de partidos políticos, Movimiento de Regeneración Nacional y Nueva Alianza, la consejera presidenta de la comisión Rita Bell López Vences, presentó los documentos que buscan sensibilizar sobre la violencia política, sobre todo prevenirla, dijo a SemMéxico.
Explicó que serán distribuidos a través de redes sociales y el micrositio del Observatorio de Participación Política de las Mujeres.
Refirió que a solo 10 días de haber iniciado las campañas políticas, hasta ahora se han presentado dos casos de violencia contra candidatas, uno en redes sociales contra la candidata de Morena al Senado de la República, Susana Harp Iturribarría, y otra contra la dirigente y candidata a la presidencia municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Nancy Ortiz.
Dijo que aunque se derogó el delito de Violencia Política por Razón de Género existen mecanismos legales para que las candidatas puedan denunciar a sus agresores, desde las acciones que puede atender el propio Instituto y aquellas que pueden ser vistas por la vía civil, penal y las de carácter electoral, a través de la FEPADE
López Vences lamentó que la impunidad siga alimentando estos hechos, de ahí la importancia de sensibilizar a las candidatas sobre la violencia política.
Los violentómetros presentados indican las acciones u omisiones que constituyen violencia política y las instituciones que pueden actuar, así como las indicaciones sobre los niveles que adquiere esa violencia. Además señala que la violencia política en razón de género puede ser ejercida por integrantes de partidos políticos, un servidor público o por cualquier persona o grupo de personas y son ellos, en primera instancia, quienes asumen la conducta y cesarla.
En el caso de los partidos políticos se consideran acciones u omisiones de violencia política en razón de género difamar, calumniar, menoscabar la imagen pública; divulgar imágenes, mensajes o información de las mujeres basado en estereotipos de género; imponer sanciones injustificadas y/o abusivas; proporcionar información falsa; restringir el uso de la palabra.
Proporcionar al IEEPO datos o información falsa o incompleta de la identidad o sexo de la persona; discriminar por razones de maternidad; amenazar, asustar o intimidar a una mujer o a su familia; obligar a una mujer a conciliar o desistir de un proceso administrativo o judicial; restringir o anular el derecho a registrarse como precandidata o candidata; obstaculizar o impedir el acceso a la justicia; impedir o restringir su incorporación al cargo o función posterior a los casos de licencia.
Evitar su asistencia a la toma de protesta; impedir o restringir su incorporación o acceso al cargo; obligar a suscribir documentos y/o avalar decisiones contrarias a su voluntad, al interés público o general; condicionar o retener el pago de dietas; agredir físicamente a una o varias mujeres; agredir sexualmente a una o varias mujeres, y causar la muerte de la mujer, familiar o seres cercanos.
Las acciones u omisiones del violentómetro para los sistemas normativos indígenas, por los que se rigen la mayoría de los municipios de Oaxaca, señalan entre otros, la restricción de los derechos políticos justificando tradiciones y costumbres; imponer sanciones injustificadas o desiguales; negar la prestación de servicios públicos forzándola a desistir de sus aspiraciones políticas; negar el derecho a asistir a la asamblea comunitaria de elección; restringir el uso de la palabra en las asambleas, restringir o anular el derecho a integrar el cabildo.
Limitar o negar injustificadamente el uso de cualquier recurso y/o atribución inherente al cargo que ocupa; condicionar o retener el pago de dietas; impedir o restringir su acceso al cargo; impedir que asista a sesiones o reuniones y obstaculizar la toma de protesta de su escaño.
Los cuadernillos además de las definiciones indica cómo deben actuar quienes pertenecen a una institución y qué se puede hacer cuándo se es víctima, así como el papel que deben desempeñar cada una de las instancias públicas involucradas.
SEM/gr
Lucha contra la ideología de género en la derecha extrema
Obispos pedirán compromiso a presidenciables
Votar con cuidado en julio de 2018
SemMéxico. Cd. de México. 9 de abril de 2018.- Casi de manera imperceptible en las últimas semanas se ha puesto en primer plano un discurso conservador y retrógrado que puede ganar terreno en México, un país con gran herencia liberal y contradictoriamente, “guadalupano” y con 83 por ciento de personas que se reconocen católicas porque han sido bautizadas, pero que en la práctica no son militantes religiosos.
¿Dónde está ese discurso? Está siempre, con diversas formas, imágenes y representaciones en los medios de comunicación. Está en los discursos políticos e institucionales, desde el siglo XIX en que el país vivió la guerra de Reforma y se instaló en México la lucha de conservadores y liberales.
Pero ahora se ha recrudecido. Tiene una característica preocupante, es su batalla contra la teoría de género, fundando sus críticas precisamente en que las feministas hablamos de cómo se aprende a ser mujer en esta sociedad y que no es natural ser mujer como se nos ve: sumisa, obediente, madre, cuidadora y sacrificada.
Nos pareció revolucionario el descubrimiento. Pero en el fondo ideológico millones de mujeres están, discretamente armadas para oponérsenos. Convencidas de su “naturaleza”, son llamadas a cuidar y capitanear a la familia; aunque la suya nada tenga que ver con la “ideal”, la defienden y se oponen a lo no natural “al homosexualismo”, consideran una desgracia la maternidad en la soltería y veneran “valores” y principios de tal forma, que darían la vida por ellos.
Se trata de un amenaza, una conspiración que está ahí y no hemos creado caminos estratégicos para enfrentarla.
Hoy, además, a diferencia del último siglo podría instalarse en las áreas de toma de decisiones, si no hacemos algo y rápido.
