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Morena intentó justificar la militarización: es para equilibrar la tarea de seguridad

  • En menos de 30 días la reforma a la Suprema Corte de Justicia
  • Casi 13 horas de discusión: 71 votos a favor del partido oficial y 51 en contra.
  • La reforma sobre la Guardia Nacional pasó sin problema y será remitida de vuelta al Ejecutivo Federal para que la promulgue; entrará en vigor sin que se la haya movido ni una sola coma.

Sara Lovera

SemMéxico, Ciudad de México, 9 de septiembre del 2022.- Pasada la una de la mañana de este viernes y después de casi 13 horas de discusión, con escenarios apasionados, histriónicos –como cuando se despegaron las hojas de un libro de AMLO-, con presentación de testimonios, -como un video del discurso de Mario Delgado- y con expresiones fuertes contra Andrés Manuel López Obrador, como las de Llily Téllez, que llegó a decirle  “dictador” y -con otras palabras- a las y los morenistas de Traidores y la denuncia de Dante Delgado de una campaña en su contra, Morena y sus aliados en la Cámara de Senadores aprobaron, que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cambios a leyes que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quedó ya en decreto camaral y podrá ser publicada para entrar en vigor antes del 16 de septiembre, como pidió al Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En los archivos quedaron los testimonios de las mujeres zapatistas y su experiencia con el ejército; los de las mujeres triquis en Oaxaca, las de las trabajadoras de un bar en Monclova, violadas por un piquete de soldados; en los archivos está la violación a 3 niñas indígenas en Altamirano, Chiapas, y que todavía no se resuelve. La violación y asesinato de Ernestina Ascencio Rosario; las evaluaciones de Amnistía Internacional sobre el maltrato de policías y militares a las mujeres antes de ser llevadas a una cárcel. En los archivos están esos hechos, pasados por alto entre las y los legisladores de Morena que lo llevarán en su espalda. Traidores les dijo Álvarez Icaza.

Con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen sobre la Guardia Nacional. El único disidente fue el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quién emitió la única abstención. Los oficialistas votaron en bloque,  apenas reaccionaron cuando el senador Emilio Álvarez Icaza les puso un video de Mario Delgado, actual dirigente nacional del partido oficial, dando los argumentos que ahora se hicieron: cómo el sufrimiento que podrá tener la población con el ejército con todo el poder de la fuerza en las calles.

Las y los senadores del bloque opositor, votaron también como una sola persona en contra, el dictamen en lo general y en lo particular.

A la hora de aparecer en pantalla la votación, se pudo constatar que dos de los cinco votos ausentes hayan sido de los morenistas Cristóbal Arias Solís e Ifigenia Martínez. Otros que no votaron, que estuvieron ausentes fueron del priista Carlos Aceves del Olmo, la petista Martha Celia Márquez y la emecista Gloria Elizabeth Núñez.

Como se ha informado reiteradamente, los partidos aliados en el Congreso, confirmaron que promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de los próximos 30 días para que sea el Máximo Tribunal del país quien decida si las modificaciones a las cuatro leyes fueron planteadas por Andrés Manuel López Obrador y aprobadas por las dos cámaras del Congreso respetan los término de  la Constitución.

Lo que se aprobaron fueron cambios a la Ley de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Ejército y Fuerza Aérea y la Ley de Ascensos del Ejército y Fuerza Aérea. Antes, el pasado 3 de septiembre la Cámara de Diputados lo hizo en “fast track”, prácticamente sin discusión.

Más de  doce horas duró el debate senatorial: no hubo un solo cambio al proyecto

Tocó la presentación del documento sin cambios, a  la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero,  quien dijo que las reformas  buscan encontrar claridad en la línea disciplinaria, facilitar el ejercicio del mando y afianzar el espíritu que el cuerpo policial requiere, a fin de dar respuesta al problema de seguridad. 

Llamó la atención de su discurso, que lo leyó apasionada, donde dijo que la aprobación del dictamen “en ningún momento puede ser entendida como un cheque en blanco para la Guardia Nacional y sus mandos”, pues el Senado debe analizar y aprobar la estrategia del cuerpo policial, así como darle seguimiento a su desempeño. 

Ahí, vehemente, emocionado, alterado, indignado el senador Germán Martínez Cázares del Grupo Plural dijo que la minuta a discusión es una traición a la memoria de Benito Juárez, quien quería una Guardia Nacional y un Ejército sin vicios, como también lo quería el presidente Andrés Manuel López Obrador, según su libro “2018. La Salida”. Y leyó:

“Aquí dice: Crear una Guardia Nacional con apoyo de 220 mil soldados y 30 mil marinos, que en la actualidad permanecen organizados bajo mandos oficiales del Ejército y la Marina. El señor Pérez Dayán, el ministro Pérez Dayán dice que “no está autorizado a cortar hojas de la Constitución. Pues yo sí estoy autorizado a cortar hojas de lo que dijo López Obrador”, dijo y cortó hojas del libro, en medio de aplausos de la oposición.

“Ni siquiera Maximiliano, ni siquiera el Estatuto Provisional del Imperio de Maximiliano se atrevió a darle poder absoluto a los militares, dice que respetará y auxiliará a la autoridad civil el Estatuto Imperial de Maximiliano en el Artículo 48. Es lo que quería Benito Juárez, un poder del ciudadano, no un poder del emperador y por eso ordenó su muerte”, agregó.

Las y los integrantes de las distintas fuerzas políticas, representadas en el Senado de la República, fijaron su postura sobre el proyecto para que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.   

Al inicio del debate, el senador Julen Rementería del Puerto, del PAN, presentó una moción para retirar el dictamen y discutir la propuesta de manera profunda, en un Parlamento Abierto; sin embargo, dicha petición fue rechazada con 65 votos en contra y 49 a favor.    

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, indicó que las reformas forman parte de las acciones concretas que se deben adoptar como Estado, para combatir y abatir los altos índices de inseguridad del país, pues están encaminadas a salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de las personas.  

Transferir el control administrativo y operativo, agregó, actualmente adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Defensa Nacional, constituye un reconocimiento del Ejecutivo federal para ajustar la estrategia de la seguridad pública. 

Luego se presentaron siete votos particulares, por parte de las y los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; Claudia Ruiz Massieu Salinas, PRI; Manuel Añorve Baños, del PRI; German Martínez Cázares, del Grupo Plural; dos del senador Noé Castañón y uno de la senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano. 

Las y los senadores que plantearon estas propuestas advirtieron que estas reformas “caerán como fichas de dominó” cuando se les realice “la prueba constitucional”; y que cancelan la posibilidad de contar con un cuerpo de seguridad civil de alcance nacional fuerte y confiable, pues “la militarización no es la respuesta”. 

Al fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Navor Alberto Rojas Mancera, aseguró que el espíritu del proyecto es profesionalizar a la Guardia Nacional, ya que actualmente no hay infraestructura, armas, ni gente preparada en las policías estatales y municipales, para hacer frente al crimen organizado.  

Damián Zepeda Vidales, senador de Acción Nacional, señaló que la militarización no dio resultados durante las administraciones anteriores, por lo que es incomprensible que este gobierno tenga el doble de integrantes de las Fuerzas Armadas desplegados en territorio nacional: “no, señor Presidente, no le vamos a permitir que militarice este país”, sentenció. 

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, de la bancada del PRI, afirmó que el proyecto es inconstitucional y desvirtúa el propósito fundacional de la Guardia Nacional. “Con este cambio de paradigma -sostuvo-, no sólo están traicionando los acuerdos del Senado de la República, sino también su supuesta lucha histórica”. 

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, consideró que “es una reforma inútil”, que no sirve a la sociedad, no fortalece a la corporación ni a las policías locales, al contrario, “se está desnaturalizando y debilitando”. 

Por el PVEM, el senador Manuel Velasco Coello afirmó que gobernadoras y  gobernadores de todos los partidos políticos apoyan a la Guardia Nacional, porque su labor es indispensable para garantizar la seguridad en sus estados, “por lo que sería preocupante que no la dotáramos de mayores instrumentos para que puedan proteger a la ciudadanía”. 

De Encuentro Social, la senadora Sasil de León Villard hizo un llamado a sus compañeros/as a no negar la historia ni a ignorar las políticas fallidas de seguridad: “convoco a todos los grupos parlamentarios a consolidar una política de seguridad, que garantice la protección a la vida y un Estado que cuide y defienda a su pueblo”. 

El senador Alejandro González Yáñez dijo que el PT votará por la pacificación de México, por la Guardia Nacional, por las Fuerzas Armadas, y por la estrategia de seguridad pública del Presidente, “porque no es verdad que se esté militarizando al país, pues en el México de hoy no se violan los derechos humanos”. 

Juan Manuel Fócil Pérez, senador del PRD, afirmó que es fundamental respetar la Constitución Política y mantener a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, “por lo que hago votos por la congruencia política de la mayoría legislativa y evitar la militarización de los cuerpos de seguridad pública”.  

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria, consideró que “la prisa” por aprobar las reformas es porque al Presidente “le urge” que, para el 16 de septiembre, la Guardia Nacional esté en el Ejército para que participe en un desfile. Y él fue quien dejó esos videos de Mario Delgado, para la historia. 

Luego de las intervenciones de los Grupos Parlamentarios, para fijar su postura en torno al dictamen, las y los senadores dieron paso a la discusión, en lo general, de las reformas.

En el Senado, por la experiencia de las protestas ciudadanas, surgidas esta semana, se instaló  un fuerte operativo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para “proteger” al recinto legislativo de Insurgentes y Reforma.

Los uniformados esperaban una protesta convocada a las 8 de la mañana para clausurar el lugar;  pero sólo hubo un pequeño grupo. Y no se intentó en todo el día la clausura.

