SemMéxico, Ciudad de México, 31 de agosto 2024.- En Guerrero está el ojo del huracán no se puede hacer la búsqueda de desaparecidos como en otros estados, ahí nos matan, afirmó Teodomira Rosales defensora de derechos humanos, presidenta del Centro Morelos, quien ha escapado dos veces de ser asesinada por su activismo en el acompañamiento a familiares de desaparecidos y a víctimas de desplazamiento forzado.
Tomo la palabra al término de la presentación del Informe de Amnistía Internacional, “Buscar Sin Miedo: Estándares internacionales aplicables a la protección de mujeres buscadoras en las Américas”.
Señaló que ni los de la ONU llegan al Centro Morelos por miedo, porque la búsqueda no es tan fácil como en otros estados.
Demando no sólo ser testimonios y que los apoyen porque el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, (Centro Morelos) que realiza el acompañamiento a las familias de desplazamiento forzado en tres municipios Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y Zitlala del Estado de Guerrero, las amenazas se han intensificado a las familias y a ellos como defensores, lo que reportó el periódico local “Replica Guerrero” el 5 de junio.
Enfatizó que no existe seguridad ni para las defensoras de derechos humanos, que también son amenazadas y las desaparecen. Ella sufrió dos veces atentados por lo que no puede entrar fácilmente al Estado, del que salió desde el 2020 en calidad de víctima del desplazamiento.
Expreso que está segura que muchos desaparecidos están vivos y refirió el caso de un papá, don José que supo hace un año que su hijo que se lo llevaron de su casa a los 14 años, estaba vivo. Entro disfrazado de policía comunitario al lugar donde tenían a su hijo trabajando como albañil, pero lo asesinaron en noviembre del año pasado. También se encontraron otras seis personas reportadas como desaparecidos, los que aparecieron después deambulando, golpeados y drogados que habían desaparecido desde el año 2016. Los soltaron.
Lamentó que en este caso haya tenido que morir Don José un papá que no descanso en la búsqueda de su hijo.
Guerrero tiene 26,700 personas desplazadas hasta junio de 2023, y los grupos delincuenciales es una de las principales causas. Lo más grave es que ni desplazadas las familias están seguras, porque protegerlas no es una prioridad para el gobierno.
Teodomira Rosales Sierra es una abogada afro indígena, fundadora y presidenta, desde 1997, del Centro Morelos. Reconocida por su trabajo contra las desapariciones y desplazamientos forzados internos en el Estado de Guerrero.
Acompaña a las familias de víctimas de desapariciones forzadas en la realización de los trámites administrativos y jurídicos. Cofundadora del Colectivo Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado en México, Teodomira también acompaña jurídicamente a las víctimas de violencia sexual y lucha para que las comunidades indígenas tengan acceso al agua potable.
Fue reconocida por la Iniciativa Marianne de Francia para los defensores de los derechos humanos, hombres y mujeres de todo el mundo. El 5 de marzo recibió la medalla de oro por el senador Daniel Lauret, presidente del Grupo Amistad Francia México.
Manifestantes colocaron pancartas con fotos de personas desaparecidas sobre la avenida paseo de la reforma foto: ivonne rodríguez / el Sol de México
Jalisco, Tamaulipas y el Edomex son las entidades que concentran más casos, según el Registro Nacional
Mal endémico en Guerrero:manifiestos, misa, protesta y demandas urgentes: Teodomira Rosales Sierra
Atzayacatl Cabrera / Martín Martínez/con información de editoras y Mariela Macay
SemMéxico/El Sol de México/Ceprovysa, Cd. de México, 31 de agosto, 2024.- En México, 115 mil 532 personas están desaparecidas y no localizadas, según datos del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas (RNPDNO) con corte del 30 de agosto de 2024. de estas, 51 mil 673 corresponden a este sexenio, siendo jalisco, tamaulipas y estado de méxico las tres entidades federativas que concentran más casos, pues cada una tiene más de 12 mil.
Ayer se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, por lo que en al menos 18 estados, colectivos de madres buscadoras salieron a las calles a manifestarse en demanda de que las autoridades implementen protocolos de búsqueda y respuesta ante los reportes de posibles sitios donde hay restos humanos.
En junio de 2023, el presidente andrés manuel lópez obrador anunció un censo de personas desaparecidas, distinto al rnpdno, que estaría a cargo de los servidores de la nación de la secretaría de bienestar.
Al grito de «¿dónde están nuestros hijos?» marchan en la capital del país por los miles de desaparecidos
Los resultados fueron presentados en marzo de este año por la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde. según los datos del nuevo censo se localizaron a 16 mil 681 personas, se ubicaron a 17 mil 843 y encontraron mil 951 registros duplicados. también se identificó que en 26 mil 090 registros no había datos suficientes para “confirmar la identidad de la persona”; y 36 mil 22 casos “no hay indicios para la búsqueda”.
Los resultados generaron descontento en los colectivos de búsqueda de personas y organizaciones de derechos humanos por la falta de transparencia en la metodología del censo.
La secretaría de Gobernación sigue reportando el mismo número de personas localizadas y desaparecidas en la página del censo, mientras que en el sitio web del rnpdno sí hay actualizaciones diarias.
En Sonora, la activista Ceci Flores, llamó a no olvidar a las personas desaparecidas. “hoy es el día internacional de las personas desaparecidas y debería dolernos a todos, porque cuando alguien desaparece, se llevan su historia y a México le arrebatan su futuro. ruego porque pronto terminen estos tiempos”, publicó en su cuenta de x, previo a la marcha en Hermosillo.
En la Ciudad de México, ayer familiares de personas desaparecidas se manifestaron en el ángel de independencia y la glorieta de las y los desaparecidos para exigir la búsqueda de sus seres queridos.
Algunos contingentes marcharon sobre paseo de la reforma hasta el zócalo capitalino, donde también demandaron a las autoridades atender la crisis forense que existe en méxico, pues acusaron que más de 50 mil cuerpos se encuentran sin identificar y sin ser entregados a sus familiares.
Yerin Rodríguez Zamora viajó desde San Luis Potosí más de 10 horas para marchar y pedir justicia por su padre, quien desapareció cuando viajaba rumbo a Miguel Alemán, Tamaulipas, el 17 de marzo de 2010. “lo último que se supo es que fue interceptado por patrullas en Tamaulipas”, contó.
En Tamaulipas, la presidenta del colectivo Amor por los Desaparecidos,Edith González, expuso en Reynosa que a lo largo de este año detectaron 28 fosas clandestinas en diferentes municipios de Tamaulipas, de los cuales la fiscalía especializada en la investigación de los delitos de desaparición forzada tiene 14 pendientes por procesar, es decir, la mitad de los encontrados.
También hubo manifestaciones en Morelos, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guerrero, Nuevo León,Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Baja California, Colima Snora.
En día internacional de las víctimas de desaparición
forzada, piden crear Instituto de Identificación Humana
La desaparición forzada en el estado de Guerrero ha sido un mal endémico durante 60 años. Lo peor es que las autoridades municipales, estatales y federales han permitido que se siga reeditando, dejando una estela de desapariciones de personas y una cadena interminable de impunidad. No les importa el dolor de las familias, ni buscar a sus queridos.
Decenas de familias siguen buscando a sus hijos, padres, madres, hermanos y tíos desde la guerra sucia, sin que el Estado dé alguna respuesta sobre el paradero. Al contrario, las autoridades son las principales cómplices del ocultamiento de la verdad. El caso más reciente es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que a una década no los han encontrado.
En la Montaña de Guerrero la desaparición de personas está al día. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acompaña a 35 familias que buscan a sus seres queridos por cerros y barrancas. En las búsquedas las familias que conforman el colectivo Luciérnaga han encontrado cuerpos y restos óseos, sin embargo, las autoridades han prolongado su identificación, provocando angustia y ahondando el dolor.
Como en el pasado, en el presente las autoridades no son quienes buscan a las y los desaparecidos. Las investigaciones las hacen a modo, ocultando siempre la verdad para que nunca se haga justicia. El ejército es el símbolo de la impunidad y de las mentiras. Con las desapariciones a lo largo de la historia en Guerrero se abrió una enorme herida que no se ha podido cerrar. Las desapariciones forzadas siguen siendo un tema pendiente a resolver por Estado mexicano.
Protesta en Chilpancingo
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se instauró en diciembre de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para ser recordado el 30 de agosto y que inició en el año 2011, en Guerrero se realizaron diversas acciones en este contexto.
En Chilpancingo, el colectivo Lupita Rodríguez, que encabeza David Molina, realizó una marcha, una concentración y una protesta.
La marcha inició en el monumento a Nicolás Bravo, lugar donde familiares de las víctimas de desaparición, colocaron cartulinas con rostros de los desaparecidos en Guerrero.
En ese lugar también colocaron una pala y una varilla con la idea de presentar con esas herramientas de trabajo, la actividad que realizan para encontrar a sus seres queridos. El Colectivo también protestó por el monumento que para recordar a las víctimas de desaparición, levantó el Ayuntamiento de Chilpancingo en la Alameda Central. En esta concentración los puntos fundamentales de las intervenciones fueron en el sentido de que se dote de autonomía y de recursos económicos a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Una petición fundamental fue la de pedir la creación de un Instituto Estatal de Identificación Humana que realice la identificación de los cadáveres que se encuentran en el panteón ministerial.
En Guerrero, de acuerdo al Instituto para la Economía y la Paz, en el año 2023 se registraron 323 casos de desaparición de personas. Esta cifra representa un crecimiento del 35.1 por ciento con respecto al 2022. Asimismo, este Instituto registra desde 2010, tres mil 437 personas desaparecidas en Guerrero.
Los más de 110 mil desaparecidas y desaparecidos, antes de ser una fría cifra estadística son seres humanos con nombres y apellidos que han dejado a cientos de miles de corazones destrozados y a miles de hijas e hijos en la orfandad y el desamparo, la impunidad de este crimen ha puesto al descubierto la permisividad con que el estado, incluido el llamado de la cuarta transformación, ha contribuido en la proliferación de los grupos delincuenciales y se han asociado con ellos en el negocio de la desaparición forzada de personas con muy distintos fines, garantizando a los delincuentes la total impunidad.
La desaparición es un crimen de lesa humanidad permanente y continuado, tolerado y protegido desde las esferas de los tres órdenes del poder gubernamental, político y empresarial.
En el estado de Guerrero, dentro de los miles de casos existentes, podemos destacar algunos casos que son emblemáticos: las desapariciones forzadas ocurridas dentro de la estrategia de contrainsurgencia en las décadas de los 70´s y los 80´s que han cumplido más de 50 años de impunidad a este echo le sigue el caso de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que ocurrió dentro de la continuidad de la estrategia gubernamental de contrainsurgencia, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre que en menos de un mes cumplirá una década de impunidad.
Nuevamente, en todo el país se realizan marchas y un sin fin de actividades por parte de familiares y colectivos de familias de víctimas de desaparición forzada, hay marchas, exposiciones fotográficas, eventos culturales, pintas, pega de carteles, siempre tratando de sensibilizar a la sociedad y tenga presente que todos somos víctimas potenciales de sufrir la desaparición de un familiar, estas actividades también son una forma de luchar contra el escarnio, la revictimización, la impunidad y la corrupción.
Las demandas del ayer por las Desapariciones forzadas de hace más de 50 años realizadas por militares, guardias blancas policías, grupos paramilitares, hoy son las mismas para varias familias de las víctimas actuales de desaparición forzada, desapariciones que igual que ayer han sido realizadas por militares, policías, grupos delincuenciales y grupos de Narco paramilitares: presentación con vida, verdad, justicia y castigo a los responsables y garantías de no repetición.
Actualmente en el municipio de Chilapa de Álvarez, siendo un municipio indígena, son más de 300 las personas desaparecidas y cientos de familias que tienen una silla vacía en su mesa, una persona que esperan con ansias verla llegar por lo que, seguimos viviendo una crisis humanitaria igual o peor que con gobiernos anteriores, una gobernadora que no sabe que hacer o que obedece lo que mandan los grupos delincuenciales, su papá y el presidente de la República.
Hoy, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” hace suyas las siguientes demandas:
1.- La aprobación inmediata de la “Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley en materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero” ya que esta iniciativa se ha trabajado desde las familias y con aportaciones de las Instituciones del estado involucradas en el tema, organismos civiles y organismos internacionales de derechos humanos.