Dejamos, como no había sucedido en 25 años, que en solitario los partidos políticos, decidieran candidaturas; no hicimos fuerza, desde las posiciones feministas y de mujeres políticas sensibles en los últimos años. Estuvimos ocupadas en perfeccionar “leyes”, ocupadas en la emergencia del feminicidio, haciendo juego a la Alerta, que como he dicho sistemáticamente esta en 83 de los 2 mil 400 municipios, y por momentos esa Alerta se ha convertido en ariete político, sin que vigilemos los sistemas globales.
Al respecto la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, al advertir cómo la derecha extrema está instrumentando discursos de odio y fundamentalistas tras el triunfo liberal en Costar Rica, dice : “los discursos de odio y religiosos confunden a la sociedad, promueven inseguridad y total indefensión a las mujeres víctimas de violencia, justifican las discriminaciones y las prácticas nocivas contra ellas, profundizan el machismo y la misoginia, fomentan una cultura de intolerancia que afecta a la convivencia democrática, refuerzan y perpetúan estereotipos y roles de género discriminatorios, y legitiman la violencia contra las mujeres”.
Parece que eso sucede en México. El resultado es lo que dicen y quieren hacer la y los presidenciables. De ello nos hablan sus funestas alianzas conservadoras y no hemos seguido con cuidado el crecimiento de los fundamentalismos, que han desplazado a miles de personas en Chiapas, Michoacán y otras entidades del país.
Encima, para ratificar lo anterior, este miércoles 11 y el jueves 12, los tres candidatos a la presidencia de la República y la candidata independiente “dialogaran” con los obispos de México durante la 105 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, (CEM), donde estarán unos 150 de todo el país.
Se pondrán de acuerdo sobre un tema central: establecer compromisos a favor “del respeto a la dignidad de la vida humana, las familias y las libertades”.
Ya en Costa Rica se transformará el Instituto Nacional de las Mujeres en un Instituto de la Familia; eso pretendió el gobierno de Enrique Peña Nieto al principio de su administración, que entre todas blindamos, impedimos, evitamos. ¿Y ahora? ¿Cómo le haremos?, si no remontamos divisiones absurdas, acusaciones sin fundamento, alianzas con partidos y candidatas ligadas al PES, como en la Ciudad de México.
Cómo se podrá detener este avance, si en las formaciones o frentes políticos está ese discurso y ese plan; cómo hablando de “las mujeres”, “principal interés”, se las ve sólo con sus tareas tradicionales; cómo se anuncia sin respuesta dura y fuerte, que se pondrá a discusión del “pueblo” los matrimonios igualitarios y la interrupción legal del embarazo.
Analizar los discursos a fondo, propuso recientemente la doctora Cecilia A. Delgado Molina, estudiosa de los grupos religiosos y las mujeres que ahí militan.
Explicó el entuerto. Legitimaciones en el discurso, para pensarlo muy bien y a fondo: Partidos políticos y corrupción: legitimidad religiosa, es una cuestión moral, de honradez, de la palabra divina, de dios; o el que va por violencia y construcción de paz, por “falta de valores”, ruptura de tejido social, donde las mujeres han “abandonado sus tareas naturales”. Y algo peor, eso privó mucho tiempo en los países del socialismo real: imposición capitalista; todo lo que tiene que ver con la orientación sexual, el lobby LGTB.
Y algo más grave, las distintas versiones o grupos de defensa de la familia, los valores y contra el “feminismo” y el género, tienen un objetivo común, borran sus diferencias para lograr ser una potencia; se juntan para que cada quien aporte lo que tiene, se intercalan en las clases sociales populares cada vez más cerca de la derecha política. La novedad es el acuerdo de las iglesias evangélicas, que por ejemplo en Brasil representan 40 por ciento de la feligresía. Todas bajo un discurso común: contra la ideología de género.
Así de fácil para entenderlo. Doble lenguaje, doble moral. ¡Cuidado! Veremos.
SEM/sl/gr
Demandaron que se garantice el derecho a la salud, incluida la interrupción legal del embarazo
SemMéxico, Cd. De México, 09 de abril 2018.La candidata y los candidatos a la Presidencia de la República se aprovechan la pobreza de las mujeres, las llaman a los mítines para llenar plazas, pero no les hablan de sus derechos, su agenda es conservadora, así lo expresó Lourdes García Acevedo, del Frente Feminista Nacional (FFN).
En conferencia de prensa, al dar a conocer el pronunciamiento de feministas y organizaciones de todo el país, quienes participaron el 6 y 7 de abril en el Foro Feminista en Defensa del Estado Laico, afirmaron que la inseguridad pública, la violencia de género, los feminicidios, el embarazo adolescente, la pobreza, la desconfianza ciudadana, entre otras, son problemáticas que preocupan a la ciudadanía y demandan soluciones urgentes y efectivas.
En su turno, Adriana Jiménez Patlán, de Equidad de Género, expresó que la agenda de las mujeres está ausente y se necesitan posturas claras.
Por su parte, Nahela Becerril Albarrán, del Frente Feminista Nacional, expuso que se han ganado derechos y no pueden existir retrocesos.
Las feministas leyeron el pronunciamiento firmado por más de 110 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y activistas de diferentes estados de la República.
Exigieron el cumplimiento irrestricto del estado laico, que las instituciones gubernamentales pongan en el centro de la política las garantías para el ejercicio cotidiano de la igualdad ante la ley y la no discriminación hacia las personas por sus creencias, convicciones, sexo, origen étnico, orientación sexual e identidad de género y sean garantes de los derechistas sexuales y reproductivos de las mujeres.
Reclamaron como un principio de laicidad, el respeto a la libertad de conciencia y de pensamiento en su práctica individual y colectiva para que cualquier persona pueda ejercer libremente el culto o la creencia religiosa que se considere.
