Tapachula, entre los municipios con más feminicidios
Del total de víctimas por Feminicidio del 2022, se tiene registrado que 8 eran madres.
Gabriela Coutiño
SemMéxico. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 28 de junio del 2022.- Cuatro feminicidios sellaron la antepenúltima semana de junio en Chiapas. Olga, fue asesinada de un balazo por su ex esposo en Pueblo Nuevo Solistahuacán; a Celiflora, su pareja le disparó en su casa del municipio de Chicomuselo y después se ahorcó; en Bochil, el cadáver de una mujer fue abandonado a la orilla de un arroyo el sábado; el asesinato de una más de identidad desconocida de 30 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado a la orilla del río Suchiate en la frontera con Guatemala, son las víctimas más recientes de la violencia contra las mujeres.
De acuerdo a información del mecanismo, Alerta de Género en Chiapas, la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, creció un tercio en la entidad. Tapachula presenta el mayor número de casos, le sigue Ocosingo, Pichucalco, Salto de Agua, estos últimos no tienen una declaratoria.
Pero la mayor incidencia delictiva contra las mujeres se presenta en los municipios de Comitán, Frontera Comalapa, Metapa de Domínguez, Mazatán, Amatenango Del Valle, Suchiapa, Huixtla, Benemérito de las Américas, Tuxtla Gutiérrez, Chamula, San Juan Cancuc, Juárez, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Villa Comaltitlán, Suchiate, Tapachula, Pichucalco, San Cristóbal de las Casas, Salto de Agua, Las Rosas, La Concordia y Ocosingo.
De enero a mayo del presente año, se contabilizan 15 víctimas de feminicidio, mientras que en los primeros cinco meses del año pasado se registraron 24 víctimas.
Amas de casa, las víctimas de feminicidio
Las mujeres amas de casa, son las principales víctimas de feminicidio en Chiapas, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado y del mecanismo de Alerta de Violencia de Género dependiente de la Secretaría de Gobierno.
De las últimas cuatro víctimas, Olga y Celiflora, se dedicaban al hogar. De la mujer hallada junto a un arroyo en el municipio de Bochil y la encontrada entre los matorrales del río Suchiate, las autoridades no han dado a conocer su identidad y ocupación.
El pasado miércoles 22 de junio, el cuerpo de Olga Villatoro Gómez, fue encontrado en un terreno baldío cerca de un colegio del barrio Lindavista. Tenía golpes y un balazo en la cabeza. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Olga fue atacada por su ex esposo Alfredo quien huyó del lugar.
Celiflora, se encontraba el domingo 26 de junio en su casa en la colonia Raizal del municipio de Chicomuselo en la región de la Sierra, hasta donde llegó su esposo Jorge Alvarado para agredirla con un arma de fuego quitándole la vida. La Fiscalía General del Estado informó que horas después se localizó el cuerpo sin vida de Jorge, el cual pendía de un árbol ubicado junto a la cancha de fútbol del ejido Tapizala de la misma localidad.
De la víctima de Bochil, solo se cuenta con el reporte de la policía que señaló que el sábado 25 de junio a las 21:35 horas aproximadamente, localizaron en El Barrio Morelos a la orilla de un arroyo, el cuerpo sin vida de una mujer que presenta tres heridas provocadas por arma blanca, una en el cuello, otra en el pecho y la tercera en el abdomen.
El pasado 21 de junio, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer en estado de putrefacción a la altura del ejido Rayón a la orilla del río Suchiate, que sirve de línea divisoria entre México y Guatemala. El reporte de la Policía Estatal Preventiva consignó que la víctima tenía aproximadamente 30 años y “se le encontró en posición decúbito abdominal; con signos de violación”.
Sanciones a quienes no respeten la perspectiva de género.
La impunidad es una problemática estructural e incapacidad de las instituciones.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 28 de junio del 2022.- En el 2021, se reportó la cifra más alta de feminicidios desde que comenzaron los registros en el 2015. Cabe mencionar que solo el 25 por ciento de los asesinatos se registran como feminicidios. Las desapariciones de mujeres alcanzaron un máximo histórico, al pasar de 1,894 a 2,795 en 2021. Según datos de La Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaria de Gobernación, la mayoría de las victimas están entre los 15 y 19 años de edad.
Casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales; en el 97.3 por ciento de los casos de violación no hubo una denuncia o no se inició una investigación. El 99.7 por ciento de los crímenes de violencia sexual queda impune. (INEGI 2021).
Por ello, Patricia Galeana Herrera, fundadora y directora del Museo de la Mujer de la UNAM advirtió que hay una aceptación social de la violencia contra las mujeres propiciado por los atavismos patriarcales, por lo que planteo acciones prioritarias que se tienen que tomar para establecer el Estado de Derecho. La impunidad es una problemática estructural e incapacidad de las instituciones, aunado a la inacción del estado en los tres poderes y niveles de gobierno, expresó.
Lo anterior, se da dentro del conversatorio híbrido, “10 de junio de 2011. La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos 11 años después ¿Cuáles son los avances de los derechos de las Mujeres?”, organizado por la Federación Mexicana de Universitarias A.C y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La doctora Galeana refirió que México ocupa vergonzosamente el primer lugar de violencia sexual infantil en la OCDE y la desigualdad en la brecha salarial entre hombres y mujeres en México equivale al 50 por ciento, de acuerdo a datos del Foro Económico Mundial de Davos. Así como las acciones de nuestro país en derechos humanos, ya que México fue a la vanguardia en reconocimiento a los derechos humanos. Se detiene al estado para que no arrolle los derechos de la ciudadanía y se defiende la igualdad jurídica, en el siglo XIX con las garantías individuales. México abolió la esclavitud, también se dio la libertad de creencias y también fue a la vanguardia en incorporar a la Constitución de 1917 los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad. Pero fue a la zaga en los derechos de las mujeres y comunidades indígenas.
A 11 años de la reforma constitucional sobre derechos humanos, que en nuestro país marca un antes y un después en los principios pro persona y progresividad, la violación a los derechos humanos de las mujeres siguen siendo una constante a pesar de que, desde el 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó al Estado Mexicano, emprender acciones eficaces para acabar con la impunidad, como cumplir con la legislación, así como el conocimiento de los tratados internacionales para exigir su vigencia, la creación de políticas públicas afirmativas para promover una cultura de igualdad sustantiva. El considerar incluir la enseñanza de derechos humanos y el enfoque de género desde preescolar hasta posgrado. Reforzar la educación sexual en los programas desde quinto de primaria. Educación informal mediante la difusión masiva de contenido con enfoque de género y la construcción de nuevas masculinidades.
Por su parte, la doctora Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Catedra Unesco de los Derechos Humanos de la UNAM, coincidió con la doctora Galeana en que se requiere la aplicación de la legislación y el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Se requiere analizar, dijo, cómo se incumplen porque no se puede permitir ningún retroceso en los avances logrados y tenemos la responsabilidad de escuchar las voces de la cuarta ola feminista, que ya se cansaron y exigen acciones inmediatas ante la violencia contra las mujeres, que no tiene límites y sanciones a quien no respete la perspectiva de género sobre todo en los ámbitos jurisdiccionales.
También señaló que, tras la reforma a la Constitución, los derechos Humanos contenidos en los tratados internacionales adquieren el mismo nivel jerárquico que los derechos establecidos en la Carta Magna. Fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013 al determinar que los derechos humanos constitucionales y de fuente convencional tienen rango constitucional, y son parámetros de validez de las demás normas del ordenamiento.
Además, decidió que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos será vinculatoria para los jueces nacionales incluso en aquellos casos en los que el Estado mexicano no se parte, con lo que se afianzo el llamado control de convencionalidad.
Atención en programas y políticas públicas: los temas de las recomendaciones
En un análisis de las recomendaciones internacionales de derechos de las mujeres, realizado por la Catedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, en el periodo de 1998 al 2019 en 65 informes, comprenden 3,485 recomendaciones en materia de derechos humanos, de las cuales 811 son recomendaciones exclusivamente de derechos de las mujeres, de estas, 316 son recomendaciones de violencia en razón de género. Se encontraron 426 temas y los más recurrentes son los programas y políticas públicas para la atención de la violencia en razón de género.
Ramírez Hernández también mencionó que, en palabras del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no solo son 10 feminicidios al día, también 10 mujeres son desaparecidas todos los días, lo que califico de un drama humanitario.
Consideró que la relevancia de la reforma del 10 de junio del 2011 permite cambios sustantivos porque se tienen el marco constitucional importante para el cumplimiento de las recomendaciones de los tratados internacionales y cambios en la educación que sean trascendentes.
Asimismo, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, recordó que el pasado 10 de junio se cumplieron 11 años de la aprobación de la reforma constitucional al Artículo 1º que establece que, en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia carta magna y en los tratados internacionales de los que el país sea parte.
Esta reforma constitucional obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, señaló.
No hay límite para que las mujeres podamos avanzar: Luz María Mariscal Cárdenas
Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada del INAI, expresó que se debe resolver la desigualdad, la violencia y el menosprecio a las cualidades, talento, capacidad y valor de las mujeres, lo que lastima a la sociedad entera, lastima a México.
Dijo que el conversatorio tiene como objetivo poner un alto en el camino como replantearnos políticas públicas que construyan escenarios de mayor equidad, de mayor oportunidad, reconocimiento y paz para las mujeres.
Como parte del INAI, dijo también, que se comprometen a seguir y a garantizar el acceso a la información de las mujeres como un derecho llave que les permita acceder a otros derechos y garantizar protección de los datos personales. “No hay que quitar el dedo del renglón, es tiempo de unidad de todas las mujeres. No hay un límite para que las mujeres podamos avanzar”.