La discusión del dictamen inició oficialmente a las 13:15 horas de la tarde, el dictamen tuvo seis votos particulares de la senadora Claudia Ruiz Massieu y de los legisladores de oposición Miguel Ángel Mancera, Manuel Añorve y Germán Martínez, quienes habían votado en contra del proyecto desde comisiones.

Términos de las reforma

El dictamen establece que la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá el control operativo y administrativo de la corporación y que el general secretario de la Defensa estará a la cabeza en la jerarquía de su estructura de mando.

Además, da al titular de la SEDENA la facultad de organizar su distribución territorial y proponer adecuaciones a su estructura orgánica.

También, lo faculta para que proponga al titular de la comandancia al Presidente de la República.

Asimismo, asigna a la SEDENA la expedición de los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional y la elaboración de los programas operativos y de estrategia.

En unos de sus artículos indica que el personal militar asignado a la Guardia Nacional “continuará sujeto a la jurisdicción militar respecto de los delitos especificados en el libro segundo del código de justicia militar que atenten contra la jerarquía y autoridad”.

Mientras que, en los transitorios, dispone que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana transferirá a la SEDENA en un plazo de 70 días naturales, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional.

SEM/MG

Necesaria la sindicalización en el futbol profesional mexicano para la exigencia de derechos: Noemí Monroy

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  • Precariedad laboral y violación a derechos sustentan el futbol. Ellas, las principales afectadas,  expone en seminario rumbo a la copa FIFA 2026.
  • Jugadoras tardarían 70 años en alcanzar prestaciones de hombres.
  • La reconstrucción del sindicalismo mexicano, frenado por la pandemia: Escobar, espera un auge.

Guadalupe López García

SemMéxico, Ciudad de México, 9 de septiembre del 2022.- El futbol profesional en México, el máximo deporte espectáculo que tiene el país, está sustentado en la precariedad laboral y en la violación a los derechos de las y los jugadores; principalmente los de las mujeres. Esta situación se podría cambiar por medio de la sindicalización, iniciativa que podría surgir desde la rama femenil, aseguró la abogada e investigadora Noemí Monroy Enríquez.

Durante el seminario “Informalidad y precariedad laboral. Rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026”, efectuado este martes, la especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que el sindicalismo puede ser una de las mayores herramientas y fuerza que le puede dar al deporte mexicano para el reconocimiento de derechos; en especial para las mujeres, quienes están muy interesadas en conocerlos, pese a las represalias que llegan a tener cuando los exigen.

Esta posibilidad está más en las mujeres, porque los hombres no están analizando sus privilegios, admitió. La liga varonil de futbol se creó en 1927; casi un siglo después se formó la femenil y se está viendo una desproporción en derechos, justificándola de manera económica, al decir que el futbol de mujeres no vende. Con esta desproporción, Monroy calcula que a las futbolistas les costaría 70 años más alcanzar las prestaciones de los hombres.

Por su parte, el economista y profesor investigador de Instituto Nacional de Antropología e Historia, Saúl Escobar Toledo, quien expuso el contexto económico de la precariedad laboral en el marco de la pandemia y cómo afectó a las mujeres, espera un auge del sindicalismo a nivel mundial. En México, hubo un resurgimiento que se fue dando en el marco de la reforma laboral de 2019, pero fue detenido por la pandemia, la cual ha hecho más difícil el movimiento sindical.

En la crisis económica mundial de 2007 y 2008, dijo, surgió la necesidad de ver a los sindicatos como forma de organización indispensable para equilibrar los intereses de la sociedad, porque en toda la etapa neoliberal se les consideró como un estorbo para el mejoramiento de la economía, el desarrollo y para aumentar la productividad.

A pesar de las dificultades, hay nuevos sindicatos en empresas que antes estaban vedados, como en General Motors, y eso da esperanzas de que el sindicalismo pueda resurgir en este país, aunque no será un proceso rápido sino prolongado y de reconstrucción del sindicalismo mexicano, el cual tendrá que surgir de las bases, aunque estén poco educadas en la vida sindical.

Para la académica, la sindicalización en el futbol mexicano puede ser posible, pese a los intentos de los hombres que han tenido, como el movimiento iniciado por Carlos Albert, recordó Rosario Ortiz Magallón, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas, la cual convocó a este de cuatro seminarios que han efectuado en el marco del proyecto “México Unido 2026. Promoviendo los Derechos Laborales. Rumbo a la Copa Mundial”.

Como evidencia, Monroy citó los casos de Argentina, España, Inglaterra, Estados Unidos, donde el sindicalismo ha logrado beneficios económicos hasta para los propios clubes, como en la NFL (Liga Nacional de Futbol Americano). Se trata de sindicatos representativos, democráticos que rinden cuentas a agremiados. Las cuotas sindicales les otorgan mayores beneficios, y citó el ejemplo de que durante la pandemia había contratos colectivos con una cláusula por cuestiones de emergencia. Con un subsidio que fue requerido a las federaciones de futbol, se pudo combatir la pandemia.

Las futbolistas y la exigencia de sus derechos laborales

Monroy, conferencista nacional e internacional con perspectiva de género en derecho laboral y deportivo, aseveró que deportistas profesionales se encuentran regulados en la Ley Federal del Trabajo (LFT), pero no se habla de sus derechos a la seguridad social, y cuando hay riesgos de trabajo se quedan en indefensión completa. Es uno de los capítulos que ha tenido menos reformas y carece de perspectiva de género.

La ley tampoco reconoce la desigualdad salarial, a pesar de que un deportista gane más que otro haciendo la misma actividad. Esta disparidad se justifica en la rama varonil y femenil. Estados Unidos es de los países más avanzados en el deporte femenil en el reconocimiento de igualdad salarial, pero en México, la Liga MX es reciente y se le tiene poca fe de que genere rating y beneficios económicos. Esta situación es la que empieza a mermar y precarizar las condiciones de las futbolistas.

Otro tema es, además de los salarios, el de los reglamentos. Las federaciones deportivas se rigen conforme a sus propias reglas y estatutos como ente privado, de acuerdo con la normatividad internacional. En la Federación Mexicana de Futbol (FMF) hay un estatuto del jugador en el que se habla de cuestiones laborales y contractuales, y de que no pueden acceder a la justicia laboral, hasta no agotar las instancias internas. De ahí, deben seguirse a las internacionales. Esos pactos de caballeros no están por escrito; se hacen tras bambalinas.

Es muy común el asociacionismo deportivo —distinto a un sindicato— que depende de las propias federaciones. Tienen un fin o interés en particular en cuanto a los derechos de imagen y televisivos, a una prima o a una transferencia, pero no negocian las cuestiones laborales ni terminan por satisfacer las exigencias de futbolistas.

Los jugadores de las demás categorías, de la 15 a la 20 (por rango de edad), no son reconocidos como deportistas profesionales, sino como personas beneficiarias o becarias que están a prueba. Si esto sucede en la rama varonil, con mayor razón hay un rezago histórico en la femenil, con los argumentos de que no hay rating, no gusta el futbol femenil o que no hay asistencia a los estadios. Pero son los derechos televisivos y de imagen, los que suman a las cuentas del deporte.

Otro tema que Monroy planteó fue el de las condiciones de trabajo de las mujeres, desde la infraestructura y uso de las instalaciones los entrenamientos, lo que impacta en los resultados. Los equipos de primera división entrenan en canchas con mejores condiciones, preparación y cuidado para evitar lesiones y riesgos a los deportistas. La femenil lo hace en canchas disponibles.

Otras prestaciones que reciben se dan de acuerdo con las ramas (varonil y femenil). En la LFT se establece como prestación y obligación del club brindar hospedaje y alimentación del deportista, pero las mujeres tenían que pagar estos gastos, al igual que el de la vivienda, cuando había la necesidad de trasladarse a otras entidades. Un asunto más fue que las obligaban a evitar embarazos.

La académica recordó el asunto del Club Querétaro, cuando las jugadoras aceptaron las condiciones, lo que va afectando sus derechos humanos y laborales. No los hacen exigibles por desconocimiento, y cuando exigen una copia del contrato, les ponen trabas o corren el riesgo de frustrar sus sueños. Ya no les dan horas de juego o partidos de preparación y les cierran las puertas del club. Una futbolista que exige sus derechos va a armar una revolución, consideran.

No obstante, Monroy reconoce la fuerza que tienen para exigir el reconocimiento de sus derechos. A través del diálogo han podido negociar mejores prestaciones, aunque en algunos casos no han tenido éxito, como en el Club Querétaro. Ellas estaban aceptando un salario por un tiempo específico, por temporada, y firmaron sin representación jurídica. Pero si se quieren quejar, no las dejan participar en otra liga. Con ello, les cortan su seguimiento en el desarrollo profesional.

Al agotar las instancias internas, se acercan a organizaciones civiles para buscar diálogo, acuerdos, para hacer visibles las represalias que podrían tener si no cumplen con las cláusulas del contrato, pero ahí es donde dejan la lucha. Hacen subastas o una acción que las beneficie, sin que las apoyen sus compañeros, porque están en una situación de privilegios. Durante la pandemia, los clubes redujeron a la mitad los salarios, pero ellos tenían ahorros. En el caso de las mujeres, el promedio es de seis mil pesos mensuales.

En la exigencia de derechos ha habido intentos de sindicalización, como en el beisbol. En 1980, se logró tener una liga propia que duró seis años, pero vinieron represalias. A pesar de que fueron reconocidos ante la junta, perdieron por la mayoría que exige la ley laboral en cuanto al número de sindicalizados.