Denunciaron “intentos fundamentalistas para imponer modelos únicos de familia y del ser mujer, que niegan sus derechos y libertades a tomar sus propias decisiones, mostrando desprecio por sus derechos y desconocimiento de las garantías ya consagradas en Instrumentos internacionales, leyes nacionales y estatales”.
Demandaron que se garantice el derecho a la salud, incluida la interrupción legal del embarazo; el matrimonio igualitario, a la vida libre de discriminación y violencia.
Y ante “la creciente ola de feminicidios a nivel nacional”, entre los que destacaron los casos recientes de Graciela Cifuentes, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y su hija, estudiante de la misma institución, Sol Cifuentes, así como el de Kleo Hernández, activista lesbiana feminista en Guanajuato, y el atentado contra la defensora de derechos humanos Sandra Peniche en Yucatán, exigieron a “las autoridades actuales y futuras en los estados y del gobierno federal, acciones inmediatas para prevenir con eficiencia y castigar con todo el rigor de la ley los feminicidios”.
Aseguraron que se mantendrán vigilantes y convocaron a toda la sociedad a estar alertas en la observancia y exigencia a las instituciones para garantizar la laicidad del Estado y sumarse a esta demanda urgente para defender las libertades ganadas.
Diputados, el quid de la propaganda gubernamental es la asignación
Este lunes 9 debieran empezar las consultas públicas con organizaciones civiles y otros interesados que fueron excluidos del cabildeo.
No se atendieron las propuestas del relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mucho menos el decálogo del frente amplio llamado #MediosLibres.
SemMéxico. Cd. de México. 9 de abril de 2018.- Literalmente fueron muy pocos los criterios propios que tuvo el bloque de diputados que mayoriteó la aprobación del dictamen para la Ley General de Comunicación Social, esa que regulará la propaganda gubernamental en todos los niveles. Gobernación les impuso su modelo caduco.
A la corriente de legisladores del PRI, Verde y Panal poco le importó que le llovieran críticas dentro y fuera por haber cocinado el dictamen sigilosa y alevosamente. Ahora, con todo y presiones se empeñarán en mantener lo esencial.
No obstante, aún se puede hacer algo. Quienes lo intenten debe saber que un cambio de fondo a ese modelo es introducirle algunos criterios para la ampliación del padrón de medios y cuotas en la asignación de ese gasto.
Me explico:
Este lunes 9 debieran empezar las consultas públicas con organizaciones civiles y otros interesados que fueron excluidos del cabildeo, consultas que sí se hicieron discretamente con representantes de los corporativos mediáticos. Lo previsible es que escucharan a los civiles y a otros pero les harán poco caso o ninguno.
Ahora se sabe que de aprobarse cómo va el dictamen de esa ley no sólo legitimará los lineamientos que desde hace varios sexenios aplica la Secretaría de Gobernación sino que dejará intocado el terreno para la arbitrariedad y revalidará los cotos del actual mercado de la información. De aprobarse así, seguirá favoreciendo a las grandes empresas que acaparan ese recurso y mantendrá el régimen de mutuas conveniencias entre estas y los gobernantes.
Lo ideal no se podrá
El modelo de comunicación social que varios organismos sociales pretendían impulsar no era tan radical y mucho menos utópico. Creyeron en la sinceridad de Enrique Peña Nieto cuando en 2012 ofreció que como presidente regularía la publicidad oficial con un órgano ciudadano y autónomo que supervisaría y fomentaría más acceso social a la información. Incluso fue uno de los puntos del Pacto por México que no se cumplieron.
Pero el dictamen que aprobaron no atendió esa promesa; tampoco incorporó algo de las, al menos, 20 iniciativas acumuladas en esa cámara; menos se atendieron las propuestas del relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mucho menos el decálogo del frente amplio llamado #MediosLibres.
Si los hubieran atendido se habría trastocado realmente el actual modelo gubernamental, pero en las actuales condiciones será demasiado difícil avanzar en ese sentido, más ante la sordera que propicia la falta de voluntad política de ese bloque de legisladores gobiernistas a quien les urge el apoyo de los corporativos mediáticos para su campaña electoral.
Algo es posible
Aun en lo aprobado se pueden introducir modificaciones. Hay un resquicio en la parte de los criterios generales. El chance se abrirá dos días (del 9 al 11 de abril) para que se intenten propuestas concretas para enriquecer el dictamen antes que se vote en plenaria el día 16. Habrá, incluso otra oportunidad un poco más difícil antes del 30 de abril en la cancha del Senado de la República.
El dictamen de ley general consta de cinco Títulos, 45 artículos y ocho transitorios, y será de observancia general, es decir para todas las instancias de gobierno del país y entidades autónomas; su base operativa será atendiendo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.
Esa forma de integrar el padrón tiene que cambiar; tiene que complementar los criterios de eficacia y eficiencia actuales (tirajes y ratings muy altos) con los de inclusión, equidad y pluralidad para que cientos o incluso miles de otros medios puedan acceder a ese gasto público que en 2017 habrá sido mayor a los 20 mil millones de pesos por el total de erogaciones de los órganos de gobierno en sus tres poderes tanto federales, estatales como municipales.
De introducirse esos criterios el padrón se multiplicará de potenciales sujetos de compra de espacios para la información y propaganda gubernamental.
Dicho de otro modo, el padrón ampliado seguirá con los medios de prensa mercantiles hoy favorecidos pero incluiría a medianos y pequeños que garanticen acceso a los públicos que otros no tienen por su información hiperlocal o especializada en áreas temáticas (cultura, salud, deporte, ciencia), y por supuesto al nuevo universo de medios que hace medio siglo no había en México: los medios no lucrativos, en los que no predomina el interés de la ganancia, sino del servicio público.