Por su parte, Claudia Alonso Pesado, consejera del INAI se refirió a los antecedentes históricos de la lucha de las mujeres desde las primeras olas del feminismo y de las demandas por la educación, la liberación sexual y la participación política. Así como la Constitución de 1917 que establecía grandes derechos sociales, pero quedaban a la zaga los derechos de las mujeres.
También mencionó que la sentencia conocida como campo algodonero en 2009 es un momento jurídico muy importante que hace evidente que hay un contexto sistemático de la violación a los derechos humanos de las mujeres. Todos los planteamientos y reivindicaciones de las mujeres tomaron fuerza con la reforma del Artículo 1º de los Derechos Humanos.
Esta visión de interdependencia obliga a pensar en políticas integrales, de ahí que la Alerta de Violencia de Genero de las Mujeres ha sufrido modificaciones y la restitución de los derechos no los teníamos antes de la Reforma del 10 de junio, señaló.
Finalmente, Pablo Navarrete Gutiérrez, especialista y consultor en Derechos Humanos, expresó que estamos en la peor crisis de los derechos humanos por una violencia social exacerbada, fuera de control por los grupos delincuenciales y en desamparo de la protección del Estado.
Respecto a la Reforma del 10 de junio, dijo que vino a acelerar un proceso de reconocimiento de derechos que no ha estado en la misma proporción de las garantías en la protección de estos derechos. Una debilidad institucional de estos mecanismos que garanticen los derechos.
Los escándalos sexuales siguen sacudiendo el ámbito deportivo.
La Asociación de Tenis Femenino anunció que abrirá una investigación a dos de sus entrenadores más famosos.
Redacción
SemMéxico/EjeCentral, Ciudad de México. 28 de junio, 2022.- Después del caso de la tenista china Peng Shuai*, quien a finales del año pasado denunció a un alto dirigente de su país de haber abusado de ella, las jugadoras estadounidenses Andrea Jaeger y Pam Shriver señalaron esta semana haber sufrido abusos parecidos por parte de sus entrenadores a lo largo de sus carreras, cuando ellas eran jóvenes.
“Fui acosada sexualmente hasta 30 veces”, señaló Andrea Jaeger, una joven promesa que fue considerada una “niña prodigio del tenis” en la década de 1980 y que llegó incluso a ser la segunda mejor jugadora en todo el mundo.
Por su parte, Shriver escribió una columna para The Telegraph en la que declara que “Incluso para los estándares de las décadas de 1970 y 1980, lo que pasé con Don (Candy) estuvo claramente mal”, haciendo referencia a su entrenador, al que anteriormente había acusado de abusos emocionales y sexuales.
Por estos motivos, la Asociación de Tenis Femenino (WTA; por sus siglas en inglés) anunció que abrirá una investigación a dos de sus entrenadores más famosos. Como parte de sus esfuerzos por garantizar la seguridad y bienestar de las jugadoras, el organismo creó el puesto “director de protección”, una medida que fue bien vista por Pam Shriver.
“Tan pronto como la persona nueva esté en su oficina, estaré llamando a la puerta porque puedo ver una oportunidad real aquí”, escribió en The Telegraph.
La admisión de la facilidad con la que se pueden dar abusos y relaciones de poder entre las jugadoras y sus entrenadores fue también comentada por Vladímir Platenik, entrenador eslovaco con una larga carrera en el ámbito. “Nunca había visto tantos novios que también son entrenadores de tenis femenino como ahora”, señaló en el mismo medio británico.
El caso de Peng Shuai
La tenista china Peng Shuai observa durante la final de Big Air de esquí libre femenino el día 4 de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en Big Air Shougang el 8 de febrero de 2022 en Beijing.Foto:Richard Heathcote-Getty
La estrella del tenis Peng Shuai apareció ante los medios de comunicación internacionales, asegurando a todos que en realidad nunca había acusado a un ex alto funcionario del Partido Comunista Chino de agresión sexual, y que la atención puesta en ella era un «enorme malentendido».
Su desmentido, en forma de una entrevista en persona muy controlada en la burbuja olímpica de Pekín; con el diario deportivo francés L’Equipe , fue la última de una serie de retractaciones que ha estado repitiendo durante meses . En la entrevista, Peng, quien es una de las atletas de más alto perfil de China, después de haber ganado dos títulos de dobles de Grand Slam, también pareció anunciar que se retiraba de la competencia internacional de tenis.
Hu Xijin, ex editor en jefe del tabloide nacionalista chino Global Times, resumió las expectativas de China de que las apariciones muy públicas de Peng deberían ser la última palabra sobre el asunto. “Los medios occidentales deberían respetar su propia explicación, como si fue agredida sexualmente”, tuiteó. «La propia explicación de Peng es más creíble».
Hu culpó a Occidente por haber «interpretado maliciosamente» la publicación de Peng en las redes sociales chinas en noviembre, en la que dijo que el viceprimer ministro retirado, Zhang Gaoli, la obligó a tener relaciones sexuales con él.
Sin embargo, expertos y activistas dicen que las negaciones de Peng solo generan más preguntas sobre si enfrenta amenazas o repercusiones por su acusación en las redes sociales. Además, argumentan que sus declaraciones no pueden tomarse al pie de la letra. “Los medios occidentales y el público en general reconocen fácilmente y con razón que todas las entrevistas y apariciones son un montaje, no genuinas”, dice Yaxue Cao, activista de derechos humanos y editor del sitio web chino de recursos China Change.
China tiene un historial de silenciar las voces que estropean la imagen del Partido y ha mantenido a raya la oleada de #MeToo a través de una fuerte censura de casos, incluido el de Peng. Como tal, no se debe culpar a Peng por sus apariciones públicas, dice Lu Pin, una destacada activista por los derechos de las mujeres chinas que vive en Nueva Jersey. “Culpar a Peng por esto cae en la trampa tendida por un sistema violento una vez más”, dice ella. “Debemos abstenernos de culpar a la víctima y de centrarnos en las acciones o palabras correctas o incorrectas de la víctima”.
Continúan las críticas al COI
El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, habla con Peng Shuai antes de la final de Big Air de esquí libre femenino el día 4 de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en Big Air Shougang el 8 de febrero de 2022 en Beijing.Foto Richard Heathcote-Getty
Los críticos han argumentado que el COI, como la organización internacional que más ha interactuado con Peng, debería exigir una investigación independiente sobre las acusaciones de Peng. Pero, el COI argumenta que sus poderes son limitados. “Somos una organización deportiva”, dijo el portavoz del COI, Mark Adams, a los periodistas esta semana en respuesta. “Y nuestro trabajo es permanecer en contacto con ella y, como explicamos en el pasado, llevar a cabo una diplomacia personal y tranquila, mantenernos en contacto con ella, como lo hemos hecho”. En cuanto a si se deben investigar las afirmaciones que hizo Peng contra el viceprimer ministro jubilado, Adams dijo que el COI no puede emitir ese juicio.
Leta Hong Fincher, autora de Betraying Big Brother: The Feminist Awakening in China, acusó al COI de empeorar la situación de Peng, y no mejorarla, con su participación. “Creo que el COI está traumatizando aún más a Peng Shuai al presentarla en apariciones públicas y entrevistas escenificadas, tratando de convencer al público de su bienestar”, dice. Cuando se le pidió un comentario, el COI señaló a TIME una declaración anterior que describía su reunión con los funcionarios del COI, pero no mencionó sus acusaciones.
Peng también comentó a L’Equipe que es poco probable que regrese al WTA Tour, poniendo fin a su carrera profesional de tenis competitivo a los 36 años. Citó varias cirugías de rodilla y la pandemia de COVID-19 detrás de su decisión: Desde el Abierto de Qatar en febrero de 2020, Peng no ha competido y dijo que tampoco se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. “Incluso si ya no participo en competencias profesionales, siempre seré una jugadora”
Violencia contra la mujer, tendencia con más de mil llamadas diarias al 911
La violencia en contra de las mujeres ha alcanzado niveles sin precedentes en México
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 28 de junio del 2022.- La actualización de la información sobre violencia contra las mujeres, la incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 dado a conocer el sábado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han dado cuenta del mayor pico en la incidencia de delitos de violencia familiar que superó los 27 mil casos.
Esa información señala que, la incidencia de los delitos de violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar, cuya tendencia despuntó a partir de enero en los 300 casos, pero sólo en mayo llegó a los 545 delitos, que significó un alza del 23 por ciento respecto a la ocurrencia de enero a mayo del 2021; mientras que en el número de violaciones hubo un aumento de más de 13 por ciento.
Las llamadas de emergencia por incidentes de acoso u hostigamiento sexual, también reflejaron la mayor alza desde enero del 2016, con un total de mil 347 llamadas, lo cual también se replicó con la mayor cantidad al 911 por abuso sexual y violencia contra la mujer, con una tendencia de más de mil llamadas diarias en mayo, al cerrar con 34 mil 719 reportes.
La violencia en contra de las mujeres ha alcanzado niveles sin precedentes en México. Durante mayo, el mes más violento del año, se registraron inéditos incrementos en diversos delitos que evidenciaron el mayor aumento de mujeres asesinadas, así como la mayor cantidad de mujeres extorsionadas de los últimos ocho años.