Un caso diferente que mencionó Monroy fue el de las jugadoras extranjeras que vienen con mayor conciencia de sus derechos y se refleja en las cláusulas, como los de imagen. Algunas ya tienen patrocinios. Lo mismo pasa con las mexicanas que juegan en otros países que se van con mejores prestaciones.

Noemí Monroy augura que la unión y la fuerza para el surgimiento de un sindicato en México provendrá de la rama femenil, con lo que se podría erradicar la cláusula de no embarazo, que es un atropello a sus derechos, y obtener otras como el de la lactancia. Uno de los retos es generar interés por agremiarse y visibilizar los beneficios. Es mejor que crear una asociación civil, porque pierde el sentido de la defensa de derechos laborales.

Los beneficios serán más para las mujeres que para la mayoría de los hombres —dependiendo de las categorías— porque ellos han tenido más privilegios y no les repercute ni les afecta tanto. No obstante, ellos también viven la precariedad laboral, pues pueden tener un ingreso más alto, pero sin prestaciones, estabilidad laboral seguridad social o un fondo de retiro. Tener un trabajo digno no depende solo del salario, puntualizó Monroy.

SEM/glg/MG

Presupuesto 2023: programas sociales, las obras del Tren Maya y Fuerzas Armadas, los favoritos del reparto

  • El proyecto entregado por Hacienda, contempla que la Secretaría de Bienestar, responsable de los programas sociales, tenga 32 por ciento más recursos que este año. Para el Tren Maya, prevé un incremento de 118 por ciento.

Nayeli Roldán y Zedryk Raziel

SemMéxico/AnimalPolítico, 9 de septiembre del 2022.- Las secretarías de Bienestar, de Educación, de Salud, de Turismo y de Defensa, encargadas de ejecutar obras y programas prioritarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, concentrarán el 69 por ciento del presupuesto previsto para los ramos administrativos, es decir, las dependencias, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 presentado este jueves. 

La Secretaría de Turismo tendrá un aumento presupuestal de 115 por ciento para 2023, según lo planteado, pues dispondrá de 145 mil millones de pesos. Sin embargo, el 92 por ciento de ello se prevé que sea destinado al Tren Maya, una de las obras emblemáticas de la actual administración. De aprobarse el proyecto, dicha obra tendrá 143 mil millones de presupuesto, un aumento de 118 por ciento respecto de 2022. 

Además, dicha cifra supera la estimación que había hecho el gobierno al iniciar la obra, pues preveía un costo total de 120 mil millones de pesos. 

La Secretaría de Bienestar tendrá 408 mil millones de pesos para 2023, según el proyecto, lo que representa un aumento de 32 por ciento en términos reales. Sería la dependencia con el mayor presupuesto, superando incluso a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que tendría 402 mil millones, un aumento de apenas 7 por ciento, y a la Secretaría de Salud, que tendría 209 mil millones.  

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a la que el Presidente ha asignado desde la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de las sucursales del Banco del Bienestar hasta el control de las aduanas, tendría 111 mil millones de pesos para 2023, un aumento de 4 por ciento respecto de 2022. 

La Secretaría de Bienestar es responsable de operar los principales programas de entrega de recursos de manera directa. La pensión para personas adultas mayores es la de mayor presupuesto entre ellos. 

Hacienda prevé que ese programa tenga 335 mil millones de pesos para el próximo año, lo que representa un aumento de 35 por ciento en términos reales, pues en 2022 tuvo un presupuesto de 238 mil millones. 

De acuerdo a la justificación del aumento, se trata de mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, pues “la mayor parte de ellos se encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena”. 

Otro programa que tendría un aumento presupuestal de 14 por ciento es la pensión para personas con discapacidad permanente. Mientras tanto, Jóvenes Construyendo el Futuro tendría 23 mil millones de pesos para 2023, que serían repartidos a jóvenes que no estudian ni trabajan y sean aprendices en empresas o el sector público. 

Sobre este último programa, Animal Político publicó que este no da seguimiento a lo aprendido y solo la mitad de los inscritos en el primer año terminaron la beca; además, el programa no llegaba a los habitantes de los municipios más vulnerables ni más violentos, como se había prometido. 

Las obras prioritarias 

El presidente López Obrador ha manifestado que su meta es que el Tren Maya, que registra retrasos importantes en diversos tramos, sea concluido en diciembre de 2023. Para ese año, según el proyecto de presupuesto, tendrá 80 mil millones 131 mil pesos más para su construcción. 

En 2022, el proyecto recibió una asignación de 62 mil 942 millones de pesos. No obstante, en julio Hacienda determinó inyectar a la obra 16.7 mil millones más. En tanto, para 2023 tendría 143 mil millones de pesos. 

Otra obra prioritaria que recibió aumentos millonarios en el proyecto fue la refinería de Dos Bocas. De acuerdo con el PPEF 2023, dicho proyecto de infraestructura, a cargo de la Secretaría de Energía (SENER), recibirá una inversión de 47 mil 234.5 millones de pesos, es decir, 2 mil 234.5 millones más que en 2022, un incremento de 1.02% en términos reales.

Dos megaproyectos del gobierno prevén recortes. Por ejemplo, el Tren del Istmo recibió una reducción de 2 mil 317.8 millones de pesos, al pasar de tener un gasto de 10 mil millones de pesos para 2022 a 7 mil 682.2 millones en el PPEF 2023. La disminución es de 26 por ciento en términos reales.

Según lo que consta en el proyecto de presupuesto para el próximo año, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) —que ya está en operación— tendrá la disminución más drástica. En el PEF 2022, el gobierno le asignó 11 mil 450 millones de pesos, pero, para el ejercicio fiscal 2023, únicamente se prevé una inversión de mil 250 millones de pesos para la “Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocan-AIFA”.

Esa reducción en el gasto de inversión representa una caída de 89 por ciento en términos reales.

La empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, SA de CV, encargada de la operación de la obra, recibiría un presupuesto de 836.2 millones de pesos, aunque eso se considera gasto corriente, no de inversión.

La SEDENA se encamina a tener un presupuesto récord en 2023, incluyendo 34 mil mdp extra de la Guardia Nacional

Entre su propio presupuesto y el de la Guardia Nacional, los militares tendrían en sus manos más de 146 mil millones de pesos. La Secretaría de Seguridad, en cambio, perdería la tercera parte de sus recursos.

Cuartoscuro: Arturo Angel

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) manejará en 2023 la cantidad más alta de recursos económicos en su historia, de aprobarse propuestas del gobierno federal. A los casi 112 mil millones de pesos que se le pretenden asignar como presupuesto para el año que viene, se les sumarían más de 34 mil 500 millones de pesos contemplados para Guardia Nacional (GN), monto que también representa un presupuesto récord para esa corporación.

Lo anterior sería resultado de la reciente reforma legal planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya aprobada por el Senado la cual plantea que la GN continúe adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero que su manejo operativo y administrativo, incluyendo el 100 por ciento de su presupuesto, se transfieran a la SEDENA.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió a la Cámara de Diputados propone para la Guardia Nacional un presupuesto de 34 mil 525 millones 322 mil 208 pesos. Se trata de la cifra más alta de recursos contemplados para dicha corporación de seguridad en sus casi cuatro años de existencia.

En comparación con lo que la Guardia Nacional recibió este año, se trata de un incremento de 4 mil 721 millones de pesos y, tomando en cuenta la inflación, el alza en el presupuesto de esta corporación sería de 11.5%.

El Paquete Económico enviado por Hacienda a la Cámara baja inscribe dichos recursos dentro del presupuesto global de la SSPC, dependencia a la que se encuentra adscrita la Guardia Nacional. De hecho, el presupuesto de la GN representa más de la tercera parte de todo el gasto que se le pretende asignar a esa dependencia.

SEM/MG

Ambigú| “Alito”, moralmente derrotado

+ No quiso AMLO la presea “Melchor Ocampo”

Martha Elba Torres Martínez

SemMéxico. Morelia, Michoacán. 09 de septiembre 2022.- La advertencia en abril, del senador del Partido Verde, Manuel Velasco, al diputado federal y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de que si no apoyaba la Reforma Eléctrica “irán con todo en contra” de él, resultó verídica.

Desde mayo, “Alito” no veía una con la revuelta interna en el tricolor por los pésimos resultados electorales y los audios en su contra difundidos en “los martes del Jaguar” de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; las denuncias ante la Fiscalía General por delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada, y el procedimiento de desafuero en la Cámara Baja promovido por Morena, para que enfrente los cargos y le apliquen la prisión preventiva oficiosa.

El 1 de julio, desde Ginebra, Suiza, el dirigente priísta gritó a todo pulmón, que no lo callarían en su denuncia pública sobre el linchamiento político de que era objeto por parte del gobierno de Morena. “La única forma de hacerlo es que me maten”.

“Soy una gente de compromiso, de voluntad, amo mi país. Ni me van a asustar, ni me voy a echar para atrás. Yo voy a defender la democracia mexicana, porque creo en las instituciones, en los derechos y las libertades”, y expuso que con los ataques en su contra, lo que Morena y el Gobierno buscan es destruir a la coalición “Va por México” y, con ello, a la oposición. “No podemos permitirlo y vamos a fortalecer la coalición Va por México”.

Pues sí lo asustaron, se echó para atrás y lo empinaron con la reforma constitucional a la Guardia Nacional que quería el Ejecutivo federal. Lo peor es que su cobardía es canallesca, al abusar de la diputada con discapacidad, Yolanda de la Torre, para meter al Pleno la ruta de escape que el propio López Obrador había anunciado desde el 12 de agosto, al pronunciarse por ampliar la permanencia de los militares en tareas de seguridad pública hasta 2028.