Esta nueva figura jurídica para referirse a medios de difusión masiva no mercantiles la acuñó hace más de 35 años Miguel Ángel Granados Chapa.
Los medios no lucrativos son los medios públicos u oficiales de gobierno, los medios comunitarios, los de instituciones autónomas como las universidades y también los de asociaciones de periodistas. Los hay impresos, sonoros, digitales y audiovisuales. Son cientos y sus cuotas de ese gasto podrían ser fijas para garantizar el alcance de sus costos de operación y permanencia en esta actividad de interés público. Esto si es posible.
Estoy consciente que ahora sería mucho pedir que un 0.5 por ciento del total del gasto público en publicidad se dedicara a crear uno o varios centros de estudios y capacitación para el desarrollo profesional para periodistas con el fin de reducir varias vulnerabilidades que propician los maltratos, agravios y hasta asesinatos. Pero sería un paso muy serio para introducir a México a la etapa profesionalista del periodismo y de los medios que la sociedad necesita para tomar decisiones informadas.
SEM/gr
Señala diputado que las instituciones deben estar vigilantes
SemMéxico, Cd. Victoria, Tamps., 8 abril 2018.- Al llamar a todas las instituciones a salvaguardar los derechos político electorales de las candidatas, el diputado Luis René Cantú Galván, dijo que no se podrá exhibir información personal ni privada que atente contra su dignidad.
Exhortó a las autoridades en materia electoral, la Fiscalía para asuntos electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado como al Instituto de la Mujer Tamaulipeca a garantizar que los derechos político electorales de las candidatas sean respetados en el proceso electoral 2018.
Cantú Galván señaló que los derechos políticos electorales de las mujeres que actualmente participan deben ser salvaguardados por todas aquéllas autoridades e instituciones que participan, derivado de las acciones que en la materia se ha ejecutado en el orden nacional.
El legislador hace referencia reformas a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, incorporando el concepto de violencia política.
Se consideran actos de violencia política, entre otros, aquellos que: Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo; II. Asignen responsabilidades de género que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político pública;
Impongan sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos; discriminen a la autoridad electa designada o en el ejercicio de la función político-pública, por encontrarse en estado de embarazo o parto;
Divulguen o revelen información personal y privada, de las candidatas,
electas, designadas o en el ejercicio de funciones político-públicas, con el objetivo
de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener
contra su voluntad la renuncia o licencia al cargo que ejercen o postulan.
Se exhorta a las mismas autoridades a coordinarse con las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para la implementación y realización de programas, medidas y acciones pertinentes para contribuir a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política – electoral en contra de
las mujeres; y en el ámbito de la consolidación de la cultura democrática, promover foros, exposiciones, programas radiofónicos o televisivos, conferencias y cualquier otro método útil para que la población en general conozca y respete los derechos humanos y político- electorales de la mujer.
Lo antes expuesto, se vincula a la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas, que en fechas anteriores tuvo a bien realizarse con el objetivo de generar, recopilar y compartir información que visibilice la situación política de las mujeres y así lograr la igualdad sustantiva en el Estado. Mismo que está constituido por representantes del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, el Instituto Electoral de Tamaulipas, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas.
SEM/bcz/sj
Manifestaciones religiosas para lavarse la cara frente a la violencia y la corrupción
SemMéxico, Ciudad de México, 8 de abril.- El miércoles 11 y el jueves 12 está programada la visita de los tres candidatos a la presidencia de la República y la candidata independiente para “dialogar” con los obispos de México durante la 105 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, (CEM) en la que unos 150 obispos de todo el país trabajarán un documento pastoral que les encargó el Papa Francisco.
Según el programa, la Asamblea comienza este lunes 9 y termina el 13, hecho que coincide con la declaración del Foro Feminista para Defender el Estado Laico, que se acordó tras 2 días de discusión y pone en evidencia cómo en el proceso electoral de 2018 se repite la presencia de la Iglesia Católica durante las elecciones.
La y los candidatos serán recibidos el jueves y viernes, por la CEM que encabezará el cardenal Francisco Robles Ortega, en su sede, Casa Lago.
Los diálogos con Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Margarita Zavala, dice el programa tienen como objetivo “escucharlos, dialogar y compartir inquietudes». Las pláticas serán privadas.
Para Cecilia Delgado Molina, profesora-investigadora de UNAM que abrió debate en el foro feminista, los y la candidata y otras personas que hacen política les gusta adoptar un discurso religioso como un medio para legitimarse, suponiendo que el aura religiosa ayuda a aparecer “limpios”, sobre todo en un contexto difícil como el que vive actualmente nuestro país, sumido en la delincuencia y en “el pecado”.
Exactamente, los obispos se reúnen para participar en asamblea plenaria “en un momento de particular complejidad social y política para el país” y dicen que su programa de trabajo es pastoral.
Ahí van a participar líderes de las comunidades católicas de todo el país, solamente hombres. Y es ahí, donde explica el CEM quienes aspiran a la presidencia presentarán sus ideales y plataformas, y luego escucharán las inquietudes de los prelados. Representantes, como diría la doctora Delgado Molina, de una fuerte imagen simbólica de la identidad nacional; además de una pluralidad que ante “los peligros del género” se presenta plural.
Todavía de acuerdo con el último censo de INEGI, más del 83 por ciento de las mexicanas y los mexicanos se reconoce católicos y desde el tiempo de Ortiz Mena los líderes políticos y las autoridades gubernamentales se reúnen con los obispos.