2.- Solicitamos que dentro de la propuesta del presupuesto de egresos que habrá de presentarse próximamente se incluya un rubro especifico con la cantidad suficiente que garantice el cumplimiento de todos los derechos de las víctimas, un presupuesto congruente con el número de desaparecidos en el Estado, que también contemple el tema de la reparación del daño para todas las familias a las que se les han entregado los cuerpos o lo restos de sus familiares desaparecidos.
3.- Que el presupuesto sea suficiente para que el monto de apoyo para la canasta básica se homologue al nivel de lo que proporciona la CEAV federal.
4.- Solicitamos se vigile puntualmente el cumplimiento del proyecto para la construcción del Centro de Resguardo Temporal de Cuerpos, y que se construya con los estándares de calidad que se necesitan por el tipo de servicio que brindará.
5.- Que La Fiscalía General del Estado de Guerrero cumpla con sus obligaciones de garantizar a las víctimas:
I. El esclarecimiento de los hechos;
II. Proteger al inocente;
III. Que el culpable no quede impune, y
IV. Que se reparen los daños causados por el delito.
6.- Que se garantice la atención médica, ya que los distintos problemas físicos y psicoemocionales que sufrimos por el echo victimizante nos vuelve muy vulnerables ante cualquier enfermedad, maxime en las pandemias como la del COVID-19.
Necesitamos una identificación que nos reconozca como víctimas de violencia y poder presentarla en las Instituciones de Salud para priorizar la atención. Puede ser un carnet de identificación o una tarjeta con fotografía avalada por las Instituciones correspondientes, etc.
Brigadas de salud periódicas para cada uno de los Colectivos en las cuales contemple medicamentos básicos y tratamientos especializados para enfermedades crónicas degenerativas.
Brigadas médicas móviles que ayuden a la prevención de enfermedades que incluyan mastografía, Papanicolaou, colposcopia, así como estudios para hombres como el de próstata.
Garantizar la atención inmediata de urgencias médicas que requieran la intervención intrahospitalaria y traslados inmediatos si fuera el caso.
Es urgente la atención psicológica y psiquiátrica en la Clínica de Salud Emocional, por medio de la identificación que solicitamos en el primer punto.
7.- Que la Secretaría del Bienestar Asegure:
a).- A las niñas, niños, adolescente y jóvenes huérfanos de la violencia necesitan un apoyo especial: becas estatales, despensas dignas, etc. todo lo que se pueda conseguir para el bienestar de los niños. c).- Promoción y capacitación para el trabajo y los emprendimientos juveniles. d).- Tener acceso al programa de “Tarjeta Violeta” para las mujeres víctimas. e).- Acceso a los programas sociales del Estado de Guerrero.
Atentamente
Teodomira Rosales Sierra, Directora del Centro Morelos
Muchas estadísticas están por debajo del número de casos reales por el persistente subregistro de desapariciones
Algunos países siguen careciendo de un marco legal apropiado que reconozca explícitamente los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 31 de agosto, 2024.-. En este 30 de agosto, Día Internacional de las personas desaparecidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) destaca la magnitud del fenómeno de las desapariciones en el continente y la importancia de intensificar los esfuerzos de coordinación entre países e instituciones para prevenir y mitigar una de las consecuencias humanitarias más dolorosas de la violencia armada en la región.
La desaparición de personas en las Américas es un flagelo complejo agravado en situaciones de violencia y conflictos armados, migración, desplazamiento y desastres. Buscar, localizar e identificar a las personas desaparecidas, es responsabilidad de las autoridades en todos los niveles y de acuerdo con sus competencias, al igual que la atención integral a sus familiares.
Establecer políticas de Estado coordinadas y sostenibles que aborden las causas profundas de las desapariciones para prevenirlas y erradicarlas debe ser un compromiso político a largo plazo, sostenido a pesar de cambios de gobierno o instituciones, afirma Marianne Pecassou, asesora regional de protección del CICR.
La búsqueda de las personas desaparecidas es una obligación continua e ineludible de los Estados, que deben asumir la responsabilidad de encontrar a cada persona desaparecida, sin importar el tiempo transcurrido ni las circunstancias. Las autoridades tienen la obligación de encabezar las búsquedas de manera inmediata y permanente, garantizando que las familias estén informadas y participen a lo largo del proceso, sin cargarles con la responsabilidad de lo que es, ante todo, una responsabilidad de Estado, expresó, Jérémy Renaux, coordinador del programa para personas desaparecidas y sus familiares en México y América Central del CICR.
A pesar de los avances de los últimos años, es necesario consolidar los logros ya alcanzados e invertir en recursos humanos, financieros y técnicos para fortalecer las instituciones encargadas de responder a esta emergencia humanitaria. La coordinación interestatal es imprescindible, especialmente si la desaparición ocurre en un lugar diferente al de origen de la persona desaparecida.
En este sentido, el CICR identifica claros desafíos en la región, como la insuficiente aplicación de parámetros legales efectivos que reconozcan explícitamente los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares, lo que contribuye a la desprotección de las personas afectadas. La falta de ratificación de instrumentos internacionales y el significativo subregistro de las desapariciones son retos adicionales. Además, existen barreras de acceso a las instituciones responsables del registro de los casos, y, en muchas ocasiones, las familias tienen temor a sufrir represalias cuando la desaparición está vinculada a situaciones de violencia armada.
Los marcos normativos establecen que la desaparición forzada es un delito pluriofensivo y multidimensional, porque la desaparición de una sola persona debería conmover e indignar a toda la sociedad. No es aceptable que una persona sea arrancada de su vida cotidiana, de su familia, y que no exista una respuesta. Por supuesto, hay responsables directos, pero todos y todas compartimos la responsabilidad de garantizar que estos hechos no se repitan, de nombrarlos, recordarlos y seguir luchando hasta que se esclarezca la verdad, manifestó Alejandra Cabrera, quien busca a su padre Leopoldo Cabrera García desde 1984 en Guatemala.
Asegurar un enfoque humanitario ayudaría a mitigar estos desafíos, situando a las personas afectadas en el centro de todos los procesos que se derivan de una desaparición. También es importante evitar la estigmatización que afecta a las personas separadas y desaparecidas, así como a sus familiares.
En términos prácticos, el CICR recomienda a los Estados actuar para garantizar el acceso a mecanismos de información y protección, promover iniciativas de coordinación interinstitucional y transfronteriza, usar bases de datos centralizadas, desarrollar marcos legales efectivos y fortalecer capacidades institucionales y técnicas. En el caso de la desaparición de migrantes, el CICR considera que debe abordarse de forma coordinada entre los países de origen, tránsito y destino, fortaleciendo ecosistemas para la gestión e intercambio de información y generando mecanismos de búsqueda, identificación y restitución.
Con el fin de ayudar a mitigar las consecuencias humanitarias de la desaparición de personas en la región, el CICR trabaja en coordinación con las autoridades nacionales y locales para construir políticas y mecanismos capaces de responder a este problema. También brinda apoyo a los familiares de las personas desaparecidas para fortalecer su capacidad organizativa y sus conocimientos sobre los procesos de búsqueda y el desarrollo de políticas públicas.
Además, el CICR brinda asesoría técnica a los sistemas forenses de la región en favor de la adecuada gestión y trato digno de las personas fallecidas, promoviendo su derecho a ser identificadas y entregadas a sus familias. Complementariamente, el CICR promueve la prevención de las desapariciones a través de programas específicos, y mantiene un diálogo confidencial con las autoridades sobre la protección de los lazos familiares.
Algunas cifras:
México y Centroamérica: según cifras oficiales de México, en el país hay más de 116.000 personas desaparecidas y no localizadas y han sido descubiertas más de 5.600 fosas ilegales. En paralelo, organizaciones civiles han reportado la existencia de 52.000 personas fallecidas no identificadas, cifra reconocida por las autoridades mexicanas. En América Central se desconoce con exactitud el número de personas que están desaparecidas, pues no existen registros centralizados y actualizados. Sin embargo, aunque fragmentada, la información pública y oficial existente muestra una realidad que la desaparición no es un fenómeno del pasado. Según datos de la Unidad de Desaparecidos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Honduras, de 2012 a 2022 se reportaron 9.838 personas desaparecidas. En Guatemala, el Ministerio de Gobernación informó que a diciembre de 2023 había 3.245 personas mayores de 18 años desaparecidas y al menos 45.000 personas desaparecieron durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996. En el Salvador entre 8.000 y 10.000 personas desaparecieron durante el conflicto armado interno entre 1980 y 1992 y más de 22.000 denuncias de personas desaparecidas se registraron entre 2014 y 2019, según datos de la Fiscalía General de la República.
Brasil: según datos oficiales del Ministerio de Justicia y del Foro Brasileño de Seguridad Publica, en Brasil se registra una persona desaparecida cada seis minutos, lo que refleja un aumento del 3,2% con respecto a 2022, con una persistente diferencia entre personas desaparecidas y localizadas. El CICR sigue trabajando con las autoridades responsables de la política nacional de búsqueda de personas desaparecidas con el fin de apoyar la coordinación de las diversas iniciativas existentes. Se debe priorizar la creación una red nacional y coordinada de asistencia interdisciplinaria en el país, basada en los servicios públicos existentes, para asistir a los familiares de acuerdo con sus necesidades.
Colombia: a pesar de la firma del Acuerdo de Paz entre las antiguas FARC-EP y el Gobierno colombiano en 2016, los casos de desaparición en el país siguen siendo frecuentes, debido, entre otros factores, a los ocho conflictos armados no internacionales y otras situaciones de violencia que afectan a la población. El CICR documentó entre la entrada en vigor del Acuerdo de Paz (diciembre 2016) y el 31 de julio de 2024, 1.730 nuevos casos de desaparición. Aunque existe una estructura institucional robusta, la magnitud y complejidad del problema imponen retos para la búsqueda e identificación forense y la atención de las necesidades de las familias.
Perú: La cifra de personas desaparecidas del periodo de violencia 1980 – 2000 supera las 22.550, según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Existen dos sistemas complementarios para la búsqueda: las investigaciones penales que realiza el Ministerio Público y las investigaciones humanitarias a cargo de la Dirección General de Búsqueda del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El CICR acompaña en este proceso a las familias y autoridades, promoviendo canales adecuados para el intercambio de información y mecanismos que fortalezcan un trabajo interinstitucional coordinado con el objetivo que se incremente el nivel de respuesta sobre el paradero de las personas desaparecidas.
Acerca del CICR
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una organización neutral, imparcial e independiente con un cometido exclusivamente humanitario establecido en los Convenios de Ginebra de 1949. Ayuda a personas afectadas por conflictos armados y por otras situaciones de violencia en todo el mundo, haciendo lo posible por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar su sufrimiento, a menudo junto con sus socios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Para más información y gestión de entrevistas en español, inglés, francés y portugués:
SemMéxico, Baja California, 31 de agosto, 2024.- En la Ciudad de México se llevó a cabo en fecha reciente el tradicional reconocimiento que el prestigiado Club Primera Plana otorga a periodistas que en todo el país se hayan distinguido en su ejercicio profesional.
En el año de 2011 fuimos distinguidas con este significativo galardón por tres décadas de periodismo ininterrumpido y recordamos con gran emoción el evento donde recibimos, junto a comunicadores de la talla de Jacobo Zabludobsky y de Lolita Ayala, la placa conmemorativa.
El mes pasado, de nuevo se reunieron en la capital del país renombrados periodistas donde le otorgaron un reconocimiento al amigo y colega integrante de la revista Mujer y Poder – que fundamos en el 2005 y que hoy circula en su plataforma digital- Francisco Santacruz Meza , articulista de la sección Mirador Político. Santacruz viajó para recibirlo y nos llena de satisfacción que se haya reconocido el trabajo periodístico de quien se inició a muy temprana edad en esta apasionante profesión, trabajando en diversos medios de primera importancia, entre ellos ser corresponsal en Sonora del diario Excélsior, y tener su propio rotativo Ultima Hora en Hermosillo y continuado a través de los años con el compromiso social que un día — y en buena hora– decidió asumir.
Por otra parte, nos sentimos orgullosas y satisfechas al escuchar al presidente del Club, licenciado José Luis Uribe Ortega, reafirmar su vocación periodística al expresar que ni crisis, violencia, asesinatos, agresiones, amenazas, calumnias, mensajes de odio y la irracional ola de sangre que estamos enfrentando doblegarán la voluntad de cumplir con el honroso compromiso asumido…varias décadas atrás. Sus palabras fueron una inyección de vitalidad para los presentes, profesionistas todos que enaltecen el periodismo actual…ese que muchos ejercen con gran dificultad y riesgos.