“Necesitamos una reforma constitucional, eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscarle la forma porque nos están bloqueando en vez de ayudar; hay la intención de que no podamos hacer nada y no les importa pues que se trate de asuntos que tienen que ver con la seguridad”, dijo en su mañanera de ese día.

Todo esto dice quién es el verdadero “Alito”, que, por salvar el pellejo, divide al PRI y fractura momentáneamente la alianza opositora. A menos -hipotéticamente- que el cochupo entre las fuerzas políticas vaya más allá: la reforma a la GN, por la electoral. Ya veré si me equivocó.

Al cierre de esta columna, la minuta de la Cámara de Diputados que reforma diversas leyes secundarias para entregar el control absoluto de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional, pasaría sin problemas en el Senado; la reforma al quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019, ya era cuestión de trámite, con el voto del bloque de la 4T a favor de la propuesta del PRI.

Pero me quedo con la sensación, de que “Alito”, el inexplicablemente rico, se pudo salvar de la persecución política de la 4T pero quién sabe cómo la libre al interior de su partido, porque el único “moralmente derrotado” -lo que son las cosas- terminó siendo él.

A menos, reitero, que la reforma constitucional de la Guardia Nacional haya sido pactada por la propia alianza, de ahí que la ruptura sea “temporal” y no definitiva. Porque en todo caso, con qué cara, el “moralmente derrotado” llamará al priísmo leal y congruente en el Estado de México y Coahuila, en 2023, a confiar en su liderazgo. Un escenario ideal, es que los priístas decentes favorezcan al candidato o candidata para la gubernatura en esos estados y manden a la tiznada al PRI de Morena. ¡Perdón! de Moreno.

Porque después de su cochinada, el “Alito” amenaza: “nadie, nadie, puede pensar que podemos ser competitivos si no vamos en la coalición. Todo mundo lo sabe. ¿Romper la coalición? ¿Quién gana? ¿El PAN solo? ¿El PRD solo? Este no es sólo un tema matemático, es un tema estratégico. (y todavía se burla) Aquí nadie le hace el trabajo al gobierno”…

Pero hay varios aspectos oscuros en torno a la seguridad pública, que en los hechos, ya esta bajo control de los militares. Nada más tuvimos que ver el informe de “Cero Impunidad” de ayer jueves, en la mañanera. Todas, todas las detenciones que reportó Ricardo Mejía, se les atribuyen a la Sedena.

Entonces, ¿qué harán las policías estatales y municipales? Nada más proteger malandros, porque desde la óptica presidencial, son corruptas. Por tanto, son un gasto inútil.

La lógica indicaría que con los 350 mil guardias nacionales que dijo AMLO tendrá al final de su sexenio, más los 400 mil soldados y marinos en seguridad pública, ¿para qué pinches mantener policías civiles?

De acuerdo al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 del INEGI y con actualización al 14 de febrero de 2022 (https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspe/2021/doc/cnspe_2021_resultados.pdf)

al cierre de 2020, la cantidad de personal adscrito a las instituciones encargadas de la función de seguridad pública de las entidades federativas fue de 225,544. Comparado con 2019, la cantidad de personal disminuyó 2.6% en 2020.

Para el estado de Michoacán, el mapa registra 729 servidores públicos, pero a pie de página una nota aclara que “la información sobre personal operativo se considera de carácter reservado”.

Por lo que toca al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX 2021 con actualización a febrero de 2022 (https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngmd/2021/doc/cngmd2021_resultados_seg_just.pdf) de los 2,452 municipios considerados en el levantamiento (no aplicó para las 16 alcaldías de la Ciudad de México), en 45 de ellos la seguridad está a cargo de otra autoridad estatal o federal; 23 no cuentan con institución, dirección o servicio de seguridad pública y de 8 no hubo información. Al cierre de 2020, el total de polimunicipales era de 189,495; de estos, solo 83,823 (50.6%) contaban con Certificado Único Policial.

El tema es ¿qué hará el Presidente -porque él es el único que manda- con los casi 415 mil policías estatales y municipales que hay en el país? ¿Lo mismo que con la Policía Federal? Ya lo veremos ahora que se reparta en presupuesto de Egresos 2023…

***

LA COMIDILLA

Se cumplió lo que anticipamos en este espacio: El presidente de la Jucopo del Congreso local y coordinador de la bancada de Morena, Fidel Calderón Torreblanca, nada más hizo el ridículo con el otorgamiento de la presea “Melchor Ocampo” 2022, a López Obrador.

Quiso quedar bien con el Presidente, y demostró que no opera ni una lagartija en laboratorio, pues se aprobó el decreto con solo 14 votos de 40 integrantes de la Legislatura.

Hace días, a pregunta de reporteras de la fuente de Congreso, la aun presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández, confirmó que el mandatario no viene a recibir la condecoración, incluso no hay certeza de que venga un mandadero -palabras mías- pues a casi dos meses de aprobada, no responde la Presidencia.

Así que se la pela la nueva mafia del poder en Michoacán para tomarse fotos con el Presidente, que por ciento, va para cumplir un año de no pararse en el estado. Pues ¿qué vio o que no le gustó?…

Entresemana| ¿Y la estrategia, Andrés Manuel?

Moisés Sánchez Limón

SemMéxico, Ciudad de México, 9 de septiembre del 2022.- Si grazna como ganso, tiene patas de ganso, plumas de ganso y pico de ganso… ¡es un canijo ganso!

¿Cambiar de opinión cuando el sexenio agoniza, licenciado Presidente? ¿Fracasa su Plan Nacional de Desarrollo?

¿Por qué no cambiar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y dejar de controlar a la Guardia Nacional bajo la falsa premisa de abrazos, no balazos?

Las preguntas tienen sustento a partir de este acto de contrición de Su Alteza Serenísima, respecto del cambio de opinión frente a la realidad que no es nueva en materia de inseguridad pública y se ha pretendido justificarlo con lo que reza el dicho: es de sabios cambiar de opinión.

Sí, pues, pero en el caso del licenciado Andrés Manuel I es aplicable la frase del filósofo prusiano Immanuel Kant, por cuanto a que “el sabio puede cambiar de opinión;  el necio, nunca”.

¿A poco no?

Mire usted, sin duda Su Alteza Serenísima es experto en esto de hacer política chicharronera, engañar con la verdad y negar su proceder negándose a sí mismo, porque el objetivo lo merece como el hecho de haber puesto en duda la vigencia de la Alianza Va por México. Y la jodió.

Porque Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, cumplió con su papel de operador y logró ofrecer en público a Rubén Moreira y Alejandro Moreno en calidad de piezas de esta cacería emprendida desde Palacio para torcer el brazo a la Constitución con el tema de la Guardia Nacional, en un debate que no fue al fondo.

La reforma a leyes secundarias prosperó en Cámara de Diputados y se concretó, con sus bemoles, en el Senado de la República. Y la Guardia Nacional pasa a la estructura administrativa y operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pero el daño está hecho. Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, y Jesús Zambrano que lo es del PRD, declararon en suspenso la Alianza Va por México y emplazaron a Alejandro Moreno (a) “Alito” a que se desista el PRI de impulsar en Cámara de Diputados la iniciativa de la legisladora duranguense Yolanda de la Torre que entraña una reforma constitucional al Artículo 21 y ampliar hasta 2028 la permanencia del ejército en la Guardia Nacional.

En frío es como hacerle la tarea transexenal a Su Alteza Serenísima.

“Alito” cambia de postura radical y se dice dispuesto a dialogar con los senadores del PRI que se han rebelado e incluso demandan su renuncia a la presidencia nacional del PRI.

“La Coalición (Va Por México) es fundamental para el país”, se atreve a invocar “Alito” y niega que haya diferencia con el PAN y el PRD pero, por supuesto no lo dice, una vez que ha cesado la persecución y marcaje personal ejercido en su contra por la licenciada Layda Sansores San Román, sedicente gobernadora de Campeche.

¡Total! Si no tengo tus besos, no me muero por eso, yo ya estoy cansado de tanto besar, diría en consonancia con Celio González y música de la Sonora Matancera, con ese desprecio por la urbanidad política el muchacho que vino de tierras de la mar calma a triunfar y hacer de las suyas.

¿Y cuándo se reúne con los senadores del PRI? “El día que quieran…”, responde al grupo encabezado por el culto Miguel Ángel Osorio Chong. A toro pasado, lo que venga, hasta las cínicas declaraciones.

He ahí al licenciado presidente que, desde su Palacio se despacha con la cuchara grande, en el ejercicio de la polaca; sí, la simple grilla.

–En algún momento usted, Presidente, mencionaba que, incluso en campaña, de llegar a la Presidencia haría que regresaran las Fuerzas Armadas o el Ejército, a los cuarteles y que eso le llevaría los primeros seis meses de su gobierno. ¿Cambió usted de opinión?—preguntó la colega Dalila Escobar a Su Alteza Serenísima en la mañanera del martes 06 de septiembre, el llamado Mes de la Patria.

Y enredándose en el lábaro patrio, con la vista al frente, voz firme, estudiada, y aplomo de la experiencia de la víctima de las circunstancias, del mártir que se ofrece a los leones en el Coliseo, Andrés Manuel I respondió:

“Sí, sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron”.

“¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad?”

“Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia, y eso es la base de la política de seguridad: el atender a los jóvenes, el mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la mayoría de los mexicanos, el combatir la pobreza, el combatir la corrupción, todo eso lo estamos haciendo, el que no se permita la impunidad (…)”.

–Y ahora con la creación de la Guardia Nacional y la solicitud de la adscripción a la SEDENA, la Guardia Nacional entonces ¿no es lo que usted esperaba para solicitar ya la adscripción a las Fuerzas Armadas?—insistió Dalia.