Aunque en mayo hubo una baja marginal del 4 por ciento en el delito de feminicidio, la cantidad de mujeres asesinadas estuvo lejos de disminuir, pues en el caso de los homicidios dolosos se alcanzó un total de 272 víctimas, mientras que en el caso de las víctimas de homicidio culposo se llegó a las 349 mujeres. Es decir, 621 en 30 días, más de 20 diarias. En ambos casos, los mayores registros desde 2015.
La histórica alza también alcanzó otras incidencias, como fue el caso de la cantidad de mujeres extorsionadas, que inéditamente en mayo, registró un total de 400 víctimas, con lo cual ya suman más de mil 600 mujeres víctimas de ese delito en los primeros cinco meses del año, que no había superado las 330 víctimas hasta este 2022.
SemMéxico. Ciudad de México. 28 de junio del 2022.- ¿Cómo nos situamos las personas frente al Estado?
A juzgar por la abulia demostrada en las elecciones 2022 en 6 entidades federativas, en las que el abstencionismo osciló entre el 47% y el 70%, la esfera del Estado no se siente de incumbencia propia.
¿Cómo si no ante las relaciones de desigualdad y de discriminación? El abstencionismo es una suerte de resistencia pasiva y no constructiva. Es uno de los síntomas de nuestra anomia.
Si bien teóricamente se ha superado la noción de que el Estado y la Sociedad son esferas diferenciadas, lo cierto es que la sociedad mexicana no ejerce ciudadanía. No es consciente de cómo forma parte del todo así llamado Estado. No cree que le corresponde tomar parte en las decisiones, sino que es pasiva ante ellas. No hay principio de responsabilidad, sino desdén, rechazo, victimismo, ira. Nuestra mentalidad es colonizada e infantil. El Estado es el Padre y no se desafía.
En el poder y en la sociedad, hay mensajes ocultos que yo aventuro son vinculantes. De ahí el éxito del discurso hegemónico de dominación. Las creencias subyacentes -traídas del mito- impiden que el Estado sea laico y la sociedad razonable. Animan el control del cuerpo y el orden de la vida convertido en principios morales compartidos que producen cultura y tradición con norma y con Ley valiéndose de tecnologías de dominación.
Es difícil deslindar a la tradición del derecho. El arraigo de las creencias y la tradición inciden en la Ley a querer o no. Es un ejercicio complicado el poder separar a las creencias que son constitutivas del lazo social y también de las mentalidades; así como del código de principios que consagra la Ley.
Hay multiplicidad de causas, pero no toda causa es resistencia ni transformación. Precisamente porque no se puede deslindar el patrón del pensamiento mítico del pensamiento laico. Se oculta, se reproduce.
No toda causa quiere una transformación ni cuestiona de fondo. Un ejemplo es el del feminismo que no puede trascender al esquema binario heteropatriarcal, (la biología es la biología -dicen- y todo lo demás es anomalía) ni a la sacralidad del cuerpo propios de las religiones de un solo dios masculino, por supuesto. Ello determina a los objetivos y al trazo mismo de la estrategia que no puede ser más que excluyente (hay un dogma) y patrimonial (un concepto patentado). Pero no sólo, también produce paquetes de productos con demanda en el mercado privado y del gobierno, por aquello de lo políticamente correcto que requiere de modelos, talleres, conferencias, pontificaciones y descalificaciones. Una posición que desemboca en prohibiciones, castigos y exclusiones, por eso son abolicionistas y anti trans. Y no cuestionan al capitalismo.
Resistencia y discurso contrahegemónico
Siempre estarán jugándose en esa trama yendo y viniendo, cruzándose entre sí produciendo tramas infinitas. Resistencia al cambio por un lado y horizontes contrahegemónicos. ¿Cuánta resistencia y cuánta transformación? ¿Cómo resolver el carácter dual de la resistencia? ¿Es retardataria? ¿Cuál transformación?
El horizonte es tan profuso como específico puede llegar a ser.
El movimiento LGTBQI+ es una expresión de radicalidad, sin duda. Cuestiona al orden simbólico. ¿Qué tanto?
Un considerable tanto, pero todavía puede ser más específico y por tanto pertinente, encuentro el sábado en Facebook:
#Oaxaca Que hay contingente Indígena/Disidente antirracista, para la marcha de las 2 PM. ¿Que si le caemos?
*Más comunidad Disidente / menos pride pacifista*??
El proceso de mercantilización de los derechos
El código de los derechos humanos ha devenido en mercancía, son un producto más en el voraz y pernicioso mercado capitalista. Están el mercado de la promoción, el target del mercado para todo tipo de producto y como botín político. En tanto fetiche, la mercancía se banaliza, es canjeable, es publicidad. Y también es espectáculo.
Como paradigma, los derechos humanos no cuestionan a las relaciones de producción y su mercado. Tampoco cuestionan a la democracia que se pretende inherente a un sistema que institucionaliza la desigualdad.
La feria del fetichismo
La marcha del Orgullo del sábado 25 alcanzó una convocatoria nunca vista. Hay un bullicio social en torno a la cuestión LGTBQI+ que tiene su aspecto de fondo y su aspecto mercantil y espectacular. La causa ha sido enajenada, el espectáculo vende, la causa vende y a Claudia Sheinbaum se le antojó como botín político. Su valor de cambio es apetecible para los intereses.
La potencia transformadora se mediatiza. ¿Dónde queda la política? ¿Cómo se establecen ahora los términos de la demanda o más aún de la exigencia? La multitudinaria asistencia (se habla de cuando menos 250 mil) puede ser un espejismo. Responde a la publicidad, al pink washing o a una causa que convoca.
¿Cómo afectaría este espejismo la ruta de un movimiento que en su naturaleza contiene la pugna misma entre la emancipación de los valores y su reproducción?
En el contexto de las discriminaciones no germina ese sentido de compromiso que pudiera derivar de la identidad. Es decir, no hay posición política, sino abulia.
El funcionariado de Notimex tampoco responden al llamado de la SEGOB para dar atención a la huelga
Redacción
SemMéxico. Ciudad de México. 28 de junio de 2022.- Tras 28 meses cumplidos de huelga en Notimex, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), reconoció su falta de capacidad para establecer un diálogo conciliatorio con la dirección de la Agencia y buscar un acuerdo de solución a la huelga, por lo que se vislumbra que el conflicto se alargará el resto del sexenio.
En un comunicado, las y los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), en Asamblea Permanente, rechazan cualquier planteamiento que esté fuera de la legalidad e informan que las y los trabajadores han demostrado en diversas ocasiones la legitimidad de sus demandas.
Asimismo, resaltaron que luego de la manifestación del pasado 21 de junio con motivo de los 28 meses de huelga en Notimex, una comisión del SutNotimex (representada por integrantes de los comités Ejecutivo y de Huelga, y de la Comisión de Honor y Justicia) fue recibida por los titulares de las Unidades de Gobierno y de Normatividad y Medios, William Castillo y Manuel Marroquín Pineda, respectivamente, quienes admitieron que el conflicto está empantanado por la negativa de la dirección.
Y reconocen, que el funcionariado de Notimex tampoco responde al llamado de la SEGOB para dar atención a la huelga, por lo que propusieron a las y los trabajadores que asuman el costo y presenten una propuesta de liquidación (que se presentaría al secretario de Gobernación, para su consideración), o de lo contrario, la huelga se extendería todo el sexenio.
Cabe destacar que dicho planteamiento, va en sentido contrario al compromiso del gobierno federal de respetar los derechos laborales y de huelga, así como la libertad sindical, de asociación y refleja un encubrimiento a las actuaciones ilegales que la Dirección de Notimex ha realizado en dos años y cuatro meses de huelga, informan.
También en el comunicado, señalan las y los integrantes del SutNotimex, que en la Asamblea Permanente, el planteamiento de las autoridades fue rechazado de forma unánime y se reiteró que el Sindicato estará en disposición de revisar cualquier propuesta que sea formal y en apego a la ley.
La huelga de Notimex cumplió dos años y cuatro meses, tiempo en el que los huelguistas (80 por ciento mujeres) han permanecido sin ingresos, en medio de la pandemia y han padecido la muerte de familiares directos, además de enfrentar la enfermedad, sin seguridad médica ni social, sin que hasta ahora se muestre ninguna voluntad ni empatía de las autoridades federales para los periodistas, profesionales de la comunicación y administrativos de la agencia de noticias del Estado.
SemMéxico/SEMLac, Ciudad de México, 27 de junio de 2022.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el pasado viernes la protección del derecho al aborto vigente en ese país desde 1973, en una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo. Es el final de una antigua disputa por volver atrás el derecho al aborto en la Unión Americana.
El 5 de mayo pasado, Lola Liceras Ruiz y el Equipo de trabajo sobre los derechos de las mujeres en Amnistía Internacional, publicaron el siguiente análisis: el Tribunal Supremo de Estados Unidos se dispone a derogar el derecho al aborto vigente desde 1973, que fue ganado en una sentencia histórica de ese mismo tribunal a partir de la demanda de una mujer, Norma McCorvey, contra el fiscal de Dallas, que reclamó su derecho a abortar en ese estado.
La marea legislativa antiaborto en esa nación viene de lejos, a pesar de que la opinión pública es favorable al derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
De acuerdo con diversos sondeos, siete de cada diez estadounidenses están contra revocar la ley actual. Porque lo que ha llevado a muchos estados a promover leyes restrictivas del aborto son decisiones políticas promovidas por el lobby antiaborto y tomadas por los gobernantes al margen de la opinión de la ciudadanía, en particular, de las propias mujeres y de su autonomía.
¿Qué consecuencias tendría revertir el derecho al aborto?
