Laura Castellanos*
SemMéxico, Ciudad de México, 24 de noviembre del 2022.- México llega a este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres (25N), en un año que ha tenido récords de apertura de carpetas de investigación por casos de violencia de género, entre los que se cuentan homicidios dolosos, violencia familiar, violación, abuso sexual y llamadas de emergencia, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
No obstante, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hace de lado el crecimiento de estas violencias feminicidas y solo esgrime la presunta baja de las cifras de feminicidios como su indicador máximo de que está combatiendo a la violencia de género.
Esos picos récord en las estadísticas de violencia podrían incluso ser mayores, pues hay un subregistro de delitos a nivel nacional. En 2021, 93.2 % de los delitos no fueron denunciados ni se abrió una carpeta de investigación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022. Se trata de récords de lo que la antropóloga Marcela Lagarde llama “violencias feminicidas”, que acompañan la vida de las mujeres desde que nacen y que posibilitan que algunas sean asesinadas.
La Red Nacional de Refugios (RNR) da un indicador alarmante del crecimiento de dichas violencias feminicidas: de enero a octubre de este año aumentó 15 por ciento el ingreso de mujeres, niñas y niños a sus instalaciones por violencias machistas. En tanto, por sus redes telefónicas y sociales atendió a 439 mujeres que sufrieron violencia sexual y 134 que sobrevivieron a intentos de feminicidio. De acuerdo con los datos más recientes de la organización México Evalúa, existe una impunidad de 91.8 % a nivel nacional, con cifras alarmantes de 88.1 % en delito de feminicidio, 96.4 % en delito de violación y 97.1 % en violencia familiar.
Desde el gobierno, la narrativa es otra. El 22 de noviembre, la secretaria federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Ícela Rodríguez, dio su reporte catorcenal de incidencias delictivas. Proyectó gráficas de forma apresurada para evidenciar una disminución de los delitos y, en particular, mostró la del feminicidio muy fugazmente: “En el caso de feminicidio, de 20.8 %, bajando ese delito”, dijo sin más explicación. No mencionó la cifra de 80 feminicidios registrados en el país en octubre de este año, que marca una leve tendencia al alza en los últimos cuatro meses.
Esa aparente disminución de feminicidios, que fue presentada sin análisis ni contexto, debe tomarse con recelo y cuestionarse su uso político. En entrevista, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, me explicó que las autoridades en el país pueden tipificar el feminicidio como homicidio doloso o culposo por error o manipulación. “Hay que tomar estas cifras con reserva”, dijo. Dio sus razones: “Los feminicidios quitan votos”. Y México ya vive una carrera anticipada por las elecciones presidenciales de 2024.
Estrada dijo que debe dimensionarse la intensificación del grado de violencia machista haciendo confluir los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres en una cifra que, en promedio, se estima en 3,500 casos de asesinatos al año, la mitad con características feminicidas.
Los cuerpos de las mujeres víctimas de feminicidio no solo se cosifican en cifras poco claras, sus imágenes son explotadas con morbo. Tras la exposición mediática del cuerpo de Ingrid Escamilla, desollada por su pareja el 9 de febrero de 2020, hubo protestas feministas beligerantes que generaron la “Ley Ingrid” en su honor, la cual prohíbe la difusión de imágenes de víctimas de agresiones en Ciudad de México.
Pero son los propios gobiernos los que abiertamente presentan imágenes o videos de las víctimas que forman parte de las carpetas de investigación. Así sucedió con el caso de la joven Debanhi Escobar, cuyo cuerpo apareció flotando en la cisterna de un hotel en el estado de Nuevo León el 9 de abril de 2022. La Fiscalía estatal circuló diversas imágenes de la joven deambulando antes del crimen y especuló sobre sus trayectos y propósitos.
La jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum -que avanza en su batalla por la sucesión presidencial-, presentó sin pudor videos en el que el cadáver de Ariadna Fernanda López fue cargada, como un costal, sobre el hombro de su presunto victimario. El video se viralizó y ella dio un golpe mediático a su contrincante, el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, al que confrontó sobre las razones de la muerte de la joven cuyo cadáver apareció en una carretera de la zona limítrofe de ambas entidades.
La periodista Sara Lovera, quien coordinó la investigación que respaldó la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, me dijo que en México no se erradicarán los feminicidios mientras no se atiendan las violencias feminicidas. Agregó que, en 2021, estas crecieron cuatro puntos porcentuales respecto a 2016, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021.
Consideró que el gobierno de AMLO no avanza en la identificación y atención de tales violencias de forma preventiva, y que las feministas que fueron combativas con otras administraciones y hoy forman parte de la actual o simpatizan con ella, atestiguan inmovilizada esa situación: “Hay un feminismo institucionalizado que está en silencio absoluto. ¿Dónde están las de siempre, las que entrevistábamos? ¿Dónde están?”.
Desafortunadamente no se augura que en el futuro inmediato el Estado mexicano resuelva la profundización de la crisis humanitaria que aflige a las mexicanas. En el proyecto de presupuesto para 2023, el gobierno incluyó un aumento simulado al rubro de igualdad y atención a la violencia de género. El Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, en su investigación “Perspectiva de género en el PPPEF 2023. Análisis del presupuesto etiquetado”, reveló que se destinaron 374,821 millones de pesos al rubro de igualdad entre hombres y mujeres, la erradicación de la violencia de género y la discriminación, que representaron un aumento de 45 por ciento respecto al año anterior. No obstante, 86 por ciento será entregado en realidad a los programas de asistencia monetaria y de seguridad social que impulsa AMLO, como el de las Personas Adultas Mayores o Sembrando Vida.
Sin presupuesto con perspectiva de género, poco podrá hacerse para prevenir y atender a las mujeres violentadas y sus familias en 2023. Seguiremos viendo la presentación fugaz de las cifras de feminicidio en las conferencias presidenciales para continuar encubriendo una realidad que solo causa dolor y muerte en la mitad de la población mexicana. En 2024 son las elecciones presidenciales y, de no haber voluntad política, se prolongará la estrategia. No olvidemos, los feminicidios quitan votos.
*Laura Castellanos es una periodista independiente mexicana, coautora del libro “Mexicanas en pie de lucha. Reportajes sobre el Estado Machista y sus violencias”.
Publicado originalmente en The Washington Post
SEM/MG