Una vez más, como 32 años atrás, hubo fiesta, una celebración especial entre colegas del gremio por el reconocimiento de su trabajo, ese que realizan -más frecuente de lo que se cree- por el puro placer de hacerlo, conscientes de que con ello están contribuyendo -con sus críticas y propuestas- a lograr una mejor sociedad y un mejor gobierno. Como lo ha hecho Mujer yPoder desde sus inicios…hace ya 20 años.
¡Enhorabuena para todos los galardonados y para los colegas en general! En esta época en que las voces críticas, sensatas y valientes brillan por su ausencia saber que hay quienes ejercen el periodismo con ética y compromiso -como lo hace Mujer y Poder- nos llena de orgullo.
*Activista y periodista con mas de 40 años de actividad profesional. Fundadora y directora de la revista Mujer y Poder. Comentarios: 6621441440. www.mujerypoder.com.mx
Los pueblos maya, tseltal, ch’ol, chuj, lacandón, zoque, mam, ikoot, ayuuk, chinanteco, bene gula, nahua, me’phaa, hñähñu, wixarika, rarámuri, yaqui, junto con organizaciones, colectivos y movimientos sociales que defendemos nuestros territorios y formas de vida campesina, desde distintas regiones, en 18 estados, constatamos que la violencia en contra de los pueblos originarios y las comunidades rurales ha crecido de manera alarmante y es la constante en el país.
En la mayoría de nuestros territorios, los cárteles criminales se han convertido en la mayor amenaza a nuestras posibilidades de existencia y a nuestros bienes naturales. Los cárteles tienen un poder político concentrado, siempre operan en clave de contrainsurgencia y niegan la autodeterminación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Con distinta intensidad de acuerdo a diferentes momentos, los cárteles actúan en nuestras comunidades y territorios:
En estos momentos Chiapas arde a causa de la violencia, las comunidades de la Zona Fronteriza, de la Selva Lacandona, de La Frailesca, de los Altos, han sido arrasadas por los cárteles del crimen organizado para imponer el control sobre los territorios indígenas y la población.
En estos territorios ocupados los cárteles actúan muchas veces vinculados a grupos o caciques locales que conocen a las personas y la región, explotan las minas, talan clandestina e indiscriminadamente el bosque, cobran derecho de piso, obligan a los hombres jóvenes y adultos a incorporarse a sus filas para participar con ellos en todas las actividades criminales e incluso asesinar a sus hermanos. Fuerzan a las mujeres a darles de comer y cumplir sus caprichos. Instalan retenes y deciden sobre quién entra y quién sale, controlan el abasto de productos básicos e impiden su acceso a las cabeceras municipales. Amenazan, golpean y matan a quienes no quieren obedecerles y han realizado masacres y asesinatos de defensores de derechos humanos y de población inocente, de tal forma que comunidades enteras o personas señaladas tienen que exiliarse para salvar su vida, dejando sus viviendas, animales, cosechas y todas sus pertenencias.
Los desplazados se refugian en comunidades vecinas, en las ciudades cercanas e incluso en comunidades de Guatemala. A partir del terror los cárteles despejan los territorios para utilizarlos en su único beneficio, para el tráfico de personas, drogas, armas, etcétera.
En regiones de Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas, Puebla, las organizaciones criminales se adueñan de los bienes naturales de las comunidades, destruyen los bosques y los incendian, explotan las minas, roban combustibles, acaparan el agua, obligan a la población a defenderlos y les utilizan como escudo humano frente a sus enemigos. En ocasiones atacan con drones a las comunidades durante horas, como en Ostula, Michoacán, matan a las autoridades, enfrentan a las policías comunitarias y desaparecen a sus defensores para adueñarse de sus territorios.
Todo esto ocurre a la vista de las autoridades del Estado, en lugares cercanos a los cuarteles del Ejército o la Guardia Nacional, que a pesar de las llamadas de auxilio de la población no intervienen.
Las autoridades estatales y federales minimizan la violencia o culpan a los pueblos de ella, sin admitir que fallan ante la principal responsabilidad del Estado que es garantizar la seguridad de la población.
Los megaproyectos que promueve el gobierno como el Corredor Interoceánico, el Tren mal llamado Maya, el Proyecto Integral Morelos, ubicados en territorios de los pueblos originarios, se construyen sin su consentimiento. Al ser catalogados como de seguridad nacional fueron exentos de regulaciones, y se impide que la población ejerza sus derechos.
El Tren mal llamado Maya despoja al pueblo maya de sus tierras y bienes naturales, favorece la especulación inmobiliaria, el acaparamiento de tierras para turismo, las agroindustrias y la urbanización. Parte por la mitad comunidades, deforesta miles de hectáreas de selva, afecta cuevas y cenotes, contamina el agua subterránea, destruye vestigios arqueológicos. Las resistencias mediante procesos legales han enfrentado decenas de obstáculos y aunque los amparos y suspensiones se han conseguido legalmente, el Estado los viola, las obras continúan y provocan el ecocidio —tras el escudo de una consulta indígena amañada— en una de las selvas mejor conservadas de México.
El devastador giga-proyecto Corredor Interoceánico que aglutina un conjunto de megaproyectos extractivos, agroindustriales, energéticos y de ensamble amenaza la cultura y el tejido social de 13 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, a la par que coloca en grave riesgo la naturaleza de una de las regiones más biodiversas de México. Los opositores al Corredor Interoceánico han sido criminalizados y reprimidos por defender sus tierras ante la imposición de distintos proyectos de infraestructura como son los polos de desarrollo, la ampliación de la escollera de Salina Cruz, las plantas de energía eólica y solar, los derechos de vía, etcétera. El control del territorio del Corredor Interoceánico (incluyendo sus tramos Z, FA, K y G) está en cruenta disputa por los Cárteles CS y CJNG, Samir Flores Soberanes, luchador social nahua, fue asesinado en 2019 por oponerse al Proyecto Integral Morelos en tanto que sus compañeros han sido encarcelados y perseguidos en distintos momentos. Este proyecto que aún no se ha echado a andar atenta contra la salud y los recursos vitales, como el río Cuautla, de un poblado dedicado a la siembra y a la ganadería.
Las minas, presas hidroeléctricas, plantas de energía eólica y fotovoltaica, la explotación de hidrocarburos y demás proyectos extractivos trastocan la vida de las comunidades. La oposición a estos proyectos es enfrentada por el Estado con la división comunitaria, con el reparto de programas sociales o dejando hacer al crimen organizado, muchas veces articulado también a los intereses de las empresas concesionarias.
La violencia también se ejerce desde los proyectos agroindustriales que compiten con la milpa de los campesinos temporaleros y con los apicultores. Los invernaderos de berries, las huertas de aguacate, las hortalizas de exportación, las megagranjas de puercos reses y pollos, las plantaciones de soya transgénica, no sólo acaparan la tierra destruyendo selva o bosque para establecerse, también acaparan el agua de manera formalmente legal mediante concesiones que les otorga la Conagua —en tanto que a los campesinos se las niega— o de forma ilegal desviando las corrientes de los ríos, arroyos o manantiales, construyendo pozos profundos y ollas de agua sin licencia, extrayendo agua de presas y lagos. Además utilizan el bombardeo de nubes con cañones antigranizo para ahuyentar la lluvia. El uso de agrotóxicos afecta a los cultivos, apiarios y poblaciones vecinas, y los deshechos tóxicos de las granjas contaminan los ríos y cenotes y envenenan el ambiente. La inundación de tecnologías digitales para la agricultura implica dependencia, espionaje y mayor saqueo de minerales, tierras y agua
Las manifestaciones sociales fueron criminalizadas por el gobierno en tanto que el dominio del crimen organizado se amplió y se mantiene en la impunidad. Los intereses de las empresas se protegieron y toleraron sus violaciones ambientales y sociales. Las penas de años de prisión o montos de reparación de daño para quienes resisten son excesivas y desproporcionadas y tienen el objetivo de castigar y disuadir de organizarse a quienes defienden sus territorios y se oponen a los despojos.
La reforma indígena que posiblemente se apruebe en el paquete de 20 reformas presentadas por el presidente de la república no tiene que ver con los Acuerdos de San Andrés, ni con la iniciativa acordada en los foros convocados por el INPI. Es una reforma poco significativa que no toca los derechos fundamentales que los pueblos indígenas reclaman como son el derecho al territorio o a la representación política fuera del sistema de partidos.
Las promesas que este gobierno que termina le hizo a los pueblos indígenas no se cumplieron. Por el contrario, la invasión de nuestros territorios creció de manera alarmante ampliando los alcances de los cárteles del crimen organizado. Por ello:
Exigimos al Estado mexicano que cumpla con su responsabilidad fundamental de brindar seguridad a todos los pueblos indígenas y comunidades rurales a quienes ha dejado en manos del crimen organizado.
Reclamamos el respeto a los territorios indígenas y campesinos, a sus acuerdos de asamblea y a su libre determinación.
Denunciamos la criminalización de las resistencias y movimientos sociales, de sus líderes y defensores de derechos humanos y del territorio.
Nos sumamos a la exigencia de las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de su aparición con vida, y la de los otros cientos de miles de desaparecidos en el país.
Demandamos el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores Soberanes, y del resto de defensores del territorio: 102 asesinados y varios miles de desaparecidos sólo durante este sexenio.
Exigimos la presentación con vida de Vicente Suástegui Muñoz del Cecop, de Sergio Rivera Hernández en la Sierra Negra de Puebla.
Rechazamos las condenas injustificadas y las penas desproporcionadas impuestas a los luchadores y defensores del territorio indígena como David Hernández de la APIIDTT por defender las tierras de uso común de la comunidad de San Blas Atempa, despojadas para establecer un polígono de desarrollo del Corredor Interoceánico.
Nos oponemos a las injustas órdenes de aprehensión levantadas en contra de 17 integrantes de la APIIDTT y de 16 integrantes de UCIZONI por oponerse a las obras del Corredor Interoceánico en sus territorios.
Rechazamos las 161 órdenes de aprehensión levantadas injustamente en contra de los pobladores de San Mateo del Mar y demandamos su cancelación definitiva, así como el restablecimiento de la paz en términos de la Comisión de Paz.
Repudiamos el asesinato de los defensores del agua y el ambiente contra Granjas Carroll, Jorge y Alberto Cortina Vázquez, que fue perpetrado por la Fuerza Civil de Veracruz. Rechazamos las denuncias penales contra 8 campesinos del Movimiento de la Cuenca Libres Oriental, de Puebla y condenamos la criminalización al derecho a la protesta.
y de los cientos de miles de desaparecidos en el país, muchos de ellos defensores del territorio y luchadores sociales.
Denunciamos la grave situación de violencia que se vive en la Selva Lacandona y en los Altos de Chiapas, donde los cárteles del narcotráfico pretenden establecer su dominio, obligando al desplazamiento forzado de la población que se opone a ser reclutada.