Y Su Alteza Serenísima, humilde, con la mirada perdida en el horizonte, en el papel de Gutierritos que acepta todo, respondió:

“Sí, pero necesitamos que no se eche a perder, como pasó con la Policía Federal. Y yo siento, y estoy convencido, de que debe de estar la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, una rama más, como la Fuerza Aérea, así la Guardia Nacional, con el encargo de garantizar la seguridad pública en coordinación con los gobiernos estatales —que son autónomos, son soberanos— y los gobiernos municipales, pero que exista una Guardia Nacional con disciplina, con profesionalismo, con honestidad”.

–¿Mando militar? — preguntó Dalila.

–Sí, y mando militar — concretó Su Alteza Serenísima Andrés Manuel I.

¡Ah!, un día antes, lunes 05 de septiembre de 2022 le preguntaron en la mañanera.

–El PRI está proponiendo una creación a nueve años para la Guardia, Presidente. ¿Esto sería a cambio de no enjuiciar a ‘Alito’ Moreno?

–Vamos a contestar ahora y también te contesto a ti—atendió el licenciado Presidente y se perdió en sus apreciaciones, el concepto personal de hacer política y negar lo dicho porque la patria es primero.

“Yo siempre he sostenido que las alianzas se hacen con el pueblo, no es algo de las cúpulas, como era antes. Y he sostenido que cada servidor público es responsable de sus actos y que no es de andar negociando, la política no es un toma y daca (…)”.

En serio, no se ría, porfis. Sí, sí, “Alito” ya fue hasta a desayunar con el secretario de la Defensa Nacional; sí, sí, Layda se amarró junto con sus perros y guardó, para otro momento, videos y grabaciones consecuencia del espionaje en las grandes ligas.

Lástima, lástima Margarito… la Alianza Va por México está en entredicho porque el bravucón negoció una salida que torció el brazo a la Constitución y allanó la ruta de la aprobación de cuatro reformas en leyes secundarias que acabaron con la discusión y la Guardia Nacional será un brazo más de la SEDENA. Y punto.

Lea, por favor.

–¿Usted entonces acompañaría esta propuesta de que sí se prolongue hasta 2028 con la iniciativa del PRI? Porque no llegó de Morena—planteó Dalila Escobar al dueño del poder en turno, el Duce, quien le respondió con esa profunda filosofía que seguramente abrevó de Kant:

“Yo pienso que hace bien el PRI en rectificar (…)”.

Y se jodió el escenario en la oposición.

Pero, bueno, el acto de contrición es buen guion para campaña. ¡Sí, sí, me equivoque, me equivoque!, diría con la voz entrecortada el licenciado Presidente.

Y sus huestes aplauden y sus fanáticos como Mario Delgado, gerente del corporativo Morena, y Gerardo Fernández Noroña, el sabelotodo de San Lázaro, están obligados a admitir que se equivocaron.

Y junto con el Santo Patrono de los otros datos, orarán por el futuro de “Alito”.

Pero, bueno, bueno. Ya que estamos en esto de admitir culpas, ¿por qué no cambiar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, toda vez que la Guardia Nacional ha demostrado que no puede reducir el alto índice de criminalidad en el país con abrazos?

¿Sí, sí, sí, me equivoqué… y qué? 

Con fundamento en lo previsto en el tercer párrafo del Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública presentada por la 4T,  “el Poder Ejecutivo tiene la facultad de formular y ejecutar políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y la de sus habitantes con el objeto de mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, y el mantenimiento del orden constitucional”.

Pero, dígame usted, ¿ha funcionado? No olvide lo dicho por Immanuel Kant: “el sabio puede cambiar de opinión;  el necio, nunca”. Conste.

COMO ME LO PLATICARON. En el PRI del Estado de México la lucha por la candidatura al gobierno estatal tiene buenos ingredientes y hasta se airea en la mañanera. Le dijeron al licenciado Presidente que Alejandra del Moral, actual Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, se ha gastado 50 millones de pesos en 300 espectaculares para posicionar su imagen de cara a las elecciones del próximo año.

«El fraude electoral ya está considerado como un delito grave», respondió Su Alteza Serenísima y le dio un raspón al gobernador Alfredo del Mazo. ¡Recáspita! Digo.

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Matan a mujer policía en Acapulco

Néstor Ortega Almeida Morales

SemMéxico/Ceprovysa, Acapulco, Guerrero, 9 de septiembre del 2022.- Esther, una mujer policía fue privada de la vida con arma de fuego mientras cumplía con su deber como elemento de seguridad.

El asesinato de la mujer policía fue en la calle Durango de la Colonia Progreso.

Personal de la Fiscalía General del Estado de la Policía Investigadora Ministerial, así como de la Policía Municipal, identificaron a la víctima como compañera de su corporación.

Asimismo, confirmaron que era escolta de la Directora de la Policía Auxiliar Preventiva.

En el lugar de los hechos encontraron 8 casquillos calibre 9 mm, y una motocicleta color negra con amarillo.

La víctima presenta impactos de bala en el abdomen.

El hecho fue desaprobado por el Municipio de Acapulco que, a través de un comunicado, reprueba la acción y señala que estaba adscrita a la Policía Auxiliar Preventiva.

Por lo que ratifica su compromiso de mantener acciones de prevención del delito y la delincuencia.

SEM/MG

Juego de Palabras| Prisión preventiva de oficio. ¿Qué sucedió entre la SCJN y Gobierno Federal?

Yaneth Tamayo Avalos

SemMéxico, Querétaro, 9 de septiembre del 2022.- Uno de los principales temas de controversia que hoy se discuten en el país, tanto por la comunidad jurídica como por la sociedad civil, tiene que ver con las declaraciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó respecto del proyecto de eliminación de la prisión preventiva de oficio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba discutiendo.

Declaraciones que generaron, por una parte, desinformación y por otra, la interferencia en las decisiones de los ministros de la SCJN, injerencia que en el último de los casos se traduce en la invasión a la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Para poder tener un contexto más amplio de lo que sucedió, es preciso analizar varios aspectos, entre ellos, la propuesta del ministro Luis María Aguilar, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades, así como del contexto social y lo que implica la figura legal de la prisión preventiva oficiosa en materia de derechos humanos.

Con respecto a la prisión preventiva oficiosa, se puede decir que esta figura se refiere a la privación de la libertad que sufre quién no ha sido sentenciado, con el objeto de asegurar su presencia durante un proceso penal. La prisión preventiva no se considera una pena; sin embargo, esta privación frecuentemente se prolonga de forma excesiva. Y opera cuando alguien es señalado por la Fiscalía de haber cometido un delito contenido en el Artículo 19 de la Constitución, aun ycuando su culpabilidad no se hubiera acreditado.

Ahora bien, qué se discutió en la Suprema Corte. Entre varios puntos, el ministro Luis María Aguilar propuso suprimir la imposición de la prisión preventiva oficiosa, por ser una figura contraria a los derechos humanos, ya que no garantiza la presunción de inocencia, no cumple con la garantía de audiencia y el debido proceso, pero, además se convierte en una sentencia anticipada, que en muchas de las ocasiones es impuesta sin que medie una investigación exhaustiva, un proceso o una resolución de condena. *

Es importante señalar que dicha propuesta no implicaba la eliminación de la prisión preventiva justificada, toda vez que esta sigue siendo necesaria, pero solo de manera excepcional y sopesada por elementos propios de cada caso.

En la prisión preventiva justificada el juez o jueza tiene que realizar un análisis con base en medios de prueba y circunstancias particulares (estudio de caso por caso), para determinar si la persona debe enfrentar su proceso penal en detención o existe otra medida adecuada que no ponga en riesgo el proceso.

Por el contrario, en la prisión preventiva oficiosa, la autoridad jurisdiccional omite realizar el análisis, pues le basta con que la Fiscalía señale la posible comisión de un delito, es decir, que se judicialice con base en un estándar de prueba muchas veces indeterminado.

Al respecto, en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionariado, rechazaron y calificaron la propuesta como un “atentado al Estado de Derecho”, enviando el mensaje a la ciudadanía que de aprobarse dicha supresión, se “terminará con la estrategia de seguridad y se provocará impunidad y corrupción en el país”.

“Independientemente de eso, imagínense que el juez o la jueza va a decidir, si una persona queda en libertad o se mantiene, si es el único, o sea se borra. Se borra al Ministerio Público y el derecho de las víctimas y ¿a quiénes se libera? A los que tienen dinero, a los que tienen influencia.Es hasta un riesgo para las y los jueces, porque es plata o plomo”. Andrés Manuel López Obrador.

«Si se elimina la prisión preventiva… 92,000 personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad». Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía.

De las anteriores declaraciones, se pudo percibir la indebida interpretación que le estaban dando a la propuesta examinada por la Suprema Corte, pues señalaban, la desaparición total de la figura de la prisión preventiva, cuando no era el caso.

Ya que, como se señala en líneas anteriores, lo que se buscaba era eliminar la oficiosidad de dicha medida e imponer a las autoridades judiciales la obligación de examinar los medios de prueba para determinar, en un caso concreto, si una persona sujeta a investigación debe estar privada de su libertad por cuestiones procesales y de seguridad.

Además, dichas declaraciones generaron dos posiciones encontradas; una que justificaba ante la ciudadanía, que la prisión preventiva de oficio es una herramienta de seguridad eficaz contra la incidencia delictiva; y otra, que trasladaba la responsabilidad a la SCJN de mantener la seguridad nacional, declaraciones que al politizarlas y mediatizarlas generaron presión en algunos de los ministros, de ahí que al momento de sesionar se pronunciaran por retirar el proyecto.

Pero, también a la par, generaron confusión e incertidumbre en la ciudadanía, lo que sigue contribuyendo a la desconfianza de las instituciones.