Actualmente hay 13 estados con normas restrictivas ya aprobadas, aunque todavía sin efecto, que entrarían inmediatamente en vigor al derogar la Corte Suprema la ley de 1973. Entre los que se encuentran: Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennesse, Utah, Wyoming y Texas.
En la mayoría de ellos, las leyes restrictivas –como la aprobada en Texas en septiembre del año pasado– prohíben abortar a partir de las seis semanas de embarazo, cuando todavía las propias mujeres no están seguras de estar embarazadas.
Además, la ley de Texas anima a la ciudadanía a ejercer de policía contra sus propios vecinos, vecinas y familiares, al ofrecer una recompensa de diez mil dólares a quienes denuncien a cualquier persona sospechosa de ayudar a abortar.
Pero todavía más dura es la ley de Alabama, que prohíbe el aborto en cualquier supuesto a partir del momento en que «se sabe que la mujer está embarazada», sin ninguna excepción.
Según el Instituto Guttmacher, es casi seguro que 22 estados prohibirían el aborto una vez quede sin efecto la actual ley estatal, incluidos los ya mencionados y otros cuatro es probable que lo hicieran. Por el contrario, mantendrían la ley estatal 12 estados y, aunque otros 10 tampoco prohibirían el aborto, su población no tiene clínicas cercanas que puedan atender a pacientes de otros estados.
Así, en la práctica, millones de mujeres estarían obligadas a desplazarse a otros Estados para poder ejercer su autonomía personal y su derecho a decidir libremente sobre el embarazo y la maternidad.
El problema es que bajo la supuesta «libertad» de los gobiernos de cada Estado para legislar al respecto, se consagra la desigualdad para todas las mujeres de EE.UU. y la discriminación para las de menos recursos, para la población marginada, las más jóvenes, las migrantes y refugiadas.
Porque no olvidemos que las mujeres afroamericanas tienen tres o cuatro veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las blancas, y que Estados Unidos tiene la mayor tasa de mortalidad materna de los países desarrollados, en particular en los Estados con las leyes sobre aborto más restrictivas.
El derecho a la salud sexual y reproductiva
Negar el derecho al aborto implica negar un conjunto de derechos humanos, el derecho a la autonomía de la persona, a la salud e incluso el derecho a la vida. El aborto no es un derecho aislado, sino que forma parte del derecho más amplio a la salud sexual y reproductiva de todas las personas, a la igualdad social y económica. Penalizar el aborto no significa eliminarlo y las mujeres que se vean en la necesidad de abortar lo harán de forma ilegal e insegura.
¿Por qué se judicializa la libre decisión de las mujeres sobre su maternidad? Es muy difícil justificar por qué un gobierno no reconoce el derecho de las mujeres a decidir responsablemente sobre su maternidad y criminaliza la decisión de abortar. La pregunta solo se puede responder desde los presupuestos patriarcales, que asignan un rol subordinado a las mujeres en todos los órdenes, con la pretensión de anular su capacidad de decidir, obviando que ellas tienen criterio y no son menores de edad.
Son las leyes penalizadoras del aborto las que las victimizan, al imputarles un delito. Porque no hay mayor discriminación de género, ni mayor anulación del hecho de ser mujer, que llevar al código penal el aborto. Precisamente porque la maternidad es consustancial al hecho de ser mujer, en todas las sociedades se ha puesto o se pone en cuestión el derecho a abortar.
¿Por qué peligra el derecho al aborto en Estados Unidos?
¿Por qué ahora la vuelta atrás en este derecho en países supuestamente garantes de los derechos humanos y de las libertades individuales, precisamente cuando se están produciendo avances en países que hasta hace muy poco prohibían totalmente el derecho a abortar?
También aquí la respuesta tiene que ver con que los derechos de las mujeres nunca están asegurados, porque cada conquista produce una reacción que intenta revertir los derechos ganados.
Estados Unidos es un ejemplo de donde se han producido cambios significativos hacia la tolerancia cero con el abuso de poder masculino en el acoso sexual hacia las mujeres a partir del movimiento Me Too, al tiempo que se extiende esta ola reaccionaria en relación con el aborto. En sentido contrario, la persistente movilización de las mujeres ha conseguido un cambio social y legislativo en países como Argentina o Colombia, para garantizar el acceso a abortos legales y seguros.
Cabe preguntarse también cómo es posible que sociedades muy permisivas con la violencia sexual hacia las mujeres, incluso cuando esta pueda ser la causa de embarazos no deseados, sean a la vez negacionistas del aborto y sus gobiernos lo prohíban, como sucede en algunos países centroamericanos como Nicaragua y El Salvador.
O cómo se convive con la contradicción legislativa en países como Malta, presentado como modelo por su ley de autodeterminación de género, al tiempo que prohíbe abortar a las mujeres en cualquier circunstancia, incluso en caso de violación o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la embarazada. También aquí la respuesta tiene que ver con la discriminación de las mujeres por el solo hecho de serlo.
Si finalmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos deroga la Ley que garantiza el derecho al aborto seguro en todo el país, dejando que cada estado establezca sus propias regulaciones, se rompe con la igualdad de derechos, se promueve la fragmentación, el particularismo, la polarización social y, en definitiva, se quiebra el principio de universalidad al que tienden los derechos humanos, en este caso a costa de discriminar a las mujeres.
Amnistía Internacional tiene abierta una recogida de firmas en su web para exigir a Estados Unidos que proteja el derecho al aborto. ¿Nos ayudas con tu firma?
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de junio, 2022.- Desde los años 70 las feministas apostamos a cambios profundos: democracia en la familia, no sólo castigar a los agresores, procurar el cambio cultural y de pensamiento para abatir el machismo y el uso indiscriminado de la violencia en todos los espacios. Sabíamos muy bien que era inevitable que el ambiente violento afectaría dramáticamente a las mujeres; o sea, a más de la mitad de la población.
Sin trabajar por esos cambios deseados en las relaciones sociales, todas, todas las mujeres íbamos a quedar sometidas a una espiral de agravios, donde quiera que viviéramos o nos desarrolláramos, y seríamos inevitablemente el receptáculo de la lucha violenta entre hombres por el poder.
En aquellos años todavía no sabíamos nombrar ni conceptualizar al feminicidio como el extremo de la violencia contra las mujeres.
En estos días constatamos que el país está bañado en sangre, con actos de violencia y masacres que impactan en cada comunidad, casa, escuela, trabajo, y que ahí estamos las mujeres. No se da entre bandas o cárteles; sucede en cada recodo del camino y —por tanto— en cada sitio donde las mujeres estamos. Hay una ficción en la que insiste el oficialismo: disminuyó el feminicidio, porque mañosamente manipula los datos. A cambio, está en el abandono toda política de prevención.
El sábado pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que los asesinatos de mujeres en el país durante mayo marcaron un récord, con 621, un máximo histórico. Se trata de 272 víctimas de homicidios dolosos y 349 homicidios culposos. No se sumaron 385 asesinatos considerados feminicidio.
Esta narrativa engaña y no coloca el problema y la desgracia en su justa dimensión. Ya estamos en ese escenario que temíamos. El “avance de las mujeres”, por su participación creciente, en todas las actividades sociales, nos ha colocado en una situación de alto peligro. El Estado está rebasado, el gobierno sin respuestas y la sociedad cada vez más dividida y expuesta en todos los rincones del país. Es suficiente leer los reportes, informes y noticias.
Somos asesinadas en medio de los “enfrentamientos”, de las riñas familiares, comunitarias, de los cárteles, de las masacres, de los robos, los secuestros, las balaceras, en medio de una cotidianidad criminal que rebasa toda interpretación. ¿Dónde se declara feminicidio y dónde el asesinato que se califica de doloso o culposo? Un enredo que conviene a quienes son responsables de actuar y que ofrecieron que entraríamos a una época de recuperación de la paz. Encima, un sistema de justicia hecho pedazos.
Pero ahí están las cifras. Por ejemplo, el SESNSP en el detalle dice que desde el inicio de la pandemia, la violencia familiar aumentó en la Ciudad de México, la cual hoy liderea al conteo a nivel nacional en lo que va de 2022. Pero se disparó en 41 por ciento entre 2020 y 2022.
De abril a mayo, las víctimas mujeres de homicidio doloso aumentaron 21.4 por ciento, al pasar de 224 a 272 en números absolutos. En los primeros cinco meses de 2022 sumaron un total de 3 mil 105 asesinatos de mujeres, considerando homicidios culposos y asesinatos dolosos, más 385 feminicidios. O sea, no hay previsión, no hay recursos para los refugios y disminuyó al mínimo la tarea de prevención. Las autoridades mienten sistemáticamente. Veremos…
*Periodista, directora del portal informativo SemMéxico.mx
La indagación mostró que en el 80 por ciento de las violaciones sexuales y a los derechos humanos, los perpetradores fueron agentes de seguridad del Estado Mexicano.
48 por ciento de las detenidas en esta administración.
Sara Lovera
SemMéxico. Ciudad de México. 27 de junio 2022.- Se confirmó que el mal trato y la tortura sexual, el abuso y las agresiones a las mujeres hoy privadas de su libertad es un problema que existe, – las entrevistas se hicieron en octubre de 2021 con presas de hace 4 años y más-; igual se constató que son los cuerpos de seguridad los perpetradores, en el 37 por ciento de los casos esas autoridades han ejercido tortura sexual contra ellas; en el 42 por ciento de los casos los responsables son integrantes de los ministerios públicos.