Denunciamos y repudiamos la gravísima situación que vive la población en Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Monte Cristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar, Las Chicharras, Chiapas, en donde los cárteles en disputa han bloqueado carreteras, reclutado de manera forzada a un gran porcentaje de la población para obligarla a participar en sus actividades. Desde mayo pasado se han registrado masacres y asesinatos de población inocente por oponerse a los cárteles y desde hace 15 días los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales se han agudizado y la población ha sufrido sus consecuencias. Esta violencia extrema les ha desplazado de sus comunidades para buscar refugio y salvar sus vidas, incluso hacia comunidades de Guatemala. Exigimos que el gobierno federal y estatal ponga un alto inmediato a la violencia en Chiapas y restablezca la paz en esos territorios indígenas. Nos adherimos a la acción urgente La disputa por el control de territorios en Chiapas y la acción poco efectiva del gobierno mexicano pone en riesgo inminente la vida y la seguridad de miles de familias emprendida por el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur y 80 organizaciones de la sociedad civil (https://shorturl.at/eCE3v) y al comunicado de la Red Todos los Derechos para Tod@s y varias organizaciones más En riesgo la vida e integridad de la población civil en Chiapas. (https://shorturl.at/zMuaV) A pesar de este entorno de invasión y despojo de nuestros territorios los pueblos indígenas y comunidades rurales resistimos y fortalecemos nuestra identidad. Protegemos la propiedad social de nuestras tierras y elaboramos nuestros estatutos ejidales y comunales, mantenemos nuestras asambleas y cargos comunitarios. Establecemos policías y guardias comunitarias, para nuestra seguridad. Promovemos el trabajo colectivo solidario, practicamos nuestra agricultura campesina, la apicultura y la pequeña ganadería. Cuidamos nuestras semillas, manantiales, cenotes, lagos, lagunas, ríos, playas, montes, bosques y selvas, vigilamos y protegemos nuestro territorio. Celebramos nuestras fiestas y ritos. Conservamos nuestro idioma, nuestra cultura y nuestra identidad. Somos pueblos originarios que habitamos este territorio antes de la existencia del Estado -nación. Somos pueblos, comunidades y barrios con otro proyecto de futuro y de Nación Exigimos un alto inmediato a la violencia en nuestra contra y el respeto de nuestros territorios. México, 1 de agosto de 2024 Chiapas – Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Colectivo de Defensores del Territorio en la Región Sierra Fronteriza de Chiapas; DESMI; Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC); ZODEVITE; Coordinación Regional Bachajón por la Defensa del Territorio Chilón Chiapas del Congreso Nacional Indígena; Organización de Agricultores Biológicos; Los Lagos de Colores; Instancia Pastoral de la Madre Tierra; Chihuahua – SINE-COMUNARR; Ciudad de México – Organización de Interpretes y Traductores en Servicios Comunitarios A.C.; Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano; Maderas del Pueblo del Sureste AC; Colima – Unidos por Armería; Estado de México – 26 de agosto de 1972, San Pedro Atlapulco, Estado de México; Guerrero – Tlachinollan; Jalisco – Colectivo por la Autonomía; Mexicali – NCCP Mexicali; Morelos – Jorge Velázquez Escalvazeta; Asamblea de la resistencia Amilcingo, Morelos; Casa Tecmilco; Oaxaca – CEDIAO; Yunhiz Espacio Alternativo; Colectivo Matza de San Miguel Chimalapa; UCIZONI; Comisión de Paz y Concordia de la Nación Ikoot; Servicios del Pueblo Mixe; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT; Centro de Derechos Humanos – Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario (CDH-ESPADAC); Mujeres de Lachatao en defensa de la tierra y territorio; UNOSJO; Guardianes del Mar de San Mateo del Mar; Mungier Ndyuck (defensores del mar) San Dionisio del Mar; Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI; Puebla – Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental; Frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua Morelos puebla y Tlaxcala; Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Pue-Hgo.; Quintana Roo – Colectivo de semillas Muuch’ Kanan I’inaj, Bacalar, Quintana Roo; Colectivo Xa’aybej; Sonora – H. Pueblo de Loma de Bacum de la Nación Yaqui; Veracruz – Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz; Yucatán – Múuch’ Xìimbal; Selvame del Tren; Colectivo de comunidades indígenas Chenes. Asociación de estudiantes e investigadores Carlos Pellicer Cámara; Colombia – Colectivo Colónbia; Descubrimiento de Europa; España – Colectivo la Tasquiva de Andalucía, España; Asamblea Plaza de los pueblos en Madrid España. Gustavo Huchin; Heliodoro Huchim; Eleuterio Manuel Perfecto; Maneses Manuel Gerardo; Juan Pedro Ramos Manuel; Victorino Roribio Cruz; César Juan Antonio; Jonas Terezo Juan; Bernardino Manuel Hernández; Timoteo Modesto Leonardo; Mauricio Marcos Leonardo; Virgilio Ambrocio Lucas; Camilo Terezo Lucas; Anacleto Graciano Sixto; Héctor Juan Velasco; Ciriaco Juan Toribio; José Guadalupe Toribio Ferrer; Anastacio Terezo Ramos; Bernardo Perfecto Juan; Lucas Modesto Toribio; José de Jesús Modesto T; Delfino Marcos Leonardo; Urias González Leonardo; Jorge Terezo Manuel; Heriberto Graciano Crisanto; Artemio Juan Velasco; Oscar Juan Ramos; Hipólito Juan Agapito; José de Jesús Terezo Juan; Ubaldo Perfecto Sixto; José Ernesto Modesto Hernández; Juan Marcos Agapito; Ismael Ambrocio Ramos; Abdias Juan Caseano; Luis Terezo Manuel; Eleuterio Juan Toribio; Alfredo Juan Velasco; Osiel Juan Ramos; Joel Aquino; Víctor Aquino
Crucial reconocer los derechos de las víctimas y se escuche su voz con atención, empatía y respeto a su dignidad
Mensaje con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
Redacción SemMéxico/ONU Noticias, Ciudad de México, 30 de agosto, 2024.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) anima respetuosamente al Estado mexicano, especialmente a las autoridades electas, federales y estatales, a adoptar una agenda vigorosa que proteja a todas las personas contra las desapariciones e impulse las soluciones que las víctimas y sus familias merecen.
Especialmente el día de hoy, es crucial que se reconozcan los derechos de las víctimas y se escuche su voz con la atención y la empatía que exige el respeto a su dignidad.
Desde la ONU-DH se alienta a que todos los esfuerzos llevados a cabo por las autoridades -junto con los avances normativos, institucionales y jurisprudenciales que se registran en México- se consoliden en una política de Estado y se traduzcan en resultados tangibles. Para este fin, el diálogo franco y honesto con las familias es fundamental.
Para tal efecto, la ONU-DH ha identificado diez temas prioritarios que considera oportuno fortalecer y sobre los cuales ofrecemos nuestras asistencia y cooperación técnicas:
Asegurar el derecho a la participación de las víctimas de desaparición, atenderles adecuadamente y brindarles una reparación integral.
Garantizar la protección efectiva de todas las personas buscadoras ante los riesgos y ataques que enfrentan.
Fortalecer la Comisión Nacional y las comisiones estatales de búsqueda, incluyendo sus consejos ciudadanos, así como las instituciones forenses y de identificación humana.
Investigar de manera adecuada y diligentemente los delitos relacionados con la desaparición de personas.
Continuar el fortalecimiento de la coordinación entre las autoridades responsables de la búsqueda e investigación, garantizar que las personas servidoras públicas cuenten con perfiles idóneos y que las instituciones dispongan de los recursos necesarios.
Desarrollar e implementar una estrategia nacional de prevención de las desapariciones, bajo un enfoque de seguridad ciudadana y fundamentada en el respeto y la protección de los derechos humanos.
Profundizar los esfuerzos de capacitación al personal judicial en el manejo de casos de desaparición, especialmente en los procedimientos de juicio de amparo y de declaración especial de ausencia por desaparición.
Garantizar el funcionamiento efectivo y, en su caso expedir, las herramientas previstas en la Ley General en la materia, tales como registros, bancos de información, programas, leyes locales y reglamentos.
Retomar y reforzar los trabajos por la verdad, la justicia, las memorias y el esclarecimiento histórico, relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Impulsar la implementación de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, en especial del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y asegurar el cumplimiento de sus resoluciones y Acciones Urgentes.
Estos temas prioritarios retoman lo dispuesto por los organismos internacionales de derechos humanos. Por ello, en el marco del Día Internacional, desde ONU-DH hemos publicado la cuarta edición del libro “La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas”, mejor conocido como El Libro Verde. Por primera vez, esta publicación cuenta con una Presentación a cargo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recuperamos las palabras del Señor Volker Türk: la “cuarta edición de la publicación (…) compila las observaciones, recomendaciones, informes, normativa y casos de los distintos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, relevantes para México. Confío en que esta publicación ayude a los esfuerzos de las autoridades mexicanas y la sociedad, incluyendo a las víctimas y familiares, para prevenir y enfrentar la desaparición forzada y para promover los derechos humanos (…)”.
Finalmente, en el Día Internacional, reafirmamos el compromiso expresado por el propio Volker Türk en la Presentación de El Libro Verde de seguir “cooperando con las autoridades mexicanas, las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y familiares.”
Informe de Amnistía Internacional para que el Estado dé protección a las mujeres buscadoras
En el día internacional contra la desaparición forzada campaña Buscar sin Miedo
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 30 de agosto 2024.- Las mujeres buscadoras se encuentran en un punto de quiebre donde tienen que pedir que se les reconozca para que el Estado las proteja, ya que las están asesinando manifestó Bibiana Mendoza del colectivo “Hasta Encontrarte” de Guanajuato.
Al iniciar la presentación del Informe de Amnistía Internacional “Buscar sin Miedo. Estándares Internacionales aplicables a la protección de mujeres buscadoras en las Américas”, Bibiana quien busca a su hermano, detalló la ausencia de las autoridades que ni siquiera hicieron caso a las denuncias y hermanas, mamás, hijas se juntaron en una brigada, compraron pala y pico y salieron a la búsqueda en cerros, pozos de riego para rescatar cuerpos sin vida.
Bibiana Mendoza señaló que la violencia se ha recrudecido en Guanajuato, ahora están matando a las mujeres buscadoras, oficialmente hay seis fallecidas y una desaparecida que buscaba a su hijo y hace meses la levantaron de su casa y le mataron al marido y al hijo, y todavía no saben nada de ella.
Invitada a la presentación del Informe, Denis González Núñez oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su confianza que en México, que está por terminar una administración y por iniciar otra, las autoridades que sean designadas en puestos claves sabrán colocar en una posición prioritaria la búsqueda de personas desaparecidas y la generación de políticas específicas para la protección de todas las personas buscadoras pero muy especialmente las mujeres.
En conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía Internacional junto con la presentación del Informe lanzó la campaña internacional “Buscar sin Miedo” que reconoce la importante labor de las mujeres buscadoras en las Américas y llama a los Estados a que las protejan y garanticen sus derechos durante la búsqueda de sus seres queridos.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que “la campaña visibiliza la lucha incansable de las mujeres buscadoras en las Américas, con los casos emblemáticos de Colombia y México, dos países profundamente marcados por todo tipo de desapariciones.
Además de ser víctimas ellas mismas de la desaparición forzada de sus familiares o seres queridos, por su labor estas mujeres son defensoras de derechos humanos en todo derecho y merecen ser reconocidas y protegidas como tales, expresó.
Mujeres buscadoras defensoras de derechos humanos
En el documento se señala que el reconocimiento de que las mujeres buscadoras son mayoría en el universo de familiares, seres queridos y comunidades que buscan a las personas desaparecidas forzadamente conduce a que sea necesario profundizar, en términos de perspectiva de género y diferencial, en las obligaciones que tienen los Estados frente a ellas y su labor.
Las mujeres buscadoras no sólo pueden ser víctimas de desaparición forzada y son defensoras de derechos humanos, sino que su experiencia de la búsqueda y de los riesgos, amenazas y ataques a las que se exponen está atravesada por el hecho de que son mujeres.
Las características de ser víctimas, ser defensoras y ser mujeres se pueden cruzar, además, con otras como la raza, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, la clase social o la edad, para terminar de especificar la experiencia de las mujeres al buscar y las obligaciones del Estado respecto de ellas.
El derecho de las buscadoras a buscar sin miedo
Amnistía Internacional llama a los Estados a garantizar el derecho de las mujeres buscadoras a buscar sin miedo, y deben investigar las violaciones de derechos humanos que han sufrido. Su búsqueda llena el vacío que deja la falta de acción institucional eficiente y garante de derechos.
Son los Estados quienes deberían buscar a las personas desaparecidas y quienes deberían garantizar los derechos de las mujeres buscadoras. Es grave que no lo hagan y es más grave aún que quienes sí buscan a las personas desaparecidas, especialmente las mujeres, tengan que arriesgar sus vidas para hacerlo”, señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Amnistía Internacional llama a los Estados de las Américas a cumplir las obligaciones estipuladas en el derecho internacional de los derechos humanos y recopiladas en este informe.
Entre otras, los Estados deben reconocer el derecho de las mujeres buscadoras a participar en las búsquedas estatales y a buscar por cuenta propia, así como su derecho a defender derechos humanos sin discriminación, con perspectiva de género y con enfoques diferenciales. Asimismo, los Estados deben protegerlas de los diversos riesgos, amenazas y ataques a derechos humanos a los que están expuestas.
En México grave crisis de desapariciones
En México se enfrenta una grave crisis de desapariciones vinculada principalmente al contexto de inseguridad que afecta al país desde hace varias décadas. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde el 31 de diciembre de 1952 hasta el 23 de agosto de 2024, en México hay aproximadamente 115,496 personas desaparecidas y no localizadas.