De ahí que, el tratamiento mediático que surgió de estas posiciones encontradas, solo contribuyó a restarle importancia al problema del uso desproporcionado de la prisión preventiva oficiosa, situación de la cual se percataron organizaciones civiles como INTERSECTA, quienes presentaron ante la Suprema Corte el análisis de casos y datos relevantes sobre el indebido tratamiento que se da a dicha figura legal.**

En lo que va de 2022, en México ha habido, en promedio, 225,628 personas privadas de la libertad. De las personas privadas de la libertad, aproximadamente el 94 por ciento son hombres y el 6 por ciento son mujeres.

De la misma cifra, el 41 por ciento ha estado en prisión preventiva. Es decir, en promedio, 93,227 personas han estado en la cárcel sin haber sido condenadas.

Actualmente, el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales, entre 2020 y 2021, registro el ingresaron 226,235 personas a los centros penitenciarios estatales del país. De éstas, el 83 por ciento entró a la cárcel sin contar con una sentencia.

De este porcentaje, se advierte que las personas en prisión preventiva desproporcionadamente provienen de grupos históricamente discriminados. El 54.1% de las personas en prisión preventiva son menores de 35 años, mientras que tan solo el 10.2% son personas mayores de 50 años.

Casi seis de cada diez personas en esta situación son económicamente más vulnerables, ya que apenas perciben menos de dos salarios mínimos mensuales, el 79.6% tenían dependientes económicos y casi el 50 por ciento tenían incluso dos o tres personas bajo su manutención.

Y un 17.9% son personas indígenas, afrodescendientes y de la comunidad LGBTIQ+. 

Las cifras aportadas representan solo una parte del problema. Pues el uso desproporcionado de la prisión preventiva en algunas ocasiones ha sido utilizado como móvil para ejercer venganzas políticas.

Caso Alejandro Gertz Manero.

En julio del 2020, una jueza de delitos no graves, ordenó la aprehensión por homicidio doloso de Laura Morán Servín (pareja de Federico Gertz Manero) y de su hija Alejandra Cuevas Morán.

En una detención ilegal, Alejandra Cuevas Morán fue encarcelada mediante prisión preventiva oficiosa, sin que se existiera medio de prueba con el que se acreditará el homicidio del hermano del Fiscal. En el 2021, un Tribunal de Enjuiciamiento, confirmó el auto de formal prisión.

La SCJN atrajo el asunto y ordenó cancelar la orden de aprehensión contra Laura Morán, cuñada del fiscal, y liberar inmediatamente a su hija, Alejandra Cuevas. 

El caso, es controversial porque se señala al fiscal de usar su posición para vengarse de su cuñada y exigir de su familia política objetos personales de su hermano y la devolución de piezas artísticas con valor de 20 millones de pesos, un cheque por 3,5 millones de pesos, entre otros bienes.

Caso Rosario Robles

La ex-secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quedó en libertad el pasado 19 de agosto tras pasar tres años en prisión luego de que un juez la vinculará a proceso y le dictará prisión preventiva justificada por ejercicio indebido en el servicio público a causa de su omisión en evitar un daño patrimonial por 5,073 millones de pesos cuando encabezaba las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Fue así que a pesar de que este es un delito no era grave, el juez dictó prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga por «no tener arraigo en la Ciudad de México».

Figura jurídica que no es aplicada a casos cuyo riesgo es más alto.

Caso Emilio Lozoya Austin

Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, detenido en febrero de 2020 en Málaga, España y extraditado ese mismo año, está acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En las primeras audiencias de Lozoya en México un juez aceptó que el exfuncionario siguiera su proceso en libertad condicional, argumentando que los delitos por los que se le acusa al ex-director de Pemex no ameritaba prisión preventiva y que la Fiscalía General de la República no la había solicitado.

En estos casos se puede observar otra cara del uso indebido que se hace de la prisión preventiva de oficio y cuyo uso parece selectivo. Acción que no reprueba el titular del Ejecutivo Federal.

Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano, lo entiendo, entonces él quiere que se haga justicia. Andrés Manuel López Obrador, opinando del caso Gertz Manero y Alejandra Cuevas Morán.

Para concluir este tema, es preciso tener en cuenta que la función que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que ver con la obligación de todas las autoridades del país en promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos.

Y que el hecho de tratar de suprimir la prisión preventiva oficiosa, obedece a una serie de denuncias internacionales en las que se ha responsabilizado al Estado Mexicano, por el abuso que han hecho de figuras jurídicas penales en las que se han realizado detenciones arbitrarias, tortura y violaciones al debido proceso.

Ejercer presión en las decisiones de los ministros, atenta contra la autonomía e independencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

*El catálogo de delios y la prisión preventiva oficiosa se encuentra contenida en el Artículo 19 de la Constitución Mexicana (CPEUM) y en el Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, y delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

** https://drive.google.com/file/d/1idnwRrBMZX8U8Tj0lYeVciOCjsy1cPdl/view

Opinión CLADEM| Suicidio y violencia contra las mujeres

Lorena Díaz*

SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 9 de septiembre del 2022.- Este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio, problemática de entorno a la salud mental que hoy en día todavía tiene prejuicio y tabú lo que propicia que no se habla de ello.

La Organización Mundial de la Salud indica que cada año 700,000 personas se quitan la vida, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Número que ha incrementado a raíz de la pandemia por Covid-19; el encierro, aislamiento y miedo han sido algunos factores que han sumado en este periodo para el incremento de casos de suicidio. Ahora, las cifras indicadas son de las personas que han llevado a cabo el suicidio, sin embargo, esta cifra solo es la punta del iceberg ya que existe un número mucho mayor de personas que lo han intentado por lo menos una vez en su vida, y muchas más que ya lo ha llegado a planear, pero aún no lo realizan.

Si bien, el número de suicidios en su mayoría es por hombres, el 79 por ciento en Latinoamérica según la OMS, es importante visibilizar qué pasa con los casos de mujeres que se quitan la vida y qué relación pueden tener con la violencia contra las mujeres.

Las causas del suicidio son multifactoriales, particularmente en México pueden ser causas el poco acceso a los servicios de salud pública, siendo un profesional de la salud por cada diez mil habitantes. Educación y vivienda habiendo un rezago importante a nivel nacional en ambos rubros, además de la crisis económica que afecta a la mayoría de la población en el país. Eventos altamente estresantes, desgaste profesional, sobrecarga, desesperanza; abandono o rezago académico. Trastornos mentales relacionados al suicidio como depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia.

Aunado a lo anterior, el vivir violencia por razones de género es un factor más que se suma a las causas de suicidio en las mujeres. La violencia contra la mujer afecta de manera importante también la salud mental, desde la violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y vicaria. Si a esto se le agregan la falta de redes de apoyo, la nula acción del gobierno en brindar mecanismos de protección y atención, un contexto económico complejo, el suicidio se comienza a ver como una ruta de salida de esta situación. La persona que decide suicidarse realmente no quiere morir, quiere dejar de sufrir y por ello se vuelve esta ruta de salida.        

Por ello es necesario hablar de este tema, las mujeres que viven violencia tienen un contexto de causas que pueden llegar a este suicidio, sobre todo en los casos cuyas vidas y las de sus hijas e hijos corren peligro por el agresor, se puede decidir quitarse la vida en lugar de ser asesinadas, esto es desgarrador.

En México aún está pendiente tipificar el suicidio feminicida, siendo Jalisco el único estado del país que cuenta con esta tipificación dentro del Código Penal desde noviembre del 2020 con el nombre de “Inducción o ayuda al suicidio feminicida”. El suicidio feminicida es lo que se ha mencionado en el párrafo anterior, hay un nivel de violencia extrema hacia la mujer y por las condiciones complejas ya descritas se decide el suicidio, dejando impune un feminicidio y recayendo la culpa en la mujer. En Jalisco se han investigado solo 9 casos bajo este delito desde la tipificación hasta enero del 2022, aún falta mucho por hacer ya que son 10 feminicidios al día en México y Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional, considerando que no se contabiliza el suicidio feminicida dentro de estos 10 feminicidios al día, seguramente sería una cifra más alta de tener la visibilidad de estos casos de “feminicidio sin mancharse las manos”.

*Mtra. Psicoterapia Interdisciplinar

lorediazorozco@hotmail.es

Colaboradora de CLADEM Jalisco

Feminicidios sin tregua en Chiapas, Fabiola la última víctima

  • Segundo feminicidio que se reporta públicamente en los primeros días de septiembre en Chiapas.
  • Chiapas mantiene Alerta de Violencia de Género en 7 municipios y tiene un programa de trabajo en la región de Los Altos.

Gabriela Coutiño

SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 de septiembre del 2022.- El cuerpo sin vida de una mujer con huellas de violencia, fue hallado la tarde de este jueves en el tramo carretero San Cristóbal de las Casas – Oxchuc.

Este sería el segundo feminicidio que se reporta públicamente en los primeros días de septiembre en Chiapas. Apenas el pasado 1 de septiembre, se reportó el feminicidio de Guadalupe, una joven del municipio de Ocosingo, cuyo cuerpo violentado fue tirado en un camino de terracería. Dos días después su presunto feminicida identificado como José Martín “N”, fue detenido.

Este jueves usuarios de la red social de Facebook empezaron a circular una fotografía, donde mostraba a la joven tirada a la orilla de la carretera con la blusa levantada.

«Por si alguien la conoce, está tirada en el camino de Kistoljá», decía la leyenda que le fue colocada a la foto.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado, informó que recibió el reporte de la Policía Municipal de Oxchuc en la región Tseltal que le informaba del hallazgo del cuerpo de una joven que fue identificada como Fabiola, a la altura del paraje Kistoljá.