Entre 2006 y 2001 se denunciaron 13 mil 293 quejas de tortura por presas de las cárceles mexicana o simplemente detenidas, de las cuales casi 400 fueron de tortura sexual, 221 de violación, más, golpes, retención ilegal antes de ser presentadas al ministerio público, mal trato en los ministerios públicos y violación a sus derechos humanos en más de 10 formas.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, presentó ese diagnóstico y resumió la responsabilidad de los funcionarios del sistema de justicia, que afirmó es un desafío para enfrentarlo. De la lectura del resumen ejecutivo del Diagnóstico se desprende el número de quejas. Encinas anunció que están por resolver y dar libertad a 38 mujeres en las cárceles, precisamente por violación a sus derechos humanos.
El documento hecho por la autoridad, muestra, una verdadera tortura, dijo el funcionario, y afirmó que este flagelo sí existe, más allá de datos estadísticos, la constatación de hechos obliga al Estado Mexicano a erradicarlos.
EL DOCUMENTO
El diagnóstico de 231 páginas, reporta algunas cuestiones lamentables. Habla con números y entrevistas de una situación estrujantes, también habla de lo que pasa en la cárcel donde están recluidas actualmente, según el documento, 12 mil 625 mujeres, de las cuáles se entrevistó sólo al 10 por ciento; las gráficas de lo hallado indican que la tortura comienza desde el momento de la detención, hasta la vida dentro del reclusorio, además de que son extorsionadas, obligadas a trabajos pesados y discriminadas; solamente la mitad de ellas tiene sentencia y el 69 por ciento no tiene ayuda legal.
La indagación fue ordenada por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras los abusos sexuales y la tortura que sufrieron al menos 50 mujeres detenidas en mayo de 2006 en Salvador Atenco, de las cuales 31 refirieron haber sido agredidas sexualmente por la policía que actuó ahí.
De ellas, 11 que llaman sobrevivientes, presentó el Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México, y siguió su denuncia hasta las últimas consecuencias. Ya este gobierno les hizo una disculpa pública. Y esta mañana dos de ellas, reconocieron que este diagnóstico, 15 años después, pone en blanco y negro lo que sucede con las mujeres, que por alguna razón son detenidas y llevadas a las cárceles.
Ese caso reconoce como víctimas sobrevivientes de tortura sexual a Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara ltalia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
El estudio oficial señala que a través de mil 280 entrevistas a mujeres privadas de libertad en 66 penales distribuidos en las 32 entidades de la república, se da cuenta de la compleja condición que las mujeres enfrentan cuando están involucradas en hechos delictivos, se identifican las condiciones sociales, económicas y culturales a las que se enfrentaban previo a su detención, se identifica que muchas de ellas no cuentan con solvencia económica, no son tomadas en serio por sus defensores y en los centros penitenciarios son abandonadas por sus familias.
Se describe con detalle, que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual, en las diferentes etapas del proceso, como el arresto y traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, traslado y estancia en centro de reclusión y la etapa de juicio.
El porcentaje de las detenciones de las mujeres entrevistadas respecto a los años se resume de la siguiente manera: el 48.82 por ciento ocurrieron de 2019 a 2021; el 31.53% de 2013 a 2018; el 15.46% de 2006 a 2012; el 3.04% de 1992 a 2005; y el porcentaje restante no proporcionó información.
Se pone en evidencia la limitada capacidad institucional para perseguir, investigar y sancionar esta cruel práctica, como lo es la violación sexual, el abuso, las humillaciones a las supuestas responsables de algún delito y de una vida carcelaria que viola los derechos humanos.
Dice el estudio que, al conocer las historias de vida, se detectó que sus historias están transversalmente marcadas por un miedo permanente a ser agredidas de nueva cuenta. Además, la indagación publicada coloca en la agenda pública a la tortura sexual como un problema prácticamente invisibilidad, además de fallas estructurales en el sistema de procuración e impartición de justicia
Reconoce, nos permite identificar los retos de la administración pública y los desafíos que como sociedad debemos superar, en donde la corrupción, la inseguridad y la violencia mantiene como rehenes a las personas más pobres, marginadas y desvalidas, quienes han sido históricamente las víctimas permanentes de la violación a sus derechos humanos.
La encuesta se aplicó en 66 centros penitenciarios, 19 femeniles y 46 mixtos, ambos del fuero común de las 32 entidades federativas del país; así como un centro femenil del fuero federal. La mayoría de las mujeres entrevistas están procesadas o sentenciadas por delitos del fuero común.
Participaron en la investigación 100 servidoras públicas, organizadas en 20 equipos de entrevistadoras. La aplicación de la encuesta se realizó en dos fases, la primera comprendida del 25 de octubre al 5 de noviembre de 2021 en 29 entidades del país, y la segunda, los días 7 y 8 de diciembre de 2021 en las entidades de Tlaxcala, Guanajuato y Morelos.
De las 220 mil personas población privada de la libertad en centros penitenciarios del país en 2021, solo el 5.7% de la población son mujeres, siendo el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Baja California las entidades con mayor número de mujeres en centros penitenciarios.
LA ENCUESTA NACIONAL DE POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD DE INEGI
El diagnóstico recoge información de la ENPOL que estima que 39.5% de la población privada de la libertad fue detenida en los últimos 4 años, mientras que solo el 8.7% fue detenida hace 16 años o más. El 6.8 por ciento de las mujeres entrevistadas señaló haber sido juzgadas por algún delito de manera previa a su reclusión actual, el 44.4 por ciento señaló que estuvo recluida 6 meses o menos.
El 20.7% de las mujeres privadas de la libertad con antecedentes penales fueron sentenciadas previamente por delitos de posesión ilegal de drogas, robo a negocio, comercio ilegal de drogas y robo de vehículo principalmente. En la mayoría de los casos las mujeres encuestadas señalaron haber sido objeto de alguna agresión, en el 54.8 por ciento fueron esposadas, en el 48 por ciento los agentes aprehensores utilizaron la fuerza física para someterlas, al 31.5 por ciento las amenazaron con algún tipo de arma y en el 11.5 por ciento le causaron alguna lesión grave.
Informa la encuesta que el 22.1 por ciento fue desvestida, el 27.5 por ciento fue presionada para denunciar a un tercero.
Más de tres mil personas defensoras de derechos humanos están en el Mecanismo de Protección de Segob, incluida la buscadora Cecilia Flores
Sandra Luz Hernández, a 8 años el crimen permanece impune
Martín Durán
SemMéxico/El Sol de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, 27 de junio, 2022.- Un grupo de hombres armados llegó y se plantó frente a las madres buscadoras de desaparecidos que excavaban en un desolado paraje en la región ostionera de Puerto Peñasco, Sonora. Uno de ellos que aparentaba ir al mando, preguntó de manera agresiva:
— ¿Quién es Paty?
Todas se voltearon a ver entre sí aterrorizadas. De pronto Cecilia Flores, cuyo segundo nombre es Patricia, los encaró dejando entrever una entereza que ya había mostrado en otros momentos.
— Yo soy Paty.
— Tírense al suelo todas –ordenó a gritos uno de los pistoleros.
— No me voy a tirar, porque si me vas a matar prefiero que sea de pie, yo no me moriré arrodillada; yo no te debo nada a ti ni a nadie. Nosotras lo único que hacemos es buscar a nuestros hijos.
Aquella mañana del 21 de octubre de 2019 el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, del cual Cecilia Flores es fundadora, llevaba tres días junto con una organización de Arizona rastreando la zona conocida como Ostionera 2, ubicada a unos ocho kilómetros al sur de Puerto Peñasco.
Habían comenzado a excavar el 18 de octubre y después de tres días de labor extenuante, ya habían descubierto unos 42 cuerpos, algunos todavía con materia orgánica en descomposición y otros en los huesos.
Aquel grupo armado formaba parte de una organización criminal que opera en esa zona de Sonora. Ese día intentaron disuadir con amenazas a ese puñado de mujeres solitarias para que dejaran de buscar, porque debajo de la dura superficie del desierto convertido en fosa clandestina había víctimas cuya memoria se les revelaba a sus familias.
El colectivo liderado por Cecilia Flores descubrió 54 cadáveres a los que tuvieron que hacerles espacio en las camionetas del forense, donde la mayoría aguardaba ser identificado.
A dos años y medio de aquel momento, Cecilia reflexiona: “Sí tengo miedo, vivo con el miedo de que me maten a un lado, porque yo a lo único que me debo es a mis hijos, y si voy a morir por buscarlos, entonces me despediré con amor”.
DOS VECES INTIMIDADA
Cecilia es una de las más de tres mil personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, un ente público que ha sido cuestionado con severidad por las mismas organizaciones que luchan por salvar a activistas y periodistas que están bajo amenaza.
Cecilia va y viene a Ciudad de México siempre con un anillo de seguridad. En su rutina una regla no escrita es que no puede estar mucho tiempo en un solo lado, porque parecería que sobre ella pesa una condena de muerte. En los últimos 19 días ha estado al norte de Sinaloa en la comunidad de Juan José Ríos, en la búsqueda de su hijo Alejandro Islas Flores, desaparecido el 15 de octubre de 2015 cuando iba camino a Los Mochis.
Va para siete años en que Cecilia se ha entregado a la imperiosa tarea de encontrarlo, y en este largo caminar ha perdido todo. Su casa que tuvo que vender en Hermosillo, a su pareja que no le aguantó el ritmo de vida y hasta sus hijas dejaron a sus esposos para irse con ella en pos de la búsqueda de Alejandro y otros desaparecidos.
“He visto cómo poco a poco mi familia se desmorona, pero aquí sigo, ya estoy cerca de mi hijo”, comenta.