Además, recientemente se ha observado un aumento en la violencia que viven las personas y mujeres buscadoras. De acuerdo con la organización Artículo 19, 16 personas buscadoras han sido asesinadas en este sexenio, 13 de ellas mujeres; adicionalmente, una mujer buscadora fue desaparecida.
En el país existen más de 200 colectivos de familiares de personas desaparecidas lideradas en su gran mayoría por mujeres. Tal es el caso del colectivo Hasta Encontrarte, del estado de Guanajuato, que tiene como tarea principal realizar las búsquedas, ya sea con participación de las autoridades estatales o en las así llamadas brigadas independientes. Gracias a su labor se han ubicado 23 fosas clandestinas y se ha dado con el paradero de 203 personas desaparecidas.
Hay un incremento notable en el número de mujeres adolescentes desaparecidas: en 2023 se registraron 54 veces más que en 2006
El registro de personas desaparecidas de la CNB no rellena el campo de medios de contacto de la persona que denuncia en 98 de cada 100 casos
De acuerdo a los datos de ENVIPE podemos suponer que son aproximadamente 2.8 veces más las personas que han estado desaparecidas que las registradas el RNPDNO
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 30 de agosto, 2024.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la organización civil Data Cívica publica el compendio “A quienes nos faltan. Datos para encontrarles”, para abonar a la comprensión de la crisis de desapariciones y contribuir a las exigencias por la búsqueda de las personas desaparecidas en México, donde destaca que de 2006 a 2023 aumentaron 49 veces las desapariciones registradas de hombres y 47 veces de mujeres.
Aunque han existido desapariciones en periodos previos, desde 2006, con el inicio de la llamada Guerra contra las drogas, el número de personas desaparecidas ha aumentado de manera alarmante, así como el número de fosas clandestinas a lo largo del territorio nacional. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 22 de julio de 2024 se han registrado 324,464 personas desaparecidas desde 1952. De estas personas, 192,451 fueron localizadas con vida, 16,119 sin vida y 115,894 siguen sin ser localizadas, aunque colectivos de familiares y organizaciones de la sociedad civil sostienen que esta cifra es mucho mayor.
Entre los hallazgos de este compendio, destaca un incremento notable en el número de mujeres adolescentes desaparecidas en comparación con los hombres de la misma edad. Los hombres y mujeres que son desaparecidos en México tienen edades distintas. Mientras que menos de uno de cada cinco hombres desaparecidos desde el 2006 tenía entre 10 y 19 años, la mayoría (55.4%) de las mujeres desaparecidas estaban en este rango de edad.
La entidad donde se han registrado más personas desaparecidas entre 2006 y 2024 es Tamaulipas: durante ese periodo se registraron 560 desapariciones por cada 100,000 personas que viven en la entidad. A Tamaulipas le siguen Colima, Sinaloa, Aguascalientes y Zacatecas como las cinco entidades con más personas desaparecidas relativas a sus respectivas poblaciones en ese periodo.
En cuanto a la probabilidad de localización, la organización destaca que esta depende de quién eres y dónde vives. Por ejemplo, en Coahuila, el 72% de las personas desaparecidas siguen sin ser localizadas, mientras que 6.3% fueron localizadas sin vida y 21.6%, con vida. En cambio, en Yucatán más de 9 de cada 10 (92.5%) personas desaparecidas fueron localizadas con vida, mientras que 3% sin vida y 4.5% siguen sin ser localizadas. Es decir, aunque Yucatán y Aguascalientes tienen números relativamente altos de personas reportadas como desaparecidas, también son los dos estados donde es más probable que las personas desaparecidas sean localizadas.
A pesar de estos hallazgos, Data Cívica sostiene que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) no nos permite hablar precisamente de cuántas son ni de todas las personas desaparecidas que hay en el país, sino más bien de las personas que han registrado como tal. Para que una persona desaparecida sea contabilizada en el RNPDNO debe ser reportada y posteriormente registrada por las autoridades, lo cual no siempre ocurre por miedo a denunciar, desconfianza en las autoridades o negligencia.
En ese sentido, contrario a lo que sostiene el gobierno, Data Cívica sugiere que hay más personas que han estado desaparecidas de las que refleja el RNPDNO. A través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) la organización calcula que en 2022, 50,844 personas fueron desaparecidas “de manera forzosa por alguna autoridad o grupo delictivo”, más del doble de las registradas oficialmente en el RNPDNO, y entre 2012 y 2022 el número real de personas desaparecidas es aproximadamente 2.8 veces mayor que el registrado oficialmente en el RNPDNO.
Dentro de los obstáculos para la búsqueda se han identificado fallas y omisiones por parte de las instituciones gubernamentales, las cuales han limitado en gran medida la capacidad para enfrentar la tragedia y transparentar los esfuerzos de búsqueda. Además, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no publica de manera periódica y consistente un registro en formato de datos abiertos de las personas desaparecidas.
Para Data Cívica es crucial desarrollar estrategias basadas en investigaciones serias y en evidencia que garanticen la no repetición. Esto requiere la interoperabilidad y la transformación profunda de las instituciones de justicia y un proceso de memoria y verdad que ponga en el centro a las víctimas y sus familias, atendiendo sus demandas.
Es indispensable que el Estado mejore la documentación y registro de personas desaparecidas, ya que mucha información esencial para encontrarles está incompleta, dependiendo de la autoridad que realiza el reporte. Por ejemplo, un medio de contacto con la persona que reporta una desaparición, un dato indispensable para informar a seres queridos sobre novedades en el caso, se documenta en apenas 2% de registros.
En cuanto al RNPDNO, es fundamental que su metodología se alinee con el Protocolo Homologado de Búsqueda, en coordinación con la CNB y con la participación activa de colectivos de víctimas. Además, la Fiscalía General de la República debe garantizar que el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) sea plenamente operable y accesible para las familias, asegurando transparencia y adecuada coordinación con las autoridades locales, aspectos que hasta ahora han sido deficientes.
SemMéxico, Cd. de México, 30 de agosto, 2024.- Este 30 de agosto se cumplen tres años del final de la misión estadunidense en Afganistán que comenzó después de los atentados de septiembre 11. Ese día partió el último avión que completaba la evacuación de 120 mil personas de origen extranjero ante el avance del Ejército Talibán hacia la capital Kabul. Prácticamente ningún extranjero decidió permanecer en suelo afgano por las restricciones y las duras medidas adoptadas por el régimen extremista que han reaparecido contra mujeres y niñas.
En estos años la situación económica y social del país ha empeorado, producto del aislamiento con el resto del mundo por el fanatismo y la intolerancia del grupo en el poder. Estados Unidos y la Unión Europea suspendieron relaciones diplomáticas y cualquier tipo de negocios; agencias de Naciones Unidas y organismos no gubernamentales abandonaron ese territorio ante la falta de garantías y de seguridad.
Tras ser desplazados del poder en 2001, los talibanes impusieron su versión más radical de la sharía (ley islámica) en los territorios rurales que dominaban tanto en Afganistán como en la vecina Pakistán. La mano dura iba dirigida contra la educación y las mujeres, a las que prohibieron salir de casa si no eran acompañadas de un varón. Destruyeron escuelas y monumentos históricos como las estatuas de Buda en la provincia de Bamiyán.
La valentía de Malala Yousafzai en denunciar públicamente el cierre de escuelas y la prohibición de las niñas de asistir a la secundaria casi le cuesta la vida a manos de milicianos talibanes que le dispararon por “promover la cultura occidental”. Malala fue reconocida con el Premio Nóbel de la Paz hace una década.
Sin embargo, su lucha y los avances alcanzados se desvanecieron y las grandes perdedoras son todas las mujeres que viven en un clima de terror y zozobra permanentes por el radicalismo del movimiento talibán que ha cometido incontables abusos contra los derechos humanos. Una ley de moralidad de 35 artículos promulgada la semana pasada prohíbe que se escuchen las voces de mujeres en espacios públicos y que sus rostros se muestren en la calle; estos tendrán que estar cubiertos bajo el hiyab (velo islámico) para evitar “causar tentación”.
La norma, ratificada por el líder espiritual supremo tiene el propósito de “combatir el vicio y promover la virtud”; también prohíbe el uso de cosméticos o perfume con el fin de que no imiten a las mujeres no musulmanas. Se les niega mirar a hombres que no sean sus parientes y abordar un transporte si no van acompañadas de un “tutor”. Evitar en público la voz de las mujeres incluye cantar, recitar o hablar frente a un micrófono.
La sevicia contra las mujeres en Afganistán ha despertado un rechazo unánime en todo el mundo. Preocupa la indefensión y el estado de terror al que son sometidas en su vida diaria. Se trata en los hechos de millones de mujeres que viven en una especie de prisión al aire libre desde que nacen. A partir de que el grupo fundamentalista retomara el poder en 2021, la situación de niñas y mujeres no ha hecho sino empeorar al estar envueltas en una espiral que las deshumaniza, las invisibiliza, las desprecia y ahora, las silencia.
La lucha continúa mientras una niña no pueda ir a la escuela, mientras vivan violencia detrás de un hiyab impuesto, mientras se prohíba su voz en público. Es inhumano, es desgarrador y es imposible desde todos los lugares del mundo no alzar la voz y exigir que esto pare.
SemMéxico, Cd. de México, 30 de agosto, 2024.- Lejos del ríspido clima de confrontación permanente, de las descalificaciones y vituperios en que se desenvolvieron las diferentes bancadas en las legislaturas que concluyen, los nuevos diputados y senadores -muchos de ellos reelectos-, instalaron ayer sus respectivas cámaras en un clima de civilidad, juraron respetar la Constitución a reserva de que si no lo hacen el pueblo se los demande, y eligieron por unanimidad como sus presidentes en la Cámara de Diputados a la reconocida economista Ifigenia Martínez y en el Senado al impredecible y para muchos impresentable petista Gerardo Fernández Noroña.
Ifigenia Martínez será así quien entregue el 1 de octubre la Banda Presidencial a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre próximo.
En el Senado la instalación de la nueva legislatura la encabezó en su calidad de decano el priísta sonorense Manlio Fabio Beltrones, para dar paso a una votación en la que por acuerdos entre las fracciones resultó designado presidente de la mesa para el primer año el rijoso e injurioso petista Gerardo Fernández Noroña, quien asumió su encargo enfundado en un atuendo draculesco, todo de negro y con un chaquetón con solapas rojas.
En su irreconocible y poco creíble actitud civilizada, Noroña prometió comportarse con respeto y pluralidad, pero terminó echándole loas a la 4T y al presidente Andrés Manuel López Obrador sin los cuales, dijo, él, un miembro del lumpenproletariado –“sector social más bajo desprovisto de conciencia de clase social”-, era impensable poder llegar a ser presidente del Senado.
No hace mucho Noroña subió un video a redes sociales en que se quejaba de que AMLO siempre lo había despreciado, que evitaba saludarlo, y que siempre le había negado una plática.
El ahora presidente del Senado acusó igualmente a AMLO de no cumplir con su palabra porque según sus promesas y compromisos dentro de la contienda interna de Morena, a él -a Noroña– le correspondía coordinar la bancada de Morena en el Senado y en cambio ese encargo se lo dio a Adán Augusto López.
Todos esos agravios quedaron en el olvido. Y ayer Noroña salió del primer Pleno de la nueva legislatura casi en hombros rodeado y lleno de abrazos y saludos de decenas de sus seguidores.
Él, el más feliz de la tierra.
La personalidad del Drácula de Iztapalapa acaparó la atención y opacó la asistencia de otros muchos personajes hoy igual senadores de la República. Ya prácticamente nadie se acercó a los panistas Ricardo Anaya, Marko Cortes, Miguel Ángel Yunes y la aguerrida Lily Téllez.
Igual transitaron sin mayores atenciones Marcelo Ebrard -gran perdedor de la interna de Morena-, Alejandro Esquer exsecretario particular de AMLO, Javier Corral quien en media sesión fue informado que le recetaron otra orden de aprehensión desde Chihuahua, ni Omar García Hartfuch a quien el Cartel Jalisco Nueva Generación le ha puesto precio.
Menos caso le hicieron a Alejandro Alito Moreno, ni a Manlio.
Hoy está instalado el Congreso y el domingo se realizará la sesión solemne de apertura del nuevo período para que en la semana que entra comiencen a integrarse las comisiones en ambas cámaras y poder tramitar las 20 reformas constitucionales propuestas por el mandatario saliente.