La dependencia afirmó que de inmediato elementos de servicios periciales y policía de investigación adscritos a la Fiscalía contra Feminicidio procedieron al levantamiento del cadáver, dando inicio a las investigaciones, con estricto apego al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la investigación del delito de Feminicidio.

El estado de Chiapas, mantiene Alerta de Violencia de Género solamente en 7 municipios de la entidad, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán, Chiapa de Corzo, Villa Flores y Tonalá; y tiene un programa de trabajo nada más en la región de Los Altos.

SEM/MG

SEGOB y DDHPO respaldan iniciativa de sociedad civil para fortalecer protección de personas defensoras y periodistas en Oaxaca

  • Oaxaca es el segundo estado con mayores asesinatos de personas defensoras y el quinto con mayores datos de asesinatos de periodistas, uno de los estados prioritarios para la SEGOB. 
  • La iniciativa responde también a la descoordinación y falta de respuesta gubernamental.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 8 de septiembre del 2022.- El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del gobierno federal, Enrique Irazoque Palazuelos, y el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, respaldaron este jueves la iniciativa de reformas legales para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos presentada por organizaciones civiles del estado.

Durante el foro “Hacia un nuevo sistema de protección a personas defensoras y periodistas” convocado por 38 organizaciones civiles de Oaxaca, ambos funcionarios llamaron a las diputadas y diputados del Congreso del Estado a analizar la iniciativa ciudadana que, consideraron, contribuirá a fortalecer las capacidades de las instituciones locales en materia de protección a periodistas y personas defensoras.

Este jueves 8 de septiembre, en Casa de la Ciudad, Irazoque Palazuelos enfatizó que la propuesta ciudadana es particularmente creativa, al fortalecer mecanismos y herramientas ya existentes, en lugar de crear nuevas instancias, y destacó su enfoque integral, al buscar combatir la impunidad sobre los agravios a las personas cometidos por defender los derechos humanos o por el ejercicio de la libertad de expresión.

Reiteró la petición de que el Congreso de Oaxaca analice la propuesta y la aproveche, pues las medidas legislativas ahí propuestas, fortalecerán la coordinación de las instancias locales con la Federación, y de esa manera, contribuyen también a la construcción de una nueva política nacional en la materia.

Señaló que, por ser el segundo estado con mayores asesinatos de personas defensoras y el quinto con mayores datos de asesinatos de periodistas, Oaxaca es uno de los estados prioritarios para la SEGOB.

Por su parte, Rodríguez Alamilla destacó que uno de los enfoques importantes de la propuesta de reformas es “darle más dientes” al órgano defensor de derechos humanos que él preside, con mayor posibilidad de exigencia y sanciones a funcionarios públicos. También ponderó de manera positiva que la propuesta busque garantizar medidas cautelares y obligar al funcionariado a actuar de inmediato en caso de agresiones a periodistas y personas defensoras.

José Carlos Fuentes Ordaz, titular de la representación de la SEGOB en Oaxaca, recalcó que la iniciativa es de transcendencia para garantizar la protección a personas defensoras y periodistas en Oaxaca, estado que ocupa el segundo lugar a nivel nacional de personas defensoras y periodistas incorporadas en el Mecanismo de Protección de esa dependencia, con un total de 155 personas incorporadas, 131 personas defensoras y 24 periodistas. 

El foro fue moderado por Marcos Leyva Madrid, director de Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y contó con la participación de Yésica Sánchez Maya, del equipo directivo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Pedro Matías Arrazola, periodista, corresponsal de la Revista Proceso y fundador de Página 3; Irazoque Palazuelos, Fuentes Ordaz y Rodríguez Alamilla.

Durante el evento se analizó la iniciativa ciudadana que busca adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, el Código Penal para el Estado, la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La iniciativa fue entregada al Congreso del Estado el pasado 22 de agosto.

Yésica Sánchez Maya presentó la propuesta y explicó que se da en el contexto del impulso a nivel federal a la construcción de una ley general en materia de prevención y protección a periodistas y personas defensoras. Precisó que la iniciativa ciudadana busca responder a la situación, necesidades y especifidades de Oaxaca en paralelo del proceso nacional.

Agregó que la iniciativa que responde también a la descoordinación y falta de respuesta gubernamental, se centra en tres vertientes: el garantizar la labor, el exigir la protección a la labor y el sancionar a perpetradores de agravios contra personas defensoras y periodistas, así como al funcionariado que genera permisibilidad e impunidad por su actuar deficiente, cómplice, negligente u omiso.

Pedro Matías Arrazola explicó que la aprobación de esta propuesta es urgente frente a los altos índices de impunidad y simulación gubernamental en todos sus niveles. Compartió al respecto cifras particularmente preocupantes de la organización Artículo 19, que en México ha registrado 156 asesinatos de periodistas del 2000 a la fecha, 15 de ellos en Oaxaca.

Recalcó que la iniciativa establece instrumentos punitivos, encaminados a incrementar sanciones penales y administrativas en contra de quienes no garantizan y obstaculizan la protección y labor de defensa de derechos humanos y periodismo en Oaxaca.

Las y los participantes al foro concluyeron el evento reafirmando la urgencia y necesidad de aprobar las reformas confiando en el compromiso de la LXV legislatura en la materia.

SEM/MG

Senadoras y senadores: ¡cumplan su compromiso! NO a la militarización del país; Resistencia Feminista

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  • El Ejército tiene 759 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el uso de la fuerza desproporcionada, por violaciones graves a los derechos humanos, abuso y violación sexual.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 8 de septiembre del 2022.- La Red Feminista antimilitarista insiste en que el Senado de la República no debe aprobar las iniciativas presidenciales para enviar a la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa Nacional y les recordó que el ejército tiene 759 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el uso de la fuerza desproporcionada, por violaciones graves a los derechos humanos, abuso y violación sexual.

Al menos 435 organizaciones firmaron una petición, y en redes sociales han circulado posicionamientos, advertencias, afirmaciones, para evitar que se dé este paso, que en el Senado se aprueba ahora.

Advierten las feministas que este paso, elimina la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, profundizando la militarización cívica y pone en vilo toda tradición pacifista.

El Instituto Simone de Beauvoir difundió en redes sociales que el Senado está votando ahora, y señala que desde la #RedFeministaAntimilitarista “exigimos que se rechace este proyecto que viola estándares internacionales de Derechos Humamos; senadoras y senadores: ¡cumplan su compromiso!”.  

También en twits afirman “no a la militarización en México, otras soluciones son posibles. Construyamos en colectivo y desde nuestras diversidades, una estrategia de seguridad que no implique más muertes.  Pensemos y actuemos en conjunto #RedFeministaAntimilitarista  #GuardiaMilitarNo”.

Otro twit creado es Resistencia Feminista Mexiro A.C. y afirman que desde mexiro se hace un enérgico llamado a senadoras y senadores a votar en contra.

Se movilizaron esta mañana en las puertas del Senado de la República, donde pretendieron hacer una clausura simbólica.

@ResiFeminista

SEM/MG

¡Si es militar, es patriarcal!

¡No a la institucionalización de la militarización de la seguridad pública en el país!

Llamado a cuidar el sistema democrático y combatir directamente a la delincuencia: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

  • Para erradicar la delincuencia organizada, el Estado mexicano debe enfrentarla con nuevos enfoques y con mejor inteligencia, Cárdenas.

Elda Montiel      

SemMéxico, Ciudad de México, 8 de septiembre del 2022.- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano enfatizó que sin democracia electoral no funciona un sistema democrático, por lo que hizo un llamado a cuidar que los avances logrados en este campo, no vayan a revertirse, en su homenaje en el Palacio de Minería por parte de la UNAM y El Universal con el Coloquio Democracia y Futuro de México. 

Se refirió a la persistencia de la ciudadanía en participar en elecciones, a pesar de los reiterados fraudes instrumentados por el Estado de 1988 de ahí en adelante, ninguna elección federal ni local ha sido cuestionada porque los votos se hayan contado mal, otros han sido los motivos de inconformidad, principalmente la presencia de dinero sucio, ilegal, y la intromisión ilegal del funcionariado para inclinar en un sentido determinado los resultados electorales.

Respecto a la inseguridad advirtió que, para erradicar la delincuencia organizada, el Estado mexicano debe enfrentarla con nuevos enfoques y con mejor inteligencia. «No puede descartarse el combate directo, pero debe ir precedido de mejor inteligencia y de una eficaz coordinación en el terreno internacional, dando prioridad a combatir aquellos delitos que más afectan y que más resiente la población: el secuestro, la extorsión, la trata».

La presencia del Estado debe ser permanente, no ocasional en todas las porciones del territorio con proyectos productivos y de infraestructura, implantación de innovaciones tecnológicas, mejor procuración y administración de la justicia, con la presencia de la sociedad y sus organizaciones.

Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente del Consejo de Administración de “El Universal” calificó a Cuauhtémoc Cárdenas como un personaje fundamental en la historia de la transición democrática de México, que nunca ha claudicado y por ser un símbolo genuino y honesto de la dedicación a las mejores causas de nuestro país.

Mónica Barrera Rivera, presidenta de la academia de Ingeniería de México, destacó la innovación de esta institución al haber elegido una mujer democráticamente para presidirla, cuando las mujeres representan el 4 por ciento de ingresos en los 50 años que tiene de vida. “Lo mencionó, dijo, porque el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha apoyado la igualdad de género”.

Destacó que la ingeniería construye el patrimonio tangible de los países, pero también ha construido el camino para la transición democrática del país al igual que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

“La democracia se construye y defiende todos los días como una obra de ingeniera para mejorarla y preservarla y no para destruirla”, afirmó.  