El episcopado recibirá a los candidatos en plena campaña. Los obispos conocen bien a todos, excepto a Ricardo Anaya, quien se estrena en este foro; Andrés Manuel López Obrador pisa terreno conocido. Estuvo frente al pleno de obispos en 2006 y en 2012, él con su discurso republicano-juarista-maderista-cristiano como su estandarte moral. José Antonio Meade bien conocido por sus buenos oficios al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores; pues con su gestión mejoraron sustancialmente las relaciones entre la Santa Sede y México, así como con el cuerpo colegiado del episcopado nacional.
Para Margarita Zavala, el encuentro con los obispos será terso. Tiene un catolicismo militante, sin definiciones sobre el feminismo conservador que predica, parece que la presencia de la abogada tiene mucho más de cortesía que de posicionamiento.
Tema central desde el episcopado será establecer diálogo y compromisos a favor “del respeto a la dignidad de la vida humana, a las familias y a las libertades”. En el mensaje/convocatoria los obispos advierten que en todo el espectro social, político y cultural se requieren definiciones inaplazables para desterrar la violencia, la corrupción y la impunidad. Ya urgieron en un mensaje conjunto frente al proceso electoral en marcha, trabajar comprometidamente por un México más próspero y pacífico, más solidario y participativo, más atento al rostro de los más pobres y menos cómplice de quienes los olvidan, los manipulan o los marginan”.
El juego
El primero de julio se e renovará la presidencia de la República y más de 3 mil 400 cargos de representación popular, locales y federales, en 30 entidades del país. Las feministas del Frente Nacional, de las Constituyentes de la Ciudad de México, y de entidades como Guerrero, Morelos, Zacatecas, Campeche han detectado cómo actúan las fuentes del conservadurismo y el fundamentalismo todos los días. Y cómo los derechos de las mujeres que se discutirán con los obispos, están en riesgo.
Históricamente los fundamentalismos repercue4ten en las libertades y los derechos de las mujeres, Una forma manipulada de ello es la creencia de que quienes son religiosos no son corruptos, de ahí la necesidad de que candidatas y candidatos de dialogar con los obispos, así como ir a las iglesias a tomarse fotos, como se pone de ejemplo en el documento de las feministas.
Las feministas recuerdan que la relación de los políticos o de la política con la Iglesia a pesar de la separación Estado/Iglesia busca que las corrientes religiosas ayuden a “limpiarse ante la corrupción” en un país donde se ha introyectado y se sabe que los grandes problemas del país son la violencia y corrupción. El documento también advierte de la manipulación, sistemática de cualquier partido de responsabilizar a las mujeres como activas contribuyentes a “las causas de estos conflictos sociales, como la ruptura del tejido social, que desde hace años se relaciona con “la destrucción de la familia tradicional y con la pérdida de los valores”.
Durante las mesas de trabajo del Foro que terminó ayer las participantes dijeron que en el actual proceso electoral, hay políticos que son directos al hablar de sus convicciones religiosas; otros sólo lo insinúan; por ejemplo, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, aludió a la fe católica para no comenzar su campaña el día que marcaba la ley electoral, el 30 de marzo. No cumplió con la ley.
En su spot Meade afirmó: “El próximo viernes comienzan legalmente las campañas electorales, coincide con el Viernes Santo, que es un día de gran trascendencia para las familias mexicanas” y aseguró que en “respeto a la fe” comenzaría su campaña hasta el 1 de abril.
Lo que se denunció como un escándalo es el discurso del candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, quién inició su campaña el 30 de marzo con el lema “Tú familia es primero”, ahora frase distribuida en mamparas y anuncios en autobuses. Y aunque no señaló es explícito refiriendo a la familia heterosexual y monógama, en sigue afirmando como en su precampaña que la Ciudad de México volverá a ser la “ciudad de los valores”; pondrá a discusión el matrimonio igualitarios y como en el macartismo habla de “lo que nos ha dejado los comunistas”.
La candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, ha hablado de su vida y de su educación y formación católica, también ha expresado su visión de familia al pronunciarse por los matrimonios entre mujer y hombre.
Ella en otra época participó en la construcción del Parlamento de Mujeres, en foros internacionales como la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing que se realizó en 1995; en grupos de mujeres y abiertamente se considera solidaria con algunas metas del feminismo, y en su discurso de campaña es la única que habló la semana pasada de los feminicidios, tanto en Tijuana como en el Estado de México.
Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sin ambages, ante cámaras y micrófonos se declaró cristiano y admirador de Jesucristo; suspendió su campaña el viernes santo y en la entrevista de Milenio, dijo claramente que tendrá que consultar con “el pueblo de México”, algunas leyes que consagran los derechos humanos de las mujeres, la interrupción legal del embarazo y los matrimonios igualitarios, y otros asuntos. Mencionó que se trata de derechos que causan polémica.
SEM/sl/sje
Las adultas mayores en condiciones difíciles
SemMéxico, Cd. de México, 7 abril 2018.- La Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo que exhorta al presidente Enrique Peña Nieto a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de esa forma se busca que disfruten de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa.
Así lo informó el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y quien impulsó el punto de acuerdo, Francisco Martínez Neri ante quienes integran la LXIII Legislatura.
Martínez Neri señaló que la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores por parte del Estado Mexicano, se favorecería a casi 13 millones de mexicanos y mexicanas mayores de 60 años.
De acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2017 habitan en el país casi 13 millones de personas de 60 y más años. Entre 1970 y 1990 el porcentaje de personas adultas mayores pasó de 5.6 a 6.4 por ciento, cifra que aumentó en 2017 al representar el 10.5 del total de la población. “Las estimaciones de CONAPO indican que para 2030 esa cifra se elevará a 14.9 por ciento y se estima que para el 2050 alcance el 24.7 por ciento”.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2016, en el país hay 33.5 millones de hogares y en 30.1 por ciento de estos reside al menos una persona de 60 y más años, dice el punto de acuerdo.