En el ojo del huracán nacional e internacional las reformas al Poder Judicial -con su intención de que ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular y al parejo desaparezcan una decena de organismos autónomos, entre ellos el INE.
Inicia así una nueva legislatura que al parecer introducirá cambios Constitucionales que a juicio de muchos dentro y fuera del país trastocará de raíz al Sistema económico, político y social para darle curso a un nuevo régimen con perfiles autoritarios.
Las reformas constitucionales que están planteadas y que serán tramitadas casi fast-track durante septiembre -para que Andrés Manuel López Obrador las promulgue antes de su salida el 1 de octubre-, anularán los contrapesos presidenciales y concentrará todo el poder en sólo él o la jefa del Ejecutivo.
La reforma al Poder Judicial sin embargo anulará al Estado de Derecho como se conoce hoy y generará -afirman consultoras, grandes empresas, bancos, políticos, estudiosos, analistas financieros y otros muchos-, incertidumbre jurídica sin la cual habrá fuga masiva de capitales y prácticamente cero inversión nacional y extranjera.
Los efectos igual pondrán en riesgo la vigencia del T-MEC que hoy representa la columna vertebral de la economía mexicana y de la generación de bienes, productos y empleos.
No falta mucho para ver si esas proyecciones y advertencias tiene fundamento.
PROTEGER A LOS NIÑOS DE LOS INCENDIOS
Una de las peores tragedias de la vida es la de ver a niños y niñas víctimas de incendios.
Por ello el propósito de protegerlos de estos percances es una de las tareas más urgentes entre los profesionales anti-incendios.
Liderados por el Consejo Nacional de Protección Contra Incendio y la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios, organizaciones como la CONCANACO, CANAME, CINCER, Fundación Michou y Mau, Fundación Mapfre, CANACINE, CONACOMEE, Tooltoys, Museo Memoria y Tolerancia, CANAGRAF, Constantine Editores, EMA,CANAINCA y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, acordaron unir esfuerzos para crear una sociedad más resiliente desde la primera infancia, a través del programa ¡Aprende a mantenerte seguro!
Se busca estandarizar y homologar la capacitación en prevención de incendios para niños en edad preescolar, promoviendo una cultura de protección y reducción de riesgos a nivel nacional. Por ello acordaron colaborar activamente en la prevención de incendios y quemaduras, apoyando el Programa de Educación Pública para identificar áreas de oportunidad para alcanzar un México libre de víctimas de incendios.
Los objetivos de dicho acuerdo son: 1). Implementar programas educativos de prevención desde la etapa preescolar. 2). Aumentar la visibilidad y concientización sobre los riesgos del fuego. 3). Actualizar la información y regulaciones en manuales con la experiencia de cada entidad. 4). Mejorar continuamente el programa identificando y aprovechando áreas de oportunidad. 5). Difundir de manera efectiva el mensaje de «Unidos por un México Sin Víctimas de Fuego» y «La Lucha es de Todos».
SemMéxico, Cd. de México, 30 de agosto, 2024.- Este año se espera que los migrantes mexicanos que trabajan en EU envíen a sus familiares un total de 66,500 millones de dólares, que representaría el 3.7% del PIB nacional. Así lo estima el BBVA México, y precisa que actualmente hay 12.0 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, de los cuales 4.1 son NO documentados. También habría que considerar que el 52.6% de la población migrante mexicana en Estados Unidos son hombres y 47.4% mujeres. Por otra parte, dichos migrantes han entrado a proceso de envejecimiento: la edad mediana de los hombres fue de 44 años en 2022, para las mujeres fue de 46 años.
De acuerdo con las últimas estimaciones realizadas en el Anuario de Migración y Remesas México, se calcula que residen en el mundo 12.3 millones de personas migrantes mexicanas. Esto convierte a México en el segundo país expulsor de migrantes más importante a nivel internacional, solo superado por India. Se calcula que 1 de cada 23 migrantes en todo el mundo son de origen mexicano.
En comparación a otros grupos de migrantes en Estados Unidos, la población migrante mexicana tiene relativamente bajos niveles de escolaridad. En 2023, tanto entre hombres como mujeres, más del 20% tenía un nivel máximo de educación de primaria o inferior. El nivel de escolaridad de bachillerato o equivalente es el más común que se observa entre la población migrante mexicana. Poco a poco ha ido aumentando la escolaridad de la población migrante mexicana en el vecino país del norte, aunque de forma lenta. En 2023, 19.5% de los migrantes mexicanos hombres y 22.5% de las migrantes mexicanas mujeres ya tenían al menos estudios del primer año del nivel superior.
Además, 31% de los hombres migrantes laboran en el sector de la construcción, las mujeres migrantes, que son 20.7% trabajan en servicios educativos y de salud. Se estima a partir de la Current Population Survey (CPS), los migrantes mexicanos hombres están altamente concentrados en el sector de la construcción con 31.3% de los ocupados. Le siguen en importancia los servicios profesionales y administrativos (13.5%), las manufacturas (12.5%) y hostelería y esparcimiento (10.3%). Estos cuatro sectores concentran 2 de cada 3 empleos de la población migrante mexicana masculina con empleo en Estados Unidos durante 2023.
En cuanto a las mujeres migrantes mexicanas, éstas laboran principalmente en cinco sectores que acaparan más de 3 de cada 4 empleos: servicios educativos y de salud (20.7%), hostelería y esparcimiento (17.8%), servicios profesionales y administrativos (13.7%), manufacturas (13.4%) y comercio (11.5%). Se puede observar que es relativamente baja la población migrante mexicana que trabaja en el sector agrícola en Estados Unidos, 5.7% de los hombres y 4.2% de las mujeres. Cabe destacar que en California, Texas, Arizona e Illinois residen 2 de cada 3 personas migrantes mexicanas en Estados Unidos
California ha sido, al menos desde hace 50 años, el principal estado de residencia de la población migrante mexicana en Estados Unidos. En 1990, el 57.4% de la población migrante mexicana residía en ese estado. Con el crecimiento de la población migrante mexicana en la década de 1990 y principios de la década de los 2000 se observó también una tendencia hacia una mayor diversificación en los estados de destino[1]. Para el año 2000, California fue el estado de residencia del 47.8% de la población migrante mexicana, para 2010, tras la crisis financiera global, la proporción disminuyó al 39.9% y para 2023 se redujo hasta el 33.6%.
El segundo estado de destino preferido por la población migrante mexicana es Texas. Desde 1980, más o menos mantiene una proporción estable en la participación porcentual como estado de residencia de la población migrante mexicana. El último dato disponible señala que 21.5% de la población migrante mexicana residía en ese estado en 2023. Arizona e Illinois son el tercer y cuarto estado de destino de la migración mexicana, con el 5.9% y 5.6% del total, respectivamente. Aunque han tenido sus fluctuaciones, ambos estados no han registrado cambios significativos en su participación como destino de la población migrante mexicana en los últimos 50 años.
A partir del 2017, Airbnb ha retenido y entregado al SAT 2,200 millones de pesos
Uno de los pilares de Airbnb, que dirige Ángel Terral en nuestro país, es el compromiso para trabajar en conjunto con las autoridades para identificar mejores prácticas que promuevan equilibrio entre la actividad turística, la derrama económica, la buena convivencia con vecinos y comunidades locales, entre otras.
Desde 2017, la plataforma ha retenido y remitido aproximadamente 2,200 millones de pesos por concepto de Impuestos sobre Hospedaje (ISH) en 16 estados; ya lleva pagados aproximadamente 5,500 millones de pesos en impuestos federales por concepto de IVA, ISR (que se retiene a los Anfitriones) y el pago del IVA de las tarifas por el uso de la plataforma, lo que contribuye a la formalización de esta actividad económica.
Estos impuestos han tenido mayor relevancia a medida que se ha dado un cambio fundamental en los viajes que han llevado a los huéspedes a miles de comunidades en todo el mundo.
SemMéxico, Oaxaca, 29 de agosto, 2024.- En las próximas horas o días el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca a través de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal deberá resolver si confirma, modifica o revoca la sentencia de 2022 contra la ex alcaldesa de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, quien fue llevada a juicio por la desaparición de la defensora de derechos humanos Claudia Uruchurtu Cruz en 2021.
Ayer se realizó un foro a propósito del Día Internacional de las Personas Desaparecidas que se conmemora este 30 de agosto, donde de nueva cuenta se puso sobre la mesa la desaparición de la activista que investigó malversaciones por parte de la presidenta, por decirlo de alguna manera. Hoy circula una noticia, un chivatazo, una filtración, según me dicen, de que la ex alcaldesa será liberada por instrucciones del gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz, no está demás decir que son amigos.
Alguna vez, la presidenta municipal y la defensora se vieron cara a cara, esto ocurrió cuando Uruchurtu planteó un problema urbano y solicitó la intervención de Victoria Huerta, quien señaló que no había recursos públicos. Ese fue el inicio de dos vidas paralelas, una terminó en tragedia el 26 de marzo del 2021 cuando subalternos de la alcaldesa y policías municipales, secuestraron a la activista, unos meses después se declaró desde la oficialidad que había sido asesinada, aunque el cuerpo aún sigue desaparecido. Ese mismo año, la presidenta y sus colaboradores fueron detenidos.
Circunstancialmente el caso vuelve a estar en el ojo público, el Tribunal de Oaxaca que apenas está librando los raspones y entredichos en los que cayó, cuando un juez liberó a Juan Vera Carrizal, acusado de ser autor intelectual del intento de feminicidio en contra de María Elena Ríos Ortiz, pero ese mismo día de agosto otra juez canceló la boleta de liberación, para reponer la audiencia en el tribunal de enjuiciamiento cuya fecha está próxima.
Ahora el Tribunal debe emitir una resolución. Ya libró una cuando se le ordenó que no había lugar a la reposición del juicio por la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz, por revictimizante hacia la familia de la defensora, lo que sucedió apenas el 12 de julio, ahora tiene en sus manos lo que ya expuse antes: confirma, modifica o revoca la sentencia de 2022 ¡bum!
En el foro, la familia Uruchurtu Cruz, a través de Elizabeth, dejó claro que esperan que en su actuar el Tribunal no revoque la sentencia, lo que daría lugar a la libertad inmediata de implicados, autores intelectuales y materiales, sino por el contrario se incrementen las penas a las personas implicadas y en específico a la ex munícipe morenista.
Es preciso recordar que mágicamente, la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento, María Teresa Quevedo Sánchez, al dictar su fallo señaló que Victoria Huerta era autora material. También tardó más de 24 horas en emitir la sentencia, lo que es considerado como una violación a los derechos de los victimarios, así que ocho días después al dar a conocer la sentencia cambió de opinión y la acusaron de “autora intelectual” se borró y pasó a “obstrucción de las investigaciones”, por lo que solo pagaría una pena de prisión de cuatro años dos meses. A sus subalternos, que por cierto recibían órdenes directas de ella, les dieron una sentencia que supera en algunos casos los 40 años y en otro, en el autor material, 60 años de prisión.
El mundo lo supo entonces, aquí estaba la mano amiga de Salomón Jara Cruz, quien apenas había protestado en el Congreso de Oaxaca, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y, también, las leyes que de ella emanaran. Por supuesto el gobernador nunca reconocerá semejante acción.
Lo otro que se debe recordar es que esta es la primera vez en Oaxaca donde se dicta una sentencia por desaparición forzada, de ahí que el caso de Claudia Uruchurto Cruz sea emblemático, decir lo contrario, no sólo dejaría peor al sistema judicial, sino sería como dispararse en el pie, a menos que haya un acuerdo de por medio. Y como decía mi abuelita Lucha, si el Tribunal a través de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, da marcha atrás a la sentencia anulándola, ahora sí “que Dios nos agarre confesados”.
Lo único real es lo que se plantea siempre. La víctima no está en prisión, la víctima de estos hechos sigue desaparecida desde marzo de 2021 y se llama Claudia Uruchurtu Cruz y su madre y sus hermanas esperan saber dónde está.