Cecilia dice que no sólo enfrenta esta situación familiar, sino a la incapacidad de las autoridades de hacer su trabajo. La nula empatía del gobierno y, por si fuera poco, el acoso constante de parte de quienes les molesta que ella sea la voz de los que piden regresar a casa.
“Estoy amenazada en Sonora y ahora en Sinaloa, desde lo de Puerto Peñasco ya no puedo volver pa’ allá, pero igual no voy a dejar de buscar a mi hijo, ellos (delincuentes) me mandan recados y yo les mando mi fortaleza, porque no me pienso ir sin encontrar a mi hijo, ahora que ya lo siento cerca”, indica.
Mientras se encuentra en Juan José Ríos —siempre con escoltas y personal de la Guardia Nacional custodiando al grupo de madres— no dejan de pasar individuos a bordo de motocicletas cerca de donde pernoctan.
“Es un acoso constante, es la forma en que mandan recados”, explica.
En el predio conocido como Laguna de Oxidación, ubicado al final de la calle 100, en las afueras de Juan José Ríos, han encontrado tres osamentas en los últimos días. Dos de ellas estaban expuestas, señal de que nadie entra a la zona por temor, detalla.
Mientras relata sus vivencias Cecilia recuerda que su hijo fue detenido frente a una gasolinera, y siete años después cuenta con datos para encontrarlo. Tiene la plena seguridad que está en una fosa en una de estas decenas de hectáreas de monte.
“Yo les dije a las autoridades quién fue lo de mi hijo Alejandro, les puse todo en bandeja de plata para detener a la persona, pero ni siquiera que se la lleven a la cárcel, simplemente para que la investigaran y dijera dónde estaba mi hijo. Hasta el momento ha sido nulo el apoyo de parte de las autoridades”.
En todos estos años el colectivo que encabeza ha participado del hallazgo de cientos de cuerpos. Su hija Mily también formó un grupo de jóvenes buscadoras para potencializar la red de personas defensoras de derechos humanos, blindarse y tomar forma para protegerse entre ellas. La unión es lo que las hace más fuertes, asegura.
SER DEFENSOR: OFICIO DE MUERTE
Hasta marzo pasado en México, de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un total de 97 activistas pro derechos humanos, ambientalistas y defensores del territorio habían sido asesinados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El último crimen registrado fue el de José Trinidad Baldenegro, integrante del colectivo Fuerza Ambiental de la comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, ocurrido el 11 de marzo.
Baldenegro era conocido por defender de la tala de árboles esa región, y por su lucha a favor de los derechos de los indígenas rarámuris. Cinco años atrás, su hermano Isidro también había sido asesinado por supuestos taladores con nexos en el gobierno y el crimen organizado.
El Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas mantiene a cerca de tres mil personas y colectivos bajo monitoreo por estar bajo amenazas. La mayoría se trata de personas convertidas en buscadoras de desaparecidos, quienes enfrentan el dilema de permanecer bajo vigilancia de custodios o acudir a las zonas para continuar con la búsqueda de restos humanos.
El director del Mecanismo de Protección, Enrique Irazoque, reconoció en un informe de febrero pasado, que dos de los defensores acogidos al programa de protección fueron asesinados, pero además dio el escalofriante dato que 90 por ciento de los crímenes permanecen en la impunidad.
Al igual que el riesgo que se corre con el ejercicio periodístico, México es uno de los países más peligrosos del continente para ser activista, incluidos los que defienden el medio ambiente y el territorio.
Irazoque señaló que los estados en donde más agresiones se han presentado contra defensores son Chiapas, Estado de México, Michoacán y Chihuahua.
A este escenario se suma la desidia del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que no garantiza la vida de quien, a falta de Estado y gobernanza, se han lanzado a campos y desiertos en busca de sus seres queridos desaparecidos.
RÉQUIEM POR SANDRA LUZ HERNÁNDEZ
Sandra Luz Hernández siempre llevaba una fotografía de su hijo Édgar en la bolsa, cada que platicaba con una persona desconocida en la calle se la mostraba y le preguntaba si lo habían visto.
No se cansaba de preguntar, de buscar, de importunar a quien tuviera que importunar con tal de obtener respuestas. Aquella tarde del 12 de mayo de 2014, por eso abordó un camión urbano en el centro de la ciudad, y se dirigió a la colonia Benito Juárez, antes Mazatlán.
Alguien le había avisado que se encontraría con una persona que le proporcionaría datos del paradero de su hijo Édgar, desaparecido por manos criminales en febrero de 2012, afuera de su casa en la colonia El Progreso.
Sandra Luz se bajó del camión y caminó por la avenida Constitución. Como era su costumbre, preguntó. Avanzó intentando dar con una dirección falsa que le habían dado para que cayera en la trampa. Y así fue.
Al llegar al vado de la calle 30 de septiembre, un pistolero con el rostro cubierto le descerrajó 15 tiros en el cuerpo y la cabeza. Sandra Luz terminó sin vida en el pavimento, con su bolso y la fotografía de Édgar muy junto a ella.
CRIMEN IMPUNE
Sandra Luz fue una de las primeras madres buscadoras en Sinaloa. Dejó a su familia y su vida anterior de ama de casa para dedicarse de tiempo completo a buscar a su hijo Édgar, quien 10 años después sigue desaparecido.
Por este crimen la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado capturó en aquellos días de mayo del 2014 a Jesús Fernando Valenzuela, quien en un principio se declaró culpable y hasta narró ante el juez la historia que motivó el asesinato de Sandra Luz.
Su versión fue que la mató porque Sandra acusaba a un sujeto de apellido Valenzuela, del ejido Paredones, de estar involucrado en el caso de su hijo Édgar.
Días después de confesar, Jesús Fernando fue dejado en libertad en medio de un escándalo entre el procurador Marco Antonio Higuera Gómez y el Poder Judicial. El imputado nunca más fue molestado por ninguna autoridad.
A ocho años del homicidio de Sandra Luz, el caso se mantiene impune, y uno más de esa larga lista de activistas mexicanos asesinados por exigir justicia y denunciar la ausencia de Estado.
Sandra Luz pertenecía al colectivo de Voces Unidas por la Paz, quienes resintieron el peso de este asesinato que exhibió cómo se da la revictimización de las familias que buscan de manera incansable a sus seres queridos.
Actividades conjuntas del Colegio de Periodistas de Cataluña, la Casa de la Dona y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género
Promovidas por las periodistas y la agencia feminista La Independent se reunirá con organismos de Derechos Humanos y autoridades del gobierno de Cataluña
Libertad López
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de junio, 2022.- El asesinato artero contra María del Sol Cruz Jarquín ha despertado la movilización y solidaridad de las redes de mujeres periodistas en Cataluña, donde se ha organizado un amplio programa de actividades solidarias, donde participarán organizaciones de derechos humanos y autoridades, informó Ma. Antonia (Tona) Gusi, fundadora de la agencia feminista de noticias La Independent con la coordinación de Amada Santos, Teresa Carreras, Elena Tarifa, Diva Criado, Marta Macias y Fabiola Llanos.
Este martes la periodista Soledad Jarquín Edgar estará en Cataluña y hasta el primero de julio, donde asistirá a reuniones y actividades, informaron. La Red de Periodistas de Cataluña y la agencia de noticias La Independet, anunció cinco encuentros de apoyo y solidaridad.
En el llamado de la red catalana que hace junto a la Red Internacional de Periodistas XIDPIC.CAT-XIPVG, se explica que se trata de una jornada sentida en apoyo y sororidad con Soledad Jarquín Edgar en su denuncia de la impunidad que vive en México, y destaca que se ha convertido en la voz de las víctimas de feminicidio en México, de las Defensoras de derechos humano y de las y los periodistas mexicanos al recordar que Ma. del Sol Cruz Jarquín, cegada a los 27 años, se desempeñaba como foto periodista.
La XIDPIC.CAT, organiza dos actos, el primero en colaboración con el Colegio de Periodistas de Cataluña, sólo mujeres y el segundo en la Ca La Dona. Casa de mujeres.
Habrá una reunión con Furia Mexicana; Presentación con la Mesa por México y Exposición; Reunión con alta representación de la Generalitat de Cataluña, la Consejera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge y con Eunice Romero Rivera, directora general de Migraciones, Refugio y Antirracismo; reuniones con representantes de otras instituciones y diversas presentaciones.
Se trata de charlas y ruedas de prensa sobre su gira europea para pedir justicia por el asesinato de su hija María del Sol Cruz Jarquín, hace 4 años. La Premio Nacional de Periodismo de México y compañera de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, explicará los hechos del feminicidio, las denuncias, la investigación y el activismo que han llevado a cabo en busca de #JusticiaParaSol. También se reunirá con el Decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, Joan María Morros.
María del Sol Cruz Jarquín fue asesinada en un atentado el pasado 2 de junio del 2018 en Juchitán de Zaragoza (México). La fotoperiodista trabajaba como jefe del departamento de Comunicación Indígena Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas. En el ataque también murieron la candidata Pamela Terán Pineda y su chófer Adelfo Guerra Jiménez. Al final de esta jornada, viajará a Madrid.
Profesionales de 90 países, integrantes de la Federación Internacional del Periodista resumen: en su administración ya son 21 asesinatos
La omisión lesiona en los hechos la libertad de expresión concluye su 31 Congreso Mundial
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de junio, 2022.-La Federación Internacional del Periodista FIP pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador respuestas efectivas y que haga frente a la ola de violencia, que sólo este año ha cobrado la vida de 12 periodistas en México, una situación que en los hechos limita la libertad de expresión.