Mientras las mujeres adultas mayores con trabajo remunerado apenas alcanzan el 20 por ciento del total de ese grupo de población, los hombres rebasan el 50 por ciento, y el porcentaje de la población de 60 y más años que no es económicamente activa es del 66.1 por ciento, y de estos, más de la mitad se dedica a los quehaceres del hogar (54 %), es decir, se trata de mujeres mayoritariamente.
Cabe señalar que en México el porcentaje del valor econonómico del trabajo no remunerado en los hogares, se compone de una aportación de las mujeres que asciende a 18 por ciento, y la de los hombres, con 6 por ciento. Adicionalmente la carga de trabajo global en los hogares (horas por semana en trabajo doméstico, de cuidados y de crianza), es mayor en ellas que en ellos.
Las mujeres adultas mayores, que componen la mayoría en la población etaria en México, y que subsisten con un bajo porcentaje de percepciones (pensiones o jubilaciones), se convierten en un grupo poblacional que padece de manera desproporcionada -y grave- la mayor desigualdad, rezago y pobreza, a pesar de su contribución al PIB nacional, en comparación con la población de hombres.
Por otra parte, la población ocupada tiene 60 años y más estimada en casi cinco millones, la mitad labora por cuenta propia. No tienen acceso a instituciones de salud por su trabajo poco más del 60 por ciento; laboran sin contrato escrito el 61.8 por ciento y el 47.7 por ciento no tiene prestaciones. El 73.2 por ciento trabaja en la informalidad. Solo el 26.1 por ciento tiene una pensión (ENESS/2013).
Como en el resto de Latinoamérica, dice el documento presentado por el perredista Francisco Martínez Neri, el proceso de envejecimiento de la población está ocurriendo a un ritmo acelerado en comparación con los países desarrollados y en contextos socioeconómicos frágiles, con altos niveles de pobreza y crecientes desigualdades sociales y económicas.
En 2015 la Asamblea de la Organización de Estados Americanos adoptó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que entró en vigor en noviembre de 2017.
Hasta hoy, han ratificado, ese instrumento regional jurídicamente vinculante, por seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. La Convención fomenta un envejecimiento activo en todos los ámbitos y dispone la incorporación y priorización al tema del envejecimiento en las políticas públicas.
Es por ello que integrantes del Congreso exhortan al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República, para que, realicen los procedimientos necesarios a efecto de adherir a nuestro país a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores y se incorpore al sistema jurídico mexicano.
SEM/sje
Proponen cambios profundos en el sistema electoral, paridad en todos los espacios y, sobre todo, políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos y las libertades de las mujeres.
SemMéxico, Ciudad de México, 5 de abril, 2018.- La próxima Administración Pública Federal tendrá que garantizar los logros y avances de las mujeres, fortalecer funciones y recursos del Instituto Nacional de las Mujeres e incluir como prioritaria la igualdad sustantiva en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, respetar los derechos humanos y el estado laico, exigen Mujeres en Plural en un documento dirigido a la y los candidatos a la presidencia de la República.
Además, recuerdan a quienes aspiran a gobernar los estados, municipios y a quienes integrarán los Congreso federal y estatales, que el logro de la igualdad sustantiva exige compromiso del Estado, en su conjunto, una firme voluntad política y recursos suficientes tanto humanos como financieros.
El documento que está listo para entregarse a todas las candidaturas, también propone cambios profundos en el sistema electoral, paridad en todos los espacios y, sobre todo, políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos y las libertades de las mujeres.
La idea es que este documento se recoja como compromiso de campaña, que lo firmen, lo defiendan, lo conozcan, especialmente entre la y los candidatos a la presidencia y las gubernaturas, según se lee en el documento obtenido por SemMéxico.
Mujeres en Plural está integrado por más de 100 políticas, activistas, legisladoras, periodistas, ex funcionarias, quienes en su demanda a los candidatos urgen a la paridad en el Poder Ejecutivo y la Administración Pública Federal (APF), para garantizar una integración paritaria del gabinete presidencial, tanto legal como ampliado.
El documento fue elaborado, entre otras, por Teresa Hevia, la ex ministra Mary Carmen Alanís, Alejandra Rojas y Claudia Alonso Pesado, y en él se solicitan reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para incluir acciones que contemplen la incorporación de las mujeres a los cargos de mayor jerarquía en la estructura organizacional.
Piden ampliar las atribuciones del Instituto Nacional de las Mujeres, fortaleciendo su capacidad de incidencia en la formulación de planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal.
Urgen a presentar como iniciativa preferente reformas para tipificar en la legislación federal y local la violencia política contra las mujeres en razón de género, incluyendo facultades claras para las autoridades, órdenes de protección, acciones de prevención, sanciones y reparación integral del daño.
Advierten que es necesario un compromiso para eliminar criterios de diseño electoral que pongan en riesgo el derecho de las mujeres a ser electas: asignación de diputaciones o regidurías por el principio de representación proporcional (RP).
Dividida en seis áreas, lo que se llama Agenda en el Ejercicio de los Derechos Políticos de las Mujeres en México, suscrito por una mayoría de las integrantes de Mujeres en Plural señala entre otras cosas:
• Garantizar la transverzalización de la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con mecanismos de seguimiento basados en índices de desarrollo humano nacionales e internacionales.
• Fortalecer las Unidades de Igualdad de Género en la Administración Pública Federal (APF), con atribuciones, estructura, y recursos financieros. Y alentar el fortalecimiento de las Unidades de los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos autónomos.
• Crear un nuevo ramo en el presupuesto nacional, eficiente y que garantice la coordinación para las políticas de igualdad sustantiva y de acceso a una vida libre de violencia.