Actos simbólicos para reafirmar “Tiempo de Mujeres y gran reto cumplir con la agenda
Pendientes de género: Autonomía reproductiva, interrupción legal del embarazo, igualdad salarial, Sistema Nacional de Cuidados, objeción de conciencia y la de vientres de alquiler
Sara Lovera
SamMéxico, Cd. de México, 29 de agosto, 2024.- Este lunes iniciará sus trabajos el nuevo Congreso federal, con 248 diputadas a un punto porcentual, de la paridad total; con un a flaca bancada feminista en opinión de consejeras del INE y con una herencia de pendientes de género que deja la 65 legislatura que formalmente terminó esta mañana con la sesión de transición.
El Congreso arrastra una deuda histórica a favor de las mujeres. Se trata de reformas constitucionales y legales empantanadas desde hace varios años, como Autonomía reproductiva, interrupción legal del embarazo igualdad salarial, Sistema Nacional de Cuidados, regulación de la objeción de conciencia y la de vientres de alquiler, apenas algunas estancadas en la Cámara de Diputados y otras en el Senado.
Esta nueva legislatura, sin embargo, se apresta a realizar, un simbólico acto, que aplaudió esta mañana el presidente Andrés López Obrador , porque será la diputada Ifigenia Martínez Hernández fundadora del Partido de la Revolución Democrática, quien como presidenta de la Cámara de Diputados colocará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer presidenta, en su toma de protesta el próximo 1º. de octubre.
Así se simboliza lo que la oficialidad denomina como “Tiempo de Mujeres”.
En el congreso sólo dos feministas son visibles hasta ahora: Amalia García Medina, como senadora, fundadora del Frente Nacional por la Liberación de la Mujer (1978) y quien entregó paradójicamente la primera iniciativa de aborto en 1979, llamada Por una Maternidad Libre y Voluntaria.
Igual la diputada Patricia Mercado Castro, identificada por las consejeras Rita Bell y Claudia Zavala en la lista de 248 nuevas legisladoras como única feminista. Mercado Castro tiene una larga trayectoria de activista y militante que en la 6 5 legislatura, desde el Senado logró acuerdos para varias iniciativas en favor de las trabajadoras, la más trascendente y aprobada, pero congelada en la Cámara de Diputados es la que regula igual salario por trabajo de igual valor, para las trabajadoras.
El simbolismo de más mujeres al poder -fundado en el mandato constitucional de igualdad en todo 2019- es la conformación del gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo, hasta hoy constituido por 9 mujeres y 8 hombres en el primer círculo, con al menos tres secretarias sensibles al género: Rosaura Ruíz Gutiérrez, Alicia Bárcena Ibarra y Marcelo Ebrard Casaubón.
En el gabinete de la jefa de gobierno destacan otras dos feministas militantes, Inés González Nicolás y Daphne Cuevas Ortiz , en las secretarías del trabajo y de las mujeres.
Ifigenia Martha Martínez, fundadora primero del Frente Democrático Nacional en 1988 y luego del Partido de la Revolución Democrática, fue la primera directora de la Facultad de Economía y autora del primer libro que analizó la participación de las mujeres en el trabajo, ha sido 3 veces diputada federal y senadora de la república. Calificada como mujer de izquierda, desde hace 30 años aliada de la lucha de las mexicana, dijo que votó simbólicamente el pasado 2 de junio en las elecciones presidenciales por Claudia Sheinbaum Pardo.
La credencialización de la nueva legislatura
Ayer la Secretaría General de la Cámara de Diputados concluyó el proceso de credencialización de las diputadas y los diputados electos que conformarán la 66 Legislatura (2024-2027).
De 500 parlamentarias y parlamentarios electos, se registraron 498 (248 mujeres y 250 hombres), quienes obtuvieron su identificación de acceso a la sesión constitutiva de este jueves 29 de agosto.
La credencialización duró nueve días, y concluyó ayer a las 18:30 horas.
Agenda de género fue prioridad en la Legislatura que concluye, señala estudio del IBD
Destacan las reformas para la eliminación del IVA a productos de gestión menstrual, prohibición del matrimonio en menores, Registro Nacional de Deudores Alimentarios y la 3 de 3 contra la violencia.
Sistema Nacional de Cuidados, interrupción legal del embarazo y regulación de gestación subrogada, entre los temas que quedaron pendientes.
Con 47 decretos de género aprobados entre septiembre de 2021 y abril de 2024, la agenda de género se consolidó como uno de los asuntos prioritarios para el Congreso de la Unión durante los últimos seis años, según una investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “La agenda de género en la LXV Legislatura. Reporte de decretos aprobados”, elaborado por la investigadora Lorena Vázquez Correa, destaca que la legislatura que está por concluir aprobó reformas como la eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual, la prohibición del matrimonio forzado de menores de edad y la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
También se avalaron las reformas “3 de 3 contra la violencia”, la no prescripción de los delitos sexuales, el reconocimiento de la violencia vicaria y de la violencia ácida, así como la ratificación del Acuerdo 190 de la OIT sobre acoso laboral.
Estas acciones se sumaron a los 21 decretos en la materia aprobados por la legislatura anterior, como la paridad en todo, la seguridad social para personas trabajadoras del hogar, la violencia política contra las mujeres en razón de género y la ley Olimpia, entre otras reformas importantes.
Por otro lado, el estudio identifica que algunos pendientes de la agenda legislativa para la igualdad de género son la creación del Sistema Nacional de Cuidados, la interrupción legal del embarazo, la regulación de la objeción de conciencia, así como la reglamentación de la gestación subrogada.
La investigación apunta que la LXV Legislatura fue la más paritaria de la historia del Congreso de la Unión, toda vez que la Cámara de Diputados cerró con 254 mujeres, lo que equivale a 50.8 por ciento de las curules y el Senado terminó el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio con 64 senadoras, esto es, 50 por ciento de los escaños.
Interrupción del embarazo, igualdad salarial, vientres de alquiler: las cuentas pendientes del Congreso mexicano con las mujeres
Según la articulista Elia Castillo Jiménez los últimos logros destacan, a pesar del olvido temas prioritarios en la agenda feminista, como que se consiguió crear el grupo plural de Igualdad Sustantiva que sirvió como motor de empuje de temas a favor de las mujeres. Sin embargo, no ha sido suficiente para lograr acuerdos que saquen adelante los temas que resultan escamosos para la clase política en México.
En marzo de 2021 la Comisión de Puntos Constitucionales de la cámara baja aprobó el proyecto de reformas y adiciones a 29 artículos de la Constitución en materia de igualdad sustantiva. Este dictamen reconocía, entre otros aspectos el matrimonio igualitario y la autonomía reproductiva, este último tema representaba, a juicio de grupos provida, religiosos y legisladores del PAN, la legalización del aborto a nivel federal. La intervención de estos grupos frenó la discusión en el pleno.
Al inicio de la 65 Legislatura en septiembre de 2021, el coordinador y vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier y Aleida Alavez sostenían que se retomaría el dictamen que ya contaba con los consenso de todos los grupos parlamentarios. A la fecha no hay este proyecto no avanzó.
La implementación de la interrupción legal del embarazo a nivel federal ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es otro gran pendiente. En septiembre de 2023, la Corte aprobó despenalizar el aborto a nivel federal, lo que obliga al sistema de salud a otorgar el servicio e impide que el personal médico sea criminalizado por realizarlo. Sin embargo, el Congreso debe legislar en consecuencia. El 15 de diciembre pasado venció el plazo para legislar en la materia, lo que los coloca en falta. “Falta mucho por hacer, todas estas deudas que se tienen, que se están deteniendo. Tengo una iniciativa para dar cumplimiento al mandato judicial de la interrupción del embarazo, estamos viendo cuál va a ser la decisión, es un mandato judicial hay que darle cumplimiento”, señala Gabriela Sodi, diputada del PRD.
“Las reformas constitucionales requieren de una labor más intensa de consensos porque son las dos terceras partes lo que se requiere”, recuerda Aleida Alavez Ruíz, vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena y presidenta del grupo plural de Igualdad Sustantiva.
Dijo que “también en el Congreso urge la igualdad sustantiva”, dijo la ahora próxima alcaldesa de Iztapalapa. Reflexionó que aunque las mujeres fueron mayoría en la 65 legislatura y otras legislaturas estatales son mayoría no ocupan los principales puestos de poder de decisión en los congresos..
Sobre el paquete de reformas pendientes aún están en vilo. Una vez concluida la actual legislatura este próximo 31 de agosto, los dictámenes e iniciativas han de ser desechados. El dictamen en manos de la Comisión de Puntos Constitucionales presidida por el diputado de Morena Juan Ramiro Robledo pudo ser desempolvada, pero no se hizo.
“La eliminación de la brecha salarial, paridad en todas las instituciones públicas, perspectiva de género en todos los presupuestos y la nomenclatura en las dos cámaras del Congreso”, son los temas contenidos en este proyecto.
El acuerdo que en noviembre pasado anunció el grupo plural para impulsar reformas constitucionales en materia de reproducción humana asistida, mercantilización de seres humanos o vientres de alquiler, también quedó empantanado.. Al no transitar, todas estas propuestas deberán de ser desechadas a la espera de que la nueva legislatura que inicia el 1 de septiembre próximo las quiera retomar.Karolina Gilas descartó a la legisladora como la posible abanderada del blanquiazul, pues aseguró, “es más ruido mediático que otra cosa”.
“Es bastante más sencillo hacer durante la campaña que la gente empiece a reconocerte o advierta en ti algunas cualidades que te puedan servir como candidato o candidata. Pero es prácticamente imposible que tú le cambies la opinión a la gente. Y las elecciones se ganan con el centro, no con los fieles, se ganan con los indecisos”, manifestó.
A la presidenta le esperan desafíos que deberá abordar en lo inmediato y la diputada Karla Yuritzi menciona algunos
Uno de los principales retos será la consolidación del sistema nacional de salud, cuyas bases se implementaron durante ese sexenio con el IMSS bienestar, mediante el cual se busca unificar el sistema de salud en uno que tenga cobertura universal para evitar que las y los mexicanos padezcan por la falta de atención médica.
“Por otro lado, se hace indispensable potenciar los avances en materia de seguridad, para continuar con la disminución de los delitos de alto impacto, los que durante su gestión como Jefa de Gobierno logró disminuir en un 58 por ciento y en un 50 por ciento los homicidios, lo cual se hizo posible gracias a una visión multifactorial del fenómeno de la violencia e inseguridad, pues no sólo se trata de establecer una política policial basada en la persecución de los delitos, sino en una política y cultura de la prevención del delito mediante la apertura de espacios en los que las y los jóvenes puedan desarrollarse profesional, artística y culturalmente. Por ello, además de los temas en materia de seguridad, se implementó la creación de nuevas preparatorias y universidades.
Para hacer frente a todos estos retos y, consciente de que una sola persona no es capaz de brindarles una solución, es que se ha rodeado de un enorme grupo de científicos y expertos en áreas como educación y salud, con la intención de buscar la mejor forma de implementar aquellas políticas que fueron exitosas en la Ciudad de México, pero ahora a nivel federal.
Marcha en CDMX a favor del aborto. | Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com
Un serio intento de volver a criminalizar, quita excepciones por salud e imprudencia
El Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma al código penal estatal que reduce de 12 a 6 semanas de gestación el límite para acceder a la interrupción legal del embarazo
Sara Lovera
SemMéxico/ El Sol de México, Cd. de México, 29 de agosto, 2024.- La disposición del Congreso de Aguascalientes para reducir de 12 a 6 semanas el límite para interrumpir un embarazo es insostenible desde el punto de vista científico o bioético e incluso religioso.
Es una regresión a los derechos humanos de las mujeres, sostiene la ginecología moderna porque la mayoría de las mujeres no están seguras de su embarazo a las 6 semanas.
Si ese es el límite ya no tendrían tiempo de tomar una decisión consciente, afirma la Asociación Americana del Embarazo.
¿Cómo se determinó el plazo de 12 semanas para la interrupción legal del embarazo?
Mujeres de Católicas por el Derecho a Decidir han argumentado que el límite de 12 semanas no es capricho, sino que se originó en la lectura de los padres de la iglesia.
San Agustín y Santo Tomás de Aquino dieron la clave para ese límite bioético porque estos dos filósofos sostuvieron que el alma no entra al feto hasta los 90 días de la gestación.
Desde el punto de vista científico y jurídico, Jorge Carpizo, ex rector de la UNAM, afirmó que las 12 semanas se establecen debido a que hasta ese periodo un feto no ha desarrollado la corteza cerebral.