Igualmente, de manera respetuosa le plantean cambie su estrategia para esclarecer las decenas de homicidios de hombres y mujeres que se dedican a la profesión de informar. En esta administración señalan 21 periodistas fueron asesinados. En el 90 por ciento los casos están impunes. Recuerdan que, en los dos sexenios anteriores, en México se registraron 95 homicidios de profesionales de la comunicación.
Esta fue la conclusión de 250 delegaciones de 90 países reunidos en el 31º. Congreso Mundial de la FIP, en Omán, conocido como el país más amigable del mundo, ubicado en la península arábiga que abarca desiertos, oasis en lechos de ríos y largas costas en el golfo Pérsico, el mar Arábigo y el golfo de Omán, cuya capital es Mascate.
Advierten que en México hay una situación preocupante por su inseguridad e impunidad. Por eso le piden al presidente López Obrador reformar los mecanismos de protección y de investigación. Piden que dialogue con las y los periodistas y con las organizaciones que los representan y defienden sus derechos. Que igualmente haga el análisis de contexto en las zonas más críticas.
Firman 15 organizaciones de Suiza a Portugal, de Colombia a Honduras y 5 sindicatos nacionales de trabajadores y trabajadoras mexicanas.
COMUNICADO COMPLETO
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Omán 3 de junio, 2022
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Los periodistas reunidos en Omán en el 31° Congreso Mundial de la Federación Internacional del Periodista (250 delegados de 90 países) hacemos un llamado respetuoso al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a tomar medidas efectivas para hacer frente a la ola de violencia que este año ha cobrado la vida de 12 periodistas y para esclarecer los homicidios de las decenas de comunicadores asesinados en los últimos años.
Ante la situación de inseguridad e impunidad, llamamos al presidente López Obrador a revisar y reformar los mecanismos de protección a los comunicadores y de investigación de los homicidios a través de diálogos regionales con los periodistas y con las organizaciones que los representan y defienden sus derechos.
La Federación Internacional de Periodistas pide al gobierno mexicano realizar análisis de contexto en las zonas más críticas del país para ejercer el periodismo y trabajar con mayor énfasis en las medidas preventivas de protección a los comunicadores en situación de riesgo.
México ocupa el primer lugar en América Latina en agresiones y asesinatos de periodistas, que quedan en la impunidad en más del 90 por ciento de los casos. Este año, han sido asesinados 12 periodistas, y 21 desde 1 de diciembre de 2018. En los dos sexenios anteriores, en México se registraron 95 homicidios de periodistas.
Pedimos al presidente López Obrador respuestas más efectivas a este fenómeno que limita, en los hechos, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Carla Gaudensi (Argentina)
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa
María José Braga (Brasil)
Federación Nacional de Periodistas de Brasil (FENAJ)
Adriana Hurtado (Colombia)
Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper)
Domingo Vargas (Chile)
Federación de Trabajadores de los Medios de Comunicación de Chile (FENATRAMCO)
Sonia Arrieta Mora (Costa Rica)
Sindicado Nacional de Periodistas de Costa Rica
Oscar Escalante (Honduras)
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras
Pablo Aiquel (Francia)
Sindicato Nacional de Periodistas SNJ-CGT
Claudia Martins (Portugal) Sindicato dos Jornalistas
Sergio Ferrari (Suiza) Sindicato SyNDICOM
Luis Menéndez Villalva (España) Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
María Ángeles Samperio (España)
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
Martha Barcenilla (España)
FSC-CCOO Agrupación de Periodistas
Joaquim Kreibich (Alemania)
DJU in ver.di
Karen Percy (Australia)
Media, Entertinment and Arts Alliance (MEAA)
Maja Sever (Croacia)
Trade Union of Croatian Journalists
ORGANIZACIONES DE MÉXICO QUE RESPALDAN A LOS PERIODISTAS
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM)
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM)
Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA)
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP)
Minuto 28 Producciones
Responsable de la publicación: Christian Israel Quiñones
La claudicación de los principios que se profesan con la boca y se atacan con los actos.
Agustín Yáñez.
SemMéxico. El Sur de Acapulco. 27 de junio de 2022.- Genaro Borrego, presidente del PRI, me designó delegado general en el estado de Jalisco. Su instrucción fue precisa: reorganizar el Comité Directivo Estatal, que en los hechos significaba reconstruir al PRI, el cual quedó muy afectado por las explosiones ocurridas en Guadalajara. El 22 de abril de 1992 se destruyeron varios kilómetros de un barrio popular debido a la acumulación de gases en las tuberías del desagüe; perecieron 200 personas. Parecía que esa parte de la ciudad había sido bombardeada. Los costos materiales y humanos terminaron por arrastrar al propio gobernador Guillermo Cossío Vidaurri, quien tuvo que separarse del cargo.
El presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, dio atención inmediata y personal a la catástrofe. En uno de sus recorridos por las calles devastadas se le acercó un señor que, en su chaqueta, tenía un escudo del PRI; le dijo que el partido estaba ayudando a los damnificados. Salinas de Gortari reaccionó irritado: le arrancó el escudo y lo tiró al suelo para pisotearlo después: “Que PRI ni que PRI”. La escena fue trasmitida en cadena nacional. Al natural malestar social se sumó el golpazo presidencial al partido.
Borrego Estrada, ex gobernador de Zacatecas, ha sido un político talentoso y conciliador. Me dijo que él había alcanzado el liderazgo del partido como resultado de una elección interna. Por lo tanto – agregó–, en Jalisco impulsé –siempre que pude– procesos democráticos. En Guadalajara emití una convocatoria que abría la posibilidad de registro hasta de dos aspirantes. Las circunstancias políticas no eran propicias para ampliar la participación. Podía incurrir en el riesgo de la polarización y la dispersión de sus gremios y militantes. Debilitar al partido en lugar de fortalecerlo.
Se registraron Raúl Juárez Valencia, candidato de las estructuras, y Rubén Vázquez, joven profesionista con amplio apoyo universitario. Organicé un programa para celebrar reuniones –con ambos contendientes– en cada una de las 20 cabeceras de distrito federal electoral con las dirigencias municipales, en la sede de los sectores y debates en los medios. Posteriormente, se eligieron delegados a la Asamblea Estatal, la cual se celebró en el gimnasio del Injuve en la capital tapatía. Cinco mil fueron los delegados registrados. Frente a las 20 urnas se colocaron en fila para emitir su voto secreto.
La asamblea la presidió Genaro Borrego, acompañado del gobernador substituto Carlos Rivera Aceves. El diario Siglo XXI publicó, en toda su última página, la fotografía de ese acto.
La presidencia la obtuvo Raúl Juárez Valencia con aproximadamente el 80 por ciento de los votos. La elección interna arrojó una importante utilidad al partido: reactivó el interés de la militancia, los medios volvieron a dar cobertura al PRI, llamó la atención ciudadana, hubo autocrítica al ser cuestionada “la consigna” y las estructuras verticales. Se escuchó un lenguaje fresco, de renovación.
No obstante, a pesar de su reactivación, el PRI perdió las elecciones de gobernador en 1995. La voluntad política lo dejó solo. Nada pude hacer ante lo que venía. Un año antes de iniciar el proceso electoral, solicité al sucesor de Genaro en el Comité Ejecutivo Nacional, Fernando Ortiz Arana, mi salida y así ocurrió. (Ortiz Arana es uno de los políticos más completos que he conocido).
Como delegado de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), ya había hecho este ejercicio en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la elección de la Secretaría General de la Liga de Organizaciones Populares (1982). Ahí perdió el candidato de las estructuras ante el propuesto por el SNTE, Felipe Mejía Pañeda. También usé ese método en la elección del coordinador de la asociación de diputados locales priistas del país, que habría de sucederme en el cargo (1998-99). En éste último caso, rompió el proceso José Antonio Gonzáles Fernández, entonces presidente del CEN, al imponer a un diputado de Hidalgo.
Los dirigentes priistas –y de todos los partidos– no deben temer la democratización interna; en ella está su mayor fortaleza. Hoy el PRI debe actuar simultáneamente en dos vías: celebrar un amplio proceso de consulta para modernizarse y remontar el rechazo social; y mantener la alianza opositora con la aprobación de sus bases, incluyendo la estrategia de incorporar a Movimiento Ciudadano. El régimen morenista concentra el poder a contrapelo de las diversas reformas políticas que han reconocido la pluralidad política y forjado la institucionalidad democrática. Movimiento Ciudadano debe tener claridad. Se equivocaría rotundamente si confía en el desierto para su crecimiento.
Ciudadanos y militantes de los diversos partidos debemos estar conscientes de que en el 2024 está en juego la democracia del país. Se mantiene la vigencia de las instituciones o nos alcanza el pasado del México de un solo hombre. El bien superior de la nación exige la suma de todas las fuerzas democráticas. La próxima no es una elección más: es la elección.
La desaparición de mujeres es un grave problema vinculado con formas de violencia de género como el feminicidio, la trata de personas y la violencia sexual
Redacción
SemMéxico/IPS, Lima, Perú, 27 de junio, 2022.- “Que no la dejen de buscar”, invoca Patricia Acosta, madre de Estéfhany Díaz, desaparecida el 24 de abril del 2016 junto con sus hijas de cinco años y ocho meses, tras asistir a un cumpleaños infantil en Mi Perú, una localidad de la costera provincia del Callao, colindante con la capital peruana.