• Concretar la reforma constitucional para garantizar la paridad en el tercer orden de gobierno y alentar a los congresos locales a que incluyan el mandato de paridad horizontal y vertical en la integración de candidaturas a cargos edilicios.
• Promover ante el Congreso de la Unión una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que incluya la regla de paridad de género en la integración de los consejos electorales nacional, estatales y distritales.
• Reglas para el ingreso, permanencia y desarrollo de las mujeres en espacios de toma de decisión, especialmente para quienes han experimentado mayor exclusión: mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes, integrantes de la comunidad LGBT+, jóvenes, adultas mayores y mujeres con discapacidad.
Los argumentos
Estas activistas y políticas consideran que sus propuestas son indispensables para el fortalecimiento de la democracia y el logro de la igualdad sustantiva. Y declaran que Mujeres en Plural es una red conformada por legisladoras, funcionarias, académicas, políticas, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, inscritas en diferentes posiciones políticas y/o ciudadanas.
Y les dicen claramente a las y los aspirantes que en el proceso electoral en curso, a quienes aspiran a gobernar México, que es preocupante “la situación de desigualdad social y violencia de género que afecta a las mujeres, cuyo combate y solución supone el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho, cuestiones que sólo pueden ser plenas si se garantiza la participación igualitaria de mujeres y hombres en todos los espacios de toma de decisiones”.
Abonan en favor de la democracia, la igualdad y la libertad, que en México hoy deben fortalecerse. Eso implica reconocer el pluralismo social y la tolerancia ante la diversidad de opiniones y formas de vida.
Les dicen que: “Nuestra Constitución Política mandata a las autoridades de todos los niveles a respetar, promover y garantizar los derechos humanos, los cuales han sido logros y conquistas incuestionables de diversos grupos sociales.”
Hablan de su plena convicción de que la vigencia del Estado laico es una condición indispensable para el ejercicio de la libertad y el desarrollo humano de las mujeres, por lo que instan a la persona que resulte ganadora en la contienda presidencial a preservar y fortalecer este principio fundamental.
SEM/sl/sj
Parece que deben ser asesinadas para ser tomadas en cuenta, dicen
Semméxico, Chilpancingo, Gro., 5 abril 2018.- Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, anunciaron que recurrirán a nivel federal y acusaron al Tribunal Electoral del Estado (TEE) de no juzgar ni dictaminar con perspectiva de género y deja en la indefensión los derechos políticos de las mujeres en la entidad.
En conferencia de prensa, ofrecida este jueves en el TEE, Zulma Janeth Carvajal Salgado, aspirante a la presidencia municipal de Iguala de la Independencia por el Partido de la Revolución Democrática, y quien interpuso dos recursos de impugnación en contra de dicho instituto político, por supuestos actos de violencia política en razón de género, señaló que éstos fueron desechados al considerar que estaban “infundados y frívolos”.
Advirtió que las mujeres que viven en Guerrero continúan expuestas y señaló que tal parece que es necesario que sean asesinadas para que las autoridades reconozcan la existencia de la violencia política con razón de género.
Carvajal Salgado llamó a los responsables de las distintas instancias, a trabajar y cumplir con su responsabilidad, a ponerse en los zapatos de todas las mujeres que ha sido violentadas en la entidad, y a quienes les ha costado hasta la vida “y que dicen que de manera frívola nosotras estamos exigiendo lo que por derecho nos ganamos” expuso Carvajal Salgado.
La aspirante perredista alertó que este asunto no termina con la resolución emitida por el TEE, acudirán a todas las instancias, entre ellas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “no vamos a permitir que por intereses personales o de parridos políticos, a las mujeres en Guerrero, se nos sigan violentando de manera sistemática.
La demanda derivó de la falta de algún tipo de notificación por parte del dirigente o los responsables de los órganos correspondientes del PRD; en cuanto al porque y bajo qué criterios, eligieron a un hombre como candidato a la presidencia municipal de Iguala, “a todas luces es una imposición”.
Explicó que el candidato, además, ha contendido hasta en tres ocasiones y en todas las ocasiones ha perdido la elección. ¿Eso quiere decir que los hombres por ser hombres tienen el acceso a las candidaturas y que pueden ser candidatos eternos? ¿Entonces las leyes que se manejan con perspectiva de género a dónde están?, cuestionó Carvajal Salgado.
Emperatriz Basilio Goitia, integrante de la coordinación estatal de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, considero que los argumentos de TEE, al considerar como occiosa la exigencia de Zulma Calvajal, es un agravio para las mujeres.
Silvia Galeana Valente, también integrante de la Red, recordó Guerrero se encuentra inmerso en una alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, por el ejercicio sistemático de ella y lamentó que los magistrados del TEE no tomaran en cuenta el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres.
Intentan desalojo
Durante la conferencia de prensa, empleado Rubén Jiménez Aparicio del TEE intentó desalojara las integrantes de la Red que acompañban a Zulma Janeth Carvajal Salgado, durante la conferencia de prensa. El empleado grito: “Ya sálganse, no pueden estar aquí, no es lugar para conferencia”, mientras las mujeres le respondieron que no lo harían porque ese “es un edificio público”.
SEM/mr/sj
Tampoco estaban dedidamente fundamentados, recuerda la autoridad
Semméxico, Chilpancingo, Gro., 6 abril 2018.- El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE), calificó de frívolo y ocioso recurso de impugnación interpuesto por aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Iguala, Zulma Janeth Carvajal Salgado, en la sentencia emitida.
El TEE determinó lo anterior durante la la vigésima primera sesión pública, en la que desahogó entre otros temas la impugnación interpueta por Carvajal Salgado en contra de la Comisión Nacional Jurisdiccional de Partido de la Revolución Democrática (PRD), expedientes TEE/JEC/027/2018 y TEE/JEC/030/2018 y acumulados.