“Dentro de ese lapso el embrión no es un individuo biológico caracterizado, ni una persona, tampoco un ser humano. El embrión no tiene las condiciones que particularizan al ser humano, en virtud de que carece de las estructuras, las conexiones y las funciones nerviosas necesarias para ello y, desde luego, es incapaz de sufrir o de gozar. Biológicamente no puede considerársele un ser humano«.
Hoy la decisión del Congreso, dice la ex diputada Martha Tagle, hace inviable lo que se ha avanzado, porque la reducción a 6 semanas hace casi imposible acceder a este derecho pues para notar y confirmar un embarazo pasan al menos 4 semanas.
Foto: Karla Barba / El Sol del Centro
Respecto a calcular el embarazo, es difícil saber exactamente cuándo se produjo la ovulación, por lo que el embarazo siempre se determina a partir del primer día de su último periodo menstrual (LMP).
La doctora Jen Villavicencio, una ginecoobstetra que da conferencias en la Universidad de Medicina de Michigan y también es integrante del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, señaló hace dos años -en el contexto de la reducción a seis semanas en Texas- que entre 45 y 49 por ciento de los embarazos no son planeados.
¿Qué implica la reforma sobre el aborto que aprobó Aguascalientes?
Además de reducir el número de semanas de gestación en que se podría acceder al aborto en la Aguascalientes, la iniciativa presentada ante el Congreso local en materia de interrupción del embarazo también hace unas modificaciones a las causales para abortar:
Elimina las causales de riesgo a la vida y la salud.
Solicita que en casos de alteraciones genéticas dos médicos certifiquen la gravedad para dar la autorización
Elimina la causal imprudencial, aborto accidental y crea una nueva sobre aborto espontáneo en la que dos médicos tienen que certificar que fue espontáneo y no provocado.
De acuerdo con la abogada Nilde MolRe, esto último es imposible de corroborar porque no existen pruebas de laboratorio, químicas o físicas en las cuales se pueda determinar esta situación.
Marcha en CDMX a favor del aborto. | Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com
Los abortos espontáneos, accidentales e inducidos tienen las mismas características.
“Esto pone en riesgo de criminalización a todas las personas con posibilidad de gestar pero en especial niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas indígenas, de bajos recursos”, señala la abogada.
La reforma al Código Penal fue presentada por 20 de los 27 legisladores, entre ellos integrantes del PAN, PRI, PRD, Morena y el PVEM, mientras que una ley “para la protección de la vida” fue enviada por Teresa Jiménez
Pasaron ocho meses para que el plan del gobierno de la panista Teresa Jiménez para impulsar una contrarreforma a la despenalización del aborto en Aguascalientes pudiera concretarse.
“Es un retroceso hacia los derechos ya ganados y peleados por nosotras, esta iniciativa de hecho es peor que lo que teníamos antes en la Ley. Se buscarán las medidas legales ya que el Congreso no entiende de diálogos, nuevamente iremos a la Corte ”, dice Angélica Contreras, integrante de la organización civil Cultivando Género.
La despenalización de la interrupción del embarazo en este estado ocurrió en las primeras semanas de diciembre de 2023, cuando ocho integrantes del Legislativo votaron –en secreto– para avalar el cambio de ley que, en agosto de ese año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les había obligado a realizar tras un proceso de amparo impulsado por cuatro organizaciones locales, entre ellas Cultivando Género y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Presionada por grupos conservadores y de ultraderecha –bastión electoral de Acción Nacional–, la mandataria reprobó el hecho días después de la aprobación. Luego, en un video donde aparecía con integrantes de la bancada del PAN en el Congreso, anunció un plan legislativo para combatir el cambio de ley.
Foto: Karla Barba / El Sol del Centro
“El Gobierno del estado, y en lo personal como gobernadora de Aguascalientes, somos provida. Nosotros no podemos obligar a los médicos a practicar ningún aborto, a pesar de que la Suprema Corte ha resuelto que suceda alguna situación en el Congreso”, dijo entonces la gobernadora.
La ley no obliga a ningún personal médico a realizar interrupciones del embarazo, pero sí obliga al Estado a contar con especialistas que puedan realizarlo.
Jiménez nunca se ha reunido con grupos feministas, pero sí lo ha hecho, por ejemplo, con el Frente Nacional por la Familia, con quienes incluso ha firmado acuerdos de política pública.
A partir de la entrada en vigor de la reforma, toda mujer o persona gestante que decida concluir con su embarazo después de las seis semanas será castigada con cárcel de entre 3 y 6 meses y el pago de 500 a mil días de multa. La sanción para el personalmédico que lo practique es mayor: de 6 a 1 año de prisión y de mil 500 a 2 mil días de multa.
La reforma no sólo sanciona a las mujeres que por decisión propia decidan abortar, sino también a aquellas que lo hagan de forma involuntaria, pues se extiende la sanción penal para las que cometan aborto de forma culposa, es decir, de forma espontánea o por algún tema de salud.
Y pone un obstáculo más: dos médicos especialistas diagnosticarán si existe “razón suficiente para determinar que el aborto fue espontáneo o que el producto presenta alteraciones genéticas”.
La propuesta de reforma al Código Penal llegó al Congreso apenas el 23 de agosto pasado, el mismo día fue turnada a la Comisión de Justicia, presidida por el también panista Luis Enrique García López, investigado por un desfalco millonario en el Congreso, revelado en una investigación periodística en 2021.
Protesta en el Palacio Legislativo de Aguascalientes contra la reducción de semanas para la interrupción legal del embarazo. | Foto: Karla Barba / El Sol del Centro
“El derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo, aunque esencial, no se considera absoluto en todos los casos. Este derecho debe equilibrarse con otros derechos igualmente importantes, como el derecho a la vida”, señalaba la iniciativa, que incluye argumentos sin aval científico, como que las mujeres que deciden abortar sufren de “trastornos psiquiátricos como respuesta a una desregulación emocional”.
Añade que Aguascalientes es “el primer estado familiarmente sostenible en el país”, aunque la entidad ha ocupado los primeros lugares en el país en casos relacionados con violencia intrafamiliar y contra las mujeres.
Angélica Contreras, de Cultivando Género, explica que tras la despenalización al menos 70 mujeres y personas gestantes accedieron al aborto seguro en clínicas del estado. La organización también percibió menor temor a pedir informes, sin embargo, el sistema de salud local siguió obstaculizando el acceso a la interrupción y con las organizaciones sociales que lo promovieron el gobierno cerró por completo el diálogo.
“Lo que vimos fue un cambio en el ánimo de las personas, el problema fue que eso no se vio reflejado en los servicios de atención, porque si bien hay aliadas dentro de estos sistemas, otras personas buscaron sobre todo obstaculizar a partir de, por ejemplo, decirles que tenía que pasar su caso al Comité de Aborto para que éste evaluara y pudiera decidir si sí o si no podía proceder, esto además de cuestionar la decisión de ellas, retrasa el procedimiento al volverlo un tema burocrático, y entonces luego ya había pasado la temporalidad permitida, que es de 12 semanas. Con la reforma será peor porque criminaliza aún más”.
TSJEO determinara si confirma, modifica o revoca la sentencia contra ex alcaldesa de Asunción Nochixtlán
Aquel día, fue un día negro en nuestras vidas, recuerda hermana de activista
Lorena Vaniezcot
SemMéxico, Oaxaca, 28 de agosto, 2024.- En los próximos días la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Oaxaca resolverá una sentencia en segunda instancia en el que confirmará, modificará o revocará la sentencia emitida en diciembre de 2022 en contra de la ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán por la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
En el foro La encrucijada de la justicia. El caso de Claudia Uruchurtu Cruz y los desaparecidos de Zapotengo, el experto en derecho penal y de las víctimas, Gonzalo Cartas, expuso que el poder judicial de Oaxaca está frente al reto de no ofrecer impunidad a los perpetradores de la desaparición de la activista.
Elizabeth Uruchurtu Cruz, hermana de Claudia, a través de una video llamada desde Reino Unido, exigió a los órganos de administración de justicia, no más impunidad.
La ausencia de su hermana desaparecida el 26 de marzo de 2021, ha dejado un vacío irreparable a sus vidas, pero además han tenido que vivir con falta de justicia y de verdad “algo que a las autoridades de antes (con Alejandro Murat) y a las de ahora (con Solomón Jara) no les importa”.
“Aquel día, fue un día negro en nuestras vidas y hemos luchado incansablemente por encontrar respuestas”, planteó durante este foro organizado a propósito del próximo 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
Criticó que, durante el proceso de juicio, fue evidente la falta de conocimiento y experiencia para aplicar la justicia en los casos de desaparición forzada y a pesar de ello lograron una sentencia condenatoria contra Lizbeth Victoria Huerta, la ex presidenta municipal morenista de Asunción Nochixtlán y otras personas implicadas.
Por eso, agregó, “el caso de Claudia es paradigmático y el primero que se logra en Oaxaca por desaparición forzada, sin embargo, la impunidad se volvió a asomar, cuando la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento, María Teresa Quevedo Sánchez, benefició a la ex presidenta municipal con una sentencia diferenciada de las demás personas participes en el delito ocurrido en 2021.
“No saber donde está mi hermana es una agonía, una herida que no cicatriza, en especial para mi madre. Queremos que le devuelvan a su hija, que nos devuelvan a mi hermana y que le devuelvan a su hijo a su mamá, que le hagan justicia a ella y a nosotras”, dijo Uruchurtu Cruz.
Mas adelante, sostuvo que la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del TSJO ordenó la reposición de todo el juicio contra la ex presidenta y colaboradores, “reposición que fue declarada nula apenas el pasado 12 de julio”, lo que habría sido un acto de ventaja para los perpetradores y una revictimización para la familia Uruchurtu, dijo.
Ahora solo les resta esperar la determinación de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, tenemos que confiar que las autoridades no revoquen la sentencia y por el contrario garanticen los derechos de las víctimas con una pena mayor contra quien ordenó el crimen de su hermana, así como en contra de las cuatro personas que participaron, todas subalternas de la ex munícipe.
Durante el foro se recordó hasta el mes de marzo de 2024, existían 114 mil 926 personas desaparecidas en México, esto de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Por otra parte, la periodista Soledad Jarquín Edgar invitada a este foro, sostuvo que el emblemático caso de desaparición forzada en contra de Claudia Uruchurtu es una muestra más de cómo se tuerce la justicia en Oaxaca, más aún cuando de por medio hay intereses o actores políticos y financieros.
Hizo un recuento de las actividades que Uruchurtu realizó cuando un día decidió volver a la tierra de su abuela en Asunción Nochixtlán en 2014, un municipio de la mixteca oaxaqueña en la que ella eligió instalar su hogar y cuidar de su hijo.
Claudia no se equivocó al buscar que los recursos públicos se aplicaran en las necesidades de la población, en reducir la desigualdad y la injusticia, hizo lo correcto, preguntó y sus preguntas incomodaron al poder, apuntó la reportera de SemMéxico.mx
Incluso le envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, para denunciar la corrupción de su compañera de partido, misma que no tuvo respuesta. Tiempo después cuando Claudia fue desaparecida por colaboradores de la presidenta y policías municipales, el presidente mexicano dijo, desde Palacio Nacional, “sea quien sea, no llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad”, “Claudia Uruchurtu habría querido escuchar eso, un poco antes”, señaló la periodista oaxaqueña.
También denunció que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, amigo personal de Lizbeth Victoria Huerta, evidentemente intervino para que la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, cambiara su fallo inicial en donde la señalaba como autora intelectual de los delitos cometidos contra Claudia, lo que le daría una condena de más de 40 años, pero indebidamente ocho días después, al emitir la sentencia, la jueza dijo que sólo había obstruido las investigaciones, por lo que le señalaron una pena de cuatro años y dos meses de prisión.
“Claudia Uruchurtu al cuestionar a la presidenta municipal, cuestionó al sistema”, el mismo que en diciembre del 2022 le negó el acceso real a la justicia y que tiene hoy una alternativa para reivindicar el derecho a la justicia plena, a la verdad histórica y la reparación del daño, tanto de la víctima como a su familia.
“Sus hermanas Elizabeth, Sara, Aidé Uruchurtu y su mamá saben que la única y mejor justicia es saber en dónde está Claudia,la defensora que desde algún lugar sigue buscando justicia”, concluyó Jarquín Edgar.
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Marcha en CDMX a favor del aborto. | Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com
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Protesta en el Palacio Legislativo de Aguascalientes contra la reducción de semanas para la interrupción legal del embarazo. | Foto: Karla Barba / El Sol del Centro