En una entrevista con IPS en la Plaza Cívica de Ventanilla, también en Callao, Acosta, junto con Jenny Pajuelo, tía de Yamile, reclamaron de las autoridades una investigación profunda que dé con el paradero de Díaz y sus niñas Tatiana y Yamile, y que dejen de colocar bajo sospecha a las mujeres que desaparecen.
“Ella tenía 22 años, era tranquila, a su corta edad aprendió a ser mamá. Siento que mi hija no se fue por su propia voluntad, sino que a ella la han desaparecido. ¡Son tres vidas que están desaparecidas!”, exclamó Acosta, mientras mostraba fotografías de su hija y sus nietas.
Pajuelo, la tía, aseguró que “es una herida siempre abierta”, aunque en abril ya se cumplieron seis años de la desaparición de las tres.
La desaparición de mujeres es un grave problema en Perú que está vinculado con formas de violencia de género como el feminicidio, la trata de personas y la violencia sexual.
Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que, de las 166 víctimas de feminicidio registradas en 2019 a nivel nacional, 16 habían sido reportadas previamente como desaparecidas ante la policía nacional, es decir, una de cada 10.
El año pasado, las mujeres asesinadas por razón de género en Perú sumaron 146 según el órgano estatal y autónomo.
El Código Penal peruano define el feminicidio “como la acción de matar a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: violencia familiar, acoso sexual, abuso de poder, entre otras”, lo que no limita el delito a los crímenes machistas cometidos por la pareja o expareja de la víctima, como en otras legislaciones dentro y fuera de la región latinoamericana.
A los feminicidios, como se denomina el delito en otros países, en este país sudamericano de algo más de 32 millones de habitantes, se suma el creciente fenómeno de las mujeres desaparecidas como otra expresión de la violencia de género.
La Defensoría indicó que entre enero y septiembre de 2021 desaparecieron 4463 mujeres adultas, adolescentes y niñas. Ese número representó un incremento de 9 % en relación al mismo periodo del año anterior, en que se dieron 4052 casos.
Jenny Pajuelo y Patricia Acosta con carteles de sus familiares desaparecidas. Pajuelo es tía de Yamile, quien tenía ocho meses, cuando desapareció junto con su hermana y su mamá Estéfhany Díaz. Acosta, madre y abuela, lucha sin descanso para que sus familiares se hallen y no sigan en las crecientes listas de mujeres y niñas desaparecidas en Perú. Foto: Mariela Jara / IPS
Erika Anchante, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, declaró a IPS que tras sus hallazgos de 2019 se comenzó al siguiente año la emisión del reporte “¿Qué pasó con ellas?”, para destacar de las cifras de desapariciones y hacer visible el problema.
En el último de estos reportes, de este mes de junio, se destaca que en los cinco primeros meses de 2022, se registraron 2255 alertas sobre desapariciones de mujeres y niñas, con el agravante de que en entre marzo y mayo se incrementaron los casos de niñas y adolescentes denunciadas como desaparecidas.
“Desafortunadamente cada año las cifras van en aumento, inclusive durante la pandemia, pese a las medidas restrictivas que se dieron en relación a los desplazamientos”, alertó Anchante.
Explicó que como institución han emitido diversas recomendaciones referidas a mejorar la atención de las denuncias, capacitar al personal encargado de este proceso, y eliminar todos los estereotipos de género con que se enfrentan las familias, y también mitos como que se debe esperar 24 horas o 72 horas.
“No, las denuncias tienen que ser recibidas de forma inmediata y ser atendidas de esa misma manera, porque esta búsqueda se tiene que iniciar bajo la presunción de que la víctima está con vida. Y las primeras horas son cruciales para poder encontrarla en esta condición”, remarcó Anchante.
La comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo de Perú, Erika Anchante, durante su entrevista por videoconferencia. La institución ha propuesto eliminar los estereotipos de género en la atención de los casos de las mujeres desaparecidas, una de las causas que dilata las investigaciones. Foto: Mariela Jara / IPS
Recogió así la propuesta de la Defensoría y de instituciones de sociedad civil como el Centro Flora Tristán, en el sentido de cumplir con la Recomendación General No.2 del Comité de Expertas sobre mujeres y niñas desaparecidas en el continente americano del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Para (Mesecvi).
Ese comité realiza el seguimiento a los Estados parte del cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada para los países de América y conocida también como Convención de Belém do Pará, por la ciudad brasileña donde se firmó en 1994.
Liz Meléndez, directora del feminista Centro Flora Tristán, con la consigna «Búscalas», de las activistas que luchan contra la desaparición de mujeres en Perú. Ella acompañó el emblemático caso de Solsiret Rodríguez, una joven que desapareció en el 2016 y tres años después se logró saber que había sido víctima de feminicidio
Muchas historias de violencia tras desapariciones
Liz Meléndez, directora del no gubernamental Centro Flora Tristán para la Mujer Peruana, afirmó que la norma ministerial contribuirá a sensibilizar sobre la desaparición de mujeres como una forma de violencia. También impulsará políticas que mejoren los procesos de búsqueda de las mujeres y de sanción a los responsables.
“El tratamiento que se les ha venido dando evidencia cómo los estereotipos de género que prevalecen en la cultura peruana han determinado que el Estado incumpla sus obligaciones, como es actuar con una debida diligencia estricta según estándares internacionales de derechos humanos”, deploró.
A su juicio, “eso significa que debe tomar las medidas eficaces e inmediatas en las primeras horas de la desaparición e implementar las acciones necesarias para la búsqueda y las investigaciones”.
Meléndez remarcó que tras los casos de las mujeres desaparecidas hay muchas historias de violencia algunas vinculadas con el feminicidio y otras con la trata de personas y la violencia sexual.
La dirigente feminista lamentó que familiares de las víctimas sufran humillaciones en su proceso de búsqueda, sobre todo en las dependencias policiales, y que se vean expuestos a dilaciones en las investigaciones.
La institución feminista ha propuesto protocolos específicos para la búsqueda de las mujeres y que la condición de desaparecida sea considerada también como un agravante dentro de los casos de feminicidio.
Esta última surge del acompañamiento que Flora Tristán hizo al caso de Solsiret Rodríguez, una estudiante universitaria, activista y mamá de dos niños, desaparecida en agosto del 2016, cuyos restos se encontraron cuatro años después tras una lucha incansable de sus padres y la demanda de colectivos feministas.
Finalmente se supo que había sido víctima de feminicidio la misma noche de su desaparición.
En la sala de su hogar, en el distrito San Martín de Porres, en el norte de Lima, Rosario Aybar muestra la foto de su hija Solsiret Rodríguez, quien desapareció en agosto del 2016. Su lucha incansable con apoyo de activistas feministas logró que el caso no se archivase, sus restos fueran hallados y los culpables de su muerte hayan sido condenados este mes de junio. Foto: Mariela Jara / IPS
Transformar el dolor en fuerza
Rosario Aybar, doña Charito como es conocida, soportó innumerables comentarios machistas cuando con su esposo fueron a denunciar la desaparición de su hija Solsiret, que en el 2016 tenía 23 años.
“Me decían los policías que, según su experiencia, las mujeres de la edad de mi hija se iban porque estaban con la cabeza caliente, que no me preocupe, que ya iba a volver”, declaró a IPS durante un encuentro en su hogar.
Enfrentó ese tipo de comentarios en el escarpado camino que recorrió tocando las puertas de las diferentes dependencias policiales y de la fiscalía, para que no archivaran el caso de su hija.
Gracias a esa persistencia, los dos hombres responsables del feminicidio de Solsiret fueron sentenciados a 30 y 28 años el 3 de este mes de junio.
Los condenados fueron Kevin Villanueva, cuñado de Solsiret y hermano del padre de sus hijos, con la mayor pena, y Andrea Aguirre, su pareja cuando la víctima desapareció. En los años de búsqueda negaron saber algo sobre Solsiret, pero parte de sus restos se hallaron en casa de Aguirre en febrero del 2019, tras su detención.
“Detrás de una mujer desaparecida hay mucha agresión. Y yo le explico por qué. Porque buscan desaparecer, sin cuerpo no hay delito. Con mi hija usaron un combo (herramienta de construcción, para golpearla), cuchillo…. es cruel, es muy cruel, mucho odio”, dice Aybar, con palabras cargadas de tristeza y también de serenidad.
Ahora ella se ha transformado en una activista por la visibilidad de la situación de las mujeres desaparecidas. “Mi dolor lo he transformado en fuerza, eso me permitió salir adelante, el acompañamiento de tantas jóvenes, sino, qué hubiera sido de mí”, afirmó.
Patricia Acosta, mamá de Estéfhany, también ha tenido que aprender a vivir con algo que jamás imaginó: la desaparición de su hija y sus nietas. “Convivo con la tristeza, pero también debo tener alegría, me queda mi otro hijo que tenía 13 años cuando desapareció su hermana. No lo puedo arrastrar a esta pena”.
En el caso de su hija y sus nietas, ni ella ni las autoridades tienen alguna sospecha sobre la que era su pareja cuando desaparecieron.
Al igual que Aybar, ella participa en el colectivo Mujeres Desaparecidas Perú donde activan familias que están en busca de hijas, hermanas, cuñadas y otras familiares, luchando para que las autoridades, la sociedad y los medios de comunicación no las olviden.
“No queremos que ellas sean las invisibles para el Estado, son personas con una vida trunca y no sabemos qué les pasó, y es un derecho humano que las encuentren. Ahora nos toca seguir en busca de verdad y justicia”, afirmó Pajuelo, quien siempre recuerda a sus sobrinas Tatiana y Yamilé. “Ya tendrían 11 y seis añitos”, dice mirando sus fotos.