El secretario técnico, Obed Valdovinios Galeana, dio lectura a un extracto de la resolución emitida por el magistrado J, Inés Betancourt Salgado, sobre el expediente TEE/JEC/029/2018 en el que argumentan que la actora agotó su derecho de impugnación pues previamente presentó otros más que quedaron registrados en el expediente TEE/JEC/027/2018, bajo los mismos agravios con lo que su derecho de acción quedó agotada y constituye un impedimento legal para hacer valer de nueva cuenta su derecho en el citado juicio.
“Por lo anterior, se considera que el presente medio de impugnación, resulta eminentemente frívolo…ya que no es posible permitir que los justiciables puedan disponer de manera discrecional o caprichosa, del derecho subjetivo de impugnación en cualquier momento, a través de una multiplicidad de escritos independientes e incluso conexos lo cual rompe en cierto modo, con los principios de certeza y seguridad jurídica que da el juez para resolver un mismo conflicto”, se argumentó.
Luego, se dio a conocer el único resolutivo con el que se desecha “de plano”, el juicio electoral ciudadano promovido por Zulma Janeth Carvajal Salgado, señaló el magistrado Ramón Ramos Piedra.
La resolución fue aprobada por unanimidad por los magistrados del TEE.
En entrevista cuestionado sobre la acusaciones de las integrantes de la Red para el Avance Políticos de la Mujeres Guerrerenses, en cuanto a la falta de perspectiva de género, de parte de los miembros del pleno del TEE, el magistrado presidente de dicho órgano jurisdiccional, René Patrón Muñoz, respondió “no tengo los elementos”.
En esta misma sesión, se resolvió el juicio interpuesto por la misma Carvajal Salgado en contra de la sentencia recaída en los recursos de inconformidad NG/GUERRERO/112/2018 y NG/GUERRERO/95/2018, emitidos por la comisión nacional jurisdiccional del PRD el 5 de marzo del presente año.
Lo anterior, por indebida motivación y fundamentación, al considerar como agravios el sobreseimiento del recurso de inconformidad dictado por la mencionada comisión nacional perredista en el expediente 95, no se encuentra motivado ni fundamentado, al considerar que no entra al estudio de los agravios expuestos ni valora las pruebas ofrecidas al momento de dictar resolución, con lo que violenta sus derechos humanos y principios pro persona, así como trataos internacionales que contienen señalamientos para erradicar la violencia hacia la mujer.
Carvajal Salgado señala que como aspirante a la candidatura al ayuntamiento de Iguala, no fue informada por parte de la comisión nacional jurisdiccional de su partido, de la reanudación de la sesión del 3 de marzo, en la que se definieron las listas de candidatos a presidentes municipales y síndicos, ni de los métodos ni criterios utilizados para ello.
El TEE resolvió parciamente fundada esta impugnación y ordenó al órgano perredistas, informar de los criterios utilizados para la designación de candidatos.
SEM/mr/sj
Quedan en la impunidad, dice diputada Plascencia
SemMéxico, Cd. de México, 5 de abril 2018.- La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, denunció la falta de compromiso por parte de las autoridades capitalinas en la atención del caso de Frida Gómez, videocolumnista de SDP Noticias.
Expresó que el caso de Frida Gómez se suma a casos incontables de feminicidios en el país, “recordemos que siete mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres y que el 90 por ciento de los casos quedan en impunidad”, dijo.
Exigió al comentarista del Grupo Milenio que renuncie por ética y al medio de comunicación Milenio Diario que ponga cartas sobre el asunto.
Frida denunció ser víctima de agresión sexual, física, psicológica y amenazas de muerte por parte del periodista de Milenio Diario, Ilich Valdez.
A través de un video publicado en SDP Noticias, Gómez explicó que los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles, luego de cenar con el reportero en la Casa Gallega para tratar un asunto relacionado a medios de comunicación.
SEM/rd/sj
El delito está tipificado en el Código Penal
Benny Cruz Zapata, SemMéxico, Cd. Victoria, Tamps., 5 abril 2018.- En Reynosa, Tamaulipas una mujer sin vida y con huellas de violencia fue encontrada en el interior de su casa en la colonia Balcones de Alcalá el reporte policiaco señaló que la asesinada era una ingeniera, trabajaba en una maquiladora, se le calculan de 30 a 35 años de edad.
La víctima presenta huellas de violencia, su ropa desgarrada por lo que no descartan que fue violada.
Otro asesinato: Jessica Gabriela Hernández García, 20 años de edad y 8 meses de embarazo. Desapareció el 27 de marzo alrededor de las 10 de la mañana cuando salió por la ropita para su bebé. El reporte señala que fue victimada para sacarle a su bebé.
Las autoridades de la Procuraduría General de Justicia localizaron el cuerpo envuelto en una bolsa abajo de una de las camas; un matrimonio ha sido consignado como responsable del homicidio. El caso ha conmocionado a la opinión pública.
Pese a estos dos ejemplos de feminicidio en Tamaulipas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Centro Nacional de Información, refirere en su informe que de los 125 feminicidios que se han reportado en el país en enero y febrero, ninguno de ha cometido en Tamaulipas en lo que va del año.
La ex diputada Olga Sosa Ruiz lamenta el feminicidio de Jessica y de su bebé que estaba próxima a nacer y también lamenta que no se detecten en serio los casos de violencia de género, acoso u otros delitos contra las mujeres.
Inexplicable, el Código penal establece el delito:
Artículo 337 Bis.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I.- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II.- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III.- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV.- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
V.- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI.- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; o
VII.- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perder todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 500 a mil 500 días multa, además ser destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.