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Carlos Agustín Escalante, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; Mónica Barrera Rivera, presidenta de la Academia de Ingeniería de México y Ernesto Velázquez Briseño, coordinador del Consejo Editorial Consultivo de EL UNIVERSAL.

SEM/MG

La voz del gremio periodístico no debe ser silenciada, Blanca Lilia Ibarra Cadena

  • Cada 14 horas una o un periodista es agredido, según Informe de Artículo 19.

Micaela Márquez

SemMéxico, Ciudad de México, 8 de septiembre del 2022.- La Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, en la inauguración del 2º Foro Internacional Transparencia y Periodismo, expresó que “el periodismo es voz, denuncia y exigencia, pero no debe ser muerte, censura o silencio”. Por lo que considera como urgente la creación de esquemas de libertad de expresión, así como mecanismos de protección y cuidado para el gremio periodístico.

“Las y los periodistas que nos faltan, fueron silenciados/as, pero sus historias, como su memoria, deben mantenerse vivas”, aseveró.

De acuerdo al Informe de Artículo 19, en el primer semestre del 2022, han registrado más de 331 agresiones, una agresión cada 14 horas. 

La también presidenta del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) sostuvo que la información pública sirve para poner en claro y en voz alta, los datos que interesan y duelen a la sociedad, como el de las y los periodistas asesinados en el país, expresó en dicho foro, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO Ciudad de México).

Refirió que el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que “uno de los principales problemas que enfrenta la libertad de expresión en México, es la violencia letal en contra de las y los periodistas”.

A manera de homenaje, Blanca Lilia Ibarra, nombró a las y los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su labor en lo que va del año y pidió al público brindar un minuto de aplausos en su memoria.

Arístides Rodrigo Guerrero García, presidente del INFO Ciudad de México, afirmó, “hoy se ha visto cómo ha transitado el periodismo habitual en medios escritos a un periodismo digital, más ágil y que ofrece la posibilidad de conocer los acontecimientos en el momento que suceden. Lo que implica una mayor responsabilidad para los organismos garantes de la transparencia y protección de datos personales”.

Los trabajos del foro -que se dio lugar en el Museo Memoria y Tolerancia- fueron inaugurados por el Comisionado del INFO Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez; en el acto participaron el Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil Rodríguez y el Catedrático de la UNAM, Santiago Nieto Castillo.

Estuvieron presentes las Comisionadas del INFO Ciudad de México, Marina San Martín Rebolloso y María del Carmen Nava Polina; así como representantes del gremio periodístico, de los órganos garantes de las entidades federativas y de instituciones públicas de la capital del país.

SEM/MG

Dan a conocer Protocolo contra hostigamiento laboral al interior de la Cámara de Diputados

  • También se vieron propuestas para diseñar planes de emergencia personalizados y concientizar sobre la importancia del respeto a los espacios de uso exclusivo.

Micaela Márquez

SemMéxico, Ciudad de México, 8 de septiembre del 2022.- Se llevó a cabo la segunda reunión para institucionalizar la política de Igualdad y no Discriminación al interior de la Cámara de Diputados donde se puntualizó la importancia de contar con un protocolo sobre conductas discriminatorias, acoso y hostigamiento laboral.

Su objetivo es establecer los tramos de responsabilidad y líneas de acción de cada unidad competente, para garantizar la institucionalización de la perspectiva de género y el enfoque en derechos humanos y difundir el protocolo para que el personal de la Cámara sepa lo que puede recibir cuando se acerque a solicitar apoyo, expresó Yuriria García Núñez.

La directora general de la Unidad para la Igualdad de Género, y secretaria técnica del Comité expresó que la Cámara de Diputados puede ser ejemplo para otras instituciones en esta materia. “Somos la casa del pueblo, entonces hay que ofrecer las mejores condiciones; si lo hacemos, sentamos bases y les aseguro que en toda la República se puede repetir”.

También se presentó la propuesta de Política de Igualdad y No Discriminación, cuya meta es que no sea vigente únicamente por una Legislatura, sino permanente y que no cambie debido a voluntades políticas.

Incluye monitorear y evaluar prácticas de igualdad y no discriminación, capacitar en derechos humanos, así como un protocolo de atención a solicitudes con perspectiva de género. Además, la actualización de denuncias vigentes, garantizar procesos de ingreso y ascenso en igualdad de oportunidades, fomentar el lenguaje incluyente, impulsar el desarrollo profesional y mejorar la productividad laboral. 

Yuriria García Núñez expresó también que en la Unidad para la Igualdad de Género, se escuchará la narración de hechos, la asignación de un folio garantizará confidencialidad y habrá atención médica y psicológica.

Cuando se denuncie, el caso se canalizará a la instancia que corresponda, a fin de dar el seguimiento y la aplicación de un proceso restaurativo, además de generar medidas de no repetición.

También se vieron propuestas para diseñar planes de emergencia personalizados y concientizar sobre la importancia del respeto a los espacios de uso exclusivo.

Asimismo, se recomendó readecuar las instalaciones sanitarias, reajustar su mobiliario para que sea accesible, instalar puertas electromagnéticas, revisar que las rampas respeten la normatividad en la materia y establecer directorios auditivos en los elevadores y otros puntos de San Lázaro.

SEM/MG

Piden a líderes mundiales garantizar una educación primaria gratuita

  • 244 millones de niñas y niños no van a la escuela.
  • Proponen crear un nuevo tratado internacional que proteja el derecho de la niñez y de la juventud a acceder a una educación gratuita.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 8 de septiembre del 2022.- La niñez de las familias que viven en situación de pobreza, tienen menos posibilidades de acceder a una educación. La mayoría de las madres y de los padres, simplemente, no pueden pagar la matriculación. Por lo que, galardonadas/os con el premio Nobel de la Paz, relatores/as especiales de la ONU retirados/as y en activo, expertas y expertos en derechos de la infancia, ONGs, activistas por la educación y la ciudadanía de todo el mundo, proponen crear un nuevo tratado internacional que proteja el derecho de la niñez y de la juventud a acceder a una educación gratuita; desde nivel preescolar, hasta el final de secundaria.

244 millones de niñas y niños no van a la escuela -cifra mayor a la de la población de Brasil- que se le está negando la oportunidad de aprender.

¿Cómo se puede lograr el mundo que se quiere? ¿Cómo resolver la crisis climática? ¿Cómo hacer justicia cuando cuatro de cada diez niñas y niños, ni siquiera acaban la escuela secundaria?

Cuestionamientos imposibles de responder. Por consiguiente, se expresa UNA GRAN IDEA, aseveran que puede funcionar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos se vieron en la obligación de garantizar una educación primaria gratuita, y en la actualidad, más del 87 por ciento de los niños y de las niñas, terminan la escuela primaria. Ahora se debe hacer algo igual de transformador, que TODOS/AS las niñas y niños acudan a la escuela.

Cabe mencionar que no se trata únicamente de un salvavidas para la niñez. Esto representa un salvavidas para la humanidad. La educación de la niñez es una de las soluciones más efectivas de las que se disponen para combatir el cambio climático.

Pero, viéndolo así, que se use ese salvavidas. ¡Que se amplié YA el derecho a la educación gratuita!

“Con esperanza y determinación”:

Firmantes:

  • Vanessa Nakate, activista ugandesa por la justicia climática y fundadora del movimiento por el clima Rise Up
  • Malala Yousafzai, activista por la educación y ganadora del premio Nobel de la Paz
  • Angeline Murimirwa, directora ejecutiva – Africa, CAMFED
  • Bert Wander, director general en funciones, Avaaz
  • Carol Bellamy, ex-directora ejecutiva de UNICEF
  • Chernor Bah, co-fundador de A World At School y Purposeful; ex-jefe del grupo consejero de la juventud, Global Education First Initiative
  • Eider Gardiazábal Rubial, eurodiputada, S&D, España
  • Elina Pekkarinen, defensora de la juventud de Finlandia
  • Enayat Nasir, director gerente de Aid Afghanistan for Education
  • Jaap Doek, ex-presidente del Comité de los Derechos del Niño
  • Janna Jihad, joven activista palestina
  • Jayathma Wickramanayake, enviada para la juventud del secretario general de las Naciones Unidas
  • Jody Williams, ganadora del premio Nobel de la Paz
  • Jonás Fernández Álvarez, eurodiputado, S&D, España
  • Lothar Krappmann, ex-miembro del Comité de los Derechos del Niño
  • Malala Fund, organización internacional sin fines de lucro que aboga por la educación de las niñas. Fue cofundado por  Malala Yousafzai, la activista pakistaní por la educación femenina y la premio Nobel más joven.
  • Manal Moussane, representante juvenil de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y seguridad
  • Moushira Khattab, miembro del Comité Africano de Expertos en Derechos y Bienestar de los Niños; ex-miembro del Comité de los Derechos del Niño
  • Nujeen Mustafa, escritora y defensora siria de los derechos de los discapacitados y los refugiados
  • Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos
  • Pashtana Durrani, fundadora y directora ejecutiva de LEARN Afghanistan
  • Paulo Sérgio Pinheiro, ex-experto independiente del secretario general de la ONU para el Informe mundial sobre violencia contra los niños
  • Philip Alston, ex-relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos
  • Rahmatullah Alizai, director ejecutivo de Social Association for Development of Afghanistan (SADA)
  • Rahmatullah Arman, presidente y fundador de Teach for Afghanistan
  • Rosa María Ortiz, ex-comisaria de derechos de la infancia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
  • Victor Negrescu, eurodiputado, S&D, Rumanía; vicepresidente del Comité de Cultura, Educación, Juventud, Medios y Deportes
  • Yasmine Sherif, directora de Education Cannot Wait

SEM/MG